Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Durante años, el debate sobre la salud pública se ha centrado a menudo en un supuesto aumento de la prevalencia del autismo. Se han señalado varios culpables, incluida la afirmación, bien investigada pero sin fundamento, de que las vacunas causan autismo. Más recientemente, se han propuesto otros factores de riesgo —muchos de ellos por el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr.—, entre los que se incluyen el uso materno de Tylenol, los colorantes y aditivos alimentarios, los agentes químicos de fabricación y otros posibles factores de estrés que afectan al desarrollo perinatal. La preocupación por el autismo ha cobrado protagonismo dentro del movimiento más amplio Make America Healthy Again (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable), motivado por una alarma bien fundada sobre la devastadora carga de enfermedades crónicas y psiquiátricas que sufre el país. Pero hay un problema mayor con la epidemia de autismo: no existe.

Por: Adam Omary – El Cato

Es cierto que los diagnósticos de autismo han aumentado drásticamente en las últimas décadas. Sin embargo, los criterios de diagnóstico pueden cambiar incluso cuando el fenómeno de salud subyacente permanece inalterado. El informe más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre el autismo, publicado el pasado mes de abril, reveló que la prevalencia del autismo se multiplicó por cinco entre 2000 y 2022, pasando de 67 a 322 casos por cada 10.000 niños. Pero un estudio a gran escala publicado en diciembre, basado en datos de los CDC de 24.669 niños de 8 años de todo el país, descubrió que este aumento espectacular puede deberse en su totalidad a niños con discapacidad funcional leve o sin discapacidad significativaEntre 2000 y 2016, se produjo un aumento del 464% en los diagnósticos entre niños sin discapacidad funcional significativa alguna. De hecho, durante el mismo período, se produjo una disminución del 20% en la prevalencia del autismo moderado o grave, qupasó de 15 a 12 casos por cada 10.000 niños.

A menudo transcurren varios años antes de que se publiquen estos conjuntos de datos epidemiológicos, y otros tantos para que los investigadores realicen análisis estadísticos, publiquen los resultados y participen en los debates sobre políticas públicas. Aún no disponemos de datos más recientes que los de 2016 que desglosen los síntomas por nivel de gravedad y controlen otros factores psicológicos, como la discapacidad intelectual. Sin embargo, es probable que el aumento del 74% en los casos notificados entre 2016 y 2022 refleje una continuación del problema anterior de sobrerrepresentación de niños con síntomas leves y sin discapacidad funcional significativa.

A pesar de ello, algunos defensores apoyan la narrativa de que el autismo está en aumento, porque un «espectro» en constante expansión que produce más diagnósticos atrae más atención y financiación para la investigación, incluso si la psicología subyacente de los niños no cambia.

Algunos de los datos de los CDC que documentan el supuesto aumento de las características del autismo, por su parte, no provienen de evaluaciones psiquiátricas presenciales de referencia, sino de encuestas realizadas a los padres, como la Escala de Respuesta Social. La SRS incluye afirmaciones como «Prefiere estar solo que con otros», «Tiene dificultades para hacer amigos» y «Los demás niños lo consideran raro o extraño», que los padres califican desde «No es cierto» hasta «Casi siempre cierto». En mi propia investigación doctoral sobre la salud mental de los adolescentes, incluí la SRS para tener en cuenta en qué medida otras consecuencias psicológicas se explicaban por las dificultades sociales. Sin embargo, siempre tuve cuidado de utilizar un lenguaje cauteloso: se trata de rasgos de comportamiento que se sabe que están asociados al autismo, no de marcadores diagnósticos. Lamentablemente, muchos estudios utilizan las puntuaciones altas en la SRS como sustituto de la evaluación clínica del autismo, lo que representa, por ejemplo, al menos el 12% de los «casos sospechosos» en los datos del CDC de 2022.

Deberíamos preocuparnos por el aumento del número de niños peculiares «en el espectro», pero no porque estén expuestos a neurotoxinas de las que las generaciones anteriores estaban aisladas, ni porque un número cada vez mayor de niños se enfrente a un deterioro social clínicamente significativo. Más bien, como sostiene Abigail Shrier en su libro de 2024 Bad Therapy, la preocupación más acuciante puede ser una deriva cultural e institucional hacia el sobrediagnóstico en la psiquiatría infantil.

Al igual que el aumento de los diagnósticos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ansiedad y depresión entre los jóvenes, el aumento de las etiquetas de autismo puede reflejar un cambio en las normas, criterios de diagnóstico más laxos y una atención terapéutica excesiva dirigida a dificultades normales. Si el autismo estuviera aumentando realmente debido a una nueva agresión medioambiental, cabría esperar un aumento en todos los niveles de gravedad. Pero ese no es el caso.

Esta realidad debería cambiar radicalmente nuestro debate nacional. Los políticos y los funcionarios de salud pública se han unido en torno a afirmaciones dramáticas alimentadas más por el miedo que por las pruebas. Sí, Estados Unidos se enfrenta a una crisis real de enfermedades crónicas —como la obesidad, la disfunción metabólica y los trastornos autoinmunes— que podrían verse afectadas por las toxinas ambientales. Sí, muchos niños se enfrentan a verdaderos problemas de salud mental que requieren una mayor atención y apoyo psiquiátrico. Pero ninguna de estas narrativas resiste el escrutinio científico cuando se aplica al aumento de los diagnósticos de autismo.

Cuando el discurso público parte de un titular alarmante —»Las tasas de autismo se han cuadruplicado»—, incluso los científicos más cautelosos pueden verse presionados a buscar explicaciones para un fenómeno biológico que no existe. El resultado es una mala asignación de los esfuerzos científicos y una confusión de las señales reales del daño medioambiental. En muchos casos, el niño etiquetado como «en el espectro» es el mismo niño de tercer grado obsesionado con los trenes que conocía tu abuelo, solo que ahora se le ha asignado un diagnóstico. En su lugar, orientemos la salud pública hacia crisis sanitarias reales y continuas e insistamos en criterios psiquiátricos que sean coherentes, no exagerados y clínicamente significativos.

Este artículo fue publicado originalmente en Washington Post (Estados Unidos) el 11 de febrero de 2026.

Durante el transcurso de la tarde de este domingo 22 de febrero, se confirmó la liberación del tachirense Raúl Amiel Hevia, quien permanecía detenido debido a una confusión de identidad y acusaciones infundadas sobre publicaciones en redes sociales.

La Patilla

La noticia fue difundida por la reconocida periodista de la entidad, Lorena Bornacelly, a través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter).

Según el reporte, Hevia fue víctima de una confusión con su nombre, lo que derivó en un proceso judicial por publicaciones digitales que, según se demostró, él nunca realizó.

El caso de Raúl Amiel Hevia ha generado conmoción en el estado Táchira, no solo por la naturaleza del error, sino por el impacto familiar que esto conlleva. Durante el tiempo de su detención, su círculo cercano mantuvo la defensa de su inocencia.

«Sus hijos, esposa y madre periodista lo esperan en Táchira», detalló Bornacelly en su publicación, subrayando el alivio que representa su retorno al hogar tras el amargo episodio.

El 23 de febrero de 1933, en el contexto del auge de la industria petrolera, nació la ciudad de El Tigre. No hubo una fundación formal; más bien, la llegada de campesinos del Caris y zonas aledañas permitió que un pequeño poblado se formara alrededor del pozo OG-1. Esta incipiente población fue tomando forma y creciendo a un ritmo moderado durante las primeras décadas.

Con estas palabras comenzamos a redactar el artículo de Bitácora Energética dedicado a la historia de la ciudad, conversando con el cronista popular Cheo Salazar. En él, destaco que esta importante ciudad del sur del estado Anzoátegui recibió una gran cantidad de inmigrantes, principalmente de la Isla de Margarita, de estados vecinos y algunos extranjeros. Su camino hacia el pleno desarrollo se vio impulsado por el reventón del Pozo Oficina 1. Sin embargo, este proceso enfrentó una grave amenaza en la década de 1960, cuando una profunda recesión petrolera colocó a El Tigre casi a la par de Ortiz, un pueblo que inspiró a Miguel Otero Silva para escribir su novela “Casas Muertas”, en la que reflejó brillantemente la infecunda suerte de esa población del estado Guárico. Esta crítica situación fue superada por muchos hombres y mujeres que perseveraron y lucharon para que el pueblo sobreviviera a la hecatombe. Esos valientes salvaron la sabana de convertirse nuevamente en un desierto.

Durante ese difícil momento, El Tigre sufrió una severa recesión provocada por la drástica reducción de la actividad petrolera en la región. Muchos se marcharon, mientras que otros más audaces decidieron resistir. En ocasiones, nos convertimos en un pueblo fantasmagórico. Imaginen que los terrenos, hoy considerados «lomitos» ubicados en la avenida Francisco de Miranda, se cotizaban a Bs. 0,25 el metro cuadrado; se ofrecían a crédito y pagaderos en cómodas y olvidadizas cuotas. Muchos testigos presenciales y protagonistas de aquella época aún viven en la ciudad y pueden dar testimonio de esa aciaga coyuntura histórica. Es cuestión de indagar un poco para darnos cuenta de que no todo el camino ha estado, como en el presente, empedrado de bondades. Hay vecinos que han trabajado arduamente para contribuir a la prosperidad, el desarrollo y la consolidación de nuestra pequeña urbe. Son héroes anónimos a quienes debemos rendir homenaje: nativos e inmigrantes que nos convirtieron en un crisol de culturas.

La entrevista con el cronista popular nos revela que, a lo largo de los años, algunos vecinos, comerciantes e industriales soportaron y sobrevivieron a la espantosa recesión económica, lo que permitió que el pueblo recuperara su lento ritmo de crecimiento. En la década de 1970, con la llegada de La Gran Venezuela, El Tigre aceleró su desarrollo y expansión, logrando consolidarse como ciudad y convertirse, de hecho, en la capital del sur del estado Anzoátegui. El eximio poeta Helí Rafael Colombani Bianchi, oriundo de Irapa, estado Sucre, e hijo adoptivo de la Mesa de Guanipa, visualizó esa realidad y promovió la idea de que, en un futuro no muy lejano, esta inmensa región del sur anzoatiguense podría convertirse en el estado Guanipa, cuya capital sería nuestra querida ciudad de El Tigre. Es un sueño que puede hacerse realidad. El futuro es inevitable e impredecible; hay que dar tiempo al tiempo.

El petróleo, la recesión, la agricultura, el petróleo nuevamente… otra vez la agricultura y vuelve la esperanza con el petróleo. Esta dinámica pendular ha caracterizado la corta vida de nuestra ciudad de El Tigre. La siembra e industrialización del maní dieron origen a Agrícola Guanipa C.A. (AGUANCA) y los silos de ADAGRO, que son testigos de un renacimiento en la década de 1970.Esta

ciudad hoy en día se encuentra en una encrucijada geográfica que puede ser aprovechada con la industria petrolera Pujante y Activa en la Lucha como franse de nuestro Himno del Estado Anzoátegui, donde. Cada ciudadano apegado a la luz de la industria petrolera tras los recientes acontecimientos políticos.

Se espera que las empresas petroleras logren un equilibrio con el medio ambiente y los productores locales, quienes han mantenido su labor agrícola a pesar de las adversidades.

El Tigre ha sido, es y seguirá siendo un punto de referencia crucial en la región. Con la aspiración colectiva de convertirse en la capital oficial del nuevo estado que todos deseamos, es fundamental que las nuevas generaciones comprendan su historia y trabajen por un futuro próspero. Como decía Antonio Machado, “Caminante, no hay caminos, se hace camino al andar”. La historia de El Tigre es un testimonio de resiliencia y potencial; es momento de seguir avanzando y enfrentar los desafíos con determinación. ¡Vale la pena!

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William Hernández
Bitácora Energética

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1. Nuevo esquema: de Pdvsa al Tesoro de Estados Unidos

Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y la Orden Ejecutiva 14373, Estados Unidos creó un mecanismo inédito para controlar directamente los ingresos petroleros venezolanos mediante los “Foreign Government Deposit Funds” (FGDF). Estos fondos son depósitos que el gobierno de Estados Unidos mantiene en el Tesoro o en cuentas extranjeras “en nombre del gobierno de Venezuela”, incluyendo al BCV y a Pdvsa, pero con desembolsos sujetos a las instrucciones del secretario de Estado.

El objetivo declarado es doble:

  • reactivar la producción petrolera para estabilizar la economía venezolana, y
  • evitar que los recursos alimenten redes de corrupción o permitan la recomposición de estructuras autoritarias

En la práctica, esto instala una tutela financiera externa: Venezuela mantiene el título sobre los fondos, pero el control operativo lo ejerce Washington.

2. Flujo del dinero: de la refinería al mercado cambiario local

En la fase inicial, el esquema se articuló alrededor de un fideicomiso en Qatar:

  1. Venta de crudo venezolano a compradores autorizados (principalmente refinerías de la Costa del Golfo de Estados Unidos)
  2. Pago depositado en una cuenta FGDF en Qatar, bajo control del Departamento de Estado
  3. Autorización de Washington para transferir una parte a bancos privados venezolanos
  4. Cuatro bancos privados reciben alrededor de 75 millones de dólares cada uno (total 300 millones de dólares) en sus corresponsales internacionales
  5. Los bancos venden esos dólares a empresas venezolanas en el mercado cambiario local, bajo regulación del BCV, pero sin que el BCV toque directamente los fondos

Este diseño buscó:

  • bypassear al BCV sancionado,
  • inyectar divisas al sector privado para pagos de importaciones, y
  • reactivar un mercado cambiario seco tras la incautación de tanqueros venezolanos

Al mismo tiempo, la banca venezolana debe reconstruir su credibilidad ante sistemas de cumplimiento internacionales, después de años de sanciones y “overcompliance”, lo que hace más lenta y sensible la operativa.

3. De Qatar al Tesoro: montos y expectativas de flujo

Hoy se da por cerrada la “fase Qatar” y se migra a una cuenta del Tesoro de Estados Unidos:

  • La primera operación generó 500 millones de dólares, colocados inicialmente en Qatar; de ese monto, 300 millones de dólares fueron enviados a bancos venezolanos
  • Funcionarios estadounidenses han indicado que esos 500 millones de dólares iniciales ya fueron íntegramente devueltos a Venezuela mediante distintos canales
  • El secretario de Energía, Chris Wright, y otras fuentes confirman que las ventas totales de petróleo bajo este esquema ya superan los 1.000 millones de dólares y que el uso de Qatar se abandona en favor de una cuenta específica en el Tesoro de Estados Unidos

Proyección:

  • El propio Wright estima que los contratos en curso pueden generar alrededor de 5.000 millones de dólares adicionales en los próximos meses, si se sostiene una producción en el rango de 1,0 – 1,2 millones bpd

4. Licencias Generales de OFAC y marco de compliance

El sistema se sostiene en un paquete de Licencias Generales (GL 46A, 47, 48, 49, 50, 50A), recientemente actualizadas.

Condiciones clave

  • Exclusión de países adversarios: las GL prohíben transacciones con personas o entidades de Rusia, Irán, China, Corea del Norte y Cuba
  • Reportes periódicos: quienes usan estas licencias deben reportar a Estado y Energía dentro de los 10 días de la primera transacción y luego cada 90 días, detallando partes, montos, fechas, destinos y bienes/servicios involucrados
  • Moneda y términos comerciales: GL 48 y GL 50A imponen restricciones sobre denominación de pagos y esquemas de trueque, buscando evitar monedas opacas o acuerdos “oil‑for‑something
  • Supervisión administrativa, no auditoría independiente: el control recae en la revisión documental por los Departamentos de Estado y Energía; no se incorpora un auditor externo con mandato propio

Vacíos críticos de compliance

  1. Sin auditor externo independiente: no hay un rol formal del GAO ni de organismos multilaterales para auditar in situ el uso final de los fondos. La iniciativa de ley “Venezuela Oil Proceeds Transparency Act” (Schiff–Schumer) apunta a llenar ese vacío, pero aún no ha sido aprobada
  2. Discrecionalidad del Departamento de Estado: la OE 14373 otorga al secretario de Estado control final sobre desembolsos, sin criterios públicos ni mecanismos de apelación
  3. Opacidad del esquema Qatar: la gobernanza del fideicomiso en Qatar (administrador, reglas, salvaguardas) nunca se hizo pública
  4. Sin trazabilidad del uso interno: una vez que los bancos venden los dólares a empresas, no hay trazabilidad pública de si financian importaciones reales o esquemas de facturación falsa, triangulación o pagos a actores sancionados

Tabla de Licencias Generales OFAC sobre Venezuela (petróleo y gas, febrero 2026)

GLObjeto principalQué autorizan (núcleo)Qué prohíben / limitanCambios clave 2026
46AOperaciones comerciales con crudo venezolanoTransacciones “ordinariamente incidentes y necesarias” para levantar, exportar, vender, transportar y refinar petróleo de origen venezolano por entidades estadounidenses establecidas, incluso si involucran al GoV o PdvsaNo autoriza inversión nueva en exploración/producción ni participación accionaria en proyectos; exige que todos los pagos a personas sancionadas vayan a cuentas FGDF del Tesoro (salvo impuestos/tasas locales limitados)En febrero 2026 se convierte en 46A: se aclara el rol de los FGDF, se permite pago de impuestos locales no petroleros, y se refuerza el requisito de canalizar los flujos centrales vía Tesoro de Estados Unidos
47Suministro de diluyentes de origen estadounidenseExportación, reexportación, venta, suministro, almacenamiento, transporte y logística de diluyentes de origen US (nafta, crudo liviano, etc.) a Venezuela, incluyendo pagos del GoV/PdvsaAlcance estrecho: no autoriza compra de crudo venezolano ni inversión en producción; contratos deben ajustarse a condiciones de jurisdicción y pagos fijadas por OFACNueva en 2026; llena un cuello de botella operativo al permitir diluyentes esenciales para procesar crudo pesado, bajo contratos estandarizados y con fuerte carga de compliance
48Bienes, equipos y servicios para el sector petrolero y gasíferoSuministro de bienes, equipos y servicios a la industria de petróleo y gas de Venezuela y transacciones asociadas (logística, servicios técnicos, etc.)Requiere que contratos con GoV/Pdvsa: 1) se rijan por ley de Estados Unidos, y 2) establezcan resolución de disputas en Estados Unidos; pagos a personas sancionadas deben ir a cuentas del Tesoro (FGDF), salvo impuestos/tasas locales acotadosEmitida el 10 de febrero de 2026 como pieza que conecta GL 46A, 49 y 50A, habilitando el soporte operativo (servicios y equipos) bajo estructura jurídica y financiera controlada por Estados Unidos
49Contratos contingentes para nueva inversiónNegociación y firma de contratos contingentes para nuevas inversiones o expansión de operaciones en el sector de petróleo y gas en Venezuela, incluyendo JVs y nuevas estructuras societariasSolo autoriza la fase preparatoria: due diligence, evaluación técnica y ambiental, negociación y firma de contratos que solo se activarán si OFAC lo permite en el futuro; no permite aún ejecutar inversiones ni operaciones materialesPublicada en febrero 2026; crea una “pre‑autopista” para inversión futura, permite a empresas estructurar deals y estudiar proyectos sin levantar de inmediato las sanciones de fondo
50Operaciones de ciertas empresas petroleras históricasVersión original que autorizaba operaciones en Venezuela de un grupo acotado de grandes empresas (Chevron, Eni, Repsol, Shell, etc.)Alcance más limitado y algunos requisitos contractuales y de pagos menos alineados con el nuevo esquema FGDF que el de 50ASirvió de base para la ampliación posterior; en febrero 2026 se sustituye/ajusta por 50A para armonizar con OE 14373 y los FGDF
50AOperaciones de BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y ShellAutoriza todas las transacciones necesarias para las operaciones de petróleo y gas en Venezuela de las empresas listadas y sus subsidiarias, incluso si involucran al GoV o PDVSA, siempre que los pagos sigan el esquema FGDF y demás condiciones OFACNo elimina sanciones de fondo: solo beneficia a las empresas específicamente nombradas; siguen vedadas operaciones con personas/países adversarios y pagos fuera de los canales Tesoro/FGDF, salvo impuestos locales limitadosEn febrero 2026 se emite/enmenda como 50A, ampliando y clarificando el marco para estas empresas: se coordina con GL 46A, 47, 48 y 49 y se subordina explícitamente a la OE 14373 y a los FGDF

5. Riesgo de que la corrupción chavista se reacomode

La historia de Pdvsa muestra desvíos masivos y uso del aparato petrolero para lavado de dinero y apoyo a redes criminales. El nuevo esquema cambia por dónde pasa la plata, pero no necesariamente quién maneja las operaciones

  • Pdvsa sigue operada en gran medida por cuadros heredados del chavismo, con redes de proveedores y contratistas históricamente vinculados a sobreprecios y comisiones
  • Proveedores como Caminpeg (empresa militar de servicios petroleros) han sido señalados como vehículos para contratos inflados, facturación de servicios no prestados y uso de intermediarios en jurisdicciones opacas

Las GL 48 y 50A:

  • autorizan suministro de insumos y servicios petroleros y facilitan operaciones de empresas como Chevron y otras,
  • pero no publican una lista de proveedores autorizados ni exigen due diligence previa sobre contratistas locales ante OFAC.jdsupra+2

Resultado: si Pdvsa y las joint ventures siguen contratando a estructuras como Caminpeg y similares, es posible que parte de la renta petrolera termine reciclada a través de los mismos canales de corrupción, solo que ahora el origen inmediato de los fondos es más limpio y trazado.

No hay evidencia pública de que Caminpeg haya sido formalmente excluida de la cadena de contratación; la falta de transparencia contractual mantiene el riesgo intacto.

6. Lectura de entorno y mensaje central

  • El control externo sobre la caja petrolera es mucho más fuerte que en cualquier etapa anterior; el BCV y Pdvsa pierden el monopolio sobre los flujos internacionales, pero el chavismo conserva el control de buena parte del aparato operativo y de redes de proveedores
  • Los flujos brutos son significativos (más de 1.000 millones de dólares ya generados, hasta 5.000 millones de dólares proyectados), pero la calidad del gasto final dentro de Venezuela sigue expuesta a captura, sobre todo si no se aprueban mecanismos de auditoría independiente y transparencia contractual
  • En términos políticos, el esquema FGDF refuerza la narrativa de transición tutelada: Washington financia, decide tiempos y prioriza estabilidad macro y gobernabilidad, mientras la oposición y la sociedad venezolana exigen que esa renta apoye una “democracia verificable”, no un reciclaje del sistema

Noticias destacadas

  • ABC: Estados Unidos pide a Delcy la cabeza del hijo de Maduro y de un grupo de jerarcas chavistas (Alex Saab, Raúl Gorrín, Samark López Bello, Tareck el Aissami, Walter Jacob Gavidia Flores y Pedro Luis Martín-Olivares). La Casa Blanca exige cooperación en las investigaciones que siguen contra ellos pero la prohibición constitucional en Venezuela de extraditar a nacionales obliga a buscar alternativas
  • La Ceiba: Diferir el desenlace indefinidamente, en todo caso, no es posible ni conveniente, no solo para el pueblo venezolano, sino para la estabilidad, la prosperidad y la seguridad de la región
  • AP: Ley de Amnistía aprobada en Venezuela es recibida con desconfianza por grupos de derechos humanos. Los activistas advirtieron que el futuro de muchos de los potenciales beneficiarios de la amnistía está “todavía amenazado por la persecución política” como consecuencia de que la ley está sujeta a “una excesiva discrecionalidad”. Consideraron además un despropósito que sean “los mismos jueces y fiscales que han acusado a personas injustamente, arbitrariamente” los encargados de “interpretar la ley para otorgar beneficios”, en lugar de designar “jueces ad hoc” para ese fin
  • El Pitazo. Juan Pablo Guanipa sobre la amnistía: “Ellos quieren ganar tiempo para mantenerse en el poder”
  • Tal Cual. Foro Penal: La amnistía es un instrumento muy pequeño, pero es un logro
  • The New York Times: Un nuevo bloqueo de Estados Unidos está sofocando a Cuba. La isla se enfrenta al primer bloqueo efectivo de Estados Unidos desde la Crisis de los Misiles
  • AP: Trump advierte que sopesa ataques limitados; diplomático iraní dice que un acuerdo es inminente (lo que parece inminente es algún tipo de acción militar)

Lo que no fue noticia (y debería serlo)   

  • Que, al 23 de febrero de 2026, la posible salida de Estados Unidos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) representa el movimiento final de una ruptura sistémica con el multilateralismo energético y climático, bajo la administración de Donald Trump. Aunque Estados Unidos ya se retiró oficialmente de la Irena (Agencia Internacional de Energías Renovables) y de la CMNUCC (Acuerdo de París) en enero de este año, con la AIE la situación ha escalado a un ultimátum de un año. Para Washington, la AIE se ha transformado en una «organización de activismo climático» que distorsiona los mercados. Estados Unidos exige que la agencia regrese a su misión original de 1974, que es garantizar el suministro de petróleo y la seguridad energética tradicional. La administración Trump califica las proyecciones de energías limpias de la AIE como una mentira técnica que encarece la energía y debilita a Occidente frente a potencias como China
  • Ni que si Estados Unidos concretara su salida en 2027 (al cumplirse el plazo del ultimátum), la agencia entraría en una quiebra técnica parcial, porque Estados Unidos aporta entre 25% y 30% del presupuesto de la AIE. Su salida obligaría a recortes masivos en personal, investigación y monitoreo de mercados globales. La AIE es el ente que coordina la liberación de reservas petroleras de emergencia entre los países desarrollados; y sin Estados Unidos que posee las mayores reservas del mundo, este mecanismo pierde casi toda su capacidad de estabilizar los precios ante crisis globales. Lo que significa en el fondo es el fin de la «Diplomacia Verde» liderada por Occidente. Si Estados Unidos se va, la AIE queda como un organismo mayoritariamente europeo, con menos peso real. Estados Unidos busca crear un nuevo bloque de «Realismo Energético», donde el petróleo y el gas natural vuelvan a ser el centro de la seguridad nacional, utilizando a Venezuela y Guyana como sus principales bastiones en el hemisferio
  • O que el discurso del secretario de Estado, Marco Rubio, en la Conferencia de Seguridad de Múnich (febrero de 2026), presenta la visión de la administración Trump para un «Nuevo Siglo Occidental»: Inicia reconociendo la alianza histórica que venció al comunismo, pero critica duramente la «ilusión» surgida tras la caída del Muro de Berlín. Afirma que creer en un mundo sin fronteras y en un orden global por encima del interés nacional fue un error que llevó a la desindustrialización y a la pérdida de soberanía en las cadenas de suministro. Enfatiza que Occidente ha cometido errores compartidos, como imponer políticas energéticas de «culto climático» que empobrecen a la población mientras los competidores explotan combustibles fósiles. Propone recuperar la capacidad productiva y el control de minerales críticos; define el control de la migración masiva no como xenofobia, sino como un acto fundamental de soberanía para preservar la cohesión social; liderar en inteligencia artificial, automatización y viajes espaciales comerciales; así como defiende un rol de liderazgo estadounidense directo sobre las instituciones internacionales. A pesar de la retórica de «América Primero», Rubio asegura que Estados Unidos no desea el declive de Europa. Define a Estados Unidos como un «hijo de Europa» y pide una alianza basada en la reciprocidad y el orgullo cultural, rechazando la idea de ser «cuidadores de un declive gestionado»
  • Tampoco que “Trump controla hasta 70% del flujo petrolero venezolano”, dejando a la revolución sin mando sobre su renta, con un reducido margen de decisión real del gobierno de facto sobre el presupuesto nacional, condicionando políticas sociales, subsidios y crédito interno. Además, decidirá a qué sectores de la economía venezolana se dirigen esos dólares. Esa información noticiosa se mantiene en un segundo plano, mientras los medios solo destacan que se abren operaciones para Shell, Repsol o Chevron

Mail: btripier@ntn-consultores.com   Instagram: @benjamintripier  X: @btripier

La organización no gubernamental Foro Penal confirmó que 54 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela fueron excarceladas entre el viernes y el domingo, luego de la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento chavista. La cifra fue ratificada por el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob.

EFE

De acuerdo con el balance de la ONG, 32 personas recibieron libertad plena el domingo, 15 el sábado y siete el viernes. El directivo aclaró además que, dentro de ese mismo período, se produjo una excarcelación bajo medidas cautelares que no está amparada por la ley de amnistía.

Hasta las 8:30 de la noche de este domingo hemos confirmado 54 liberaciones”, señaló Himiob al presentar el balance público de la organización. También explicó que el Foro Penal diferencia entre liberaciones plenas y excarcelaciones, ya que estas últimas implican la salida de prisión, pero bajo condiciones como régimen de presentación periódica ante tribunales o prohibición de salida del país.

La confirmación de las 54 liberaciones se produce en un contexto de alta tensión en los centros de reclusión del país, donde familiares y organizaciones de derechos humanos mantienen concentraciones para exigir que el beneficio alcance a un mayor número de detenidos. Uno de los principales puntos de vigilia se mantiene en las afueras de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en Caracas.

Desde la ONG, se insistió en que el número divulgado corresponde únicamente a los casos que han podido ser verificados de manera directa, a través de familiares, abogados y fuentes en los propios centros de detención. El Foro Penal advirtió que el proceso continúa en desarrollo y que existen diferencias entre los anuncios oficiales y las excarcelaciones efectivamente ejecutadas.

En paralelo al balance divulgado por la organización, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la liberación plena del comunicador social y humorista Deivis Correa, detenido desde el 31 de julio de 2024 en El Helicoide.

Este 22 de febrero recibió la libertad plena el comunicador social y humorista Deivis Correa, preso desde el 31 de julio de 2024. Estuvo injustamente detenido en El Helicoide durante 1 año, 6 meses y 22 días. ¡Libertad plena para todos!”, informó la organización gremial.

De acuerdo con las organizaciones que acompañan a los familiares, también se reportaron liberaciones en el Instituto Nacional de Orientación Femenina y en los complejos penitenciarios de Yare y El Rodeo, todos ubicados en el estado Miranda, en las afueras de Caracas.

Mientras se registraban las salidas de algunos detenidos, familiares informaron que más de 200 personas privadas de libertad iniciaron una huelga de hambre en la cárcel de Rodeo I para exigir su inclusión en los beneficios de la ley. Según los testimonios recabados, los internos reclamaron que una parte importante de los casos no está contemplada en la normativa aprobada.

En contraste con el balance presentado por el Foro Penal, el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que se estaban produciendo “cientos de liberaciones” en aplicación de la ley, sin divulgar cifras verificables ni listas de beneficiarios.

El Foro Penal advirtió que, pese a las 54 liberaciones confirmadas, al menos 400 personas podrían quedar excluidas del alcance de la Ley de Amnistía, principalmente por el tipo de delitos que les fueron imputados. La organización mantiene, además, un registro superior a 600 personas que continúan detenidas por razones políticas en todo el país.

“El número de personas que siguen privadas de libertad por motivos políticos sigue siendo elevado”, ha reiterado la ONG en sus informes públicos, al tiempo que subraya que la amnistía no cubre a todos los perfiles de detenidos y que persisten restricciones legales que impiden la aplicación automática del beneficio.

Por su parte, el régimen de Venezuela sostiene que en el país no existen presos políticos y que las personas privadas de libertad enfrentan procesos por delitos comunes, una afirmación rechazada de manera reiterada por organizaciones de derechos humanos y por familiares de los detenidos.

Cuando Estados Unidos capturó al dictador Nicolás Maduro en Venezuela el mes pasado, el presidente Donald Trump anunció que su gobierno trabajaría con los líderes que quedaron del régimen, pero que desde entonces él gobernaría el país caribeño.

Por: Ian VásquezEl Cato

Ciertamente ha habido cambios positivos en Venezuela y la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, los está implementando bajo órdenes de Washington, aunque finja hacerlos por iniciativa propia. Por ejemplo, se ha empezado a liberar presos políticos y se ha aprobado una nueva ley de hidrocarburos que pone fin no solo a las políticas expropiatorias y arbitrarias que empezaron con Hugo Chávez respecto al petróleo, sino que también termina con el monopolio estatal petrolero que viene de 50 años atrás.

El gobierno de Trump dice que un nuevo flujo de petróleo beneficiará a ambos países e impulsará una recuperación económica en Venezuela que eventualmente llevará a una transición democrática. Queda claro, sin embargo, que la dictadura de Delcy es la que manda y que su incentivo es postergar cualquier transición mientras fortalece su posición económica y política.

El régimen venezolano, por lo tanto, está aplicando la vieja estrategia cubana de ganar tiempo, con la esperanza de que Washington redirija su enfoque a otros problemas que puedan surgir a lo largo del año. Desafortunadamente, no queda claro que Trump entienda que prima el tiempo en Venezuela si es que realmente le interesa establecer una democracia capitalista y no solo el negocio petrolero. Al final del día, como observa The Wall Street Journal: “La intervención de Trump en Venezuela no se medirá por el número de barriles de petróleo producidos. Su éxito dependerá de si el país vuelve a ser una democracia estable y proestadounidense”.

El régimen está haciendo lo mínimo posible para satisfacer a Washington y mantener mayor control a la misma vez. Bajo órdenes de Estados Unidos, ha liberado 444 presos políticos. Pero eso es de un total de más de 1.000 presos y en realidad el régimen había prometido liberar a todos para el 13 de febrero.

No solo va lento el proceso. Muchos de los que han sido liberados lo han sido bajo condiciones restrictivas. No se han levantado sus casos, por ejemplo, o no pueden expresarse libremente, o tienen que reportarse a las autoridades de manera regular. Algunos, como el líder opositor Juan Pablo Guanipa, fueron liberados, pero están ahora bajo arresto domiciliario y con grillete electrónico en el tobillo. No es exactamente lo que Estados Unidos tuvo en mente cuando mandó a liberar presos.

También está en proceso un proyecto de ley de amnistía general que cubre el período en el que el chavismo ha estado en el poder. Sin duda representa un avance. El problema, sin embargo, es que no se propone una amnistía general, según el experto legal José Ignacio Hernández. La ley se aplica a 10 hechos específicos, como por ejemplo “los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en agosto del 2004”. En realidad, la ley se trata de una amnistía parcial.

Además, la ley trata a la oposición encarcelada como si representara el extremismo político. Caracteriza a la amnistía “como una suerte de clemencia frente a una radicalización política”, algo que “no ayuda a superar la crisis”, según Hernández. ¿Es esto lo que Estados Unidos mandó a hacer?

Podría ser tentador pensar que está mandando Estados Unidos en Venezuela, sobre todo si se incrementan los flujos de petróleo. Pero evidentemente no es el caso y difícilmente se generarán las inversiones necesarias para que Venezuela llegue a su potencial mientras un gobierno ilegítimo siga haciendo cambios que podrán ser cuestionados en el futuro. Cuanto más se colabore con la oposición legítima para acelerar la transición democrática, mejor.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 17 de febrero de 2026.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez comenzó a desmantelar la estructura de cooperación con La Habana que sostuvo al régimen chavista durante un cuarto de siglo. Esta decisión, impulsada por la presión de la administración de Donald Trump, marca el fin de una era de dependencia mutua entre ambos países.

El Nacional

De acuerdo con Reuters, uno de los cambios más simbólicos y operativos ocurre en el entorno inmediato de la presidencia. Tras décadas de presencia de asesores de la isla en la guardia presidencial y en la unidad de contrainteligencia, se ha confirmado una purga estructural.

Rodríguez reemplazó todo su esquema de seguridad por agentes venezolanos, marcando una distancia definitiva con las fuerzas de seguridad de Cuba que anteriormente custodiaban a Nicolás Maduro.

Según reportes de la agencia de noticias, este movimiento responde a un abandono en masa de militares y asesores de seguridad que han dado por finalizado su servicio en Venezuela para regresar a territorio cubano.

La salida no solo incluye a personal activo: se conoció que diversos militares que resultaron heridos en la operación estadounidense a principios de año también habrían viajado a Cuba para su recuperación.

El colapso del intercambio

La salida de los contingentes cubanos no se limita al ámbito castrense. Miles de profesionales de la salud también estarían abandonando Venezuela ante la inviabilidad del acuerdo bilateral. Por años, la isla suministró servicios de seguridad, salud y educación a cambio de suministros constantes de petróleo venezolano, sin embargo, esta dinámica llegó a su fin.

Bajo la nueva dirección, el gobierno venezolano comenzó a acatar las directrices de Washington para suspender cualquier tipo de subsidio energético a la isla. Al cerrarse el grifo de crudo, el incentivo económico para mantener las misiones médicas y técnicas desapareció.

Este distanciamiento de Cuba ha sido la moneda de cambio para que el gobierno de Rodríguez logre hitos significativos con Estados Unidos como la reactivación de canales para la exportación de petróleo hacia mercados internacionales y la liberación de centenares de presos políticos en las últimas semanas.

La reciente amnistía aprobada en Venezuela ha liberado únicamente a una fracción de los presos políticos. Pero liberar personas es solo el primer paso. El verdadero desafío es garantizar que la ley no permita nuevas detenciones bajo normas que antes criminalizaron la disidencia. La amnistía, aislada del proceso de reforma legislativa y de reequilibrio institucional, corre el riesgo de ser un alivio pasajero.

Por: Dr. Simon P. Deffendini S., Ph.D. – El Nacional

En otras palabras: una amnistía sin reforma del marco legal corre el riesgo de ser temporal. Vale subrayar que una amnistía sin reformas acompasadas no solo puede ser temporal, sino que puede facilitar un retorno más rápido a prácticas represivas, al “reiniciar” políticamente el tablero pero dejando intacto el aparato normativo.

En los últimos años, Venezuela ha adoptado leyes sobre seguridad, orden público y medios que pueden limitar derechos fundamentales. Entre las más controvertidas están la Ley contra el Odio (2017), la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia (2021), la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, leyes sobre Delincuencia Organizada y Terrorismo y artículos del Código Penal sobre desacato, instigación y asociación para delinquir.

El problema no es que existan normas de seguridad —toda democracia las tiene— sino su amplitud y flexibilidad interpretativa, que deja margen a la discrecionalidad administrativa y judicial. Así, incluso después de una amnistía, el riesgo de reaplicación de normas similares sigue vigente. Como señala el constitucionalista Allan R. Brewer-Carías:

“La amnistía puede otorgar libertad de manera inmediata, pero mientras el marco legal que permitió las detenciones siga vigente, no se elimina el riesgo de que normas similares se apliquen nuevamente en el futuro. La armonización legal es esencial para que la amnistía tenga un efecto duradero”.

Este comentario resume el núcleo del problema: libertad inmediata no es sinónimo de libertad sostenida.

Cómo armonizar la amnistía con la ley

La Constitución venezolana ofrece herramientas concretas para revisar o ajustar leyes conflictivas y garantizar que la amnistía sea efectiva, pero cada una de ellas enfrenta desafíos prácticos que pueden limitar su eficacia.

La derogación legislativa permite que la Asamblea Nacional modifique o elimine leyes incompatibles con la amnistía, pero su éxito depende de que la interpretación judicial no amplíe normas similares de manera discrecional, y además puede verse limitada si la Asamblea carece de independencia política o está influida por quienes diseñaron el marco legal conflictivo.

El referendo abrogatorio del artículo 74 ofrece la posibilidad de que la ciudadanía elimine leyes mediante consulta popular, reforzando su legitimidad democrática, pero su efectividad puede verse comprometida por un ente electoral cuestionado o por limitaciones en la organización y transparencia del proceso, lo que puede reducir el impacto real de la consulta.

La revisión constitucional por parte del Tribunal Supremo de Justicia permite declarar leyes inconstitucionales, anular sentencias y emitir interpretaciones vinculantes, asegurando coherencia en la aplicación de la amnistía, pero si el TSJ mantiene una independencia limitada frente al Ejecutivo, su capacidad de garantizar estabilidad legal puede verse seriamente afectada.

Finalmente, la amnistía funciona mejor si se integra en un proceso de justicia transicional y reformas complementarias, que incluya clarificación de normas ambiguas, ajustes legales en seguridad y orden público, fortalecimiento de salvaguardas judiciales e incorporación de estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, si la Asamblea Nacional está controlada ideológicamente por los creadores del marco legal conflictivo, estas reformas pueden bloquearse o diluirse, limitando la eficacia de la armonización.

Un camino estructurado

Para que la amnistía sea efectiva, Venezuela podría seguir un plan claro que combine estas herramientas de manera articulada: identificar leyes conflictivas, derogarlas o reformarlas mediante la Asamblea, validarlas con referendo para reforzar legitimidad, solicitar revisión constitucional al TSJ y asegurar que todo se integre en un proceso de justicia transicional que haga estable la libertad obtenida. Sin embargo, cada paso requiere atención a los riesgos prácticos: una Asamblea parcial, un TSJ dependiente o un referendo cuestionado podrían socavar el impacto de cualquier medida.

Lecciones internacionales

Experiencias de transición muestran que la amnistía aislada rara vez es suficiente. En Suráfrica, tras el apartheid, se combinó con una nueva Constitución y un sistema judicial fortalecido. En España, la transición democrática incluyó reformas legales graduales y adaptación a estándares europeos. En Chile, los cambios institucionales posteriores al régimen militar se consolidaron en reformas progresivas a lo largo de años. La lección es clara: liberar personas es solo el primer paso; la verdadera estabilidad requiere armonización legal y fortalecimiento institucional.

Conclusión

La amnistía en Venezuela es un paso humanitario importante. Pero su efecto duradero dependerá de la capacidad del país para ajustar leyes conflictivas, fortalecer instituciones y garantizar que la libertad otorgada no dependa de la discrecionalidad judicial o administrativa. Sin armonización legal, la libertad obtenida puede ser temporal, y su sostenibilidad dependerá de que los mecanismos de consulta, revisión judicial y legislativa funcionen con legitimidad y coherencia, pese a los riesgos prácticos existentes.

Liberar a personas es solo el inicio. La verdadera prueba será si Venezuela logra desentramar su marco legal y construir un sistema donde amnistía y derechos fundamentales convivan sin contradicciones.

Fueron poco más de 30 años de actividad criminal y miles de muertos, con una recompensa de USD 15 millones ofrecida por la DEA y una búsqueda internacional infructuosa durante décadas. Todo eso llegó a su fin este domingo 22 de febrero de 2026, cuando el Ejército mexicano, en un operativo conjunto con Estados Unidos, abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado el narcotraficante más peligroso del mundo.

Por: Fernanda Kobelinsky – Infobae

A los 59 años, el hombre que había construido el crimen organizado más poderoso de México murió mientras era trasladado en helicóptero a la capital, tras quedar gravemente herido en un enfrentamiento con fuerzas especiales en la sierra de Tapalpa, Jalisco.

La noticia tuvo repercusión mundial y la reacción fue inmediata: mientras los gobiernos de México y Estados Unidos celebraban el golpe más importante contra el narcotráfico en años, las calles de al menos siete estados mexicanos se encendieron con bloqueos, tiroteos y vehículos incendiados en represalia por parte del CJNG.

El operativo: cómo fue la caída

El operativo fue ejecutado por fuerzas especiales del Ejército mexicano en Tapalpa, municipio montañoso de Jalisco y uno de los refugios estratégicos del CJNG. Participaron aeronaves de la Fuerza Aérea, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional —unidad táctica de élite—, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

La gran diferencia respecto a intentos previos fue la cooperación con Estados Unidos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comunicó oficialmente: “Para la ejecución de esta operación, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”.

El saldo: cuatro miembros del CJNG murieron durante el enfrentamiento; «El Mencho» y otros tres resultaron heridos de gravedad y fallecieron en el traslado aéreo. Además, dos integrantes del cártel fueron detenidos y se incautó armamento de uso exclusivo militar, incluso lanzacohetes diseñados para derribar aeronaves, evidencia clara del poder de fuego de la organización.

El subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau declaró en redes sociales: “Acabo de ser informado de que las fuerzas de seguridad mexicanas mataron a El Mencho, uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados”. Señaló que es “un acontecimiento importante para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”. Finalizó con una frase en español que rápidamente se viralizó: “Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”.

Quién era El Mencho

Nemesio Oseguera Cervantes nació en Miguel Hidalgo, Jalisco, en una familia humilde. Se desempeñó como policía local antes de incorporarse al narcotráfico y, eventualmente, fundar el CJNG a comienzos de la década de 2010. En solo quince años construyó una organización con presencia en más de 25 de los 32 estados de México y células activas en más de 40 países.

A diferencia del Cártel de Sinaloa, enfocado en cocaína, el CJNG bajo el mando de «El Mencho» se especializó en drogas sintéticas: fentanilo y metanfetaminas, producidas a bajo costo y con márgenes de ganancia mucho mayores. Esto lo convirtió en el mayor proveedor de fentanilo para Estados Unidos, justo en el periodo más crítico de la crisis de opioides en ese país.

La violencia extrema y espectacular fue su sello estratégico: cuerpos colgados en puentes, ataques con drones cargados de explosivos, narco-tanques blindados artesanales y lanzacohetes militares. El objetivo no era pasar inadvertido, sino dejar claro el dominio ante rivales, autoridades y la población. La DEA lo comparó con Pablo Escobar por su nivel de peligrosidad y, al igual que al colombiano, se ofreció por su captura una recompensa de USD 15 millones, igualando la suma prometida en su momento por el «Chapo» Guzmán.

La ola de violencia: México en llamas

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 22 de febrero. Crédito: X/@YoSoyBark.

Horas después de confirmarse la muerte de El Menchoel CJNG ejecutó su plan de represalia con una ola de violencia coordinada y simultánea. Se produjeron bloqueos de rutas con vehículos incendiados, tiroteos, ataques a comercios y una paralización general en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas. En Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país, hubo más de 30 puntos de bloqueos y enfrentamientos en toda el área metropolitana.

La violencia llegó hasta Puerto Vallarta, ciudad turística de Jalisco, donde se viralizaron imágenes de columnas de humo y escenas de pánico en el aeropuerto. La aerolínea Air Canada anunció la suspensión de vuelos a ese destino “debido a una situación de seguridad en curso”.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta formal: “Debido a las operaciones de seguridad en curso y de gran alcance, así como a los bloqueos de carreteras y a la actividad delictiva en muchas zonas de México, los ciudadanos estadounidenses deben permanecer resguardados hasta nuevo aviso”. Las autoridades canadienses hicieron lo propio. La alerta añadió: “Los bloqueos han afectado las operaciones aéreas, y algunos vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta”.

Este patrón de respuesta es recurrente en el narcotráfico mexicano: tras cada golpe del Estado, los cárteles demuestran su capacidad de reacción territorial, generan caos y buscan mostrar que la organización permanece funcional. No obstante, la escala y coordinación del CJNG en esta ocasión demostraron que, pese a perder a su líder, la estructura operativa sigue intacta.

La máquina del terror: los métodos del CJNG

Para dimensionar lo que representaba «El Mencho», es necesario comprender la magnitud y metodología de la violencia de su organización. El CJNG trascendió el modelo tradicional de cártel y, según analistas de inteligencia militar y seguridad policial consultados por Infobae, funcionaba como un ejército irregular con poder de fuego militar, una maquinaria de terror tanto para eliminar como para amedrentar: rivales, autoridades y población civil.

Las ejecuciones tenían una puesta en escena deliberada. Cuerpos desmembrados exhibidos en puentes a plena luz del día, acompañados de narcomensajes dirigidos a funcionarios o jefes policiales y a líderes de bandas rivales. Decapitaciones filmadas en video y difundidas en redes sociales como advertencia. Fosas clandestinas descubiertas en Jalisco, Michoacán y Colima con decenas de cuerpos disueltos en ácido, práctica que el CJNG popularizó, eliminando la evidencia de cientos de desapariciones.

Lo más diferencial fue su capacidad armamentista, ampliamente superior a la de muchas fuerzas locales. El cártel diseñó vehículos blindados artesanales conocidos como “narco-tanques” o “monstruos”: camiones reforzados con acero, equipados con torretas y resistentes a ráfagas de ametralladora. Introdujeron el uso de drones armados con explosivos, táctica más tarde copiada por otros grupos. Y, como quedó demostrado en el operativo final contra «El Mencho», sus hombres disponían de lanzacohetes de uso militar, capaces de derribar aeronaves.

El ataque más audaz del CJNG ocurrió en 2015, cuando sicarios del cártel emboscaron a una columna de la Policía Federal en Jalisco, mataron a 15 agentes e hirieron a otros 20. En el mismo año, derribaron un helicóptero militar con un lanzacohetes, desafiando abiertamente al Estado mexicano.

En cuanto a la expansión territorial, el CJNG optó por tácticas brutales: aniquilaban a los líderes locales, masacraban a sus familias como escarmiento y reclutaban por la fuerza a jóvenes, muchas veces menores, en comunidades bajo control. Las zonas rurales de Jalisco, Michoacán y Colima sufrieron un régimen de terror: toques de queda informales, cobros de piso a comerciantes y ejecuciones sumarias de quienes se resistían a colaborar. Una violencia sistémica y en muchos casos impune, que ahora queda huérfana de su arquitecto.

¿Quién manda ahora? La disputa por el CJNG

La cuestión instalada en los despachos de inteligencia de México y Estados Unidos es clara: ¿quién llenará el vacío? La respuesta dista de ser simple. A diferencia del caso del Cártel de Sinaloa tras la captura del Chapo, donde sus hijos —los llamados Chapitos— asumieron rápidamente el control, el CJNG carece de un sucesor definitivo. El hijo biológico de El MenchoRubén Oseguera González (“El Menchito”), fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua, descartando una sucesión directa.

El nombre más citado en expedientes y reportes de inteligencia es Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, hijastro de El Mencho e hijo de Rosalinda González Valencia —pieza fundamental del aparato financiero del clan—, señalado como creador y jefe del Grupo élite, el brazo armado más táctico del CJNG en el sur de Jalisco y Colima. El Departamento de Estado de EE.UU. ofrece USD 5 millones por su captura.

Otro aspirante señalado por la Fiscalía General de la República es Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán (“El Sapo”). Analistas consultados por referentes especializados advierten que el CJNG enfrenta una encrucijada: reestructurarse de forma controlada o fragmentarse en facciones, lo que llevaría a una posible guerra interna devastadora. La experiencia de otros cárteles decapitados sugiere que la fragmentación es el escenario inmediato más probable.

El Mundial 2026 en la mira: la alarma en Guadalajara

La ciudadanía ha grabado los momentos que se viven en este momento dentro de la zona federal. (Redes sociales)

La caída de El Mencho se produjo en un momento de máxima sensibilidad para México: faltan menos de cuatro meses para el inicio del Mundial de Fútbol 2026. El epicentro de la violencia fue, precisamente, la ciudad que será sede de cuatro partidos, incluido uno de la Selección Mexicana: Guadalajara.

El Estadio Akron, que albergará estos encuentros, debió cancelar el clásico femenino entre Chivas y América pocas horas después del operativo. La Liga MX también reprogramó el partido entre Querétaro y Juárez. Mientras Guadalajara estaba bajo bloqueos, la inquietud crecía en el mundo del fútbol: ¿podrá la FIFA garantizar la seguridad en esa sede?

Expertos en seguridad aseguran que es poco probable que México pierda la sede en esta etapa. Advierten, sin embargo, que la FIFA exigirá refuerzos significativos. Ya estaban previstas 2.000 cámaras de vigilancia, drones y equipos para neutralizar aeronaves no tripuladas en Guadalajara; ahora, la eficacia del operativo estará bajo observación internacional.

La violencia tuvo repercusiones políticas inmediatas. La dirigencia nacional del PRI exigió al gobierno federal y estatal replantear la estrategia de seguridad regional: “Exigimos a las autoridades federales y estatales asumir su responsabilidad y reforzar de inmediato la estrategia de seguridad para devolver la paz a las familias jaliscienses, especialmente cuando este año la entidad recibirá a miles de visitantes extranjeros con motivo del Mundial de Fútbol”, afirmó el partido.

Por su parte, Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de seguridad, señaló: “Estamos en alerta permanente con el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional; hemos ya retornado a su país a algunos ciudadanos colombianos que no acreditaban el motivo de su presencia” en el estado.

En los círculos de seguridad trascendió una ironía política: el gobierno de México había solicitado a agencias estadounidenses evitar cualquier operativo contra «El Mencho» en el corto plazo para no desestabilizar Jalisco antes del Mundial. El operativo se realizó de todas formas, con el resultado que México buscaba evitar.

El mayor golpe del gobierno de Sheinbaum

Más allá de las repercusiones inmediatas, la muerte de «El Mencho» es el mayor éxito de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ninguna administración mexicana previa había conseguido eliminar a un capo de semejante peso criminal. El operativo, dirigido desde la Secretaría de Seguridad a cargo de Omar García Harfuch, demostró una coordinación entre agencias nacionales y con Estados Unidos sin precedentes en resultados.

La incertidumbre es si la estructura del CJNG quedará debilitada de forma duradera o, como ha sucedido previamente, se incrementará la violencia antes de que un nuevo liderazgo se consolide“El Mencho” era el último gran capo de su generación y su muerte marca el cierre de una etapa en el narcotráfico mexicano. Sin embargo, la organización que construyó —con presencia en 40 países y control del mayor flujo de fentanilo hacia Estados Unidos— persiste tras su caída.

 Donald Trump apuesta a una última negociación diplomática con Irán para evitar una ofensiva militar que puede cambiar el tablero geopolítico de Medio Oriente.

Por: Román Lejtman – Infobae

A pedido del Sultanato de Oman, que actúa como negociador entre Estados Unidos e Irán, Steve Witkoff -enviado especial de la Casa Blanca- y Jared Kushner -yerno de Trump- se reunirán este jueves en Ginebra con el canciller iraní Abbas Araqchi para avanzar en un acuerdo que aparece incierto.

Witkoff y Kushner presentaron cuatro condiciones a Araqchi, que Teherán deberá cumplir en un plazo razonable, si pretende cancelar los planes militares de la Casa Blanca,

Esas condiciones son:

  1. Reducir el proyecto nuclear a su mínima expresión.
  2. Cancelar la fabricación de misiles balísticos con suficiente autonomía para impactar en Israel.
  3. Terminar con la financiación de los grupos terroristas Hezbollah y Huties, que operan desde El Líbano y Yemen.
  4. Suspender la represión a los movimientos civiles que rechazan al régimen fundamentalista.

Trump guarda escasas expectativas respecto al cónclave bilateral en Ginebra, y ya tiene a su disposición un plan de guerra con distintos blancos y diferentes alternativas tácticas y estratégicas.

Ese plan establece una escalada que iniciaría con un ataque fulminante a blancos claves iraníes como podrían ser las instalaciones nucleares, las plantas de fabricación de misiles balísticos y el cuartel general de la Guardia Revolucionaria.

Una vez concluida esta etapa táctica del plan de guerra, que tendría la lógica de una advertencia creíble respecto a una ofensiva militar aún más profunda, Trump espera que Khamenei acepte las cuatro condiciones de Estados Unidos.

Si finalmente, esta hipótesis de conflicto no sucede, Trump no descarta multiplicar la ofensiva militar contra el régimen chiita para forzar su caída del poder.

Eso implicaría la muerte de Khamenei, su hijo Mojtaba y el aniquilamiento de toda la estructura militar y de inteligencia de Irán.

Esta etapa estratégica, que se prolongaría durante semanas, explica el potencial bélico que ahora despliega Estados Unidos en Medio Oriente.

Si finalmente fracasa la opción diplomática, y Trump avanza en su plan de guerra por etapas, es muy probable que el líder Khamenei replique contra Israel y sobre los países de Medio Oriente que tienen bases de Estados Unidos.

Los misiles balísticos de mediano alcance de Irán tienen una capacidad de más de 1.900 kilómetros, lo que incluye bases estadounidenses al oeste de Turquía, Israel y los Estados del Golfo.

“Los estadounidenses deben saber que, si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”, afirmó Khamenei.

Y completó: “Los estadounidenses dicen constantemente que han enviado un destructor hacia Irán. Desde luego, un destructor es una pieza peligrosa de material militar. Sin embargo, más peligroso que el destructor es el arma que puede mandarlo al fondo del mar».

En este contexto, los países más influyentes de la Liga Árabe -Qatar, Emiratos y Arabia Saudita-, explicitaron en la administración republicana que un conflicto abierto con Irán pondría en peligro la propia seguridad de sus estados.

Trump escuchó las razones de sus aliados en Medio Oriente, pero sus planes alternativos se mantienen en marcha.

El jueves será un día clave para este complejo proceso diplomático-militar, cuando Witkoff, Kushner y Araqchi se encuentren en la embajada de Oman en Ginebra.

Y dos días más tarde, el 28 de febrero, Marco Rubio viaja a Jerusalén para reunirse con Benjamín Netanyahu.

El premier israelí considera que la única vía para contener a Irán es una guerra de proporciones, mientras que el secretario de Estado llegará al cónclave con los hechos ya consumados en Ginebra.

No será la primera vez que Jerusalén y Washington coordinen una operación contra Teherán.

Trump concedió diez días a Irán para que aplaque su posición de máxima y negocie un acuerdo bilateral que satisfaga las demanas de Washington.

Ese plazo vence a principios de marzo.

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