Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

En el Reino Unido, el desastroso comité de suicidio asistido de la diputada laborista Kim Leadbeater acapara titulares a diario, mientras la mayoría proeutanasia rechaza una salvaguardia tras otra . Se han rechazado salvaguardias para personas con discapacidad; para quienes tienen ideación suicida; para personas sin hogar; incluso para quienes no puedan dar su consentimiento plenamente (una salvaguardia que exige que la víctima tenga capacidad «más allá de toda duda razonable» fue rechazada por 15 a 8). 

Por: Jonathon Van Maren – The European Conservative

Los activistas pro eutanasia prometieron que el camino hacia la inyección letal sería estrecho, con barreras de seguridad altas y controles intermitentes. El comité de Leadbeater está construyendo una autopista de cuatro carriles prácticamente sin policía y sin límite de velocidad.

Los activistas de la eutanasia afirman defender la «misericordia» en forma de alivio del sufrimiento mediante el suicidio asistido. Esta perspectiva, por supuesto, se basa en un rechazo rotundo a las afirmaciones de la religión, pero también en la insistencia en ver a las personas como individuos fragmentados, sin seres queridos a quienes, con frecuencia, se les transferirá ese sufrimiento cuando los médicos sacrifiquen al paciente. ¿Qué sucede cuando alguien desea morir, pero sus seres queridos creen que existen otras opciones? ¿Cómo puede alguien que padece una enfermedad mental aguda o desesperación tener la capacidad de dar su consentimiento?

Kim Leadbeater no quiere que consideremos estas preguntas, pero hay muchos ejemplos de cómo se desarrollan estas horribles luchas. A principios de este mes, una mujer española de 23 años, que quedó parapléjica debido a las lesiones sufridas durante un intento de suicidio en 2022, acudió a los tribunales para hacer valer su derecho al suicidio asistido en contra de la voluntad de su desesperado padre. Según la BBC , es el primer caso de este tipo, pero sin duda no será el último. Estaba previsto que fuera ejecutada en agosto, pero su padre logró retrasar el acto final con objeciones legales, respaldadas por el grupo de Abogados Cristianos.

La eutanasia y el suicidio asistido se legalizaron en España en 2021 para personas con afecciones graves, crónicas o debilitantes, siempre que sean competentes para tomar la decisión. El padre de la joven afirma que su hija padece un trastorno de personalidad que afecta a su juicio y destaca la obligación del Estado de proteger la vida de las personas, especialmente de las más vulnerables, como es el caso de una joven con problemas de salud mental. También afirmó que su hija ha respondido bien al tratamiento de rehabilitación y que ha cambiado de opinión sobre la eutanasia en varias ocasiones. 

El gobierno regional de Cataluña, por otro lado, respalda la solicitud de muerte de la joven de 23 años, y un comité local de eutanasia votó unánimemente a favor en julio de 2024. El abogado del gobierno catalán ha rebatido el caso del padre insistiendo en que «no se ha presentado ninguna prueba de carácter científico o pericial que contradiga los numerosos informes médicos que respaldan la decisión de [morir]». El padre no es un «experto» y, por lo tanto, su testimonio sobre su propia hija es irrelevante. Su intento de suicidio previo, que en su día habría sido reconocido universalmente como un signo de enfermedad mental, aparentemente tampoco tiene relevancia.

El fiscal se ha negado a pronunciarse sobre el caso y solicita al juez que tome la decisión tras escuchar a la joven y a varios «expertos», incluido un miembro del panel de eutanasia. La BBC señaló que el año pasado, «un magistrado de Barcelona rechazó el intento de un hombre de apelar la eutanasia de su hijo de 54 años, tras haber sido aprobada por la junta de garantía y evaluación». La joven ha declarado que se siente «incomprendida por mi familia», pero parece que la comprenden perfectamente. Quiere morir. Quieren que viva. La decisión la tomarán «expertos» y un juez que no la conocen ni la quieren.

Una situación similar se presentó el año pasado en Canadá. Un padre logró bloquear el intento de suicidio asistido de su hija de 27 años, alegando que padecía autismo y TDAH, era extremadamente vulnerable y, por lo tanto, no era lo suficientemente competente para tomar la decisión de morir. Dos médicos deben aprobar el suicidio asistido en Canadá, y uno se negó. Un tercero aprobó la decisión, y el padre alegó que el criterio de desempate no era independiente ni objetivo, y señaló que su hija gozaba de buena salud física. 

A pesar de eso, en marzo, un juez falló a favor de la joven, escribiendo que aunque el padre experimentaría un «profundo dolor», su autonomía era en última instancia más importante, escribiendo: «La dignidad y el derecho a la autodeterminación de MV [la joven de 27 años] superan los importantes asuntos planteados por WV [el padre] y el daño que sufrirá al perder a MV. Aunque considero que WV ha planteado cuestiones graves, concluyo que los intereses de autonomía y dignidad de MV superan las consideraciones en competencia». El padre tenía treinta días para apelar, pero parece haber desistido del caso en junio pasado. Al igual que con el padre español, encontró toda la fuerza del estado, que sanciona el «derecho» al suicidio, en su contra.

Se podrían citar decenas de otros ejemplos de trauma familiar . Un hombre canadiense fue informado de que su hermana había muerto por inyección letal cuando el administrador de su edificio lo llamó para avisarle que el forense acababa de salir de su apartamento. Otro declaró a un periódico nacional que aún tiene pesadillas sobre la muerte de su padre por inyección letal, a la que la familia se había opuesto. Dos hijas en Columbia Británica descubrieron por mensaje de texto que su madre había sido asesinada por un practicante de eutanasia. A estos familiares se les ha dicho que el suicidio asistido es una herramienta que acaba con el sufrimiento. Su experiencia de desesperación, impotencia y dolor cuenta una historia muy diferente .

Millones de personas han vivido la experiencia de sufrir junto a un ser querido que lucha contra una enfermedad mental y la ideación suicida. Dondequiera que se legaliza el suicidio asistido, ese sufrimiento se agudiza aún más, pues los familiares se enfrentan al espectro de un estado empeñado en afirmar la ideación suicida y facilitar la inyección letal para consumar el acto, mientras ellos se ven obligados a permanecer impotentes y desesperados. Leadbeater y sus aliados ya han insinuado que intentar disuadir a sus familiares constituye una forma de «coerción». Afirman que buscan acabar con el sufrimiento. 

Pero, como revelan tan brutalmente los casos de padres desesperados que intentan salvar las vidas de sus hijas pequeñas, el mundo que pretenden crear logrará precisamente lo contrario.

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, afirmó este jueves que solo Panamá está facultado para “convocar a otras naciones para defender la operatividad del Canal en caso de amenaza”, al ser consultado sobre los supuestos planes de EE.UU. de enviar tropas al país centroamericano como parte de la idea del presidente Donald Trump de recuperar la vía acuática.

EFE

“El canal es operado por los panameños y en caso de amenaza los únicos que pueden convocar a otras naciones para defender la operatividad del canal es nuestro país, es el presidente de la República”, declaró Martínez-Acha a los periodistas a la salida de una misa en la capital panameña.

El pueblo panameño “puede estar tranquilo, que el canal sigue siendo nuestro y así seguirá siendo, que no ha ninguna amenaza y que, repito, el único país que puede convocar a otros países para proteger nuestro canal es nuestro país”.

Martínez-Acha añadió que el Gobierno de Panamá mantiene “siempre buena comunicación y cooperación con distintos estamentos del Gobierno de Estados Unidos” y que en ese contexto “no, en lo absoluto” se ha conversado sobre el envío de tropas estadounidenses para custodiar el paso navegable.

“Esto acaba de ocurrir, vamos a analizar”, afirmó Martínez-Acha, y agregó que “con respecto a esas afirmaciones no tengo más que decir que Panamá se mantiene firme en la defensa de su territorio, del canal y de su soberanía”.

La cadena NBC informó este jueves que el presidente Trump pidió al Pentágono que prepare varios planes para su idea de retomar el control del Canal de Panamá.

Entre los planes que baraja el Comando Sur estarían el envío de tropas estadounidenses en coordinación con las autoridades panameñas, o la opción más drástica del uso de la fuerza.

Según NBC, que cita a dos funcionarios estadounidenses conocedores de los planes, todo depende de la cooperación que los militares panameños acuerden tener con Washington.

Trump ha repetido en múltiples ocasiones en las últimas semanas su interés de retomar el control del Canal de Panamá, que asegura ha caído en manos chinas, algo que la nación centroamericana niega.

La última vez fue durante su discurso ante el Congreso la semana pasada, cuando aseguró que Estados Unidos “recuperará” esa infraestructura.

“Nuevamente miente el presidente Trump. El Canal de Panamá no está en proceso de recuperación (…) Rechazo a nombre de Panamá y de todos los panameños esta nueva afrenta a la verdad y a nuestra dignidad como Nación”, respondió ese mismo día el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Las autoridades ucranianas han recibido con escepticismo la aprobación del presidente ruso, Vladimir Putin, al alto el fuego de 30 días propuesto por el Gobierno de Estados Unidos y ha criticado que haya planteado “matices”.

AP

“Es el comportamiento típico de Rusia en política internacional: ‘Estamos dispuestos al alto el fuego, pero hay matices’”, ha dicho Andri Kovalenko, responsable del gabinete de Información del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, haciendo referencia de manera irónica a las palabras de Putin.

Kovalenko ha advertido de que la estrategia informativa de Rusia en caso de que se acuerde esta tregua temporal “irá orientada a acusar a Ucrania de sus propias infracciones y plantear exigencias extrañas” como ya hiciera durante los acuerdos de Minsk, con los que se pretendía poner fin a la guerra de Donbás.

“Esta es y será su táctica: mentir y culpar”, ha dicho Kovalenko en redes sociales, en la que es la primera reacción oficial de Ucrania a las recientes palabras del presidente Putin este jueves dando su visto bueno al alto el fuego.

No obstante, el mandatario ruso ha señalado que “hay cuestiones que discutir” al respecto, como la presencia de tropas ucranianas en la provincia rusa de Kursk. “¿Deberíamos dejarlos ir después de que hayan cometido crímenes contra la población civil, o los líderes ucranianos les ordenarán que se rindan?”, se ha preguntado.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenó el jueves la respuesta ambivalente del presidente ruso, calificándola de “muy manipuladora”.

“Todos hemos escuchado desde Rusia las predecibles y manipuladoras palabras de Putin en respuesta a la idea de un alto el fuego”, dijo Zelensky en su discurso nocturno.

Putin ha planteado dudas acerca de la posibilidad de que las tropas ucranianas aprovechen esta tregua temporal para reforzarse y contraatacar las posiciones del este del país, ahora bajo control ruso.

“La idea en sí es correcta, y ciertamente la apoyamos”, afirmó Putin en una conferencia de prensa en Moscú. “Pero hay cuestiones que necesitamos discutir, y creo que debemos hablar de esto con nuestros colegas y socios estadounidenses”.

Putin señaló que uno de los puntos esenciales para su gobierno es la creación de un mecanismo de control que garantice que no se produzcan violaciones del alto el fuego. Expresó su preocupación de que Ucrania pueda aprovechar la tregua para movilizar más tropas y recibir armamento de sus aliados occidentales.

“Estamos de acuerdo con las propuestas para detener los combates, pero partimos de la suposición de que el alto al fuego debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas raíz de la crisis”, sostuvo el mandatario ruso.

El Kremlin ha reiterado en múltiples ocasiones que Rusia no permitirá la presencia de observadores de la OTAN en un posible mecanismo de supervisión del alto el fuego, alegando que esto podría derivar en actos de espionaje y favorecer a Kiev.

En su intervención, Putin agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por su implicación en la resolución del conflicto en Ucrania. También reconoció el papel de los líderes de China, India, Brasil y Sudáfrica en los esfuerzos diplomáticos para detener los combates y evitar más bajas.

El interés de Moscú en una tregua no ha evitado que altos funcionarios rusos expresen escepticismo sobre sus beneficios para Rusia. Un alto funcionario del Kremlin advirtió que un cese de hostilidades daría tiempo a Kiev para reabastecer sus fuerzas, recibir más armamento de Occidente y fortalecer su posición en el frente.

El ex presidente filipino Rodrigo Duterte comparecerá por primera vez ante los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) en una audiencia inicial programada este viernes, y en la que se le informará de sus derechos y del crimen de lesa humanidad de asesinato con el que se le vincula debido a su campaña contra las drogas en Filipinas entre 2011 y 2019.

EFE

Según anunció este jueves la Corte, Duterte hará su primera aparición oficial y pública ante los magistrados del tribunal en La Haya este viernes a las 14:00 hora neerlandesa (13:00 GMT). Se trata de una comparecencia en la que no se entrará en la defensa del acusado, ni en los detalles del caso, aunque el ex presidente filipino sí podrá pronunciarse sobre la acusación en su contra.

La CPI también informó de que Duterte otorgó un “poder notarial” designando a Salvador Medialdea, su ex secretario ejecutivo, como uno de sus abogados en los procedimientos de la CPI, aunque también contará con la asistencia de la oficina del defensor público para la defensa durante la comparecencia inicial.

La Corte confirmará formalmente la identidad del sospechoso y el idioma en el que podrá seguir el proceso, y se le informará del crimen que se le imputa y de sus derechos, en virtud del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI del que Duterte, como presidente, retiró a Manila en marzo de 2019, por temor a la rendición de cuentas, pero esa decisión no afectó la jurisdicción sobre los crímenes cometidos antes de esa fecha.

En la orden de arresto emitida de forma secreta el 7 de marzo, pero hecha pública después de la detención de Duterte en Manila el pasado martes, los jueces indicaron que “existen motivos razonables” para considerarlo responsable del crimen de lesa humanidad de asesinato, presuntamente cometido en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.

“La Sala determinó que hubo un ataque dirigido contra una población civil en cumplimiento de una política organizacional mientras Duterte era el líder del Escuadrón de la Muerte de Davao (DDS), y en cumplimiento de una política estatal durante su mandato como presidente de Filipinas”, añadió.

Además, considera que “existen motivos razonables” para creer que “este ataque fue tanto generalizado como sistemático”, puesto que “se llevó a cabo durante varios años y resultó en miles de muertes”.

Los jueces creen que Duterte, “junto con otras personas y a través de ellas, acordó matar a individuos identificados como presuntos criminales o personas con tendencias delictivas, incluyendo, pero no limitándose, a traficantes de drogas”.

Por su parte, el fiscal de la CPI, Karim Khan, subrayó que las investigaciones de su oficina son “independientes e imparciales” y consideró el arresto de Duterte como “un avance significativo en la búsqueda de justicia” en Filipinas por los crímenes presuntamente cometidos en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”.

El ex mandatario filipino es el segundo jefe de Estado en pasar a manos de la CPI desde su fundación en 2002. El ex presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, fue absuelto en 2019 de los crímenes de lesa humanidad que se le imputaban, aunque había pasado casi una década en el Centro de Detención de La Haya.

El dirigente nacional de Vente Venezuela, Omar González Moreno, aseguró que la “Corte Penal Internacional crea un precedente que alarma a Maduro”.

Nota de prensa

Afirmó que el anuncio de la CPI sobre la detención del presidente filipino, Rodrigo Duterte, es un hecho que “estremeció a los usurpadores de Miraflores”.

Precisó que la acción del ente internacional es un aviso para Maduro a quien también le siguen un proceso por violaciones de los Derechos Humanos, que se comenzó a investigar inmediamente despues que el de Duterte. Es decir, que ahora le toca el turno a Nicolás Maduro.

“Nicolás Maduro sabe que sus delitos son aún peores que los cometidos por Duterte; él sabe que su caso es más complicado aún. Por eso, en Miraflores se encendieron las alarmas”.

Agregó que la Corte Penal Internacional tiene pruebas suficientes para condenar no solo a Maduro sino a gran parte de sus colaboradores quien han sido cómplices de atrocidades en contra de la ciudadanía venezolana.

Acoso político

El liberal se hizo eco de la cifra publicada por el Foro Penal, órgano que contabiliza unos 1.014 presos políticos en el país.

“Esto increíble; cada día se suman más y más presos por razones políticas. Venezuela toda se convierte en una especie de campo de concentración dirigido por los chavistas”.

Fue enfático en añadir que, además, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela registra a unos 14 periodistas encarcelados y 22 en el exilio.
“A esto se le suma que otras ONG han documentado en Venezuela alrededor de unos 383 casos de violaciones a las garantías informativas”.

Sin salud

El dirigente opositor, asilado en la Embajada de Argentina en Caracas, aprovechó para señalar que “Venezuela ha retrocedido más de 100 años en atención a la salud, según cifras de la Federación Médica de Venezuela, como consecuencia de 26 años de socialismo destructivo”.

El partido antichavista Un Nuevo Tiempo informó este jueves que participará de las elecciones regionales y legislativas del próximo 25 de mayo en Venezuela, pese al llamado del presidente electo, Edmundo González Urrutia, a abstenerse de competir en dicha instancia.

EFE

En una rueda de prensa, el vicepresidente del partido, Luis Emilio Rondón, consideró que la ausencia de la oposición en las elecciones de 2005, en las que el chavismo se hizo con el control de la Asamblea Nacional, había sido “muy cara” y, por tanto, consideró crucial participar de esta instancia próxima.

“Abstenerse es dejarle el camino libre al oficialismo, que amenaza con una reforma constitucional para imponer un modelo sin voces disidentes”, apuntó Rondón antes de referirse a la situación de hace dos décadas: “Modificaron todo el esquema legislativo del país a su favor y gobernaron a las anchas. No había control para el Ejecutivo porque no había comisión de contraloría en la Asamblea, con dignidad, que estableciese los mecanismos para impedir que los dineros del pueblo se los robaran”.

Así, llamó a los nueve partidos opositores que forman parte de la Plataforma Unitaria Democrática a adoptar esta misma postura y competir en los comicios en señal de repudio al régimen de Nicolás Maduro.

“Si queremos hacerle un homenaje a Edmundo González Urrutia y al triunfo que obtuvimos el 28 de julio de 2024, no es precisamente yéndonos para las casas, no es precisamente yéndonos a esconder. Solo la lucha cívica, persistente y unida nos llevará al cambio, la paz y la prosperidad. El voto es nuestro derecho y herramienta de lucha”, apuntó.

El Movimiento por Venezuela, otro partido opositor, había manifestado en febrero, por su parte, su voluntad de postularse a los comicios de mayo al considerar como un deber la lucha por ejercer el derecho constitucional al voto.

El Movimiento Por Venezuela se inclina por participar a la luz de todo el análisis realizado, y vamos a salir, a partir de hoy, a la construcción de una gran coalición electoral, política y social, que genere las condiciones para participar con éxito”, señaló el secretario general de la formación, Simón Calzadilla.

“Debemos construir con toda la gente que organizó la (elección) primaria, con todos los partidos y liderazgos, la opción del cambio (…) al pueblo venezolano para que exprese su descontento en los próximos procesos electorales”, añadió el secretario del MPV.

Sin embargo, poco antes, González Urrutia se había dirigido a toda la disidencia y le había informado que la oposición que él lidera junto a María Corina Machado no participaría de los comicios de Maduro en tanto no se reconozca su victoria.

“Solo habrá comicios legítimos cuando se respete” el resultado de las presidenciales de 2024, comenzó diciendo en un video y sumó: “No participaremos en farsas diseñadas para perpetuar la dictadura y desviar la atención con falsas elecciones. Nuestra prioridad es hacer valer el mandato que nos dio el pueblo“.

Partidos como Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) apoyaron la postura del ex diplomático, incluso en contra de voces críticas dentro de sus propias filas, como la de Henrique Capriles, que llamó a respetar la “libertad de conciencia” de la militancia.

El vicepresidente de GuyanaBharrat Jagdeo, informó este jueves que su país no tiene previsto aceptar la solicitud de encuentro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, con el presidente Irfaan Ali, en el marco de la disputa territorial por el Esequibo.

EFE

Por el momento, no se han formulado tales planes”, declaró Jagdeo en su conferencia de prensa semanal, según medios locales.

Añadió que cualquier reunión deberá evaluarse en función de los temas a tratar y si estos son beneficiosos para el país y su seguridad nacional.

El presidente hará esa evaluación”, indicó.

El pasado 6 de marzo, Maduro exigió un encuentro “cara a cara” con Ali para dialogar sobre el Esequibo, una región de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rica en petróleo y minerales, cuya soberanía es reclamada por Venezuela.

“Así que el Zelensky del Caribe, el señor Irfaan, presidente de Guyana, debe rectificar de inmediato y dejar de provocar a Venezuela, dejar de violar las leyes internacionales, sentarse, hablar cara a cara conmigo. ¿O es que tiene miedo?”, expresó el dictador de Caracas.

Maduro también acusó a Guyana de entrar en una “espiral guerrerista contra Venezuela” y advirtió que el gobierno guyanés cree que esta postura le será favorable.

Ante la escalada de tensiones, Guyana solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitir medidas cautelares urgentes para evitar que el régimen chavista celebre elecciones en el Esequibo y se abstenga de cualquier acción que implique la anexión del territorio en disputa.

El viernes pasado, la CIJ informó que Guyana argumentó su petición con el anuncio de Caracas de realizar el 25 de mayo elecciones en la región, lo que, según el gobierno guyanés, violaría su soberanía, integridad territorial e independencia política.

Guyana sostuvo que la adopción de medidas cautelares es urgente, ya que las acciones de Venezuela podrían causar “daños irreparables” y contravendrían la orden de la CIJ de diciembre de 2023, que exigió a Caracas abstenerse de tomar “acciones unilaterales” que alteren la situación actual, donde Guyana administra la región.

El gobierno de Venezuela reafirmó este jueves su decisión de celebrar elecciones regionales en el territorio en disputa del Esequibo, lo que ha intensificado la tensión con Guyana, cuyo gobierno advirtió que acusará de “traición” a quienes participen en los comicios.

AFP

El Esequibo, una región de 160.000 km² administrada por Georgetown y reclamada por Caracas, ha sido centro de una disputa fronteriza que se avivó en la última década tras el hallazgo de grandes reservas de petróleo por ExxonMobil en sus aguas.

Las elecciones venezolanas de gobernadores y diputados, previstas para el 25 de mayo, incluirán por primera vez la elección de autoridades para el Esequibo. “El gobernador de la Guayana Esequiba será electo”, declaró el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, en una rueda de prensa.

Sus declaraciones se producen un día después de que el ministro de Seguridad Nacional de Guyana, Robenson Benn, amenazara con arrestar por “traición” a cualquier persona designada como autoridad venezolana en el área en disputa y a “todos” los que les apoyen.

“Si es un guyanés el que es designado gobernador del Esequibo (…), acusaremos a esa persona de traición y la apresaremos”, exclamó Benn. “Todos y cada uno de ellos pueden ser acusados de traición y cualquiera que los apoye también será acusado”.

Cabello, por su parte, aseguró que Venezuela no cederá ante las advertencias de Georgetown. “No nos dejamos chantajear por nadie”, afirmó. “¿Hay un litigio? Sí, está bien, pero eso pertenece a Venezuela y seguirá siendo venezolano”.

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha instado a su militancia a presentar candidatos, quienes serán evaluados por la dirección de la organización que lidera el presidente Nicolás Maduro. Aunque Cabello mencionó que serán “llamados a consulta” los “pobladores de la zona”, no se han ofrecido detalles sobre el registro electoral ni los centros de votación.

Venezuela sostiene que la disputa territorial debe resolverse mediante el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado con el Reino Unido antes de la independencia guyanesa, el cual desconoce el laudo arbitral de 1899 que fijó la frontera actual.

Guyana, en cambio, defiende la validez del laudo y ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ratifique su soberanía sobre el territorio, que representa dos tercios de su país.

El gobierno guyanés también ha denunciado la presencia de presuntos agentes venezolanos en su territorio. Benn aseguró que hay “sleepers” (agentes secretos venezolanos) en la región y reiteró que cualquiera que apoye las elecciones convocadas por Venezuela será acusado de traición.

Cabello desestimó estas acusaciones y aseguró que Guyana no podrá impedir el proceso electoral. “Se va a quedar con las ganas. Ellos no tienen la más mínima forma de saber quiénes van a participar”, concluyó.

Cajas apiladas en una casa en Caracas con galletas, arroz, harina, pasta, frijoles: 5,5 toneladas de comida son el capital semilla del primer banco de alimentos de Venezuela, donde el hambre golpea a 17% de la población.

AFP

El Banco Alimentar de Venezuela nació en diciembre, tras dos días de donaciones de parte de consumidores y de supermercados que entregaron productos descartados por problemas de empaque o etiquetado.

Proyecta beneficiar en principio a poco más de 2.500 personas, aunque el hambre afecta a casi cinco de los casi 30 millones de habitantes de este país rico en petróleo, según datos de Naciones Unidas.

Los bancos de alimentos son muy populares en el mundo, pero no existían en Venezuela, donde el gobierno lanzó en 2016 un programa que distribuye bolsas de comida a precios subsidiados en medio de una acelerada precarización de los salarios.

Hay oenegés que recolectan comida de manera particular para su propia operación. No había, sin embargo, un ‘foodbank’ que se encargara exclusivamente de acopiar alimentos para distribuirlos entre distintas organizaciones.

«Tenía que surgir un grupo de personas que entendiera cómo enlazar a todos los actores», desde la empresa privada hasta instituciones estatales de atención social, dice a la AFP la presidenta de este banco de alimentos, Marianela Fernandes, que trajo la idea desde Portugal, donde estudió un postgrado.

Venezuela cayó en un foso económico en 2013. Encadenó a partir de ese momento ocho años de recesión y cuatro de hiperinflación. Más de siete millones de venezolanos emigraron por la crisis.

Los estantes en los supermercados ya no están vacíos, como ocurría en los años de escasez de productos básicos, pero los precios son inalcanzables para muchos: más de la mitad de la población vive en la pobreza, de acuerdo con un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello (privada), referencia frente a la opacidad en las cifras oficiales.

Expertos estiman que una compra mensual básica para una familia de cuatro personas varía entre 270 y 500 dólares, cuando el salario mínimo apenas sobrepasa el equivalente a dos dólares al mes, complementado con bonos que lo llevan a unos 130 dólares en el sector público.

«La gente está adaptándose para maximizar la ingesta alimenticia con el presupuesto que tiene», explica Omar Zambrano, economista de la firma Anova Policy Research. «El 84% de los venezolanos no tiene para cubrir la canasta» alimentaria.

El banco es un mayorista que distribuye alimentos entre un orfanato, una residencia de ancianos, una fundación que atiende escuelas públicas, otra para personas sin abrigo y un hospital público psiquiátrico.

Una de esas oenegés es Santa en las Calles, que ofrece atención médica, ropa limpia, un baño y un plato de comida caliente a indigentes en un bus que recorre comunidades pobres. Otras 70 organizaciones esperan trabajar con el banco.

«Como en comedores populares. Mi número de comidas al día es variable», relata a la AFP Alan Morales, de 59 años, un ingeniero mecánico que vive en la calle desde hace 11 luego de perder su apartamento.

Brian Malavé, de 18 años, también depende de las ollas populares: come con entusiasmo el plato de frijoles negros, carne desmechada y plátanos fritos que reparten en una jornada en la barriada caraqueña de Catia.

«Todas las semanas voy a comedores, los únicos días (que no) son los fines de semana, que voy a una panadería y pido que me ayuden», señala este muchacho con problemas de drogas.

En un papel está el pedido hecho por una de las organizaciones que participan en la iniciativa: 3 kg de arroz, 3 kg de azúcar y 16 kg de harina de maíz para hacer las tradicionales arepas.

Después de la colecta inicial, la organización recibe donaciones a diario de empresas privadas y ciudadanos de a pie.

Frutas y verduras se entregan inmediatamente a un socio para que no se pierdan, en un país en el que se desperdician más de 1,5 millones de toneladas de comida al año, según la Asociación Venezolana de Ingenieros Agrónomos.

Lo no perecedero está clasificado en un almacén.

«Todo está identificado de acuerdo a su mes de vencimiento para que todo salga cuando el alimento está en perfecto estado», explica Fernandes.

Estados Unidos y Venezuela acordaron reanudar los vuelos de deportación de migrantes este viernes. La información la publicó Richard Grenell, enviado especial del gobierno de Donald Trump, días después de que el régimen de Nicolás Maduro se negó a aceptar a más repatriados tras el fin de la licencia que permitía a la compañía Chevron operar en el país.

El Nacional

«Me complace anunciar que Venezuela acordó reanudar los vuelos para recoger a sus ciudadanos que violaron las leyes de inmigración de Estados Unidos y entraron ilegalmente al país. Los vuelos se reanudarán el viernes», escribió el funcionario estadounidense en la red social X.

Caracas advirtió al gobierno de Trump que no aceptaría a los venezolanos deportados en represalia por la medida petrolera. Según The Wall Street Journal, la posición de Venezuela tensó aún más las relaciones con Estados Unidos y subrayó que desde el 20 de febrero no se realizaban los vuelos de deportación como estaba previsto.

“Ellos generaron un gran alboroto sin justificación. Estábamos listos para enfrentar esto y mucho más, como ustedes saben. Esto afectó los vuelos que habíamos programado para traer a nuestros hermanos migrantes”, justificó Maduro en una alocución.

Después de una reunión del enviado especial de Trump en Caracas con Maduro a principios de febrero, un total de 366 venezolanos fueron repatriados desde Estados Unidos en tres vuelos. El 24 de febrero arribó un avión procedente de México con más de 200 ciudadanos. Por primera vez llegaron mujeres y niños.

El vocero mayor de la Asamblea Nacional chavista y el designado para “los Diálogos de Paz” Jorge Rodríguez, emitió un comunicado que detalla los términos del acuerdo.

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