El dirigente opositor Omar Barboza renunció al cargo de secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) a través de un comunicado este 13 de marzo. Las razones que ofreció por su decisión están relacionadas a la situación política del país, tensiones entre partidos y otras condiciones personales.

El Pitazo

“No es factible políticamente que mi presencia en la Secretaría Ejecutiva sea útil para poder lograr un acuerdo que nos mantenga unidos en esta coyuntura tan compleja”, afirmó. Barboza ocupaba este cargo desde el año 2022 y recordó lo que se logró con la elección primaria de oposición y la participación en las presidenciales del 28 de julio.

“Siendo el logro de acuerdos unitarios mi motivación principal para mantenerme en esta posición, donde mi labor actual se reduce a temas administrativos intrascendentes ante la grave situación nacional”, especificó.

Ese anuncio ocurre a pocos días de comenzar el proceso de postulaciones para las elecciones regionales del 25 de mayo. Manuel Rosales y otros dirigentes de UNT, partido en el que milita Barboza, han reiterado que es necesario participar.

Barboza agradece apoyo

Barboza expresó su agradecimiento a los miembros de la Plataforma Unitaria por la confianza depositada en él durante su gestión y les sugirió alternar la convocatoria de reuniones hasta que se defina su reemplazo. “Espero conservar por siempre la mejor relación de consideración, respeto y amistad con todos ustedes”, concluyó.

Recientemente, Barboza en una entrevista, habló sobre la participación en las elecciones del 25 de mayo. «Estamos analizando la situación de bajo perfil», reveló el secretario ejecutivo de la PUD, Omar Barboza, en una entrevista con Voz de América. El dirigente opositor también indicó que el objetivo de las conversaciones entre los partidos que conforman la coalición es «llegar a un acuerdo unitario».

Barboza fue gobernador del estado Zulia durante el periodo 1985-1989, por designación del entonces presidente, Jaime Lusinchi, ya que en esa época no se realizaban elecciones para escoger a los mandatarios regionales. También militante del partido Un Nuevo Tiempo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el jueves (13.3.2025) con imponer un arancel del 200 por ciento a todas las bebidas alcohólicas procedentes de la Unión Europea (UE) en represalia por los planes de Bruselas de gravar las importaciones de whisky estadounidense.

DW

«Si este arancel no se elimina de inmediato Estados Unidos impondrá próximamente un arancel del 200 % a todos los vinos, champanes y productos alcohólicos procedentes de Francia y otros países de la UE», escribió Trump en su red social, Truth Social.

Trump añadió que la medida que amenaza con imponer «beneficiará enormemente al sector del vino y el champán en Estados Unidos» y volvió a cargar contra la UE a la que acusó de haber sido fundada «con el solo propósito de aprovecharse de EE.UU».

La crisis en Venezuela ha provocado uno de los mayores desplazamientos humanos en la historia reciente de América Latina. El programa de libertad condicional humanitaria de Estados Unidos permitió que más de 120.000 venezolanos fueran examinados y aprobados para ingresar al país, aunque no todos pudieron viajar, hasta diciembre del año pasado 117.330 entraron con este permiso. A ese número se le agregan los venezolanos que llegaron por otras vías, para un total de 607.000 ciudadanos con TPS.

El Nacional

Qué pasará con el fin del TPS

Un informe de The Washington Office on Latin America (WOLA) indica que la tasa de concesión de asilo para  venezolanos es relativamente alta (64,4% en el año fiscal 2024), volumen de solicitudes que refleja la magnitud de la crisis humanitaria que afrontan.

Los venezolanos tienen estas opciones tras la eliminación del TPS.

El experto en servicios migratorios Jesús Romero, director de la firma JLROMERO&Associates LLC en Estados Unidos, explica cuatro escenarios posibles que enfrentarían los venezolanos y qué ocurre en cada caso con el fin del TPS:

• Solicitantes de asilo con TPS: Estos venezolanos, en su mayoría con TPS desde 2021, no tienen problema alguno con la eliminación del permiso, debido a que cuentan con permanencia legal hasta que culmine su proceso de asilo.
• Venezolanos con TPS y años de permanencia ilegal: Este grupo enfrenta un grave problema, porque antes estaban bajo la sombra y ahora el gobierno tiene toda su información personal y de ubicación. La única manera de resolver su situación migratoria es a través de un familiar, como un hijo mayor de 21 años de edad y ciudadano estadounidense, o mediante una visa de estudiante. Las opciones migratorias como visa de trabajo, EB1, EB2, llevan mucho tiempo en procesamiento y al no tener el estatus de TPS no podrían ser elegibles para ese tipo de visa en Estados Unidos, tendrían que salir y el proceso llevarse por vía consular.
• Venezolanos con Parole Humanitario y TPS: La opción inmediata que tienen es el asilo, solo si califican para ello. Las otras opciones migratorias también aplican, pero con la misma limitante del tiempo de procesamiento si no cuentan con el estatus de TPS.
• Venezolanos que entraron por frontera y fueron elegibles para TPS: Lo más seguro es que hayan solicitado asilo y cuentan con esa protección hasta que haya decisión en corte o Uscis. En muchos de los venezolanos que entraron ilegalmente por la frontera, las cortes desestimaban los casos de deportación cuando veían que tenían TPS. Estas personas deben radicar su caso de asilo ante Uscis para seguir gozando de esa protección además del TPS. Los que hicieron esto último tienen protección por el asilo si el TPS queda sin efecto. Los que no lo hicieron, su suerte dependerá de si mantienen el TPS, pues otra opción migratoria para ellos es complicada por el hecho de haber entrado ilegalmente.

Transparencia Venezuela,  capítulo de Transparency International, cerró sus operaciones en el territorio  venezolano en diciembre de 2024 y a partir de ahora trabajará desde el exilio para  seguir combatiendo la corrupción y la impunidad, anunció su directora ejecutiva  Mercedes De Freitas, en un mensaje emitido desde Berlín. 

Nota de prensa

 “Los valores y proyectos de Transparencia Venezuela, dedicados al buen gobierno,  la rendición de cuentas, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción,  son incompatibles con las nuevas leyes venezolanas que criminalizan la labor de las  organizaciones civiles independientes. Por eso decidimos formalizar el cese de las  relaciones con todos los aliados, socios y empleados en Venezuela y seguir trabajando  desde afuera”, argumentó la activista desde la sede de la secretaría de Transparency  International en Berlín, acompañada por Maíra Martini, directora ejecutiva de la  organización y Luciana Torchiaro, consejera regional para América Latina y el Caribe.  

Además, el presidente de Transparency International, François Valérian, publicó  a través de sus redes sociales un mensaje de apoyo a Transparencia Venezuela  en el exilio y reiteró el compromiso que mantienen con el capítulo y con todos los  venezolanos. 

De Freitas explicó que Transparency International seguirá con atención lo que ocurra  dentro y fuera de Venezuela porque los casos de corrupción “han desbordado sus  propias fronteras y ya son 30 países los que investigan a los responsables de la red de  gran corrupción transnacional y el desvío del dinero público de Venezuela”. 

“Mi compromiso sigue intacto. Seguimos porque los responsables de esta gran  corrupción no pueden quedar impunes. Seguimos porque tenemos que construir la  Venezuela Íntegra. Ahora somos Transparencia Venezuela en el exilio”, acotó. 

La amenaza constante y la criminalización 

De Freitas destacó la represión desatada en Venezuela “desde el fraude electoral del  28 de julio”, que se ha traducido en el encarcelamiento de activistas de derechos  humanos, como Rocío San Miguel y Nélida Sánchez; de políticos, como Jesús  Armas y William Dávila, así como tantos otros que se mantienen incomunicados,  desaparecidos o en el exilio. 

“Vivimos bajo la amenaza constante de una cúpula que instrumentaliza el sistema de  justicia para proteger el abuso, la corrupción, las economías ilícitas; para mantenerse  en el poder y garantizar su impunidad”, dijo. 

Destacó el impacto negativo del enriquecimiento ilegal de unos pocos. “Una vida de  lujos para los cleptócratas, sus familias y amigos que controlan los recursos públicos;  y la miseria para el resto de los venezolanos. No hay escrúpulos para encarcelar,  extorsionar, presionar y perseguir a quien denuncie su naturaleza delictiva y criminal”,  señaló. 

“Seguimos a través de Transparencia Venezuela en el exilio porque queremos  defender nuestros recursos. Los ciudadanos necesitan una voz que denuncie la gran  corrupción, porque el mundo tiene que conocer las redes criminales que se tejen en  Venezuela. Es nuestra obligación”. 

La cleptocracia no ha parado de saquear 

Las razones para continuar sobran, según Mercedes De Freitas, quien señaló que lo  sustraído de Venezuela hasta 2025, de acuerdo con estimaciones de la organización  supera los 72.340 millones de dólares, una cifra conservadora porque se refiere solo  al 60% de los 173 casos que procesan los sistemas de justicia de 30 países. 

Esa cantidad representa nada menos que siete veces las reservas internacionales  venezolanas calculadas a finales de 2024 por el Banco Central de Venezuela en  10.195 millones de dólares. 

De acuerdo a los números de Transparencia Venezuela, hasta finales de 2024 hay  más de 3.000 empresas vinculadas a este desfalco descomunal, creadas en al menos  73 países. 

Además, la organización ha identificado 510 casos de corrupción en los que hay 977  personas investigadas, entre ellas, 446 funcionarios y 327 empresarios, además de  33 banqueros. 45 personas están prófugas. 

Mercedes De Freitas recordó que en Venezuela no hay información oficial sobre las  economías ilícitas como narcotráfico, explotación ilegal de minerales ni sobre trata de  personas, contrabando o extorsión.

Como ejemplo, citó que las más recientes estimaciones de la organización, muestran  que al menos 5.383 millones de dólares se habrían quedado en manos de las redes  que participan en la extracción ilícita de oro en 2024.  

Transparencia Venezuela fue fundada en 2004 y ha sido un capítulo muy activo,  con un trabajo muy complejo. Basta con recordar que en el Índice de Percepción de  Corrupción 2024, Venezuela obtuvo 10/100 puntos, solo superado por Sudán del Sur  y Somalia. “Seguimos en el foso como el tercer país con la percepción más alta de  corrupción del mundo y el primero en América”, añadió.

Un asesor diplomático del Kremlin criticó el jueves la propuesta estadoudindense de un alto el fuego de 30 días en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Infobae

“No es más que un respiro temporal para los militares ucranianos”, declaró el consejero Yuri Ushakov en una entrevista a la televisión rusa.

Añadió que el presidente ruso, Vladimir Putin, se expresará “probablemente de forma más específica y sustancial” este jueves sobre la propuesta de Washington.

El asesor dijo haber expuesto la posición rusa el miércoles en una conversación telefónica con el consejero norteamericano de Seguridad Nacional, Mike Waltz.

Puntualizó que cualquier solución deberá “tener en cuenta los intereses” y las “preocupaciones” de Moscú y que Rusia busca una “solución pacífica de largo plazo”.

“Creo que en la actual situación nadie necesita pasos que imiten una acción pacífica”, agregó.

Negociadores estadounidenses viajaron el jueves a Rusia para presentar su plan de alto el fuego de 30 días en Ucrania, mientras Washington presiona a Moscú para que acepte una pausa “incondicional” en el conflicto de tres años.

Avances rusos en el terreno

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este jueves que sus fuerzas han recuperado el control de Sudzha, la ciudad más grande de la región fronteriza de Kursk, expulsando al ejército ucraniano que ocupaba parcialmente la zona desde agosto de 2024. La ofensiva rusa se produce en un momento clave del conflicto, tras la propuesta de un alto el fuego de 30 días impulsada por Estados Unidos, la cual Ucrania ya ha aceptado.

El ministerio ruso afirmó en un comunicado que las unidades de la agrupación militar Séver (Norte) han retomado Sudzha junto con las localidades de Melovói y Podol, y que las operaciones continúan en la región de Kursk con el objetivo de eliminar las fuerzas ucranianas restantes. Según el informe, las tropas rusas infligieron 340 bajas a las fuerzas de Kiev en las últimas 24 horas.

Como parte de la operación, Moscú difundió imágenes de Sudzha en las que se observa a soldados rusos izando la bandera nacional en el centro de la ciudad tras erradicar los últimos focos de resistencia. El ministerio ruso aseguró que continuará su ofensiva para consolidar el control de la región.

El pleno del Congreso de Perú aprobó este miércoles una moción que propuso declarar como organización terrorista a la banda criminal trasnacional Tren de Aragua, “en atención a su estructura jerárquica, métodos violentos y fines desestabilizadores contra el orden constitucional peruano”.

EFE

La iniciativa, que fue planteada por la bancada del partido fujimorista Fuerza Popular, recibió 77 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.

El Congreso indicó, en ese sentido, que creará una comisión especial que trabajará durante 180 días con el Ministerio del Interior y otros organismos estatales para coordinar estrategias para combatir al Tren de Aragua en el país.

También exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que gestione ante las Naciones Unidas e instancias regionales, junto a países como Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, Brasil, Panamá, Paraguay y Uruguay, la designación conjunta del Tren de Aragua como una organización terrorista trasnacional.

Durante el debate de la moción, el parlamentario conservador Alejandro Muñante consideró que es “un primer paso” en el combate a esta agrupación criminal, pero remarcó que aún se debe modificar la ley para tipificar a estos grupos como terroristas.

Legisladores de izquierda como Alex Flores y Guillermo Bermejo consideraron, por su parte, que la moción es solo “simbólica” y no tendrá un impacto real en la lucha contra la delincuencia.

“De nada va a solucionar declarar como una organización terrorista a una banda criminal. Lo que debemos hacer es enfrentar a la criminalidad a través de una estrategia política”, remarcó Flores.

El pasado 10 de febrero, la Policía Nacional del Perú (PNP) aseguró que el Tren de Aragua está “totalmente desarticulado” en el país y destacó que sus principales líderes están detenidos en la prisión de máxima seguridad de Challapalca, ubicada en las alturas andina del sur del país.

Días antes, el 27 de enero, la presidenta peruana, Dina Boluarte, también aseguró que la estructura del Tren de Aragua está “prácticamente desbaratada” en Perú gracias a las labores del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

El Tren de Aragua, nacida en la prisión venezolana de Tocorón, se ha extendido por países de la región como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde es acusado por las autoridades de cometer graves delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

El Gobierno de Boluarte presentó en octubre pasado un proyecto de ley que busca calificar como “terrorismo urbano” los delitos de extorsión, secuestro y sicariato, en respuesta a la ola de criminalidad denunciada por transportistas y gremios empresariales, entre otros sectores productivos del país.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, firmó a pocos días de asumir el cargo una orden ejecutiva para clasificar a los carteles mexicanos, a la pandilla salvadoreña MS-13 y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas.

Con la excusa de «acompañar a los jubilados», un importante número de barrabravas, terroristas de izquierda y agrupaciones políticas opositoras realizaron violentos disturbios alrededor del Congreso de la Nación.

La Derecha Diario

En una nueva manifestación violenta por parte del kirchnerismo, una movilización, supuestamente organizada por un «grupo de jubilados» frente al Congreso de la Nación, terminó con destrucción, caos y detenidos, con la participación de terroristas de izquierda, barrabravas y agrupaciones opositoras.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, desplegó un operativo de más de 850 efectivos para aplicar el protocolo antipiquetes y garantizar el orden.

Sin embargo, pasadas las 16 horas, se produjeron los primeros enfrentamientos. El foco de los disturbios comenzó en la intersección de la calle Rivadavia y Entre Ríos, frente al Congreso.

En ese lugar, los barrabravas kirchneristas, extremadamente violentos, comenzaron a atacar a las Fuerzas Federales con piedras, palos y golpes. La situación se volvió cada vez más violenta, por lo que la Policía lanzó gases lacrimógenos para intentar disuadir a los delincuentes.

Según informaron fuentes oficiales, varios de estos extremistas de izquierda fueron detenidos tras un fuerte enfrentamiento en las inmediaciones del Congreso. La presencia de barrabravas y militantes de grupos kirchneristas y de izquierda intensificó el clima de violencia, generando un escenario de caos en el centro porteño.

Aunque la marcha fue presentada como una manifestación en reclamo por mejoras en los haberes jubilatorios, la violencia desatada y la organización de los disturbios dejaron en evidencia su trasfondo político.

Con los incidentes, quedó demostrado que el verdadero objetivo de estas acciones es desestabilizar y buscar el derrocamiento del presidente Javier Milei, algo que ha caracterizado a varias protestas de sectores kirchneristas y de izquierda.

Dejaron tras de sí un saldo de destrucción, por lo menos, 124 detenidos, en una manifestación que, lejos de ser pacífica, reflejó la violencia e intolerancia de la oposición.

En un comunciado del Ministerio de Seguridad, se informó: «Durante el operativo, las Fuerzas Federales detuvieron a 21 hombres y 4 mujeres, mientras que la Policia de la Ciudad aprehendió a 73 hombres y 26 mujeres».

Según fuentes oficiales, los daños materiales son enormes. Además del patrullero incendiado, se registraron importantes destrozos en la vía pública, con baldosas rotas y contenedores de basura incendiados.

A pesar de que la Secretaría de Espacio Público había tomado medidas preventivas removiendo los tachos de basura cercanos al Congreso, los manifestantes utilizaron aquellos ubicados sobre la Avenida de Mayo para continuar con los disturbios.

Se estima que el costo total de los daños asciende a 275 millones de pesos, lo que incluye la reparación de 80 metros cuadrados de veredas rotas y la reposición de 30 contenedores de basura dañados, cuyo valor unitario ronda los 3.500 dólares.

En medio del caos, el vocero presidencial Manuel Adorni, no dudó en condenar la violencia: «Atentaron contra la Casa Rosada utilizando las piedras que recordaban a los fallecidos por la pandemia. Los violentos no tienen el más mínimo respeto por nada. Fin», manifestó a través de sus redes sociales.

La Policía, en un operativo que se extendió durante varias horas, logró la detención de más de 120 personas, incluyendo a el gremialista Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, quienes fueron arrestadas por su vandalismo en la participación de los disturbios.

Por otro lado, 20 civiles resultaron heridos por culpa de la violencia de la izquierda; como es el caso de un fotógrafo que resultó gravemente lesionado en la cabeza con la severa perdida de masa encefálica y que ahora está peleando por su vida en el hospital Ramos Mejía.