Nicolás Maduro, durante una alocución este 27 de febrero, dijo que está dispuesto a sentarse a hablar y dialogar con Estados Unidos. Aunque esta no es la primera vez que hace la propuesta.
«Si los gringos quisiera algún día un diálogo respetuoso, de igual a igual, lo haríamos. Lo hemos hecho, sin problema. Si los gringos siguen apostando a las sanciones, allá ellos. Yo no juego con cartas escondidas», afirmó Maduro.
El 2 de febrero, Nicolás Maduro celebró que su gobierno alcanzó los primeros acuerdos con la segunda Administración de Donald Trump, tras una reunión con el enviado especial para Venezuela, Richard Grenell, en la que Washington logró repatriar a seis connacionales detenidos en Caracas
«Estuvimos conversando, defendiendo y exponiendo, (…) creo que fue positiva (la reunión), hay temas donde hemos llegado a unos primeros acuerdos y, como se cumplan, abrirán nuevos temas, ojalá para nuevos acuerdos, para el bien de los dos países y de toda nuestra región», expresó Maduro.
El líder del régimen de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, tomaron juramento el miércoles a 30.000 civiles encapuchados, quienes integran una nueva “policía voluntaria” creada bajo una reforma constitucional que consolida el control del poder en manos del matrimonio presidencial. El acto tuvo lugar en la Plaza de la Fe de la capital, Managua, y se realizó en medio de crecientes preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional sobre la naturaleza represiva de este nuevo cuerpo.
Los nuevos “policías voluntarios”, vestidos con camiseta blanca y pantalón negro, participaron en una ceremonia simbólica en la que se comprometieron a apoyar a las fuerzas de seguridad del país. Los civiles que ahora integran este cuerpo fueron reclutados de diversas provincias de Nicaragua y se suman a los ya más de 50.000 hombres y mujeres que componen el “cuerpo auxiliar y de apoyo”. Según la administración, esta fuerza está destinada a respaldar a la Policía Nacional en la preservación del orden y la seguridad, aunque la oposición la considera una herramienta para intensificar la represión política en el país.
Murillo, quien también ocupa el cargo de “copresidenta” según la reciente reforma constitucional, calificó a estos nuevos reclutas de “guerrilleros de la paz”, y subrayó la importancia de la creación de este cuerpo en un contexto de lucha por la seguridad. Sin embargo, grupos de derechos humanos, como la ONU, advirtieron que la formación de esta fuerza guarda similitudes con los grupos armados encapuchados que participaron en la represión de las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos y centenares de heridos.
Reed Brody, uno de los expertos en derechos humanos de la ONU, indicó que la creación de la “policía voluntaria” evoca el “nefasto papel” de los grupos enmascarados durante aquellas protestas antigubernamentales, a las que el gobierno de Ortega calificó como un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos. Los manifestantes, en su mayoría universitarios, levantaron barricadas en las calles que fueron destruidas por estos grupos encapuchados fuertemente armados, lo que dejó un saldo de decenas de muertes y desaparecidos.
Además de la formación de la “policía voluntaria”, Ortega también renovó el mandato del comisionado Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional y consuegro de la pareja presidencial. Díaz, quien asumió el cargo en 2018 durante las protestas, continuará en su puesto por otros seis años, según los términos de la reforma constitucional que también elevó a Murillo a la “copresidencia”. En su discurso, Ortega recalcó la importancia de la unidad nacional y la necesidad de enfrentar los “desafíos” con firmeza, mientras que Murillo expresó que Nicaragua tiene la “fuerza para trascender” cualquier obstáculo.
En el ámbito internacional, la ONU y organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por el carácter autoritario del gobierno de Ortega, que desde 2007, año en el que regresó al poder, ha sido acusado de socavar la democracia y de imponer un régimen cada vez más cerrado y represivo. Desde las protestas de 2018, el régimen de Ortega ha cerrado más de 5.000 organizaciones no gubernamentales y ha encarcelado a cientos de opositores. En respuesta, miles de nicaragüenses han huido al exilio, y el régimen enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
En este contexto, la creación de esta fuerza de “policías voluntarios” podría ser interpretada como un paso más en el proceso de consolidación de un régimen de control absoluto, donde la represión de cualquier oposición, tanto interna como externa, parece estar en aumento.
Familiares de presos políticos en Venezuela hicieron un llamado al Ministerio Penitenciario para establecer una mesa de diálogo que permita “tomar acciones pertinentes” para liberar a sus seres queridos.
Durante una manifestación este jueves en Caracas, los familiares presentaron un documento que reafirma las denuncias en un texto anterior, fechado el 18 de octubre de 2024, del cual -según Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Adolfo Baduel- no han recibido respuesta.
En el documento entregado al Ministerio para el Servicio Penitenciario este jueves, los familiares proponen mesa de diálogo que incluya la participación del Comité de Familiares y Presos Políticos (Clippve). Además, denuncian las “violaciones sistemáticas a los derechos humanos” y exigen “acciones concretas que conduzcan a la liberación inmediata de los presos políticos”.
“Hoy exigimos poder llegar a una mesa de diálogo con esta institución del Estado para que nos escuchen, nosotros, los familiares de los presos políticos”, afirmó Aurora Silva, esposa del preso político Freddy Superlano.
Silva destacó que las familias han observado “patrones recurrentes” en lugares de detención como El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, y el Rodeo I, en el estado Miranda, donde los detenidos afrontan “aislamiento prolongado”, suspensión de visitas “como forma de castigo” y “traslados arbitrarios”.
La entrega del documento ocurre como parte de la manifestación Ruta por la justicia y libertad, que comenzó el lunes y finalizará este viernes, con el objetivo es hacer oír sus voces frente a organismos públicos como la Defensa Pública y la Fiscalía en Caracas.
Más de 2.400 presos políticos tras elecciones presidenciales
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, se desató una serie de detenciones debido a acusaciones de fraude formuladas por la oposición venezolana, que daba por ganador a su candidato, Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), proclamo vencedor a Nicolás Maduro.
Más de 2.400 personas fueron detenidas, y según informes oficiales casi 1.900 han sido liberadas tras revisiones judiciales. Sin embargo, la ONG Foro Penal, que defiende a los presos políticos, afirma no haber podido corroborar estas cifras.
Hasta el 17 de febrero, Foro Penal contabilizaba 1.061 personas consideradas presos políticos, incluyendo detenciones anteriores y posteriores a las elecciones.
La Fiscalía y la administración actual niegan la existencia de detenidos por motivos políticos y opinan que estos han cometido delitos.
En un esfuerzo por fortalecer su administración en los últimos 16 meses de mandato, el presidente Gustavo Petro presentó oficialmente su nuevo gabinete ministerial. El evento se llevó a cabo en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, ubicado en el corazón de Bogotá, a dos calles de la Plaza de Bolívar; este centro cultural, inaugurado en marzo de 2023, se consolidó como un espacio emblemático para la promoción de las artes y la cultura en Colombia.
La presentación del gabinete contó con la asistencia de diversas comunidades, con la bienvenida a cargo del Coro Nacional de Colombia. El Centro de las Artes dirigió la interpretación vocal del Himno Nacional, precediendo la esperada exposición de los nuevos cambios en el Gobierno de Petro.
A continuación el nuevo gabinete:
Armando Benedetti – Ministerio del Interior
General Pedro Sánchez – Ministerio de Defensa Nacional
Edwin Palma Vega – Ministerio de Minas y Energía
Lena Estrada Añokazi – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Yannai Kadamani – Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Patricia Duque – Ministerio del Deporte
Carlos Rosero – Ministerio de la Igualdad y Equidad
Rayan El Barkcacji – Embajador de Colombia ante el Reino de Arabia Saudita
Odette Yidi – Embajadora de Colombia en Catar
Jorge Lemus – Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
Angie Lizeth Rodríguez – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)
La reestructuración del gabinete se produjo en un contexto de tensión política, luego de un Consejo de Ministros televisado en vivo, el 4 de febrero, que expuso divisiones internas dentro de la administración gubernamental. Desde entonces, el presidente Petro solicitó la renuncia de todos sus ministros y empezó a hacer reemplazos de manera gradual, manteniendo el suspenso sobre futuros cambios y evitando confirmar o desmentir rumores sobre posibles nombramientos, hasta el 27 de febrero.
Uno de los cambios más sorprendentes, después de varios rumores, fue la salida de la vicepresidenta Francia Márquez al Ministerio de la Igualdad y Equidad. La decisión se produce luego de meses de críticas por la baja ejecución del presupuesto, que solo alcanzó el 2,4% en su primer año de funcionamiento. Otra de las situaciones que destacó fue la ausencia de la alta funcionaria en la presentación del nuevo gabinete.
También destacó la presencia de Armando Benedetti, que asumió su quinto cargo en el Gobierno, manteniéndose en la administración a pesar de los múltiples escándalos que lo rodean. Entre las controversias se encuentran audios divulgados por la revista Semana, que lo vinculan con presuntos dineros no registrados en la campaña presidencial de Petro en 2022, así como denuncias por violencia de género, pero con su designación, el alto funcionario consolidó su posición de poder dentro del Gobierno.
Durante su intervención, el presidente Gustavo Petro explicó que la intención era posesionar a los nuevos ministros, pero el acto no se pudo realizar debido a que el proceso administrativo aún no ha finalizado.
El jefe de Estado reconoció que la reestructuración del gabinete aún no ha concluido. “En términos generales, acá hay parte del que será el nuevo gabinete. Aún no se han cambiado todos y todas las ministras que vamos a buscar, tiene una unos objetivos, unas finalidades”, dijo el mandatario, quien exhortó a los nuevos ministros a trabajar para cumplir con el programa de Gobierno.
Petro mencionó la obra Cien años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez, relacionando el libro con la violencia que ha marcado a Colombia. “100 años de soledad cuenta la masacre en las bananeras en alguna parte y los años de soledad son los 100 años de la violencia y los 100 años de la vorágine, que también son los 100 años de la violencia”, afirmó el mandatario.
El jefe de Estado criticó la postura de la oposición frente a los debates nacionales, indicando que se enfocan en obstaculizar las discusiones. “Muy interesante, pero mal planteado por la oposición, como casi todas las cosas que ha planteado, casi no plantea. Se dedica a gritar y es tétricamente para impedir los debates que la nación necesita, como en este momento está ocurriendo con la reforma la salud”, expresó.
El gobierno de Claudia Sheinbaum abrió una canal de diálogo con la administración Donald Trump para suspender la aplicación de los aranceles impuestos por la Casa Blanca a México con la intención de frenar el constante tráfico ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos.
Se trata de una carrera política contrarreloj: a partir del 4 de marzo -si el Salón Oval no cambia de opinión-, Estados Unidos cobrará 25 por ciento de aranceles a todas las importaciones mexicanas.
“No podemos permitir que este azote continúe dañando a los Estados Unidos y, por lo tanto, hasta que no se detenga o sea limitado de manera seria, los propuestos ARANCELES programados para entrar en vigor el CUATRO DE MARZO, entrarán, por supuesto, en vigor como estaba previsto”, posteó Trump en su red social Truth.
Cuando el presidente de los Estados Unidos utiliza la palabra “azote”, se refiere al tráfico de fentanilo que operan los carteles mexicanos con una droga sintética que se produce con precursores químicos de origen chino.
En este contexto, Trump fijó una ecuación política: si Sheimbaum no quiere pagar los aranceles a los bienes y productos de México, tiene que reducir el contrabando de fentanilo a la mínima expresión.
El backchannel abierto con la Casa Blanca por instrucción de Sheimbaum se valida en una sucesión de hechos políticos que ocurrieron ayer en Washington.
Marco Rubio -secretario de Estado- y Mauricio Claver-Carone –enviado especial de Trump para América Latina- recibieron al canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en el primer contacto oficial entre el gobierno de Morena y la administración republicana.
En el cónclave se analizaron los esfuerzos que está haciendo México para reducir el tráfico de fentanilo, y se definió una hoja de ruta con objetivos vinculados a la represión de los carteles del narcotrafico que comercializan fentanilo desde territorio mexicano a Estados Unidos.
“Fue una reunión de mucha importancia adonde se establecieron metas precisas de lucha contra la distribución del fentanilo hacia nuestro país”, explicó Mauricio Claver-Carone a Infobae.
Y completo: “México está haciendo gestos importantes, y esto es muy valorado por el gobierno”.
El concepto de “gestos importantes” está atado a la decisión de la presidenta Sheimbaum de extraditar hacia los Estados Unidos a Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara, y a los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales —líderes de Los Zetas, que son conocidos como Z40 y Z42.
Las inesperadas extradiciones de Caro Quintero, y Miguel Ángel y Omar Treviño Morales fueron muy bien recibidas en el Ala Oeste de la Casa Blanca.
Además de la reunión que protagonizaron Rubio y Claver-Carone con De la Fuente y Garcia Harfuch, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dialogó con Rodrigo Ramírez de la O, secretario de Hacienda de México.
Bessent y De la O trataron el impacto negativo que podían causar los aranceles en la balanza comercial entre ambos países.
En el Departamento de Estado y en la Secretaría del Tesoro quedaron satisfechos con las conversaciones mantenidas con los miembros del gabinete de Sheinbaum. Pero eso no significa que Trump revise la imposición de aranceles que comienza el 4 de marzo.
“A nosotros nos fue bien en las reuniones con Rubio y Bessent, y eso nos da argumentos para pedir la suspensión de los aranceles”, explicó a Infobae un integrante clave de la administración mexicana.
-¿Eso implica que Rubio y Bessent se reúnen con Trump y le piden que levante los aranceles?
-No funciona así con Trump. Decide el presidente Trump, y nadie más qué él.
La apuesta de Sheinbaum es lograr un contacto telefónico con Trump para negociar la suspensión de los aranceles que empezarían a correr desde el 4 de marzo.
La presidenta de México asume que está en línea con las exigencias del líder republicano, y que los encuentros de sus funcionarios en el Departamento de Estado y la Secretaría del Tesoro, sirvieron para transmitir a Trump sus intenciones políticas respecto al tráfico de fentanilo que golpea a la sociedad americana.
“Esperamos que podamos hablar con el presidente Trump, y que podamos llegar a un acuerdo”, aseguró ayer la mandataria mexicana.
Anoche en DC no descartaban que Trump y Sheinbaum dialoguen antes del 4 de marzo, fecha de inició de la aplicación de los aranceles al 25 por ciento para México.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se reúne este viernes con el mandatario estadounidense Donald Trump en un momento clave para su país, en un intento por asegurar el apoyo de Estados Unidos en la defensa de la soberanía ucraniana frente a futuras amenazas de Rusia.
Durante su visita, la delegación ucraniana firmará un acuerdo económico con EEUU para financiar la reconstrucción de Ucrania, devastada por más de tres años de guerra. El pacto contempla la creación de un fondo de inversión conjunto, al que Ucrania destinará 50 % de sus futuros ingresos por recursos naturales, incluyendo minerales e hidrocarburos.
El acuerdo menciona la importancia de la seguridad de Ucrania, pero deja ese aspecto pendiente de la negociación entre Zelensky y Trump, prevista para este viernes.
Mientras las fuerzas ucranianas continúan resistiendo los avances rusos, el gobierno de Kiev insiste en que cualquier plan de paz debe incluir garantías concretas que impidan que Rusia se rearme y vuelva a atacar tras una tregua.
Trump, sin embargo, ha evitado comprometerse con una promesa clara de seguridad para Ucrania.
“No voy a hacer garantías de seguridad… muy poco”, afirmó esta semana, sugiriendo que Europa debería asumir esa responsabilidad.
Zelensky ha dejado claro que Ucrania necesita más claridad. “Este acuerdo puede ser parte de futuras garantías de seguridad, pero quiero entender la visión más amplia. ¿Qué le espera a Ucrania?”, declaró el miércoles.
Trump ha enmarcado el acuerdo económico como una forma de que Kiev “compense” a EEUU por la ayuda militar recibida en los últimos años. Sin embargo, Ucrania insiste en que cualquier acceso de EEUU a sus recursos debe ir acompañado de garantías concretas de seguridad.
Europa plantea misión de paz en Ucrania
En caso de un alto al fuego, los líderes de Reino Unido y Francia, Keir Starmer y Emmanuel Macron, han propuesto una misión de paz en Ucrania para evitar una reanudación de los combates. Ambos viajaron a Washington esta semana para discutir la iniciativa con Trump.
Sin embargo, funcionarios estadounidenses han expresado dudas sobre la viabilidad de una misión exclusivamente europea sin un respaldo logístico de EEUU, que incluiría inteligencia, vigilancia y capacidad de respuesta rápida en caso de una violación del alto al fuego.
“Este es un momento de gran oportunidad para lograr un acuerdo de paz histórico”, dijo Starmer a Trump. “Pero debemos hacerlo bien”.
Zelensky ha evitado precisar qué tipo de garantías de seguridad serían aceptables para Ucrania. Aunque mantiene su aspiración de que el país se una a la OTAN, ha sugerido que un acuerdo de seguridad similar podría ser suficiente.
Trump, sin embargo, fue tajante al rechazar esa posibilidad. “Ucrania puede olvidarse de entrar a la OTAN”, declaró recientemente.
A pesar de las diferencias, en Kiev se considera positivo que Zelensky tenga la oportunidad de reunirse con Trump antes de que lo haga el presidente ruso Vladimir Putin.
Zelensky busca obtener claridad sobre si EEUU continuará proporcionando ayuda militar o si Ucrania tendrá que comprar directamente armas estadounidenses.
También espera discutir el posible uso de activos rusos congelados para financiar la defensa ucraniana y conocer la postura de Washington sobre las sanciones contra Moscú.
Trump y el futuro de la relación con Rusia
Las preocupaciones en Ucrania han aumentado tras señales de un posible cambio en la política de Washington hacia Rusia.
La administración Trump celebró una reunión con representantes rusos en Arabia Saudita, sin incluir a Kiev ni a sus aliados europeos, y el presidente estadounidense sostuvo una larga llamada con Putin, lo que ha generado inquietud sobre un posible acuerdo sin la participación de Ucrania.
Trump también ha acusado a Ucrania de prolongar el conflicto y criticó a Zelensky por no haber celebrado elecciones, a pesar de que la ley ucraniana prohíbe comicios mientras rige la ley marcial.
En este contexto, funcionarios estadounidenses han argumentado que el acuerdo económico podría proporcionar una forma de estabilizar a Ucrania y disuadir futuras agresiones.
“Si trabajamos en la extracción de minerales en Ucrania, eso nos da seguridad automática, porque nadie va a meterse con nuestros trabajadores cuando estemos allí”, afirmó Trump.
El texto del acuerdo menciona que EEUU “apoya los esfuerzos de Ucrania para obtener garantías de seguridad necesarias para establecer una paz duradera” y reafirma el “compromiso financiero a largo plazo” de Washington con el desarrollo y estabilidad de Ucrania.
«Muchos canadienses quieren que Canadá se convierta en el estado número 51. Ahorrarían muchísimo en impuestos y en protección militar. Creo que es una gran idea. ¡El estado número 51!».
Con este mensaje publicado en su red social Truth, el flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaparó los titulares de medio mundo a finales del año pasado.
La ocurrencia, junto a la amenaza de imponer aranceles a las exportaciones canadienses si las autoridades de su vecino no frenan la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, ha tensado las tradicionalmente buenas relaciones entre los dos países norteamericanos.
Sin embargo, el malestar todavía no se ha trasladado a la frontera entre Canadá y EE.UU., la cual, a pesar de ser la más extensa del mundo, sigue siendo poco militarizada en comparación con otras.
No obstante, hace casi dos siglos, las diferencias sobre cómo interpretar los límites dio pie al nacimiento de un tercer país, hoy casi olvidado: la República de Indian Stream.
El Estado, aunque no fue reconocido internacionalmente, operó de manera autónoma e independiente durante más de tres años.
Aprovechando una zona gris
La República de Indian Stream se situaba en una franja de tierra de aproximadamente 730 kilómetros cuadrados en el noreste de lo que hoy es el estado estadounidense de New Hampshire, cerca del vecino estado de Vermont y de la frontera con la actual provincia canadiense de Quebec.
El bucólico valle, ubicado justo por encima del paralelo 45, está atravesado por tres afluentes que alimentan al río Connecticut; uno de ellos es el arroyo Indian (Indian Stream, en inglés) y estuvo habitado por miembros de la etnia abenaki antes de la llegada de los colonos europeos.
El nacimiento del pequeño país fue propiciado por la confusión causada por las diferentes interpretaciones que Londres y Washington daban al acuerdo que puso fin a la guerra de independencia de Estados Unidos: El Tratado de París de 1783.
El pacto no solo sirvió para que Reino Unido reconociera la emancipación de sus antiguas 13 colonias norteamericanas; sino para demarcar también la frontera internacional con Canadá, la cual seguía bajo su dominio.
«La cláusula establecía que la línea fronteriza avanzaría hacia el oeste ‘hasta la cabecera más noroccidental del río Connecticut, desde allí por el medio de ese río hasta el grado 45 de latitud norte'», apuntó el fallecido reverendo Carl Gustafson, en su artículo «La República de Indian Stream, la república más pequeña del mundo».
En su texto, el religioso, quien era un aficionado a la historia, explicó que las autoridades de New Hampshire interpretaron que «la cabecera más noroccidental del río Connecticut» incluía al arroyo Hall, que desembocaba en él.
Por su parte, los canadienses consideraban que la disposición incluía únicamente al propio río Connecticut; y, por lo tanto, consideraban que el territorio les pertenecía.
La confusión fue aprovechada por dos empresas (Eastman y Bedel) para hacer negocios, explicó a BBC Mundo el abogado Robert Tsai, autor del libro «America’s Forgotten Constitutions: Defiant Visions of Power and Community» (Las constituciones olvidadas de América: Las desafiantes visiones del poder y la comunidad, en español).
«Las compañías explotaron esta ambigüedad obteniendo títulos de propiedad (muchos de dudosa legalidad) de los pueblos nativos, los cuales se los ofrecieron a los colonos blancos dispuestos a entrar en la zona en disputa y construir casas y explotar la tierra», indicó el profesor de las universidades estadounidenses de Princeton y de Boston.
En 1796, David Gibbs, Nathaniel Wales y Moody Bedel, residentes de New Hampshire, le dieron a un jefe de una tribú US$3.000 a cambio de unos 64 kilómetros de tierra y derechos de caza, según algunos documentos.
Para principios del siglo XIX, decenas de familias se habían instalado en el área que tanto los nacientes EE.UU. como la Canadá británica consideraban propia.
«Como el territorio se encontraba en una zona alejada de los centros habitados, ambos países lo ignoraron en gran medida y los colonos se vieron obligados a depender de sus propios recursos», narró Gustafson.
«Y al quedar abandonados a su suerte, los habitantes formaron una organización comunitaria que se reunía periódicamente para aprobar las transferencias de tierras y recaudar dinero para cubrir la construcción de carreteras, escuelas, etc.», agregó.
En 1831, Londres y Washington acudieron al rey de los Países Bajos para resolver la disputa, pero el arbitraje no agradó a las autoridades estadounidenses y las dudas continuaron.
Un experimento democrático
El aislamiento, el desinterés mostrado por las autoridades estadounidenses y de la Canadá británica por ejercer soberanía en el territorio y las ansias mercantilistas crearon las condiciones para la conformación de un país con unas características peculiares.
«Se produjo una tormenta perfecta que permitió a los colonos intentar gobernarse a sí mismos de una manera diferente», afirmó Tsai.
«Los residentes estaban hartos de vivir en una zona gris en la que ninguna autoridad reconocía su propiedad sobre las tierras y tampoco hacían lo suficiente para garantizar su seguridad y ocuparse de otras necesidades. Y, por ello, crearon su propia asamblea, redactaron algunas leyes y registraron los títulos de propiedad en su propia oficina de tierras», agregó el experto.
Para junio de 1832, los habitantes dieron el paso definitivo y redactaron una Declaración de Derechos y una Constitución de 13 artículos; y el 9 de julio declararon a la República de Indian Stream como «un Estado libre, soberano e independiente».
De acuerdo con registros que reposan en la Sociedad Histórica de Pittsburg (Pensilvania), el nuevo país que apenas tenía una fracción del tamaño de la isla de Manhattan (Nueva York) estaba habitado por unas 400 personas, las cuales formaron una milicia para defenderse.
Los habitantes de la nueva república se inspiraron en los nacientes EE.UU. y abrazaron el sistema democrático como su modelo de gobierno.
Sin embargo, los pobladores de la República de Indian Stream no calcaron el modelo de sus vecinos del sur, sino que aplicaron algunas diferencias. Una de ellas fue que el poder ejecutivo no recaía sobre una sola persona, sino sobre cinco, quienes integraban el consejo de gobierno.
«Lo hicieron por dos razones: La primera, el consejo solo se reunía parte del tiempo, por lo que querían que más de una persona estuviera involucrada en la gestión y aplicación cotidiana de las leyes. Y la segunda, se inspiraron en el modelo de municipio de Nueva Inglaterra, construido a su vez sobre la idea de ciudad-estado pequeña (trasplantada de Europa), el cual era gobernado por una junta de concejales», explicó Tsai.
Otra diferencia es que la República de Indian Stream no establecía una clara diferenciación entre los poderes legislativo y ejecutivo, sino que atribuía a ambos las funciones de dictar las leyes y normas para regir la convivencia en la comunidad.
Aunque solo unas 70 personas tenían derecho a elegir a quienes iban a tomar las decisiones, los fundadores del nuevo Estado abrazaron ideas que hoy son pilares de los sistemas democráticos modernos, tales como la libertad de culto o la prohibición de los castigos crueles.
Para Tsai, el hecho de que los fundadores del pequeño país se hubieran decantado por un modelo republicano y democrático tiene una explicación.
«Los estadounidenses todavía estaban inmersos en el fervor revolucionario y tomaban en serio las ideas de soberanía popular», dijo.
«Al principio, estas ideas estaban ligadas a la tierra: el derecho a gobernar era territorial y se daba cuando alguien realmente trabajaba la tierra. En segundo lugar, el Estado de Derecho, que proporciona instituciones como tribunales, legisladores y magistrados, así como leyes de propiedad que prometían a los colonos garantizar sus reclamaciones», remató.
El grande se comió al pequeño
Las autoridades estadounidenses respondieron a la independencia del territorio con un reconocimiento tácito, pues impusieron una aduana y cobraron impuestos a los productos que salían de la República de Indian Stream, reseñó Gustafson.
Por su parte, en Canadá ni se dieron por enterados de la secesión.
Sin embargo, en los meses siguientes, una serie de incidentes entre los habitantes del nuevo país y sus divisiones internas terminaron favoreciendo la desaparición del experimento.
«Una facción esperaba que New Hampshire interviniera y otra facción esperaba que Canadá finalmente hiciera valer su derecho sobre la región», afirmó Tsai.
Para 1835, el gobernador de New Hampshire calificó a la República de Indian Stream como una «rebelión» y envió a un grupo de milicianos armados a anexar el territorio por la fuerza.
«Los capturados o quienes estaban rodeados tuvieron que jurar lealtad al estado de New Hampshire. EE.UU. no envió tropas, pero validó la acción. Así, los que apoyaban a Canadá huyeron, fueron encarcelados o apaciguados», relató Tsai.
Las autoridades canadienses enviaron una comisión para investigar, pero fue rechazada por los soldados estadounidense a punta de bayoneta.
Tras la caída de la pequeña república, Londres y Washington iniciaron conversaciones para definir claramente la frontera, se lee en un artículo publicado por el municipio canadiense de East Hereford.
«El 9 de agosto de 1842 se firmó el Tratado de Ashburton, que resolvió la disputa y colocó al territorio del Indian Stream dentro de los límites de New Hampshire», afirmó Gustafson.
«Esto puso fin a lo que seguramente debe haber sido la república más pequeña del mundo», remató.
Lo que una vez fue un país independiente hoy forma parte de un pueblo llamado Pittsburg.
Un brindis por el desaparecido país
Aunque la República de Indian Stream dejó de existir hace mucho y su historia no es muy conocida, algunos se han dado a la tarea de rescatarla, algunas de manera curiosa.
Los empresarios Ron Vars y Dan Gray forman parte de este grupo de entusiastas del experimento de autogobierno. Hace unos años, los socios pusieron en marcha una destilería de whisky y bautizaron a uno de sus productos con el nombre del desaparecido país.
«Nos decidimos por esta marca debido a nuestro amor por la región y por la intrigante historia de la República de Indian Stream», explicó Vars a BBC Mundo.
«Desde que era pequeño, me ha encantado la idea de que un grupo de personas en el siglo XIX crearon su propia república en suelo estadounidense. Es una historia entrañable», remató.
Comenzando 1953, el 2 de enero, el presidente provisional de la República de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez, ya asomaba lo que se traía entre manos para los próximos años. Camuflado con acontecimientos políticos supuestamente democráticos en los meses recientes, con él como protagonista principalísimo, lo que estaba por ocurrir sería el abrebocas de un gobierno más dictatorial, autoritario y represivo, marcado por procesos electorales amañados y no aceptados por la mayoría opositora del país.
“Es propicia la ocasión para ratificar los principios y objetivos del régimen que presido, mediante los cuales este trabaja por el engrandecimiento de la patria y reafirma la permanencia de los valores básicos de la nacionalidad”, así iniciaba el entonces coronel su mensaje de Año Nuevo, dirigido ese día a la nación desde el Palacio de Miraflores.
Más adelante fijaba con sus palabras una posición particular sobre el libre intercambio de opiniones y el disentir de las ideas, que son algunos de los elementos fundamentales de las democracias. “El sentido positivista del venezolano y su intuición del bien público deben impedir que las energías de nuestro pueblo se malgasten nuevamente en agitaciones políticas y contiendas ideológicas estériles”. Evidenciaba de esta manera su punto de vista sobre la razón y ser de los partidos y sus dirigentes.
El gusto del oficial del Ejército por el ejercicio del poder, insinuado en su mensaje, se había acrecentado a partir del golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948 contra el primer presidente venezolano electo democráticamente, Rómulo Gallegos. En principio la Junta Militar de Gobierno, que asumió los destinos de Venezuela tras el derrocamiento del insigne novelista, estuvo encabezada por el teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud y luego de su asesinato en 1950, por el embajador venezolano en Perú German Suárez Flamerich. Se trató de un civil que según los testimonios de diversos opositores fue designado al cargo solo para aparentar.
Un régimen en problemas
La primera y única incursión activa de Pérez Jiménez en un proceso comicial —en teoría democrático— ocurrió un mes y dos días antes de su mensaje de Año Nuevo, durante la elección de la Asamblea Nacional Constituyente convocada para el 30 de noviembre de 1952. Este cuerpo tendría la trascendente atribución de crear una nueva Constitución, que sustituiría a la de 1947, y nombrar a un nuevo gobernante transitorio hasta que fuera sustituido por un presidente constitucional para el periodo 1953-1958.
Ahí comenzaron las contradicciones del régimen, eminentemente de signo castrense. Para la elección del 30-11-1952 fue prohibida la participación de Acción Democrática (AD), principal partido de oposición y ganador de las presidenciales con Gallegos de candidato en 1947. También fue ilegalizado por la Junta Militar de Gobierno el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Participaron solamente Unión Republicana Democrática (URD), liderado por Jóvito Villalba; Copei, por Rafael Caldera, y el Frente Electoral Independiente (FEI), perezjimenista.
La historia arroja que a medida que se avanzaba en el proceso todos los conteos de las votaciones daban amplia ventaja a URD, con el FEI en segundo lugar y Copei en el tercero. Hasta que al acercarse la noche fue suspendida la cobertura de prensa. El 2 de diciembre el gobierno provisorio anunció “oficialmente” el triunfo del FEI y Pérez Jiménez asumió la Presidencia provisional tras la renuncia de Suárez Flamerich a la Junta de Gobierno (a la que se le había eliminado el mote de “militar” desde la designación de este).
El 5 de diciembre fueron proclamados los candidatos del Distrito Federal a la Asamblea Nacional Constituyente programada para instalarse en enero de 1953 y el 13 se publicaron en la Gaceta Oficial los resultados definitivos de las votaciones. Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), el FEI y otros grupos minoritarios afines al gobierno militar obtuvieron 781.031 votos (con 59 bancas para la Constituyente); URD logró 638.335 (29 bancas), Copei 300.359 (14 bancas) y el Partido Socialista y otros aliados 60.483 (2 bancas). De acuerdo con las cifras de la oposición, URD logró 1.198.000 votos, el FEI 403.000 y Copei 306.000.
Volviendo al 2 de enero de 1953, Pérez Jiménez terminaba su mensaje de Año Nuevo invocando “la protección de Dios Todopoderoso” para lograr la “feliz culminación” de “tales ideales y propósitos” (los que auguraba para su inminente nueva gestión de gobierno se entiende). Pero los hechos demostraron que resultó todo lo contrario. En las siguientes semanas el país entró en una espiral de inestabilidad política que incluyó exilios inducidos y persecución de dirigentes partidistas.
La Constituyente se instaló el 9 de enero, ratificando a Pérez Jiménez como presidente provisional de Venezuela, pero este acto se cumplió sin la asistencia de los representantes de URD y Copei. El 24 de enero ambos partidos denunciaron la ilegalidad del cuerpo y la del poder político por su condición de “gobierno autoritario entronizado por la fuerza”. No se detuvo el régimen. El 15 de abril fue promulgada la nueva Constitución Nacional, el 17 Pérez Jiménez es nombrado presidente constitucional y el 19 toma posesión. La nueva carta magna solo duraría cinco años, en gran parte signados por más exilios, detenciones y trágicas muertes de dirigentes políticos.
Con la participación de 758 lectores y una duración que superó las dos horas, los forochats de Un Café con El Pitazo estrenaron su sexta temporada el 16 de enero. Como siempre, a través de WhatsApp.
El evento contó con la participación del politólogo Nicmer Evans, quien ofreció sus perspectivas sobre la política venezolana para 2025. Especialmente, luego de la cuestionada juramentación de Nicolás Maduro, el 10 de enero, que marcó el inicio de un nuevo mandato.
Según Evans, Venezuela finalmente concretó la transición hacia la autocracia y el totalitarismo como formas de gobierno, un proceso que se inició con la llegada de Hugo Chávez al poder y se aceleró con su muerte.
“Sin un líder carismático y sin posibilidad de persuasión, el chavismo avanza a través de la imposición de la fuerza para instaurar la autocracia en la que hoy vive el país. Lo hace valiéndose de las herramientas más violentas y del control de masas”, apuntó el también director de Punto de Corte.
El invitado señaló además que la simulación democrática del chavismo devino en una rápida fase de degradación, pues el sistema electoral está totalmente controlado y manipulado, aun cuando se hable de democracia participa y protagónica.
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María Corina Machado denunció la tarde de este jueves en sus redes sociales que “hombres no identificados” intentan entrar por la fuerza a su residencia en Los Palos Grandes, Caracas.
“Están amenazando con detener a los vecinos y al vigilante”, indicó.
Machado conversó este miércoles con Donald Trump Jr, hijo del presidente de Estados Unidos. En la entrevista, Machado sostuvo que «el socialismo chavista corrupto convirtió a Venezuela en el país criminal, en un refugio para todos los enemigos de Estados Unidos».
«Lo que está pasando en Venezuela es que estamos viviendo bajo una tiranía furiosa. Venezuela ha sido secuestrada por una pandilla que está conectada con carteles y enemigos de Estados Unidos como Irán, Hezbolá, Hamás, China, y así sucesivamente», dijo Machado.
«Maduro ha tomado por la fuerza, aunque, como usted ha dicho, fue una victoria aplastante. Humillamos al régimen bajo su propio condiciones extremas e injustas», agregó.
Indicó asimismo que Maduro ha promovido la migración y la usa como arma para desestabilizar la región: «Todo se resolverá una vez que tengamos un gobierno democrático, un gobierno serio que ponga orden en Venezuela».
«Así que la realidad es que nos enfrentamos a un sistema criminal, no se trata de una crisis política», dijo.
Señaló que el gobierno de Maduro, a su juicio, está vinculado con actividades criminales: «Como el tráfico de drogas y contrabando de oro. Maduro ha perdido apoyo total, perdió el apoyo de los militares (…) lo único que le queda es la represión».
