Por César Prato
Por qué Washington podría preferir una transición tutelada a una democracia plenamente soberana.
Existe una pregunta incómoda que quizás no estamos formulando sobre Venezuela: ¿tiene realmente Estados Unidos interés en que el país recupere, en el corto plazo, una democracia plenamente soberana? Mi hipótesis es que no necesariamente. La extraordinaria capacidad de influencia que hoy ejerce Washington sobre el poder venezolano se fundamenta precisamente en la naturaleza del régimen y en la vulnerabilidad de sus dirigentes frente a acusaciones criminales, sanciones, confiscaciones, restricciones financieras y eventuales procesos judiciales. Mientras quienes gobiernen Venezuela puedan ser objeto de esas medidas, Estados Unidos dispone de una capacidad de coerción que difícilmente podría ejercer sobre un presidente democráticamente legitimado.
La democracia cambiaría la relación de poder
Si Venezuela celebrara una elección verdaderamente libre, transparente, competitiva y observada internacionalmente, y de ella surgiera un presidente incuestionablemente legítimo, la relación con Estados Unidos cambiaría sustancialmente. No importa quién fuese ese presidente. Washington conservaría una enorme influencia económica, diplomática y geopolítica, pero tendría muchas más dificultades para amenazar, condicionar o tutelar a un gobierno respaldado directamente por el voto de los venezolanos. La legitimidad democrática reduciría considerablemente los instrumentos extraordinarios de coerción que hoy posee Estados Unidos.
Esto permite plantear una hipótesis diferente: la ausencia de una democracia plenamente soberana podría no ser solamente una consecuencia temporal de la crisis venezolana, sino una condición funcional a una estrategia estadounidense de mucho más largo plazo.
Petróleo y tutela de largo plazo
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y una industria petrolera cuya recuperación requerirá enormes cantidades de capital, tecnología e infraestructura durante muchos años. Buena parte de esas inversiones probablemente provendrá de grandes empresas energéticas y capital internacional. Ninguna inversión de esa magnitud entrará al país sin exigir estabilidad política, seguridad jurídica y garantías suficientes para recuperar el capital y obtener un retorno.
Allí aparecen tres intereses estratégicos estadounidenses: facilitar y proteger las inversiones necesarias para reconstruir la industria petrolera; garantizar a las grandes multinacionales la seguridad y el retorno de esas inversiones; y conservar una influencia determinante sobre las mayores reservas petroleras del planeta. En un escenario de creciente competencia con China y otras potencias, sería ingenuo pensar que Washington considera indiferente quién controla el futuro energético venezolano.
Por eso quizás estamos pensando la transición en horizontes demasiado cortos. Podríamos estar frente a una estrategia de influencia de veinte o treinta años, el tiempo necesario para reconstruir la industria, invertir enormes cantidades de capital, recuperar esas inversiones y consolidar una nueva arquitectura económica y geopolítica. Para ejercer esa tutela Estados Unidos no necesita ocupar Venezuela. Puede hacerlo mediante sanciones, licencias petroleras, acceso al sistema financiero, reconocimiento diplomático, financiamiento, garantías de inversión y cooperación militar y de inteligencia.
Cómo podría funcionar
La propia destrucción institucional venezolana proporciona una justificación poderosa para una transición prolongada. Después de más de dos décadas de chavismo, reconstruir el Estado tomaría años, especialmente en la Fuerza Armada, los organismos de inteligencia y el Poder Judicial. Habría que depurar estructuras, restablecer cadenas institucionales de mando, profesionalizar nuevamente a los militares y reconstruir tribunales, fiscalías y organismos de seguridad. El problema electoral probablemente sería comparativamente más sencillo. Los grandes problemas serían quién controla las armas y quién administra la justicia.
Ese proceso podría desarrollarse mediante una sucesión de gobiernos transicionales que no necesariamente surgieran, al menos inicialmente, de elecciones presidenciales libres, sino de acuerdos entre sectores del chavismo y de la oposición bajo la tutela y las garantías de Washington. Estados Unidos necesitaría interlocutores confiables en ambos campos. Dentro de esa lógica interpreto la posible relevancia de figuras como Dinorah Figuera o Enrique Márquez: no necesariamente para presidir esos gobiernos, sino como representantes provenientes del espacio opositor que podrían resultar funcionales a una arquitectura de transición negociada con Washington.
La utilidad de gobernantes vulnerables
Aquí aparece quizás la parte más incómoda de la hipótesis. Los propios dirigentes provenientes del chavismo podrían continuar encabezando Venezuela durante períodos prolongados precisamente porque su vulnerabilidad los hace más fáciles de condicionar. Un gobernante expuesto a sanciones, acusaciones criminales, confiscaciones o procesos judiciales puede resultar más coercible para Washington que un presidente respaldado por millones de votos.
Desde esa perspectiva, no sería inconcebible imaginar un período prolongado encabezado por Delcy Rodríguez, seguido eventualmente por otro bajo Jorge Rodríguez o por otras figuras provenientes del mismo sistema que resultaran funcionales a una transición negociada. No afirmo que exista evidencia pública de que ese sea el plan estadounidense ni que esos nombres hayan sido escogidos para semejante propósito. Planteo el incentivo estratégico: un gobernante cuya supervivencia depende de la tolerancia estadounidense tiene menos autonomía que uno cuya autoridad proviene directamente del pueblo venezolano.
Esta lógica podría producir una paradoja extraordinaria. Estados Unidos no necesitaría confiar en esos dirigentes ni absolverlos políticamente. Precisamente sus vulnerabilidades podrían convertirse en instrumentos para condicionar su comportamiento. Al mismo tiempo, sectores de la oposición participarían en las instituciones y acuerdos transicionales, proporcionando pluralidad y legitimidad política al proceso sin necesariamente controlar el centro efectivo del poder.
Una transición que puede prolongarse
La reconstrucción institucional serviría además para justificar la duración del esquema. Primero habría que estabilizar el país; después reconstruir la Fuerza Armada y el Poder Judicial, desmontar estructuras criminales, recuperar la seguridad jurídica, atraer capital y restablecer la economía. Son tareas reales y necesarias, pero su complejidad también podría convertirse en argumento para postergar durante años unas elecciones presidenciales plenamente libres.
Mientras tanto ocurriría algo fundamental: regresarían las grandes inversiones, se reconstruiría la industria petrolera, se firmarían contratos de largo plazo y comenzaría el período necesario para recuperar el capital invertido. El tiempo político de la transición coincidiría así con el tiempo económico requerido para reconstruir y rentabilizar la industria petrolera venezolana.
Esta coincidencia es central para mi hipótesis. Para Estados Unidos podría resultar más conveniente durante ese período una sucesión de gobiernos previsibles, dependientes y coercibles que un gobierno impecablemente democrático pero suficientemente soberano para renegociar contratos, modificar la política petrolera, escoger otros socios internacionales o adoptar decisiones contrarias a los intereses estadounidenses.
El verdadero dilema venezolano
Nada de esto significa que los intereses estadounidenses sean necesariamente contrarios a los venezolanos. Venezuela necesitará capital, tecnología, seguridad jurídica, reconstrucción institucional y reinserción en los mercados internacionales, y Estados Unidos puede desempeñar un papel fundamental. El peligro está en confundir coincidencia de intereses con soberanía.
Venezuela puede necesitar capital estadounidense sin entregar su política petrolera; multinacionales sin renunciar a su capacidad regulatoria; cooperación militar y de inteligencia sin subordinar su política exterior; y una alianza estratégica con Estados Unidos sin convertirse en un protectorado. Durante décadas, el chavismo habló fraudulentamente de soberanía mientras entregaba espacios fundamentales a Cuba, Rusia, China e Irán. Rechazar aquella subordinación no puede significar simplemente aceptar otra.
La paradoja de la transición venezolana podría ser precisamente esta: el mismo Estados Unidos que puede resultar indispensable para reconstruir Venezuela tendría también poderosos incentivos económicos y geopolíticos para prolongar su tutela durante décadas. Y la vulnerabilidad de quienes hoy forman parte del régimen podría convertirse, paradójicamente, en el instrumento para hacerlo.
Por eso la gran pregunta de la Venezuela posterior al chavismo no será solamente cómo recuperar la democracia. Será algo más difícil: cómo utilizar el poder estadounidense para reconstruir el país sin permitir que ese poder termine sustituyendo nuestra propia soberanía.
