Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial para la Elaboración e Implementación de los Mecanismos de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, reconoció que la Ley contra el Odio ha tenido problemas en su aplicación y señaló que en algunos casos se ha actuado de forma incorrecta, especialmente en procedimientos vinculados con la revisión de teléfonos móviles.
Durante una entrevista con Circuito Éxitos, afirmó que la norma “a veces se ha aplicado muy bien y a veces muy mal”, al referirse a detenciones e imputaciones basadas en mensajes encontrados en dispositivos personales.
Indicó que no existe derecho a revisar el teléfono de una persona en una alcabala si no está bajo investigación formal. “No hay derecho a revisar el teléfono a una persona en una alcabala; si tú estás bajo una investigación o una imputación ya eso es otra cosa”, sostuvo.
Sin embargo, defendió que en otras situaciones la actuación de las autoridades permitió prevenir hechos de violencia, como presuntas amenazas contra terceros a través de grupos de mensajería.
“Revisar y reformar” la Ley del Odio
Señaló que la norma requiere una reglamentación precisa que delimite cómo debe utilizarse para evitar interpretaciones amplias o discrecionales. “Podemos revisarlas, reformarlas, pero sobre todo reglamentar su uso”, dijo sobre posibles cambios tanto a la Ley contra el Odio como a otras normas vinculadas con delitos políticos.
Arreaza también explicó que, aunque ciertos casos no encajan dentro de los supuestos contemplados en la actual Ley de Amnistía, existe una comisión que evalúa expedientes y puede recomendar cierres de procesos o medidas sustitutivas cuando considere que el “espíritu de la reconciliación” lo permite.
Entre ellos mencionó a los policías metropolitanos condenados por homicidio intencional y señaló que ese delito, al igual que violaciones graves de derechos humanos, tráfico de drogas y corrupción, no puede ser objeto de amnistía según los criterios establecidos.
“A mí me encantaría poder amnistiarlos, pero es una de las exclusiones claras en todas las leyes de amnistía”, dijo.
Hasta la fecha, informó que se han recibido más de 3.000 solicitudes de revisión y que cerca de 180 personas ya gozan de libertad plena. Aseguró asimismo que fiscales, jueces y defensores públicos trabajan en la evaluación de los casos.
En el corazón de Venezuela, durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, la tranquilidad se rompió con explosiones consecutivas y sobrevuelos de aviones a baja altura en puntos de la capital y zonas cercanas.
Esa noche -según la reconstrucción de los hechos-, el reloj lo puso Washington: más de 150 aeronaves, cazas y bombarderos, despegando desde 20 bases; ataques “dentro y cerca de Caracas”, incluyendo sistemas de defensa aérea, plataformas de interferencia electrónica, y, en tierra, una unidad de élite entrando “pesadamente armada”, incluso con un soplete por si había que abrir puertas de acero.
La Operación Absolute Resolve fue la respuesta. Y la guerra de los Cien años de Cabello duró exactamente 165 minutos.
Pero fue una guerra. No un golpe de Estado. No una extracción quirúrgica. Venezuela estaba preparada -lo dijo Trump-: «They were all set for us», estaban listos para nosotros-, recibió el ataque y combatió. Murieron 47 soldados venezolanos, 32 cubanos que formaban la guardia pretoriana de Maduro y al menos 2 civiles. Siete soldados estadounidenses resultaron heridos con impactos de bala y metralla. Tres pilotos de helicóptero fueron alcanzados gravemente por ametralladoras en tierra.
Un MH-47 Chinook fue impactado en los primeros segundos de la batalla. Hubo «múltiples enfrentamientos de autodefensa» durante la retirada. Hubo combate real, bajas reales, resistencia real. Lo que ocurrió fue una guerra entre dos naciones -corta, devastadora e irrevocable- que terminó como todas las guerras: con un vencedor, un vencido y una rendición.
Hasta hace poco en la historia y en los manuales de historia militar, el ejemplo perfecto de velocidad tenía un nombre propio: la guerra de los Seis Días. Junio de 1967, del 5 al 10, seis amaneceres para cambiar fronteras, jerarquías y mapas.
Pero el 3 de enero de 2026, Venezuela obligó a tachar ese símbolo, no por borrar su peso histórico, sino por demostrar que en el siglo XXI USA logró comprimir una guerra en el tamaño de una madrugada.
En ambas contiendas no hubo una “declaración formal de guerra” clásica como en otros conflictos, pero sí señales públicas, anuncios y movimientos que prácticamente anticipaban que la guerra era inminente.
El inicio de la operación que marcó el fin del mandato de Nicolás Maduro.
Mientras la gente miraba hacia el cielo (o el teléfono), el otro cielo -el que no sale en los videos- ya estaba ocupado. Más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases en el hemisferio occidental, según el general Dan Caine F/A-18 y F-35 abriendo corredores aéreos. Bombarderos B-2 que habían cruzado el Atlántico sin que nadie lo advirtiera. Helicópteros MH-60 y MH-47 volando a ras del suelo, eludiendo radares, siguiendo el contorno de los cerros como quien conoce el camino de memoria. Drones de vigilancia que llevaban días sobrevolando Caracas en silencio, cartografiando cada movimiento, cada guardia, cada puerta.
Plataformas de guerra electrónica que, antes de que sonara la primera explosión ya habían comenzado a apagar el país por dentro: comunicaciones cortadas, frecuencias militares intervenidas, el sistema nervioso de la defensa venezolana anestesiado sin que nadie notara el pinchazo; una arquitectura completa de guerra. No improvisada, no apresurada. Construida durante meses, ensayada en simulacros, afinada con la obsesión de quien sabe que el margen de error es cero. Cada aeronave tenía su función. Cada función tenía su ventana de tiempo.
Cada ventana se abría y se cerraba con la precisión de un mecanismo de relojería diseñado para no fallar. Porque la operación no estaba hecha para durar días ni para ocupar territorio. Estaba hecha para durar horas y decidir en minutos. Entrar, neutralizar, capturar, salir. Que cuando amaneciera en Caracas, ya todo hubiera ocurrido. Que el mundo despertara con el hecho consumado antes de tener tiempo de reaccionar, de condenar, de hacer algo al respecto.
Cronología de una guerra de 165 minutos
Lo que sigue es la reconstrucción más detallada disponible de las dos horas y cuarenta y cinco minutos que cambiaron la historia de América Latina, basada en las declaraciones del general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto; las conferencias de prensa del presidente Trump; testimonios de combatientes venezolanos; análisis de CSIS, SOF Support Foundation y Small Wars Journal; imágenes satelitales de Airbus, y datos de rastreo aéreo de Flightradar24.
Lea la nota completa siguiendo este enlace a El Nacional
La Asamblea Nacional chavista recibió este 25 de febrero la carta de renuncia del fiscal general chavista, Tarek William Saab. La directiva del parlamento presentó el documento oficial durante el desarrollo de la sesión ordinaria del cuerpo legislativo.
Tras la lectura de la orden del día, Jorge Rodríguez anunció los próximos pasos para suplir la vacante en el Ministerio Público. En tal sentido explicó que el Parlamento designará a «un encargado» para asumir la dirección de la institución de forma temporal debido a la ausencia de un vicefiscal que lo supla en el cargo.
Del mismo modo se indicó que esta medida provisional se mantendrá mientras «se activa el comité de postulaciones», órgano responsable de evaluar los credenciales de los futuros candidatos al cargo.
La carta de «renuncia» de Saab facilitaría la designación de un aliado de Delcy Rodríguez para ocupar la titularidad en la Fiscalía General de la República.
No creo haberme reído nunca tanto como durante un servicio religioso, cuando algo ligeramente ridículo me llamó la atención. Mi amiga también lo vio, y cuando se empezó a reír, ya no pudo parar. Años después he intentado explicar qué fue tan gracioso, pero parece que había que estar allí. ¿Qué tenía la combinación de la situación -a veces llamada «risas de iglesia»- y la risa compartida que la hacía tan graciosa?
La mayoría de la gente reconoce la experiencia. Un ambiente solemne. Silencio absoluto. Un detalle visual fugaz que, en cualquier otro contexto, es apenas divertido en el mejor de los casos. Sin embargo, cuanto más intentas reprimir la risa, más incontrolable se vuelve. Cuando alguien más la nota, contenerse se vuelve casi imposible.
Este tipo de risa, que surge cuando intentas no reírte, no se limita a los espacios religiosos. Ocurre en cualquier entorno donde el silencio, la seriedad y el autocontrol se imponen con fuerza y la risa descontrolada está mal vista.
Más que una cuestión de mala educación o falta de madurez emocional, nos dice algo sobre cómo se comporta el cerebro bajo presión. La ciencia que lo sustenta es sorprendentemente compleja.
En entornos muy formales (iglesias, tribunales, funerales), el cerebro opera en un estado de inhibición activa. Este es el proceso mediante el cual el cerebro suprime deliberadamente la actividad cerebral.
La región más involucrada es la corteza prefrontal, la parte del pensamiento y la toma de decisiones en la parte frontal del cerebro, en particular sus áreas medial y lateral. Estas áreas gestionan el juicio social, la restricción del comportamiento y la regulación emocional.
Esta parte del cerebro no impide que surjan las emociones. En cambio, funciona suprimiendo su expresión externa.
El origen de la risa
La risa proviene de una red distribuida por todo el cerebro, en lugar de un único «centro de la risa». El impulso comienza en las regiones externas del cerebro, pero el impulso emocional proviene de estructuras más profundas del sistema límbico, el centro de procesamiento emocional del cerebro.
El sistema límbico incluye la amígdala, una estructura con forma de almendra que procesa las emociones y asigna importancia emocional a las cosas, y el hipotálamo, que controla funciones corporales automáticas como la frecuencia cardíaca y la respiración.
Una vez que se libera la risa, los circuitos del tronco encefálico (la base del cerebro que conecta con la médula espinal) toman el control y coordinan la expresión facial, la respiración y la vocalización.
Esto hace difícil detener la risa voluntariamente. La corteza prefrontal normalmente controla esta respuesta, suprimiendo la risa cuando es socialmente inapropiada.
Cuando ese control se debilita, debido a una mayor excitación o a señales sociales compartidas, la risa surge como un comportamiento automático, casi reflejo. Ya no es un acto deliberado.
En otras palabras, el impulso de reír y el esfuerzo por contenerse provienen de diferentes partes del cerebro que compiten entre sí.
Cuando algo inesperado o extraño llama tu atención, tu respuesta emocional se activa rápida y automáticamente. Controlarla requiere esfuerzo, consume energía y suele estar destinado al fracaso, especialmente si tienes que mantener el control durante largos periodos.
Cuanto más firmemente intentes controlarla, más activo se mantendrá el detonante en tu atención. Reprimirla no borra el pensamiento; de hecho, lo ensaya y lo mantiene.
Liberar tensiones
La risa no es solo una respuesta al humor. Neurológicamente, también funciona como un reflejo regulador: una forma de liberar la tensión emocional y física.
En entornos con restricciones, tu sistema nervioso tiene pocas vías de escape. No puedes moverte, no puedes hablar, no puedes cambiar mucho de posición ni expresar incomodidad.
Al mismo tiempo, tu sistema nervioso automático se activa ligeramente. Tu ritmo cardíaco aumenta, tu respiración se vuelve más superficial y tu tono muscular se eleva.
Esta combinación reduce el umbral de liberación emocional. Tu cuerpo se prepara para liberar algo.
Una vez que comienza la risa, se activan vías motoras automáticas en el tronco encefálico que no puedes interrumpir fácilmente. Por eso, una vez que la risa se desencadena, a menudo se siente físicamente imparable.
Ya no estás «decidiendo» reír. El sistema ha tomado el control y estás indefenso.
Para muchas personas, el punto de inflexión no es el detonante original. Es el instante en que alguien más lo percibe.
Aquí es donde entra en juego la neurobiología social. Los humanos somos muy sensibles a las señales sociales sutiles: tensión facial, cambios en la respiración, sonrisas contenidas.
Procesamos estas señales rápidamente a través de redes que involucran el surco temporal superior, un surco a lo largo del lateral del cerebro que desempeña un papel clave en la interpretación de otras personas.
Las neuronas espejo (células cerebrales que se activan tanto cuando actuamos como cuando observamos actuar a otros) también nos ayudan a captar estas señales.
Reír juntos representa una alineación emocional compartida. Ese reconocimiento compartido hace dos cosas a la vez. Valida tu propia respuesta (no me lo estoy imaginando). Y elimina la sensación de transgresión solitaria (ya no estás reprimiendo solo).
El sistema de control prefrontal se debilita aún más. La risa se propaga a través del contagio emocional.
En este punto, el detonante original ya no importa. De lo que se ríen es del otro y de lo absurdo de intentar recuperar el control.
Estos momentos suelen desencadenarse por algo visual, pero no tiene por qué ser así. Una palabra mal pronunciada o una frase inesperada pueden provocar la misma respuesta.
Sin embargo, los desencadenantes visuales son especialmente potentes en entornos silenciosos. No se pueden interrumpir ni disimular, y el cerebro puede reproducirlos repetidamente mientras la inhibición esté activa.
Los desencadenantes verbales, en cambio, tienden a compartirse al instante. Que la risa surja depende de la rapidez con la que se pueda restablecer la inhibición social.
La risa «inapropiada» suele interpretarse como grosería o infantilismo. Pero desde una perspectiva neurológica, es una consecuencia predecible de la inhibición emocional prolongada en una especie social.
El cerebro no está diseñado para una inhibición sostenida sin liberación. Cuando la inhibición es lo suficientemente fuerte, y cuando alguien más está presente, la risa se convierte en la vía de escape. Por eso parece imposible detenerse.
El pasado 19 de febrero, poco más de un mes y medio después de la captura y extracción en Venezuela de Nicolás Maduro, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue promulgada por Delcy Rodríguez y refrendada por Diosdado Cabello —al frente del Ministerio de Interior y Justicia— y Vladimir Padrino López al mando de la Defensa. Se daba así la paradoja de que los arquitectos y administradores del aparato represivo chavista —señalado por organismos internacionales por graves violaciones de derechos humanos— son los mismos que ahora otorgan lo que la exposición de motivos del proyecto de ley presentó como un «acto de clemencia soberana”.
Desde que se conoció públicamente el proyecto de ley a comienzos de febrero, el texto fue objeto de un intenso escrutinio y críticas por parte de reconocidos juristas y organizaciones de derechos humanos, que lo caracterizaron —casi unánimemente— como una propuesta insuficiente y profundamente selectiva.
Gracias a la presión de la sociedad civil organizada, algunas de las críticas fueron recogidas en la versión final de la ley sancionada, pero estas modificaciones fueron, en su conjunto, solo ajustes técnicos que mejoraron marginalmente la operatividad de la ley: plazos de 15 días para la decisión judicial, posibilidad de representación por apoderados para personas en el exterior, disposición para el levantamiento de alertas y solicitudes internacionales de captura, incorporación del in dubio pro reo como principio de interpretación, y una modesta ampliación del catálogo de hechos cubiertos. Sin embargo, las demandas estructurales de la sociedad venezolana no fueron atendidas por el régimen.
El control de la narrativa que exculpa al verdugo
La narrativa oficial impulsada desde la Exposición de Motivos del proyecto de Ley parte de la premisa de que Venezuela habría vivido una «confrontación política desde el extremismo”, y presenta la amnistía como un acto de «clemencia soberana” y de reconciliación del Estado hacia quienes supuestamente cometieron «delitos” dentro de ese contexto.
ONG y juristas criticaron esa manipulación de la narrativa y advirtieron que, con el uso de esa terminología, el verdugo convierte a las víctimas en culpables y se presenta a sí mismo como magnánimo. Ese lenguaje, señalan expertos y organizaciones de DD.HH. como la ONG Justicia Encuentro y Perdón, no solo revictimiza al atribuir responsabilidades a quienes fueron perseguidos arbitraria e ilegalmente por el Estado venezolano, sino que reproduce la misma retórica utilizada durante años para justificar detenciones, torturas y desapariciones forzadas bajo la etiqueta de radicales violentos o enemigos internos. Por ello, pidieron eliminar ese lenguaje e incluir una salvaguarda jurídica expresa que garantizara que los beneficiarios no quedan marcados como «culpables” por acogerse a la amnistía; lo cual no fue aceptado.
Al mantener durante todo el proceso la retórica de la clemencia, el postmadurismo aspira a exonerarse ante una base chavista que durante décadas ha sido alimentada con el mensaje de que la represión era necesaria para contener a radicales y a extremistas. Igualmente, pretende evitar cualquier admisión de responsabilidad ante las investigaciones que cursan ante organismos internacionales, las cuales podrían derivar en reparaciones para las víctimas y consecuencias penales contra los perpetradores.
La justicia para las víctimas no entra en la ecuación del régimen
Esta manipulación de la narrativa está directamente conectada con la crítica más estructural que se la hizo al proyecto y que no fue recogida en absoluto: la solicitud de que la ley debía insertarse en un esquema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
La ley promulgada no contempla ningún mecanismo de reparación: no reconoce responsabilidad estatal, no ofrece disculpas públicas, no prevé indemnizaciones, restitución de bienes, reincorporación laboral, así como tampoco se aceptó la reincorporación de Venezuela en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, garantía importante para la no repetición.
En una ley que se presenta como instrumento de «reconciliación», la ausencia total de reparación solo confirma que la justicia para las víctimas no forma parte de la ecuación política del régimen.
Amnistía selectiva: el filtro político para las amenazas al régimen
El proyecto original dejó también muy claro que la amnistía que el postmadurismo se veía obligado a conceder no pretendía ser un instrumento de restitución amplia de derechos a todos los perseguidos políticos del país. La amnistía del régimen no cubre de manera general la persecución política, sino que la restringe a un catálogo de hechos y episodios que funcionan como un filtro de entrada, junto con la exclusión expresa de quienes participaron en la rebelión militar de 2019, (Art. 8, numeral 10) y aquellos que promuevan acciones armadas… por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras» (Art. 9), cláusula que coincide con la acusación que el chavismo utiliza sistemáticamente contra líderes de la oposición en el exilio.
Sobre la base de que la persecución política en Venezuela ha sido un proceso continuado que no puede encerrarse en un catálogo, organizaciones como Acceso a la Justicia y Foro Penal, exigieron una «amnistía continua desde 1999 hasta la fecha”. El régimen no tomó en consideración esta propuesta y se limitó a ampliar el catálogo de diez a trece momentos, dejando por fuera años clave de persecución como 2015, 2018 y gran parte del período 2020-2022. Asimismo, casos emblemáticos y operaciones represivas documentadas por las ONG —Dron, Gedeón, Libertad, Aurora, Oro, Tun‑Tun y Brazalete Blanco— quedan en zonas de incertidumbre, sujetas a que los tribunales chavistas las encuadren, discrecionalmente, dentro de algunos de los momentos estipulados en la ley. De acuerdo con las estimaciones de la ONG Justicia Encuentro y Perdón, el número de presos políticos excluidos de la amnistía estaría entre 300 y 400.
Esta amnistía administrada por catálogo —no por el reconocimiento del patrón de persecución— le permite al régimen bajar la presión política, y al mismo tiempo, mantener el control interno excluyendo de la medida a militares, líderes de operaciones armadas y figuras opositoras consideradas amenazas reales. Y dado que la aplicación no es automática, sino que requiere solicitud y decisión del mismo aparato judicial controlado por el régimen, la selectividad se hace más fuerte.
El mecanismo de la puerta giratoria sigue intacto
El proyecto de ley de Amnistía no fue diseñado para desmontar el sistema de persecución política en Venezuela, sino para administrarlo. Abrió de forma calculada la válvula de escape de las excarcelaciones y dejó intacto el aparato que permitió perseguir, encarcelar y silenciar a miles de venezolanos por razones políticas.
Juristas como Allan Brewer‑Carías y organizaciones como Foro Penal y Aula Abierta advirtieron que ninguna amnistía puede tener efectos reales si no se desmonta el marco legal que habilitó la represión y solicitaron que se derogaran normas represivas que sirvieron de base a la criminalización de la disidencia política: la Ley contra el Odio, la Ley de Extinción de Dominio, y tipos penales usados para castigar la opinión y la protesta. El régimen no aceptó esta solicitud. A ello se agrega el reclamo de que el sistema de justicia cooptado —jueces, fiscales y tribunales que ejecutaron la persecución política— permanece exactamente igual.
En consecuencia, el ecosistema institucional que hizo posible la persecución política permanece intacto. La amnistía —al no tocar sus cimientos— opera como un alivio momentáneo a la presión interna y, al mismo tiempo, le permite al régimen conservar el arsenal para que la puerta giratoria siga funcionando.
La ley como termómetro de la transición tutelada
Leídas en su conjunto, las objeciones y críticas —tanto las aceptadas como las no aceptadas— operan como un termómetro de la transición que permiten inferir lo que está dispuesto a ceder el postmadurismo bajo tutela para complacer a la Casa Blanca y lo que intenta preservar a toda costa.
Si bien la ley permite la excarcelación de un grupo significativo de presos, su arquitectura —revictimizante, sin justa reparación a las víctimas, sin garantías de no repetición, limitada, discrecional, y que deja intacto el ecosistema represivo— revela que el régimen postmadurista se negó a conceder todo lo que tiene un costo real en términos de poder, responsabilidad o control. En otras palabras, el régimen no busca construir verdaderos puentes hacia la democracia y la reconciliación nacional, sino administrar, bajo la tutela de Washington, un sistema de gestión del cambio que le permita durante esta coyuntura conservar los resortes del poder en el país.
Sin embargo, al mismo tiempo, este proceso dejó en evidencia una sociedad civil activa, articulada y técnicamente preparada, dispuesta a seguir luchando por una verdadera y justa transición hacia la democracia.
La amnistía en Venezuela avanza a cuentagotas y con la incertidumbre de familiares de presos políticos que han acudido a tribunales para solicitar la aplicación de la norma que, lejos de ser una medida de gracia inmediata, pasa por un filtro institucional coordinado, en principio, por fiscales, defensores públicos y los jueces en un plazo no mayor a 15 días.
Está en pleno desarrollo y el Ministerio Público (MP) asegura que se han beneficiado unas 3.000 personas. El Palacio Federal Legislativo, en tanto, señala que más de 2.000 personas con medidas cautelares han recibido libertad plena y que 177 han sido excarceladas.
Sin embargo, ONG y partidos políticos sostienen que han logrado confirmar la salida de prisión de al menos 109 presos políticos y, no han ofrecido, en cambio, información sobre las personas con libertades restringidas.
La medida promovida por Delcy Rodríguez, en el marco de lo que ella misma ha denominado como un «nuevo momento político» que se da justo después de que Estados Unidos presionara por la liberación de estos detenidos tras capturar a Nicolás Maduro, avanza de la siguiente manera:
Burocracia
La ley establece en su artículo 7 que los detenidos o requeridos por la justicia que quieran ser amnistiados deben presentar una solicitud ante los tribunales y, hasta ahora, el MP y los defensores públicos han sido los encargados de hacer estas peticiones.
«La teoría dice que debería ser declarada de oficio porque las disposiciones de la ley son de orden público y de interés general, pero lo que estamos viendo es que (…) no es un proceso verdaderamente automático, aunque debería serlo», indicó a EFE el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob.
Hasta la noche del lunes el Palacio Federal Legislativo hablaba de más de 3.000 solicitudes, mientras planea abarcar a más de 11.000 personas bajo medidas cautelares.
Foro Penal también ha cuestionado que los mismos jueces que dictaron condenas sean los que decidan sobre las liberaciones.
Selectividad
La ley aprobada establece que su aplicación abarca entre 1999 y 2026, los últimos 27 años de gobiernos chavistas, pero especifica 13 episodios, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.
Según Foro Penal, en Venezuela hay más de 600 presos políticos y de ellos más de 180 son militares.
La ley además excluye los delitos de violación a los derechos humanos, de lesa humanidad, guerra, narcotráfico, corrupción y homicidio intencional. Este último, a veces, imputado en casos de presos políticos detenidos en el marco de protestas o crisis políticas, según ONG.
Se dejan por fuera también a todos aquellos que hayan promovido operaciones militares contra el país.
Inmediatamente después de su aprobación, ONG como Provea, Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón coincidieron en que hay un «injustificable exceso de exclusiones» con este marco legal.
La comisión de «seguimiento»
La ley, sin embargo, permitió la creación de una comisión especial que se encarga de velar el cumplimiento de la amnistía y que puede evaluar la solicitud de casos no especificados en la norma y para ello puede contar con el apoyo de expertos.
Esto, explica Himiob, abre la puerta a la posibilidad de «ampliar el marco de la amnistía», lo cual fue una sugerencia directa de las organizaciones no gubernamentales, pero aún no está claro el protocolo para ello.
La comisión está conformada por varios miembros del Palacio Federal Legislativo, incluso el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, junto a otros tachados de colaboracionistas con el chavismo, lo que ha generado dudas de imparcialidad debido a su inclinación política.
«No hay despacho» y más…
Mientras el proceso avanza entre la coordinación de la Fiscalía y los tribunales, decenas de personas acuden al Palacio de Justicia en Caracas o buscan asesorías con ONG para pedir la aplicación de la ley para los casos de sus familiares.
Sin embargo, se han encontrado con tribunales «sin despacho» (como se conoce cuando no están funcionando), en «comisión» (desplazados a otros sitios), sin secretaria o una remisión a los defensores públicos correspondientes, según denunció el lunes el Sindicato de Prensa venezolano, que también trabaja para apoyar en los casos del gremio que quieran solicitar amnistía.
Y aunque Himiob dijo a EFE que «hasta ahora es muy pronto para saber cómo se va a procesar la solicitud hecha por familiares y por los propios interesados», también advirtió luego en X que «ningún tribunal puede negarse» a recibir peticiones debido a que se trata de un tema de «orden público «.
La madre de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska, quien fue asesinada por un delincuente reincidente en libertad bajo fianza sin dinero en Carolina del Norte, rompió a llorar cuando el presidente Trump relató el ataque durante su discurso sobre el Estado de la Unión.
El asesino de Iryna se levantó y le cortó brutalmente el cuello y el cuerpo con un cuchillo. Nadie olvidará jamás a la gente en ese tren. Nadie olvidará jamás la expresión de terror en el rostro de Iryna al mirar a su atacante en sus últimos segundos de vida. Murió al instante, dijo Trump.
La madre de Iryna, Anna Zarutska, se llenó de lágrimas mientras buscaba el consuelo que le brindaba un hombre a su lado.
“Ella había escapado de una guerra brutal sólo para ser asesinada por un criminal empedernido, libre para matar en Estados Unidos”, continuó Trump.
“Señora Zarutska, esta noche le prometo que haremos justicia para su magnífica hija, Iryna”, aseguró el presidente entre estruendosos aplausos.
Erika Kirk, viuda del cofundador de Turning Point USA asesinado, Charlie Kirk, estaba sentada junto a Anna y pareció ofrecerle palabras de condolencia mientras el hombre le ofrecía un pañuelo.
Durante el emotivo momento, Trump llamó la atención a los demócratas, quienes no parecieron ponerse de pie para la ovación junto con los republicanos.
“¿Cómo es que no se ponen de pie?”, dijo Trump, señalando a los demócratas.
Iryna, de 22 años, fue apuñalada fatalmente por el delincuente esquizofrénico Decarlos Brown mientras viajaba en un tren ligero en Charlotte, Carolina del Norte, en agosto.
El padre de Iryna no pudo asistir a su funeral, celebrado en Charlotte, porque estaba atrapado en Ucrania debido a la invasión de Rusia.
Brown, de 34 años, fue arrestado al menos 14 veces en Carolina del Norte por delitos que van desde asalto y posesión de armas de fuego hasta robo y hurto graves que se remontan a 2007.
Después de que lo captaron apuñalando a Iryna tres veces en un video de vigilancia , al menos una vez en el cuello, la joven se desplomó en su asiento mientras la sangre se derramaba en el piso del tren.
Fue declarada muerta en el tren.
Cuando fue arrestado, Brown afirmó extrañamente que un material colocado dentro de su cuerpo sin su “permiso o autorización” controlaba sus acciones, incluso lo que comía, según las imágenes de la cámara corporal de la policía .
El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, ratificó la “Ley Iryna” en octubre, que incluía una enmienda que podría permitir a Carolina del Norte reanudar la pena capital, incluido el fusilamiento.
Brown fue acusado de violencia contra un transportista ferroviario y un sistema de transporte público con resultado de muerte. Podría ser condenado a muerte si es declarado culpable.
NOW – Democrats refuse to stand for Anna Zarutska, the mother of Iryna Zarutska. pic.twitter.com/rB2atshSk1
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condecoró el martes al oficial Eric Slover con la Medalla de Honor del Congreso por su papel en el operativo militar que permitió la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero en Caracas.
Trump, durante su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes, detalló cómo se ejecutó la extracción de los exlíderes del chavismo y destacó el liderazgo de Slover, a quien atribuyó la planificación de la misión y el mando del primer helicóptero que ingresó en la instalación donde se encontraba Maduro.
Las hazañas de Eric Slover para capturar a Maduro
“Hubo muchos héroes en esa redada de enero para capturar a Maduro, pero las hazañas de un guerrero de esa noche van a vivir para siempre en la eternidad. “Estoy hablando del Oficial Técnico V Eric Slover, que planeó la misión y fue el líder de vuelo en la cabina del primer helicóptero”, manifestó el mandatario.
Trump describió el lugar como “una instalación militar muy grande protegida por miles de soldados y protegida por tecnología militar de Rusia y de China”, un comentario que causó risas entre los legisladores estadounidenses. “Creo que no les fue muy bien con eso”, añadió.
Aseguró que, durante el descenso, el helicóptero recibió múltiples ataques desde tierra. “Eric recibió fuego de ametralladora desde todos los ángulos y fue disparado en la cadera y en las piernas. Recibió cuatro disparos que destruyeron sus piernas”, relató.
A pesar de las heridas, el presidente sostuvo que el oficial mantuvo el control de la aeronave mientras se desarrollaba el operativo.
“Mientras se desangraba, Eric maniobró su helicóptero y había dos individuos con ametralladoras delante de él y enfrentó al enemigo, y sus artilleros eliminaron la amenaza para salvar a sus compañeros. Esto pudo haber sido algo catastrófico”, dijo.
Según explicó, solo después de aterrizar en el punto previsto para la misión, Slover cedió el mando a su copiloto. “Le dijo: ‘Estoy a punto de desmayarme, toma el mando, encárgate”, contó.
“Quizá habría tenido que abortar la misión, de no haber ocurrido así”, expresó.
En el discurso, el oficial apareció sostenido de una andadera y acompañado de su esposa Amy Slover.
El honor militar más alto de Estados Unidos
Trump pidió al general Jonathan Braga entregar a Slover “el honor militar más alto que ofrece nuestra nación: la Medalla de Honor del Congreso”.
Trump defendió la operación que, afirmó, permitió “derribar a uno de los más siniestros capos”.
Maduro permanece encarcelado en Nueva York a la espera de juicio federal por cargos de narcoterrorismo y conspiración.
El mandatario calificó el operativo como “una de las hazañas más complejas y espectaculares en términos de competencia y poderío militar en la historia mundial” y destacó el papel de las Fuerzas Espaciales, creadas durante su primer mandato.
También sostuvo que la captura de Maduro marca “un nuevo y brillante comienzo para el pueblo venezolano” y afirmó que su gobierno trabaja estrechamente con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para impulsar avances económicos.
Como parte del acto, Trump invitó al Capitolio al excandidato Enrique Márquez, detenido en enero de 2025 tras denunciar irregularidades cometidas por el Consejo Nacional Electoral en las presidenciales del 28 de julio de 2024. El bipartidismo estadounidense lo ovacionó.
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) lanzó la canción oficial de las elecciones generales, denominada «Un voto de esperanza», que generó en redes tanto burlas y memes como críticas, al ser señalada de ir supuestamente en contra de la neutralidad electoral, ya que la letra anima a «no votar por costumbre».
Una docena de jóvenes bailarines presentaron este lunes la canción en una interpretación teatralizada en la propia sede del JNE como «un símbolo de las elecciones generales», según anunció la institución electoral, al apuntar que el tema está compuesto por Juan Carlos Fernández e interpretado por Erich Vladimir García.
«No votes por costumbre, ni por lo que suena fuerte, piensa en el mañana, piensa en tu familia», reza el estribillo de la animada canción.
Añade que «tus elecciones importan, no lo olvides jamás, cuando eliges informado haces historia de verdad, tu voz vale, tu voto cuenta, es momento de decidir con conciencia y respeto. El futuro empieza aquí»
«No creas todo lo que ves, todo queremos la verdad, cada paso cuenta, cada decisión pesa cuando eliges informado el país progresa», dice la letra.
Al escuchar esto, numerosos usuarios en redes lo interpretaron a no votar por partidos tradicionales dentro de la política peruana.
«¿Desde cuándo el JNE te dice por quién no votar? Si esto no es injerencia o una vulneración a la neutralidad electoral, ¿qué es?», indicó un usuario en la red social X, donde la canción acumula numerosos mensajes negativos.
Las críticas se repiten porque este mensaje del JNE supuestamente quiere dirigir al electorado, pero también hay otros argumentos como que esta iniciativa «es una pérdida de tiempo y recursos», pues no es necesaria una canción para las elecciones como si estas fueran «un Mundial de fútbol».
También hay espacio para comentarios que se burlan de la coreografía y que usuarios han definido como una muestra que «Perú es un meme».
«Y después me critican cuando digo que mi país es un manicomio», decía en X la periodista Rosa María Palacios, con más de 3 millones de seguidores en esta red social, al compartir el video de la canción.
«Mi plata… mis impuestos… mis risas», comentó el crítico gastronómico y presentador de televisión Javier Masías, mientras otra usuaria señalaba que Perú es como un capítulo de la serie The Office pero hecho país.
Una delegación de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos se encuentra en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, realizando una inspección en materia de seguridad aeroportuaria.
La visita la reportó el martes la periodista especializada en economía Ginette González, quien indicó que la misión ya está en marcha en la principal terminal aérea del país.
De acuerdo con el consultor y especialista aeronáutico Juan Texeira Díaz, la inspección se centra en el cumplimiento del Anexo 17 de la Organización de Aviación Civil Internacional, que establece las normas y métodos recomendados para proteger la aviación civil contra actos de interferencia ilícita.
“Esta visita de la TSA se basa en inspeccionar todo lo referente al Anexo 17 de la OACI, que trata de las normas y métodos recomendados para salvaguardar la aviación de actos de interferencia ilícita”, explicó Texeira en un post en X.
El experto aclaró que la presencia de la TSA no implica un cambio automático en la categoría de seguridad aérea de Venezuela ante las autoridades estadounidenses.
“Es falso que con esta visita pasaríamos a categoría 1”, afirmó.
Para que el país recupere la categoría 1, que permite a las aerolíneas nacionales abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos, debe realizarse una evaluación distinta, a cargo del Departamento de Transporte a través de la Administración Federal de Aviación y su programa Evaluación Internacional de Seguridad Operacional.
Según Texeira, esa revisión se enfoca en aspectos de seguridad operacional, contemplados principalmente en los anexos 1, 6 y 8 de la OACI, y no en las medidas de seguridad contra actos ilícitos que evalúa la TSA.
El especialista también indicó que, conforme a la normativa internacional, debería existir reciprocidad en este tipo de inspecciones entre ambos países. No obstante, recordó que cuando la FAA degradó a Venezuela a categoría 2, lo hizo sin una visita previa y lo anunció como una decisión que, a su juicio, tuvo carácter político y no técnico.
Esta visita de la #TSA se basa en inspeccionar todo lo referente al Anexo 17 de la #OACI (Aviation Security #AVSEC) que trata de las normas y métodos recomendados para salvaguardar la aviación de actos de interferencia Ilícita. He leído comentarios erróneos donde afirman que con… https://t.co/Jjq4crAMBU
