El controvertido proyecto de ley del gobierno británico para expulsar inmigrantes regulares a Ruanda quedó aprobado el lunes casi a medianoche en el Parlamento después de un maratoniano pulso entre las dos cámaras legislativas.
El primer ministro Rishi Sunak y su partido conservador estaban presionando para la adopción de este texto que obligará a los jueces a considerar a la nación del este de África como un país seguro para los migrantes expulsados.
También otorgará a las autoridades encargadas de decidir sobre las solicitudes de asilo la potestad de ignorar secciones del derecho humanitario internacional y británico y esquivar una decisión del Tribunal Superior de Justicia que consideró ilegal el proyecto.
El plan, lanzado en mayo de 2022 por el anterior gobierno de Boris Johnson, se enfrentó a una fuerte oposición en la Cámara de los Lores, un órgano consultivo que se encarga de examinar las leyes aprobadas en la Cámara de los Comunes.
Los miembros de la Cámara Alta criticaron el proyecto de ley como inadecuado y devolvieron numerosas veces el texto con enmiendas a la Cámara Baja.
Los lores solicitaron, por ejemplo, que un supervisor independiente determinara si Ruanda es realmente un país seguro o pidieron exenciones a la deportación para personas que trabajaron con el ejército británico en el extranjero, como los intérpretes afganos.
Pero los diputados de la Cámara de los Comunes, donde los conservadores disponen de mayoría, rechazaron cada una de las enmiendas y reenviaron el texto original a la otra cámara en un proceso conocido como “ping pong” parlamentario.
Finalmente, la Cámara de los Lores, cuyos miembros no son elegidos en comicios, cedió y poco antes de medianoche anunció que no iban a presentar más enmiendas, con lo que la ley será definitivamente aprobada una vez reciba el consentimiento real.
El gobierno de Sunak se encuentra bajo presión para reducir el número récord de solicitantes de asilo que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones desde el norte de Francia.
Horas antes de que el proyecto superara su último obstáculo parlamentario, el dirigente conservador había anunciado que su plan se iba a aplicar “pase lo que pase”.
“Despegarán, pase lo que pase”, dijo Sunak, que ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular una de sus prioridades ante las elecciones legislativas británicas este año.
Los vuelos al país africano comenzarán en “diez o doce semanas”, insistió en una rueda de prensa destinada a presentar los medios utilizados por el gobierno para organizar estas expulsiones.
La Oficina de Auditoría Nacional, un organismo de control del gasto público, estimó que costará unos 540 millones de libras (unos 665 millones de dólares) deportar a los primeros 300 migrantes.
Este plan de deportaciones a Ruanda se ha enfrentado a numerosos desafíos legales desde su presentación en 2022.
Ese año, los primeros expulsados fueron sacados de un avión a última hora a raíz de una intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde entonces, ningún migrante ha sido enviado allí.
El proyecto, que todavía puede ser objeto de nuevos recursos legales, ha sido fuertemente criticado por la oposición laborista, las asociaciones de ayuda a los inmigrantes, la Iglesia anglicana o la ONU.
Su alto comisionado para los Derechos Humanos, el austriaco Volker Türk, afirmó que va “contra los principios fundamentales de los derechos humanos”.
Expertos de la ONU han sugerido que las aerolíneas y los reguladores de la aviación podrían ser “cómplices” de violar los derechos humanos internacionalmente protegidos si participan en los vuelos de expulsión de inmigrantes.
Con 13 millones de habitantes, Ruanda afirma ser uno de los países más estables de África. Pero grupos de derechos humanos acusan al presidente Paul Kagame de gobernar en un clima de miedo y de reprimir la disidencia y la libertad de expresión.
Más de 120.000 personas han cruzado el Canal de la Mancha en embarcaciones rudimentarias desde 2018, cuando el gobierno comenzó a contabilizar el número de inmigrantes irregulares llegados por esta vía.
Sunak confía en que esta política de “frenar los barcos” disuada a los migrantes y impulse electoralmente a su partido conservador, en clara desventaja frente a los laboristas tras catorce años en el poder.
Las elecciones deben celebrarse antes de finales de enero de 2025, pero Sunak dijo que tendrían lugar en 2024 en una fecha todavía no anunciada.