El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, participará el miércoles en una cumbre de naciones caribeñas para pedir una postura común sobre Venezuela y mantener la presión sobre Cuba.

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Rubio representará a Estados Unidos en la cumbre de la Comunidad Caribeña (CARICOM) que se celebra esta semana en la pequeña nación insular de San Cristóbal y Nieves.

Rubio defenderá las prioridades del presidente estadounidense, Donald Trump, como combatir la inmigración ilegal, dijo el lunes el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El secretario “reafirmará el compromiso de Estados Unidos de trabajar con los Estados miembros de CARICOM para aumentar la estabilidad y la prosperidad en nuestro hemisferio”, explicó Pigott en un comunicado.

La operación militar estadounidense que capturó al líder venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero fue recibida con cautela en la región caribeña.

Desde entonces, Trump ha impuesto a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, una política de apertura del sector petrolero, junto a ciertas concesiones políticas, como una amnistía de presos.

La mayoría de los Estados caribeños se han mostrado reservados en sus reacciones públicas, aunque Trinidad y Tobago dio apoyo logístico a la operación, además de respaldar abiertamente los ataques militares que Estados Unidos inició en la zona contra presuntos narcotraficantes en septiembre.

Venezuela era vista desde hace años por la mayoría de vecinos caribeños como una fuente de inestabilidad a medida que millones de personas huían de su economía en ruinas.

Reacias ante presión sobre La Habana

Las naciones de la comunidad caribeña son más reacias en cambio a colaborar con la presión de Estados Unidos sobre Cuba, que no es miembro del bloque, pero mantiene relaciones de larga fecha con muchos de sus integrantes.

La isla enfrenta una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

Rubio, un ex senador de orígenes cubanos, buscar derrocar el gobierno comunista que gobierna la isla desde la revolución de 1959.

El secretario de Estado mantiene contactos directos con el régimen, según ha declarado el presidente Donald Trump.

Según el medio estadounidense Axios, el jefe de la diplomacia estadounidense negocia con un nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció el lunes desde Ginebra la voluntad estadounidense de querer una “catástrofe humanitaria” en la isla.

En la reunión del año pasado de la CARICOM en Jamaica, el grueso de países miembros hicieron oídos sordos a la petición de Rubio de prescindir de médicos cubanos, una fuente clave de divisas para La Habana.

Guatemala sí secundó ese llamado de Rubio para poner fin a un programa que ha sido denunciado en Washington como trabajo forzado.

La cumbre de CARICOM también abordará la persistente crisis en Haití, un país empobrecido y asolado por la violencia, donde un consejo de transición traspasó recientemente el poder al primer ministro respaldado por Estados Unidos tras fracasar en el control de las bandas armadas, y sin perspectiva real de celebración de elecciones.

El gobierno de Suiza bloqueó 687 millones de francos suizos (unos 880 millones de dólares) en activos asociados al narcodictador venezolano Nicolás Maduro y su círculo cercano, como medida preventiva para impedir la fuga de fondos tras la captura del ex líder chavista el pasado 3 de enero.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza informó a la agencia de noticias AFP que esta cifra corresponde al total de activos reportados por intermediarios financieros a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales, tras la entrada en vigor de la orden de congelamiento el pasado 5 de enero.

El Consejo Federal de Suiza adoptó la medida tras el arresto de Maduro en Caracas y su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción.

La decisión apunta a proteger el sistema financiero suizo y evitar que recursos originados en actividades ilícitas escapen del país.

Según la cancillería, el congelamiento involucra fondos pertenecientes a 21 de las 37 personas identificadas en la ordenanza suiza sobre Venezuela, aunque las autoridades no revelaron la identidad de los titulares por motivos legales.

La normativa que respalda el bloqueo de estos activos es la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Bienes Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA). Suiza subrayó que los fondos permanecerán bloqueados hasta que las investigaciones determinen su origen.

En caso de confirmarse que fueron obtenidos de forma irregular, el gobierno suizo aseguró que buscará su devolución en beneficio del pueblo venezolano.

La acción se suma a las sanciones impuestas desde 2018 bajo la Ley de Embargo, que ya contemplaban restricciones a cuentas y activos relacionados con altos funcionarios y entidades del régimen chavista.

Sin embargo, el congelamiento anunciado en enero se dirige a personas que no estaban previamente incluidas en las listas de sanción, ampliando el alcance y la efectividad de las medidas suizas.

“La medida pretende asegurar que los fondos bajo sospecha no salgan del sistema financiero suizo, lo que protegería la integridad de esos recursos mientras se verifica la legalidad de su origen“, explicó un portavoz oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores helvético a AFP.

Dos tercios de los fondos congelados ya estaban sujetos a procedimientos penales en Suiza antes de la aplicación de la ordenanza específica sobre Venezuela.

El resto, unos 239 millones de francos suizos, fue bloqueado a partir de la entrada en vigor de la nueva regulación.

El Consejo Federal aclaró que la medida no afecta a miembros del actual régimen chavista encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la detención de Maduro. La lista de personas sancionadas se centra en los allegados del dictador derrocado y figuras de su administración caídas en desgracia tras el cambio de poder en Caracas.

Las autoridades helvéticas destacaron que el cambio de gobierno en Venezuela habilita la revisión y eventual repatriación de activos mal habidos, sin que las circunstancias legales internacionales sean determinantes para la aplicación de la FIAA.

El objetivo principal es impedir que el dinero proveniente de la corrupción abandone el país y garantizar que, de comprobarse su origen ilícito, los fondos puedan ser devueltos a Venezuela bajo supervisión internacional.

Suiza confirmó su disposición a actuar con rigor frente a los intentos de ocultar riquezas obtenidas de manera ilícita por parte de regímenes autoritarios, como el venezolano, y reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el combate global al lavado de dinero.

El Gobierno sirio ha solicitado formalmente a Alemania que detenga —o al menos retrase— la deportación de ciudadanos sirios, alegando que el regreso masivo de miles de personas podría desestabilizar el país y agravar la ya frágil situación humanitaria.

La Gaceta de la Iberosfera

La petición reabre el debate en Berlín sobre la continuidad de la protección concedida durante la guerra civil y sobre la expulsión de delincuentes extranjeros.

Según informó el diario alemán Welt, Mohammed Yaqub al-Omar, director del departamento consular del Ministerio de Exteriores sirio, pidió a Alemania «comprensión» y más tiempo para la reconstrucción nacional. Aseguró que el retorno de miles de sirios «podría exacerbar la crisis humanitaria» y obligar a muchos a vivir en campos de refugiados.

Al-Omar afirmó que 1,5 millones de personas residen actualmente en campamentos en el norte de Siria debido a la destrucción de viviendas, infraestructuras, escuelas y servicios básicos. En su argumento, las deportaciones desde Alemania añadirían presión sobre un país aún devastado por más de una década de conflicto.

Sin embargo, en Alemania la reacción no ha sido unánime. Desde la oposición soberanista, la Alternativa para Alemania (AfD) ha cargado con dureza contra la petición de Damasco. Su copresidenta, Alice Weidel, afirmó que, de gobernar su partido, la «ofensiva de deportaciones comenzaría de inmediato» y la prioridad sería la seguridad de los ciudadanos alemanes.

El debate se produce en un contexto en el que los programas de retorno voluntario lanzados el pasado año en algunos estados federados apenas tuvieron éxito, pese a los incentivos económicos ofrecidos con fondos públicos. La mayoría de los beneficiarios potenciales rechazó regresar.

El periodista venezolano David Placer denunció en redes sociales que el chavismo ordenó el encarcelamiento de al menos 30 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) después de la «Operación Resolución Absoluta» que derivó en la captura de Nicolás Maduro por órdenes del presidente estadounidense, Donald Trump.

La Patilla

«Después de estos hechos tuvieron que ir para hacer su trabajo, como es normal, como es habitual, los funcionarios del Cicpc para recolectar las pruebas, hacer las fotografías forenses de los cuerpos abatidos en combate, también hacer las experticias para que las autoridades, en este caso, las del régimen chavista, las del régimen descabezado con ese operativo, tuviesen información sobre lo ocurrido en ese lugar», comentó Placer en referencia al bombardeo dentro de Fuerte Tiuna en Caracas.

«Hoy conocemos que unos 30 funcionarios del Cicpc estarían en estos momentos, y esta es la primera noticia, no se conocía esto hasta hoy, en la cárcel de El Rodeo, presos, muchos de ellos por negarse a alterar las pruebas criminalísticas y las fotografías que allí se hicieron. Esto, según denuncia el círculo cercano y familiares con los que hemos tenido contacto y han denunciado la desaparición y el encarcelamiento», informó.

«Uno de los más conocidos es Joharlim Enrique Luzardo Noria, lo vemos en pantalla, adscrito a ese organismo incluso desde antes de que existiese, porque perteneció a la PTJ, la Policía Técnica Judicial. Desde el año 1992 está trabajando, es jefe de fotografía forense de ese organismo, además muy apreciado por sus compañeros en el Cicpc, según me comentan, dicen que es incapaz de alterar las pruebas de ningún crimen o de ningún hecho investigado por ese cuerpo, es lo que dicen sus compañeros, que es una persona intachable», detalló Placer.

«Hoy está en El Rodeo preso, ha sido víctima de torturas y está permanentemente encapuchado, sólo le permiten quitarse la capucha para comer. Su delito, según explican desde su entorno cercano, es negarse a alterar las pruebas. Aquí lo que me transmiten es que lo obligaron a suministrar información falsa y a alterar los resultados de las investigaciones periciales relacionadas con los hechos del 3 de enero en Fuerte Tiuna. Él se negó, es lo que nos informan, aduciendo ética profesional, negándose a alterar las pruebas de esos ataques», explicó el comunicador.

Según la denuncia recibida por Placer, Joharlim Luzardo «fue llamado el 23 de enero de este año a una reunión que supuestamente había sido convocada por el jefe de ese organismo, Douglas Rico. Allí acudió Joharlim, acudieron también otros funcionarios del Cicpc y, desde ese momento, sus familiares, sus amigos y conocidos le perdieron la pista, hasta el 1 de febrero, en el que sí se les comunica a los familiares que están detenidos en la prisión de El Rodeo», prisión ubicada en Guatire, estado Miranda.

«¿Y cuál fue el caso y los delitos que le imputaron a este grupo de funcionarios del Cicpc? Un supuesto intento de asesinato a Douglas Rico, a su jefe», comunicó Placer.

Según una investigación paralela del periodista César Batiz para El Pitazo, aunque los reportes oficiales hablan de aproximadamente 30 funcionarios arrestados, «fuentes extraoficiales señalan que la cifra podría acercarse a 80 personas, incluyendo incluso a familiares de los investigadores que fueron detenidos simplemente por acudir a averiguar sobre sus parientes».

Inicialmente, la detención arbitraria de los funcionarios del Cicpc la llevó a cabo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El gobierno de Venezuela informó el lunes el inicio de la remodelación de la temida cárcel Helicoide, considerada un lugar de torturas, para convertirla en un centro social luego de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó su cierre.

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“Inmediatamente comenzó la elaboración del proyecto. Consultamos a la comunidad, a la familia policial, hicimos el levantamiento arquitectónico y de ingeniería, y hoy podemos decir que, en menos de un mes, el mismo ya fue aprobado y comienza su fase de ejecución”, dijo en un video difundido en X el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez.

“Nos comprometemos a cumplir la palabra empeñada de nuestra presidenta, la doctora Delcy Rodríguez”, agregó, sin ofrecer más detalles de este proyecto que ya empezó la fase de ejecución.

A través de un video publicado en Instagram, el Ministerio de Comunicación anunció el comienzo de los trabajos para que los espacios de esta cárcel se conviertan en un “centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto”.

El pasado 30 de enero, Rodríguez pidió convertir El Helicoide en un centro social y deportivo, en medio de su propuesta de una ley de amnistía para los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, que fue aprobada el pasado jueves por el Parlamento, controlado por el chavismo.

La propuesta sobre El Helicoide la dio a conocer semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una “cámara de torturas” en la capital venezolana.

El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La sede ha sido señalada como un centro de “torturas” por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos.

El Gobierno venezolano, en tanto, siempre ha negado estos señalamientos.

La ONG Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la Ley de Amnistía, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.

El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que todos cometieron delitos, una afirmación rechazada por la dirigencia opositora y varias ONG.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero.

El gobierno de Venezuela pidió este lunes, en una intervención durante la sesión de inauguración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que Estados Unidos libere de forma inmediata a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, capturados el 3 de enero en Caracas.

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Esta fue una de las exigencias que planteó en su discurso en el foro de derechos humanos el ministro de Relaciones Exteriores Yván Gil Pinto.

“La soberanía de Venezuela fue gravemente vulnerada por un ataque militar injustificado e ilegal que resultó en la pérdida de 100 vidas. Este ataque tenía como objetivo detener de manera ilegal al presidente Nicolás Maduro, un jefe de Estado con inmunidad soberana, así como a su esposa y a la diputada de la Asamblea Nacional Cilia Flores”, dijo.

También reclamó el cese de todas las sanciones contra su país y que haya un respeto general a la soberanía de los Estados.

“Los derechos humanos, sociales, económicos y culturales de nuestro pueblo se han vulnerado sistemáticamente durante más de una década a causa de medidas coercitivas unilaterales, violencia extremista y, más recientemente, un ataque militar que resultó en el secuestro de nuestro Jefe de Estado”, expresó.