Más de cinco niñas de 10 a 14 años fueron violadas diariamente en Guatemala entre 2018 y 2024. Menos del 10 % de los casos resultaron en condenas para los agresores. Este es el caso de Marta, una niña de 11 años que fue violada por su padre y obligada a dar a luz sin asistencia.
Por: Karla Arévalo – La Voz de América
«Marta» tenía 11 años cuando su padre abusó de ella. Cabizbaja y confundida se acercó a una de las organizaciones humanitarias que se adentran en las aldeas más rurales de Guatemala, y en su búsqueda de justicia, la niña denunció a su progenitor.
Como promedio, cinco niñas de entre 10 y 14 años han sido violadas cada día entre 2018 y 2024 en la nación centroamericana. Menos del 10 % de esos abusos han terminado en condena para el agresor, una realidad expuesta en el más reciente informe de Human Rights Watch.
El Registro Nacional de las Personas en Guatemala dio a conocer que en los últimos seis años, 14.696 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres, en muchos de esos casos en contra de su voluntad.
La edad de consentimiento en Guatemala para las relaciones sexuales está establecida a partir de los 14 años. Antes de esa edad es un delito, no importa si el menor dio o no su consentimiento. Para el sistema, previo a los 14 años, los niños y niñas no están en la capacidad física ni intelectual para consentir una relación sexual.
Marta quedó embarazada tras el abuso. Varios meses después de la denuncia, el sistema la envió a casa nuevamente con su agresor.
«El caso de Marta es un reflejo de la realidad que enfrentan miles de niñas en Guatemala cada año. Y también es un reflejo en el sentido de que muchas veces al no obtener justicia las niñas dejan de perseguir la justicia», dijo a la Voz de América, Cristina Carrasco, investigadora en Human Rights Watch.
Fue la comunidad de Marta, en una aldea rural de Huehuetenango, Guatemala, la que mediante amenazas intimidó al agresor, quien optó por huir.
No es la primera vez que la falta de acción por parte del sistema judicial lleva a que, en ocasiones, las comunidades recurran a la justicia por mano propia o «justicia maya», como se le conoce comúnmente. Esto sucede especialmente en el occidente de Guatemala.
Los ciudadanos optan por resolver los conflictos internamente, y a menudo de manera violenta. En algunos casos, los líderes locales han asumido el papel de jueces.
“Marta es una niña que enfrentó violencia sexual, que no obtuvo protección del Estado, que no obtuvo los servicios de salud que necesitaba… y al final del día, incluso después de identificar a su agresor, la regresaron a su hogar donde aún se encontraba esta persona”, agregó Carrasco.
Marta se vio obligada a dar a luz en su casa, sin asistencia médica.
A la fecha, las autoridades no han arrestado a su agresor y Marta decidió migrar sin acceder a la justicia.
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