EEUU acusó este lunes a China en la Comisión de Narcóticos de la ONU de ser el epicentro del comercio de precursores químicos del fentanilo y de pasividad en la lucha contra esa droga sintética, que causó la mayor parte de las 90.000 sobredosis en el territorio estadounidense en 2024.

EFE

El representante de Estados Unidos, Cart Weiland, recordó el caso de Malcolm Kent, un joven estadounidense de 17 años que falleció tras consumir una sustancia adulterada con fentanilo y mostró incluso una foto del adolescente ante el plenario de la reunión.

“El año pasado, en Estados Unidos, hubo 86.882 Malcolm Kent, 86.882 muertes por sobredosis”, subrayó durante su discurso en la reunión de la Comisión que se celebra en Viena.

El representante estadounidense defendió los aranceles impuestos por la Casa Blanca a China, Canadá y México porque, según Washington, han fracasado en frenar el tráfico de drogas sintéticas.

“Algunos han criticado estos aranceles, llamándolos pretextos. Díganle eso a las familias de los 86.882 Malcolm Kent. Díganlo en Alaska, Montana, Nevada, Dakota del Sur y Utah, donde las sobredosis siguen aumentando”, expresó.

Weiland también mencionó el impacto del fentanilo más allá de las fronteras estadounidenses y señaló que “los paramédicos en México han advertido de que el fentanilo se está expandiendo aún más en su país” y recordó que en Canadá se descubrió “el mayor súper-laboratorio de fentanilo”.

El representante estadounidense criticó la falta de acciones concretas por parte de Beijing y aseguró que “el liderazgo de China ha fallado en emitir advertencias públicas a la industria química y naviera”.

“¿A cuántas personas ha condenado la República Popular China por ser cómplices de muertes por sobredosis en el extranjero? ¿Por qué son tan lentos en investigar transacciones de criptomonedas y qué han hecho para equipar adecuadamente a las fuerzas de seguridad en las provincias?”, cuestionó Weiland.

“De hecho, muchos afiliados del Partido Comunista Chino, incluidos funcionarios del Gobierno local y blanqueadores de dinero en el extranjero, siguen beneficiándose de estas industrias”, afirmó.

“Estamos preparados para trabajar con China, pero necesitamos respuestas y acciones”, resumió.

Más controles en México

En cuanto a México, el diplomático estadounidense destacó la necesidad de reforzar los controles y combatir a los grandes traficantes de drogas.

“Ayer hubo una gran fiesta en el Zócalo. Mucha música, mucha fiesta. Quizás todos celebraban el fin de ‘abrazos, no balazos’. Pero parece demasiado pronto para festejar cuando mujeres y niños siguen siendo asesinados a tiros en lugares como Guanajuato”, señaló, en alusión a la crisis de violencia en el país.

Weiland aludió así al acto celebrado el domingo en la principal plaza de la capital mexicana por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y en el que congregó a una multitud para informar sobre la negociación de los aranceles que el presidente estadounidense, Donald Trump, pretende imponer, y que han sido suspendidos hasta abril.

No obstante, reconoció el cambio de estrategia introducidos por el Gobierno de Sheinbaum respecto a su antecesor, y manifestó la esperanza de que se tomen medidas firmes contra grandes narcotraficantes.

“Esperamos que pronto actúe contra figuras clave como Ryan Wedding y que complete la instalación de equipos de inspección fronterizos en Matamoros, además de expandir el sistema de E-Trade a todos los estados mexicanos”, afirmó.

Ryan Wedding, un ex snowboarder olímpico canadiense, se encuentra en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI por dirigir una red internacional de narcotráfico y ordenar múltiples asesinatos.

EEUU no presentó ningún proyecto de resolución contra el fentanilo en la Comisión de Estupefacientes que se celebra en Viena hasta este viernes y que es el mayor órgano multilateral de la ONU sobre política de droga.

Durante la presidencia del demócrata Joe Biden (2021-2025), EEUU presentó numerosas iniciativas en la Comisión, centradas en su mayoría en fortalecer el control internacional de precursores químicos para fabricar fentanilo y otros narcóticos.

El año pasado, el entonces secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, participó incluso en la reunión y pidió más unidad internacional para luchar contra las drogas sintéticas, como los opioides, cuyo consumo es la principal causa de muerte en su país en el grupo de edad de 18 a 45 años.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adscritos a la División de Investigaciones de Homicidios, detuvieron a cinco personas por estar involucradas en el asesinato de Luis Fernando Benítez Medina, de 19 años de edad, ocurrida durante las celebraciones de Carnaval en el Paseo Los Próceres, Caracas.

El Nacional

Los detenidos fueron identificados como Josué David Gómez Andrade, de 18 años; Erick Alexander Gómez Álvarez, de 24, con registros por posesión de estupefacientes; Yeiker Johel Ruiz Ruiz, de 20; Haylee Nicold Madriz Vielma, de 21; y Jeickferson Yair Blanco Castro, de 19, con registros por robo genérico.

«Por este crimen, se continúa el trabajo de investigación a fin de ubicar al resto de los homicidas. Siendo el caso puesto a la orden del Ministerio Público», escribió Douglas Ricos, director del Cicpc, en Instagram.

«Por este crimen, se continúa el trabajo de investigación a fin de ubicar al resto de los homicidas. Siendo el caso puesto a la orden del Ministerio Público», escribió Douglas Ricos, director del Cicpc

Luis Fernando Benítez Medina fue agredido de manera violenta por un grupo de al menos 10 personas el martes, 4 de marzo, día festivo en Venezuela por las festividades de Carnaval.

Medina, estudiante de fisiatría, reaccionó después de que le rociaran espuma en spray, lo que desencadenó una golpiza por parte de los agresores. El incidente fue grabado por testigos presentes en el lugar.

Tras la agresión, el joven fue trasladado a un hospital en el oeste de Caracas, donde falleció en la madrugada del miércoles.

El presidente Trump le está dando a este agitador universitario antiisraelí un boleto para estudiar en el extranjero, para siempre.

The New York Post

Un activista palestino que lideró una coalición de radicales retorcidos que buscaban la “erradicación total de la civilización occidental” responsable de las protestas tumultuosas en la Universidad de Columbia y el Barnard College fue arrestado por agentes del ICE, según su abogado.

El líder del programa de desinversión del apartheid de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, quien completó sus estudios de posgrado en la Ivy League de Columbia en diciembre, también enfrenta potencialmente la revocación de su visa y la cancelación de su tarjeta verde luego de la represión del presidente Trump contra los disturbios en las universidades, dijo el domingo la abogada Amy Greer.

Estaba dentro de su apartamento propiedad de la universidad, a pocas cuadras del campus, el sábado por la noche cuando agentes de ICE entraron a la residencia y lo detuvieron, dijo Greer.

A pesar de haberse graduado hace meses, Khalil, quien obtuvo su título universitario en Beirut, todavía vivía en una vivienda proporcionada por la escuela debido a una política que permite a los estudiantes permanecer en el campus después de graduarse, dijo una fuente a The Post.

Ha seguido activo en recientes protestas disruptivas, incluida la toma de la biblioteca Milstein de Barnard College la semana pasada.  Vídeos y fotografías publicados en X  lo muestran sosteniendo un megáfono cerca de la entrada de la biblioteca y entablando una conversación con los administradores de la escuela.

En esa protesta se difundieron violentos folletos propagandísticos que supuestamente procedían directamente de la “ Oficina de Medios de Hamás ”, incluido un panfleto titulado “Nuestra narrativa… Operación Inundación de Al-Aqsa”, que justificaba el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel que mató a 1.200 personas y en el que se violó repetidamente a mujeres, se ejecutó a familias enteras y se llevó a 251 rehenes a la Franja de Gaza. 

Otros en la toma de la biblioteca Barnard  circularon fotografías similares a tarjetas coleccionables  del notorio líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, quien fue asesinado en un ataque aéreo israelí en Líbano en septiembre pasado.

Ari Shrage, director de la Asociación de Exalumnos Judíos de Columbia, dijo a The Post que estaba consternado y preocupado al ver la literatura que se estaba distribuyendo.

“Estos manifestantes estaban distribuyendo material de las organizaciones terroristas Hamás y Hezbolá. Todo ciudadano estadounidense debería estar preocupado cuando los estudiantes alientan actividades terroristas en territorio estadounidense, independientemente de su nacionalidad”. 

En las últimas semanas, el Barnard College fue escenario de ocupaciones de edificios del campus durante dos semanas consecutivas para protestar  por la expulsión de un par de estudiantes  que irrumpieron en una clase de Columbia sobre el Israel moderno en enero y lanzaron volantes a favor de Hamás.

Uno de los documentos mostraba una bandera israelí en llamas y otro mostraba una bota militar pisoteando una estrella de David.

En respuesta a la expulsión de los perpetradores por parte de los administradores del campus, docenas de manifestantes enmascarados  irrumpieron en el histórico Milbank Hall de Barnard , el edificio más antiguo del campus, el 26 de febrero, incitados por el grupo pro-Intifada Estudiantes de Columbia por la Justicia en Palestina. 

Un guardia de seguridad de la escuela fue agredido cuando la turba violenta entró a la fuerza, donde los manifestantes pintaron mensajes políticos como “Palestina libre” y “Barnard expulsa a los estudiantes”.

Una semana después, el 5 de marzo, alrededor de 200 manifestantes tomaron el centro académico de la elite privada de mujeres, la Biblioteca Milstein, donde colgaron un cartel de “Se busca” al estilo del Viejo Oeste en el que aparecía la decana de estudiantes Leslie Grinage y una efigie de mala calidad de la presidenta de Barnard, Laura Rosenbury.

La policía de Nueva York evacuó el edificio después de una  falsa amenaza de bomba  y arrestó a nueve  estudiantes de escuelas cercanas  ,  muchos de ellos jóvenes privilegiados  , que se negaron a obedecer órdenes legales de dispersarse.

Mientras los agentes allanaban el apartamento de Khalil, Columbia  emitió una declaración  abordando la presencia de agentes en las cercanías del campus y manifestó su intención de no cooperar con las acciones de ICE excepto cuando lo requiera la ley.

“De acuerdo con nuestra práctica de larga data y la práctica de ciudades e instituciones en todo el país, las fuerzas del orden deben tener una orden judicial para ingresar a áreas universitarias no públicas, incluidos los edificios universitarios”, se lee en parte del comunicado.

“Columbia se compromete a cumplir con todas las obligaciones legales y a apoyar a nuestro cuerpo estudiantil y a la comunidad del campus”.

Poco después de su detención, los partidarios de Khalil emitieron un comunicado de prensa calificando el arresto de “ataque racista” que “sirve para infundir miedo en los activistas pro-Palestina así como una advertencia para otros”.

Una petición exigiendo la liberación inmediata de Khalil publicada en Action Network reunió más de 349.000 firmas hasta la noche del domingo. 

El pasado mes de septiembre, Khalil y  Columbia United Apartheid Divest , que ha prometido intensificar sus tácticas “hasta que el imperio se derrumbe”, estuvieron entre los que participaron en la toma del campus al inicio del año escolar. 

La coalición de 116 grupos de estudiantes de la universidad Ivy League —que se autodenominan “occidentales que luchan por la erradicación total de la civilización occidental”— también encabezó la carga en la  violenta redada en el Hamilton Hall de Columbia  en abril pasado.

Los líderes locales y estatales, incluida la gobernadora Kathy Hochul, condenaron las protestas y pidieron a los funcionarios escolares que hicieran cumplir los códigos disciplinarios e impusieran «acciones rápidas» para castigar a los infractores, dijo una fuente a The Post en ese momento.

Khalil dijo a un reportero del Post durante las ruidosas protestas de septiembre que los organizadores estudiantiles antiisraelíes no se dejaron intimidar y prometieron intensificar sus acciones, incluido el establecimiento de campamentos en el futuro.

“Mientras Columbia siga invirtiendo y beneficiándose del apartheid israelí, los estudiantes seguirán resistiendo”, afirmó Khalil.

“No sólo protestas y campamentos, el límite es el cielo”.

En abril pasado, durante el apogeo de las protestas en los campamentos, Khalil dijo al Columbia Daily Spectator que no participaría personalmente en las protestas por temor a perder su visa de estudiante, que le permitía permanecer en Estados Unidos.

Fue suspendido brevemente ese mes, pero la suspensión fue revocada al día siguiente, dijo a la BBC en ese momento.

“[Dijeron] que después de revisar la evidencia, no tienen ninguna prueba para suspender”, dijo.

A Khymani James, de 20 años, un destacado portavoz del colectivo radical que apoya a Hamás y liderado por Khalil, se le  prohibió el acceso al campus  a raíz de las protestas de abril después de que surgiera un video en el que ellos expresaban una retórica violenta y odiosa hacia los judíos.

“De la misma manera que aceptamos con mucha comodidad que los nazis no merecen vivir, los fascistas no merecen vivir, los racistas no merecen vivir, los sionistas no deberían vivir en este mundo”, dijo James.

Más tarde, James ofreció una disculpa tibia, pero culpó a los “agitadores de derecha”, afirmando que fueron atacados por ser “visiblemente homosexuales y negros”.

El campamento de la primavera pasada continuó expandiéndose hasta el 18 de abril, cuando la presidenta de Columbia, Minouche Shafik (que poco después renunció bajo presión), finalmente pidió al Departamento de Policía de Nueva York que ingresara al campus y lo disolviera después de que los manifestantes ignoraran las advertencias de que se fueran.

La policía arrestó  a 108 participantes en Columbia , lo que desencadenó un movimiento de protestas solidarias y campamentos similares en campus universitarios de todo el país.

Según se informa, un agente del ICE le dijo al abogado de Khalil, Greer, que la agencia estaba haciendo cumplir un edicto del Departamento de Estado para revocar la visa de estudiante de Khalil, así como su tarjeta verde, de conformidad con la reciente promesa del presidente Trump de deportar a los «agitadores» estudiantiles extranjeros responsables de fomentar disturbios en el campus.

La noticia llega apenas días después de que  Trump anunciara planes de retirar alrededor de 400 millones de dólares  en subvenciones y contratos federales a Columbia debido a su incumplimiento de las leyes contra la discriminación.

Una operación conjunta de la Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra y la Polizia di Stato italiana desmanteló la pasada semana una célula yihadista en Barcelona que había trazado un plan macabro: decapitar a personas influyentes, activistas y ciudadanos anónimos que criticaran el islam en redes sociales. Sin embargo, pese a la gravedad de las evidencias recopiladas tras dos años de investigación, 6 de los 11 detenidos —diez arrestados en Barcelona y su área metropolitana (Badalona, Montcada i Reixac, Sabadell, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet) y uno en Piacenza, Italia— han quedado en libertad con cargos, según confirman fuentes de la Policía Nacional y los Mossos consultadas en exclusiva por LA GACETA.

Por: Rubén Pulido – La Gaceta de la Iberosfera

Según fuentes de los Mossos, los detenidos —diez hombres y una mujer vinculados a una estructura en España del partido radical pakistaní Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP)— habían elaborado una lista detallada de objetivos físicos que abarcaba tanto a españoles como a ciudadanos de otros países europeos. Entre ellos se encontraban activistas, personajes públicos y usuarios anónimos que, a través de plataformas digitales, difundían mensajes críticos con el islam, como viñetas de Mahoma o comentarios considerados blasfemos por el grupo. Los miembros de esta red, descrita como «perfectamente jerarquizada y estructurada», dedicaban gran parte de su tiempo a rastrear redes sociales en busca de estos «infieles», con la intención de localizarlos físicamente y ejecutar decapitaciones que, además, planeaban amplificar mediante las mismas plataformas digitales para maximizar su impacto terrorista.

La investigación, que llevaba dos años en curso, se precipitó cuando las autoridades detectaron que los presuntos yihadistas habían dado un paso más allá de la planificación teórica. «Ya estaban realizando gestiones para acceder a sus objetivos», aseguran las fuentes de los Mossos, quienes destacan que los detenidos utilizaban canales de comunicación encriptados para impartir consignas explícitas: «Llamaban a cortar la cabeza a aquellos que blasfemaran», una orden que reflejaba su radicalidad y disposición a actuar.

Los 11 arrestados residían en España con su documentación en regla y llevaban vidas aparentemente rutinarias, lo que les permitía pasar desapercibidos mientras tejían sus planes. Según la Policía Nacional, algunos trabajaban como repartidores, empleados en locutorios de envío de dinero, dependientes en tiendas de electrónica o recogedores de chatarra, mientras mantenían una imagen de estabilidad familiar y laboral. Esta discreción, que las fuentes de los Mossos identifican como una de sus máximas operativas, les permitió camuflar sus actividades bajo una supuesta integración en la sociedad española.

Este comportamiento ha vuelto a situar en el debate el concepto de la taqiyya, una práctica islámica que permite a los creyentes ocultar su fe o actuar en contra de sus principios bajo amenaza o como medida de protección. Aunque tradicionalmente ligada a minorías perseguidas, como los chiíes en contextos históricos, grupos radicales la están reinterpretando como una táctica de infiltración en sociedades no musulmanas. Según fuentes de la investigación consultadas por este medio, «en algunos entornos disimulaban sus creencias religiosas».

La operación, ejecutada el pasado lunes, forma parte de la tercera fase de una investigación iniciada en 2022, cuando la Policía Nacional detuvo a cinco personas por actividades relacionadas con el yihadismo. En 2023, se arrestó a 14 más, y en esta ocasión, los 11 detenidos fueron capturados por su presunta implicación en delitos de enaltecimiento, apología, financiación y adoctrinamiento del terrorismo, además de «acciones previas orientadas a la selección de posibles objetivos». El jueves, todos fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que decretó prisión provisional para cuatro de ellos. Sin embargo, seis quedaron en libertad: tres con medidas cautelares —presentarse semanalmente ante el juez, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España— y los demás sin restricciones adicionales.

Fuentes de los Mossos revelan que los detenidos enaltecían en sus publicaciones a terroristas que habían cometido atentados en Europa y Pakistán por supuestas blasfemias, mientras financiaban sus actividades con aportaciones económicas periódicas de los propios integrantes, lo que demuestra un alto grado de compromiso interno. Algunos miembros ya habían identificado objetivos específicos en el continente, incluyendo un grupo de mensajería instantánea exclusivamente femenino coordinado por la mujer arrestada, lo que evidencia la diversidad de roles dentro de la célula.

La colaboración entre las fuerzas de seguridad españolas e italianas ha sido esencial para desmantelar esta célula, que operaba con una mentalidad transnacional. La conexión con Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), un partido radical pakistaní conocido por su historial de violencia y su defensa de la sharia, sugiere que la organización podría estar alineada con una ideología extremista importada. Las fuentes de la Policía Nacional subrayan que esta operación refleja el esfuerzo conjunto de las autoridades europeas por combatir el terrorismo yihadista, adaptado al uso de tecnologías encriptadas y estrategias de baja visibilidad.

Hacia el final de su mandato, tras su debate con Donald Trump, los demócratas se vieron obligados a reconocer que el presidente, Joe Biden, no estaba en plena posesión de sus facultades mentales, por decirlo suave, lo que para el resto del mundo con ojos en la cara era un secreto a voces. El Partido Demócrata forzó entonces su dimisión, nombró a Kamala Harris candidata en un golpe de dudosa legitimidad, y el resto es historia.

Por: Carlos Esteban – La Gaceta de la Iberosfera

Pero muchos se hicieron entonces la pregunta que los investigadores del Proyecto de Supervisión de la Heritage Foundation creen poder responder: si Biden no estaba del todo en sus cabales, ¿quién ha estado gobernando América?

Las conclusiones de la investigación, que prácticamente todos los documentos con la firma de Joe Biden durante su presidencia fueron firmados con un «autopen» o máquina de firmar, podrían tener consecuencias transcendentales para el país. Para empezar, revelaría que la anterior Administración fue la mayor estafa contra el pueblo de Estados Unidos. Para seguir, todos los decretos y órdenes de Biden podrían ser nulos de pleno derecho.

El problema no es en sí el uso del «autopen». La máquina de firmar se usa desde la década de 1950, con no poca polémica sobre su legalidad, y en 2013 Obama fue el primer presidente en firmar una ley recurriendo a ella. Estaba de vacaciones en Hawái en ese momento. Su oficina se basó en un memorando de 30 páginas del equipo legal del presidente George W. Bush que afirmaba que la presencia del presidente no era necesaria siempre que dicho presidente hubiera autorizado la firma.

No, la cuestión aquí es si la firma en el caso de Biden reflejaba siempre y en todos los casos el consentimiento del presidente o si era obra de alguna otra persona. Así, fue llamativa la confesión del presidente republicano de la Cámara, Mike Johnson, cuando tras reunirse con el presidente declaró que Biden no recordaba haber firmado la orden ejecutiva que detenía las exportaciones de gas natural licuado. Quizá no lo recordaba porque nunca lo hizo.

El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, exige ahora al Departamento de Justicia investigar si el evidente deterioro cognitivo de Biden permitió a burócratas no electos dirigir el Gobierno sin supervisión presidencial. Si se concluye que así fue, toda orden ejecutiva, indulto y acción oficial tomada en nombre de Biden podría ser constitucionalmente nula.

Las pruebas son abrumadoras. Sabemos que los asesores de Biden intentaron desesperadamente evitar que se reuniera en persona con otros, algo que hasta los demócratas admiten. La recaudadora de fondos del DNC, Lindy Li, recientemente reveló la verdad y reconoció que Biden no estaba al mando, sino su personal, su esposa y Hunter.

Gracias a la investigación de la Heritage Foundation, ahora tenemos pruebas de que la firma de Biden estuvo automatizada durante toda su presidencia, lo que plantea serias dudas de que fuera consciente de lo que se firmaba en su nombre.