Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El dirigente político, David Smolansky quien pertenecía a la filas de Voluntad Popular respondió la advertencia que hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez este martes sobre prohibir la repatriación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos, tras la reanudación de las sanciones.

Noticiero Digital

Ante la publicación que hizo la funcionaria chavista en sus redes sociales, Smolansky afirmó que no será una sorpresa para los venezolanos, que el gobierno de Maduro comience a encerrar a los repatriados en albergues en La Guaira “para intimidarlos y marcarlos”.

“Ni un coyote publicaría un mensaje así”, manifestó en X, el exacalde el municipio El Hatillo, refiriéndose a las sujetos que se dedican a movilizar ilegalmente a los migrantes en las fronteras.

Smolansky aseguró igualmente que el mensaje de Rodríguez “evidencia la responsabilidad del régimen de haber causado la crisis migratoria más grande de la historia de Latinoamérica”.

Advertencia de Delcy Rodríguez

En la tarde de este martes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez mediante un mensaje publicado en su cuenta X, catalogó como grosero e indebido chantaje, el plazo del Departamento del Tesoro que le dio al Ejecutivo venezolano hasta abril, para cumplir con lo establecido en el Acuerdo de Barbados.

Además, Rodríguez dijo que pasarían a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida frente al «deliberado intento de golpear a la industria del petróleo y gas venezolano».

Hasta aquí la «Unión» Europea.

El Financial Times informa que Bruselas tiene un plan secreto para destruir la economía de Hungría si Budapest obstruye un planificado paquete de ayuda de 50 mil millones de euros a Ucrania, que se discutirá en una cumbre de emergencia de líderes de la UE este jueves. Según un documento visto por el periódico, si el gobierno de Viktor Orbán no da marcha atrás, otros líderes de la UE deberían prometer públicamente cortar permanentemente toda financiación de la UE a Budapest con la intención de asustar a los mercados, precipitar una corrida sobre la moneda florín del país y un aumento en el costo de su endeudamiento, declaró Bruselas en el documento.

Por: Rod Dreher – The European Conservative

“Esta es Europa diciéndole a Viktor Orbán ‘ya es suficiente; es hora de hacer fila. Usted puede tener una pistola, pero nosotros tenemos la bazuca”, dijo Mujtaba Rahman, director para Europa de la consultora Eurasia Group.

No está claro cómo responderá el gobierno húngaro a este complot de chantaje, pero sin duda marca una escalada dramática contra un estado miembro de la Unión Europea, al tratarlo como un enemigo por ejercer sus derechos legítimos bajo las reglas de la UE. La clase dominante europea habla de la importancia de la democracia, mientras traza planes para destrozar a un Estado miembro de la UE que sigue las reglas, esto en lugar de admitir que Viktor Orbán tenía razón sobre la guerra desde el principio. 

Está cada vez más claro que la guerra de dos años entre Rusia y Ucrania es una causa perdida para Kiev, que ha luchado valientemente para defender su territorio de la agresión rusa, pero se está quedando sin soldados, armas y opciones. Después de haber proporcionado generosamente a Ucrania fondos y armas para resistir a los rusos, Washington también se está quedando sin paciencia y sin recursos.  

El Congreso se opone a la última solicitud de 60.000 millones de dólares del presidente Joe Biden para ampliar la financiación de Ucrania . El líder republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, cuestionó la conveniencia de seguir desembolsando dinero en lo que parece una causa perdida. Aunque Biden todavía cuenta con el apoyo de los líderes de su partido, así como de los republicanos de línea dura, enfrenta un creciente escepticismo sobre su política en Ucrania en medio de otras amenazas, posiblemente más apremiantes, a los intereses estadounidenses en todo el mundo y una dura batalla por la reelección contra Donald Trump, quien es hostil a una mayor ayuda a Ucrania.

Mientras tanto, las noticias procedentes de Ucrania van de mal en peor. En un desgarrador despacho reciente desde Ucrania publicado en la revista británica de izquierda The New Statesman , Andrey Kurkov, un patriota ucraniano que claramente desprecia a Rusia por su guerra contra su país, ofrece un panorama extremadamente sombrío de las perspectivas de Ucrania. Los funcionarios están reclutando a hombres elegibles para el servicio militar y enviándolos al frente, que se ha convertido en una picadora de carne similar a la Primera Guerra Mundial.

“Alrededor de 700.000 ucranianos obligados a realizar el servicio militar han cruzado la frontera desde que comenzó la guerra el 24 de febrero de 2022”, escribe Kurkov. «Esto es más que el número de soldados ucranianos en el frente».

Kurkov reconoce que estos hombres no regresarán a Ucrania. ¿Qué hay para volver a casa? La guerra prácticamente ha destruido su economía, en parte al obligar a hombres en edad productiva a desplegarse contra los rusos. La revista Time informó el otoño pasado que la edad promedio del soldado ucraniano de primera línea era de 43 años. Esa misma semana, el jefe de las fuerzas armadas de Ucrania admitió que la tan anunciada ofensiva del país había fracasado y asumió la responsabilidad personal de subestimar las capacidades de Rusia. 

Incluso antes de la guerra, Ucrania era un caso económico perdido, plagado de corrupción y uno de los países más pobres de Europa. Antes de la guerra, 2,5 millones de sus habitantes (muchos de ellos los jóvenes que cualquier nación necesita para tener un futuro) se fueron a Occidente en el período postsoviético. Hoy, con más de seis millones de habitantes huyendo de la guerra, la población de Ucrania se ha hundido al nivel de 1950.

Mientras tanto, a pesar de las grandes pérdidas militares y del fracaso estratégico de perder Finlandia y Suecia, anteriormente neutrales, ante la OTAN, la economía rusa ha ganado en general durante la guerra. En octubre pasado, The New York Times informó que “la economía rusa ha demostrado ser mucho más resistente de lo que muchos gobiernos occidentales supusieron después de imponer una dura serie de sanciones”.

El desacoplamiento de las economías europeas de Rusia ha sido mucho más negativo para Europa. Tomemos como ejemplo a Alemania, tradicionalmente la potencia económica de Europa: la pérdida de gas ruso barato debido a las sanciones ha contribuido a la fuerte caída de la producción industrial alemana, que también se ha visto presionada por la competencia china. “La economía está estancada en Alemania”, dijo recientemente al New York Times Siegfried Russwurm, presidente de la Federación de Industrias Alemanas .

Sin duda, nadie en Europa quiere que Rusia sea recompensada por su agresión. Pero como ha observado el destacado filósofo Mick Jagger, no siempre se puede conseguir lo que se desea. David Pressman, el poco diplomático embajador de Estados Unidos en Hungría, dijo al Financial Times la semana pasada que el gobierno de Orbán está llevando a cabo una “política exterior de fantasía” que sirve a los intereses de Putin. 

Pressman también criticó a Orbán por “participar activamente” en la campaña electoral estadounidense al respaldar a Donald Trump, diciendo que esto “no es algo que esperemos de los aliados”. Pero Washington, que alguna vez estuvo en armas por la supuesta interferencia rusa en la política estadounidense, el año pasado prometió millones para financiar a los grupos de oposición húngaros. El fin de semana pasado, apareció una lista de medios de comunicación de oposición húngaros que reciben financiación del gobierno de Estados Unidos . En 2022, el líder de la oposición húngara Peter Marki-Zay agradeció públicamente a las fuentes occidentales por proporcionar 4,6 millones de euros en apoyo financiero de campaña, pero un informe de inteligencia del gobierno húngaro postelectoral alegaba que 3 mil millones de euros adicionales habían fluido desde Occidente a los bolsillos de los oposición, que sin embargo recibió un duro golpe en las urnas. Esto no es algo que los húngaros esperen de sus aliados.)

A estas alturas de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿quiénes son los verdaderos fantasiosos? ¿Washington y Bruselas, que insisten, ante una experiencia brutal, en que el dinero puede hacer magia en el frente? ¿O Viktor Orbán, que ha dicho desde el principio que la única manera de poner fin a las hostilidades es mediante un acuerdo negociado?

Los fantasiosos siempre han sido los occidentales, que sustituyeron la realidad por sueños y acusaron a cualquiera que disentiera de ser cómplices de Moscú. Aquí hay un tweet de un miembro del Centro de Análisis de Políticas Europeas que vivirá en la infamia:

Jessica Berlin no estaba sola, por supuesto. El pensamiento mágico ha impulsado la política occidental hacia Ucrania durante años. En algún momento, cabe preguntarse cuándo se quedará sin credibilidad la clase dirigente de las democracias occidentales. Algunos de nosotros tenemos edad suficiente para recordar cómo la administración de George W. Bush prometió que una aplicación suficiente de la fuerza y ​​las finanzas estadounidenses seguramente convertiría a Irak y Afganistán en democracias liberales, y que cualquiera que no estuviera de acuerdo era antipatriótico. Algunos de los mismos políticos, expertos y expertos que impulsaron esa línea absurda también han sido ultrahalcones con respecto a Ucrania. 

¿Qué tenemos que mostrar a cambio? Los realistas –sobre todo el profesor de política exterior John Mearsheimer– han quedado plenamente justificados. En algún momento, balbucear que sus críticos no son más que derrotistas y putinistas encubiertos ya no funcionará. Este impulso de las clases dominantes en Washington y Bruselas para seguir apuntalando un esfuerzo bélico valiente pero fallido debe entenderse en un contexto más amplio de legitimidad ideológica fallida.

Estas son las mismas personas, nótese bien, que no asegurarán las fronteras de Europa o Estados Unidos contra la migración ilegal masiva. Estas son las mismas personas que repiten el mantra la diversidad es nuestra fuerza , incluso cuando manifestaciones masivas proterroristas de musulmanes residentes llenan las calles de las capitales europeas, y los gobiernos locales parecen más preocupados por los nativos que notan el problema que por aquellos que lo causan. 

Bajo este régimen ideológico, las instituciones gubernamentales, la academia y la industria privada reducen los estándares para adaptarse a las fantasías despiertas. Las mujeres pierden oportunidades en el atletismo y privacidad en los baños frente a hombres que se hacen pasar por mujeres, y las escuelas y los medios de comunicación ahora educan a los niños pequeños para que desconfíen de sus propios cuerpos. En Estados Unidos, varios estados liberales se han declarado santuarios para jóvenes trans, lo que significa que si un menor que desea cambiar de sexo en contra de los deseos de sus padres puede llegar a esos estados, los gobiernos de esos estados no devolverán al niño. a la madre y al padre. En otras palabras, este régimen ha adoptado el secuestro sancionado por el Estado para facilitar la mutilación sexual permanente de niños. 

Mientras tanto, los militares tanto de Estados Unidos como del Reino Unido han adoptado plenamente la intolerancia racial como política y se preguntan por qué los blancos no se alistan para luchar por países cuyas clases dominantes los desprecian a ellos y a sus antepasados.

¿Sabes quién no tiene estos problemas? La Hungría de Viktor Orbán, donde el gobierno siente el peso de su responsabilidad ante su propio electorado. El Financial Times informa que los estados miembros de la UE tienen un «plan B» para enviar dinero a Ucrania fuera del presupuesto de la UE, y los parlamentos nacionales tienen que ratificar los subsidios. Este plan “provocaría retrasos e incertidumbre”, escribe el periódico , consciente sin duda de que los públicos nacionales europeos están divididos sobre estas cuestiones. Que se considere «problemático» plantear una cuestión tan importante, tanto económica como en términos de seguridad nacional, ante parlamentos que son directamente responsables ante los contribuyentes que financiarían la medida, dice algo sobre la forma en que la clase dominante transnacional europea piensa.

Estamos viendo que la «democracia» es lo que sucede cuando los pueblos de las naciones llegan a resultados políticos favorecidos por Bruselas y Washington. Si Hungría tiene que ser destruida por esta falsa idea de democracia, bueno, no se puede hacer una tortilla sin romper huevos. 

No puede continuar para siempre. Pronto, y probablemente muy pronto, se acabará la suerte de la clase dominante. Cualesquiera que sean sus pecados y fracasos, Viktor Orbán no está presidiendo el declive de Occidente. Desgraciadamente, es cierto que Orbán está desnudo ante la poderosa burocracia de Bruselas, decidida a desviar más dinero de los contribuyentes para continuar una guerra imposible de ganar, en nombre de una fantasía paneuropea, cuando deberían gastarlo en necesidades graves en casa (por ejemplo, ¿has visto lo débiles que son los ejércitos europeos?). Es posible que, al final, le obliguen a capitular. Pero si miras de cerca, es Orbán, el despreciado forastero, quien informa a los Emperadores del Anillo Interior, encarnaciones de una ideología imperial fallida, que no tienen ropa. 

Los conservadores portugueses y los opositores a la agenda del despertar obtuvieron una gran victoria esta semana cuando el presidente Marcelo Rebelo de Sousa vetó un paquete legal de último minuto que habría permitido a los padres elegir nombres «neutrales en cuanto al género» para sus hijos. La izquierda está alborotada.

The European Conservative

Justo cuando Portugal se embarcó en una campaña electoral a tres bandas sin precedentes en la que el partido conservador nacional Chega! Tras el ascenso del partido al segundo lugar, la izquierda estaba ocupada utilizando su desmoronada mayoría parlamentaria para codificar una serie de disposiciones inspiradas en la «ideología de género». La nueva legislación, que fue aprobada por el parlamento después de haber sido disuelta por el presidente Rebelo de Sousa, habría permitido a los ciudadanos registrar «nombres que no sean masculinos ni femeninos». Otro proyecto de ley conocido como ‘ley de autodeterminación de la identidad de género’ abriría el camino para baños y vestuarios ‘mixtos’ para niños en edad escolar. Las propuestas obtuvieron una dura oposición de la sociedad civil, y una petición en su contra obtuvo más de 50.000 firmas en unas pocas semanas.

El veto presidencial ahora significa que la supervivencia de la legislación se decidirá después de las próximas elecciones, que se espera que gane la derecha. Ante la perspectiva de que el próximo parlamento la retire, grupos y activistas de izquierda reaccionaron con consternación ante la noticia. La diputada socialista Isabel Moreira, una de las más acérrimas partidarias de la política del despertar en su partido, ha acusado al presidente de legitimar la noción de que «los derechos transexuales son una amenaza» y, por tanto, de beneficiar la «agenda de ultraderecha». 

La celebración conservadora –al igual que la furia de Moreira– podría, sin embargo, ser prematura. Tanto la Iniciativa Liberal socialmente progresista y promercado como los socialdemócratas de centro derecha votaron a favor de permitir nombres «neutrales en cuanto al género», con Chega! siendo la única fuerza parlamentaria que se opone por completo a la idea. Por lo tanto, la probabilidad de que al menos algunas de las medidas sigan obteniendo aprobación es sustancial.

Maestros, escuelas y figuras conservadoras reaccionaron con alivio a la decisión presidencial. El presidente de ANDE, la Asociación Nacional de Líderes Escolares, dijo a la emisora ​​católica Renascença que las escuelas simplemente no podrían cumplir con los requisitos de la nueva ley para «espacios seguros para niños trans». Thereza Ameal, que lanzó la petición oponiéndose a la legislación, elogió al presidente por “decir que el decreto no respeta suficientemente el papel de los padres”, mientras Rita María Matías, una Chega! MP y estrella en ascenso, advirtió contra la complacencia. “Cuando voten, recuerden [que] una mayoría de izquierda aprobaría nuevamente esta ley”.

La Candidata presidencial, María Corina Machado, ha explicado en que se basa el plan trazado para lograr su participación en las elecciones que se prevén este año en Venezuela.

Por: Pedro Rueda – Rostros Venezolanos

Luego de la inhabilitación ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia, Machado ha dicho a la prensa cuáles son los siguientes pasos a seguir, ya que ha confirmado que seguirá en la carrera por la presidencia pese a la decisión del pasado 26 de enero.

Maduro «se está equivocando porque está subestimando nuestra fuerza. Es el peor error que ha cometido, y esto sella la derrota de este sistema», dijo la candidata en una rueda de prensa en Caracas.

Sin embargo, la gran duda de la población es qué sigue ahora. Se habla en las calles de un candidato sustituto, pero Machado negó la posibilidad.

«No hay un candidato sustituto. Ese es el plan de los que no quieren cambio y nuestro plan es el cambio», aseguro.

El acuerdo de Barbados sigue siendo la base

Para Machado, el chavismo violó lo acordado con la oposición, pese a que el Gobierno dijo que nunca se habló que ella iba a ser la candidata.

«El régimen está mucho más débil. Ellos han perdido su base social, se empieza generar fracturas y divisiones. Por eso, la mejor opción para ellos es negociar con nosotros, y se avanzará en el proceso electoral», sostuvo la aspirante.

El acuerdo de Barbados y lo negociado por otra vías con Estados Unidos tiene un plazo de cumplimiento y Washington ha dicho que es hasta abril.

Así se manifiesta en este tweet de la embajada de Estados Unidos en Venezuela

«Yo voy a inscribirme»

Machado asegura que será candidata porque la inhabilitación en su contra es «un acto ilegal, inconstitucional y desesperado de Maduro».

No sólo eso, Machado cree fielmente que las primarias realizadas en octubre pasado es el mejor aval para mantenerse como contendora. Esto debido a que la inhabilitación fue usado como «un mecanismo para que no se votara» en la consulta, pero hubo una participación de 3 millones de personas, de acuerdo con los datos emitidos por la Comisión Nacional de Primarias.

«Ellos mismos declararon el fin de esta tiranía. porque la gente está clara y no se va a dejar arrebatar el resultado de las primarias», manifiesta.

El plan de María Corina Machado para los próximos meses

De acuerdo con la candidata, la organización será el desafío para los próximos meses luego de la inhabilitación.

La candidata ha recibido el respaldo de casi toda la oposición venezolana. Incluyendo, el de anteriores líderes como Leopoldo López, Juan Guiado y Antonio Ledezma.

«Construiremos fuerza ciudadana, voy a recorrer todo el país y arreciaremos en actividades de organización», dijo.

De hecho, anunció la creación de «comanditos», un proyecto que va dirigido a las zonas más vulnerables y alejadas, con el fin de estar presente con el mensaje en esas localidades.

Los republicanos de la Cámara de Representantes están dando sus últimos pasos para destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, organizando una votación formal dirigida a un secretario del gabinete por primera vez en casi 150 años. 

USA Today

El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, liderado por el Partido Republicano, aprobó en una intensa audiencia el martes dos artículos de juicio político contra Mayorkas. Lo acusan de una “negativa deliberada y sistémica a cumplir con la ley” y de un “abuso de la confianza pública” por su manejo de la frontera sur del país.

Pero ¿ por qué exactamente los republicanos quieren destituir al secretario de Seguridad Nacional? ¿Cómo han respondido Mayorkas y sus aliados? Esto es lo que necesita saber.

¿Por qué los republicanos presionan para destituir a Mayorkas?

Los republicanos de la Cámara de Representantes han tratado durante mucho tiempo de impugnar a Mayorkas por la frontera entre Estados Unidos y México y su gestión de las políticas que rodean a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Los legisladores republicanos han argumentado que el secretario ha permitido deliberadamente que continúe el status quo y no ha utilizado su papel para tomar medidas.

“No hemos abordado este proceso a la ligera. Las acciones del secretario Mayorkas nos han obligado a actuar. No podemos permitir que esta crisis fronteriza continúe”, dijo el representante Mark Green, republicano por Tennessee, presidente del comité, en su declaración de apertura el martes, sosteniendo que Mayorkas se ha negado intencionalmente a hacer cumplir las leyes de inmigración existentes para abordar la frontera. 

Si bien los republicanos de la Cámara de Representantes han acusado a Mayorkas de no actuar según las leyes de inmigración que el país ya tiene en vigor, también están considerando una nueva política fronteriza.

Los legisladores republicanos en la Cámara aprobaron el año pasado un amplio plan fronterizo de línea dura, conocido como HR 2. La legislación despejaría el camino para construir más muros fronterizos y establecería nuevas restricciones para los solicitantes de asilo. Sin embargo, ese proyecto de ley, que fue aprobado siguiendo líneas partidistas, prácticamente ha muerto en el Senado controlado por los demócratas.

¿Cómo han respondido Mayorkas y sus aliados?

Horas antes de la audiencia, Mayorkas envió una carta al comité rechazando las afirmaciones de Green. Argumentó que su departamento ha “proporcionado al Congreso y a su Comité horas de testimonio, miles de documentos, cientos de informes”.

“Sin lugar a dudas, tenemos desacuerdos políticos sobre el tema históricamente divisivo de la inmigración. Ese ha sido el caso entre las administraciones y los miembros del Congreso durante mucho más tiempo que los últimos 83 años desde la última revisión de nuestro sistema de inmigración”, dijo Mayorkas en la carta.

Señaló que en el Senado se están llevando a cabo debates bipartidistas sobre política fronteriza y reforma migratoria, en los que Mayorkas ha participado parcialmente en los últimos meses.

Los demócratas también han criticado a los republicanos por presentar un juicio político contra el secretario por lo que, según ellos, son simplemente diferencias políticas, no delitos graves o faltas menores.

“Ninguno de los cargos de impeachment que el comité considerará hoy es un delito grave o un delito menor”, ​​dijo el representante Bennie Thompson, demócrata por Mississippi, a sus colegas legisladores durante la audiencia del martes, haciendo referencia al estándar para el impeachment establecido en la Constitución. «Ninguna persona seria cree que lo sean».

Y la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional han dicho a menudo que carecen de los recursos y la financiación adecuados para hacer cumplir la ley adecuadamente, poniendo la pelota en el tejado del Congreso.

¿Será impugnado a Mayorkas? ¿Que viene despues?

Los líderes republicanos de la Cámara están recabando apoyo para una votación formal para destituir a Mayorkas. Los republicanos tienen una mayoría muy estrecha en la cámara baja, por lo que no pueden darse el lujo de perder a los legisladores republicanos que se resisten a respaldar públicamente el esfuerzo de juicio político.

El representante Don Bacon, republicano por Nebraska, un miembro clave y vulnerable que anteriormente estaba indeciso sobre la destitución del secretario, dijo a los periodistas el lunes por la noche que ahora apoya los esfuerzos en una buena señal para el liderazgo. 

Pero recuerde, si la Cámara vota a favor de destituir a un funcionario, eso no significa que será destituido inmediatamente de su cargo. Si la cámara baja vota a favor de destituir a un presidente, secretario del gabinete u otro funcionario, esa iniciativa luego pasa al Senado para un juicio. En última instancia, los senadores pueden votar si quieren destituir a una persona de su cargo.

Pero en el caso de Mayorkas, incluso si los artículos del impeachment son aprobados por la Cámara, es extremadamente improbable que sea condenado en un juicio en el Senado, controlado por los demócratas.

La mitad de la población mundial celebrará elecciones este año dado que unos treinta países elegirán a sus presidentes, entre ellos Estados Unidos, Rusia, India, Irán, México, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; y en una veintena se prevén comicios legislativos: sólo en Europa, más de 400 millones de electores de las 27 naciones de la Unión Europea están llamados a sufragar a comienzos de junio para elegir a 720 eurodiputados.

Por: Gastón Calvo – Infobae

Todas estas elecciones se llevarán a cabo en un contexto internacional perturbado por la invasión rusa a Ucrania, la guerra en la Franja de Gaza entre el grupo terrorista Hamas e Israel, y la tensión en el mar Rojo.

En lo que respecta a América Latina, son los comicios en Venezuela los que captan la atención mundial por varios factores, entre los que se destacan la intención de Nicolás Maduro de perpetuarse en el poder y la inhabilitación de su principal oponente, María Corina Machado.

“Venezuela se adentra en un año electoral y el presidente Nicolás Maduro está decidido a no soltar el poder. Sus alianzas criminales, una vez más, jugarán un papel crucial en la supervivencia del régimen chavista”, subraya un detallado informe del think tank InSight Crime, que presentó las 10 dinámicas criminales que marcarán la carrera presidencial en el país caribeño este año.

El reporte subraya que el régimen de Maduro “está cimentado en un sistema de gobernanza híbrida, en el cual redes de crimen organizado reparten rentas ilícitas con funcionarios de alto nivel, al mismo tiempo que ejercen control social y territorial en sus áreas de influencia. A cambio, las estructuras criminales reciben salvoconductos y, en algunos casos, son respaldados por fuerzas del Estado en sus operaciones”.

“La prolongación de Maduro y sus aliados en el poder consolidará aún más este sistema en 2024″, destacó el escrito; al tiempo que recordó que, durante 2023, “el gobierno de turno en Venezuela ejecutó múltiples ‘megaoperaciones’ de mano dura con el objetivo de imponer el orden en medio del fortalecimiento de la delincuencia en el país. En un despliegue altamente propagandístico, las autoridades atacaron prisiones, redes de narcotráfico, bandas urbanas y sindicatos de minería ilegal, entre otros”.

Sin embargo, investigadores, académicos, periodistas y líderes sociales que hablaron con InSight Crime coincidieron en que, aunque el régimen chavista reforzó una narrativa exitosa de las operaciones policiales y militares de gran escala, “estas acciones fueron más un teatro político que un intento real de desestabilizar el crimen organizado en el país. En la práctica, parece que los esfuerzos estatales estuvieron centrados principalmente en perseguir a los grupos criminales adversarios del gobierno y en su regulación de los mercados criminales”, manifestó.

Y siguió: “Mientras tanto, grupos armados híbridos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continuaron coordinando y cooperando con elementos del Estado. Extendieron su influencia sobre la minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas, controlaron el envío de toneladas de cocaína hacia el Caribe, y regularon los movimientos migratorios en la frontera, estuvieron detrás de redes de tráfico de personas y administraron el contrabando”.

“Las elecciones presidenciales de 2024 determinarán el futuro de este Estado híbrido que ha concedido diferentes licencias a grupos armados híbridos y actores estatales que coadministran una empresa criminal prolífica”, destacó InSight Crime, que enumeró 10 “dinámicas criminales”.

1. El Estado híbrido aumentará la represión durante las elecciones presidenciales

El informe recordó que el chavismo y la oposición sellaron un acuerdo en Barbados en octubre del año pasado para celebrar elecciones libres y justas, en medio del levantamiento de algunas sanciones por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el régimen de Maduro ha estado apretando las tuercas contra las voces disidentes y, a finales de enero, se negó a levantar la inhabilidad política de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, violando lo pactado.

Las pasadas elecciones de 2021 fueron opacadas por la violencia y represión estatal, cuando un ciudadano fue asesinado en un centro de votación del estado de Zulia por grupos armados simpatizantes al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Adicionalmente, las elecciones anteriores, incluidas las presidenciales de 2018, nunca recibieron legitimidad internacional debido a la manipulación electoral mecanismos de represión promovidos por el régimen. A mediados de enero de 2024, el gobierno amenazó las actividades de organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país y lanzó el Plan Furia Bolivariana, que da luz verde a las acciones de las fuerzas de seguridad contra elementos disidentes políticos para evitar “conspiraciones” y “ataques terroristas”.

A medida que avance el año -resalta el reporte- es probable que veamos otras formas de coacción electoral, protagonizada por grupos armados híbridos como los colectivos y el ELN, que controlan el suministro de recursos como la gasolina y los alimentos que funcionan para manipular la intención del votante. Pero a pesar de la creciente presión internacional y la amenaza de sanciones, la experiencia previa demuestra que Maduro no dudará en utilizar la violencia política si siente que su continuidad en el Palacio de Miraflores está amenazada.

2. “Megaoperaciones”, relaciones públicas y regulación de las economías criminales

Desde 2022, las fuerzas de seguridad han adoptado despliegues operativos de gran escala como método para perseguir a los principales líderes criminales que se niegan a sumirse a las reglas de juego de Maduro. Sin embargo, las operaciones del 2023 no lograron acabar con los principales líderes criminales que figuran en la lista de los 10 más buscados por el gobierno, entre ellos el líder del Tren del Llano, Óscar de Jesús Noguera Hernández, alias “El Pipi”, o Wilexis Acevedo, alias “Wilexis”, jefe de la banda que domina el barrio José Félix Ribas en la capital Caracas.

Y, aunque informes oficiales sostienen que Deiber Johan González, alias “Carlos Capa”, fue dado de baja durante un operativo, su muerte sigue sin confirmarse. A pesar de los fracasos evidentes, la promoción estatal detrás de los ‘megaoperativos’ ha generado una notable reacción positiva en las redes sociales. Por ende, el régimen de Maduro tendría un interés político en continuar con estas acciones, según explicó a InSight Crime Ezequiel Monsalve, coordinador legal de Defiende Venezuela, una organización defensora de Derechos Humanos.

“La lucha contra la delincuencia siempre será un argumento convincente para ganar seguidores, especialmente en gobiernos populistas”, comentó Monsalve. En el transcurso de este año, a medida que el gobierno busque imponer la conformidad política y reafirmar su autoridad sobre las economías ilícitas, es probable que recurra a las ‘megaoperaciones’ para perseguir a los grupos armado no alienados y regular aún más los mercados criminales, señaló InSight Crime.

3. Proliferación del flujo de drogas a través del Caribe venezolano

El papel de Venezuela como punto de tránsito ha crecido con el aumento de los volúmenes de cargamentos de cocaína que fluyen a través del país hacia el Caribe y principalmente hacia Europa. Entre 2022 y 2023, el país experimentó un fuerte aumento de las incautaciones en su región Oriental. El estado Monagas, ubicado en el nororiente, escaló en el ranking de incautaciones de drogas del país, con más de dos toneladas de cocaína incautadas en 2023, en comparación con solo 17 kilogramos en 2022.

Aunque el gobierno afirma que sus operaciones militares a gran escala demuestran el compromiso de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, el régimen también ha recurrido a los despliegues operativos para afianzar su dominio sobre rutas de narcotráfico. En ese sentido, el aumento de las incautaciones también responde al incremento de la interdicción gubernamental y a la búsqueda de rutas alternativas por parte de redes de narcotraficantes no alineadas con los actores estatales.

InSight Crime espera que en 2024 los ingresos que genera la cocaína aumentarán en miles de millones de dólares a medida que la cadena de suministro mundial se adapte a la creciente producción de Colombia. Venezuela, ahora productor de cocaína además de país de tránsito, probablemente verá un volumen aún mayor de drogas fluir a través de sus estados orientales. Aun así, es probable que las fuerzas de seguridad venezolanas lancen nuevas ‘megaoperaciones’ localizadas en las regiones que vieron envíos de varias toneladas en 2023, con el objetivo de poner estas rutas bajo control estatal.

4. Elementos de las fuerzas de seguridad mal remunerados, una red delictiva más

A finales de 2022, Maduro anunció un programa de reforma policial basado en un reclutamiento masivo. A lo largo de 2023, el gobierno incorporó alrededor de 40.000 nuevos miembros al cuerpo policial, según declaraciones públicas. Los informes sobre la participación de funcionarios de seguridad en extorsiones, robos y trata de personas, entre otros delitos, han sido noticia con regularidad, especialmente en la segunda mitad de 2023.

En el barrio Cota 905 de Caracas, las redes criminales incrustadas en las fuerzas de seguridad llegaron a sustituir a la delincuencia organizada local, según una investigación del medio periodístico Connectas. Venezuela ya venía cargando con problemas para pagar, formar y supervisar a sus fuerzas de seguridad antes de la nueva campaña de reclutamiento.

Los salarios de los funcionarios de seguridad, que se siguen pagando en bolívares a pesar de una dolarización ‘de facto’, comienzan en torno a los USD 14 mensuales, de acuerdo con el monitoreo mediático de InSight Crime y fuentes de seguridad consultadas. Tal es el coste de la vida en Venezuela, que un hogar promedio necesita USD 500 al mes para sobrevivir, de acuerdo con el Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad.

Pero este auge de nuevos reclutas ha hecho que se pongan en peligro las normas mínimas de incorporación y capacitación, según un informe publicado en 2022 por el Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela (MUFLVEN). La combinación de un apresurado proceso de selección y los bajos salarios produjo que la actividad criminal sea cada vez más tentadora para los oficiales de seguridad, dijo a InSight Crime Keymer Ávila, autor del informe y profesor de criminología en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela.

Venezuela es actualmente un Estado policial, pero caótico y fragmentado. El Estado ha perdido el control sobre los funcionarios, que tienen sus propias agendas y necesidades, que satisfacen a discreción y sin límites”, afirmó. El último lote de reclutas de las fuerzas de seguridad venezolanas —unos 16.000 oficiales, según se informa— se graduó el 21 de diciembre de 2023. Si Ávila está en lo cierto, veremos a muchos de ellos involucrados en actividades de crimen organizado a lo largo de 2024.

5. Los migrantes venezolanos buscan rutas alternativas

La diáspora venezolana creció hasta casi 8 millones de personas en 2023, superando todos los registros de años anteriores. Además de los 600.000 migrantes que abandonaron Venezuela el año pasado, muchos huyeron de otras naciones sudamericanas, donde se habían asentado previamente, en busca de nuevos destinos.

Entre octubre y noviembre de 2023, 85.000 migrantes venezolanos fueron arrestados en la frontera sur de Estados Unidos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (Customs and Border Protection-CBP). Para llegar hasta el norte del continente americano, la ruta más frecuentada es la del Tapón del Darién, una peligrosa franja de selva entre Colombia y Panamá donde redes de crimen organizado ejercen el control sobre el paso de personas y la explotación de migrantes. Pero un número creciente también buscó rutas alternativas hacia Estados Unidos. Una de estas rutas lleva a los migrantes en avión desde la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta hasta la isla colombiana de San Andrés y luego por mar hasta las costas de Nicaragua. Esta ruta cubrió los titulares en el segundo semestre de 2023 después de que las autoridades colombianas desmantelaran una sofisticada red de altos funcionarios del Estado que recibían rentas del tráfico de migrantes.

Estas redes se encargan de convencer a los migrantes de que la ruta de San Andrés es más segura que la del Darién para vender paquetes “VIP” más costosos. Los venezolanos no han parado de emigrar, a pesar de que Maduro subió el salario mínimo un 48% este año, un aumento que pronto será consumido por la inflación. En grupos de familias viajan por rutas diversas, adaptándose diferentes obstáculos, ya sean políticas migratorias estrictas o travesías peligrosas, buscando caminos alternativos y nuevos destinos.

En 2024, las redes de tráfico de migrantes seguirán aprovechando esta dinámica, explotando a familias vulnerables, muchas de los cuales se dirigen a Estados Unidos como alternativa a países sudamericanos cada vez más inseguros y hostiles, como Ecuador y Perú, que han acogido a migrantes venezolanos durante años, remarcó el informe.

6. Brasil ofrece una gran oportunidad al Tren de Aragua

Ningún otro grupo delictivo venezolano se ha expandido con tanto éxito a nivel transnacional como el Tren de Aragua, que se aprovechaba del flujo de migrantes venezolanos por toda Sudamérica. Con la pérdida en septiembre de 2023 de Tocorón, la prisión que sirvió como base de operaciones del Tren de Aragua, se desvaneció una parte de la cooperación estatal que gozaba la banda carcelaria en Venezuela. En consecuencia, es posible que sus líderes den prioridad a una mayor expansión en el extranjero, y el vecino Brasil podría ofrecer una gran oportunidad potencial.

La limitada presencia del grupo en Brasil se ha debido en parte al menor número de venezolanos que emigran allí en medio de las dificultades idiomáticas. Sin embargo, esas cifras se han disparado, casi duplicándose entre noviembre de 2021 y 2023 hasta superar el medio millón, según cifras oficiales citadas por R4V. Y aunque Tren de Aragua ha mantenido un perfil más bajo en Brasil, el grupo no es ajeno a este territorio.

El secretario de seguridad de Roraima, un estado brasileño fronterizo con Venezuela, advirtió de que el Tren de Aragua se dedicaba al tráfico de drogas, armas y personas en la ciudad de Pacaraima, en septiembre de 2019. La policía de la ciudad de Boa Vista culpó al grupo de 12 asesinatos en un periodo de seis meses en 2021. También se ha informado que el grupo se ha establecido contactos con el Primer Comando Capital (PCC), la mayor organización delictiva de Brasil. Una alianza de este tipo podría hacer a ambos grupos más fuertes y más difíciles de combatir, según declaró a InSight Crime el profesor de la Universidad Federal de Roraima, Rodrigo Chagas. “El mayor problema es, si el Tren de Aragua se asocia con el PCC, ¿qué aprendería el PCC de ellos y qué aprenden ellos del PCC?”, dijo. Es posible que en 2024 conozcamos la respuesta.

7. El crimen en las cárceles está lejos de desaparecer

A finales de 2023, entre septiembre y noviembre, el régimen de Maduro “tomó el control” de siete cárceles en Venezuela que estaban controladas por grupos de crimen organizado. Desde 2011, el gobierno había cedido el control de varias cárceles a las bandas de presos después de que la violencia intramural alcanzara niveles récord. Los líderes carcelarios, conocidos localmente como ‘pranes’, prometieron controlar la violencia dentro de las cárceles a cambio de poder y privilegios. Como parte de su ofensiva preelectoral contra la delincuencia, el gobierno venezolano decidió atacar el sistema penitenciario dirigido por los pranes.

Sin embargo, según Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), varios de los pranes más poderosos se fugaron antes de las redadas de las fuerzas de seguridad, lo que hizo sospechar que habían recibido una mano estatal. En particular, el líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, huyó de la prisión de Tocorón días antes de que las fuerzas de seguridad tomaran el control.

Maduro ha proclamado que las intervenciones en las prisiones han sido un éxito y ha prometido continuarlas en las demás cárceles del país. Pero las operaciones no han solucionado los problemas subyacentes que llevaron a la evolución del sistema de pranato. Sin dinero estatal para llevar a cabo un cambio real, y con aún más hacinamiento, es probable que las prisiones sigan siendo centros del crimen organizado.

8. El régimen continuará explotando el tráfico de oro en el sur del país

Entre julio y septiembre de 2023, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desalojó por la fuerza a más de 14.000 mineros informales del Parque Nacional Cerro Yapacana, en el estado de Amazonas, al sur de Venezuela. El resultado de esta operación se presentó como una de las medidas más contundentes contra la minería ilegal en la historia reciente del país. Pero lo que parecía un golpe certero contra la minería ilegal en Venezuela resultó ser una campaña mediática más del régimen de Maduro para apaciguar la presión internacional en torno a la destrucción medioambiental de la Amazonia venezolana.

La minería ilegal en la zona no ha cesado, según la directora de SOS OrinocoCristina Burelli, quien afirmó que la operación militar no era más que una cortina de humo. “La gente está subiendo de nuevo al Parque Nacional Yapacana y reportan que la logística sigue igual”, dijo a InSight Crime. “Por eso decimos: esto fue para tomarse una foto, para hacer un anuncio, para hacer un show”.

Mientras Maduro busca aumentar los ingresos provenientes del oro para su economía asfixiada por sanciones internacionales, estructuras criminales como el ELN y el Frente Acacio Medina de la ex FARC mafia, manejan la actividad minera en Amazonas y comparten rentas ilícitas con el Estado. El régimen depende de las ventas de oro, en medio de los altos precios internacionales, y buscará reforzar su control del sector aurífero durante 2024, concluyó el reporte.

9. El gobierno recibe réditos del contrabando

Las autoridades esperaban que la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia en septiembre de 2022 redujera el contrabando y la proliferación de pasos fronterizos ilegales conocidos como “trochas”. De igual manera, apuntaban a que esta medida proporcionara cierta recuperación económica a lo largo de la frontera. Sin embargo, alrededor del 60% de los alimentos que se venden en el país se importan ilegalmente, según el presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios (CEA) de Venezuela.

Este comercio ilegal socava los esfuerzos por reconstruir el sector agrícola venezolano. A finales de octubre de 2023, el gobierno de Maduro lanzó la “Operación Mano de Hierro”, cuyo objetivo era “proteger las industrias nacionales” empleando a los militares para atacar a los contrabandistas. No obstante, los resultados se han limitado hasta ahora a pequeñas incautaciones y golpes insignificantes a las redes de contrabando.

La falta de impacto puede ser intencional. Esta economía ilícita sirve para prevenir la escasez que podría poner en riesgo la popularidad de Maduro entre los votantes durante un año electoral, así como también para pagar favores a políticos locales, fuerzas de seguridad mal pagadas y aliados del gobierno como el ELN.

10. El ELN continuará siendo la clave del control político y fronterizo con Colombia

La política insignia de la “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, que pretende poner fin al conflicto armado interno de Colombia de más de seis décadas de duración, tiene una inmensa relevancia para Venezuela. Mientras el ELN es uno de los principales actores de la iniciativa de paz de Petro, las facciones militares del grupo en Venezuela crecen y se benefician de la connivencia con elementos estatales locales. Tanto así que la organización rebelde de origen colombiano es ahora el actor criminal dominante en ambos lados de la frontera.

Con presencia en 19 de los 20 municipios fronterizos de Venezuela con Colombia, el ELN se ha establecido como el guardián de los corredores transfronterizos por los que transitan a diario cargamentos de drogas, mercancías de contrabando y familias migrantes. Esta ventaja geográfica fue una de las principales razones por las que InSight Crime nombró al grupo el actor criminal más poderoso de la región para 2023.

En años anteriores, el ELN utilizó la violencia contra civiles y otros actores criminales para controlar la región fronteriza. Pero en 2023, las facciones del grupo guerrillero colombiano cambiaron de táctica y se centraron en el control social y político. Con el respaldo implícito del Estado híbrido venezolano, el ELN se ha convertido en una autoridad casi legítima para los residentes de la zona fronteriza venezolana, coordinando visitas médicas, suministrando agua y proporcionando ayuda económica a las comunidades indígenas locales. Esto ha fomentado una impresión positiva entre los residentes, según un líder indígena del estado fronterizo de Zulia que pidió el anonimato por posibles represalias. “Que quede muy claro que la comunidad no rechaza la presencia del ELN en la zona”, dijo a InSight Crime el líder indígena.

La administración de Maduro dependerá del ELN tanto para limitar las acciones y campañas de la oposición como para sostener el flujo de rentas criminales que la guerrilla controla en territorio venezolano. En consecuencia, el control del ELN sobre la frontera entre Colombia y Venezuela se perfila como uno de los aspectos cruciales en el panorama criminal de Venezuela en 2024 y probablemente será un obstáculo en el avance en las conversaciones de paz en curso en Colombia, cerró el informe.

“¿Cómo va a haber elección presidencial en Venezuela sin la participación de la principal líder de oposición? El virus del castrochavismo llegó al embrión de Maduro”: María Andrea Nieto le hace El Control a María Corina Machado, “una rebelde con causa”.

Revista Semana

Este viernes 26 de enero, y luego de un largo silencio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de sentencia de su Sala Político-Administrativa (SPA), declaró «sin lugar” los recursos intentados por María Corina Machado (MCM), ratificándole así la inhabilitación política que por 15 años le había impuesto la Contraloría General de la República (CGR). Los recursos presentados ante el TSJ por la candidata presidencial opositora respondieron al procedimiento acordado por las partes en el marco del Acuerdo de Barbados para así permitir que todos los partidos políticos del país escojan a sus candidatos para las elecciones presidenciales y fomentar la autorización de «todos los candidatos” y partidos para que participen en las elecciones de 2024.

Por: Ramón Cardozo – DW

La decisión del TSJ fue rechazada de inmediato por María Corina Machado, quien advirtió que con esta sentencia «el régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados”. De igual manera se pronunciaron los principales partidos de la oposición democrática, así como varios gobiernos del hemisferio. Uruguay señaló que «la decisión es contraria los Acuerdos de Barbados”. El gobierno de Ecuador también rechazó la inhabilitación, mientras que Argentina lamentó la decisión y mostró preocupación por la situación política de Venezuela. Por su parte, la embajada de EE. UU. señaló que «esta decisión, profundamente preocupante, es contraria a los compromisos asumidos por Maduro y sus representantes, en virtud del acuerdo de la hoja de ruta electoral de Barbados, para permitir que todos los partidos escojan a sus candidatos para las elecciones presidenciales”.

Igualmente, veintinueve exmandatarios de la región y de España, reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), condenaron la inconstitucional inhabilitación de MCM, calificándola como una violación abierta a los Acuerdos de Barbados. En consecuencia, solicitaron a los países garantes del Acuerdo (Noruega, Barbados, Rusia, Países Bajos, Colombia, México y Estados Unidos, e igualmente a Canadá, Reino Unido y la UE) actuar en consecuencia para hacer respetar lo pactado en Barbados.

Para el régimen, la decisión del TSJ es irreversible

Al día siguiente de ser publicada la decisión del TSJ, Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora, exigió en rueda de prensa revertir la sentencia, por haberse violado el procedimiento acordado. Este procedimiento, aclaró Blyde, «significa un juicio, no un juicio sumario, no un paredón». Similares reclamos en cuanto al procedimiento utilizado por el régimen de Maduro para revisar las inhabilitaciones fueron expresados por la embajada de EE.UU. para Venezuela: «El proceso de reincorporación carecía de elementos básicos, ya que Machado no recibió ni una copia de las acusaciones en su contra ni tuvo la oportunidad de responder a esas acusaciones”.

La exigencia de Blyde fue respondida de forma inmediata por el régimen, por boca de Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda y miembro de la delegación oficialista. Rodríguez sentenció que «las inhabilitaciones son ya cosa juzgada en Venezuela, y no hay nada que debatir”, advirtiendo a continuación que en Venezuela existe un Estado de derecho y «que ningún país del mundo permitiría participar en un proceso electoral a alguien que convoque a golpes de Estado, sea partícipe de intentos de magnicidios y haya solicitado sanciones contra su propio país”.

Falta de autonomía de los poderes públicos

Contrario a lo que señala Héctor Rodríguez, desde hace muchos años la situación del Estado de derecho en Venezuela ha sido objeto de profunda preocupación y críticas por parte de diversas organizaciones internacionales y expertos en derechos humanos. El Índice 2023 del Proyecto de Justicia Mundial (WJP por las siglas de su nombre en inglés, World Justice Project) coloca a Venezuela con una puntuación de 0.26/1.00 en el último puesto de los 142 países del mundo que son evaluados por esta organización.

Uno de componentes del índice WJP donde sale peor evaluada Venezuela es precisamente la independencia de los poderes públicos. La falta de autonomía del sistema de justicia venezolano ha llegado a tal punto que la Corte Penal Internacional tuvo que asumir en 2021 la investigación de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017 por autoridades y funcionarios públicos.

La falta de independencia de los poderes públicos venezolanos ha sido determinante en el caso de la inhabilitación de MCM. La CGR, actuando de forma subordinada a los intereses del Ejecutivo, inhabilitó de forma inconstitucional y arbitraria a Machado, tal como ha sido señalado por diversos juristas venezolanos: MCM nunca fue notificada de la medida; no tuvo derecho a la defensa; nunca recibió, ni administró fondos públicos; y, finalmente, nunca estuvo sujeta a sentencia penal firme, requisito exigido por la Constitución para ser objeto de este tipo de medida.

En el marco de los Acuerdos de Barbados, se esperaba que las medidas arbitrarias de inhabilitación dictadas por la CGR contra dirigentes opositores para impedirles participar en las elecciones iban a ser revisadas y retiradas. No obstante, esto no ocurrió así en el caso de María Corina Machado. El TSJ, bajo las órdenes del Ejecutivo, no solo convalidó el acto inconstitucional de la CGR sino que, al igual que el organismo contralor, el máximo tribunal de Venezuela dejó también en situación de indefensión a MCM.

Decisión sobre el fondo sin que haya habido un juicio

Alí Daniels, reconocido jurista y cofundador de la ONG Acceso a la Justicia, destaca que en la sentencia del TSJ sobre el caso de María Corina Machado, de la cual solo se conoce la ficha, los magistrados de la Sala Político-Administrativa no solo declararon «Improcedente” la acción de amparo cautelar, sino que también sentenciaron «sin lugar” la demanda de reclamación contra las vías de hecho en las que incurrió la CGR. De tal manera que los magistrados decidieron sobre el fondo del juicio sin que hubiera tenido lugar un juicio propiamente dicho y, en consecuencia, dejaron a Machado en situación de indefensión. Según señala Daniels, la única opción extraordinaria que le queda a Machado sería un recurso de revisión ante la Sala Constitucional del TSJ. Considerando los antecedentes del caso, los abogados de María Corina Machado tendrán que evaluar si vale la pena o no recurrir a esta instancia. 

Los argumentos que sirvieron de fundamento a los magistrados de la Sala Político-Administrativa (SPA) para dictar su sentencia, de acuerdo con lo que puede deducirse de la ficha de la sentencia publicada por el TSJ, solo tomaron en consideración las acusaciones expuestas en la Resolución de la Contraloría General de la República (CGR) de fecha del 16 de septiembre de 2021. En dicha resolución, se le imputa a María Corina Machado, entre otras cosas, haber participado en la trama de corrupción orquestada por Juan Guaidó; propiciar la entrega de las empresas Citgo Holding, INC, Citgo Petroleum Corporation y Crystallex; promover la quiebra de Monómeros Colombo Venezolanos, S.A; estar involucrada en el secuestro y robo de treinta y una (31) toneladas de oro venezolano; solicitar la aplicación de sanciones y bloqueo económico que generaron daños en la salud venezolana, incluida la imposibilidad de adquirir medicamentos antirretrovirales para más de 60 mil pacientes de VIH-SIDA, así como la falta de acceso a vacunas para niños y adolescentes.

Todas estas acusaciones descabelladas y sin ningún tipo de fundamento son, a juicio del reconocido jurista venezolano Allan Brewer Carías, «un burdo intento de achacar a María Corina Machado todos los efectos destructivos del Estado depredador, causados por el propio gobierno”, con la única finalidad de cerrarle el paso de forma arbitraria a la candidata presidencial que en estos momentos cuenta con el mayor arrastre popular en el país.

Las intenciones del régimen de Maduro

Llama la atención que, mientras TSJ mantuvo un prolongado silencio sobre las inhabilitaciones, los principales voceros del régimen anticipaban que se mantendría la inhabilitación de MCM. Desde que Machado ganó las elecciones primarias de la oposición, Diosdado Cabello señaló en múltiples ocasiones que «bajo ninguna circunstancia” sería candidata presidencial en 2024. Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, y jefe de la delegación del gobierno en las reuniones de Barbados, aseguró el pasado 25 de enero, dos días antes de darse a conocer la sentencia, que «no hay forma de que esta mujer sea candidata a ninguna elección en la República Bolivariana de Venezuela”.

Por otro lado, resulta paradójico que en momentos en donde supuestamente debían implementarse los acuerdos de Barbados para procurar una salida pacífica a la crisis del país, Nicolás Maduro haya ordenado activar en todo el país la «Furia Bolivariana” el 18 de enero pasado. Este plan ha desatado una nueva ola represiva, especialmente dirigida contra los equipos de campaña de MCM.

Este conjunto de comportamientos y la manera tan irregular con la que los magistrados del TSJ llevaron a cabo el proceso de revisión de las inhabilitaciones dan a entender que entre los altos jerarcas del régimen de Nicolás Maduro nunca hubo la intención real de permitir que se le retirara la inhabilitación a María Corina Machado y, por ende, de cumplir con lo acordado en Barbados.

A esta conclusión llega también la Secretaría General de la OEA en su comunicado fechado el 28.01.2024 donde se señala que «las acciones recientes de la dictadura venezolana de enjuiciamiento y prisión política de opositores, especialmente aquellos vinculados al liderazgo opositor mayoritario, ya dejaron en claro que la dictadura no tenía ninguna intención de permitir la realización de elecciones limpias y transparentes. Los claros objetivos de persecución política expuestos se vieron reafirmados con la ratificación de la inhabilitación de la candidata ganadora de las primarias y quien va primera en las encuestas, María Corina Machado”.

Transparencia Internacional, la primera y mayor organización de lucha contra la corrupción a nivel global, dio a conocer este martes (30.01.2022) su anual Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), mediante el cual muestra el impacto de este flagelo en el sector público de 180 países y territorios, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy «limpios»).

DW

En su edición para 2023, el índice revela que la mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público.

En América Latina, Uruguay y Chile resultaron los países mejor ubicados, con 73 y 66 puntos respectivamente, es decir, percibidos como con poco nivel de corrupción.

En el otro extremo se ubican Nicaragua y Haití (con 17 puntos) y Venezuela (con apenas 13 puntos), percibidos como muy corruptos.

DW entrevistó a Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas de Transparencia Internacional, sobre las causas y perspectivas en torno a la lucha contra la corrupción en la región.

DW: ¿Cómo definiría el estado actual del continente en relación con la lucha contra la corrupción?

Luciana Torchiaro: Lamentablemente la región se encuentra estancada en la lucha contra la corrupción. Este año la región obtiene otra vez, por quinto año consecutivo, un promedio de 43 sobre 100 puntos posibles -en donde 100 es considerado lo más limpio y cero, lo más corrupto-.

Pero no solo eso: en los últimos años solo dos países de 32, Guyana y República Dominicana, muestran avances significativos en la lucha contra la corrupción. Todos los demás están estancados o han empeorado. La corrupción está carcomiendo a la región.

Para revertir la situación hay que identificar las causas: ¿cuáles son las principales?

Hay muchas, pero yo nombraría en primer lugar la concentración del poder en los Ejecutivos y el crecimiento del autoritarismo en ciertos países, como El Salvador, Venezuela y Nicaragua.

Hay otro motivo fundamental, y es la falta de independencia del poder judicial, que es el que debe garantizar la implementación de la ley de manera imparcial. Cuando este poder está debilitado, no solo no controla a los otros poderes del Estado, sino que se empieza a transformar en una maquinaria que responde a intereses particulares y no a los del común de la sociedad.

Y otro factor, que también explica el avance de la corrupción, es la vulneración a derechos fundamentales, como el derecho al acceso a la información, la libertad de prensa, de asociación y de expresión. Esto particularmente lo vemos en Honduras, Guatemala y El Salvador.

Y consecuencia directa de esta situación es la impunidad.

Así es, cuando el poder judicial es débil, no hay voces por otro lado que denuncian y las que hay, son silenciadas, lo que tenemos es impunidad. Y esto hace que la gente confíe cada vez menos en las instituciones públicas, estas son percibidas cada vez como más corruptas, y a su vez, esta situación de desesperanza da lugar al crecimiento de los populismos.

¿Hay razones específicas que explican la situación en los países que según el índice más han retrocedido en materia de lucha contra la corrupción?

Tenemos el caso de Guatemala, que es un país que en los últimos años ha vivido una consolidación del autoritarismo, en donde una elite política y económica ha cooptado las instituciones del Estado, desmantelando los mecanismos anticorrupción y al propio poder judicial. Ahora hay un nuevo presidente que tiene la tarea de refundar esas instituciones que están absolutamente dañadas.

Y también Argentina presenta un descenso significativo. El país tiene problemas estructurales. En el área de compras y contrataciones podría ser mucho más transparente de lo que es, y los niveles de integridad de la política son bastante deficientes. El país presenta los mismos desafíos que muchos otros de la región, en una sociedad que está bastante cansada ya de la corrupción.

¿Cómo logran los países mejor ubicados en el índice lo que tantos países del continente no logran? ¿En dónde reside la gran diferencia?

Los que mejor están son tradicionalmente los mismos: Uruguay, Chile y Costa Rica. Yo creo que hay una voluntad política, por un lado, y hay un consenso en las sociedades acerca de lo que está bien y lo que no. Además, tienen instituciones democráticas muchísimo más sólidas que los demás.

A pesar de todo, la corrupción se suele asociar con algo abstracto.

Sí, tenemos que desterrar esta idea porque todos estamos afectados por la corrupción en nuestra vida cotidiana. Si la educación no es de buena calidad, si el servicio de salud no es bueno porque hubo una malversación fondos, porque no se compraron los medicamentos en buen estado, eso nos afecta a todos.

También es una fuente de inseguridad, porque este entrecruzamiento que hoy existe en la región entre grupos criminales y funcionarios públicos claramente alimenta la violencia y esto nos afecta a todos.

¿Y cuáles son las perspectivas a futuro si las cosas siguieran así?

Si todo siguiera así, bueno, es un futuro muy negro… Si las cosas no cambian en la región, vamos a tener sociedades más violentas, más desiguales, y los índices de pobreza probablemente también van a aumentar.

¿Está en un momento decisivo el continente?

Estamos actualmente en un momento decisivo porque estamos viviendo un super ciclo electoral, que comenzó el año pasado y que sigue este año, y la instalación de nuevos gobiernos nos abre oportunidades para poder poner en la agenda política nuevas prioridades: estamos en un momento crucial para avanzar en esta agenda.

La reciente amenaza de EEUU de renovar las sanciones ha tenido un impacto significativo en el precio de los bonos venezolanos, lo que ha despertado cierta preocupación entre los inversores, informa Bloomberg.

Banca y Negocios

Para entrar en contexto, EEUU ha advertido de que podría volver a imponer sanciones a Venezuela si el gobierno sigue impidiendo que los candidatos de la oposición se presenten a las elecciones de este año.

Esa alarma, evidentemente, provocó que el mercado de los bonos venezolanos viviera su peor jornada de ventas desde el inicio de la pandemia.

El precio de los bonos del gobierno de Venezuela con vencimiento en 2027 bajó 2,2 centavos de dólar hasta los 19,2 centavos, la mayor caída desde marzo de 2020, según operadores y datos de precios indicativos recopilados por Bloomberg. Asimismo, los bonos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA, con vencimiento en 2026, cayeron un centavo.

Funcionarios de EEUU dijeron ayer lunes que el gobierno de Biden podría reimponer sanciones petroleras a Venezuela luego de que expire una excepción de seis meses en abril, si es que el gobierno mantiene la prohibición impuesta la semana pasada a la candidata opositora María Corina Machado.

El Departamento de Estado había dicho durante el fin de semana que el incumplimiento por parte del presidente Nicolás Maduro de su promesa de celebrar elecciones abiertas provocaría una reconsideración.

Fecha desfavorable para los inversores

Para los inversores que habían estado acumulando deuda cuando el gobierno de Maduro comenzó a recuperar su posición con Washington, no podría haber llegado en peor momento.

JPMorgan Chase & CO. tenía programado decidir antes del 31 de enero si aumentaba la ponderación del país en los índices que son ampliamente seguidos por los administradores de dinero para tomar decisiones de inversión. Actualmente, la ponderación es cero.

Según Francesco Marani, responsable de negociación de la empresa de inversión Auriga Global Investors, con sede en Madrid, existe la posibilidad de que el riesgo de sanciones afecte a la decisión de JPMorgan

Los bonos vendidos por el gobierno y PDVSA han estado en default desde 2017. Pero los inversores habían estado comprando la deuda desde que el gobierno de Biden alivió varias sanciones el año pasado, incluido el levantamiento de una prohibición estadounidense de negociar en el mercado secundario. 

Marani dijo que ve «una probabilidad muy baja de reimponer la prohibición de negociación». 

Si JPMorgan decide aumentar la ponderación de Venezuela, podría dar lugar a una fuerte demanda de bonos por un valor de mercado de hasta 1.500 millones de dólares, según escribió Simon Waever, responsable global de estrategia de crédito de mercados emergentes de Morgan Stanley, en una nota de noviembre. 

La revisión de las sanciones aumenta las posibilidades de que JPMorgan posponga la decisión retrasando el periodo de evaluación, dijo Carlos de Sousa, inversor de Vontobel Asset Management en Zurich.

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