«Desde 1999 no pongo el arbolito de Navidad. A mi esposo le encantaba decorar la casa, pero a mí se me quitaron las ganas cuando me lo quitaron a él».
Por: Juan Francisco Alonso – BBC News Mundo
Así inicia Alejandra Iriarte de Blanco el relato de lo que ella y sus hijos comenzaron a vivir hace un cuarto de siglo en Venezuela, luego de que su marido, Oscar Blanco Romero, fuera sacado de su casa, en el costero estado Vargas, por unos militares y nunca regresara.
Todo ocurrió en la tarde del 21 de diciembre de 1999, seis días después de que los venezolanos aprobaran en un referendo la Constitución impulsada por el entonces flamante nuevo presidente del país, Hugo Chávez, y la cual contiene un capítulo entero dedicado a los derechos humanos y a condenar expresamente la desaparición forzada de personas.
La votación del texto también coincidió con unas torrenciales lluvias que el 15 de diciembre de 1999, hace ahora 25 años, provocaron una serie de inundaciones y deslizamientos de tierras que borraron del mapa localidades enteras de Vargas, colindante a Caracas y frente al Mar Caribe.
En medio del desastre natural, el cual es considerado el peor en la historia del país, pues dejó miles de damnificados y un número no determinado de víctimas (hay estimaciones que van de los 700 hasta los 30.000), se produjeron saqueos y alteraciones al orden público en algunas de las zonas golpeadas por la catástrofe. Para restablecer el orden, las autoridades enviaron a los militares y también a agentes de los servicios de inteligencia.
Hasta «entre las piedras»
Los uniformados pusieron fin a los actos vandálicos, pero a un alto costo, denunciaron organizaciones de derechos humanos.
«Las fuerzas de seguridad desarrollaron una serie de procedimientos que implicaron una especie de suspensión de facto de las garantías constitucionales y durante los cuales ocurrieron una serie de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas», afirmó a BBC Mundo Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic).
Esta organización que junto a la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas viene representando desde entonces a los familiares de los desaparecidos ante la justicia nacional e internacional.
Desde el sitio donde ocurrieron los hechos, Alejandra Iriarte cuenta a BBC Mundo lo que vivió hace 25 años.
«Yo estaba en la casa vecina tratando de secar una ropa, porque todo estaba mojado y al poco de volver escucho que están golpeando la puerta y al abrir entraron unos militares», narra.
«Los militares se metieron y empezaron a destrozar todo, nos dejaron sin nada. A mis hijos les decían que se callaran, que no lloraran y yo preguntaba: ‘¿Qué pasó?’ Y me ordenaron que me callara, mientras se llevaban a mi esposo«, añade.
Iriarte aseguró que en la zona donde reside no se produjeron saqueos y que su marido no participó en los ocurridos en otras áreas.
«No estábamos pendientes de saqueos ni nada (…) ¿quién iba a estar pendiente de saquear en una tragedia tan horrible, donde las aguas arrastraban casas y la gente se lanzaba desde los edificios?», agrega.
Al ver que pasaban las horas y su marido no regresaba, salió a buscarlo.
Primero fue hasta un improvisado puesto de comando que los miembros del Batallón de Infantería Paracaidista Nº 422 «Coronel Antonio Nicolás Briceño» habían instalado en una casa cercana que estaba desocupada, pero no lo encontró allí.
«‘Todos los detenidos se los entregamos a la Disip (extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención y antecesora del actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin)’: fue lo que me dijeron», recuerda.
Iriarte inició entonces un recorrido que duraría meses y que la llevó a Caracas, a la sede central de la Disip, a visitar varias morgues y hospitales e incluso a la cárcel de Tocorón, a 130 kilómetros al oeste de la capital venezolana. Y no encontró a su marido.
«Caminé y busqué por todas partes. Tuve que cruzar ríos crecidos y pasar por zonas donde había cadáveres de quienes murieron en las inundaciones y los deslaves», rememora.
«Seguí lo que nos decían las personas: que si lo tiraron por allá en un río o entre unas piedras, pero nada. Tengo 25 años buscándolo y nada que aparece«, remata.
¿Víctimas de su pasado?
Lo ocurrido a Oscar Blanco Romero, quien era un albañil, no fue un hecho aislado; decenas de desapariciones más fueron reportadas en su momento. Sin embargo, solo cuatro casos fueron judicializados en Venezuela y de ellos tres llegaron a tribunales internacionales.
El segundo caso que trascendió las fronteras venezolanas también se registró el 21 de diciembre y fue el de José Francisco Rivas Fernández, quien estaba en un albergue para familias damnificadas cuando efectivos militares lo arrestaron, relataron testigos presenciales en la época.
Y último caso es el de Roberto Javier Hernández Paz. A él unos agentes de la Disip lo detuvieron el día 23 de diciembre en la casa de su tío, sin presentar ninguna orden judicial, según la denuncia.
Las víctimas, además de ser hombres, jóvenes (ninguno tenía más de 40 años) y de sectores económicamente deprimidos, tenían otro factor en común: presentaban antecedentes penales o registros policiales.
«Sí, Oscar tuvo problemas con la ley», admite Alejandra Iriarte.
«Él tenía antecedentes por consumo (de drogas). Yo no lo voy a negar, pero eso no era para que lo desaparecieran. Si hubiera estado cometiendo un delito han debido detenerlo, pero no desaparecerlo y dejarme sola con cuatro niños pequeños», agrega.
Lo anterior corrobora la tesis planteada en el juicio celebrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en junio de 2005 de que los militares y policías no solo restablecieron el orden público en la zona de la catástrofe, sino que buscaron eliminar a supuestos criminales. Y para ello elaboraron «listas de delincuentes» con información dada por vecinos de las áreas afectadas.
De la negación a la admisión
A pesar de las dificultades para acceder a las zonas afectadas por las lluvias, casos como el de Óscar Blanco llegaron pronto a oídos de la prensa.
«A mí y al diario El Nacional, donde trabajaba, nos pareció relevante ir a La Guaira (en Vargas) para acompañar a la gente que salía o entraba a buscar a familiares u objetos. Y en ese caminar, empecé a escuchar relatos de que por aquí y por allá había una persona desaparecida, que el ejército se la había llevado. Y como Venezuela tenía un registro histórico de abusos policiales y militares, me puse a indagar«, cuenta a BBC Mundo la periodista Vanessa Davies.
A finales de diciembre, la comunicadora publicó un primer reportaje donde se denunciaba que personas que no estaban delinquiendo habían sido arrestadas por soldados o policías en sus casas o en refugios y luego no se sabía nada más de ellas.
Las autoridades negaron los señalamientos y atacaron al medio, recuerda la reportera. Sin embargo, a los días ocurrió algo inesperado.
«Un sábado me llama mi jefa y me dice que el presidente (Hugo Chávez) quiere bajar a La Guaira con nosotros a escuchar a los familiares. Bajamos en helicóptero y escuchó, de primera mano, los señalamientos de los familiares», rememora Davies, quien durante más de dos décadas condujo un programa en la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV).
«El presidente tomó notas y luego nos trasladamos a un campamento. Lo vi cavilando solo, frente al mar y lanzando unas piedritas a las aguas. Para mí, esto fue llamativo, porque creo que había un proceso de reflexión en él«, agrega.
A los días, se produjo la salida del entonces jefe de la Disip, Jesús Urdaneta Hernández, quien había negado públicamente que subalternos suyos hubieran tenido bajo su custodia a alguna persona en el estado Vargas.
La versión de Urdaneta Hernández contradecía a lo dicho por el entonces comandante del Ejército, general Lucas Rincón Romero, quien admitió que los militares sí aprehendieron a personas y se las entregaron al servicio de inteligencia. Unas actas de aprehensión corroboraban lo dicho por el jefe militar.
La salida del jefe de la Disip fue simbólica, porque él fue junto a Chávez uno de los cabecillas del frustrado intento de golpe de Estado de 1992.
En 2004, el fallecido mandatario se refirió al asunto.
«Todos recuerdan el caso de Vargas y los desaparecidos que nunca aparecieron. Lo primero que hice fue destituir al jefe de la Disip, quien fue uno de mis más grandes amigos. Pero a nombre de la amistad mal entendida, yo no iba a tapar aquello«, dijo.
El caso se convirtió en la primera violación a derechos humanos cometida bajo la llamada «Revolución bolivariana».
Reconocimiento parcial
A pesar de las palabras de Chávez y de que la Fiscalía abrió averiguaciones y se celebraron juicios contra algunos miembros de la Disip, las principales dudas siguen sin respuesta: qué pasó y dónde están los desaparecidos.
Ni siquiera el hecho de que la hija mayor de Oscar Blanco, Aleoscar, se haya convertido en una reconocida atleta y que integrara la delegación venezolana de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, sirvió para esclarecer el caso.
Y ante la negativa de las autoridades judiciales y policiales a responder las incógnitas, las víctimas acudieron a la Comisión y luego a la Corte Interamericana. En esta última instancia se produjo otro hecho significativo: el gobierno admitió parcialmente su responsabilidad en la desaparición de Blanco, Rivas y Hernández, lo que le valió su tercera condena ante el juzgado continental.
«Esto fue un avance importante y positivo», admite Liliana Ortega, directora del Cofavic, quien sin embargo lamenta que este reconocimiento no se haya traducido en hechos concretos.
«Hoy sigue pendiente la investigación y ubicación de los desaparecidos. Tampoco se ha indemnizado ni reparado económicamente a las familias ni se han tomado medidas para evitar que estos hechos se repitan», precisa.
El desacato al fallo internacional ha tenido sus consecuencias, según especialistas en derechos humanos.
«Si el Estado hubiera cumplido con la sentencia se hubiera podido combatir el fenómeno de las desapariciones forzadas, que se ha vuelto un grave problema en la sociedad venezolana», afirma a BBC Mundo Carlos Ayala Corao, presidente de la Comisión Internacional de Juristas y expresidente de la CIDH.
Los datos de instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas corroboran lo dicho por el experto.
Desde 2019 el organismo de la ONU ha contabilizado 71 casos de desapariciones forzadas en el país, la inmensa mayoría de los cuales se han producido bajo la modalidad de corta duración; es decir que las personas son detenidas arbitrariamente por miembros de los cuerpos de seguridad, pero no se les permite comunicarse con sus familiares ni abogados de inmediato ni son llevadas a los tribunales en los plazos legales previstos.
«El número de casos identificados (…) muestra que no se trata de hechos aislados ni que responden a errores procedimentales puntuales. Más bien, este tipo de prácticas se ha convertido en un instrumento frecuente de represión contra las personas opositoras», se lee en el último informe que la Misión publicó en octubre.
El Sebin, heredero de la Disip, es uno de los organismos de seguridad más señalado de incurrir en esta práctica, de acuerdo con los investigadores de la ONU.
Como hace un cuarto de siglo, las autoridades venezolanas niegan todos los señalamientos.
«Una desaparición forzada es el secuestro de una persona que no aparece como detenida, que no es presentada en un tribunal y termina desaparecida porque la asesinan«, declaró a principios de año el fiscal general de la República, Tarek William Saab.
Pese al tiempo transcurrido y a que los familiares de varias de las víctimas han fallecido, Iriarte aseguró que continuará en su lucha.
«Voy a seguir hasta que Dios me dé vida, porque quiero saber por qué mi esposo no pudo ver a sus hijos crecer ni conocer a sus nietos», afirmó.
