Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que impondrá aranceles del 100 % a los países de los BRICS si intentan crear o respaldar una moneda alternativa al dólar estadounidense.

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A través de su perfil en la red social Truth Social, el mandatario estadounidense declaró que estos países deben comprometerse a no desarrollar una nueva moneda para reemplazar al dólar o, de lo contrario, enfrentarán barreras comerciales.

“Deben esperar decir adiós a las ventas a la maravillosa economía estadounidense”, afirmó.

Trump enfatizó que no permitirá que los BRICS reduzcan la influencia del dólar en el comercio internacional.

“La idea de que los BRICS están tratando de alejarse del dólar, mientras nosotros nos quedamos de brazos cruzados, ha terminado”, escribió.

“Que se busquen otro estúpido país. No hay ninguna posibilidad de que los BRICS sustituyan al dólar estadounidense en el comercio internacional, o en cualquier otro lugar”, añadió, al tiempo que advirtió que cualquier país que lo intente enfrentará sanciones económicas.

Los BRICS surgieron como un bloque económico integrado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero en la actualidad cuentan con once miembros plenos, entre ellos Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán e Indonesia.

Además, tienen nueve países socios, incluidos Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda y Uzbekistán. En los últimos años, el grupo ha buscado reducir su dependencia del dólar en el comercio global, impulsando acuerdos bilaterales en monedas locales y explorando la posibilidad de una divisa común respaldada por sus economías.

En la cumbre del BRICS celebrada en octubre en Kazán, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había acusado a las potencias occidentales de “convertir el dólar en un arma”, en referencia a las sanciones impuestas contra su país tras la invasión a Ucrania. Según el mandatario, estas restricciones “socavaron la confianza en esta moneda y disminuido su poder”.

A raíz de estas acusaciones, Rusia presentó el sistema “BRICS Bridge”, una red de mensajería de pagos basada en monedas digitales, blockchain y tokens, que se propone como una alternativa a Swift, el sistema global utilizado para procesar billones de dólares en pagos bancarios.

En su intervención, Putin había asegurado que su país no buscaba combatir el dólar, sino que se ve obligado a encontrar soluciones ante las restricciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

“No rechazamos ni luchamos contra el dólar. Pero si no se nos da la oportunidad de utilizarlo, ¿qué podemos hacer? Entonces nos vemos obligados a buscar alternativas”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este jueves que su gobierno aplicará medidas recíprocas si Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, decide imponer aranceles a los productos brasileños.

“Es muy simple. Si él grava los productos brasileños, habrá reciprocidad en Brasil a la hora de gravar los productos que son importados de Estados Unidos”, declaró Lula en una rueda de prensa en Brasilia.

El mandatario brasileño enfatizó que Trump fue elegido para gobernar Estados Unidos, mientras que él fue elegido para dirigir Brasil, y exigió respeto a la soberanía de su país. “No me preocupo si va a pelear por Groenlandia, el Golfo de México o Panamá, lo que tiene que hacer es respetar la soberanía de otros países”, sostuvo.

La mayor coalición opositora de Venezuela informó este miércoles que un funcionario del Gobierno brasileño entregó medicamentos “por primera vez” en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, custodiada por Brasil desde agosto, luego de que varios de los cinco asilados denunciaran la prohibición al acceso de medicinas.

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“Tras días sin que los asilados en la embajada pudieran recibir medicinas para el corazón, por primera vez un funcionario de Brasil pudo entregar los medicamentos en la Embajada de Argentina en Caracas”, afirmó el bloque opositor, agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Asimismo, reiteró sobre el “asedio” policial, denunciado desde noviembre, a las afueras de la sede diplomática, donde los asilados permanecen -según la PUD- sin luz desde hace 67 días y sin suministro de agua potable.

El régimen de (Nicolás) Maduro mantiene el asedio. La comunidad internacional no puede seguir ignorando esta violación a los acuerdos diplomáticos. ¡Exigimos salvoconductos ya!”, manifestó.

La coalición antichavista atribuyó que se permitiera el ingreso de medicamentos a la embajada por la “presión” de los últimos días, luego de que la PUD y varios de los refugiados, como Omar González, exigieran el respeto al cumplimiento de los convenios internacionales, que regulan los derechos de los asilados.

González -de 75 años y quien afirma tener una “lesión crónica en el corazón”- informó que recibió “una caja de cada uno de los medicamentos” que requiere para un mes de tratamiento.

Asimismo, reiteró que “el cerco policial es cada vez peor” al denunciar “drones de vigilancia” sobre la sede diplomática, así como “francotiradores en las casas adyacentes”, por lo que exhortó al “cuerpo diplomático acreditado en Venezuela” a que se “pronuncie sobre esta gravísima irregularidad” que, añadió, “crea un peligrosísimo precedente para el resto de las embajadas del país”.

Además de González, también se encuentran refugiados en la sede argentina, desde marzo pasado, Magalli Meda, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos y, hasta el pasado 19 de diciembre, permanecía en el lugar el ex ministro Fernando Martínez Mottola, ex asesor de la PUD, a quienes las autoridades del régimen acusan de terrorismo y traición a la patria.

La Fiscalía informó posteriormente que Martínez Mottola se presentó “voluntariamente” en la sede principal de la institución, en Caracas, para declarar sobre “graves hechos violentos, conspirativos y desestabilizadores organizados” desde la residencia “tras la celebración de las elecciones presidenciales” de julio.

Por la supuesta planificación de actos terroristas, el régimen revocó en septiembre la autorización que había otorgado a Brasil, a principios de agosto, para representar los intereses de Argentina en Caracas.

Sin embargo, la Cancillería brasileña manifestó que “permanecerá con la custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que Argentina designe a otro Estado aceptable” para la Administración de Maduro, a fin de llevar a cabo esas funciones.

El presidente de PanamáJosé Raúl Mulino, apeló este jueves a la “racionalidad” y el “respeto” en la disputa que Estados Unidos inició semanas atrás, cuando Donald Trump exigió la restitución del control del Canal por un uso indebido.

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El nuevo mandatario republicano denunció a poco de ganar las elecciones que este importante paso marítimo está siendo administrado por China, uno de sus principales rivales, y que Washington paga aranceles exageradamente altos, por lo que reclamó un incumplimiento de las condiciones acordadas al momento de su venta y exigió recobrar su dominio.

Mulino, sin embargo, rechazó las denuncias y el pedido, y este jueves aprovechó para responder con mayores argumentos a los dichos de su par.

Por ejemplo, sobre la presencia china en las instalaciones, el Presidente sostuvo que “no tienen injerencia en la administración del canal, ninguna” dado que estos trabajadores extranjeros únicamente realizan actividades auxiliares que sirven a los propósitos de la navegación comercial. Asimismo, al ser consultado sobre si aceptaría un cambio en la operación de los puertos de Balboa (sobre el océano Pacífico) y Cristóbal (sobre el océano Atlántico), respondió que “no está sobre la mesa”.

La de los puertos “es una concesión” al consorcio hongkonés Hutchison Whampoa Limited y “la otra es un contrato”, insistió, refiriéndose en lo segundo a la construcción en desarrollo del cuarto puente sobre el canal, cuyo costo supera los USD 1.300 millones y está también en manos de una filial china.

De todas formas, a fin de despejar cualquier duda por parte de Estados Unidos y verificar si el consorcio efectivamente paga lo que debe por su uso, Mulino dijo que ordenó una auditoría “inédita”.

“Vamos a esperar los resultados. Tampoco es un país de quitar o poner las leyes, ese no es el clima que queremos proyectar”, dijo antes de sentenciar que “Panamá está para respetar el Estado de Derecho, guste o no a alguno”.

En este tono y justificándose en lo anterior, Mulino defendió una vez más su propiedad sobre el Canal y reiteró que una cesión es simplemente “imposible de negociar”. “Eso está sellado, el canal es de Panamá”, aseguró.

Las palabras de Mulino se dieron en la antesala de la visita del secretario de Estado Marco Rubio al país, en la que será la primera parada de su gira por algunos países de la región.

Desde su anuncio, el viaje del funcionario estadounidense este fin de semana generó gran expectativa, principalmente por los recientes cruces y la agenda de temas que podrían abordarse en los encuentros, que -de hecho- aún no ha sido definida en su totalidad.

El lado panameño, no obstante, ya descartó la posibilidad de debatir sobre esta cuestión y puso el foco en otros temas bilaterales de gran relevancia.

“Hay muchos puntos que nos unen y estamos más que dispuestos a conversar con respeto. Lo único que deseo es quitar mucha basura del camino, limpiar la mesa y poder conversar con Estados Unidos con mucha franqueza” sobre la migración irregular, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, que requieren un trabajo conjunto, explicó el mandatario.

De hecho, aprovechó también para destacar el progreso en el vínculo “privilegiado” entre su Administración y el gigante norteamericano, con -por ejemplo- la reducción del 40% de la migración irregular hacia Estados Unidos por medio de la selva del Darién en 2024, la caída en un 93% de ese flujo en lo que va de enero, los más de 50 vuelos de deportación que su país lleva realizados desde agosto y su colaboración activa en la materia, gracias a la cual se espera otra frecuencia el próximo lunes.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no contempla publicar los resultados de los comicios parlamentarios y regionales, convocados para el próximo 27 de abril, en su página web. Así se puede ver en el cronograma, divulgado este 30 de enero por grupos de Whatsapp y no en Gaceta Electoral tal y como lo establece la Ley Orgánica de Procesos Electoral (LOPE).

Tal Cual

Según el CNE que dirige Elvis Amoroso, la web del ente, fue hackeada, desde Macedonia del Norte. La denuncia la hizo pasadas las 12:00 de la medianoche del 29 de julio del 2024, previo a anunciar los resultados de las presidenciales. Desde entonces la página permanece caída y el Poder Electoral con una deuda a venezolanos: la publicación de los resultados desagregados.

Pese a que el rector principal Conrado Pérez dijo en una entrevista el pasado 15 de enero que el portal web sería restablecido, el cronograma contradice sus aseveraciones.

CNE ya incumple el cronograma

El cronograma no tiene ni 24 horas de haberse publicado y ya deja ver incumplimientos por parte de la directiva, también integrada por los rectores Rosalba Gil Pacheco, Acme Nogal Méndez y Carlos Quintero Cuevas. Aunque el documento fija el 27 de enero como la fecha en la que se haría la publicación de la convocatoria de las elecciones a la Asamblea Nacional y las regionales; así como las etapadas del evento, en la Gaceta Electora, hasta ahora ese oficio no lo ha visto nadie.

La falta, que transgrede el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), deja a la discrecionalidad de los rectores la modificación de algunos de los eventos ya fijados por el organismo.

El año pasado, para las elecciones presidenciales, el CNE tardó 34 días (después de la divulgación del cronograma) en publicar el cronograma electoral en gaceta. Para ese entonces el calendario se publicó el 7 de marzo y salió en Gaceta Electoral el 11 de abril.

Para estas elecciones el ente rector no planea hacer jornadas de inscripción o actualización de datos en el Registro Electoral, un proceso que al menos para las elecciones presidenciales registró múltiples denuncias de irregularidades, entre ellas ralentización en centros de inscripción fijos, cambios sin avisar de los itinerantes y fallas eléctricas sobre todo en el interior del país. En el exterior la denuncia variaba entre «operación morrocoy» o petición de documentos no contemplados en la Constitución para consumar el trámite.

Entre el 5 y el 8 de marzo, el CNE contempla que se haga la presentación, modificación y sustitución de postulaciones que se reflejen en la boleta electoral. El rechazó o admisión de las mismas se hará entre el 5 de marzo y el 11 de ese mismo mes.

La modificación y sustitución de la postulación lista se hará entre el 20 y el 28 de marzo. Mientras que estos mismo cambios pero de postulaciones nominales, sin que se vean reflejados en la boleta, se podrá realizar entre el 20 de marzo y el 16 de abril.

Para los comicios parlamentarios y regionales el CNE incluyó entre sus 93 actividades pautadas, un total de 16 auditorías, incluídas aquellas que también se fijaron en las presidenciales y no hizo.

En 2024 tras la presidenciales una de las auditorías fijadas en el cronograma, pero que no se realizó que la de Telecomunicaciones, que estaba prevista para el 29 de julio. Este proceso onsiste en verificar los métodos de transmisión, por lo que con ella se ha podido determinar cómo ocurrió el hackeo} denunnciado por las autoridades comiciales.

El CNE tampocó hizo la auditoria al proceso de verificación ciudadana y la de datos electorales fase II, un proceso permite verificar el banco de huellas dactilares del sistema.

La Fiscalía Anticorrupción ha identificado indicios de fraude en el uso de los 53 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra recibió en marzo de 2021 como parte del rescate aprobado por el Consejo de Ministros para mitigar los efectos de la crisis sanitaria. Según el Ministerio Público, la empresa habría realizado transferencias a cuentas extranjeras vinculadas a una supuesta red de blanqueo de capitales con conexiones en Venezuela, Francia y Suiza.

La Gaceta de la Iberosfera

Las sospechas se basan en información recopilada a través de cooperación internacional con las autoridades de Francia y Suiza, que investigaban una organización delictiva que habría lavado una elevada cantidad de dinero procedente de fondos públicos venezolanos. Parte de estos recursos estarían relacionados con irregularidades en la venta de oro del Banco de Venezuela y en el programa estatal de distribución de alimentos CLAP.

En la documentación revisada por la Fiscalía, Plus Ultra aparece como firmante y beneficiaria de contratos de préstamo con tres sociedades vinculadas a la red criminal. Tras recibir la ayuda pública, la aerolínea habría realizado devoluciones de dinero a estas empresas a través de cuentas en el extranjero, lo que refuerza la hipótesis de una posible defraudación al Estado.

Las pesquisas revelaron también que la organización bajo sospecha estaba compuesta por personas de diversas nacionalidades, incluyendo ciudadanos de Perú, Venezuela y Países Bajos que habían obtenido la nacionalidad española. Además, en la trama figuraría al menos un abogado de Madrid, y su operativa incluía la adquisición de bienes inmuebles con fondos de origen ilícito.

Otro de los aspectos analizados por la Fiscalía es la existencia de contratos de préstamo que fueron reembolsados en su totalidad, y cuya procedencia está bajo investigación. En este entramado, una de las sociedades implicadas habría vendido oro valorado en 30 millones de euros a una empresa de Emiratos Árabes Unidos, mientras que otra habría recibido transferencias en una cuenta bancaria en Panamá. También se sospecha que la red utilizaba la venta de relojes de lujo como método de blanqueo de dinero.

Sin embargo, el Juzgado Central de Instrucción número 2 rechazó en noviembre de 2023 la denuncia presentada por Anticorrupción, argumentando que la Audiencia Nacional no tiene competencia sobre estos hechos, ya que el delito de blanqueo estaría vinculado a actividades ilícitas en Venezuela. En respuesta, el Ministerio Público interpuso un recurso, insistiendo en que la supuesta red tiene un impacto considerable en España, lo que justificaría que la Audiencia Nacional asumiera el caso, amparándose en el artículo 65.1º c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El fiscal hizo especial hincapié en el presunto uso indebido de dinero público español, señalando que Plus Ultra habría desviado parte de los fondos recibidos en el rescate a sociedades extranjeras implicadas en la venta de oro, bajo la apariencia de devoluciones de préstamos. Además, mencionó que la trama tiene vínculos con «clientes» investigados por la justicia española, y que al menos uno de ellos está imputado en dos causas abiertas en la Audiencia Nacional.

Hasta diciembre de 2024, se sumaban 3.700 presos políticos entre Cuba, Nicaragua y Venezuela. Particularmente, el país vecino acumuló el número más alto con más de 1.700, cuando la mayoría han sido encarcelados por oponerse al gobierno de Nicolás Maduro luego de su cuestionado triunfo en las elecciones del 28 de julio del año pasado.

El Tiempo

Según datos de la organización Foro Penal, a corte del pasado 20 de enero, en Venezuela aún quedan 1.601 personas en las cárceles que se dividen en 1.418 hombres y 183 mujeres. De este grupo, 1.439 son civiles y 162 militares, mientras que los menores de edad detenidos, que sumaban 150, fueron excarcelados.

Paralelamente, según informes de varias ONGs, en Cuba, hoy hay alrededor de mil prisioneros y unos 46 en Nicaragua.

Y, volviendo al caso venezolano, según denunciaron este martes familiares de presos políticos agrupados en el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clppve), aún no se han podido localizar a unas 50 personas tras las manifestaciones postelectorales de julio.

Además, insisten en que todos los prisioneros en Venezuela están siendo sometidos a tratos crueles e inhumanos y se les ha asignado defensa pública, negándoles derechos constitucionales tras su detención en las cárceles de El Helicoide, Tocorón, Ramo Verde, Dgcim, Tocuyito, Rodeo I y II y estaciones policiales.

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Nicolás Maduro se pronunció este jueves 30 de enero sobre la muerte de alias Wilexis, a quien calificó como “uno de los criminales más horrorosos que ha tenido la historia del crimen en Venezuela”.

La Patilla

En un discurso transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro describió a Wuileisys Acevedo, como un “criminal, extorsionador, secuestrador y asesino” que instauró un sistema de terror en el país.

“Mató a su hijo, mató a mujeres, esclavizaba a niñas de 11 años y luego las tomaba para él. Y a los 15, 16 años las botaba”, manifestó.

Asimismo, lo acusó de haber creado “un sistema de extorsión muy parecido al que en Medellín, allá en Antioquia, en Colombia, se conoce como La Oficina”, asegurando que el criminal operaba con un centro de extorsión que afectaba a comerciantes y ciudadanos en general.

“Si le gustaba una niña de 11 años, le caía a la familia y se la llevaba. Si el padre o la madre se negaban, los mataba”, afirmó.

También vinculó a Wilexis con sectores de la oposición venezolana, asegurando que “nació bajo el amparo de la extrema derecha” y que “estuvo en todos los planes violentos”.

Finalmente, Nicolás Maduro reiteró su política de “cero tolerancia con las bandas criminales”, instando a quienes forman parte de estas organizaciones a rendirse y entregar sus armas de inmediato.

“El que quiera rendirse y entregar las armas debe hacerlo de inmediato. Y respetar el derecho de su comunidad a la paz, al deporte, a la cultura, a la familia”, sentenció.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este jueves 30 de enero como “grupo terrorista de crimen organizado” al Tren de Aragua, la banda transnacional que nació en las cárceles de Venezuela, que cuenta con tentáculos y operaciones delictivas en otros países de Suramérica.

EFE

Noboa había anticipado que pasaría a catalogar como terrorista al Tren de Aragua, al ser uno de los acuerdos alcanzados el pasado miércoles 29 de enero durante su reunión en Quito con el presidente electo venezolano, Edmundo González Urrutia.

A través de un decreto, el mandatario ecuatoriano argumentó que el Tren de Aragua constituye “una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado”.

Con esta decisión, Noboa sigue también los pasos del presidente de EEUU, Donald Trump, quien fue el primer mandatario del mundo en declarar como organización terrorista al Tren de Aragua.

Desde inicios del pasado año, cuando Noboa declaró a Ecuador bajo un “conflicto armado interno” contra el crimen organizado, el Gobierno pasó a considerar como grupo terrorista a toda banda criminal que operen en el país, algunas de ellas con vínculos con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Si bien no ha habido importantes indicios públicos hasta el momento de la presencia del Tren de Aragua en Ecuador, el presidente ecuatoriano citó en su decreto un informe del centro nacional de inteligencia donde, sin ofrecer mayores detalles, afirma que existe “incidencia” del grupo venezolano en territorio ecuatoriano.

La escena criminal de Ecuador está dominada por dos grandes bandas de delincuencia organizada como Los Choneros y Los Lobos, junto a otras que operan en territorios más acotados como Los Águilas, Latin Kings y Chone Killers, entre otros grupos dedicados principalmente al narcotráfico, las extorsiones, los secuestros y la minería ilegal.

Estas bandas se encuentran detrás de la escalada de violencia que afecta a Ecuador y que hizo que en 2023 pasase a ser el país con la tasa más alta de homicidios, al registrar 47,2 por cada 100.000 habitantes, ocho veces más que en 2016, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (Oeco).

Solo a un estúpido se le ocurre cazar pelea de un pequeño país con uno poderoso. Solo al presidente Petro se le ocurre no recibir en su país a los deportados que se encontraban de manera irregular en los Estados Unidos, algunos de ellos por delitos menores e infracciones cometidas en ese país, cuando la mayor obligación de un presidente es salvaguardar la integridad de sus nacionales. Como se le ocurre devolverlos, más aún si consideraba que se encontraban en malas condiciones.

Solo a él se le ocurre poner en riesgo la vida de los deportados, las relaciones y el comercio con los Estados Unidos, principal socio que representa miles de millones de dólares en exportación de petróleo, minerales, manufacturas, comestibles procesados, café, frutas, flores, piedras preciosas, así como muchos otros productos y servicios, como también inversiones y créditos de fomento para el desarrollo, de igual manera ayudas económicas para la seguridad nacional, el bienestar social, becas para estudiantes y un turismo receptivo de más de un millón doscientos mil norteamericanos que vienen anualmente a Colombia. Situar en riesgo el financiamiento internacional tanto para el Estado como para el sector privado, a más del congelamiento de cuentas y afectación a la divisa.  

De otra parte, es poner en la mira del gobierno americano a miles de colombianos que residen legalmente en ese país o bien que tienen procesos de asilo en curso de formalización. También haber provocado el cierre de la expedición de visas a los colombianos que por diferentes razones desean o requieren viajar a ese país, por turismo, negocios, atención médica, deporte, estudios, visita a familiares, etc. Pues el gobierno americano ordenó el cierre de la oficina de visas en Colombia, dejando a miles de personas sin la posibilidad de solicitarlas.

Las consecuencias para Colombia son muy graves y su repercusión inmediata, pues en retaliación a la estúpida decisión del presidente Petro, el presidente Trump ordenó suspender las visas a todos los funcionarios oficiales del gobierno Petro, incluida la de él mismo, sus familiares, personas cercanas y de su partido a más de las medidas citadas anteriormente. ¿Ahora, que puede suceder con los colombianos en vías de deportación?

Que decisión más absurda y estúpida la tomada por el presidente Petro, poner en juego y riesgo las relaciones con Estados Unidos, así como las graves implicaciones que esa medida conlleva y todo por la soberbia y prepotencia que le es característica, es una tremenda irresponsabilidad que el Congreso de la República no debería permitir, es hora de poner freno a todas esas estupideces del presidente, pues el parlamento es el encargado de velar por la integridad del país, frenar las insensateces del mandatario y sus extralimitaciones. Igualmente están las altas cortes y organismos de control del Estado, que tienen la obligación de controlar los desmanes perjudiciales en que incurra el funcionario público, pues al paso que vamos puede cometer otra estupidez más grave llevado de su orgullo, prepotencia e ignorancia o quizás otro estado de alteración de su psiquis, según se cree, para después humillarse y quedar como un pelele, dejando un daño enorme al país y a miles de colombianos. 

He utilizado a mi pesar la expresión estupidez, ya que se entiende que “una persona estúpida es aquella que con una acción causa daño sin obtener ningún provecho para él o para los demás, solo perjuicio” y todo lo anterior apoyado por la ley de la estupidez que dice: “la persona estúpida es más peligrosa que el malvado”. ¡Solo un estúpido haría lo que el presidente de los colombianos hizo!

Diego Arango O.
arangodiego@hotmail.com

El Comando ConVzla, hizo un llamado  este jueves a Estados Unidos para que mantenga el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos. Esta solicitud surge tras la cancelación de su extensión por parte de la administración de Donald Trump.

El Nacional

En caso de que no sea posible la continuidad del TPS, el grupo aboga por la creación de un nuevo mecanismo que garantice la protección de quienes residen en el país norteamericano.

La agrupación opositora subrayó que “la gran mayoría de los venezolanos en el exilio busca un refugio temporal hasta que sea posible regresar” a un país “libre”. En este contexto, considera esencial evaluar “el riesgo para la seguridad y la integridad de aquellos que se han enfrentado o huido del régimen debido a la persecución política”.

El Comando ConVzla también destacó que “la inmensa mayoría” de los venezolanos en EE UU “son personas de bien que han trabajado arduamente durante décadas, contribuyendo al desarrollo de esta gran nación con su talento, conocimientos e inversiones”. Esta afirmación resalta el impacto positivo de la diáspora venezolana en el tejido social y económico estadounidense.

Asimismo, el grupo enfatizó que “en Estados Unidos, cientos de miles de venezolanos, tras escapar de la dictadura de Nicolás Maduro, principal promotor del crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país, contribuyen legalmente a la economía”. Esta declaración pone de manifiesto las significativas aportaciones que los migrantes realizan en su nuevo hogar.

El Comando también mostró su respeto hacia las decisiones del gobierno estadounidense contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua, originada en cárceles venezolanas, con el objetivo de “garantizar la seguridad y el orden” en EE UU. Además, manifestaron su disposición para colaborar con la administración Trump en la búsqueda de “una solución favorable para todas las partes”.

TPS en peligro: venezolanos exigen revisión de políticas migratorias

El TPS actual permite a más de 600.000 venezolanos trabajar y residir legalmente en EE UU, con un vencimiento programado para el próximo 10 de septiembre de 2025. Este alivio migratorio fue creado para proteger a migrantes provenientes de países en crisis o situaciones catastróficas.

Por su parte, Kristi Noem, la nueva secretaria de Seguridad Nacional, justificó la revocación del TPS al señalar que la administración anterior intentó forzar su mantenimiento, dejando a su gobierno “con las manos atadas”.

En una manifestación reciente, la  Plataforma Unitaria Democrática (PUD), expresó su deseo de que Washington revise sus políticas migratorias y solicitó al Ejecutivo buscar “las mejores condiciones para la protección de los venezolanos” en Estados Unidos.

Varios miembros políticos y partidos dentro de la PUD también han manifestado su oposición a esta medida. La exdiputada Delsa Solórzano calificó como “inadmisible” la deportación de venezolanos que cuentan con permiso legal.

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