Samark López Pero el tablero no es doméstico. Es transnacional.
2 Actores del juego: EE.UU. (DOJ / HSI / OFAC) Estado venezolano 👤 El Aissami 👤 Ramírez 👤 Samark Esto no es un caso penal. Es un juego estratégico.
3 EE.UU. no necesita tenerlos en Miami para mover ficha. Tiene: Indictments activos. Sanciones. Forfeiture. Trazabilidad global. La máquina sigue encendida.
4 Venezuela tiene un escudo: Artículo 69. No extradita nacionales. Puerta frontal cerrada. Pero el juego no termina ahí.
5 Si no hay extradición, hay interrogatorio. HSI puede solicitar entrevistas técnicas en suelo venezolano. Sin show. Sin fotos. Pero con consecuencias.
6 ¿Quién gana con cooperación limitada? EE.UU. obtiene mapas financieros. Caracas evita humillación política. Los presos abren puerta a negociación futura. Ese es el equilibrio racional.
7 El Aissami = arquitectura política. Ramírez = ingeniería financiera. Samark = red patrimonial. Tres piezas. Tres capas del sistema. No son nombres aislados. Son nodos del Estado mafioso.
8 Si cooperan parcialmente, suben su probabilidad de supervivencia jurídica. Si bloquean todo, activan presión financiera global. Y ahí no hay refugio.
9 El arma más poderosa aquí no es la extradición. Es la información. Rutas offshore. Empresas pantalla. Beneficiarios finales. Códigos SWIFT.
10 El juego estable no es extradición inmediata. Es cooperación controlada bajo presión financiera sostenida. Nadie gana todo. Nadie pierde todo. Equilibrio frío.
11 El riesgo verdadero: Que la información desmantele la red internacional del Estado mafioso. No solo a un individuo. Al sistema completo.
12 Mientras estén presos en Venezuela, tienen territorio. Pero si se activa la cooperación, la celda financiera es global. Y esa no tiene barrotes. Tiene bancos cerrados.
13 La pregunta no es si están presos. La pregunta es: ¿Quién controla lo que saben? Y cuánto de ese conocimiento puede romper la arquitectura financiera del poder.
14 En el siglo XXI, el poder real no se mide solo en control territorial. Se mide en capacidad de resistir auditoría internacional. Y cuando la red cae, no hay soberanía que la salve.
Por Antonio de la Cruz
Cuando los Estados Unidos enviaron el portaaviones más grande del mundo —el USS Gerald R. Ford— al Caribe, no estaban inaugurando una nueva crisis. Estaban reconociendo una vieja: la sensación de que Venezuela ya no es un país en colapso, sino un vacío estratégico que potencias rivales han ocupado mientras Washington miraba hacia otra parte. El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, lo dejó claro al advertir recientemente que el espacio aéreo venezolano debe considerarse “cerrado”. Caracas respondió como siempre lo hace cuando se siente arrinconada: denunciando “pretensiones coloniales”.
La diplomacia del siglo XXI ya no necesita cañones, pero Trump los envió igual.
La pregunta no es qué significa un portaaviones en aguas tropicales. La pregunta es por qué está ahí. Y, más aún, por qué Caracas reaccionó exactamente como Washington esperaba.
Porque, aunque parezca un episodio más del interminable drama bolivariano, lo que ocurre hoy en el Caribe no es una sobreactuación militar. Es el choque inevitable entre dos actores atrapados en lógicas estratégicas incompatibles. Y si uno observa con cuidado —con las lentes de la psicología política, la teoría de juegos y la semiótica del poder—, el desenlace aparece menos incierto de lo que parece.
Este es un conflicto donde uno juega ajedrez y el otro juega ruleta rusa.
La sicología del riesgo: Caracas actúa desde el miedo, Washington desde el cálculo
Desde que el Departamento de Estado catalogó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO), el narcorrégimen de Maduro quedó atrapado en un dominio psicológico de pérdidas. En ese espacio mental, todo actor político se comporta como un sobreviviente: arriesga más, reacciona más, pierde más.
La advertencia de la FAA sobre el espacio aéreo venezolano —sin detalles públicos, pero con sobrentendidos militares— golpeó precisamente allí. Caracas respondió no con diplomacia, sino con gritos de resistencia: “hostil, unilateral, arbitrario”. Es la reacción clásica de quien siente que el terreno se hunde bajo sus pies.
En cambio, Washington actúa desde un lugar muy distinto: el riesgo calculado. El despliegue militar no llegó de golpe, sino por oleadas:
primero un submarino,
luego un buque adicional,
después miles de tropas,
y finalmente el Gerald R. Ford a distancia de ataque.
No es improvisación: es secuenciación.
Caracas reacciona; Washington escalona. Caracas niega; Washington condiciona. Caracas denuncia; Washington amenaza y abre la puerta al mismo tiempo.
Esa asimetría no es accidental: es estructural.
El pasillo sin salida del narcorrégimen
El presidente Trump usa un lenguaje que parece simple, pero está cargado de estrategia: “Maduro puede escoger el camino fácil o el difícil.”
En términos de teoría de juegos secuenciales, Estados Unidos movió primero al violar el equilibrio previo enviando activos militares mayores. Caracas reaccionó de forma obligada —discurso duro, rechazo frontal— porque no puede mostrarse débil ante su propia base ni ante sus padrinos en Moscú o Teherán.
Pero ese movimiento reactivo ata sus manos para la siguiente fase.
En este escenario, Maduro tiene tres opciones posibles:
Escalar militarmente (imposible sin suicidio político)
Negociar (admitiendo debilidad interna)
Ganar tiempo (que solo devuelve al nodo inicial, pero en peor posición)
La retroinducción —el método de leer el juego desde el final hacia el inicio— revela algo incómodo:
Todas las rutas llevan al mismo desenlace: pérdida de poder para el régimen. Lo único que cambia es el costo.
No es que Washington haya encerrado a Maduro. Es Maduro quien se dejó rodear siguiendo el guion de su propia narrativa.
La estructura profunda del conflicto: quién define la realidad
La semiótica ayuda a entender lo que la política oculta bajo discursos.
Este no es un conflicto entre dos países.
Este es un conflicto entre dos cuadrantes de significado:
Control vs. Descontrol
Legitimidad vs. Ilegitimidad
Estados Unidos reclama el control de la seguridad hemisférica y la legitimidad del orden internacional. Venezuela intenta sostener un relato de soberanía, pero lo hace desde una posición semántica debilitada: un país que niega elecciones, alberga redes de tráfico ilícito y depende militarmente de potencias externas ya no define su propia historia. La narrativa de Caracas ya no organiza el mundo: solo reacciona ante él.
Por eso la acusación de “colonialismo” suena hueca. No porque el Caribe no tenga memoria de imperios, sino porque el narcorrégimen de Maduro no tiene cómo sostener el rol del antiimperio cuando sus aliados son precisamente potencias extrarregionales.
En el cuadrado semiologico, Venezuela quedó atrapada en el polo del colapso ilegítimo. Y Washington se autoasignó el polo del control legítimo.
La gramática del conflicto ya está escrita.
La conclusión que nadie quiere decir en voz alta
En la superficie, Venezuela y Estados Unidos discuten por declaraciones, advertencias aéreas y movimientos de flotas. Pero en el fondo, el conflicto es más simple y decisivo:
Maduro actúa para no perder lo que ya perdió. Trump opera para recuperar lo que Estados Unidos dejó escapar.
Ambos avanzan hacia un punto de choque, pero solo uno define el ritmo. Y en este juego secuencial, cuando un actor controla las fases y el otro solo reacciona, el desenlace rara vez es simétrico.
El Caribe, una vez más, es el tablero donde se mide el pulso del poder global. No porque Washington quiera demostrar fuerza, sino porque durante demasiado tiempo permitió que otros la ocuparan en su lugar.
Y en política internacional, los vacíos no se discuten: se llenan.
“En una guerra en las sombras, el ocultamiento es una forma de poder y la información se convierte en un arma. Si distorsionas la percepción de la realidad de tu enemigo, puedes manipularlo para que cometa errores estratégicos que pueden ser explotados para alcanzar la victoria. También es una gran defensa”.
Sean McFate
En el siglo XXI, el crimen organizado ha traspasado las fronteras del bajo mundo. En Venezuela se ha institucionalizado, asumiendo el ropaje de ministerios, uniformes y embajadas. Lo que en México o Colombia se presenta como cárteles que corrompen al Estado, en Caracas se ha convertido en algo más inquietante: un Estado que es el cártel.
Este fenómeno desafía no solo la política exterior de los países democráticos, sino el concepto mismo de soberanía. En teoría, un Estado existe para imponer la ley; en la práctica venezolana, la ley se convierte en una coartada para proteger el comercio ilícito de drogas, oro, petróleo y minerales. En su cadena de valor participan desde los más altos miembros del Poder Ejecutivo, oficiales de las Fuerzas Armadas hasta funcionarios del Servicio Exterior, financiando la corrupción y honorarios con los beneficios del contrabando.
La ventaja competitiva del crimen de Estado
El régimen de Maduro ha logrado algo paradójico y arriesgadamente eficaz: fusionar los activos de un Estado soberano con la acción criminal de un cártel transnacional. Esta combinación genera una ventaja tan peligrosa como competitiva que, una vez consolidada, resulta muy difícil de desmontar.
Tres pilares sostienen esta ventaja. Primero, el control sobre recursos críticos —petróleo, minerales, oro y rutas ilícitas— que garantiza un flujo constante de ingresos independiente de mercados legales o auditorías transparentes. Segundo, la infraestructura operativa —puertos, aeropuertos y fuerzas de seguridad— controlada por quienes se benefician directamente de su uso ilícito. Y tercero, la legitimidad formal —un reconocimiento parcial por parte de la comunidad internacional— que actúa como escudo frente a sanciones y aislamiento total.
Esta triple integración constituye su cadena de valor criminal, en la que cada eslabón refuerza a los demás: los ingresos financian la represión; la represión protege la infraestructura y la legitimidad compra tiempo para mantener el sistema intacto.
Por qué las prácticas estándar fracasan
Enfrentar a un Estado de este tipo equivale a intentar competir con un monopolio estatal: las reglas del mercado ya no sirven. La aplicación de la ley, por sí sola, no basta para erosionar su ventaja; solo una intervención externa decisiva puede hacerlo.
El manual tradicional contra el crimen organizado —operativos locales, reformas judiciales o sanciones económicas— resulta inútil frente a un Estado criminal-terrorista global en el que desapareció por completo la independencia de poderes. Primero, porque no puede sustituir la plataforma estatal que respalda la red ilícita. Segundo, porque no modifica los incentivos de los patrocinadores extranjeros que lo sostienen. Y tercero, porque la cúpula del régimen siempre encuentra la manera de redirigir y adaptar sus operaciones. En síntesis: no hablamos de una red criminal dentro del Estado. El Estado mismo es la red criminal
La estrategia: un cerco de valor
Desmontar la ventaja de un Estado criminal exige una respuesta tan integrada como el problema: una estrategia que golpee de manera simultánea los tres pilares que lo sostienen.
Interrupción de recursos clave
Bloqueo marítimo y cibernético de las rutas de exportación ilícitas.
Ataques tecnológicos de precisión contra nodos estratégicos: minas ilegales, laboratorios y centros de acopio.
Debilitamiento de la estructura interna
Compra de lealtades dentro del círculo de poder para fracturar la cadena de mando.
Programas de protección y reubicación que incentiven a los insiders a colaborar.
Aislamiento geopolítico
Negociación directa con Rusia y China para reducir su respaldo, a cambio de concesiones en otros escenarios estratégicos.
Incorporación de aliados regionales como Argentina y Ecuador, entre otros, en tareas de inteligencia y logística.
En síntesis, la fortaleza del régimen radica en su integración; la estrategia debe centrarse en su desintegración. Solo al romper los vínculos entre recursos, infraestructura y legitimidad, el Estado criminal perderá su monopolio sobre el poder y, con él, la inmunidad que le ha permitido sobrevivir.
El cambio en la estrategia estadounidense
Durante años, Washington trató a Venezuela como una dictadura más, sujeta a sanciones económicas y aislamiento diplomático. El resultado fue predecible: el régimen se adaptó, diversificó sus rutas ilícitas y se atrincheró con apoyo externo.
La administración actual ha aprendido de esos fracasos. El despliegue naval y aéreo en el Caribe no es un gesto simbólico: forma parte de un plan para cercar, cortar y asfixiar. Este enfoque busca interrumpir el flujo de recursos ilícitos, desestabilizar la estructura interna mediante la compra de lealtades y aislar geopolíticamente al régimen negociando directamente con sus patrocinadores.
En 2020, la administración Trump desplegó también fuerzas militares en el Caribe Sur para reforzar la lucha antidrogas dentro de su política de “máxima presión”. Aunque los cárteles aún no eran catalogados como organizaciones criminales globales, la operación buscaba interceptar rutas marítimas y aéreas usadas por el narcotráfico desde Venezuela y México hacia Estados Unidos. El dispositivo incluyó destructores, guardacostas, buques de combate litoral, aviones P-8, submarinos, inteligencia y cooperación con países aliados como Colombia y Países Bajos, otorgando a Estados Unidos una capacidad inédita de patrullaje, monitoreo e interdicción en la región.
En 2025, la lucha antidrogas se entrelaza con el paradigma antiterrorista, abriendo paso a operaciones extraterritoriales de alta tecnología cuyo objetivo ya no es solo interceptar rutas, sino desmantelar y neutralizar de manera definitiva a los cárteles catalogados como organización terrorista global.
Las piezas que faltan
Ningún plan contra una organización criminal de Estado puede ser unilateral. Las rutas marítimas requieren vigilancia regional, así como la presión diplomática necesita coaliciones. De ahí el interés en sumar a países como Argentina o Ecuador, que ya han manifestado su disposición a cooperar.
El verdadero punto de inflexión no se juega solo en Suramérica, sino también en Moscú y Pekín. Venezuela no es vital para Rusia ni para China, pero sí es útil como carta de negociación. En una cumbre, entregar a Maduro podría intercambiarse por concesiones en Ucrania, Siria (base naval) o incluso en el Ártico (explotación). No se trata de una maniobra puntual en el Caribe, sino de una partida estratégica a escala global.
La neutralización del Estado-cártel
En conclusión, la solución no pasa únicamente por sanciones o presiones diplomáticas, sino por la neutralización definitiva del Cártel de los Soles y de su jefe, Nicolás Maduro. La estrategia estadounidense también apunta a desvincular al régimen de los apoyos de Moscú y Pekín, cerrando las rutas financieras y militares que han permitido su supervivencia. Sin esa red externa de protección, la cúpula del Estado criminal pierde su escudo geopolítico y queda expuesta a la acción directa.
Los cabecillas de esta organización terrorista global —identificados como una amenaza inmediata para la seguridad nacional de Estados Unidos— serán objeto de operaciones específicas de desmantelamiento y captura. El mensaje es claro: frente a un Estado convertido en cártel, la única respuesta posible es su desarticulación total y la anulación de sus líderes, para restaurar la seguridad hemisférica y frenar la expansión del crimen como forma de gobierno.
Por Antonio de la Cruz
“Hemos cerrado un ciclo negativo. La apertura petrolera fue el intento de quitarle definitivamente a los venezolanos su riqueza natural más poderosa, más grande”.
Hugo Chávez, Primero de Mayo, 2007
Cómo los Contratos de Participación Productiva (CPP) desmantelan “la soberanía petrolera” de Chávez
En síntesis
El problema
Bajo la fachada de atraer inversión extranjera y esquivar sanciones, el régimen de Nicolás Maduro ha desplegado una estrategia elemental: firmar Contratos de Participación Productiva (CPP), al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, y la Ley Orgánica de Hidrocarburos sancionada en 2001. Esta medida otorga a operadores privados control total de los activos petroleros. Una maniobra sin precedentes desde la nacionalización del crudo en 1976 y menos desde 2007, cuando por orden de Hugo Chávez se transfirió el control de las asociaciones estratégicas a empresas mixtas en las que el Estado, a través de Pdvsa, tendría la mayoría accionaria.
El impacto
Los CPP no solo desvían las ganancias de la nación hacia redes paralelas de poder, sino que suprimen la estructura legal construida para salvaguardar el recurso estratégico del país. Maduro está erosionando por dentro la arquitectura institucional del chavismo fundacional y sustituyéndola por una red de contratos opacos que financian la represión y el clientelismo.
La respuesta
Para restaurar la legitimidad institucional, Venezuela necesita una auditoría independiente de todos los CPP, la derogación de la Ley Antibloqueo y una reforma legal transparente que reestructure la industria, sin privatizaciones encubiertas.
¿Privatización o captura institucional?
En regímenes autoritarios, las amenazas a la democracia no suelen llegar con tanques, sino con contratos —un proceso gradual y sutil de debilitamiento de las instituciones y las normas políticas—. Este es el caso del país bolivariano. Mientras el mundo pone su atención en las recientes elecciones, las sanciones o los crímenes de lesa humanidad, Nicolás Maduro ha accionado un mecanismo seudolegal sigiloso, pero devastador: los Contratos de Participación Productiva.
El régimen presenta estos contratos como una solución pragmática ante el colapso productivo y las sanciones económicas. Pero la realidad es otra. Se trata de un mecanismo que deja a Pdvsa sin funciones operativas al entregar los campos petroleros y gasíferos a actores privados con 100% de control, y canalizar las rentas hacia estructuras de poder que no rinden cuentas a nadie.
De Chávez a Maduro: el cambio del modelo
En 2001, Hugo Chávez promulgó la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) para reafirmar el control del Estado sobre el petróleo. En ella se establece que:
La propiedad de los hidrocarburos es del Estado hasta el punto de venta.
La participación privada está limitada al 49%, siempre subordinada a Pdvsa.
Toda empresa mixta debe pasar por aprobación parlamentaria.
Dos décadas después, Maduro ha dinamitado esa arquitectura institucional desde adentro. En 2020, impuso la Ley Antibloqueo —aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (2017-2020)—, una norma de excepción que le permitiría firmar contratos sin aprobación legislativa, sin transparencia y sin límite en la participación privada.
CPP: contratos sin república
Los Contratos de Participación Productiva que se rigen por la Ley Antibloqueo tienen las siguientes características:
Otorgan 100% de la operación y control del campo al privado.
El Estado transfiere parte del petróleo en el punto de fiscalización, sin comercialización pública.
La empresa recibe hasta 65% del valor neto del crudo producido.
No existen licitaciones públicas ni control parlamentario.
La siguiente tabla resume el cambio estructural que implican los CPP:
Criterio
Ley de Hidrocarburos (2001)
Contratos CPP (Ley Antibloqueo 2020)
Propiedad del recurso
Del Estado hasta la venta comercial
Transferida parcialmente en punto fiscal
Participación privada
Máximo 49%, en empresas mixtas
Hasta 100%, sin empresa mixta
Control operativo
PDVSA o filiales estatales
Operación 100% privada
Transparencia
Requiere aprobación parlamentaria
Confidencialidad total. Opaca.
Uso de la renta
Desarrollo nacional
Sostenimiento del régimen autoritario
¿Dónde está Pdvsa?
El modelo CPP vacía de contenido a la empresa nacional. Pdvsa no actúa como operadora, ni siquiera como accionista relevante. Se convierte en una fachada burocrática, mientras las empresas privadas —muchas sin trayectoria conocida— se apoderan de los activos productivos. Estos contratos desplazan incluso a las «empresas mixtas», figura establecida en la Ley Orgánica de Hidrocarburos como mecanismo legal de participación privada.
Esta privatización funcional, disfrazada de «alianza estratégica», evade deliberadamente la legalidad venezolana y convierte al Estado en arrendador de sí mismo, sin herramientas para supervisar, intervenir o renegociar.
Una economía sin soberanía
Según los flujos de caja estimados por los propios promotores del modelo, el Estado podría recibir entre 40% y 65% de la renta del proyecto. Sin embargo, la distribución real es opaca y sin auditoría. Lo que sí se conoce —por informes independientes y filtraciones— es que los recursos generados por los CPP no se destinan al presupuesto nacional, el principal instrumento de la política pública, sino a:
Pagos en divisas a las Fuerzas Armadas.
Financiamiento de aparatos de inteligencia y represión.
Esquemas de importación paralela, corrupción.
Lavado de activos a través de criptomonedas y paraísos fiscales.
Este no es un modelo de recuperación económica. Es una máquina de extracción de rentas destinada a perpetuar el poder de la organización criminal en Miraflores.
¿Y los inversionistas?
Para los actores privados, los CPP ofrecen acceso a reservas con alto potencial a cambio de alto riesgo. Pero el incentivo económico viene acompañado de un marco jurídico frágil, expuesto a:
Impugnación en un cercano proceso de transición democrática.
Nulidad por inconstitucionalidad (al violar la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Constitución de 1999).
Posibles sanciones internacionales si se prueba connivencia con corrupción o financiamiento de redes represivas.
En otras palabras: alta rentabilidad a corto plazo, pero riesgo existencial a mediano plazo.
Un régimen sin reforma, pero con contratos
A diferencia de reformas legales en otros países —como la apertura petrolera en México o Brasil—, el modelo CPP no responde a un debate nacional ni a un nuevo pacto constitucional. No hay discusión pública ni objetivos estratégicos claros. Solo hay necesidad desesperada de divisas y control del poder.
Esto no es una transformación institucional, sino su negación sistemática. El madurismo desmantela los frenos y contrapesos republicanos mientras simula normalidad con contratos privados.
Recomendaciones estratégicas
Auditoría urgente: Una comisión técnica internacional debería revisar la legalidad y condiciones de todos los contratos firmados bajo la Ley Antibloqueo.
Derogación legislativa: La Ley Antibloqueo debe ser invalidada por violar principios fundamentales del derecho público y constitucional de Venezuela.
Reforma con legitimidad: Un nuevo marco legal es necesario para modernizar la industria de los hidrocarburos con transparencia, soberanía y sostenibilidad fiscal.
Reinstitucionalizar Pdvsa: La empresa debe recuperar su rol técnico y estratégico, y no ser una simple vitrina para operaciones privadas.
Conclusión: un país vendido en silencio
Los CPP no son solo un problema económico. Son en definitiva una amenaza a la soberanía nacional. Maduro está entregando el petróleo porque necesita dólares para sostener un sistema que ya no puede mantenerse por sí solo.
Esta es la verdadera arma secreta de Maduro: una red de contratos opacos que sustituye las leyes, socava las instituciones y destruye el pacto social desde dentro. Barril por barril, se entrega el país, traicionando el legado de Hugo Chávez: la defensa intransigente de la “soberanía petrolera” como columna vertebral de la nación.
“Si hay alguna institución que se haya adecuado y haya avanzado en el proceso revolucionario del bolivarianismo del siglo XXI es la FANB”
Vladimir Padrino López
Una de las tragedias más siniestras de América Latina —y Venezuela es hoy su expresión más desoladora— es la conversión de la Fuerza Armada en castas políticas al servicio del poder y no de la nación. Nada degrada más a una República que la politización de los cuarteles. Es la historia de cómo los ejércitos, antaño formados para defender la soberanía y el orden constitucional, acaban rindiendo sus galones al caudillo de turno, no por lealtad, sino por miedo, conveniencia o simple servilismo.
En Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dejó escapar recientemente —como quien revela una culpa que ha querido esconder durante años— una frase que sintetiza esta tragedia: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya no es un cuerpo profesional al servicio del país, sino un instrumento domesticado por el poder madurista —“ha sabido amoldarse adecuadamente a los cambios que la revolución bolivariana ha exigido”, el Estado mafioso—. Lo dijo sin querer, en un discurso acalorado. Pero en el desliz se revela la verdad que el régimen de Nicolás Maduro ha intentado sepultar bajo toneladas de propaganda: que la FANB ha sido instrumentalizada, corrompida y dividida.
Una institución rota por dentro
Pocos conocen con precisión las grietas internas del estamento militar venezolano. Según la organización Foro Penal, de los 920 presos políticos registrados en el país, 169 son militares. Han sido encarcelados por el simple hecho de pensar distinto, o de no plegarse ciegamente a la maquinaria de represión del régimen. Estos números, presentes de forma constante durante la última década, son la prueba más clara de que aún quedan militares fieles a sus principios. Bajo la superficie de la obediencia forzada, sobrevive un sustrato institucional que observa con alarma cómo la institución que juraron defender se ha convertido en algo ajeno e irreconocible.
Porque el madurismo, como todo régimen autoritario y criminal, que desconfía del profesionalismo, ha preferido el método cubano: convertir a los servicios de inteligencia en cancerberos de los cuarteles, instaurar la sospecha como doctrina de mando y repartir privilegios no por méritos sino por lealtad partidista. El G2 cubano —símbolo de la vigilancia estalinista que sobrevive en el Caribe— ha sido importado a Venezuela como guía y perro guardián.
Un ejército sin alma
Así, la FANB ha dejado de ser un ejército. Es, en el mejor de los casos, una suma de grupos desarticulados, de generales en pugna por negocios ilícitos, de facciones con lealtades cruzadas. Y en el peor, una maquinaria represiva al servicio de un Estado mafioso en decadencia. El Ejército ha sido despojado de doctrina; la Armada, relegada a funciones logísticas; la Aviación, invisible. Y la Guardia Nacional, reconvertida en policía política, no responde a una sola cadena de mando, sino a disputas internas que se resuelven no en los salones del Ministerio de Defensa, sino en los pasillos del Palacio de Miraflores.
¿Quién manda hoy sobre la FANB? La respuesta es tan compleja como inquietante. Maduro tiene al ministro de la Defensa, Padrino López, pero Diosdado Cabello tiene a su propio grupo. Se aferra a la Guardia Nacional como último bastión de su menguante poder. Los cubanos vigilan, pero no mandan. Y los hermanos Rodríguez, con su astucia palaciega, mueven hilos civiles con ecos militares. Es un ejército sin alma, dividido, vigilado, corrompido. Y en esa fractura, en esa ausencia de una jefatura clara y profesional, se encierra una bomba de tiempo.
La decadencia que precede al colapso
Toda dictadura prolongada termina convirtiendo a sus ejércitos en custodios de su propia decadencia. En lugar de ser garantía de la democracia, las Fuerzas Armadas se convierten en su verdugo. Pero también —y esto la historia lo ha demostrado una y otra vez— en su posibilidad de redención. Porque cuando los militares recuerdan que su deber no es con una organización criminal ni con un hombre ni un partido, sino con la Constitución, entonces se abren las compuertas del cambio.
Venezuela vive hoy bajo un régimen mafioso que ya no gobierna: administra el miedo, reparte silencios, vigila a sus propios centuriones. Y sin embargo, en esa misma FANB rota, vigilada, politizada, persiste un germen de dignidad. Esos militares institucionales, silenciosos, apartados, excluidos de las orgias del poder, son los que quizás —cuando llegue el momento— impedirán que el país se hunda del todo en la barbarie.
La pregunta, en todo caso, no es si los cuarteles despertarán. Es si lo harán a tiempo.
Por Antonio de la Cruz
Durante años, el régimen venezolano ha querido vender la narrativa de que China es un socio estratégico en expansión, un respaldo geopolítico que asegura su permanencia en el poder. Pero esa visión no resiste el más mínimo contraste con la realidad. La relación entre China y Venezuela no está en expansión. Está en liquidación controlada, con pérdidas en ambos lados y un balance final que deja a Caracas sin influencia, sin crédito y sin prioridad.
El comercio bilateral se desplomó
Entre 2012 y 2023, el intercambio comercial entre China y Venezuela cayó más de 85%. De superar los 20.000 millones de dólares anuales, hoy no alcanza los 3.000 millones. Según la Administración General de Aduanas de China, Venezuela exportó apenas 1.271 millones de dólares a ese país en 2023, mientras que naciones como Brasil y Perú exportaron más de 91.000 millones y 23.500 millones, respectivamente1/
Venezuela representa hoy menos del 0,1% del comercio total chino. No hay ni expansión ni diversificación. Solo una caída sostenida y acelerada.
Fin del crédito chino
China no ha otorgado nuevos préstamos soberanos a Venezuela desde 2016. Entre 2007 y 2016, Pekín prestó más de 62.000 millones de dólares a través de mecanismos opacos de deuda por petróleo 2/. La mayoría de esos préstamos ya fueron impagados, renegociados o se mantienen en la sombra. No hay nuevos desembolsos. No hay confianza. Solo cobros en crudo con descuento como forma discreta de cerrar un expediente fallido.
Producción petrolera estancada
La participación de China en la producción petrolera venezolana tampoco respalda la narrativa de una relación en expansión. A través de empresas mixtas como Sinovensa y Petrozumano, donde posee el 40% de participación, China alcanzó un pico de 172.000 barriles diarios (b/d) en 2016. En 2017 cayó a 132.000 b/d, y desde 2018 se mantiene estancada en un promedio anual de 100.000 b/d 3/.
Eso significa que el flujo neto para China es de apenas 40.000 b/d, una cifra insignificante para un país que consume más de 14 millones de b/d. Sin reinversión, sin seguridad jurídica y con una infraestructura colapsada, el interés de CNPC y otras empresas se limita a intentar recuperar parte de lo hundido.
Sin proyectos nuevos, sin presencia estratégica
Desde hace al menos 8 años, no se registra un solo megaproyecto nuevo en infraestructura o energía financiado por China en Venezuela. Las promesas de Chávez y Maduro quedaron en maquetas o esqueletos de concreto abandonados: el tren del Tuy, la refinería de Cabruta, el bloque Junín 1 en la Faja. Incluso empresas chinas como ZTE o Citic Construction han reducido drásticamente su presencia en el país. Hasta los tradicionales restaurantes chinos en Venezuela han cerrado sus puertas o pasado a manos de venezolanos
Pekín dialoga con Washington, no con Caracas
La prueba final del desinterés chino está en la diplomacia. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Pekín ha optado por conversar directamente con Washington sobre temas energéticos y de estabilidad hemisférica. Venezuela no es prioridad. Es un lastre incómodo del que China quiere salir sin perder la cara.
Cerrando una mala apuesta
China ya no apuesta por el chavismo. Le prestó dinero, le vendió tecnología, participó en proyectos petroleros y ganó contratos, sí. Pero la experiencia fue fallida. Venezuela se convirtió en un socio insolvente, riesgoso, corrupto y opaco. Lo que queda no es una relación estratégica, sino una liquidación silenciosa de activos tóxicos. Para China, el chavismo es una historia cerrada.
La narrativa del régimen se sostiene en el humo del pasado. El presente es otro: Pekín mira hacia otros mercados. Venezuela ya no está en su mapa de expansión, sino en su archivo de pérdidas.
Notas al pie
General Administration of Customs of the People’s Republic of China, datos de comercio exterior 2023; UN Comtrade Database; Observatorio de Complejidad Económica (OEC).
China-Latin America Finance Database, Inter-American Dialogue, actualización 2024.
“A medida que Estados Unidos y China profundizan su rivalidad geopolítica, la asimetría de sus enfoques estratégicos amenaza con fragmentar el sistema global y obliga a las potencias intermedias a redefinir su papel”.
La confrontación actual entre Estados Unidos y China no es simplemente una guerra comercial, ni una escaramuza diplomática pasajera. Es una lucha estructural y prolongada entre dos actores globales que no solo compiten entre sí, sino que operan bajo lógicas estratégicas fundamentalmente distintas. No se trata de tácticas o disputas aisladas sobre aranceles o tecnología, sino de una profunda asimetría en la percepción del poder, del tiempo, de la legitimidad y de la arquitectura del orden internacional.
Washington juega en un tablero abierto y plural. Su estrategia es fluida, reactiva y a menudo limitada por ciclos electorales y presiones mediáticas. El poder se mide en incrementos trimestrales: crecimiento económico, creación de empleo, rendimiento bursátil y primacía tecnológica. Para Estados Unidos, la dominación se ejerce a través de instituciones, alianzas y reglas de mercado —o mediante la capacidad de reescribir esas reglas cuando ya no les son útiles—.
China, por el contrario, despliega una estrategia de largo plazo sobre un tablero centralizado y civilizacional. Concibe el poder como un proceso continuo, cimentado en agravios históricos, continuidad ideológica y una paciencia estructural. Pekín no depende de validación electoral ni de instituciones abiertas. Su fortaleza no se basa en el crecimiento económico inmediato, sino en la resiliencia estructural, la cohesión social bajo control estatal y la acumulación paulatina de influencia en sectores clave a nivel global.
El contraste no podría ser más marcado. Washington percibe la determinación de Pekín como una amenaza expansiva y desestabilizadora. Desde la perspectiva china, las medidas de contención —aranceles, sanciones tecnológicas y pactos militares— son síntomas de una hegemonía en declive que se aferra a un orden global en retroceso.
Esta disonancia estratégica alimenta un ciclo de percepciones erróneas y respuestas escalonadas, reforzando la convicción en ambos lados de que el conflicto no solo es probable, sino inevitable.
Esta dinámica refleja lo que el historiador griego Tucídides identificó como una trampa estructural: “Cuando una potencia en ascenso amenaza con desplazar a una potencia gobernante, la tensión estructural resultante hace que el choque violento sea la regla, no la excepción”. Lejos de ser una simple analogía histórica, esta trampa sugiere que el riesgo de conflicto entre Pekín y Washington es elevado, especialmente si no se establecen mecanismos de contención creíbles y sostenido.
La trampa de la percepción estratégica
Esto no es una reedición de la Guerra Fría. El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética se estructuraba en torno a bloques ideológicos y líneas rojas militarmente disuasivas, sostenidas por la amenaza nuclear. La competencia actual con China es más compleja: combina una interdependencia económica significativa con una acelerada bifurcación tecnológica en sectores críticos como semiconductores, inteligencia artificial y redes 5G. Este desacoplamiento no es solo económico; tiene implicaciones geoestratégicas profundas, con ambos bloques construyendo cadenas de suministro paralelas, infraestructuras digitales autónomas y alianzas militares que reflejan visiones antagónicas del orden global. A diferencia de Japón en los años ochenta, Pekín no busca acomodo dentro del sistema liderado por Occidente. Está diseñando uno alternativo, con sus propias reglas, instituciones y esferas de influencia.
El giro de China del lema «reforma y apertura” (Deng Xiaoping ) hacia «autosuficiencia y trabajo duro” (Xi Jinping) marca un proceso deliberado de desvinculación de la interdependencia económica con Occidente. Esta transformación no es retórica. Incluye fuertes inversiones en capacidad tecnológica interna, minerales estratégicos, cadenas de suministro para la defensa y lealtad política. La diplomacia de Xi hacia aliados tradicionales de Washington —desde Europa hasta el sureste asiático— no busca integrarse, sino fragmentar las coaliciones de contención que la contrarrestan.
Mientras tanto, la imposición y suspensión selectiva de aranceles por parte de la administración Trump forma parte de una narrativa más amplia de «nacionalismo económico» revestido con retórica de reciprocidad. El mensaje al mundo es claro: Estados Unidos ya no seguirá actuando con las reglas de la globalización si estas limitan su capacidad de actuar unilateralmente. Pero esta postura también conlleva riesgos: invita a represalias, malentendidos y una deriva hacia una diplomacia transaccional entre aliados que antes compartían normas comunes.
Potencias intermedias en la encrucijada
En este panorama fragmentado, potencias intermedias como la Unión Europea y los países de América Latina no son espectadores pasivos. Están siendo arrastrados hacia una polarización que no buscaron y que deben navegar sin sacrificar su soberanía.
Para América Latina, el desafío es evitar alineamientos binarios. El valor geopolítico de la región reside en su capacidad para diversificar alianzas sin comprometer su autonomía en energía, infraestructura y gobernanza digital. Caer en la dicotomía Estados Unidos-China reduciría al continente a una zona de influencia —una condición que ha sufrido históricamente y que hoy debe rechazar con claridad—.
Para la Unión Europea, los riesgos son aún mayores. Bruselas debe transformar su retórica declarativa de «autonomía estratégica» en una doctrina concreta. La dependencia de las garantías de seguridad estadounidenses y de las cadenas de suministro chinas ha dejado al continente expuesto a la volatilidad de ambos frentes.
Una estrategia verdaderamente multipolar —que incluya política industrial activa, revisión de inversiones estratégicas y modernización de la defensa— es esencial no solo para la relevancia europea, sino para la estabilidad del orden liberal en su conjunto.
Conclusión: la confrontación que redibuja el orden mundial
El mundo no está simplemente asistiendo a una transferencia de poder entre dos superpotencias; presencia un choque profundo entre visiones irreconciliables de cómo debe organizarse el sistema internacional. Estados Unidos y China no solo compiten: operan bajo lógicas estratégicas, marcos normativos y objetivos finales que no pueden coexistir sin fricción constante. Esa asimetría es lo que hace que esta confrontación sea especialmente propensa a la escalada: no existe un marco común de entendimiento, ni canales previsibles de disuasión, ni mecanismos compartidos para gestionar la tensión.
La próxima década pondrá en tensión no solo la solidez del poder económico, militar y tecnológico de Washington y Pekín, sino también la capacidad del resto del mundo para no ser arrastrado a una espiral de polarización estructural. La rivalidad entre Trump y Xi es más que una pugna bilateral: es un proceso de reconfiguración sistémica que amenaza con fragmentar cadenas de suministro, bloquear instituciones multilaterales y erosionar principios fundamentales del derecho internacional.
En ese contexto, el nuevo orden global no dependerá exclusivamente de quién imponga su fuerza, sino de quién logre reinterpretar las reglas de coexistencia entre modelos civilizatorios divergentes. Las potencias intermedias —desde India hasta Brasil, desde la Unión Europea hasta Indonesia— ya no son solo espectadores o mediadores: se convierten en actores estratégicos cuya arquitectura de alianzas, marcos regulatorios y apuestas tecnológicas moldearán la dirección del siglo XXI.
Si este conflicto se intensifica sin mecanismos de contención podría desembocar en una confrontación abierta y prolongada con consecuencias impredecibles para la humanidad. No se trata solo de comercio, influencia o seguridad: está en juego la forma misma en que las naciones coexistirán —o colapsarán juntas— en una era de interdependencia vulnerable.
Por Antonio de la Cruz
En el laberinto de contradicciones que sostiene al régimen venezolano, las salidas se van cerrando una a una. El cerco diplomático, económico y legal que enfrenta Nicolás Maduro ya no es retórico: es operativo, silencioso y, en muchos frentes, eficaz. Lejos de la propaganda oficial, lo que ocurre hoy en Venezuela y su entorno no es la prolongación de una dictadura resistente, sino el reflejo de un poder que cede ante la presión y sin soluciones a corto plazo.
La investigación de la Fiscalía chilena ha establecido que la organización criminal conocida como el Tren de Aragua —surgida en Venezuela bajo el amparo de autoridades regionales chavistas— ha operado en el extranjero con instrucciones directas desde la cúpula que tiene secuestrado el país. En concreto, se acusa a Diosdado Cabello de haber ordenado el asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda en Santiago de Chile. Esta vinculación directa entre el crimen organizado y las más altas esferas del cabello-madurismo deja al descubierto una verdad que muchos gobiernos ya habían intuido: el régimen no solo maneja la criminalidad, sino que la utiliza como instrumento de control y expansión.
A esta evidencia se suma un fenómeno de enorme impacto regional: la migración venezolana. Millones de ciudadanos huyen de la miseria y de la represión, y algunos terminan atrapados en redes de tráfico de personas controladas por las mismas estructuras criminales ligadas al cabello-madurismo. No es un fenómeno aislado, sino una consecuencia lógica de un Estado mafioso, colapsado.
El resultado es devastador: miles de venezolanos endeudados por el viaje al Norte y vulnerables, mientras en Washington crece la narrativa que asocia esta migración con riesgos de seguridad nacional.
En este contexto, la empresa Chevron logró una prórroga hasta el 27 de mayo para la liquidación de sus operaciones en Venezuela gracias al lobby petrolero que apeló al pragmatismo político de Washington. Sin embargo, esta continuidad no significa un salvavidas para el régimen, sino una nueva forma de condicionamiento. Estados Unidos está exigiendo, a cambio de cada permiso comercial, concesiones concretas por parte de Maduro: aceptar vuelos de deportación de migrantes, limitar ingresos por exportación de crudo y someter su comercio a fiscalización.
El golpe más reciente no viene desde América, sino desde Asia. Las llamadas “refinerías cafeteras” chinas y la india Reliance, que negocian petróleo venezolano a precios con descuento, han detenido sus compras para abril ante la amenaza del nuevo arancel estadounidense de 25% a los productos de esos países. El mensaje es claro: quien mantenga relaciones con el régimen bolivariano se verá obligado a pagar aranceles en todas sus transacciones comerciales con Estados Unidos a partir del 2 de abril. Y el efecto ya se nota.
Mientras tanto, Rusia —uno de los principales aliados de Maduro en los últimos años— atraviesa un nuevo capítulo en sus negociaciones con Ucrania, facilitadas por Estados Unidos. Para Moscú, Maduro ya no es un aliado prioritario, sino un problema menor en una partida más grande. La pérdida de respaldo de Putin debilita aún más la ya erosionada posición internacional del régimen.
Todo esto ocurre mientras en Venezuela sigue ignorándose la voluntad popular. El 28 de julio de 2024, los venezolanos votaron masivamente por un cambio de gobierno. Pero Maduro, desconociendo ese resultado, permanece atrincherado en el Palacio de Miraflores.
La comunidad internacional, aunque no actúe siempre con celeridad, ha comenzado a responder con inteligencia. No se trata de sanciones abstractas, sino de medidas concretas que exponen las contradicciones del régimen y obligan a tomar decisiones incómodas. Maduro cede porque ya no tiene margen. Acepta condiciones que antes rechazaba. Recibe vuelos que prometió no aceptar. Depende de aliados que ya no garantizan lealtad.
El poder del chavismo-madurismo, que durante años se sostuvo en la narrativa del antiimperialismo y el control territorial, enfrenta ahora una dinámica diferente: una red de presiones que no hace ruido, pero es constante. El desgaste no es inmediato, pero es irreversible.
Y en el centro de todo, la verdad más simple: el pueblo venezolano ya decidió. Lo hizo en las urnas, con claridad. Lo demás es ocupación del poder. Y cada día, mantenerla cuesta más.
Por Antonio de la Cruz
«La democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las demás que han sido probadas« Winston Churchill
Hace ochenta años, cuando Europa emergía de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, los líderes aliados se reunieron en Yalta para trazar el mapa del nuevo orden global. El mundo quedó dividido entre la esfera soviética y el bloque occidental, un antagonismo que definiría la Guerra Fría. Hoy, ese mapa se está borrando y redibujando tantas veces que las líneas de conflicto ya no son ideológicas, sino algo más ambiguo: la lucha entre el autoritarismo populista y las democracias liberales.
Muy parecido al análisis que harían Max Weber (1864-1920) y Ernesto Laclau (1935-2014) de este momento. Weber, con su teoría sobre la burocracia y los tipos de dominación, nos recordaría que los populismos contemporáneos –desde Trump hasta Putin– han encontrado en la emoción y el carisma la clave para erosionar las instituciones democráticas. Laclau, por otro lado, nos diría que el populismo no es solo una estrategia de poder, sino una forma de articular demandas insatisfechas en torno a un “significante vacío”: un concepto flexible que puede unir a sectores sociales diversos bajo una narrativa común.
Tomemos a Vladimir Putin y Donald Trump como ejemplos. Aunque uno gobierna con mano de hierro en Moscú y el otro intentó desmantelar el sistema desde Washington, ambos comparten una estrategia común: desafiar el orden liberal y sustituirlo con un modelo en el que la política se basa en la lealtad personal, el desprecio por la burocracia y la movilización de un “pueblo” contra una “élite corrupta”. En el lenguaje de Weber, esto es la transición de una dominación legal-racional (basada en instituciones y reglas) hacia una dominación carismática (basada en la figura del líder como salvador).
Pero el populismo no se limita a la derecha. En América Latina, el chavismo en Venezuela usó la misma lógica que está empleando Trump 2.0: convirtió la democracia en un vehículo para instalar un poder absoluto. Laclau describiría esto como la construcción de una cadena de equivalencias, donde diversas demandas populares –económicas, identitarias, políticas– se agrupan bajo un solo enemigo: el imperialismo, la oligarquía o, en el caso de Trump, el “Estado profundo”.
Venezuela es el caso más ilustrativo de este choque global. Hugo Chávez supo articular el descontento social con una narrativa populista que le permitió consolidar el poder y, a la vez, integrarse en el bloque geopolítico de Rusia, China e Irán. En su momento, esta alianza se justificó en la retórica del antiimperialismo, pero hoy en día, sin una ideología comunista clara, lo que une a estos regímenes es el pragmatismo autoritario: una lógica en la que el poder se conserva a toda costa y la democracia es solo un obstáculo en el camino.
Aquí es donde Weber haría su advertencia: los regímenes autoritarios no solo sobreviven por el carisma de sus líderes, sino porque construyen burocracias eficientes para el control del poder. La maquinaria del Estado chavista-madurista, con su aparato militar y su red de inteligencia dirigida por Cuba, no es solo un capricho ideológico, sino una estructura racionalizada para sostener el régimen. Venezuela, en este sentido, no es un problema solo venezolano; es un nodo dentro de un sistema global de regímenes que han aprendido a gobernar con las reglas de la democracia para destruirla desde adentro.
Entonces, ¿qué significa esto para el mundo democrático? Si la Guerra Fría nos enseñó que el comunismo no era eterno, hoy deberíamos entender que el populismo autoritario tampoco lo es. Pero para combatirlo se necesita más que indignación: se requiere la construcción de un nuevo proyecto hegemónico. Laclau argumentaba que toda lucha política es una batalla por la hegemonía, es decir, por la capacidad de definir qué es el bien común. En Venezuela, por ejemplo, María Corina Machado ha sido el intento más serio de constituir una alternativa democrática que no solo se base en el rechazo al cabello-madurismo, sino en la articulación de una identidad popular que pueda competir con el relato autoritario.
Pero este desafío no es exclusivo de América Latina. En Estados Unidos, Europa y otras democracias, el populismo sigue erosionando instituciones y normas con la promesa de una política más “directa” y menos burocrática. Sin embargo, si algo nos enseña Weber es que la estabilidad de la democracia no puede depender del carisma de un líder, sino de la fortaleza de sus instituciones. Y si algo nos ilustra Laclau es que la democracia no puede ser solo una estructura vacía; debe ser un proyecto que movilice, emocione y ofrezca un horizonte de futuro.
El mundo necesita reconstruir su mapa político luego de 34 años del fin de la confrontación ideológica. No es suficiente con resistir el populismo autoritario; es necesario articular una visión democrática que inspire y convoque. Sin ello, la historia nos enseña que el vacío será llenado por quienes mejor sepan explotar el miedo y la incertidumbre.
El reto es claro: o redibujamos el mapa los demócratas o lo harán los autócratas.
Por Antonio de la Cruz
“En política exterior, Trump es libre de intentar rehacer el mundo, y Estados Unidos podría sufrir una desastrosa pérdida de influencia a manos de China y Rusia antes de que alguien pueda detenerlo”.
The Economist
Las transformaciones geopolíticas, después de la Segunda Guerra Mundial, solían gestarse a fuego lento, con negociaciones interminables y un complejo juego de presiones y contrapesos. Sin embargo, en apenas una semana, la relación entre Estados Unidos, Rusia y Europa ha cambiado de forma tan abrupta que el equilibrio del poder global podría reconfigurarse para las próximas décadas. Lo que comenzó con una llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, el pasado 12 de febrero, ha desembocado en una negociación en Riad que ha dejado en el aire la estabilidad de Europa y el destino de Ucrania.
El mensaje de Washington ha sido inequívoco: la prioridad ya no es contener a Rusia, sino restablecer una relación pragmática con el gobierno de ese país. La rehabilitación de Putin en la escena internacional ha sido rápida y sin concesiones. Tras tres años de aislamiento por la invasión a Ucrania, el Kremlin vuelve a la mesa de negociación sin haber retrocedido un solo centímetro en el terreno ocupado. Más aún, las señales provenientes de la Casa Blanca apuntan a que el apoyo incondicional a Kiev ha terminado. Además, la entrada de Ucrania a la OTAN ha sido descartada, la financiación militar estadounidense ha sido reducida drásticamente y la paz pareciera estar sujeta a la premisa de que Kiev deberá ceder territorio.
Al encuentro en Riad asistieron, por parte de la administración estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio; el director del Consejo de Seguridad Nacional, Mike Walz, y el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff; y en representación del Kremlin el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov y los asesores de Vladimir Putin, Yuri Ushakov y Kiril Dmítriev. No hubo nadie del gobierno de Ucrania ni de sus aliados europeos, lo que de cierta manera consolida esta nueva realidad. Algo que en otro momento habría parecido impensable —la exclusión de Europa en la resolución de un conflicto en su propio territorio— es ahora un hecho consumado. La Casa Blanca otorga importantes concesiones a Putin sin exigir garantías tangibles a cambio. Si la meta es alcanzar una paz negociada, la ejecución resulta, en el mejor de los casos, errática y, en el peor, una rendición estratégica.
El impacto ha sido inmediato. Europa, que durante ocho décadas se ha apoyado en la seguridad proporcionada por Estados Unidos, ahora se encuentra en una encrucijada.
En la Conferencia de Seguridad de Múnich, dos días después de la llamada entre Trump y Putin, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dejó claro que Washington espera que Europa aprenda a defenderse por sí sola. Francia y Alemania han comenzado a discutir un refuerzo militar conjunto, conscientes de que la era del paraguas de seguridad estadounidense está llegando a su fin. En Bruselas, el temor no es solo el debilitamiento de la OTAN, sino su irrelevancia en un futuro donde Estados Unidos y Rusia podrían redefinir las reglas sin contar con el Viejo Continente.
Mientras tanto, Ucrania se encuentra ante una encrucijada inaceptable: optar por un acuerdo desfavorable o prolongar el conflicto con la esperanza de que un cambio en la dinámica internacional rompa su aislamiento diplomático. La primera opción significaría una derrota estratégica, mientras que la segunda implicaría el riesgo de una escalada. Moscú, con una diplomacia afinada tras décadas de confrontación con Occidente, ha sabido aprovechar la coyuntura. En contraste con el equipo de Trump, formado por negociadores con escaso margen de maniobra, el Kremlin ha logrado avanzar con base en sus intereses sin ceder nada a cambio.
El riesgo de esta estrategia no reside únicamente en lo que implica para Ucrania, sino también en el precedente que establece para otros actores en el escenario global. Si Washington se doblega ante Moscú sin asegurar compromisos ni concesiones, ¿qué evitará que China adopte una postura más agresiva respecto a Taiwán? ¿Qué mensaje se transmite a Irán o a Corea del Norte sobre la efectividad de la presión militar? El equilibrio de poder se fundamenta en la credibilidad y la coherencia, y en este caso, Estados Unidos ha comprometido ambas.
Rusia ha tomado la delantera en la primera ronda. Queda por ver si Washington se da cuenta a tiempo, antes de que Moscú consolide completamente su posición. Solo detendrá la invasión si se llega a un acuerdo favorable que incluya la reducción de la presencia militar de la OTAN en Europa, concesiones territoriales por parte de Ucrania y el cese del apoyo militar occidental a Kiev.
Un mundo en el que las potencias no garantizan la seguridad de sus aliados sobre la base de derechos y normas no es únicamente más peligroso, sino que también significa que el orden global, tal como lo conocemos, se reconfigura sin que Occidente disponga de la última palabra.
