El informe de la Policía Federal (PF) de Brasil, liderado por el delegado Fábio Shor —señalado como brazo derecho del ministro Alexandre De Moraes—, presentó nuevas acusaciones que involucran a Jair Bolsonaro en un supuesto intento de golpe de Estado. La investigación señaló a 37 imputados, incluidos militares de alto rango y asesores cercanos al expresidente, quienes habrían articulado un plan para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva. Según la PF, el supuesto golpe incluía desde desinformación hasta el secuestro y asesinato de autoridades.
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Sin embargo, esta narrativa oficial, ampliamente divulgada por medios partidarios del «Régimen PT/STF», como G1 y GloboNews, enfrentó críticas y cuestionamientos de juristas y periodistas como Deltan Dallagnol, Mario Sabino, J.R. Guzzo, Paulo Briguet y David Agape, quienes señalaron inconsistencias, abusos jurídicos y una motivación política detrás de las investigaciones.
La narrativa de la PF: un golpe inminente y articulado
El periódico progobierno Globo explicó el informe final de la Policía Federal (PF), con 884 páginas, que detalla un supuesto plan golpista articulado por Jair Bolsonaro y 36 aliados, que incluye militares de alto rango, exministros y miembros de la «milicia digital». La investigación dividió las acciones en seis supuestos núcleos estratégicos, que desempeñaban funciones distintas para desestabilizar las instituciones democráticas y garantizar la permanencia de Bolsonaro en el poder, incluso después de su derrota electoral en 2022.
Los seis núcleos identificados por la PF
Núcleo de desinformación
Responsable de difundir narrativas falsas para desacreditar el proceso electoral y minar la confianza en la democracia. El grupo utilizaba técnicas como el firehosing, una avalancha de desinformación repetida en diversos canales para crear familiaridad y aceptación. Según la PF, esta táctica buscaba consolidar la idea de un fraude electoral como base para justificar la ruptura democrática.
Núcleo de Incitación Militar
Actuaba persuadiendo a las Fuerzas Armadas para que se adhirieran al golpe. Documentos y mensajes muestran que el general Mário Fernandes lamentaba la falta de decisión política y apoyo del Alto Mando Militar, que se negó a participar en la conspiración.
Núcleo de Inteligencia Paralela
Operaba monitoreando a autoridades y recolectando información estratégica. La PF destacó la tentativa de rastrear las rutinas de figuras como Alexandre de Moraes, Lula y Alckmin, supuestamente para facilitar acciones como secuestros o asesinatos.
Núcleo Jurídico
Este núcleo ofrecía una fachada legal para las acciones golpistas, con propuestas de decretos y dictámenes que intentaban legitimar el estado de defensa y la intervención en las instituciones.
Núcleo Operacional
Formado por los denominados «kids pretos«, compuesto por militares y civiles encargados de acciones prácticas, como la vigilancia de objetivos y la ejecución de planes específicos, como el secuestro de Alexandre de Moraes.
Núcleo de Alta Rango
Coordinado por generales de confianza, como Braga Netto y Augusto Heleno, supuestamente encargados de articular el plan estratégico en niveles elevados del Gobierno y de las Fuerzas Armadas.
Las «evidencias centrales» presentadas por la PF
Documento «puñal verde y amarillo»
Encontrado en el disco duro del general Mário Fernandes, el texto supuestamente detalla un plan para neutralizar a Lula, Alckmin y Alexandre de Moraes, incluyendo métodos de alto impacto como secuestros e incluso asesinatos.
Hoja de cálculo «diseño op luneta»
Localizada en una unidad USB, detalla estrategias como «neutralizar la capacidad de actuación del MIN AM» (supuestamente Alexandre de Moraes). La PF interpretó el término «neutralizar» como un indicio de violencia potencial, aunque sin detalles específicos.
Mensajes y reuniones
Mensajes de diciembre de 2022 revelan la frustración de los militares ante la demora de Bolsonaro en firmar los decretos necesarios para implementar el plan. Además, hay evidencias de reuniones en el Palacio de Planalto, donde se discutió un borrador golpista encontrado en la casa de Anderson Torres.
Conexión con los actos del 8 de enero
La PF intentó vincular el supuesto plan golpista con los actos vandálicos ocurridos en Brasilia el 8 de enero de 2023. Según la investigación, Bolsonaro habría huido a los Estados Unidos el 30 de diciembre de 2022 para protegerse en caso de que el golpe fracasara. Mensajes muestran que, en la evaluación de los golpistas, las manifestaciones callejeras podrían «intensificarse» o «desvanecerse» tras la investidura de Lula.
La cobertura de los medios
Medios que apoyan al Régimen PT/STF (expresión que explica la colusión entre el poder judicial y un partido político en Brasil) como GloboNews y G1 destacaron el informe como prueba contundente de que Brasil estuvo al borde de un golpe articulado e inminente. GloboNews afirmó: «La investigación de la PF demuestra que el bolsonarismo intentó subvertir la democracia en un movimiento planificado y continuo».
Una trama marcada por la falta de ejecución
A pesar del detalle presentado, críticos de la narrativa oficial cuestionan la ausencia de actos ejecutorios que caractericen una tentativa concreta de golpe. La investigación también fue criticada por basarse en inferencias e interpretaciones, como en la traducción del término «neutralizar». Aun así, los indicios presentados por la PF consolidan una narrativa de amenaza al orden democrático, cuya real profundidad será analizada por el Ministerio Público.
Mario Sabino: El 8 de enero y su desconexión con el plan golpista
Mario Sabino, en un artículo en Metrópoles, consideró poco convincente la tentativa de la PF de vincular el 8 de enero con el supuesto plan golpista de los «kids pretos«. Él señala que, ya en diciembre de 2022, el Alto Mando de las Fuerzas Armadas había rechazado apoyar cualquier acción golpista, haciendo inviable la trama descrita.
Basándose en un mensaje del general Mário Fernandes, Sabino afirma que las protestas fueron espontáneas y movidas por frustración, sin relación con un plan organizado. También cuestiona la alegación de que Bolsonaro huyó a los EE.UU. por temor a las implicaciones del golpe, argumentando que el expresidente retornó a Brasil cuando los riesgos permanecían iguales.
Para Sabino, faltan pruebas concretas que conecten a Bolsonaro con los actos golpistas o con el 8 de enero, reforzando que el caso carece de mayor fundamentación.
Paulo Briguet: «Los procesos de Brasilia»
El periodista Paulo Briguet, en un artículo en la Gazeta do Povo, comparó los actuales juicios en Brasil con los «procesos de Moscú», conducidos por Stalin para eliminar opositores políticos. Para él, los «procesos de Brasilia» repiten prácticas de narrativas fantasiosas, acusaciones fabricadas y eliminación de derechos fundamentales, con el objetivo de destruir a la derecha conservadora y silenciar disidentes.
Briguet destacó el uso selectivo de la Justicia, donde documentos frágiles son aceptados contra adversarios, mientras que escándalos que involucran al gobierno son ignorados. También alertó sobre el clima de censura y represión, previendo que los 2,000 arrestados relacionados con el 8 de enero podrían ser solo el inicio de una escalada autoritaria.
Deltan Dallagnol: «Abusos, irregularidades y narrativas frágiles»
El jurista y exfiscal de Justicia, Deltan Dallagnol, en un artículo en la Gazeta do Povo, destacó seis problemas jurídicos centrales en el caso:
Imparcialidad de Moraes
«Alexandre de Moraes es juez y víctima en el caso, algo inadmisible en cualquier democracia seria», escribió.
Falta de competencia del STF
Según él, el Supremo no debería juzgar el caso, ya que ninguno de los investigados tiene fuero privilegiado.
Prisiones preventivas abusivas
Dallagnol señaló que las prisiones decretadas carecen de hechos contemporáneos que justifiquen el peligro al orden público.
Ausencia de actos ejecutorios
«El informe menciona planes y conjeturas, pero no presenta ningún acto concreto que caracterice tentativa de golpe», afirmó.
Errores en la tipificación jurídica
Dallagnol destacó que crímenes como peculado de uso y organización criminal fueron aplicados de forma inadecuada.
Politización de las investigaciones
El jurista concluyó que el caso refleja una tentativa de usar el sistema judicial para perseguir adversarios políticos.
David Agape: «Especulaciones en lugar de pruebas»
El periodista investigativo David Agape, en un análisis publicado en el portal A Investigação, desmontó los principales pilares de la acusación. Él señaló que los documentos presentados, como el «Puñal Verde y Amarillo», carecen de elementos que los conecten directamente a los investigados.
Agape también destacó que los investigadores basaron sus conclusiones en teorías controvertidas como la técnica del firehosing —que consiste en disparar una avalancha de información falsa para confundir a la opinión pública. Para él, el uso de esa teoría en el contexto brasileño fue forzado:
«Criticar urnas electrónicas o el sistema electoral, aunque de manera equivocada, no puede ser tratado como estrategia deliberada de desinformación o tentativa de golpe».
Criticó la falta de coherencia en el uso de los «núcleos estratégicos» descritos por la PF:
«Los supuestos núcleos actuaron de forma descentralizada y sin ningún signo de comando centralizado. Al intentar encajar estas acciones en una narrativa única, la investigación pierde credibilidad y se convierte en un mosaico de lagunas lógicas».
Finalmente, subrayó la contradicción entre las alegaciones de una amenaza inminente al Estado Democrático de Derecho y la ausencia de actos ejecutorios o pruebas concretas:
«La investigación parece más preocupada en sostener una narrativa de amenaza constante que en buscar la verdad. Este tipo de estrategia es peligroso, pues mina la confianza pública en las instituciones y transforma investigaciones criminales en herramientas de control político».
J.R. Guzzo: Diálogos absurdos y ausencia de pruebas concretas en el «golpe»
En un artículo publicado en la Revista Oeste, J.R. Guzzo criticó duramente la narrativa de la PF y del STF sobre el supuesto plan golpista de Bolsonaro. Describió las «pruebas» presentadas como «un revoltijo de diálogos absurdos y frases sin sentido».
Guzzo subrayó que, incluso después de dos años de investigaciones, no hay evidencia concreta que vincule a Bolsonaro con el plan:
«No hay declaración grabada, papel firmado ni mensaje de WhatsApp», afirmó, destacando que todo se basa en especulaciones sobre lo que Bolsonaro no habría dicho.
Ironizando, cuestionó el supuesto presupuesto del golpe —apenas R$ 100,000— y concluyó que las investigaciones reflejan más una narrativa política que una tentativa real de subversión.
«La democracia recivilizada de Brasil ha tornado ilegal preguntar», finalizó Guzzo.
Casos insólitos
La supuesta trama golpista está marcada por una serie de episodios pintorescos, lamentables y absurdos. Incluye desde oraciones religiosas que supuestamente amenazan al Estado de Derecho, asesores que viajan a Estados Unidos sin salir de Brasil, hasta un golpe que no se concreta porque uno de los supuestos golpistas no consiguió tomar un taxi.
La «plegaría del golpe»
La inclusión del sacerdote José Eduardo de Oliveira e Silva en el núcleo jurídico golpista generó repercusión después de que la PF citara un mensaje de audio enviado por él. El sacerdote habría realizado una plegaria por Brasil en un grupo de WhatsApp, pidiendo intervención divina para evitar la investidura de Lula. La investigación describió el mensaje como la «plegaría del golpe».
Según el portal O Antagonista, «la plegaria fue incluida en el informe como evidencia de incitación al golpe, aunque el audio no contiene ninguna mención explícita a acciones ilegales o violentas».
Filipe Martins y la falsa acusación sobre su salida de Brasil
La investigación sugiere que Filipe Martins habría «burlado» el sistema de inmigración de los Estados Unidos para facilitar una supuesta fuga en 2022, anticipando futuras persecuciones legales. Sin embargo, de acuerdo con la Gazeta do Povo, esa alegación carece de base factual.
«Tal inversión roza el surrealismo y atestigua la absoluta falta de rigor investigativo», afirman los abogados del exasesor, al señalar que, de esta forma, «la propia PF admite haber actuado con negligencia al decretar la prisión de Filipe basándose en informaciones falsas y sin realizar las diligencias mínimas necesarias». Los abogados del ex asesor de Bolsonaro ya han señalado ilegalidades y abusos en la detención de Filipe Martins.
Por esa prueba completamente equivocada, Martins quedó 6 meses detenido por la fiscalía en Brasil. Lo que parece es que lo pusieron en la cárcel para una delación contra Jair Bolsonaro que no ha llegado.
El «golpe del taxi»
El informe describe cómo un supuesto plan para secuestrar a Alexandre de Moraes fue abortado porque uno de los militares, con el nombre clave «Gana», no pudo encontrar un taxi en Brasilia. Este episodio fue ampliamente divulgado y se convirtió en objeto de burla, incluyendo comentarios de Jair Bolsonaro:
«El golpe ahora ya no se hace con tanques, ¿verdad? Se hace con taxis. Y parece que el secuestro no se realizó porque no había un taxi disponible en ese momento… Ah, por el amor de Dios, esto es una broma. Esa PF creativa de Alexandre de Moraes.», según informó la CNN.
Bolsonaro utilizó la palabra «creativa» porque se revelaron mensajes de los asesores de Alexandre de Moraes, quienes dijeron que el juez del STF pidió a sus subordinados utilizar la «creatividad» para perseguir a sus enemigos. Así lo reveló el reportaje «Vaza Toga» del periodista Glenn Greenwald, que tuvo acceso a los teléfonos móviles de los asesores de Alexandre de Moraes. El experto criminalista Eduardo Tagliaferro denunció esta práctica de «utilizar la creatividad» para perseguir a los opositores. Y parece que todavía se utiliza hoy en día.
El balance: una crisis de confianza en las instituciones
Mientras que el consorcio de poder Globo/PT/STF presenta el informe de la PF como una prueba de que Brasil enfrentó una amenaza golpista real, los críticos señalan que la investigación está llena de fragilidades, abusos jurídicos y motivaciones políticas.
Mario Sabino, periodista y exdirector de redacción de la revista Veja, observa que el caso carece de coherencia y pruebas concretas, sugiriendo que la tentativa de conectar el 8 de enero con un golpe articulado parece más una narrativa conveniente que un hecho consolidado.
Deltan Dallagnol, exfiscal y coordinador de la operación Lava Jato, alerta sobre los riesgos para el Estado de Derecho, destacando que abusos e irregularidades en las investigaciones comprometen la democracia y debilitan sus pilares fundamentales.
David Agape, periodista investigativo y editor del portal A Investigação, critica el uso de conceptos subjetivos como justificación para investigaciones frágiles, advirtiendo que esto puede abrir espacio para la criminalización de opiniones divergentes y para una erosión de las libertades individuales.
Paulo Briguet, escritor y periodista, traza un paralelo histórico, comparando los procesos judiciales brasileños con el «amalgama estalinista» de los Procesos de Moscú, donde acusaciones frágiles y medias verdades se usaban para eliminar opositores. Destaca que las acciones actuales buscan debilitar y destruir a la derecha brasileña mientras utilizan la justicia de forma selectiva para perseguir adversarios.
El caso expone una crisis de confianza en las instituciones brasileñas, que parecen más preocupadas en moldear narrativas que en cumplir sus roles constitucionales.
