Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Hagamos Catarsis.

Las empresas no fracasan por cometer errores. Fracasan porque insisten en ellos. El problema no es una mala decisión aislada, sino la negativa a reconocer que se tomó. En el mundo empresarial de hoy en día y en cualquier parte del mundo, donde la velocidad y la adaptabilidad definen la ventaja competitiva, donde también la IA está a pasos galopantes tomando espacios ya ocupados, no hay mayor riesgo que sostener estrategias obsoletas bajo la ilusión de que, con el tiempo, terminarán funcionando. Persistir en un modelo que ya ha demostrado sus fallas no es resiliencia; es una forma de desgaste financiero y estratégico que, con cada día que pasa, erosiona la rentabilidad, el posicionamiento y la confianza de los inversionistas.

La gerencia se hace obsoleta, pero a la final, esta capacidad de obsolescencia viene más bien por la manera miope del recurso humano en enfrascarse en lo viejo, caduco y en la novela constante en defensa diaria del sufrimiento empresarial. Ellos creen que mantener la novela, les permite mantener un punto valido a favor que les da una “fortaleza e integridad” necesaria para obtener retornos en cualquier aspecto que se aplique.

El mercado no premia la terquedad, sino la capacidad de ajuste. Clientes y proveedores se desgastan con esta terquedad y por ende, el producto o el servicio ofrecido es paupérrimo, de bajo estándar y vacío en sí mismo por definición.

Empresas enteras han desaparecido no porque carecieran de recursos o talento, sino porque se aferraron a estructuras que dejaron de ser viables. La negación del error crea un espejismo de control que impide a las organizaciones ver la realidad con claridad. Se generan discursos internos que justifican la inacción, se buscan factores externos para desviar la responsabilidad y se construye una narrativa en la que la falta de resultados se convierte en una anomalía temporal en lugar de una alerta crítica. 

El problema es que el mercado no espera. Mientras más tiempo se tarde en aceptar que una estrategia es incorrecta, más costosa será la corrección y menor será la capacidad de reacción. Esta “acción” genera una “reacción” y por ende se deja colar el principio hermético de “como es adentro es afuera” y se devela ante el usuario, lo inefable, la verdad que entre otras cosas denotan falta de visión y profesionalismo.

Lo que realmente paraliza a las organizaciones no es la falta de información, sino el ego corporativo. Muchas empresas caen en la trampa de asumir que su éxito pasado es garantía de estabilidad futura, que su modelo es infalible y que cualquier ajuste representa una traición a su identidad. Pero el mercado no tiene memoria, solo responde a la eficiencia del presente. Empresas que fueron referentes en su industria han visto desaparecer su relevancia porque confundieron tradición con ventaja competitiva, porque convirtieron su modelo en un dogma y porque insistieron en estrategias que el entorno ya no validaba.

“Como es arriba es abajo” otro principio hermético que demuestra que la falta de visión de los patrocinadores de cambio en la empresa son los que orquestan y permean hacia los empleados, este camino empedrado de malas decisiones y acciones en la defensa de lo que no existe.

La clave no es evitar errores, sino construir un sistema en el que se detecten con rapidez y se corrijan con precisión. La flexibilidad estratégica no es un lujo, sino un requisito para la supervivencia. Las compañías más exitosas no son las que nunca se equivocan, sino las que han diseñado procesos para identificar con agilidad lo que no está funcionando y cambiar de rumbo antes de que el costo del error se vuelva insostenible. Para lograrlo, las empresas deben eliminar las barreras que impiden el ajuste. La primera es la cultura del ego, esa tendencia a interpretar cualquier cambio como una señal de debilidad en lugar de como una muestra de inteligencia. La segunda es la rigidez estructural, que convierte las decisiones estratégicas en procesos burocráticos incapaces de responder a tiempo. Y la tercera es la narrativa de justificación, que transforma los fracasos en historias convincentes que explican por qué la empresa no necesita cambiar.

La adaptabilidad no es una cuestión de estrategia, sino de mentalidad. El liderazgo efectivo no se mide por la cantidad de decisiones correctas, sino por la capacidad de reconocer las incorrectas y corregirlas sin demora. No hay mérito en sostener una visión que los hechos han invalidado. El verdadero liderazgo es el que sabe desaprender con la misma rapidez con la que aprende, el que entiende que la lealtad a una estrategia debe estar siempre supeditada a su efectividad y el que no confunde convicción con terquedad. En un entorno donde la innovación redefine mercados en cuestión de meses y donde la disrupción es la norma, la rigidez es una sentencia de obsolescencia.

La pregunta no es cuántos errores ha cometido una empresa, sino cuánto tiempo ha tardado en corregirlos. 

La diferencia entre las compañías que prosperan y las que desaparecen no está en su capacidad de prever el futuro, sino en su habilidad para ajustar su presente, en vivir realmente lo absoluto del hoy para poder construir un mañana mejor. 

En los negocios, el costo del error no está en cometerlo, sino en negarlo. Y mientras más alto sea el costo de esa negación, más corto será el tiempo que le queda a la empresa antes de que su relevancia se convierta en parte del pasado.

Rafael Egáñez Anderson

Mientras el presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin señalan que están preparados para iniciar negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, China está presionando para desempeñar un papel.

The Wall Street Journal

En las últimas semanas, funcionarios chinos han presentado una propuesta al equipo de Trump a través de intermediarios para celebrar una cumbre entre los dos líderes y facilitar los esfuerzos de mantenimiento de la paz después de una eventual tregua, según personas en Beijing y Washington familiarizadas con el asunto.

Sin embargo, la oferta ha sido recibida con escepticismo en Estados Unidos y Europa, dada la profunda preocupación por los vínculos cada vez más estrechos entre Pekín y Moscú.

El miércoles, Trump dijo que había hablado directamente con Putin para resolver el conflicto. En una publicación en Truth Social, Trump dijo que había tenido una “llamada telefónica prolongada y altamente productiva” con Putin y que ambos líderes acordaron visitar sus respectivos países e iniciar conversaciones inmediatas para poner fin a la guerra en Ucrania. “Creo que este esfuerzo conducirá a una conclusión exitosa, ¡espero que pronto!”, escribió.

Trump dijo más tarde a los periodistas en la Oficina Oval que él y Putin «probablemente también se reunirán en Arabia Saudita por primera vez», aunque no especificó cuándo .

Según fuentes de Pekín y Washington, la propuesta china prevé, en particular, una cumbre entre Estados Unidos y Rusia sin la participación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky . La perspectiva de que Estados Unidos negocie el futuro de Ucrania y de la seguridad europea con Rusia y China es contraria a la promesa de larga data de Occidente de incluir a Ucrania en cualquier negociación para decidir su futuro.

La Casa Blanca se negó a confirmar si había recibido la oferta de China, pero aun así la rechazó. «No es viable en absoluto», dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Cuando se le preguntó sobre la propuesta, el portavoz de la embajada china en Washington dijo que no estaba al tanto de ella y agregó: «Esperamos que las partes trabajen para reducir la escalada y se esfuercen por lograr un acuerdo político».

Trump había dicho que su objetivo era poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia en sus primeras 24 horas como presidente. Ahora, el gobierno dice que lo hará en sus primeros 100 días.

Los funcionarios estadounidenses atribuyeron el retraso al apoyo de China a Rusia, que ha permitido a Moscú seguir luchando y resistir la presión internacional para un alto el fuego. Los esfuerzos bélicos de Rusia también han recibido el respaldo de Irán y Corea del Norte.

El vicepresidente J. D. Vance , el enviado especial de Trump para Rusia y Ucrania, el teniente general retirado Keith Kellogg y una serie de altos funcionarios estadounidenses se dirigen a Europa esta semana para discutir el conflicto con los líderes de allí. Vance tiene previsto pronunciar un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich el viernes, que se espera sea el primer esbozo público de la posición de Estados Unidos para las negociaciones, según dijeron funcionarios de la administración.

Dos altos funcionarios europeos dijeron que Kellogg ha dicho a los diplomáticos europeos que su objetivo es presentarle a Trump opciones para poner fin a la guerra lo antes posible.

La invasión rusa de Ucrania ha causado cientos de miles de bajas militares y civiles . Rusia ha mostrado poca disposición a poner fin a los combates, que avanzan de forma lenta pero constante en el campo de batalla. Los funcionarios rusos reiteraron esta semana que la guerra continuará hasta que se cumplan todos los objetivos de Moscú, incluidas nuevas conquistas territoriales y el surgimiento de una Ucrania neutral y militarmente débil.

China podría estar incitando a los tibetanos y uigures en Suiza a espiar a sus propias comunidades y ejercer presión sobre ellas, concluyó el miércoles un informe del gobierno suizo.

AFP

Los miembros de los dos grupos minoritarios chinos están sujetos a una “represión transnacional”, afirma el informe.

Además de incitar a los tibetanos y uigures a espiar a sus compañeros en Suiza, “también hay indicios de que personas políticamente activas son observadas, fotografiadas y filmadas sistemáticamente”, afirma un comunicado del gobierno suizo.

“Hay indicios de ciberataques y vigilancia de las comunicaciones, que podrían apuntar también a ciudadanos suizos políticamente activos en apoyo de las comunidades tibetana y uigur”.

Las conclusiones del gobierno suizo se basan en un estudio de la Universidad de Basilea encargado por los Ministerios de Justicia y Migración.

El informe señala que, si bien las consecuencias de la represión transnacional no son tan fácilmente identificables como las del terrorismo, por ejemplo, “representan una amenaza considerable a la soberanía de Suiza a largo plazo”.

Agregó que el fenómeno también “está destinado a aumentar” bajo los efectos combinados del avance de la tecnología digital y la cooperación cada vez más estrecha entre estados autoritarios.

Según el informe, China no es el único país que persigue a las comunidades diásporicas. “Según los hallazgos actuales, además de China, otros países como Rusia, Irán y Turquía también son perpetradores”, afirma.

El informe señala que un “objetivo principal” de Beijing era disuadir a los tibetanos y uigures en Suiza de participar en actividades políticas, en particular mediante ciberataques.

El informe afirma que los servicios de inteligencia chinos monitorearon las manifestaciones organizadas por la diáspora tibetana.

“Sus agentes operan bajo cobertura diplomática o se hacen pasar por periodistas, turistas o estudiantes”, añadió.

“El hecho de que las personas se sientan constantemente vigiladas y sujetas a diversas formas de acoso mantiene un clima de temor y restringe el ejercicio de sus derechos fundamentales”.

Las autoridades deben ser sensibilizadas

En su informe, el Consejo Federal suizo describe las medidas que las autoridades suizas ya están implementando a nivel nacional e internacional para protegerse contra la represión transnacional.

Recomienda examinar una serie de medidas adicionales en materia de prevención, coordinación y sensibilización. El objetivo es aclarar responsabilidades, mejorar la comunicación entre los actores y revisar la eficacia de los instrumentos y medios existentes para abordar la represión transnacional.

Además, se debe sensibilizar a todos los organismos a nivel federal, cantonal y municipal que puedan estar involucrados en la represión transnacional para que puedan identificar dichas actividades y responder a ellas adecuadamente.

Para preparar el informe, se creó un grupo de trabajo interdepartamental: se encargó al Instituto Europeo de la Universidad de Basilea que preparara un informe de investigación sobre las formas reales y percibidas de presión sobre los pueblos tibetano y uigur en Suiza. Además, el Instituto Suizo de Derecho Comparado realizó un estudio sobre cómo otros estados con influencia occidental afrontan la represión transnacional en su territorio.

Señala además que otros estados de orientación occidental también están abordando la cuestión de la represión transnacional y muestra qué medidas están implementando en este ámbito y qué estrategias están siguiendo.

La semana pasada, el presidente Donald Trump sancionó a la Corte Penal Internacional (CPI) y a sus jueces por su persecución prejuiciosa de Israel. Como era de esperar, la acción de Trump ha provocado histeria entre los líderes y comentaristas progresistas del mundo. ¡Qué bostezo! Ya hemos pasado por esto antes. 

Por: Francis Pike – TCW

En diciembre de 2019, la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, una abogada gambiana musulmana, inició una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel y Hamás en Palestina. La investigación se centró en la guerra entre Israel y Palestina de 2014, que siguió al secuestro y asesinato de tres jóvenes israelíes. Por su ataque a Israel, Bensouda fue sancionada por Trump.

El sucesor de Bensouda, Karim Khan, también musulmán, fue un paso más allá. En mayo de 2024, Khan presentó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra presuntamente cometidos a partir del 8 de octubre de 2023, un día después de que terroristas de Hamás invadieran Israel, mataran a 1.195 civiles israelíes y tomaran 251 rehenes. Khan no fue sancionado por el entonces presidente Joe Biden. 

Los apologistas de la CPI sugieren que el tribunal demostró su imparcialidad al emitir simultáneamente órdenes de arresto contra los dirigentes de Hamás. De ese modo, la CPI insinuó vergonzosamente una equivalencia moral entre las acciones de una organización terrorista designada, Hamás, y las de la única democracia funcional de Oriente Medio, Israel. ¿En serio? ¿Y la CPI espera que la tomen en serio? 

Incluso Biden, que necesitaba protegerse del apoyo de los demócratas a Israel debido a las facciones antisemitas de extrema izquierda de su partido, respondió declarando: “Independientemente de lo que pueda insinuar la CPI, no hay equivalencia –ninguna– entre Israel y Hamás”.

La investigación en sí misma es problemática desde el punto de vista jurídico. Israel no es parte del Estatuto de Roma (1998), que estableció la CPI. La razón por la que la CPI reclama autoridad legal sobre países que no han firmado su Carta sigue siendo un misterio. No es una afirmación lógica.  

La dudosa lógica de poder investigar a países no signatarios de la CPI fue resumida por el ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, cuando dijo que la CPI «amenaza inaceptablemente la soberanía estadounidense y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, [porque el fiscal] reclama una discreción esencialmente ilimitada para investigar, acusar y procesar a individuos, independientemente de si sus países se han adherido al Estatuto de Roma».

El resumen de Bolton expone el problema de «legitimidad» de la CPI. A partir de enero de 2025, la CPI está integrada por 125 Estados miembros, pero sólo 96 de ellos han ratificado el Estatuto de Roma. Otros 41 Estados siguen totalmente fuera de la CPI. Los cinco países más poblados del mundo, que representan casi el 50 por ciento de la población mundial, no son miembros de la CPI (India, China, Estados Unidos, Indonesia y Pakistán), ni tampoco Rusia.

El sesgo antijudío del establishment jurídico internacional refleja no sólo sus inclinaciones socialistas –nunca he conocido a un experto en derecho internacional que no sea socialista– sino también la preponderancia de la representación musulmana. Esto no es sorprendente, dado que hay 53 países musulmanes y 1.900 millones de musulmanes frente a Israel y sólo 15 millones de judíos. 

¿Quiénes son, entonces, los fiscales de la CPI que iniciaron estas órdenes de arresto cuestionables? Fatou Bensouda, hija de un terrateniente y empresario de lucha libre, proviene de una familia gambiana bien relacionada. Se podría haber pensado que el hecho de que sea musulmana la haría inelegible para actuar en un caso que involucra a Israel. ¿No consideró Bensouda que sería apropiado recusarse? 

También cabe preguntarse por qué la Asamblea de Estados Partes de la CPI, responsable de la gobernanza de la corte, permitió a Bensouda participar en la investigación de Israel a pesar de sus conflictos de intereses. Su sucesor, Karim Khan, un jurista británico, también está comprometido por su fe musulmana. 

El hecho de que se haya permitido a fiscales musulmanes dirigir procesos contra Israel es, en el mejor de los casos, una señal de fracaso de la gobernanza de la CPI y, en el peor, de un sesgo religioso y político. En este sentido, la Asamblea de la CPI ha fracasado de forma singular. 

Bensouda, que actualmente es la Alta Comisionada de Gambia en el Reino Unido, ha ocupado muchos cargos importantes. Trabajó durante siete años al dictador militar Yahya Jammeh, dos de ellos como ministra de Justicia. Jammeh, que era decididamente antiisraelí, dijo en una ocasión que «el apartheid estaba en Sudáfrica; ahora se ha trasladado a Palestina». Cabe destacar que Bensouda no hizo nada para frenar a un dictador brutal que suprimía la libertad de expresión y era sospechoso de haber asesinado a sus oponentes. Entre sus opiniones figuraba la de que el sida podía curarse con su mezcla de hierbas y que «permitir la homosexualidad significa permitir los ritos satánicos». 

Con un historial de lealtad hacia un dictador conocido, considerado como tal incluso por muchos de sus líderes africanos contemporáneos, es sorprendente que a Bensouda se le permitiera acercarse a un tribunal internacional. No es de extrañar que el presidente Trump la sancionara. A ella y a sus acólitos se les negaron las visas para entrar en Estados Unidos. 

La idoneidad de Karim Khan para el cargo de fiscal de la CPI es igualmente cuestionable. Sus acusaciones contra Israel por utilizar «el hambre como método de guerra» parecen no tener en cuenta el esfuerzo que Israel hizo para pagar y entregar alimentos a Gaza. No sólo era una tarea logísticamente difícil, sino que Netanyahu y Gallant debían de saber que Hamás estaba secuestrando los envíos humanitarios para venderlos en el mercado negro y así ayudar a financiar armas y municiones que se utilizarían contra los soldados israelíes. Karim Khan ha negado las acusaciones de que había manoseado a una colega .

Para muchos antiamericanos en Europa y África, la mitigación de su debilidad económica y política ha sido tratar de cooptar a Estados Unidos para formar un «gobierno mundial»; han intentado sobornar a Estados Unidos para que se una a instituciones multinacionales como la CPI.

Europa, pigmea militar a pesar de su riqueza colectiva, carece de un poder mundial creíble. No sorprende, por tanto, que a pesar del papel de Estados Unidos en la creación de las condiciones para la paz y la prosperidad de posguerra, los dirigentes europeos hayan intentado vincular al leviatán estadounidense a los códigos y acuerdos jurídicos internacionales. Es un plan que ha sido intensamente promovido por Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial, instigador de su Gran Iniciativa de Rediseño de 2008 , que parecía prever un mundo gobernado por abogados, tecnócratas y grandes empresas.

Perversamente, fueron los Estados Unidos los que sentaron las bases de un sistema jurídico internacional en los días felices que siguieron a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Un corolario natural del deseo estadounidense de que las Naciones Unidas (ONU) actuaran como una federación gobernante mundial era que el derecho internacional fuera uno de sus principales componentes; la ONU todavía se describe a sí misma como una «asociación mundial de gobiernos que facilitan la cooperación en materia de derecho internacional».

La codificación del derecho internacional se puso en marcha con la creación de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) bajo los auspicios de la oficina de la ONU en Ginebra en 1947. Ese mismo año se creó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para arbitrar entre naciones; el presidente actual es otro musulmán, Nawaf Abdallah Salim Salam, que es el primer ministro designado del Líbano. La creación de la CPI en 1998 completó esta verdadera hidra de burocracias jurídicas. 

Al decidir procesar a ambas partes en las guerras entre israelíes y palestinos, la CPI viola su propia Carta. La zona de Palestina de la que forma parte Gaza no es un país. Aunque el reconocimiento del Estado de Palestina, proclamado por primera vez por la Organización para la Liberación de Palestina en 1988, cuenta con el apoyo de 146 de los 193 miembros de las Naciones Unidas, su solicitud de reconocimiento como Estado ha sido bloqueada sistemáticamente. 

Les guste o no, Palestina, aunque sea considerada Estado Parte por la CPI, no está constituida como Estado soberano según las definiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Como ni Israel ni Palestina son partes legítimas del Estatuto de Roma, cualquier investigación realizada bajo su jurisdicción debería considerarse, lógicamente, nula y sin valor. 

Según este criterio, la CPI y sus homólogos legales, en gran medida burocracias socialistas de élite autoproclamadas, fracasan como árbitros creíbles de la justicia. Es evidente, además, que la credibilidad de la CPI está fatalmente socavada por la preponderancia de sus fiscales musulmanes y su intimidación a Israel. En resumen, se puede decir que la CPI es racista e institucionalmente corrupta. Debería ser abolida.

Para este nuevo mandato presidencial, que va de 2025 a 2031, Nicolás Maduro hizo una promesa que preocupa a la sociedad civil venezolana: adelantar una reforma constitucional que, se estima, conduciría a la consolidación de lo que el chavismo llama Estado Comunal: una especie de copia exacta de la Constitución cubana, pero mezclada con ingredientes nicaragüenses.

El Nacional

Hace un mes, durante su mensaje anual, Maduro designó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, como presidente de la comisión encargada de diseñar la propuesta de reforma de la carta magna, calificada por el mismo Maduro como “poderosa”.

Esta sería la segunda vez que el chavismo trata de reformar la Constitución de Venezuela luego de que en 2007 el entonces presidente Hugo Chávez lo intentó. Sin embargo, al ir a las urnas, los venezolanos le dieron un rotundo no, convirtiéndose en una de las derrotas más significativas y frustrantes para Chávez; tanto así, que la calificó en televisión nacional de una “victoria de mierda” para la oposición.

Ahora, casi 20 años después y en medio de un contexto muy diferente, Maduro espera lograr la reforma teniendo de su parte los órganos del poder.

El dirigente oficialista, que se reeligió para un tercer mandato consecutivo pese a no poder demostrar su triunfo legítimo sobre el opositor Edmundo González, aseguró que este sábado 15 de febrero presentará la primera propuesta de la reforma constitucional de Venezuela, en medio de una elevada represión contra la oposición y el cada vez más estrecho margen de desenvolvimiento para los derechos civiles y políticos en el país.

La ONG Acceso a la Justicia enumeró los nueve puntos clave que todo venezolano debe considerar al votar por el cambio constitucional:

¿Qué es una reforma constitucional?

La reforma, según lo previsto en el artículo 342 de la Constitución de Venezuela, tiene por objeto «una revisión parcial», en la que se pueden sustituir «una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales» del texto.

¿Quiénes pueden activarla?

La iniciativa para convocar una reforma de la Constitución puede provenir, conforme a lo dispuesto en el artículo 342, de los ciudadanos y de dos de los cinco poderes constituidos del Estado.

Para que la primera opción se ponga en marcha, se necesita que 15% de los electores, inscritos en el registro civil y electoral, la soliciten al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Desde los Poderes Públicos, la Asamblea Nacional puede activarla mediante un acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes.

El otro caso es el presidente de la República mediante decreto dictado en Consejo de Ministros.

¿Cómo se tramita?

Cualquier iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional, según el artículo 343 de la Constitución venezolana, y para ello el proyecto tendrá una primera discusión, en el período de sesiones correspondiente a la presentación de este.

Posteriormente se convocará a una segunda discusión por título o capítulo, según fuere el caso.

Luego se convocará a una tercera y última discusión, artículo por artículo.

El Parlamento debe aprobar el proyecto en plazo no mayor de dos años, contados a partir de la fecha en la cual recibe y admite la solicitud de reforma.

El proyecto de reforma se considerará aprobado con el voto de las dos terceras partes de los diputados.

¿Cómo se aprueba la reforma constitucional?

Una vez aprobado el proyecto por la Asamblea Nacional, se someterá a referendo dentro de los 30 días siguientes a su sanción, para ser aprobado por el pueblo.

Esto lo establece el artículo 344 de la carta magna. Para ello deben votar a su favor la mayoría de los electores, señala el artículo 345 constitucional, que también estipula que en caso de que el proyecto sea rechazado no podrá volver a ser sometido a consulta en lo que resta del período constitucional.

Estos dos tipos de normas pueden llegar a confundirse, dado que ambos surgen del Estado.
Se someterá a referendo dentro de los 30 días siguientes a la sanción, para ser aprobado. Foto: iStock

¿Cómo es el proceso de referendo de la reforma constitucional?

El artículo 293, numeral 5 de la Constitución, estipula que el Consejo Nacional Electoral convocará a todos los electores a un proceso en el cual se podrá votar de manera separada hasta una tercera parte de todos los artículos que compongan la reforma.

La división para someter por bloques la votación de la reforma constitucional deberá ser aprobada por un número no menor de la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, pero también puede ser solicitada por el presidente de la República o un número no menor del 5% de los electores inscritos en el registro civil y electoral (artículo 344).

Una vez efectuado el proceso de referendo, el CNE debe dar los resultados y se declarará aprobada la reforma constitucional cuando el número de votos afirmativos sea superior al número de votos negativos.

Si la iniciativa de reforma constitucional es rechazada, tal como ocurrió en 2007 con la propuesta impulsada por Chávez, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional al Parlamento, indica el artículo 345 constitucional.

El presidente de la República está obligado a promulgar la reforma dentro de los 10 días siguientes a su aprobación. Si se niega o se ve impedido de hacerlo por alguna otra razón, se deberá aplicar lo previsto en la Constitución, en el artículo 346. Una vez promulgada la reforma, se publicará en Gaceta Oficial.

¿Cuántas reformas ha sufrido la Constitución de 1999?

Este sería el segundo proceso de reforma al que se somete el texto de 1999. El primero se dio en 2007 cuando la mayoría de los venezolanos rechazaron las 69 propuestas de Hugo Chávez.

Sin embargo, una de las modificaciones sí se materializó el 15 de febrero de 2009, cuando fue aprobada en referendo la enmienda constitucional que permitió la reelección indefinida del presidente, los gobernadores, alcaldes y demás funcionarios de elección popular.

En 2017, Maduro convocó una asamblea nacional constituyente, figura prevista en la Constitución para dictar una nueva carta fundamental. Sin embargo, esta instancia no tocó una coma del texto vigente, pese a que permaneció más de dos años en funciones.

¿Qué cambios se persiguen en esta ocasión?

Hasta ahora ni Maduro ni alguna otra autoridad han informado con detalle qué normas constitucionales desean alterar. Durante su mensaje a los diputados, el gobernante fue muy escueto sobre los fines de la iniciativa y enumeró tres objetivos:

«La ampliación de la democracia y la construcción del nuevo Estado, definir con claridad el perfil de la sociedad que queremos, desde el punto de vista cultural e institucional; y echar las bases más claras y poderosas (…) de la nueva economía autosustentable, no dependiente, diversificada y productora de riqueza que satisfagan las necesidades del pueblo de Venezuela», dijo el gobernante.

Sin embargo, a finales de 2024 afirmó lo siguiente al hacer referencia al plan para su nuevo período presidencial (2025-2031): «estamos más preparados, en Venezuela prevalecerá el nuevo Estado comunal y la paz incluyente para todas y todos los venezolanos”. Insistió además en la «expansión de la doctrina bolivariana».

El gobierno venezolano retomó los contactos con Noruega para dialogar con la oposición.
Hasta Maduro no ha informado con detalle qué normas constitucionales desean alterar. Foto: Cortesía agencia Xinhua

¿Cómo ha avanzado el proceso de reforma constitucional?

La Asamblea Nacional informó en su sitio web que «recibió este viernes [10 de enero] el proyecto de reforma constitucional de manos del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, luego de ser juramentado como jefe de Estado». Sin embargo, el proyecto de reforma constitucional no ha sido publicado en la página web.

Maduro anunció El 15 de enero la creación de una comisión para la reforma constitucional, «presidida por el fiscal general y exconstituyente, Tarek William Saab, y lo acompañará, en un primer nivel, comités de consulta constituyente en todo el país, inclusive de migrantes venezolanos en el exterior».

Asimismo, creó un secretariado integrado por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el diputado Herman Escarrá y la primera dama y diputada Cilia Flores.

El 4 de febrero, Maduro señaló que el 15 de febrero entregaría un «primer proyecto» de reforma para su discusión y aprobación.

¿Cómo afecta a los venezolanos?

La organización Acceso a la Justicia considera que el hecho de que las autoridades no informen qué desean modificar en la Constitución y que el proyecto no se encuentre publicado en la página web del Parlamento, no hace más que reforzar los temores de «que el objetivo sea terminar de liquidar el derruido Estado de derecho previsto en la Constitución vigente, sobre todo a la luz de las declaraciones oficiales que manifiestan que su objetivo es implantar de manera definitiva el Estado comunal».

Para la ONG, el modelo del Estado comunal es el que Chávez propuso en la fallida reforma constitucional de 2007, cuyo objetivo «es centralizar aún más el poder en el Ejecutivo nacional, crear formas de propiedad distintas a la privada y aumentar el control social».

Unos 3,5 millones de ciudadanos en Venezuela recibieron ayuda humanitaria en 2024, lo que representa el 68,6% de la meta fijada para el año pasado, de 5,1 millones de personas, informó este martes la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, en inglés) de la ONU.

Infobae

No obstante, supone un incremento del 29,6% en comparación con 2023, cuando la ayuda llegó a 2,7 millones de personas, según cifras de OCHA.

Del total de atendidos en 2024, el 60% fueron mujeres y niñas, y la mayoría de los 3,5 millones recibieron ayuda en salud y “seguridad alimentaria y medios de vida”, de acuerdo con el reporte, que indica que también hubo asistencia en áreas como nutrición, protección, agua, saneamiento e higiene, educación, alojamiento, energía y enseres.

Sin embargo, aclara que esto no significa que las necesidades de estas personas “hayan sido cubiertas”.

La ayuda llegó a 303 de los 335 municipios que tiene el país caribeño, gracias al trabajo de 158 organizaciones, 90 de ellas nacionales y una decena perteneciente al sistema de las Naciones Unidas.

Los principales espacios a donde llegó la asistencia humanitaria fueron las comunidades, seguidas de establecimientos de salud y escuelas u otro tipo de centros educativos, según OCHA.

Asimismo, del total, 186.000 personas viven en poblaciones indígenas, 142.000 eran embarazadas y lactantes, 24.000 con discapacidad y 3.000 pertenecientes al colectivo LGTBI.

Por otra parte, 253.000 personas asistieron a encuentros sobre “atención en salud mental, asistencia y apoyo psicosocial y aprendizaje socioemocional”, mientras que 359.000 participaron en “actividades de sensibilización sobre protección contra la explotación y abusos sexuales”, agregó la oficina del organismo multilateral.

En otro orden, familiares de un grupo de presos políticos en Venezuela se acercaron este martes a la Defensoría para entregar a las autoridades del régimen de Nicolás Maduro un documento en el que exigen permiso para poder visitar a sus seres queridos.

Andreína de Grazia, hija de Américo de Grazia, detenido el 7 de agosto por supuesta “instigación al odio e incitación a la rebelión”, denunció que no ha tenido contacto con él desde su arresto y que, por tanto, desconoce su estado de salud.

“Estamos exigiendo que, por favor, nos permitan, por lo menos, su visita para verificar (su salud) y tener contacto directo con él”, dijo en la sede de la Defensoría y recordó que, al igual que su padre, están en esta situación los opositores Freddy Superlano, Biagio Pilieri, Perkins Rocha, Ronald Carreño, Alfredo Díaz y “muchos otros”, injustamente detenidos e incomunicados.

“Estamos aquí, alzando la voz para que se haga justicia y la libertad inmediata, porque ellos son inocentes”, insistió.

Al igual que De Grazia se manifestó Carol Figueredo, esposa de Pedro Guanipa, quien denunció que su pareja está detenida desde hace 138 días y que, en todo este tiempo, se le ha “negado todo derecho fundamental que debería tener cualquier persona”.

Magalli Meda, una de las opositoras refugiadas en la Embajada de Argentina en Caracas, criticó duramente al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al régimen de Nicolás Maduro, en un mensaje publicado en su cuenta de X, la noche de este miércoles 12 de febrero.

La Patilla

“El CNE está igual que todo en este país: ENCAPUCHADO. Está tan ESCONDIDO en el ROBO de la ELECCIÓN del 28J, que hasta la página web la desapareció hace meses”, escribió Meda, haciendo referencia a la desaparición del portal oficial del organismo electoral, lo que, según ella, evidencia la opacidad con la que opera el ente comicial.

También cuestionó la reciente convocatoria de elecciones regionales por parte del régimen, señalando la contradicción de celebrar comicios con el mismo CNE que presuntamente robó la elección presidencial del 28 de julio de 2024, en la que Edmundo González habría obtenido una victoria del 70% sobre el 30% de Maduro.

“Entonces, para entender, el régimen convoca a unas elecciones regionales con ese mismo CNE encapuchado que se ROBÓ la elección donde arrasó Edmundo (70% a 30%) y se supone -dicen algunos- que hay que ir a votar para no abandonar espacios. Que vayan los que piensan así, están en su derecho”, expresó la dirigente opositora.

Magalli Meda aprovechó para criticar la postura de ciertos sectores que defienden la participación electoral bajo el argumento de no ceder espacios institucionales, recordando que gobernaciones, alcaldías e incluso la Asamblea Nacional han sido arrebatadas por el régimen en el pasado.

“Dicen que ‘LOS ESPACIOS NO SE ABANDONAN’. Esas gobernaciones, alcaldías e incluso el Congreso Nacional hace años que abandonaron al país, a su gente, porque el régimen se ROBÓ el control de las mismas. Vamos a seguir?”, cuestionó.

Respondamos rápidamente esta interrogante: son dos, al menos. Una, la demostración a los cuatro vientos de que la oposición al régimen de Nicolás Maduro es abultada y contundente y se ganó, por tanto, el derecho al ejercicio legítimo del poder; la otra, la consolidación del liderazgo de María Corina Machado. Sería muy cuesta arriba explicar lo uno sin lo otro.

El Nacional

Se ganó la elección del 28J, y se probó que se ganó, por el surgimiento de un liderazgo que conectó con la amplia mayoría de los venezolanos, humillada y degradada por 25 años de desafueros de todo tipo y, además, tuvo la capacidad para motivar y organizar un contingente eficiente de defensores del voto que, con actas en mano, hizo patente tanto la victoria, como el fraude consiguiente cometido por Maduro, Amoroso y todo el combo.

Y creció y se fortaleció ese liderazgo porque entendió, más claro que otras fuerzas y figuras políticas, que la primaria del 22 de octubre de 2023 iba más allá de la escogencia de un candidato y luego, en 2024, tuvo el temple y el pulso político para decidir la candidatura sustituta y comandar —cruzando ríos en chalana y subiendo cerros, para burlar la persecución oficialista— la vibrante y contagiosa campaña electoral de Edmundo González Urrutia.

Haría falta para valorar el enorme peso de esa gesta política echar la mirada atrás y recordar la pesadumbre y la desesperanza que cundía en el ámbito opositor y en el ánimo de la inmensa mayoría de los venezolanos a finales del año 2022 y comienzos del 2023 tras la lentísima extinción del interinato. Sobre todo ahora, en que el anzuelo electoral del régimen amenaza con dispersar a organizaciones políticas que se integraron, con mayor o menor convencimiento en sus mandos, a la tarea de hacer posible la descomunal victoria del 28J.

El economista venezolano Roberto Casanova —con maestría en Historia de las Américas, profesor universitario y ensayista— hace en este escrito un preciso conjunto de apreciaciones sobre la participación electoral el 27 de abril que vale la pena considerar. Lo hace sin actitud dogmática, aunque tenga una posición tomada al respecto. Apunta en un apretado resumen: uno, la disyuntiva es más amplia que votar o no votar, sino que se trata de escoger entre dos caminos para enfrentar y vencer el régimen: el camino electoral y el de la protesta y la presión; dos, es peligroso que quienes defienden una posición determinada acusen a quienes la adversen de atentar contra la unidad. “La unidad podría lograrse tanto alrededor de la estrategia de participar como la de no hacerlo”; tres, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado son nuestros líderes electos. “No son infalibles, como nadie lo es, pero si se trata de evaluar nuestra posición respecto a participar o no en las próximas elecciones, deberíamos al menos considerar seriamente lo que ellos nos están proponiendo como curso de acción”.

La propuesta de ese liderazgo para enfrentar lo que califican de tiranía consiste en, primero, un arduo y permanente trabajo de organización silenciosa en el contexto de un ambiente represivo feroz; segundo, echar a andar la Gran Alianza Nacional, suma de esfuerzos gremiales, sindicales, ciudadanos, religiosos, sociales, también del ámbito militar y policial, y, por supuesto, político; y tercero, el trabajo de fortalecer el apoyo y articulación de los aliados internacionales en el mundo democrático. Todo ello con el objetivo de hacer valer la decisión del 28J y alcanzar la transición democrática.

¿Hay discusión sobre estos planteamientos? ¿Es una estrategia equivocada? ¿Encaja la participación electoral en el escenario de lucha planteado por María Corina Machado? ¿Qué fuerza tienen quienes proponen participar para garantizar victorias en gobernaciones, alcaldías y Asamblea Nacional y asumir efectivamente sus cargos o curules? ¿Podrán disponer de una estructura que les permita demostrar un nuevo fraude si ocurriera? ¿Cuál es la mejor forma de fortalecer el liderazgo elegido y mantener viva la llama del 28J? En fin, la exigencia parece mayor, mucho mayor, que decidir votar o no votar.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, aseguró que la dirigencia opositora está trabajando para lograr un quiebre entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el gobierno de Nicolás Maduro.

El Nacional

«Estamos sobre un plan, y hemos avanzado como hemos avanzado dando pasos firmes, con disciplina, porque hay una estrategia robusta que ha permitido que el régimen haya llevado golpe tras golpe y hoy está en una situación de mayor aislamiento, interno y externo», dijo Machado durante una entrevista.

Y añadió: «La familia militar está con este proceso y este movimiento indetenible de cambio, ahora no se ha producido ese momento en el cual quienes sostiene al régimen en las Fuerzas Armadas y grupos policiales dejen de obedecer, eso no ha ocurrido, eso tiene que pasar, y eso va a pasar, pero eso hay que trabajarlo y en eso estamos».

«Tenemos muy claro nuestro objetivo», dijo Machado

«No tengo ninguna duda que la administración del presidente Trump y los Estados Unidos son grandes aliados de la lucha por la democracia de Venezuela y lograr la transición lo antes posible», dijo Machado.

«En lo personal -agregó- creo que está hablando de las Américas porque no podría haber seguridadnNacional de los Estados Unidos si se tiene un foco de operación y tus principales enemigos cerca de tu frontera, y yo creo que eso ha quedado demostrado en estos últimos años».

Señaló que su equipo sigue trabajando en una estrategia para lograr un cambio político en Venezuela. «Tenemos muy claro nuestro objetivo y nuestra prioridad, que es remover a este régimen del poder, ya sea mediante una negociación o sin ella, como hemos reiterado».

Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, recordaron este miércoles a los manifestantes fallecidos desde el año 2014 durante protestas antigubernamentales contra Nicolás Maduro.

EFE

A través de X, integrantes del Movimiento Estudiantil Venezolano y alumnos de la UCV compartieron fotos y videos en los que se ve a jóvenes pintando, en las calles de acceso a la universidad estatal, los nombres de los fallecidos.

“Más de 300 jóvenes perdieron la vida luchando por un país en libertad. ¡Su lucha nunca será olvidada!”, afirmó el movimiento estudiantil sobre la acción de esta jornada, que tiene como marco el Día de la Juventud, que se conmemora hoy en el país.

El movimiento afirmó que hay que defender la “verdad” por “los que ya no están”, en referencia a la reclamada victoria del líder de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, en las presidenciales de julio del año pasado frente a Maduro, a quien el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó mandatario reelecto.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado destacó el homenaje que los estudiantes de la UCV rindieron “a la entrega y al heroísmo de aquellos compañeros que cayeron en esta lucha”.

“Siempre los recordaremos y honraremos (…). Este país decidió y no nos vamos a detener hasta lograr la libertad. Y después de desalojar la tiranía, vamos a dejar el resto para construir un país con oportunidades infinitas para cada uno de ustedes”, expresó Machado a través de X.

Desde 2013, cuando Maduro llegó al poder, Venezuela ha vivido varias oleadas de protestas antigubernamentales -tildadas como “guarimbas” (manifestaciones violentas) por el Ejecutivo-, algunas de las cuales dejaron decenas de muertos, especialmente en los años 2014, 2017 y 2019.

También se desataron protestas después de las presidenciales de julio de 2024, que dejaron, según la Fiscalía, 28 muertes -entre ellas la de dos militares-, ninguna atribuible al Estado, en palabras del fiscal general, Tarek William Saab, pero que la oposición considera son responsabilidad de los cuerpos de seguridad.

Aunque familiares y ONG aseguran que no ha habido justicia, Saab, en el cargo desde 2017, insiste en que el Estado no ha dejado de investigar los asesinatos perpetrados en las protestas y que los responsables identificados cumplen condena.

La ONG Provea aseguró este miércoles que el Estado venezolano tiene la “deuda” de investigar la cadena de mando en las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales de 2014, entre ellas, la del joven estudiante Bassil Da Costa.

“Hoy, 12 de febrero, se cumplen 11 años del asesinato de Bassil Da Costa, quien murió de un disparo en la cabeza por funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), durante una protesta en Caracas”, afirmó Provea en una publicación en X.

En ese contexto, la ONG señaló que Da Costa tenía 23 años y era estudiante universitario cuando “fue asesinado”.

“El Estado venezolano tiene una deuda con la investigación a la cadena de mando de estos crímenes”, apostilló el comunicado de Provea.

Así mismo, el organismo indicó que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investiga a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos, al menos, desde el 12 de febrero de 2014.

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