La corrupción es una de las principales causas que alimentan los delitos medioambientales y frenan la lucha contra el cambio climático en América Latina, donde todos los países, salvo tres, obtienen una puntuación inferior a 50 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado este martes por Transparencia Internacional (TI).

EFE

Los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 76, 63 y 58 puntos, respectivamente, con cien puntos como la mejor puntuación posible.

Son los únicos tres países de América Latina por encima de los 50 puntos, según el IPC correspondiente a 2024.

Uruguay y Costa Rica consiguen además sumar tres puntos respecto al informe del año anterior, mientras Chile pierde otros tantos

A la cola como los más corruptos se sitúan Venezuela, con 10 puntos -antepenúltima sólo por delante de Sudán del Sur y Somalia- y Nicaragua, con 14 -en el puesto 172 de 180 países-. Ambos países pierden tres puntos.

Por debajo de los 50 puntos se colocan, además, Honduras (22, un punto menos), Paraguay (24, cuatro menos), Guatemala (25, dos más), México (26, cinco menos) Bolivia (28, uno menos), El Salvador (30, uno menos), Perú (31, dos menos), Ecuador (32, dos menos), Panamá (33, dos menos), Brasil (34, dos menos), República Dominicana (36, uno más), Argentina (37, sin cambios), Colombia (39, uno menos) y Cuba (41, uno menos).

Delitos medioambientales y asesinato de activistas que los denuncian

Según el informe de TI, la debilidad de las instituciones y la falta de transparencia permiten que el crimen organizado controle vastas áreas de la región de las Américas -que incluye 32 países-, donde explota recursos naturales sin tener en cuenta las consecuencias para el medioambiente, y lo hace con total libertad de acción e impunidad.

Esto facilita los delitos ambientales, como la tala ilegal en Ecuador, la minería ilegal en Chile y Colombia, y el tráfico de flora y fauna silvestres en Brasil, agrega la ONG con sede en Berlín.

A lo largo de la región de las Américas, cuya puntuación promedio es de 42 sobre 100 -un punto menos respecto a un año atrás y uno menos que el promedio global-, estas actividades se sostienen gracias a la corrupción y el lavado de dinero, que implican asimismo a las élites políticas y económicas, que recurren a fraudes en contrataciones públicas, sobornos y a la manipulación de políticas ambientales para su propio beneficio.

Así, en Brasil, por ejemplo, un informe reciente identificó 24 casos de fraude, corrupción y lavado de dinero derivados del tráfico de vida silvestre y en Perú, expertos señalan que la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre de 2024 fomentará la deforestación ilegal y responde a intereses particulares.

Además, prácticamente el 80 % de los 1.013 asesinatos de defensores ambientales cometidos desde 2019 tuvieron lugar en las Américas (794) y, en particular, en Brasil, Colombia y México, lo que la convierte en la región más peligrosa para estos activistas, destaca el informe.

En Honduras, investigaciones recientes revelaron la participación coordinada de empresarios, políticos y el crimen organizado en al menos tres asesinatos de defensores ambientales, que habían expuesto esquemas de corrupción que implicaban a estos actores.

Avances y retrocesos

Por otra parte, el informe destaca el papel de Uruguay, con instituciones sólidas, una gestión transparente de datos ambientales y canales efectivos de participación ciudadana, lo que ha contribuido a proteger al país de la polarización y el populismo que afectan a muchos países de la región.

Resalta asimismo los avances en Guatemala, que en 2024 abrió canales de participación ciudadana y comenzó a digitalizar funciones públicas para reducir los riesgos de corrupción, y en República Dominicana, con acciones similares que han resultado efectivas, aunque señala que ambos países tiene aún un largo camino por recorrer para combatir la impunidad.

Por contra, el aumento en las restricciones a la información pública y la participación ciudadana constituye uno de los mayores retrocesos en la región, indica la ONG, que alude explícitamente a los casos de Argentina y El Salvador.

También destaca la trayectoria descendente de México, que pierde cinco puntos en sólo un año, con un poder judicial débil, opaco y complaciente que no ha tomado medidas en casos de corrupción emblemáticos como Odebrecht y Segalmex.

Luciana Torchiaro, asesora regional de Transparencia Internacional para América Latina y el Caribe, señaló que “la aplicación de sanciones más firmes y una mayor regulación a los bancos y abogados que facilitan a los corruptos y criminales blanquear su dinero sucio constituyen medidas esenciales para desmantelar las redes de la corrupción”.

Un grupo de 190 venezolanos deportados desde Estados Unidos llegó este lunes a Venezuela en dos vuelos de la aerolínea estatal Conviasa, como parte de un acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y la administración de Donald Trump.

AFP

“A las 21:03 horas aterrizó el primer vuelo con venezolanos y venezolanas que vienen a su patria», anunció el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en una transmisión oficial desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Minutos después, un segundo avión con más deportados también arribó.

“Están todos los organismos, la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja venezolana (…) están los medios de comunicación, los bomberos, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios”, explicó.

Nicolás Maduro, por su parte, calificó el operativo como “un paso favorable y positivo” y afirmó que busca “construir relaciones de respeto, comunicación y entendimiento” con Washington, pese al aislamiento internacional de su régimen, que se mantiene en el poder desde el 10 de enero tras un fraude electoral.

“Acaba de aterrizar el primer avión de la línea aérea bandera de Venezuela, Conviasa, para traer de manera segura, amorosa, apropiada, digna, a este primer grupo de retornados a Venezuela”, dijo el dictador chavista.

El retorno de los migrantes se enmarca en un pacto alcanzado el 31 de enero entre Maduro y Richard Grenell, enviado de Donald Trump. Como parte del acuerdo, el chavismo liberó a seis ciudadanos estadounidenses que estaban encarcelados en Venezuela.

Trump, quien asumió su segundo mandato en enero, ha endurecido su política migratoria y ha prometido la mayor campaña de deportación en la historia de EEUU, que afectará a millones de indocumentados, muchos de ellos venezolanos que huyen del colapso económico y la represión del régimen.

La Casa Blanca difundió imágenes de los deportados subiendo a los aviones escoltados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), algunos de ellos con esposas y cadenas en los pies. Un equipo de la agencia de noticias AFP constató que varios pasajeros no tenían cordones en sus zapatos, una medida habitual en los vuelos de deportación.

El chavismo informó más temprano que entre los pasajeros había presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua, al que Trump ha declarado organización terrorista y que Maduro ha vinculado a la oposición.

El diplomático, politólogo y exministro de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, aseguró que de comprobarse la mano de Diosdado Cabello en el secuestro y crimen del exteniente Ronald Ojeda en Santiago, “Chile deberá demandar su extradición”, aunque se trate de un acto “inútil”.

Por: Mauricio Palazzo – Infobae

“Si se confirma que Cabello, el segundo del régimen de (Nicolás) Maduro, ordenó a ‘Los Piratas’ de Aragua el secuestro, la tortura y el asesinato del exteniente Ojeda, Chile debe demandar su extradición -que será un acto inútil, pero necesario– y denunciarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI), por crímenes de lesa humanidad”, sostuvo Muñoz, según consignó Cooperativa.

El también expresidente del Partido por la Democracia aseguró además que las palabras del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab -quien sostuvo que el crimen de Ojeda fue una operación de “falsa bandera” y calificó a la fiscalía chilena de ser “la más pirata”-, no tienen “ni la más mínima credibilidad. Nunca ha cooperado con las investigaciones en Chile, que se han realizado con seriedad y han sido apoyadas por el Gobierno de Gabriel Boric”, dijo tajante.

Cabe recordar que la semana pasada, el Ministerio Público llamó a declarar al testigo protegido Nº7, quien ya había asegurado previamente que la orden de matar a Ronald Ojeda provino directamente de Diosdado Cabello.

Su testimonio es crucial, pues corrobora la tesis del Ministerio Público chileno de que el asesinato de Ojeda fue orquestado desde Venezuela, tesis que es compartida por el Gobierno chileno y que terminó por romper las febles relaciones bilaterales que quedaban entre ambos países.

En su declaración, el testigo en cuestión refrendó sus palabras y agregó que Rafael Gámez Salas, alias “El Turko”, líder de la célula, recibió de Carlos Gómez –”Carlos Bobby”, detenido también en Colombia-, la confianza para “hacer un trabajo complejo de concretar”.

A su vez “Carlos Bobby” -aseguró- fue contactado por el jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor “El Niño” Guerrero -actualmente prófugo- quien cerró el trato con Diosdado Cabello y dio curso a la operación.

El testigo protegido señaló además que, una vez realizado el “trabajo”, Cabello hizo el pago de la suma acordada a Guerrero en el Perú, pero que varios de los involucrados quedaron con las manos vacías puesto que el dinero “quedó arriba” y no chorreó como manantial hasta los soldados formalizados por la justicia chilena durante la semana pasa, formalización que continuará este miércoles.

La investigación del crimen de Ojeda, liderada por el fiscal Héctor Barros, avanza a pasos agigantados. El último miembros de “Los Piratas” de Aragua –Luis Carillo -alias “El Gocho”- fue apresado la semana pasada en Colombia y la justicia chilena ya está tramitando su extradición.

Diputados insisten en llevar el caso a la CPI

Al respecto, parlamentarios oficialistas y de oposición refrendaron sus palabras. Según el diputado Félix González ((FRVS), “si dentro de los autores intelectuales está gente del régimen (venezolano), entonces es importante que el Gobierno de Chile se prepare para presentar el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI), porque este es un crimen de lesa humanidad”,añadió.

De la misma opinión fue el el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Vlado Mirosevic (PL), quien señaló que “Chile va a perseguir hasta el último responsable del asesinato de Ronald Ojeda en nuestro territorio porque significó una violación a nuestra soberanía. Todo indica que es la dictadura de Venezuela la responsable de este crimen con una motivación política”, según el medio citado.

“(Chile debe) ir a la Corte Penal Internacional para que Diosdado Cabello o quien sea responsable tenga que pagar con cárcel frente a la justicia internacional. Porque sabemos que frente a la justicia de su país no va a pagar”, indicó.

El diputado Cristián Labbé (UDI) fue incluso más allá y apuntó que “la orden fue precisamente por el mismo estafeta de Maduro, Diosdado Cabello, y por eso vemos también la molestia tanto de él como del fiscal general de Venezuela, porque la Fiscalía chilena los pilló y, por lo mismo, se tiene que pedir una orden de captura internacional tanto por Diosdado Cabello como del propio Nicolás Maduro”, remató el gremialista.

La Casa Blanca confirmó que dos vuelos con migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos partieron este lunes hacia Venezuela, después de que el régimen de Nicolás Maduro autorizara su llegada al país.

AP

El encargado de supervisar esos dos primeros vuelos es Richard Grenell, enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, que se reunió recientemente con Maduro en Caracas.

“Se reanudaron los vuelos de repatriación a Venezuela, con el embajador Richard Grenell supervisando los dos primeros vuelos”, detalló la Casa Blanca en redes sociales.

“Hagamos que Estados Unidos sea seguro otra vez”, agrega el mensaje.

La Casa Blanca adjuntó una fotografía que muestra a Grenell observando cómo un grupo de migrantes venezolanos, con las manos esposadas, abordan un avión de la aerolínea venezolana Conviasa, vigilados por agentes de migración.

El régimen de Nicolás Maduro había anunciado que envió dos aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa a Estados Unidos para repatriar a algunos de sus migrantes deportados.

Las deportaciones se producen días después de que el enviado de Trump para misiones especiales, Richard Grenell, visitara Caracas y se reuniera con Maduro para analizar la repatriación de venezolanos que ingresaron de manera irregular a ese país. Grenell regresó con seis estadounidenses que habían estado detenidos en Venezuela.

La reunión en la capital de Venezuela tuvo lugar menos de un mes después de que Maduro prestara juramento para un tercer mandato de seis años, pese a evidencias creíbles de que perdió las elecciones del año pasado. El gobierno estadounidense, junto con varias otras naciones occidentales, no reconoce la victoria alegada por Maduro y en su lugar hace referencia a actas recogidas por la coalición opositora que muestran, según asegura, que su candidato, Edmundo González, ganó por un margen de más de 2 a 1.

El escrito indicó, asimismo, que el gobierno fue “notificado por el gobierno de los Estados Unidos de América que algunas de las personas que vienen de regreso están presuntamente ligados a actividades delictivas o estarían involucrados en las acciones criminales del denominado Tren de Aragua”.

“Como es público y aceptado por todos, nuestras instituciones combatieron y derrotaron a esa banda criminal en territorio venezolano”, agregó el comunicado, sin dar otros detalles.

La banda Tren de Aragua ha sido vinculada a una serie de secuestros, extorsiones y otros delitos en todo el hemisferio occidental relacionados con un éxodo masivo de migrantes de Venezuela, donde la pandilla fue creada hace más de una década.

El gobierno de Trump ha tomado una serie de acciones para cumplir con las promesas de combatir la inmigración ilegal y llevar a cabo la mayor iniciativa de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos.

Esas medidas incluyen la revocación reciente de una decisión del gobierno del ex presidente Joe Biden que habría protegido a aproximadamente 600.000 venezolanos de la deportación. Dicha revocación pone a algunos en riesgo de ser expulsados del país en unos dos meses.

Trump, un día después del encuentro entre Maduro y Grenell, escribió en su red social Truth Social que era “muy importante destacar que Venezuela ha accedido a recibir, de vuelto en su país, a todos los venezolanos extranjeros ilegales que estaban acampados en Estados Unidos, incluyendo miembros de la pandilla Tren de Aragua. Venezuela además accedió a suministrar el transporte de regreso”.

Las autoridades venezolanas indicaron que los deportados serán objeto de una minuciosa pesquisa para averiguar la realidad de sus casos.

“Como corresponde, las personas antes señaladas serán sometidas rigurosa investigación”, acotó el régimen venezolano, resaltando que existe “una narrativa falsa y malintencionada” alrededor del Tren de Aragua para “penalizar a todos los migrantes venezolanos y estigmatizar a nuestro país. Muy por el contrario, de esa especie, la mayoría de los migrantes son personas decentes y trabajadoras”.

Más de 7,7 millones de venezolanos han dejado su país desde 2013, cuando su economía se desplomó y Maduro asumió el cargo por primera vez. La mayoría se estableció en otros países de América Latina y el Caribe, pero después de la pandemia de COVID-19, cada vez más migrantes pusieron la mirada en Estados Unidos.

El traslado de deportados venezolanos supone una exención a las restricciones de vuelos directos a Venezuela impuesto por el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Washington ha batallado durante años para deportar a personas a países con los que no mantiene una buena relación.

Venezuela rompió relaciones con Estados Unidos en 2019 alegando que ese país impulsa planes para desestabilizar al gobierno y forzar su derrocamiento.

Washington congeló todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos y prohibió a los estadounidenses y sus socios internacionales hacer negocios con Caracas para presionar a Maduro a dejar el poder, argumentando que fue electo en 2018 en unos comicios fraudulentos.