En el epicentro de la crisis en el Catatumbo se hallan grupos armados irregulares de origen colombiano que han mutado a estructuras criminales binacionales y las cuales operan en Venezuela con la anuencia del régimen bolivariano. Este fenómeno no solo dificulta la consecución de la paz en Colombia, sino que también constituye un importante desafío para la redemocratización de Venezuela.
Por: Ramón Cardozo – DW
Un corredor estratégico del narcotráfico
Desde mediados de enero, la región del Catatumbo —ubicada en el noroeste de Colombia, en el departamento de Norte de Santander y limítrofe con los estados venezolanos de Zulia y Táchira— se ha visto sumida en una confrontación armada. La lucha entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC ha pasado de una tensa coexistencia a una guerra abierta por el control del narcotráfico en el Catatumbo. Según el Puesto de Mando Unificado de la Gobernación de Norte de Santander, hasta el 31.01.2025 se han registrado 52 homicidios y más de 52.800 desplazados.
Los combates entre estos grupos guerrilleros responden a la disputa por una zona estratégica que combina el más importante centro de cultivo y producción de cocaína de Colombia con rutas estratégicas del narcotráfico. La región del Catatumbo constituye un punto clave dentro de un corredor natural que conecta el norte y oriente colombiano con Venezuela, y a través del cual se facilita el tránsito de drogas hacia territorio venezolano para su posterior exportación a mercados internacionales. Este corredor, además, funciona como «zona colchón», limitando el alcance de las operaciones militares colombianas en la frontera venezolana.
La guerrilla colombiana transmutó a organizaciones híbridas delincuenciales
Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia se mantiene como el mayor productor mundial de cocaína. En 2023, la producción potencial en Colombia de esta droga aumentó un 53% respecto al año anterior, alcanzando las 2.664 toneladas, mientras que la superficie cultivada con hoja de coca creció en un 10%, llegando a las 253.000 hectáreas. Este lucrativo negocio ilícito «es la base de operaciones de una multitud de actores criminales que incluye a las disidencias de las FARC, insurgencias activas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y grupos de narcotráfico como el Clan del Golfo y Los Pachencas”, señala el Reporte 2023 de la UNODC.
El ELN y las disidencias de las FARC han experimentado durante la última década una profunda transformación. Han pasado de ser organizaciones guerrilleras tradicionales, que recurrían a actividades ilícitas para financiar su confrontación política con el Estado, a convertirse en estructuras híbridas que fusionan tácticas insurgentes con metodologías propias del crimen organizado transnacional, buscando asegurar no solo su supervivencia sino también su expansión territorial y económica.
El respaldo estratégico y material de Venezuela al ELN
Esta transformación ha sido fundamental para el resurgimiento y fortalecimiento del ELN, una organización que hacia finales del siglo XX estaba prácticamente diezmada y que hoy en día cuanta con un contingente que supera los 6.000 efectivos armados.
Sin embargo, lo que ha convertido al ELN en una de las principales amenazas de la región ha sido el respaldo estratégico y material de Venezuela. Así lo señalan los investigadores Mantilla y Feldmann, en su estudio «From conventional insurgency to binational criminal syndicate?” (noviembre de 2024), cuando afirman que «el factor más determinante detrás del improbable resurgimiento del ELN ha sido el respaldo del país vecino, Venezuela. El ELN ha encontrado en Venezuela no solo un santuario de protección sino también una rica fuente de recursos y reclutas”.
La transformación de la guerrilla colombiana en una estructura binacional fue posible gracias al respaldo de la Revolución Bolivariana. Bajo el gobierno de Hugo Chávez, el apoyo venezolano evolucionó de ofrecer refugio a establecer una alianza estratégica con estos grupos, facilitando su expansión dentro de Venezuela. Según las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos (marzo de 2020), altos funcionarios venezolanos del gobierno de Chávez facilitaron la reubicación de los grupos guerrilleros colombianos en territorio nacional y garantizaron corredores para el tráfico de cocaína. En paralelo con la radicalización del régimen chavista, el respaldo de Chávez a la guerrilla colombiana se intensificó progresivamente, llegando a incluir el establecimiento de campamentos permanentes en Venezuela, el suministro de armamento, apoyo logístico y recursos de inteligencia.
La asunción de Nicolás Maduro a la presidencia en 2013 intensificó la colaboración con los grupos guerrilleros colombianos. Según acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, su gobierno, a través de la estructura criminal conocida como «Cartel de los Soles», proporcionó a la guerrilla colombiana rutas seguras y respaldo institucional para sus operaciones de narcotráfico. Un caso emblemático de esta cooperación quedó expuesto en abril de 2024, cuando el general venezolano Clíver Alcalá Cordones, identificado como uno de los principales líderes del Cartel de los Soles, se declaró culpable ante un tribunal estadounidense por suministrar apoyo material y armamento a las FARC, lo que resultó en una condena de 21 años de prisión.
La expansión del ELN en Venezuela
Bajo la protección de la Revolución Bolivariana, los grupos insurgentes colombianos han expandido progresivamente sus operaciones en Venezuela, diversificando sus actividades ilícitas -que abarcan desde el narcotráfico hasta la minería ilegal, incluyendo redes de contrabando y extorsión- mientras que a la par amplían su influencia y control territorial. Organizaciones de la sociedad civil venezolana, como Fundaredes, han documentado cómo el ELN ha asumido funciones de seguridad y control social en las regiones fronterizas con Colombia, actuando en estas zonas como una autoridad paralela al Estado venezolano.
Camiones y camionetas, con gente y bultos en el techo.Camiones y camionetas, con gente y bultos en el techo.
Los desplazados por la violencia en el Catatumbo suman decenas de miles.Imagen: Schneyder Mendoza/AFP/Getty Images
Para 2023, según investigaciones de InSight Crime, las disidencias de las FARC operaban en once municipios distribuidos en cuatro estados venezolanos. La presencia del ELN resultaba aún más significativa, extendiéndose a cuarenta municipios en ocho estados: Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar, Barinas, Guárico y Anzoátegui. Su dominio sobre la zona fronteriza es particularmente notable: de los veinte municipios venezolanos colindantes con Colombia, el ELN mantiene presencia en diecinueve.
El ELN actúa como guardia pretoriana del régimen de Maduro
Esta expansión territorial ha ido acompañada de una transformación en el rol político del ELN dentro de Venezuela. Como señalan los investigadores Mantilla y Feldmann: «Lo que comenzó como un grupo insurgente en Colombia se transformó en una fuerza de defensa de la revolución bolivariana en Venezuela. Esta evolución condujo gradualmente a la transformación de su estructura militar en una especie de guardia pretoriana, lista para defender al régimen venezolano, lo que incluía la represión de las organizaciones de oposición venezolanas y otros enemigos potenciales, como los grupos criminales renegados».
En la práctica, el «anillo de protección territorial” del ELN se ha convertido en un respaldo armado adicional para Maduro, más allá de las fuerzas armadas regulares. Al mismo tiempo, los negocios ilícitos de la guerrilla financian a actores claves del chavismo —militares, funcionarios y autoridades locales y regionales—, quienes reciben ingresos sustanciales que refuerzan su lealtad al régimen. Esta combinación de apoyo armado y actividad delictiva fortalece la supervivencia del chavismo en medio de la crisis económica y política, al aumentar la capacidad de Maduro para resistir presiones democratizadoras, tanto internas como externas.
En un escenario de cambio político en Venezuela, el control territorial de la guerrilla binacional, sus economías ilegales y su arraigo en las comunidades fronterizas plantean serios obstáculos para una transición democrática. Desmantelar estas redes ilícitas y recuperar el control estatal en estas zonas implicará confrontar a grupos armados y mafias enquistadas en las instituciones, un esfuerzo que requerirá necesariamente la colaboración con Colombia para atacar de manera conjunta las fuentes de poder que sostienen al ELN en ambas naciones.
