Hay momentos en la historia en que un país deja de existir antes de que sus instituciones caigan. No desaparece en los mapas ni en los discursos oficiales, pero se desvanece en la conciencia de sus ciudadanos. Lo que permanece es una estructura vacía, un cascarón de poder que sigue funcionando por inercia, mientras la sociedad —esa entidad más profunda y más difícil de controlar— ya ha tomado otro camino.

Venezuela ha entrado en ese momento.

El discurso de Delcy, la interina, insiste en la recuperación. Habla de crecimiento sostenido, de estabilidad progresiva, de un país que, tras años de sanciones, comienza finalmente a levantarse. Es un relato ordenado, incluso convincente en su arquitectura interna. Pero hay un problema esencial: ese país no coincide con el que viven los venezolanos.

Las cifras, cuando se las observa sin la intención de adornarlas, son implacables. Una mayoría abrumadora no cree que el modelo actual pueda generar recuperación económica. La inmensa mayoría tampoco acepta que el chavismomadurimo pueda liderar una transición. Y, más significativo aún, la sociedad no pide reconciliación: pide justicia. No quiere olvidar; quiere recordar y juzgar.

Esto no es una discrepancia menor entre el interinato de Delcy y la opinión pública. Es una fractura.

Sigue en pie. Controla instituciones, administra recursos, negocia con la administracion Trump. Pero ha perdido algo más importante que cualquier ministerio o empresa estatal: ha perdido la capacidad de persuadir. Ya no convence. Y cuando un sistema deja de convencer, comienza a sostenerse únicamente en la rutina, en la costumbre, en la ausencia de alternativas inmediatas.

Esa es la ilusión de estabilidad que hoy define a Venezuela.

Desde fuera, el país parece haber entrado en una fase de normalización. Hay señales de actividad económica, ciertos sectores muestran dinamismo, y la narrativa oficial encuentra eco en quienes prefieren ver el vaso medio lleno antes que enfrentarse a la complejidad del momento. Incluso la Casa Blanca ha optado por privilegiar la estabilidad sobre la transformación.

Es comprensible. El caos no es una alternativa deseable. Pero la estabilidad sin legitimidad tiene un problema: no dura.

La experiencia histórica es elocuente. Los regímenes que pierden el vínculo con la sociedad pueden sobrevivir durante años. Pero lo hacen a costa de una erosión constante, de una pérdida progresiva de sentido, de una incapacidad para renovar sus propias bases. Se convierten en sistemas que administran el presente, pero no pueden imaginar el futuro.

En Venezuela, ese futuro ya no está en manos de la interina.

La figura de María Corina Machado —más allá de simpatías o críticas— encarna algo que va más allá de la política partidista. Representa la idea de cambio que ha logrado arraigarse en la conciencia colectiva del venezolano. No es solo una lider; es un símbolo. Y los símbolos, cuando logran capturar la imaginación de una sociedad, son difíciles de desplazar.

El contraste es evidente. De un lado, un régimen que insiste en su continuidad, que se presenta como garante de la estabilidad y que busca adaptarse sin transformarse. Del otro, una sociedad que ha decidido, en su mayoría, que ese sistema ya no es aceptable.

Esta tensión define el momento actual.

Algunos han llamado a este estado de cosas un “protectorado pragmático”. No es una definición del todo imprecisa. El país funciona bajo una lógica en la que las decisiones fundamentales no se toman exclusivamente en su territorio. Hay una supervisión, explícita o implícita, de Estados Unidos que busca evitar el colapso y garantizar ciertos equilibrios.

En ese contexto, figuras del poder tradicional son reconfiguradas como administradores, como operadores necesarios para mantener el sistema en marcha. No se trata de legitimarlas, sino de utilizarlas. Es una lógica fría, pragmática, que responde más a consideraciones geopolíticas que a principios democráticos.

Pero esa lógica tiene límites.

La sociedad venezolana puede tolerar, hasta cierto punto, la intervención externa. Puede incluso agradecerla si percibe que contribuye a mejorar sus condiciones de vida. Pero no está dispuesta a aceptar que esa intervención se traduzca en la legitimación de Delcy a quien, también, considera responsable de la crisis.

Es una línea fina, pero decisiva.

Cuando el discurso de la interina habla de recuperación, la gente piensa en su salario. Cuando se habla de inversión, la gente mira su nevera. Cuando se invoca la estabilidad, el pueblo recuerda los apagones, la inflación, la precariedad cotidiana. No es que la población rechace la idea de mejora; es que no la reconoce en su experiencia.

Esa es la raíz del problema.

Delcy habla un lenguaje que la sociedad ya no entiende, o no quiere entender. Y la sociedad vive una realidad que el poder no puede, o no quiere, reconocer. Entre ambos se ha abierto un abismo que no se cierra con discursos ni con cifras.

Se cierra con decisiones.

La más importante de esas decisiones tiene que ver con el tiempo. Toda transición implica una secuencia, un orden de prioridades. En Venezuela, ese orden ha sido invertido: primero la estabilidad, luego la recuperación y por último la democracia. Es una apuesta arriesgada, porque asume que la legitimidad puede ser diferida sin consecuencias.

La historia sugiere lo contrario.

Las sociedades pueden esperar, pero no indefinidamente. Y cuando la espera se prolonga más allá de lo tolerable, la frustración se convierte en acción. No siempre de forma ordenada, no siempre de forma previsible, pero inevitablemente.

Venezuela no está al borde de una explosión inmediata. Pero tampoco está en equilibrio. Se encuentra en una pausa, en un momento suspendido en el que las tensiones no han desaparecido, solo han sido contenidas.

La pregunta no es si ese equilibrio se mantendrá. La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse antes de que la realidad —esa realidad que no cabe en los discursos— se imponga.

Porque al final, los países no se sostienen solo con poder. Se sostienen con legitimidad de origen. Y cuando esa legitimidad se pierde, lo que queda es un país que, en cierto sentido, ya no está.

Un país que se fue, aunque todavía no lo sepa del todo Delcy y su camarilla.

Por Antonio de la Cruz

Dos modelos compiten. Y sus implicaciones son globales.

No se trata solo de producción. Se trata de poder. Estado vs. mercado. Control político vs. eficiencia económica. Soberanía vs. integración global.

Como en México en los 90 o Irak post-2003, el petróleo vuelve a ser el eje de una disputa estructural. Venezuela no debate una reforma. Debate un cambio de modelo.

Primer modelo: @MariaCorinaYa

Su propuesta es radical: • Privatización total • Estado sin rol operativo • Apertura plena al capital internacional Objetivo: despolitizar el petróleo.

La lógica es clara: el colapso no fue un accidente. Fue consecuencia de usar el petróleo como instrumento de poder. Solución: quitarle ese poder al Estado.

Segundo modelo: el Estado tutelado.

Actualmente en marcha: • Licencias internacionales • Supervisión externa • Control financiero No elimina al Estado. Lo disciplinan desde afuera.

Aquí aparece un actor clave: OFAC. • Define quién opera • Controla flujos • Impone condiciones En la práctica, reconfigura el poder petrolero venezolano.

Ambos modelos buscan lo mismo: reactivar la producción. Pero difieren en lo esencial: Velocidad vs. control. Apertura total vs. transición gradual.

El dilema del inversionista es claro: Venezuela tiene enormes reservas, alta incertidumbre. Y el capital no sigue el petróleo. Sigue las reglas.

Conclusión:

El petróleo no es el destino. Es el instrumento. La pregunta no es si Venezuela se recupera. Es cómo y bajo qué modelo.

¿Qué camino crees que prevalecerá? ¿Privatización total o Estado tutelado?

Por Antonio de la Cruz

1
Abril 2024.
Presos en Venezuela:

• Tareck El Aissami
• Joselit Ramírez
• Samark López
  Pero el tablero no es doméstico.
  Es transnacional.

2
Actores del juego:
EE.UU. (DOJ / HSI / OFAC)
Estado venezolano
👤 El Aissami
👤 Ramírez
👤 Samark
Esto no es un caso penal.
Es un juego estratégico.

3
EE.UU. no necesita tenerlos en Miami para mover ficha.
Tiene:
Indictments activos.
Sanciones.
Forfeiture.
Trazabilidad global.
La máquina sigue encendida.

4
Venezuela tiene un escudo:
Artículo 69.
No extradita nacionales.
Puerta frontal cerrada.
Pero el juego no termina ahí.

5
Si no hay extradición,
hay interrogatorio.
HSI puede solicitar entrevistas técnicas
en suelo venezolano.
Sin show.
Sin fotos.
Pero con consecuencias.

6
¿Quién gana con cooperación limitada?
EE.UU. obtiene mapas financieros.
Caracas evita humillación política.
Los presos abren puerta a negociación futura.
Ese es el equilibrio racional.

7
El Aissami = arquitectura política.
Ramírez = ingeniería financiera.
Samark = red patrimonial.
Tres piezas.
Tres capas del sistema.
No son nombres aislados.
Son nodos del Estado mafioso.

8
Si cooperan parcialmente,
suben su probabilidad de supervivencia jurídica.
Si bloquean todo,
activan presión financiera global.
Y ahí no hay refugio.

9
El arma más poderosa aquí
no es la extradición.
Es la información.
Rutas offshore.
Empresas pantalla.
Beneficiarios finales.
Códigos SWIFT.

10
El juego estable no es extradición inmediata.
Es cooperación controlada
bajo presión financiera sostenida.
Nadie gana todo.
Nadie pierde todo.
Equilibrio frío.

11
El riesgo verdadero:
Que la información desmantele
la red internacional del Estado mafioso.
No solo a un individuo.
Al sistema completo.

12
Mientras estén presos en Venezuela,
tienen territorio.
Pero si se activa la cooperación,
la celda financiera es global.
Y esa no tiene barrotes.
Tiene bancos cerrados.

13
La pregunta no es
si están presos.
La pregunta es:
¿Quién controla lo que saben?
Y cuánto de ese conocimiento
puede romper la arquitectura financiera del poder.

14
En el siglo XXI,
el poder real no se mide solo en control territorial.
Se mide en capacidad de resistir
auditoría internacional.
Y cuando la red cae,
no hay soberanía que la salve.

Por Antonio de la Cruz

Cuando los Estados Unidos enviaron el portaaviones más grande del mundo —el USS Gerald R. Ford— al Caribe, no estaban inaugurando una nueva crisis. Estaban reconociendo una vieja: la sensación de que Venezuela ya no es un país en colapso, sino un vacío estratégico que potencias rivales han ocupado mientras Washington miraba hacia otra parte. El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, lo dejó claro al advertir recientemente que el espacio aéreo venezolano debe considerarse “cerrado”. Caracas respondió como siempre lo hace cuando se siente arrinconada: denunciando “pretensiones coloniales”.

La diplomacia del siglo XXI ya no necesita cañones, pero Trump los envió igual.

La pregunta no es qué significa un portaaviones en aguas tropicales. La pregunta es por qué está ahí. Y, más aún, por qué Caracas reaccionó exactamente como Washington esperaba.

Porque, aunque parezca un episodio más del interminable drama bolivariano, lo que ocurre hoy en el Caribe no es una sobreactuación militar. Es el choque inevitable entre dos actores atrapados en lógicas estratégicas incompatibles. Y si uno observa con cuidado —con las lentes de la psicología política, la teoría de juegos y la semiótica del poder—, el desenlace aparece menos incierto de lo que parece.

Este es un conflicto donde uno juega ajedrez y el otro juega ruleta rusa.

La sicología del riesgo: Caracas actúa desde el miedo, Washington desde el cálculo

Desde que el Departamento de Estado catalogó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO), el narcorrégimen de Maduro quedó atrapado en un dominio psicológico de pérdidas. En ese espacio mental, todo actor político se comporta como un sobreviviente: arriesga más, reacciona más, pierde más.

La advertencia de la FAA sobre el espacio aéreo venezolano —sin detalles públicos, pero con sobrentendidos militares— golpeó precisamente allí. Caracas respondió no con diplomacia, sino con gritos de resistencia: “hostil, unilateral, arbitrario”. Es la reacción clásica de quien siente que el terreno se hunde bajo sus pies.

En cambio, Washington actúa desde un lugar muy distinto: el riesgo calculado. El despliegue militar no llegó de golpe, sino por oleadas:

• primero un submarino,
• luego un buque adicional,
• después miles de tropas,
• y finalmente el Gerald R. Ford a distancia de ataque.

No es improvisación: es secuenciación.

Caracas reacciona; Washington escalona. Caracas niega; Washington condiciona. Caracas denuncia; Washington amenaza y abre la puerta al mismo tiempo.

Esa asimetría no es accidental: es estructural.

El pasillo sin salida del narcorrégimen

El presidente Trump usa un lenguaje que parece simple, pero está cargado de estrategia: “Maduro puede escoger el camino fácil o el difícil.”

En términos de teoría de juegos secuenciales, Estados Unidos movió primero al violar el equilibrio previo enviando activos militares mayores. Caracas reaccionó de forma obligada —discurso duro, rechazo frontal— porque no puede mostrarse débil ante su propia base ni ante sus padrinos en Moscú o Teherán.

Pero ese movimiento reactivo ata sus manos para la siguiente fase.

En este escenario, Maduro tiene tres opciones posibles:

1. Escalar militarmente (imposible sin suicidio político)
2. Negociar (admitiendo debilidad interna)
3. Ganar tiempo (que solo devuelve al nodo inicial, pero en peor posición)

La retroinducción —el método de leer el juego desde el final hacia el inicio— revela algo incómodo:

Todas las rutas llevan al mismo desenlace: pérdida de poder para el régimen.
Lo único que cambia es el costo.

No es que Washington haya encerrado a Maduro. Es Maduro quien se dejó rodear siguiendo el guion de su propia narrativa.

La estructura profunda del conflicto: quién define la realidad

La semiótica ayuda a entender lo que la política oculta bajo discursos.

Este no es un conflicto entre dos países.

Este es un conflicto entre dos cuadrantes de significado:

• Control vs. Descontrol
• Legitimidad vs. Ilegitimidad

Estados Unidos reclama el control de la seguridad hemisférica y la legitimidad del orden internacional. Venezuela intenta sostener un relato de soberanía, pero lo hace desde una posición semántica debilitada: un país que niega elecciones, alberga redes de tráfico ilícito y depende militarmente de potencias externas ya no define su propia historia. La narrativa de Caracas ya no organiza el mundo: solo reacciona ante él.

Por eso la acusación de “colonialismo” suena hueca. No porque el Caribe no tenga memoria de imperios, sino porque el narcorrégimen de Maduro no tiene cómo sostener el rol del antiimperio cuando sus aliados son precisamente potencias extrarregionales.

En el cuadrado semiologico, Venezuela quedó atrapada en el polo del colapso ilegítimo. Y Washington se autoasignó el polo del control legítimo.

La gramática del conflicto ya está escrita.

La conclusión que nadie quiere decir en voz alta

En la superficie, Venezuela y Estados Unidos discuten por declaraciones, advertencias aéreas y movimientos de flotas. Pero en el fondo, el conflicto es más simple y decisivo:

Maduro actúa para no perder lo que ya perdió.
Trump opera para recuperar lo que Estados Unidos dejó escapar.

Ambos avanzan hacia un punto de choque, pero solo uno define el ritmo. Y en este juego secuencial, cuando un actor controla las fases y el otro solo reacciona, el desenlace rara vez es simétrico.

El Caribe, una vez más, es el tablero donde se mide el pulso del poder global. No porque Washington quiera demostrar fuerza, sino porque durante demasiado tiempo permitió que otros la ocuparan en su lugar.

Y en política internacional, los vacíos no se discuten: se llenan.

“En una guerra en las sombras, el ocultamiento es una forma de poder y la información se convierte en un arma. Si distorsionas la percepción de la realidad de tu enemigo, puedes manipularlo para que cometa errores estratégicos que pueden ser explotados para alcanzar la victoria. También es una gran defensa”.

Sean McFate

En el siglo XXI, el crimen organizado ha traspasado las fronteras del bajo mundo. En Venezuela se ha institucionalizado, asumiendo el ropaje de ministerios, uniformes y embajadas. Lo que en México o Colombia se presenta como cárteles que corrompen al Estado, en Caracas se ha convertido en algo más inquietante: un Estado que es el cártel.

Este fenómeno desafía no solo la política exterior de los países democráticos, sino el concepto mismo de soberanía. En teoría, un Estado existe para imponer la ley; en la práctica venezolana, la ley se convierte en una coartada para proteger el comercio ilícito de drogas, oro, petróleo y minerales. En su cadena de valor participan desde los más altos miembros del Poder Ejecutivo, oficiales de las Fuerzas Armadas hasta funcionarios del Servicio Exterior, financiando la corrupción y honorarios con los beneficios del contrabando.

La ventaja competitiva del crimen de Estado

El régimen de Maduro ha logrado algo paradójico y arriesgadamente eficaz: fusionar los activos de un Estado soberano con la acción criminal de un cártel transnacional. Esta combinación genera una ventaja tan peligrosa como competitiva que, una vez consolidada, resulta muy difícil de desmontar.

Tres pilares sostienen esta ventaja. Primero, el control sobre recursos críticos —petróleo, minerales, oro y rutas ilícitas— que garantiza un flujo constante de ingresos independiente de mercados legales o auditorías transparentes. Segundo, la infraestructura operativa —puertos, aeropuertos y fuerzas de seguridad— controlada por quienes se benefician directamente de su uso ilícito. Y tercero, la legitimidad formal —un reconocimiento parcial por parte de la comunidad internacional— que actúa como escudo frente a sanciones y aislamiento total.

Esta triple integración constituye su cadena de valor criminal, en la que cada eslabón refuerza a los demás: los ingresos financian la represión; la represión protege la infraestructura y la legitimidad compra tiempo para mantener el sistema intacto.

Por qué las prácticas estándar fracasan

Enfrentar a un Estado de este tipo equivale a intentar competir con un monopolio estatal: las reglas del mercado ya no sirven. La aplicación de la ley, por sí sola, no basta para erosionar su ventaja; solo una intervención externa decisiva puede hacerlo.

El manual tradicional contra el crimen organizado —operativos locales, reformas judiciales o sanciones económicas— resulta inútil frente a un Estado criminal-terrorista global en el que desapareció por completo la independencia de poderes. Primero, porque no puede sustituir la plataforma estatal que respalda la red ilícita. Segundo, porque no modifica los incentivos de los patrocinadores extranjeros que lo sostienen. Y tercero, porque la cúpula del régimen siempre encuentra la manera de redirigir y adaptar sus operaciones. En síntesis: no hablamos de una red criminal dentro del Estado. El Estado mismo es la red criminal

La estrategia: un cerco de valor

Desmontar la ventaja de un Estado criminal exige una respuesta tan integrada como el problema: una estrategia que golpee de manera simultánea los tres pilares que lo sostienen.

• Interrupción de recursos clave 

• Bloqueo marítimo y cibernético de las rutas de exportación ilícitas.
• Ataques tecnológicos de precisión contra nodos estratégicos: minas ilegales, laboratorios y centros de acopio.
• Debilitamiento de la estructura interna

• Compra de lealtades dentro del círculo de poder para fracturar la cadena de mando. 
• Programas de protección y reubicación que incentiven a los insiders a colaborar.
• Aislamiento geopolítico

• Negociación directa con Rusia y China para reducir su respaldo, a cambio de concesiones en otros escenarios estratégicos. 
• Incorporación de aliados regionales como Argentina y Ecuador, entre otros, en tareas de inteligencia y logística.

En síntesis, la fortaleza del régimen radica en su integración; la estrategia debe centrarse en su desintegración. Solo al romper los vínculos entre recursos, infraestructura y legitimidad, el Estado criminal perderá su monopolio sobre el poder y, con él, la inmunidad que le ha permitido sobrevivir.

El cambio en la estrategia estadounidense

Durante años, Washington trató a Venezuela como una dictadura más, sujeta a sanciones económicas y aislamiento diplomático. El resultado fue predecible: el régimen se adaptó, diversificó sus rutas ilícitas y se atrincheró con apoyo externo.

La administración actual ha aprendido de esos fracasos. El despliegue naval y aéreo en el Caribe no es un gesto simbólico: forma parte de un plan para cercar, cortar y asfixiar. Este enfoque busca interrumpir el flujo de recursos ilícitos, desestabilizar la estructura interna mediante la compra de lealtades y aislar geopolíticamente al régimen negociando directamente con sus patrocinadores.

En 2020, la administración Trump desplegó también fuerzas militares en el Caribe Sur para reforzar la lucha antidrogas dentro de su política de “máxima presión”. Aunque los cárteles aún no eran catalogados como organizaciones criminales globales, la operación buscaba interceptar rutas marítimas y aéreas usadas por el narcotráfico desde Venezuela y México hacia Estados Unidos. El dispositivo incluyó destructores, guardacostas, buques de combate litoral, aviones P-8, submarinos, inteligencia y cooperación con países aliados como Colombia y Países Bajos, otorgando a Estados Unidos una capacidad inédita de patrullaje, monitoreo e interdicción en la región.

En 2025, la lucha antidrogas se entrelaza con el paradigma antiterrorista, abriendo paso a operaciones extraterritoriales de alta tecnología cuyo objetivo ya no es solo interceptar rutas, sino desmantelar y neutralizar de manera definitiva a los cárteles catalogados como organización terrorista global.

Las piezas que faltan

Ningún plan contra una organización criminal de Estado puede ser unilateral. Las rutas marítimas requieren vigilancia regional, así como la presión diplomática necesita coaliciones. De ahí el interés en sumar a países como Argentina o Ecuador, que ya han manifestado su disposición a cooperar.

El verdadero punto de inflexión no se juega solo en Suramérica, sino también en Moscú y Pekín. Venezuela no es vital para Rusia ni para China, pero sí es útil como carta de negociación. En una cumbre, entregar a Maduro podría intercambiarse por concesiones en Ucrania, Siria (base naval) o incluso en el Ártico (explotación). No se trata de una maniobra puntual en el Caribe, sino de una partida estratégica a escala global.

La neutralización del Estado-cártel

En conclusión, la solución no pasa únicamente por sanciones o presiones diplomáticas, sino por la neutralización definitiva del Cártel de los Soles y de su jefe, Nicolás Maduro. La estrategia estadounidense también apunta a desvincular al régimen de los apoyos de Moscú y Pekín, cerrando las rutas financieras y militares que han permitido su supervivencia. Sin esa red externa de protección, la cúpula del Estado criminal pierde su escudo geopolítico y queda expuesta a la acción directa.

Los cabecillas de esta organización terrorista global —identificados como una amenaza inmediata para la seguridad nacional de Estados Unidos— serán objeto de operaciones específicas de desmantelamiento y captura. El mensaje es claro: frente a un Estado convertido en cártel, la única respuesta posible es su desarticulación total y la anulación de sus líderes, para restaurar la seguridad hemisférica y frenar la expansión del crimen como forma de gobierno.

Por Antonio de la Cruz

“Hemos cerrado un ciclo negativo. La apertura petrolera fue el intento de quitarle definitivamente a los venezolanos su riqueza natural más poderosa, más grande”.

Hugo Chávez, Primero de Mayo, 2007

Cómo los Contratos de Participación Productiva (CPP) desmantelan “la soberanía petrolera” de Chávez

En síntesis

El problema

Bajo la fachada de atraer inversión extranjera y esquivar sanciones, el régimen de Nicolás Maduro ha desplegado una estrategia elemental: firmar Contratos de Participación Productiva (CPP), al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, y la Ley Orgánica de Hidrocarburos sancionada en 2001. Esta medida otorga a operadores privados control total de los activos petroleros. Una maniobra sin precedentes desde la nacionalización del crudo en 1976 y menos desde 2007, cuando por orden de Hugo Chávez se transfirió el control de las asociaciones estratégicas a empresas mixtas en las que el Estado, a través de Pdvsa, tendría la mayoría accionaria. 

El impacto

Los CPP no solo desvían las ganancias de la nación hacia redes paralelas de poder, sino que suprimen la estructura legal construida para salvaguardar el recurso estratégico del país. Maduro está erosionando por dentro la arquitectura institucional del chavismo fundacional y sustituyéndola por una red de contratos opacos que financian la represión y el clientelismo.

La respuesta

Para restaurar la legitimidad institucional, Venezuela necesita una auditoría independiente de todos los CPP, la derogación de la Ley Antibloqueo y una reforma legal transparente que reestructure la industria, sin privatizaciones encubiertas.

¿Privatización o captura institucional?

En regímenes autoritarios, las amenazas a la democracia no suelen llegar con tanques, sino con contratos —un proceso gradual y sutil de debilitamiento de las instituciones y las normas políticas—. Este es el caso del país bolivariano. Mientras el mundo pone su atención en las recientes elecciones, las sanciones o los crímenes de lesa humanidad, Nicolás Maduro ha accionado un mecanismo seudolegal sigiloso, pero devastador: los Contratos de Participación Productiva.

El régimen presenta estos contratos como una solución pragmática ante el colapso productivo y las sanciones económicas. Pero la realidad es otra. Se trata de un mecanismo que deja a Pdvsa sin funciones operativas al entregar los campos petroleros y gasíferos a actores privados con 100% de control, y canalizar las rentas hacia estructuras de poder que no rinden cuentas a nadie.

De Chávez a Maduro: el cambio del modelo

En 2001, Hugo Chávez promulgó la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) para reafirmar el control del Estado sobre el petróleo. En ella se establece que:

• La propiedad de los hidrocarburos es del Estado hasta el punto de venta.
• La participación privada está limitada al 49%, siempre subordinada a Pdvsa.
• Toda empresa mixta debe pasar por aprobación parlamentaria.

Dos décadas después, Maduro ha dinamitado esa arquitectura institucional desde adentro. En 2020, impuso la Ley Antibloqueo —aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (2017-2020)—, una norma de excepción que le permitiría firmar contratos sin aprobación legislativa, sin transparencia y sin límite en la participación privada.

CPP: contratos sin república

Los Contratos de Participación Productiva que se rigen por la Ley Antibloqueo tienen las siguientes características:

• Otorgan 100% de la operación y control del campo al privado.
• El Estado transfiere parte del petróleo en el punto de fiscalización, sin comercialización pública.
• La empresa recibe hasta 65% del valor neto del crudo producido.
• No existen licitaciones públicas ni control parlamentario.

La siguiente tabla resume el cambio estructural que implican los CPP:

Criterio	Ley de Hidrocarburos (2001)	Contratos CPP (Ley  Antibloqueo 2020)
Propiedad del recurso	Del Estado hasta la venta comercial	Transferida parcialmente en punto fiscal
Participación privada	Máximo 49%, en empresas mixtas	Hasta 100%, sin empresa mixta
Control operativo	PDVSA o filiales estatales	Operación 100% privada
Transparencia	Requiere aprobación parlamentaria	Confidencialidad total. Opaca.
Uso de la renta	Desarrollo nacional	Sostenimiento del régimen autoritario

¿Dónde está Pdvsa?

El modelo CPP vacía de contenido a la empresa nacional. Pdvsa no actúa como operadora, ni siquiera como accionista relevante. Se convierte en una fachada burocrática, mientras las empresas privadas —muchas sin trayectoria conocida— se apoderan de los activos productivos. Estos contratos desplazan incluso a las «empresas mixtas», figura establecida en la Ley Orgánica de Hidrocarburos como mecanismo legal de participación privada.

Esta privatización funcional, disfrazada de «alianza estratégica», evade deliberadamente la legalidad venezolana y convierte al Estado en arrendador de sí mismo, sin herramientas para supervisar, intervenir o renegociar.

Una economía sin soberanía

Según los flujos de caja estimados por los propios promotores del modelo, el Estado podría recibir entre 40% y 65% de la renta del proyecto. Sin embargo, la distribución real es opaca y sin auditoría. Lo que sí se conoce —por informes independientes y filtraciones— es que los recursos generados por los CPP no se destinan al presupuesto nacional, el principal instrumento de la política pública, sino a:

• Pagos en divisas a las Fuerzas Armadas.
• Financiamiento de aparatos de inteligencia y represión.
• Esquemas de importación paralela, corrupción.
• Lavado de activos a través de criptomonedas y paraísos fiscales.

Este no es un modelo de recuperación económica. Es una máquina de extracción de rentas destinada a perpetuar el poder de la organización criminal en Miraflores.

¿Y los inversionistas?

Para los actores privados, los CPP ofrecen acceso a reservas con alto potencial a cambio de alto riesgo. Pero el incentivo económico viene acompañado de un marco jurídico frágil, expuesto a:

• Impugnación en un cercano proceso de transición democrática.
• Nulidad por inconstitucionalidad (al violar la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Constitución de 1999).
• Posibles sanciones internacionales si se prueba connivencia con corrupción o financiamiento de redes represivas.

En otras palabras: alta rentabilidad a corto plazo, pero riesgo existencial a mediano plazo.

Un régimen sin reforma, pero con contratos

A diferencia de reformas legales en otros países —como la apertura petrolera en México o Brasil—, el modelo CPP no responde a un debate nacional ni a un nuevo pacto constitucional. No hay discusión pública ni objetivos estratégicos claros. Solo hay necesidad desesperada de divisas y control del poder.

Esto no es una transformación institucional, sino su negación sistemática. El madurismo desmantela los frenos y contrapesos republicanos mientras simula normalidad con contratos privados.

Recomendaciones estratégicas

Auditoría urgente: Una comisión técnica internacional debería revisar la legalidad y condiciones de todos los contratos firmados bajo la Ley Antibloqueo.

Derogación legislativa: La Ley Antibloqueo debe ser invalidada por violar principios fundamentales del derecho público y constitucional de Venezuela.

Reforma con legitimidad: Un nuevo marco legal es necesario para modernizar la industria de los hidrocarburos con transparencia, soberanía y sostenibilidad fiscal.

Reinstitucionalizar Pdvsa: La empresa debe recuperar su rol técnico y estratégico, y no ser una simple vitrina para operaciones privadas.

Conclusión: un país vendido en silencio

Los CPP no son solo un problema económico. Son en definitiva una amenaza a la soberanía nacional. Maduro está entregando el petróleo porque necesita dólares para sostener un sistema que ya no puede mantenerse por sí solo.

Esta es la verdadera arma secreta de Maduro: una red de contratos opacos que sustituye las leyes, socava las instituciones y destruye el pacto social desde dentro. Barril por barril, se entrega el país, traicionando el legado de Hugo Chávez: la defensa intransigente de la “soberanía petrolera” como columna vertebral de la nación.

“Si hay alguna institución que se haya adecuado y haya avanzado en el proceso revolucionario del bolivarianismo del siglo XXI es la FANB”

Vladimir Padrino López 

Una de las tragedias más siniestras de América Latina —y Venezuela es hoy su expresión más desoladora— es la conversión de la Fuerza Armada en castas políticas al servicio del poder y no de la nación. Nada degrada más a una República que la politización de los cuarteles. Es la historia de cómo los ejércitos, antaño formados para defender la soberanía y el orden constitucional, acaban rindiendo sus galones al caudillo de turno, no por lealtad, sino por miedo, conveniencia o simple servilismo.

En Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dejó escapar recientemente —como quien revela una culpa que ha querido esconder durante años— una frase que sintetiza esta tragedia: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya no es un cuerpo profesional al servicio del país, sino un instrumento domesticado por el poder madurista —“ha sabido amoldarse adecuadamente a los cambios que la revolución bolivariana ha exigido”, el Estado mafioso—. Lo dijo sin querer, en un discurso acalorado. Pero en el desliz se revela la verdad que el régimen de Nicolás Maduro ha intentado sepultar bajo toneladas de propaganda: que la FANB ha sido instrumentalizada, corrompida y dividida.

Una institución rota por dentro

Pocos conocen con precisión las grietas internas del estamento militar venezolano. Según la organización Foro Penal, de los 920 presos políticos registrados en el país, 169 son militares. Han sido encarcelados por el simple hecho de pensar distinto, o de no plegarse ciegamente a la maquinaria de represión del régimen. Estos números, presentes de forma constante durante la última década, son la prueba más clara de que aún quedan militares fieles a sus principios. Bajo la superficie de la obediencia forzada, sobrevive un sustrato institucional que observa con alarma cómo la institución que juraron defender se ha convertido en algo ajeno e irreconocible.

Porque el madurismo, como todo régimen autoritario y criminal, que desconfía del profesionalismo, ha preferido el método cubano: convertir a los servicios de inteligencia en cancerberos de los cuarteles, instaurar la sospecha como doctrina de mando y repartir privilegios no por méritos sino por lealtad partidista. El G2 cubano —símbolo de la vigilancia estalinista que sobrevive en el Caribe— ha sido importado a Venezuela como guía y perro guardián.

Un ejército sin alma

Así, la FANB ha dejado de ser un ejército. Es, en el mejor de los casos, una suma de grupos desarticulados, de generales en pugna por negocios ilícitos, de facciones con lealtades cruzadas. Y en el peor, una maquinaria represiva al servicio de un Estado mafioso en decadencia. El Ejército ha sido despojado de doctrina; la Armada, relegada a funciones logísticas; la Aviación, invisible. Y la Guardia Nacional, reconvertida en policía política, no responde a una sola cadena de mando, sino a disputas internas que se resuelven no en los salones del Ministerio de Defensa, sino en los pasillos del Palacio de Miraflores.

¿Quién manda hoy sobre la FANB? La respuesta es tan compleja como inquietante. Maduro tiene al ministro de la Defensa, Padrino López, pero Diosdado Cabello tiene a su propio grupo. Se aferra a la Guardia Nacional como último bastión de su menguante poder. Los cubanos vigilan, pero no mandan. Y los hermanos Rodríguez, con su astucia palaciega, mueven hilos civiles con ecos militares. Es un ejército sin alma, dividido, vigilado, corrompido. Y en esa fractura, en esa ausencia de una jefatura clara y profesional, se encierra una bomba de tiempo.

La decadencia que precede al colapso

Toda dictadura prolongada termina convirtiendo a sus ejércitos en custodios de su propia decadencia. En lugar de ser garantía de la democracia, las Fuerzas Armadas se convierten en su verdugo. Pero también —y esto la historia lo ha demostrado una y otra vez— en su posibilidad de redención. Porque cuando los militares recuerdan que su deber no es con una organización criminal ni con un hombre ni un partido, sino con la Constitución, entonces se abren las compuertas del cambio.

Venezuela vive hoy bajo un régimen mafioso que ya no gobierna: administra el miedo, reparte silencios, vigila a sus propios centuriones. Y sin embargo, en esa misma FANB rota, vigilada, politizada, persiste un germen de dignidad. Esos militares institucionales, silenciosos, apartados, excluidos de las orgias del poder, son los que quizás —cuando llegue el momento— impedirán que el país se hunda del todo en la barbarie.

La pregunta, en todo caso, no es si los cuarteles despertarán. Es si lo harán a tiempo.

Por Antonio de la Cruz

Durante años, el régimen venezolano ha querido vender la narrativa de que China es un socio estratégico en expansión, un respaldo geopolítico que asegura su permanencia en el poder. Pero esa visión no resiste el más mínimo contraste con la realidad. La relación entre China y Venezuela no está en expansión. Está en liquidación controlada, con pérdidas en ambos lados y un balance final que deja a Caracas sin influencia, sin crédito y sin prioridad.

El comercio bilateral se desplomó

Entre 2012 y 2023, el intercambio comercial entre China y Venezuela cayó más de 85%. De superar los 20.000 millones de dólares anuales, hoy no alcanza los 3.000 millones. Según la Administración General de Aduanas de China, Venezuela exportó apenas 1.271 millones de dólares a ese país en 2023, mientras que naciones como Brasil y Perú exportaron más de 91.000 millones y 23.500 millones, respectivamente1/

Venezuela representa hoy menos del 0,1% del comercio total chino. No hay ni expansión ni diversificación. Solo una caída sostenida y acelerada.

Fin del crédito chino

China no ha otorgado nuevos préstamos soberanos a Venezuela desde 2016. Entre 2007 y 2016, Pekín prestó más de 62.000 millones de dólares a través de mecanismos opacos de deuda por petróleo 2/. La mayoría de esos préstamos ya fueron impagados, renegociados o se mantienen en la sombra. No hay nuevos desembolsos. No hay confianza. Solo cobros en crudo con descuento como forma discreta de cerrar un expediente fallido.

Producción petrolera estancada

La participación de China en la producción petrolera venezolana tampoco respalda la narrativa de una relación en expansión. A través de empresas mixtas como Sinovensa y Petrozumano, donde posee el 40% de participación, China alcanzó un pico de 172.000 barriles diarios (b/d) en 2016. En 2017 cayó a 132.000 b/d, y desde 2018 se mantiene estancada en un promedio anual de 100.000 b/d 3/.

Eso significa que el flujo neto para China es de apenas 40.000 b/d, una cifra insignificante para un país que consume más de 14 millones de b/d. Sin reinversión, sin seguridad jurídica y con una infraestructura colapsada, el interés de CNPC y otras empresas se limita a intentar recuperar parte de lo hundido.

Sin proyectos nuevos, sin presencia estratégica

Desde hace al menos 8 años, no se registra un solo megaproyecto nuevo en infraestructura o energía financiado por China en Venezuela. Las promesas de Chávez y Maduro quedaron en maquetas o esqueletos de concreto abandonados: el tren del Tuy, la refinería de Cabruta, el bloque Junín 1 en la Faja. Incluso empresas chinas como ZTE o Citic Construction han reducido drásticamente su presencia en el país. Hasta los tradicionales restaurantes chinos en Venezuela han cerrado sus puertas o pasado a manos de venezolanos

Pekín dialoga con Washington, no con Caracas

La prueba final del desinterés chino está en la diplomacia. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Pekín ha optado por conversar directamente con Washington sobre temas energéticos y de estabilidad hemisférica. Venezuela no es prioridad. Es un lastre incómodo del que China quiere salir sin perder la cara.

Cerrando una mala apuesta

China ya no apuesta por el chavismo. Le prestó dinero, le vendió tecnología, participó en proyectos petroleros y ganó contratos, sí. Pero la experiencia fue fallida. Venezuela se convirtió en un socio insolvente, riesgoso, corrupto y opaco. Lo que queda no es una relación estratégica, sino una liquidación silenciosa de activos tóxicos. Para China, el chavismo es una historia cerrada.

La narrativa del régimen se sostiene en el humo del pasado. El presente es otro: Pekín mira hacia otros mercados. Venezuela ya no está en su mapa de expansión, sino en su archivo de pérdidas.

Notas al pie

1. General Administration of Customs of the People’s Republic of China, datos de comercio exterior 2023; UN Comtrade Database; Observatorio de Complejidad Económica (OEC). 
2. China-Latin America Finance Database, Inter-American Dialogue, actualización 2024.
3. Wood Mackenzie, Argus Media, PDVSA internal reports 2023–2024.

Por Antonio de la Cruz

“A medida que Estados Unidos y China profundizan su rivalidad geopolítica, la asimetría de sus enfoques estratégicos amenaza con fragmentar el sistema global y obliga a las potencias intermedias a redefinir su papel”.

La confrontación actual entre Estados Unidos y China no es simplemente una guerra comercial, ni una escaramuza diplomática pasajera. Es una lucha estructural y prolongada entre dos actores globales que no solo compiten entre sí, sino que operan bajo lógicas estratégicas fundamentalmente distintas. No se trata de tácticas o disputas aisladas sobre aranceles o tecnología, sino de una profunda asimetría en la percepción del poder, del tiempo, de la legitimidad y de la arquitectura del orden internacional.

Washington juega en un tablero abierto y plural. Su estrategia es fluida, reactiva y a menudo limitada por ciclos electorales y presiones mediáticas. El poder se mide en incrementos trimestrales: crecimiento económico, creación de empleo, rendimiento bursátil y primacía tecnológica. Para Estados Unidos, la dominación se ejerce a través de instituciones, alianzas y reglas de mercado —o mediante la capacidad de reescribir esas reglas cuando ya no les son útiles—.

China, por el contrario, despliega una estrategia de largo plazo sobre un tablero centralizado y civilizacional. Concibe el poder como un proceso continuo, cimentado en agravios históricos, continuidad ideológica y una paciencia estructural. Pekín no depende de validación electoral ni de instituciones abiertas. Su fortaleza no se basa en el crecimiento económico inmediato, sino en la resiliencia estructural, la cohesión social bajo control estatal y la acumulación paulatina de influencia en sectores clave a nivel global.

El contraste no podría ser más marcado. Washington percibe la determinación de Pekín como una amenaza expansiva y desestabilizadora. Desde la perspectiva china, las medidas de contención —aranceles, sanciones tecnológicas y pactos militares— son síntomas de una hegemonía en declive que se aferra a un orden global en retroceso. 

Esta disonancia estratégica alimenta un ciclo de percepciones erróneas y respuestas escalonadas, reforzando la convicción en ambos lados de que el conflicto no solo es probable, sino inevitable.

Esta dinámica refleja lo que el historiador griego Tucídides identificó como una trampa estructural: “Cuando una potencia en ascenso amenaza con desplazar a una potencia gobernante, la tensión estructural resultante hace que el choque violento sea la regla, no la excepción”. Lejos de ser una simple analogía histórica, esta trampa sugiere que el riesgo de conflicto entre Pekín y Washington es elevado, especialmente si no se establecen mecanismos de contención creíbles y sostenido.

La trampa de la percepción estratégica

Esto no es una reedición de la Guerra Fría. El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética se estructuraba en torno a bloques ideológicos y líneas rojas militarmente disuasivas, sostenidas por la amenaza nuclear. La competencia actual con China es más compleja: combina una interdependencia económica significativa con una acelerada bifurcación tecnológica en sectores críticos como semiconductores, inteligencia artificial y redes 5G. Este desacoplamiento no es solo económico; tiene implicaciones geoestratégicas profundas, con ambos bloques construyendo cadenas de suministro paralelas, infraestructuras digitales autónomas y alianzas militares que reflejan visiones antagónicas del orden global. A diferencia de Japón en los años ochenta, Pekín no busca acomodo dentro del sistema liderado por Occidente. Está diseñando uno alternativo, con sus propias reglas, instituciones y esferas de influencia.

El giro de China del lema «reforma y apertura” (Deng Xiaoping ) hacia «autosuficiencia y trabajo duro” (Xi Jinping) marca un proceso deliberado de desvinculación de la interdependencia económica con Occidente. Esta transformación no es retórica. Incluye fuertes inversiones en capacidad tecnológica interna, minerales estratégicos, cadenas de suministro para la defensa y lealtad política. La diplomacia de Xi hacia aliados tradicionales de Washington —desde Europa hasta el sureste asiático— no busca integrarse, sino fragmentar las coaliciones de contención que la contrarrestan.  

Mientras tanto, la imposición y suspensión selectiva de aranceles por parte de la administración Trump forma parte de una narrativa más amplia de «nacionalismo económico» revestido con retórica de reciprocidad. El mensaje al mundo es claro: Estados Unidos ya no seguirá actuando con las reglas de la globalización si estas limitan su capacidad de actuar unilateralmente. Pero esta postura también conlleva riesgos: invita a represalias, malentendidos y una deriva hacia una diplomacia transaccional entre aliados que antes compartían normas comunes.

Potencias intermedias en la encrucijada

En este panorama fragmentado, potencias intermedias como la Unión Europea y los países de América Latina no son espectadores pasivos. Están siendo arrastrados hacia una polarización que no buscaron y que deben navegar sin sacrificar su soberanía.

Para América Latina, el desafío es evitar alineamientos binarios. El valor geopolítico de la región reside en su capacidad para diversificar alianzas sin comprometer su autonomía en energía, infraestructura y gobernanza digital. Caer en la dicotomía Estados Unidos-China reduciría al continente a una zona de influencia —una condición que ha sufrido históricamente y que hoy debe rechazar con claridad—.

Para la Unión Europea, los riesgos son aún mayores. Bruselas debe transformar su retórica declarativa de «autonomía estratégica» en una doctrina concreta. La dependencia de las garantías de seguridad estadounidenses y de las cadenas de suministro chinas ha dejado al continente expuesto a la volatilidad de ambos frentes. 

Una estrategia verdaderamente multipolar —que incluya política industrial activa, revisión de inversiones estratégicas y modernización de la defensa— es esencial no solo para la relevancia europea, sino para la estabilidad del orden liberal en su conjunto.

Conclusión: la confrontación que redibuja el orden mundial

El mundo no está simplemente asistiendo a una transferencia de poder entre dos superpotencias; presencia un choque profundo entre visiones irreconciliables de cómo debe organizarse el sistema internacional. Estados Unidos y China no solo compiten: operan bajo lógicas estratégicas, marcos normativos y objetivos finales que no pueden coexistir sin fricción constante. Esa asimetría es lo que hace que esta confrontación sea especialmente propensa a la escalada: no existe un marco común de entendimiento, ni canales previsibles de disuasión, ni mecanismos compartidos para gestionar la tensión.

La próxima década pondrá en tensión no solo la solidez del poder económico, militar y tecnológico de Washington y Pekín, sino también la capacidad del resto del mundo para no ser arrastrado a una espiral de polarización estructural. La rivalidad entre Trump y Xi es más que una pugna bilateral: es un proceso de reconfiguración sistémica que amenaza con fragmentar cadenas de suministro, bloquear instituciones multilaterales y erosionar principios fundamentales del derecho internacional.

En ese contexto, el nuevo orden global no dependerá exclusivamente de quién imponga su fuerza, sino de quién logre reinterpretar las reglas de coexistencia entre modelos civilizatorios divergentes. Las potencias intermedias —desde India hasta Brasil, desde la Unión Europea hasta Indonesia— ya no son solo espectadores o mediadores: se convierten en actores estratégicos cuya arquitectura de alianzas, marcos regulatorios y apuestas tecnológicas moldearán la dirección del siglo XXI.

Si este conflicto se intensifica sin mecanismos de contención podría desembocar en una confrontación abierta y prolongada con consecuencias impredecibles para la humanidad. No se trata solo de comercio, influencia o seguridad: está en juego la forma misma en que las naciones coexistirán —o colapsarán juntas— en una era de interdependencia vulnerable.