La cúpula usurpadora del poder no se detiene en su afán de perpetuarse, pese a los acontecimientos ocurridos a partir del 3 de enero del presente año. Continúan utilizando de manera perversa la “institucionalidad” que han forjado para aferrarse,cada vez más, a unos espacios de poder ilegales e ilegítimos.
El más reciente movimiento táctico, dentro de esa estrategia, ha sido una nueva reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, destinada a aumentar nuevamente el número de magistrados que integran el máximo órgano del sistema judicial venezolano.
Desde la instalación de la llamada revolución bolivariana, el objetivo fue colonizar el sistema de justicia. Convertir a jueces y fiscales en funcionarios obedientes a los dictámenes del comandante y de su entorno. El resultado, después de veintisiete años de “revolución bolivariana”, es una justicia envilecida; es decir, una justicia corrompida, desaparecida, inexistente.
Si bien durante la democracia del siglo XX existieron carencias en el sistema judicial, lo ocurrido durante estos años del chavomadurismo no tiene parangón. No existen sistemas perfectos, porque las sociedades están formadas por seres humanos imperfectos. Sin embargo, las instituciones pueden perfeccionarse porque el hombre es un ser perfectible.
Lamentablemente, la revolución llegó para revertir los avances de nuestra sociedad y demoler las instituciones republicanas, propósito en el cual han sido tristemente exitosos. Destruyeron la democracia y establecieron un Estado forajido.
Todo comenzó con el ascenso de Hugo Chávez al poder y con la utilización perversa de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 para desmontar el sistema de justicia. No trabajaron para mejorarlo ni perfeccionarlo; se propusieron someterlo a sus intereses políticos. En el nuevo texto constitucional cambiaron incluso la denominación del máximo órgano judicial. La antigua Corte Suprema de Justicia pasó a llamarse Tribunal Supremo de Justicia.
A partir de entonces, el Tribunal y todo el sistema judicial, quedaron bajo control político de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de una instancia creada en agosto de 1999 denominada Comisión de Emergencia Judicial, presidida por Manuel Quijada, ejecutor de la política de control del nuevo régimen sobre jueces y tribunales.
Esa comisión asumió facultades extraordinarias: evaluar jueces, suspenderlos, destituirlos, designar jueces provisionales y reorganizar tribunales en todas las instancias. Por medio de ese mecanismo, el chavismo asaltó el sistema judicial. Fueron removidos jueces de larga experiencia, solvencia moral y capacidad profesional, mientras los tribunales se llenaban de funcionarios improvisados cuya principal credencial era su “compromiso con la revolución”. El resultado fue un poder judicial mediocre y profundamente corrompido en todos sus niveles.
Posteriormente, en noviembre de 1999, se creó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Este órgano sustituyó en la práctica al antiguo Consejo de la Judicatura y pasó a administrar gran parte del sistema judicial durante años. Sus atribuciones incluían el gobierno judicial, la disciplina, los nombramientos, la inspección de tribunales y la reorganización administrativa. Aunque se presentó como una instancia transitoria, terminó funcionando de manera prolongada y arbitraria.
Durante esos primeros años de la revolución, el máximo tribunal venezolano operó bajo un régimen transitorio sustentado en disposiciones constitucionales, decretos constituyentes y normas provisionales. No fue sino hasta el año 2004 cuando el régimen impulsó una improvisada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Lo hizo porque, después de los acontecimientos de abril de 2002, el ala militarista y marxista comandada por Chávez, había perdido el control político sobre el máximo tribunal.
La sentencia que estableció que en los hechos del 11 y 12 de abril de 2002 no hubo golpe de Estado, sino un vacío de poder, llevó al fallecido mandatario a impulsar una nueva ley destinada a retomar el control político del TSJ.
Me correspondió entonces, como diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Política Interior, enfrentar aquel proyecto atropellado promovido por el oficialismo, cuyo objetivo central era aumentar el número de magistrados de veinte a treinta y dos. De esa manera retomarían —como efectivamente ocurrió— el control político del máximo tribunal de la República. Aquella propuesta fue impulsada violando el procedimiento de formación de las leyes establecido en la Constitución y en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
Mi posición de rechazar ese atropello y cuestionar la velocidad con la que pretendían aprobar la ley, sacrificando principios elementales del Estado de derecho y de la técnica legislativa, provocó incluso agresiones físicas por parte de diputados chavistas, entre ellos Iris Varela,Tarek William Saab y Desire Santos Amaral.
Luego de imponer aquella primera y pirata Ley Orgánica del TSJ, se han producido nuevas reformas, todas motivadas por el mismo propósito: controlar políticamente el Poder Judicial y someterlo a los intereses del proyecto autoritario.
En 2010 se promulgó una nueva versión de la ley, que sustituyó la anterior y reorganizó competencias internas del máximo tribunal.
Más tarde, en 2022, la Asamblea Nacional reformó nuevamente la norma, reduciendo el número de magistrados de treinta y dos a veinte y modificando competencias de la Sala Constitucional y los mecanismos de designación.
Ahora, en mayo de 2026, el rodrigato impulsa otra reforma parcial. El objetivo vuelve a ser el mismo: aumentar el número de magistrados de veinte a treinta y dos. ¿Qué los mueve? Lo de siempre: controlar férreamente el sistema judicial mediante el dominio absoluto del Tribunal Supremo de Justicia.
Los hermanos Rodríguez no quieren correr el riesgo de dejar el tribunal bajo la influencia de las antiguas estructuras de poder construidas por Cilia Flores desde Miraflores. Necesitan utilizar el TSJ como instrumento de control político y como punta de lanza para aplastar cualquier institución o funcionario que se aparte de la línea impuesta por el régimen.
Fue esa justicia envilecida y servil la que clausuró de hecho a la Asamblea Nacional legítimamente elegida el 6 de diciembre de 2015. Para evitar el costo político de una disolución militar directa del Poder Legislativo, Maduro y su entorno utilizaron grotescamente al TSJ para anular, mediante sentencias absurdas, a un poder público cuyas atribuciones estaban claramente definidas en la Constitución.
Es ese mismo tribunal el que ha judicializado partidos políticos y, mediante decisiones contrarias a la más elemental lógica jurídica, ha designado autoridades partidistas a conveniencia del régimen para facilitar su permanencia en el poder.
Pero el objetivo más burdo de este control institucional fue blindar el fraude destinado a desconocer la soberanía popular el 28 de julio de 2024. Fue precisamente mediante procedimientos inexistentes en el ordenamiento jurídico venezolano como Nicolás Maduro acudió a su tribunal controlado para obtener sentencias destinadas a “legalizar” el fraude electoral cometido.
Conviene recordar que detrás de todo este proceso se encuentra uno de los principales operadores políticos de la usurpación: Jorge Rodríguez.
Conociendo desde dentro el funcionamiento de ese sistema y consciente de la conducta sumisa de muchos jueces y magistrados, ha iniciado ahora un proceso para ejercer un control todavía más directo sobre el Tribunal Supremo. Al aumentar nuevamente el número de magistrados, Jorge Rodríguez pretende aplicar la misma fórmula utilizada para incrementar inconstitucionalmente el número de curules en la Asamblea Nacional: distribuir algunas posiciones entre aliados y factores secundarios, sin poner jamás en riesgo el control de las dos terceras partes del órgano. Lo mismo busca hacer con el TSJ.
Presionados por factores internacionales y por el tutelaje político externo, intentan ofrecer cuotas parciales de poder sin perder el dominio absoluto del tribunal. Asistimos, pues, a una nueva farsa: cambiar algo para que nada cambie y todo permanezca bajo el control del rodrigato.
Jubilan magistrados incómodos, modifican la ley y aumentan el número de cargos para ampliar su margen de maniobra. Creen que así engañan al país y a sus interlocutores internacionales, pero sus maniobras ya son demasiado conocidas.
No los mueve una verdadera voluntad de dignificar la justicia ni de garantizar el Estado de derecho. Tampoco les interesa depurar un sistema plagado de jueces ineptos y corruptos. Solo les interesa el control. El poder por el poder.
Esas son las características típicas de la camarilla que, en mala hora, asaltó los poderes de la República. Nuestra lucha, dura y prolongada, no cesará frente a esta nueva maniobra. Por el contrario, debemos denunciarla con firmeza y perseverar hasta lograr la expulsión de la usurpación de los espacios del poder, para reconstruir una verdadera democracia y rescatar a nuestra amada Venezuela.
César Pérez Vivas
Lunes, 18 de mayo del 2026
