Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

En una noche sin testigos y con el reloj corriendo en contra, el hombre que durante más de dos décadas gobernó Siria fue llevado de su tierra sin siquiera una despedida. Bashar al-Assad, el dictador cuyo régimen marcó a fuego al país con un conflicto civil devastador, abandonó Damasco en un avión cuyo transpondedor fue apagado intencionalmente para evitar ser monitoreado. La operación fue tan hermética que, según fuentes, ni siquiera Maher Al-Assad, hermano del déspota, sabía del plan.

Los rebeldes que llegaban del norte sirio cercaban la capital, y la suerte del heredero del clan Assad parecía echada. Fue entonces cuando Rusia, su aliado más poderoso, intervino por última vez: no para rescatar su gobierno, sino para garantizar su supervivencia.

La relación entre Rusia Siria tiene raíces profundas, sembradas durante el mandato de Hafez Al-Assad, padre de Bashar, quien consolidó la alianza con Moscú en los años setenta bajo el paraguas soviético. Este vínculo se intensificó en 2015, cuando la intervención militar rusa inclinó la balanza de la guerra civil a favor del régimen de Assad.

Sin embargo, la historia de cooperación estuvo marcada por la desconfianza. Para el KremlinBashar era un aliado complicado, reacio a implementar incluso las reformas más simbólicas. Pese a esto, Vladimir Putin se negó a abandonarlo. Los recuerdos de la brutal ejecución de Muammar Gaddafi en 2011 durante la primavera árabe dejaron una impresión duradera en Moscú. “Putin no iba a permitir que Assad tuviera el mismo destino”, confesó un ex diplomático ruso al diario The Guardian.

La caída de Al-Assad lo convierte en el último integrante de un grupo selecto de exiliados que encontraron refugio bajo el ala de Putin. Su destino en Moscú parece sellado: una vida en el anonimato, lejos de las cámaras y bajo estricta vigilancia. Comparado con el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, quien habita un opulento suburbio moscovita tras ser derrocado en 2014Assad no gozará del lujo del protagonismo. La sombra de su régimen, acusado de crímenes contra la humanidad, lo condena al ostracismo político y mediático.

Mientras tanto, el silencio de Rusia sobre su huésped es ensordecedor. Las imágenes de rebeldes sirios explorando las mansiones de Al-Assad, repletas de autos deportivos y bolsas de diseñador, son un recordatorio visual de su caída. En contraste, Moscú ha sido cuidadoso de no mostrar al exlíder en público, como si esconderlo fuera clave para borrar el rastro de su apoyo a un dictador cuya derrota se presenta como fracaso personal de Putin.

Sin embargo, hay una pregunta que permanece flotando: ¿cuál será el legado de Bashar al-Assad en una Rusia que lo acogió por necesidad más que por lealtad?

El futuro de Bashar al-Assad parece condenado a la invisibilidad. En Moscú, donde ha encontrado refugio bajo la protección de Putin, el exlíder sirio enfrentará una existencia marcada por el aislamiento. No habrá cámaras, ni declaraciones públicas, ni opulencia exhibida. Lo espera una vida cuidadosamente diseñada para mantenerlo fuera del radar, vigilado constantemente por los servicios de seguridad rusos. Para muchos, esto es el final inevitable de una carrera política que combinó autoritarismo implacable con una incompetencia estratégica que terminó por marginarlo del poder.

El régimen de Assad no solo fue brutal; también fue incapaz de evolucionar”, comentaron analistas tras su caída. Durante años, las presiones internacionales y las recomendaciones de sus aliados para introducir concesiones mínimas hacia la oposición fueron ignoradas. Incluso Rusia, su más firme respaldo, veía con frustración cómo el líder sirio rechazaba cualquier cambio que pudiera estabilizar el país sin comprometer su control absoluto.

Las lecciones de otros líderes depuestos parecen haber influido en la decisión de Putin de garantizar la seguridad de Al-Assad. En un gesto calculado, el Kremlin aseguró su evacuación para evitar que fuera capturado o ejecutado por las fuerzas rebeldes, un destino que habría erosionado aún más la ya frágil imagen de Rusia en el escenario internacional.

Sin embargo, este acto de “hospitalidad” no significa simpatía. A diferencia de otros exiliados que comparten el espacio moscovita, como Edward Snowden o el mismo YanukovychAl-Assad no será mostrado como un trofeo político. Más bien, será relegado a una vida de irrelevancia política, con su historia escrita al margen de la narrativa oficial rusa.

Rusia, cuyo Putin enfrenta una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional, es por ese motivo un refugio menos vulnerable a presiones o incentivos para entregar a su huésped a las autoridades que buscan procesarlo. Según David Lesch, experto en Siria de la Universidad de Trinity en Texas, este factor resulta clave para Al-Assad, quien confía en que Moscú Putin pueden proteger mejor a su familia de cualquier intento de extradición o acción legal por parte de la comunidad internacional.

Lesch también señaló a The Guardian que Rusia probablemente ofrezca una atención médica superior para Asma Al-Assad, la esposa de Bashar, diagnosticada con leucemia en mayo. Asma, nacida y criada en el Reino Unido, ha sido acusada de utilizar su educación británica y estilo occidental para encubrir la brutalidad de la represión de su esposo contra la disidencia.

Al optar por Moscú como refugio, Al-Assad eligió un lugar familiar que no solo se alinea con sus hábitos de vida lujosos, sino que también ofrece estabilidad geopolítica relativa. Según Lesch, “Bashar y su familia son declaradamente seculares, aunque se identifican con la secta alauita, por lo que Rusia siempre tuvo más atractivo que Irán en ese sentido”.

Como paria en el escenario global, las opciones de viaje de Al-Assad eran limitadas desde el principio. Sus dos principales aliados, Rusia e Irán, eran los refugios obvios, y la elección de Moscú subraya las prioridades del mandatario sirio.

Donald Trump asumirá la presidencia de los Estados Unidos el próximo 20 de enero. Apenas diez días antes, otra asunción aunará la atención regional y de gran parte del mundo. Será la que debería protagonizar Edmundo González Urrutia en CaracasVenezuela.Sin embargo, el escenario estará tomado, seguramente, por el dictador Nicolás Maduro quien se apresta a extender su reinado.

Por: Laureano Pérez Izquierdo – Infobae

Pero antes de estas dos puestas en marcha, lo que sí ya se inició es el debate alrededor de cómo debería afrontar la próxima administración Trump sus relaciones con el régimen chavista en esta nueva era: ¿Ejercer más presión? ¿Emitir nuevas y más severas sanciones? ¿Promover un mayor aislamiento internacional? ¿Creer en las promesas que se sellan en una mesa de acuerdo internacional como hasta ahora? Esos análisis y especulaciones crecen a medida que se acerca enero y Marco Rubio, un conocedor como pocos de la realidad de América Latina y sus dictaduras, se encargue de la Secretaría de Estado, función que lo convertirá en uno de los hombres con mayor influencia en la Casa Blanca.

Ante ese panorama, Brian Fonseca -director del Jack D. Gordon Institute de la Florida International University– publicó un detallado paper en el cual traza una posible -y original- línea de acción que podría ejecutar la próxima diplomacia de los Estados Unidos para lograr un verdadero cambio a largo plazo en Venezuela. Nada podría ser inmediato dadas las actuales condiciones.

Titulado “Participación estratégica en Venezuela: Impulsando los intereses de Estados Unidos en el marco de una agenda America-First”, Fonseca se centra en la posibilidad de que Trump promueva un nuevo enfoque hacia el chavismo alejado de la “presión máxima”que, asegura, hasta el momento no dio el resultado esperado. “El principal desafío reside en la falta de influencia significativa de Estados Unidos sobre la trayectoria de Venezuela, agravada por la ausencia de actores estatales y no estatales influyentes sobre el terreno”, señala el académico.

Las claves del informe se centran en cuatro objetivos a alcanzar: estabilizar la economía venezolana para reducir las presiones migratorias; recuperar la influencia de los Estados Unidos en el sector energético del latinoamericano; reforzar la estabilidad regional y contrarrestar la influencia de adversarios globales; promover gobernanza democrática y el respeto a los derechos humanos a través de la participación directa.

Para hacer frente a esta situación, los responsables políticos estadounidenses deberían plantearse compromisos pragmáticos a corto plazo sobre la promoción de los valores estadounidenses para garantizar una influencia estratégica a largo plazo a través del sector privado estadounidense”, dice Fonseca. “En lugar de basarse únicamente en sanciones generales que, en última instancia, perjudican a las empresas estadounidenses y no producen los resultados deseados en política exterior, las licencias específicas que permiten a las empresas estadounidenses operar en Venezuela pueden promover mejor los intereses y la influencia de Estados Unidos a medio y largo plazo”, explica en el documento al que accedió Infobae.

Fonseca plantea que sería más apropiado contar con mayor presencia norteamericana en Venezuela y desde allí conseguir mayor influencia, sin abandonar por ello los valores y compromisos democráticos que caracterizan a su país. En ese sentido, el autor del paper, es claro: “Cualquier compromiso debe basarse en que Venezuela libere a los detenidos ilegales”. Es decir, un país sin presos políticos.

Algunos políticos siguen presionando para que se vuelva a la presión máxima”, señala Fonseca, pero continúa con su crítica a esa metodología de trabajo: “Sin embargo, este enfoque no logró sus objetivos durante la primera Administración Trump y, junto con las deficiencias políticas de la Administración Biden, exacerbó la crisis económica y humanitaria de Venezuela, al tiempo que acercó al país a los adversarios geopolíticos de Estados Unidos: Rusia, China e Irán”.

El académico -quien además es profesor de Política y Relaciones Internacionales en esa casa de altos estudios- aclara que esa decisión compartida por los dos últimos gobiernos norteamericanos “centrada en sanciones de gran alcance y en la máxima presión resultó ineficaz para dirigir el régimen venezolano hacia los objetivos políticos estadounidenses declarados. Este fracaso es evidente en el resultado de las elecciones del 28 de julio de 2024 y las posteriores medidas represivas contra la oposición”.

La propuesta central gira en torno a reemplazar las sanciones con un modelo más “selectivo” que permita a empresas norteamericanas operar en sectores estratégicos como el petróleo, el gas y también en la generación de empleo. El autor pone como ejemplo lo que ocurre en VietnamArabia SauditaEgipto Qatar. “En lugar de eliminar las sanciones por completo, esta estrategia mantiene sanciones selectivas combinadas con la aplicación de medidas secundarias que beneficiarán a las empresas estadounidenses y a sus aliados, al tiempo que restringen sus responsabilidades”, dice el documento.

Los casos de VietnamArabia SauditaEgipto Qatar -algunos ejemplos citados por el autor- indican que “la participación directa no equivale a respaldar regímenes autocráticos, sino que puede ser una herramienta pragmática para promover los objetivos estratégicos de Estados Unidos”. “Las sanciones son un martillo en la caja de herramientas de la política exterior estadounidense: por sí solas, están diseñadas para romper cosas, pero cuando se combinan con un cincel (por ejemplo, licencias específicas para empresas estadounidenses), adquieren la precisión necesaria para moldear los resultados con mayor eficacia”, ejemplifica Fonseca.

La actuación de corporaciones de los Estados Unidos en Venezuela beneficiaría lógicamente a las propias empresas y al dólar como moneda de transacción, pero también alcanzaría al pueblo venezolano que contaría después de largos años de decadencia económica con una infraestructura renovada de servicios esenciales, hoy ausentes bajo la presencia dominante en la nación de ChinaRusia Irán.

Este enfoque pretende estabilizar la economía de Venezuela, reducir las presiones migratorias y abordar las necesidades humanitarias inmediatas a través de marcos liderados por Estados Unidos que promuevan la transparencia financiera. Al fomentar la cooperación regional, esta estrategia aborda las causas profundas de la inestabilidad y sienta las bases para una recuperación socioeconómica sostenible”, dice el estudio publicado por el Jack D. Gordon Institute. “Una cuidadosa supervisión de la reestructuración de la deuda y la privatización de activos garantizará que la recuperación de Venezuela se alinee con los intereses estratégicos de Estados Unidos, impidiendo que las potencias rivales adquieran mayor influencia”, explica.

Esas potencias -como quedó evidenciado a lo largo de los años- no hicieron nada para defender los derechos humanos de los opositores ni para mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

Estabilizar la economía de Venezuela promoverá la creación de empleo y reducirá las presiones migratorias, debilitando a las organizaciones criminales transnacionales que se benefician de la crisis. Se puede apoyar la recuperación económica sin renunciar a la supervisión, permitiendo a las empresas estadounidenses operar en sectores estratégicos”, enfatiza el autor.

Pero la propuesta de Fonseca va más allá y no se restringe sólo a lo económico. Busca que los intercambios entre ambos países sean más fluidos y encuadrados en las relaciones diplomáticas. Para ello, asegura, es preciso y necesario más presencia en Venezuela. “Esta política también incorpora y complementa el compromiso diplomático de Estados Unidos y los esfuerzos multilaterales para promover la gobernanza democrática”, subraya el documento.

Para Fonseca se debe ser “realista” en el acercamiento con el chavismo. “El enfoque de permanencia en Venezuela, a pesar de su naturaleza autocrática y represiva, se basa en un precedente establecido en el que Estados Unidos adopta un enfoque realista al tratar con regímenes represivos para promover sus intereses nacionales al tiempo que fomenta los valores democráticos y los derechos humanos a lo largo del tiempo”.

El académico explica que “cada barril que no vende Estados Unidos” es vendido por alguno de sus rivales en el plano internacional. Esta estrategia permitiría a Washington sentar bases sólidas para poder lograr una “influencia a largo plazo” en el país caribeño, teniendo en cuenta el fracaso de los anteriores aproximamientos al régimen.

De acuerdo al estudio elaborado por el también investigador del think tank New America, la reapertura de la embajada norteamericana en Caracas debería ser una prioridad para alcanzar esos objetivos. “La reapertura de la embajada estadounidense proporcionará una plataforma esencial para apoyar las reformas democráticas y las iniciativas en materia de derechos humanos. Esta presencia también fomentará una mayor responsabilidad social corporativa por parte de las empresas estadounidenses que operan en Venezuela”, dice el informe.

Los líderes opositores y la sociedad civil no están olvidados en esta hoja de ruta propuesta por Fonseca. El reconocido académico -experto en América Latina– explica que ninguna de estas medidas serían alcanzables si Miraflores no garantiza prioridades que resultan básicas e innegociables para el futuro gobierno republicano. “Cualquier compromiso debe estar supeditado a que Venezuela libere a los detenidos ilegales y acepte las deportaciones, prioridades clave de la Administración Trump entrante. Para garantizar un enfoque sostenible e inclusivo, Estados Unidos debe mantener un compromiso activo con la oposición venezolana, la sociedad civil y la diáspora, reforzando una amplia coalición para el cambio democrático”, concluye.

El derrocado presidente sirio, Bashar al Assad, aseguró a sus fuerzas que el ejército ruso acudiría en su ayuda contra los rebeldes apenas unas horas antes de huir en secreto a Moscú y abandonar a sus tropas e incluso a su hermano, dijeron ex funcionarios.

The New York Post

Mientras la ofensiva relámpago de los rebeldes arrasaba Siria el sábado por la noche, Assad se reunió con unos 30 de sus jefes militares en el Ministerio de Defensa, instándolos a mantener a raya a los rebeldes porque supuestamente las fuerzas rusas estaban en camino, dijo a Reuters un comandante presente en la reunión.

Assad dijo a sus hombres que terminaría de trabajar esa noche y regresaría a casa, pero en lugar de eso, huyó de Damasco con su esposa y sus tres hijos en un avión a Rusia al día siguiente.

«Assad ni siquiera hizo una última resistencia», dijo Nadim Houri, director ejecutivo del grupo de expertos regional Iniciativa de Reforma Árabe.

«Ni siquiera reunió a sus propias tropas. Dejó que sus partidarios se enfrentaran a su propio destino», añadió Houri.

Assad ni siquiera alertó a su hermano -Maher, un comandante del ejército- sobre el plan de escape, lo que obligó al joven Assad a huir a Irak en helicóptero, dijeron a Reuters fuentes familiarizadas con los últimos momentos de la familia en Siria.

Los primos de Assad, Ehab y Eyad Makhlouf, también quedaron atrás; las fuerzas rebeldes sirias informaron que fueron capturados cuando intentaban huir al Líbano.

Se presume que Ehad fue asesinado a tiros y Eyad resultó herido, pero su condición aún no ha sido verificada de forma independiente.

Assad dejó que todos se las arreglaran por sí solos después de que quedó claro que nadie acudiría en su ayuda, y el presidente derrocado se vio cada vez más aislado a medida que los rebeldes se acercaban a Damasco , según 14 personas familiarizadas con sus últimos días en el poder.

El mensaje ya estaba claro durante un viaje a Moscú el 28 de noviembre, donde las súplicas de Assad al Kremlin cayeron en oídos sordos ya que Rusia estaba demasiado ocupada invadiendo Ucrania, dijeron tres diplomáticos regionales.

En lugar de difundir la noticia, Assad supuestamente mantuvo la información dentro de su círculo íntimo.

«Le dijo a sus comandantes y asociados después de su viaje a Moscú que el apoyo militar estaba llegando», dijo Hadi al-Bahra, el jefe de la principal oposición siria en el exterior.

“Les estaba mintiendo. El mensaje que recibió de Moscú era negativo”.

Cuando quedó claro que no llegaría ayuda de Moscú, Assad comenzó a aceptar que su gobierno de 24 años estaba llegando a su fin, y el presidente derrocado inicialmente buscó ayuda en los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, los funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos rechazaron la solicitud por temor a una posible reacción internacional por albergar a un hombre acusado de una serie de crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos durante la sangrienta guerra civil siria, dijeron miembros del círculo íntimo de Assad.

Sin embargo, Moscú no estaba dispuesto a abandonar completamente a Assad y ayudó a facilitar su huida de Siria.

María Corina Machado se pronunció este viernes sobre el alarmante informe que presentó -en el marco de la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU- el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela.

Vente Venezuela

Este informe detalló las violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias, represión y el cierre del espacio cívico, y estuvo seguido de un diálogo interactivo con los Estados miembros, quienes reafirmaron su compromiso con la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

El Alto Comisionado expresó especial preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza durante las protestas, que resultó en 28 muertes que aún no han sido investigadas. Además, destacó que más de 2.000 personas han sido detenidas arbitrariamente desde las elecciones de julio, incluidos adolescentes y defensores de derechos humanos. También condenó las condiciones inhumanas de los centros de detención, el uso de legislación antiterrorista contra manifestantes y el hostigamiento a periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

En su intervención, el Alto Comisionado instó a las autoridades venezolanas a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, garantizar condiciones dignas para los presos y cesar el uso de leyes represivas como la Ley Simón Bolívar y la Ley de ONG. También hizo un llamado a los Estados de la región a proteger a los refugiados venezolanos, garantizando un enfoque flexible con relación a documentos vencidos.

Agradecimiento por el respaldo a la causa venezolana

María Corina Machado, líder de la lucha democrática en Venezuela, agradeció profundamente las intervenciones internacionales y enfatizó la importancia de la presión global: “Hoy quedó claro nuevamente que el mundo escucha y comprende el sufrimiento de los venezolanos. Las denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y persecución reflejan una verdad que no puede ser ignorada. Agradezco profundamente a los países que exigieron salvoconductos para quienes permanecen refugiados en la embajada argentina, liberaciones inmediatas y acceso irrestricto para la ONU. Este respaldo es una luz de esperanza para quienes seguimos luchando por la libertad”.

Machado también dirigió un mensaje directo a los venezolanos y reiteró que la lucha por los derechos humanos y la democracia en Venezuela debe continuar con más fuerza que nunca: “Este apoyo internacional debe reforzar nuestra determinación. No descansaremos hasta que cada preso político sea liberado, hasta que cesen las torturas y hasta que la justicia y la libertad vuelvan a nuestro país”.

María Corina exige por el salvoconducto

Este nuevo pronunciamiento se suma a la sesión especial de la Organización de Estados Americanos, en la que que 14 países pidieron al régimen de Nicolas Maduro que sean otorgados los salvoconductos a los seis asilados en la embajada de Argentina.

Frente a este escalada internacional contra el régimen, María Corina agradeció el respaldo a los venezolanos y enfatizó que esta lucha no desmayará hasta que todos los presos políticos estén con sus familiares y Venezuela entera sea libre.

Cabe recordar que los seis miembros del Comando Con Vzla y de Vente Venezuela ya van a cumplir nueve meses en condición de refugiados, además de enfrentar un constante y sistemático asedio por parte de las fuerzas represoras del régimen.

Los Bomberos de Caracas recordaron este jueves la legislación respecto a los fuegos artificiales y subrayaron que quienes vendan pirotecnia a menores de edad podrían enfrentar una pena de cárcel.

Por: Carlos Ramírez Chacín

Pablo Palacios, comandante de los Bomberos, afirmó que la venta de fuegos artificiales a menores es ilegal. En tal sentido, precisó que quienes lo hagan enfrentan una condena de tres meses a un año en prisión.

«No debe llevar ningún tipo de artificio pirotécnico en el bolsillo. No usarlo, distribuirlo ni despegarlo en botellas, tubos, espacios confinados donde haya bombonas, combustible, arbusto o casas», dijo Palacios, de acuerdo a Unión Radio.

Palacios afirmó que los ciudadanos deben cumplir las medidas preventivas cuando vayan a usar fuegos artificiales. Afortunadamente, destacó que en las últimas tres Navidades no ha habido incidentes de magnitud.

PERMISO PARA VENDER FUEGOS ARTIFICIALES

Las Navidades ya llegaron a Venezuela y los ciudadanos se preparan para celebrar. Una de las principales tradiciones es lanzar fuegos artificiales, especialmente durante la Nochebuena y en el Año Nuevo.

Aunque la venta de fuegos artificiales es legal, los vendedores deben contar con varios permisos. En tal sentido, necesitan de la autorización de la Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX) y de los Cuerpos de Bomberos del municipio.

De igual forma, los fuegos artificiales deben estar identificados y etiquetados, de acuerdo a las disposiciones legales A esto se suma que algunos artefactos, como las tortas pirotécnicas, deben contar con instrucciones.

Los lugares en donde estén almacenados los fuegos artificiales está prohibido fumar y deben tener extintores a la mano. Mientras tanto, los usuarios deben tomar las medidas de seguridad adecuadas para emplear la pirotecnia.

La situación poselectoral en Venezuela se ha caracterizado por una importante represión y agitación política tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. El gobierno de Nicolás Maduro ha enfrentado acusaciones de violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y persecución política.

Los Resultados electorales del 28 de julio han tenido sus diversas reacciones: Las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024 dieron como resultado la victoria de Nicolás Maduro para un tercer mandato, a pesar de que el líder opositor Edmundo González Urrutia tiene las actas donde se afirma haber ganado. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció una estrecha victoria de Maduro, lo que fue rechazado por los observadores internacionales y muchos países de la región.

Es evidente que existen preocupaciones internacionales: Organizaciones como el Centro Carter y la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenaron las elecciones como ni libres ni justas. Varios países latinoamericanos, reconocen a González como presidente legítimo, mientras otros propusieron un acuerdo de reparto del poder que finalmente fue rechazado.

Nicolás Maduro dentro del desorden y desesperación aún presiona y vende a los venezolanos falsas narrativas de triunfo post electoral presidencial. Además, insiste que los males de su gobierno es toda una situación producto de una guerra económica provocada por las sanciones del imperio norteamericano. La lógica articulada a los resultados macro y micro de la economía se inscribe, que la gestión revolucionaria fracasó porque nunca a lo interno se interpelo para darse cuenta de sus diversas y continuas sinrazones, utilidad como proyecto político, mirar con objetividad los “logros” de su “modelo económico” conectados a sus consecuencias complejas relacionadas al existencialismo humano. Es decir, la actividad económica del país y, en consecuencia, la situación del mercado de productos industriales está irremisiblemente ligadas a la situación política. Sin estabilidad política no hay inversión y sin inversión no hay mercado industrial. Cualquier predicción de lo que vaya a suceder depende, por tanto, de que nuestro país despeje sus incertidumbres políticas.

El Estado Comunal en Venezuela es un modelo de organización político-social que busca promover la participación directa de las comunidades en la toma de decisiones. Este sistema se fundamenta en la Constitución de 1999 y se ha desarrollado a través de la Ley Orgánica de las Comunas, que establece normas para la creación y funcionamiento de las comunas como unidades de autogobierno. El Estado Comunal fue propuesto durante el segundo gobierno de Hugo Chávez como una alternativa a la democracia representativa. Se buscó establecer un nuevo modelo de organización que permitiera a las comunidades gestionar sus propios recursos y tomar decisiones sobre su desarrollo.

No termina de fraguar el proyecto comunal en sus desafíos y con críticas, La implementación del Estado Comunal ha enfrentado problemas de legitimidad y falta de autonomía, ya que muchas comunas dependen directamente del gobierno central. La falta de recursos y atención por parte del Estado ha limitado el desarrollo efectivo de las comunas, que a menudo se ven cooptadas por el oficialismo.

El sueño de proto Estado Comunal es el milagro esperado aun por Maduro. No obstante, 25 años han demostrado a través de una imagen concreta Venezuela es un país que si hacemos una caracterización lograremos conclusiones inmediatas con una analogía reveladora en parecidos en éxodos a Siria y en pobreza Somalia o países africanos donde reina todo tipo de ineficiencia, corrupción, violaciones y barbarie. La verdad verdadera, Nicolás se encuentra atrapado en su propio laberinto poselectoral, pero no se da por vencido asegura que esta revolución es eterna y no están dispuesto a entregar el poder.

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El ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, firmó cinco acuerdos con Estados Unidos el 10 de diciembre, dos de los cuales pueden permitir al Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) desplegar fuerzas en Trinidad y Tobago en caso de un “conflicto” en Venezuela.

Por: Newsday / Vía: La Patilla

En una declaración del 10 de diciembre, la Embajada de Estados Unidos dijo que la primera ministra, Hinds, el ministro de Energía, Stuart Young, el ministro de Finanzas, Colm Imbert, y el ministro de Asuntos Exteriores, Dr. Amery Browne, se reunieron y mantuvieron conversaciones con funcionarios diplomáticos y navales de Estados Unidos sobre cuestiones de seguridad, energía, ciberseguridad y derechos humanos.

El Dr. Rowley se reunió con la embajadora de Estados Unidos, Candace Bond, y con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), el almirante Alvin Holsey, en el Centro Diplomático de Puerto España.

La embajada dijo que el grupo celebró la conclusión exitosa de las negociaciones de cinco acuerdos, incluido el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA); el Equipo de Campo de Asistencia Técnica de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI-TAFT); y el Acuerdo de Adquisición y Servicios Cruzados (ACSA).

Bond y Holsey también felicitaron a Rowley por la adhesión de TT al Tratado de San José y a la Iniciativa de Derechos Humanos del Comando Sur.

También permite el despliegue de tropas estadounidenses en Trinidad y Tobago en tiempos de desastres naturales.

En caso de que se produzca un conflicto en la puerta de Trinidad y Tobago, Estados Unidos también puede enviar tropas a ese país para responder mediante la aplicación del SOFA. Trinidad y Tobago, el país más austral del Caribe, se encuentra a pocos kilómetros de Venezuela. Su punto más cercano es Cedros.

El acuerdo ACSA, también firmado el 10 de diciembre, brinda una oportunidad similar para que se desplieguen tropas estadounidenses en Trinidad y Tobago para responder a los conflictos en Venezuela.

La Embajada de Estados Unidos dijo que ACSA «es un mecanismo logístico formal que permite al Departamento de Defensa de Estados Unidos intercambiar apoyo logístico, suministros y servicios directamente entre países elegibles y organizaciones internacionales».

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado este miércoles reiterando su enérgica condena al asedio hostigamiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad venezolanas en torno a la Residencia Oficial de la Embajada de Argentina en Caracas. En dicho lugar, donde seis ciudadanos venezolanos permanecen asilados desde el 27 de marzo de 2024, el chavismo instaló un francotirador.

EFE

El organismo calificó la situación como una “flagrante violación” de las garantías de seguridad y protección que deben otorgarse a los asilados, conforme a lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Según el comunicado, el cerco incluye “la presencia intimidatoria de personal armado, los cortes de energía eléctrica y agua corriente, así como la interrupción del ingreso de alimentos y agua, representan un peligro inminente para la vida e integridad de los asilados”.

La OEA subrayó la importancia del otorgamiento inmediato de salvoconductos para los asilados, como un imperativo que Venezuela debe cumplir. “La negativa a conceder estos salvoconductos no solo agrava la situación de los asilados, sino que también constituye una violación de las obligaciones internacionales asumidas por Venezuela”, destacó la organización.

Además, la Secretaría General denunció que “despliegue de fuerzas represivas con armamento de asalto en torno a la Embajada de Argentina y el acoso en general al que está siendo sometida la sede diplomática revela las peores aberraciones del régimen y atenta contra los principios fundamentales del derecho internacional y los derechos humanos. Este tipo de acciones, señaló, son una muestra de “las peores aberraciones del régimen”.

En su mensaje, la OEA hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para solidarizarse con los asilados y exigir el respeto a sus derechos y garantías. Reafirmó asimismo su compromiso con la protección de los derechos humanos, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y el pleno respeto al derecho de asilo diplomático.

La situación en la Embajada de Argentina en Caracas ha generado preocupación sobre la estabilidad y seguridad en la región, advirtió la organización, reiterando que el cumplimiento de los principios esenciales del derecho internacional es fundamental para la paz en América Latina.

Ayer, Argentina, Estados Unidos, Chile y otros diez países presentaron en la OEA una declaración conjunta para exigir “la concesión inmediata” de los salvoconductos para los seis opositores asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas con el objetivo de que puedan salir del país sin ser detenidos.

La declaración, que ha sido presentada por el representante de Paraguay ante la OEA, Raúl Florentín, contó con el apoyo de las delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

Florentín expuso el texto de la resolución después de la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores argentino, Gerardo Werthein, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, quien pidió a la organización que llevara a cabo una actuación “con firmeza y determinación”.

“Los países antes mencionados declaran su voluntad de exigir al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo leyendo el comunicado, “que proceda de forma inmediata a conceder los salvoconductos necesarios que permitan la salida segura, digna y sin restricciones de los seis ciudadanos venezolanos que gozan de asilo diplomático hacia un territorio seguro”.

Asimismo, reafirmaron su compromiso con “la garantía de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas” y el “derecho de asilo diplomático establecido en tratados interamericanos y a la protección internacional que éste confiere”.

La Embajada de Argentina en Venezuela permanece, desde agosto pasado, bajo la protección de Brasil, después de la expulsión de los diplomáticos argentinos, aun cuando el Gobierno de Nicolás Maduro revocó esta autorización en septiembre por la supuesta planificación de actos terroristas en el interior de la sede por parte de los asilados.

A un mes de la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para el período 2025-2031, la incertidumbre en Venezuela y Colombia no ha hecho más que aumentar.

Tal Cual

Según estudios recientes de opinión, la percepción de la migración venezolana hacia Colombia ha crecido considerablemente. Si antes de las elecciones la proyección de migrantes era del 30%, ahora se habla de un aumento del 40%.

Este porcentaje refleja una creciente preocupación entre los ciudadanos, quienes estiman que, si la situación política de Venezuela no cambia, la migración podría aumentar incluso más en el corto plazo.

La postura del mandatario venezolano, quien ha revalidado su victoria a pesar de la oposición de sectores nacionales e internacionales, ha generado que después de la posesión, pautada para el próximo 10 de enero, se espere una nueva ola migratoria.

Fernando Dos Reis, de la fundación Konrad Adenauer (KAS), afirmó que “hay que esperar qué ocurre el 10 de enero, porque si el 10 de enero se concreta la investidura de Nicolás Maduro en frente del poder, es muy probable que esta cifra del 40 % se eleve incluso más”.

“A las personas se les ha preguntado cuáles son sus perspectivas de tiempo en cuanto a la migración y muchos dicen que estaría entre uno y tres meses y entre tres y seis meses, la gran mayoría. Es por eso que el próximo año esa ola migratoria puede aumentar y el país que va a recibir la mayor presión migratoria va a ser Colombia por su cercanía con Venezuela”, indicó.

A pesar de los esfuerzos, las capacidades del Estado colombiano han sido ampliamente superadas por la magnitud del fenómeno migratorio, con más de tres millones de venezolanos ya residenciados en el país.

Los servicios públicos y la infraestructura de atención se han visto colapsados, y las organizaciones civiles que trabajan con la diáspora han tenido que asumir un rol cada vez más crucial en la asistencia a los migrantes.

Recientemente, se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se discutieron posibles soluciones a esta situación. Aunque las autoridades colombianas están comprometidas con la ayuda a los venezolanos, aún persisten dudas sobre la capacidad real del país para hacer frente a lo que se perfila como una crisis migratoria de dimensiones aún desconocidas.

“Se acordó trabajar desde distintas instancias para atender, por un lado, el tema humanitario, por otro lado, el tema de los venezolanos que han salido perseguidos a partir de lo que ocurrió el 28 de julio en Venezuela y, por otro lado, también atender un poco lo que va a ocurrir el 10 de enero y por lo cual se necesita que más organizaciones se sumen a la voz de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la población migratoria y sobre todo de la gesta libertaria que encabezó la población venezolana con aquella elección del pasado 28 de julio”, puntualizó Dos Reis.

Tarek William Saab, a través de un Ministerio Público, calificó de “irresponsable” las declaraciones de Volker Türk, Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras ofrecer actualización sobre los atropellos de Nicolás Maduro en Venezuela.

La Patilla

Saab destacó que las palabras “lo alejan de la que debería ser una posición de equilibrio”, y que en Venezuela “no existe” ninguna denuncia sobre represión por parte de cuerpos de seguridad.

“Estas declaraciones del Alto Comisionado se parecen más bien a las declaraciones de un vocero servil a las potencias extranjeras enemigas de la patria y el pueblo venezolano. Las mismas copian al carbón los dicterios e infamias que emiten desde su exilio dorado prófugos de la justicia venezolana procesados por brutales acciones terroristas”, reza parte del texto.

A continuación el comunicado en integro:

“COMUNICADO

VOLKER TURK SE TRANSFORMA EN CÓMPLICE DE LOS VERDUGOS DEL PUEBLO VENEZOLANO.

En su última fallida intervención sobre la situación en Venezuela realizada este 13 de diciembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha emitido una serie de afirmaciones irresponsables que lo alejan de la que debería ser una posición de equilibrio y diálogo cooperativo con la República Bolivariana de Venezuela.

Es especialmente grave la ligereza con que se trata la grave violencia y actos terroristas desatados tras dar a conocer el Poder Electoral los resultados electorales del 28 de Julio. El Alto Comisionado pretende en un párrafo responsabilizar al gobierno venezolano de la violencia desatada e instrumentalizada por los llamados Comanditos para desatar una guerra civil en el país.

No existe ninguna denuncia que señale a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado en actos de represión que hayan provocado heridos o fallecidos. La evidencia y las investigaciones apuntan claramente a personas armadas y grupos delincuenciales participantes en las protestas como autores de los disparos que causaron las 28 víctimas fatales y casi 200 lesionados.

Esta violencia no salió de la nada. Resulta lesivo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos que su vocería omita de manera explícita todas y cada una de las tramas y actividades violentas y criminales al margen de la Constitución y la Ley que han propiciado factores obsesionados por derrocar por la vía armada a un gobierno legítimamente constituido; que suman a la fecha intentos de magnicidio y de golpes de estado, asaltos a cuarteles militares, contratación de mercenarios extranjeros y focos insurrecionales que han derivado en la quema masiva de bienes públicos al servicio de las comunidades y el asesinato de inocentes tanto de civiles como agentes de seguridad del Estado.

Igualmente también es poco coherente para un defensor de derechos humanos: su débil mención a las aproximadamente 1.000 medidas coercitivas unilaterales que sufre Venezuela, destinadas a destruir su economía y generar dolor y sufrimiento a su población.

La propia Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, su colega Sra. Alena Douhan, ha dicho que “El efecto devastador de las sanciones impuestas se ve multiplicado por la extraterritorialidad y el sobrecumplimiento de las mismas que afecta de manera negativa los sectores público y privado, los ciudadanos venezolanos, las organizaciones no gubernamentales, y compañías nacionales o de terceros países”. Por ello ha llamado reiteradamente a que estas medidas sean levantadas.

Estas declaraciones del Alto Comisionado se parecen más bien a las declaraciones de un vocero servil a las potencias extranjeras enemigas de la patria y el pueblo venezolano. Las mismas copian al carbón los dicterios e infamias que emiten desde su exilio dorado prófugos de la justicia venezolana procesados por brutales acciones terroristas.

El Alto Comisionado en esta intervención parece apoyar a los verdugos que atentan contra la población, convirtiéndose de esa forma en protector de los victimarios, mancillando así su rol de presunto defensor de los Derechos Humanos.

Le hacemos un llamado, desde nuestra dignidad y soberanía, a que rectifique en su trato hacia Venezuela y a que recupere el equilibrio y no se deje manipular por quienes hablan de derechos humanos y borran países del mapa en nombre de la democracia.

Caracas 13 de diciembre de 2024.

Tarek William Saab
Fiscal General de la República.”

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