Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, atribuye a «un gran odio» las acusaciones que hacen de él de ser el «carcelero» y el «operador de la maquinaria represiva del gobierno» de Nicolás Maduro.
Por: Juan Francisco Alonso – BBC News Mundo
Saab, que lleva ocho años en el cargo, es una de las figuras del chavismo desde hace años, cuando se dio a conocer como poeta y defensor de los derechos humanos antes de la llegada al poder de Hugo Chávez.
Ahora es precisamente la cara que defiende al gobierno de Maduro de las graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas y desapariciones y las más recientes denuncias de detenciones arbitrarias tras las elecciones del 28 de julio.
Saab, quien es considerado cercano a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, defiende el controvertido triunfo del presidente en las elecciones de aquel día, y asegura haber visto las actas que supuestamente dan el triunfo al mandatario y que nunca fueron publicadas por el Consejo Nacional Electoral.
Las actas que sí publicó la oposición mostraron en cambio el triunfo del candidato opositor Edmundo González, lo que pone en duda la legitimidad de Maduro.
González fue acusado por la fiscalía de Saab por presuntos delitos de «terrorismo», así como a la líder opositora María Corina Machado, acusada de «traición a la patria».
La confianza que la pareja presidencial tiene hacia Saab quedó confirmada no solo con su reelección en octubre pasado por parte de la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, sino con su reciente designación como presidente de la comisión que presentará la propuesta de reforma constitucional anunciada por Maduro luego de su polémica juramentación.
Este es un resumen de la entrevista que BBC Mundo mantuvo con Saab el 30 de enero.
El presidente Maduro ha vuelto a proponer una reforma a la Constitución de 1999. ¿Por qué hace falta una reforma constitucional y qué aspectos concretos se tienen previsto cambiar?
El mundo de hoy no es el mismo de hace 30 años; ha cambiado. Hay cosas importantes que tenemos que modernizar, pero en base a un principio importante: el principio de progresividad en materia de derechos humanos. El tema de los derechos humanos (en nuestra Constitución) es transversal; lo ocupa de principio a fin, desde el preámbulo hasta las disposiciones finales, pasando por todos los títulos y capítulos.
Hay un tema que no se puede obviar: el tema de la era digital. En 1999 no existían las redes sociales, tampoco la inteligencia artificial y no habíamos enfrentado políticas de sanciones brutales que forman parte de la guerra híbrida.
Venezuela es víctima de una guerra no convencional, que utiliza todas las maneras posibles para destruir nuestra nación y apoderarse de nuestras riquezas naturales. Por lo tanto, tenemos que buscar blindar aún más a través de la Constitución y de la ley al sistema de justicia.
Hablando de derechos humanos, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas han criticado al sistema de justicia, a la Fiscalía, por perseguir a opositores como a Edmundo González y María Corina Machado. ¿Cómo responde? ¿Usted está alineado con el presidente Nicolás Maduro?
Cuando tenemos esta responsabilidad tenemos que deslindarnos de lo que puedan decir enemigos gratuitos de este proceso de transformación que todo lo ven mal.
He sido por cinco años parlamentario y constituyente, ocho años gobernador del estado petrolero más importante y del país, he sido defensor del Pueblo y este es mi segundo período como fiscal general. ¿Qué dice todo esto? Que soy un hombre de Estado. Yo no voy a estar oyendo sandeces de enemigos gratuitos que han deseado la destrucción de mi patria, la guerra civil y la toma del poder para entregarle Venezuela a una potencia extranjera.
¿En qué creo yo? En el principio de cooperación entre los poderes públicos. ¿Quién es el jefe de Estado? Nicolás Maduro. Él no solamente es el jefe del poder ejecutivo, sino que como presidente de la República es el jefe de Estado, un jefe de Estado que a la vez es comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cuál es mi deber y mi obligación? Coordinar con él, con los poderes públicos, con el pueblo, con las personas que vengan al Ministerio Público a presentar alguna denuncia.
María Corina y Edmundo González son totales enemigos de la patria venezolana y del pueblo. En tanto lo que han ofrecido es invasión militar, intervención extranjera, guerra llamado a subversión de la Fuerza Armada y han fracasado absolutamente.
Como nunca se puso a derecho el caso [contra González] nunca se cerró. Él se fue de aquí [de Venezuela], firmó una carta diciendo que él renunciaba literalmente a esa beligerancia.
Tras las elecciones presidenciales, más de 2.000 personas fueron detenidas y la mayoría de ellas fueron acusadas de terrorismo, entre ellos había testigos de mesa o personas que manifestaban en contra de los discutibles resultados electorales. ¿Esto no es un abuso de la legislación contra el terrorismo?
Para empezar a esa Misión de Determinación de los Hechos se le venció su período hace cinco años. Nos tiene sin cuidado una misión que yo califico de mercenaria, en tanto ellos no pertenecen a las Naciones Unidas. [La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 y su mandato ha sido renovado en dos ocasiones]
Lo que escriben o hablen es sueldo. Lo que me interesa es lo que dice el pueblo. ¿Qué dice el pueblo? Que el 29 y 30 de julio ocurrieron hechos brutales de violencia. Murieron 28 personas a manos de manifestantes violentos, quemaron centros de salud, escuelas, centros electorales y derribaron monumentos y en función de ello se detuvo a un grupo de personas.
Dentro de los fallecidos hubo dos funcionarios de la Guardia Nacional, 195 personas resultaron heridas, de los cuales 97 fueron policías y militares; y 500 bienes fueron destruidos. Realmente eso da vergüenza porque el plan de ellos (de los opositores) no era ir a las elecciones, era cantar fraude y promover una insurrección armada en Venezuela.
En función de esto, ¿qué tuvo que hacer el sistema de justicia? Actuar para que eso no desencadenara en una guerra civil, porque ellos no querían dos días de violencia, sino meses de violencia.
Pero también ha habido durante todos estos meses revisiones. Nosotros hemos revisado numerosos casos y hemos otorgado hasta este momento 1.897 medidas a personas detenidas por estos hechos de violencia.
¿Esas revisiones no son la prueba de que hubo excesos?
En el momento de conmoción que vivió Venezuela, donde la paz estuvo en jaque (…) el Ministerio Público, las fuerzas policiales y militares y los tribunales penales ordinarios actuaron para evitar un daño mayor.
Yo creo que actuamos de manera correcta e impecable. Se evitó un daño mayor. Se evitó que se propagara la violencia durante agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que era lo que ellos querían para evitar la juramentación del jefe de Estado, Nicolás Maduro, el 10 de enero.
¿Qué garantías hay de que esos casos no quedarán indefinidamente abiertos y esas personas permanezcan con sus libertades restringidas por largos períodos?
Los (casos) que tengan que cerrarse, se cerrarán. Pero los que continúen continuarán…El proceso penal venezolano permite las revisiones de medida y luego las condenas o sobreseimientos. Eso está en marcha.
En los últimos años, distintos organismos internacionales han denunciado la aplicación de las desapariciones forzadas de corta duración. ¿Esto ocurre?
Ese es el problema de no manejar de manera científica el tema de derechos humanos. La desaparición forzada es el secuestro, la no presentación ante un órgano policial o judicial de la persona y su posterior asesinato.
Una desaparición forzada exprés no existe. No se pongan a inventar cosas que no son una desaparición forzada.
(En Venezuela) Se detienen a personas porque cometieron hechos punibles y entonces ya quieren buscar la figura que no consiguen. Ahora quieren inventar una nueva figura de desaparición forzada. No, son detenciones y las personas luego son presentadas ante los órganos correspondientes, son imputadas y se les hace el juicio.
No me van a dar clase los países que promueven el genocidio y el exterminio en Gaza, los que invadieron Irak, Libia o Afganistán. Es un doble rasero. Como dije, forma parte de la guerra híbrida: el uso de los derechos humanos para dañar la imagen, a través del lawfare (uso político de la justicia), de una nación que no forma parte de la órbita geopolítica de los grandes centros de poderes.
Usted no considera que hay desapariciones forzadas de corta duración, pese a lo que dice la ONU. Pero la Constitución es clara si una persona es detenida debe ser llevada ante un juez en 48 horas y se le debe permitir contactar a su familia de inmediato. ¿Por qué esto no se cumple?
Ya respondí eso, no voy a hablar más de eso, conté el tiempo que respondí: ¡15 minutos! (…) Me haces una pregunta y en base la respuesta me haces seis repreguntas. ¡No, no, no! Pasemos a otro tema.
La Misión de la ONU denuncia que en Venezuela se viene aplicando la práctica de detener a familiares de opositores por su parentescto.
Deme la lista completa, porque me está hablando en plural.
Le voy a mencionar dos casos.
No, dame la lista completa de familiares de opositores que no cometieron hechos punibles y están detenidos. Si estás hablando del yerno de Edmundo González estás quedando en ridículo. Mínimo me tienes que dar 100 nombres.
La Misión de la ONU, en su último informe, habla de 11 casos luego de las elecciones del 28 de julio.
Si tu referente es esa misión que yo ya los califiqué como mercenarios a sueldo, entonces me estás ofendiendo. Me estás ofendiendo al mencionarme a cada rato esa misión…Dame la lista. Que mínimo tienen que ser 100 por lo que tú dijiste. Dijiste que era masivo.
No dije masivo.
Pero dame la lista, no me las das, entonces estás mintiendo.
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, advirtió que la vía de la complementariedad se estaba «agotando» y que Venezuela no había mostrado voluntad de castigar los crímenes de lesa humanidad que ha detectado en el país. ¿Si el Fiscal de la CPI llegara a acusar a funcionarios o exfuncionarios venezolanos, su despacho colaborará?
Nosotros estamos haciendo justicia y no necesitamos que un órgano trasnacional haga justicia por nosotros. Solamente con decirte que tenemos 3.700 funcionarios policiales y militares acusados, más de 700 condenados. Esas son cosas concretas sobre acciones de justicia interna.
¿Cuándo actúa el Estatuto de Roma? Cuando no hay una acción interna en el Estado. Esto es una acción (los datos de actuaciones contra funcionarios implicados en violaciones a los derechos humanos). Por lo tanto, ellos no tienen una cualidad para actuar.
Pero fíjate, ellos (la Fiscalía de la CPI) cerraron el caso de Colombia. (Álvaro) Uribe literalmente aniquiló a siete mil personas inocentes, los calificó de guerrilleros y no eran guerrilleros. Se determinó que eran falsos positivos y al final le cerraron el caso (…) ¿Van a utilizar el lawfare para atacar a Venezuela? Tenemos cómo responder.
Pero si el fiscal de la CPI insistiera en su posición y actúa en contra de funcionarios o ex funcionarios venezolanos…
Yo no me voy a adelantar algo que no ha pasado. Yo no me adelanto a nada.
Usted participó en el proceso en el Tribunal Supremo que terminó con la validación del resultado del 28J. ¿Pudo ver las actas del Consejo Nacional Electoral (CNE)?
Por supuesto, después de un exhaustivo análisis los magistrados concluyeron que los boletines emitidos por el CNE coincidían plenamente con las actas de escrutinio de las máquinas de votación y con los registros provenientes de los centros de totalización, lo cual confirmó la victoria del presidente Maduro. De eso no hay duda.
¿Por qué el CNE no ha presentado los resultados y así despejado las dudas?
Yo te invito a que cuando quieras preguntar sobre otros poderes (del Estado) los invites a ellos.
El nuevo gobierno de los Estados Unidos quiere que Venezuela acoja a ciudadanos venezolanos deportados, incluidos los supuestos miembros de la banda Tren de Aragua.
El Tren de Aragua ha sido desmantelado en este país, a tal punto que 50 de sus miembros principales están presos y sobre ellos recaerá la máxima pena, mientras que otros tienen orden de aprehensión. Pero hay un caso terrible y es el caso del Niño Guerrero [máximo dirigente de la banda y en paradero desconocido]. Fueron ubicado él y siete colaboradores en Colombia. Se le dio la información a las autoridades policiales y militares de Colombia. ¿Qué ocurrió? Los dejaron ir. Dejemos ya las mentiras. Ahí estaba el Niño Guerrero, en esa casa
Yo he dicho, por ejemplo, que la muerte de (Ronald) Ojeda (exmilitar opositor venezolano] en Chile fue una operación de falsa bandera que el propio Estado chileno encubrió y yo lancé una línea de investigación a ver si había la participación de policías de terceros países y del propio Chile. [La Fiscalía de Chile acusa al gobierno de Venezuela de pagar por el asesinato]
Nosotros enviamos dos directores nuestros en base coordinación con la Fiscalía Nacional chilena. Yo me comuniqué con el fiscal general y ¿sabe qué ocurrió? No lo recibieron. ¿Por qué no nos permitieron revisar las pruebas de los expedientes? ¿Por qué? Porque no hay Fiscalía más pirata en el mundo que la chilena.
Yo he ofrecido a la justicia estadounidense la cooperación en el marco de lo que establece el derecho internacional de manera bilateral para aclarar, resolver todo lo que tenga que ver con estos temas tan importantes para la seguridad del continente.
