Morfema Press

Es lo que es

DBuford

Por Leonardo Coutinho

El atentado contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, en Bogotá, representa mucho más que un intento de asesinato. Forma parte de un conjunto de actos violentos que no se aplican solo a Colombia.

Se trata de una señal clara y alarmante de que el crimen organizado no se conforma con solo corromper instituciones. Estas organizaciones no renuncian a ejercer su poder de voto a través del plomo.

La violencia contra los políticos no es aleatoria: es selectiva, estratégica y tiene como objetivo condicionar el sistema político según los intereses de las redes criminales. Utilizan la corrupción, la infiltración, el terrorismo y los asesinatos selectivos. Quien no puede ser cooptado tiene su destino marcado.

El caso de Uribe, que es un precandidato de derecha a la presidencia de Colombia, nos remite inevitablemente al atentado a Jair Bolsonaro en 2018.

Aunque envuelto en controversias sobre la motivación del intento de asesinato, el episodio evidenció la fragilidad de las instituciones ante actos violentos con repercusiones políticas inmediatas. Como mínimo, reveló cuánto la inestabilidad y el miedo pueden ser explotados electoralmente.

Aunque oficialmente el agresor haya actuado solo, hay señales que sugieren una red de protección al criminal, como una defensa pagada por anónimos y una capacidad logística utilizada por el criminal que no coincidía con sus condiciones financieras.

En Brasil, el ejemplo paradigmático de esta articulación entre crimen y política fue protagonizado por el PCC. En 2002 y, sobre todo, en 2006, en plena carrera electoral, la facción organizó olas de ataques que paralizaron São Paulo.

La primera vez, planearon volar la Bolsa de Valores de São Paulo con un coche bomba. Las interceptaciones telefónicas permitieron a los policías no solo frustrar el atentado, sino también comprender los objetivos. El PCC tenía candidatos favoritos y quería interferir sobre todo en las elecciones estatales de ese año.

En 2006, el PCC paralizó São Paulo. A través de cientos de actos de terrorismo, la organización se enfrentó al Estado con el objetivo de minar la confianza en los candidatos del PSDB, José Serra, que disputaba el gobierno de São Paulo, y Geraldo Alckmin, que se presentaba a la presidencia de la República.

Lejos de ser acciones caóticas, se trataba de movimientos racionales, con objetivos políticos: presionar por beneficios carcelarios, probar la capacidad de reacción del Estado y, principalmente, interferir en la percepción del elector sobre la seguridad pública. El voto, en este contexto, se convierte en una respuesta condicionada al miedo.

América Latina: entre crimen y poder político

En Ecuador, la ejecución del candidato Fernando Villavicencio en 2023 fue un acto ejemplar, en su peor sentido. Él se atrevió a denunciar el narcotráfico y su infiltración en el Estado y pagó con su vida. El asesinato no solo silenció su voz crítica, sino que intimidó a otros posibles liderazgos. El poder del voto del crimen es multiplicador.

América Latina vive una convergencia perversa entre crimen, terrorismo y política. El expresidente Álvaro Uribe (que a pesar del apellido común, no tiene relación de parentesco) sobrevivió a casi cuatro decenas de intentos de asesinato perpetrados por narcotraficantes o guerrilleros.

En México, donde los cárteles controlan porciones enteras del país, las elecciones se han convertido en una temporada de caza de candidatos. Solo en 2021, al menos 34 fueron asesinados. El Salvador, Guatemala y Honduras están marcados por la infiltración de pandillas en las estructuras políticas locales, ya sea por cooptación o por eliminación física de adversarios.

Geopolíticamente, la situación es aún más delicada. El fortalecimiento de grupos criminales transnacionales –como el propio PCC y los cárteles mexicanos– los ha conectado con organizaciones terroristas, como Hezbolá, y mafias de Europa, África y Asia. Estas organizaciones se complementan ofreciéndose mutuamente las piezas que faltan para el funcionamiento más eficiente de sus empresas criminales.

Cuanto más frágil es la gobernanza, más fácilmente el crimen llena el vacío institucional, ofreciendo «protección» y servicios básicos, y luego exigiendo fidelidad política.

La frontera entre criminalidad, insurgencia y control de las instituciones del Estado desaparece.

El punto central es que el crimen organizado ya no actúa solo en los márgenes del sistema político. Lo habita, lo influencia y, a veces, lo determina. Cuando elige silenciar candidatos con disparos o cooptar partidos con dinero sucio, está votando y, muchas veces, decidiendo con más eficacia que el ciudadano común. El «voto del crimen» es más pesado que el de cualquier ciudadano.

Ignorar este fenómeno es abrir espacio para que se normalice. Es urgente que las democracias, sobre todo las más jóvenes y vulnerables, construyan mecanismos eficaces de protección a candidatos, blindaje institucional contra la corrupción y, sobre todo, garanticen que el proceso electoral sea expresión de la voluntad popular, no del terror o del soborno.

El atentado contra Miguel Uribe no es un punto fuera de la curva. Es parte de un patrón ascendente que desafía los límites de la democracia e impone una pregunta incómoda: ¿quién, al final, está eligiendo a nuestros líderes en América Latina? ¿La voluntad del elector o, cada vez más, la de los criminales?

Leonardo Coutinho escribe semanalmente, desde Washington, D.C

Tras los masivos ataques israelíes contra instalaciones nucleares iraníes, Hezbolá ha advertido sobre una grave escalada regional que “cruza todas las líneas rojas”, pero ha dejado claro que, por el momento, no tiene intención de abrir un nuevo frente de guerra contra Israel.

En un comunicado difundido este viernes, el grupo chiita respaldado por Irán calificó la ofensiva israelí como una “escalada flagrante” realizada “con pleno respaldo y protección de Estados Unidos”, y aseguró que se mantiene en máxima alerta.

“Hezbolá está comprometido con el acuerdo de alto al fuego, aunque Israel no ha respetado dicho compromiso durante el período reciente”, señaló un vocero del grupo. “Continúa matando, asesinando y atacando zonas, incluyendo incursiones en aldeas fronterizas y manteniéndose en los cinco puntos”.

El grupo también defendió el programa nuclear de Irán, asegurando que tiene fines pacíficos y energéticos, y elogió la “máxima moderación” mostrada por Teherán. “Este ataque no debilitará a Irán, sino que fortalecerá su determinación de defender su soberanía y seguridad”, afirmó el comunicado.

La posición de Hezbolá cobra especial relevancia en un momento en que el ejército israelí ha movilizado reservistas para reforzar sus defensas en todo el país, especialmente en la frontera norte. Según informes internacionales, más de 200 aviones de combate israelíes, junto a drones, participaron en los bombardeos que afectaron alrededor de 100 sitios iraníes, incluyendo la instalación nuclear de Natanz.

Sin embargo, fuentes citadas por Reuters indican que Hezbolá “no iniciará un ataque propio contra Israel en represalia por el bombardeo”, reflejando el desgaste que ha sufrido el grupo desde el inicio de la guerra en Gaza y los enfrentamientos previos en el sur del Líbano.

Mientras tanto, los hutíes de Yemen, también aliados de Irán, se mantienen como el actor más activo en esta confrontación, lanzando misiles balísticos contra Israel. En respuesta, la aviación israelí ha ejecutado bombardeos periódicos sobre Yemen, incluyendo ataques al aeropuerto internacional de Saná.

A medida que aumentan las tensiones, y con Irán reafirmando que continuará su programa de enriquecimiento de uranio, los analistas advierten sobre el riesgo de una nueva guerra regional multifrontal, similar a la que estalló en el primer año del conflicto con Hamas en Gaza.

Vía The Economist

Israel y Estados Unidos ofrecen una dura elección: rendirse o colapsar

Ali Jamenei, el líder supremo de Irán, prometió que Israel enfrentaría un «castigo severo «. Pero su primer intento por imponerlo apenas fue una molestia . El viernes por la mañana, Irán lanzó alrededor de 100 drones explosivos contra Israel (algunos fueron desplegados desde Irak para acortar su tiempo de vuelo). Esta fue la respuesta inicial de Irán a una oleada de ataques aéreos israelíes que desmantelaron sus defensas aéreas, dañaron su planta de enriquecimiento nuclear en Natanz y decapitaron a su ejército.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) inicialmente indicaron a los ciudadanos que permanecieran cerca de los refugios antiaéreos. Parecía una repetición de abril de 2024, cuando Irán envió una oleada similar de drones de baja velocidad hacia Israel. En aquel entonces, también añadió decenas de misiles de crucero y balísticos, que vuelan mucho más rápido; todos estaban programados para impactar simultáneamente. Este ataque estratificado pretendía desbordar las defensas aéreas israelíes.

Sin embargo, esta vez no hubo misiles. Las Fuerzas de Defensa de Israel levantaron la orden de confinamiento alrededor de las 11 de la mañana y afirmaron haber interceptado todos los drones, la mayoría sobre el espacio aéreo sirio y jordano. No se reportaron heridos ni daños en Israel. La primera ronda había terminado.

No será el último . Israel ha prometido nuevas oleadas de ataques durante «tantos días como sean necesarios «, en palabras de Binyamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Rafael Grossi, director de la agencia nuclear de la ONU, dijo después del ataque inicial que la instalación de Natanz había sido «impactada» y que no se reportaron daños en la planta de enriquecimiento de Irán en Fordow ni en su instalación de procesamiento de uranio en Isfahán. Ambas están presumiblemente en la lista de objetivos de Israel. Una segunda ronda de ataques el viernes por la tarde golpeó Shiraz, Tabriz y otras ciudades. Aunque Israel insiste en que su objetivo es paralizar el programa nuclear de Irán, su verdadero objetivo parece ser desestabilizar la república islámica.

Irán querrá contraatacar, tanto para vengar a un régimen humillado como para obligar a Israel a detenerse . Sin embargo, tiene pocas opciones válidas. Si su respuesta es demasiado débil, no disuadirá a Israel; si es demasiado fuerte, podría arrastrar a Estados Unidos a la guerra . Eso solo agravaría la amenaza para el régimen, que no se ha visto tan vulnerable desde la década de 1980, cuando libró una larga guerra contra el Irak de Saddam Hussein.

La opción menos arriesgada es llevar a cabo nuevos ataques con misiles y drones. Puede que las Fuerzas de Defensa de Israel hayan repelido el primer ataque iraní, pero su suerte —y su suministro de interceptores— no durará eternamente. Irán puede intentar debilitar sus defensas. Si dispara suficientes misiles contra suficientes objetivos, algunos lo conseguirán.
Sin embargo, la República Islámica se enfrentará a su propio desgaste . Los drones son abundantes, pero fáciles de repeler. Sin embargo, el arsenal iraní, de unos 3.000 misiles balísticos, no puede reemplazarse rápidamente (y no todos tienen el alcance suficiente para alcanzar Israel). Solo pueden lanzarse desde un número limitado de depósitos fijos y lanzadores móviles.

La primera ronda de ataques israelíes parece haber causado daños en dichas instalaciones. También mató al general Amir Ali Hajizadeh, el principal misilista del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Esto podría explicar por qué Irán no lanzó ningún misil en su primera represalia.

En años anteriores, Irán no habría dependido únicamente de su fuerza de misiles. Su primera línea de defensa eran sus aliados árabes . El más formidable de ellos era Hizbulá , la milicia y partido político chií libanés que poseía un enorme arsenal en la frontera norte de Israel. Pero Hizbulá se vio debilitado por un año de guerra con Israel, en el que sus líderes fueron asesinados y muchos de sus depósitos de misiles destruidos, un anticipo del plan de batalla de Israel en Irán.

El grupo probablemente aún conserva algunos misiles guiados en su arsenal. Sin embargo, usarlos sería políticamente peligroso. El Líbano lucha por reconstruirse; pocas personas, incluyendo a los propios chiítas de Hizbulá, quieren verse arrastradas a otro conflicto por Irán. Algunos miembros de Hizbulá aún están resentidos por la apatía de Irán tras el asesinato de su líder, Hassan Nasrallah, por parte de Israel, el año pasado. Un comunicado emitido el viernes por la tarde expresó su solidaridad con Irán, pero no mencionó ninguna acción militar: pensamientos y oraciones, no amenazas.

Irán tampoco puede depender de Hamás , el grupo palestino, devastado por 20 meses de guerra en Gaza. Esto lo deja dependiente de aliados más lejanos. Los hutíes en Yemen seguirán lanzando misiles y drones contra Israel, como lo han hecho desde octubre de 2023. Las milicias en Irak podrían hacer lo mismo. Pero sus arsenales probablemente sean demasiado limitados para causar daños graves.

La limitada capacidad de Irán para contraatacar a Israel podría obligarlo a contemplar una opción más arriesgada: ampliar la guerra. Podría atacar objetivos estadounidenses en Oriente Medio, en un intento de asustar a Donald Trump , con la esperanza de que esto lo lleve a contener a Israel. A principios de esta semana, Estados Unidos retiró a algunos diplomáticos de su embajada en Bagdad, que ha sido un blanco frecuente de las milicias respaldadas por Irán. Sin embargo, esta estrategia podría fácilmente ser contraproducente. Si un Trump indignado ordenara sus propios ataques contra Irán, la fuerza aérea estadounidense podría causar incluso más daño que la israelí.

En lugar de atacar directamente a Estados Unidos, Irán podría apuntar a sus aliados en el Golfo, por ejemplo, utilizando a sus representantes para atacar campos petrolíferos en Arabia Saudita , como lo hizo en 2019, u objetivos en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), como lo hizo en 2022. Eso haría que los precios del petróleo se dispararan. Los mercados financieros están preocupados por esta posibilidad y han impulsado el precio del petróleo hasta en un 13%, a más de 70 dólares por barril. En este escenario, el Sr. Trump sentiría presión tanto de los monarcas del Golfo, con quienes tiene una cálida relación, como de los estadounidenses enojados por el encarecimiento de la gasolina. El temor a tal escenario llevó a los estados del Golfo a buscar un acercamiento de años con Irán, su enemigo de larga data. Se apresuraron a denunciar los ataques israelíes (Arabia Saudita los calificó de «atroces»). Aun así, esta es una opción de ruptura para Irán. Envenenaría las relaciones con sus vecinos y podría terminar arrastrando también a Estados Unidos a la guerra.

Si le cree al Sr. Trump, Irán tiene otra opción: podría negociar . En una publicación en redes sociales el viernes, el presidente estadounidense lamentó que dos meses de conversaciones no hubieran logrado alcanzar un nuevo pacto nuclear que reemplazara el que abandonó en 2018. «Le di a Irán una oportunidad tras otra para llegar a un acuerdo», escribió. El presidente advirtió que la próxima ronda de ataques israelíes sería «aún más brutal» e instó a Irán a negociar un acuerdo «antes de que no quede nada». Sus comentarios sugieren una especie de rutina de policía bueno y policía malo con Binyamin Netanyahu, el primer ministro israelí. Añaden peso a la teoría de que Estados Unidos no solo conocía el plan de Israel de antemano (lo cual ciertamente sabía), sino que lo aprobó.

Durante años, el Sr. Jamenei siguió una estrategia a menudo descrita como «ni guerra ni paz «. Mantuvo un conflicto perpetuo con Israel y Estados Unidos, pero en gran medida lo mantuvo alejado de las fronteras de Irán . Ahora la guerra ha llegado a casa, y sus enemigos intentan obligarlo a tomar una decisión: si su régimen no se rinde ante Estados Unidos, se arriesga a un esfuerzo sostenido de Israel para derrocarlo.

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) ha lanzado hoy un contundente recordatorio sobre la alarmante situación de derechos humanos en Venezuela y la investigación en curso de la Corte Penal Internacional (CPI).

La organización ha enfatizado que las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles sistemáticos constituyen crímenes de lesa humanidad.

En un mensaje difundido a través de su plataforma X, PROVEA subrayó que Venezuela está bajo investigación en la CPI precisamente por estos graves crímenes. La Fiscalía de la CPI ha señalado explícitamente que estos hechos habrían sido ejecutados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, altas autoridades civiles y colectivos.

Este recordatorio por parte de PROVEA busca mantener la atención sobre la urgencia de la justicia y la rendición de cuentas para las víctimas en Venezuela. La investigación de la CPI representa una vía crucial para que se determinen responsabilidades individuales por las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que han sido documentadas por diversas organizaciones a nivel nacional e internacional.

PROVEA reitera su llamado a la comunidad internacional a no desviar la mirada y a seguir apoyando los mecanismos de justicia que buscan garantizar los derechos de los venezolanos. La organización continuará documentando y denunciando estos crímenes, instando a las autoridades a cooperar plenamente con la Fiscalía de la CPI.

El reciente aumento de tensiones y el potencial conflicto entre Israel e Irán generan preocupación en los mercados energéticos globales, especialmente respecto a las exportaciones de petróleo iraní, uno de los principales suministros energéticos para China.

Irán, a pesar de las sanciones internacionales, ha mantenido durante los últimos años una estrecha relación comercial con China, que absorbe cerca del 91% de su producción exportada de crudo. Según datos recientes, las exportaciones iraníes a China promedian alrededor de 1.4 millones de barriles diarios, representando una parte significativa del abastecimiento energético chino.

En 2023, las importaciones de crudo iraní representaron aproximadamente el 10% del total de las compras de petróleo de China, consolidando a Irán como el cuarto mayor proveedor de crudo para el gigante asiático, detrás de Rusia, Arabia Saudita e Irak. Debido a las sanciones internacionales, gran parte del crudo iraní llega a China mediante prácticas de reetiquetado y transferencias en alta mar, lo que ha permitido mantener el flujo comercial a pesar de las restricciones.

Un conflicto abierto podría afectar la infraestructura logística y las rutas marítimas en el Golfo Pérsico, aumentando la volatilidad y el riesgo para las operaciones comerciales. Esta situación pondría en jaque no solo la capacidad de Irán para exportar su crudo, sino también la seguridad energética de China, que depende en gran medida de ese suministro.

Analistas señalan que cualquier interrupción significativa en el flujo de petróleo iraní obligaría a China a buscar fuentes alternativas, provocando ajustes en los precios internacionales y tensiones geopolíticas adicionales en la región. La dependencia china de Irán subraya la vulnerabilidad de su estrategia energética ante conflictos externos.

En resumen, mientras el mundo observa el desarrollo del conflicto Israel-Irán, China emerge como el principal afectado potencial debido a sus altas importaciones de crudo iraní. La estabilidad en la región es clave para garantizar la continuidad del abastecimiento energético y la estabilidad del mercado global.

Vía WLRN

Venezuela sigue firmemente bajo el control de una dictadura socialista. Pero la popular líder de la oposición espera acelerar la caída del régimen, en parte vendiendo el gran potencial capitalista de Venezuela.

María Corina Machado se esconde del régimen venezolano. Pero el jueves por la mañana apareció en una videoconferencia de Zoom, organizada por la Americas Society/Council of the Americas, promocionando un importante plan económico para la Venezuela posdictadura.

Machado dijo que el programa, que incluye la privatización de las reservas petroleras estatales de Venezuela —las más grandes del mundo— podría traer 1,7 billones de dólares en inversión extranjera al país para 2040. Y enfatizó que la diáspora venezolana, la mayoría de la cual vive en el sur de Florida, será clave.

Refiriéndose a las innumerables acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero y otras que enfrentan los líderes venezolanos en países como Estados Unidos, Machado declaró que “transformaremos a Venezuela del centro criminal de las Américas al centro energético de las Américas…

Nuestro mayor activo son los 8 millones de venezolanos en el exterior, listos para regresar, invertir y reconstruir.

El problema, como la propia Machado reconoció, es que el dictador venezolano Nicolás Maduro —que robó las elecciones presidenciales del año pasado después de que los recuentos de votos mostraran que perdió por una abrumadora mayoría frente al candidato opositor Edmundo González— sigue atrincherado en el poder.

Los analistas venezolanos dijeron a WLRN que uno de los objetivos de la visión económica de Machado, además de establecer una hoja de ruta para rescatar al país de su crisis humanitaria (la peor en la historia moderna de América del Sur), es motivar a los potenciales inversores estadounidenses, europeos y otros para que presionen al presidente Donald Trump para que ejerza más presión sobre Maduro para que renuncie.

“El régimen es más vulnerable que nunca”, argumentó Machado durante su presentación en AS/COA. “El sistema se está derrumbando… un barco que se hunde”.

Machado afirma que la participación electoral en las elecciones regionales de Venezuela el mes pasado, que la mayor parte de la oposición boicoteó, fue inferior al 15%, lo que ella describió como un desafío masivo al régimen.

Mientras tanto, Trump volvió a endurecer recientemente las sanciones petroleras contra Venezuela.

Aún así, no está claro cuán vulnerable es realmente el régimen de Maduro.

De cualquier manera, Machado y otros defensores venezolanos afirmaron que su plan económico podría elevar la desplomada producción de crudo de Venezuela de menos de un millón de barriles diarios actualmente a 4,7 millones en 15 años, generando ingresos por 420.000 millones de dólares. Insisten en que podría más que triplicar el PIB del país, de poco más de 100.000 millones de dólares actuales a 350.000 millones de dólares para 2040.

Es importante, añaden, que se busque reducir la dependencia históricamente onerosa de Venezuela del petróleo y promover sectores largamente desatendidos, como el turismo, la agricultura y la tecnología.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este viernes a las autoridades iraníes a llegar a un nuevo acuerdo nuclear, advirtiendo que deben hacerlo “antes de que no quede nada” y que aún están a tiempo de “salvar lo que una vez fue conocido como el Imperio Persa”.

El llamado de Trump se produce pocas horas después de una serie de ataques aéreos lanzados por Israel contra objetivos en Irán, en una operación que, según Tel Aviv, apuntó directamente al programa nuclear de Teherán. La administración estadounidense confirmó haber sido informada previamente de la ofensiva, aunque aseguró no haber participado en ella.

Medios iraníes informaron que las explosiones alcanzaron la capital, Teherán, así como la ciudad de Natanz, que alberga una de las instalaciones nucleares más sensibles del país. No obstante, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) indicó que el sitio nuclear de Isfahan no sufrió daños y que no se ha detectado un aumento de los niveles de radiación en Natanz.

Desde su red Truth Social, Trump manifestó: “Le di a Irán oportunidad tras oportunidad para hacer un trato”, y agregó: “Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar del mundo, por mucho. Israel tiene mucho de ese equipo, y mucho más por venir. Y saben cómo usarlo”.

En una escalada de tensiones, medios estatales iraníes reportaron la muerte del comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), Hossein Salam, durante los bombardeos. Por su parte, el Ministerio de Defensa israelí afirmó que la mayoría de la cúpula del IRGC fue eliminada en la operación, aunque estos datos no han podido ser verificados de forma independiente.

Trump advirtió que las circunstancias “solo empeorarán” si no se alcanza un acuerdo, pero insistió en que “aún se puede evitar más derramamiento de sangre”.

Acuerdo nuclear en suspenso

Desde su retorno a la Casa Blanca a principios de año, el presidente Trump ha mantenido una posición firme a favor de negociar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní, luego de que durante su primer mandato retirara a EE.UU. del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), imponiendo duras sanciones económicas a Teherán.

Aunque está previsto un nuevo ciclo de negociaciones entre ambos países este domingo en Omán, medios iraníes citan a funcionarios que aseguran que no asistirán, acusando a Washington de no respetar su derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos.

Líderes internacionales han llamado a la contención ante el riesgo de una escalada mayor en el conflicto entre Irán e Israel, dos potencias regionales enfrentadas cuya rivalidad amenaza con desestabilizar aún más al Medio Oriente, una zona clave para el suministro global de petróleo.

Los mercados financieros ya reaccionan con nerviosismo ante la posibilidad de una guerra regional, con alzas en los precios del crudo y caídas en las bolsas internacionales.

En medio del creciente interés ciudadano por las operaciones de empresas petroleras extranjeras en Venezuela, muchas voces se preguntan: ¿quién decide realmente en esas compañías? ¿Son estatales, privadas, o una mezcla? ¿Responden a intereses nacionales, financieros, o políticos?

Esta nota busca aclarar esas dudas con información clara sobre las cinco principales empresas energéticas europeas con vínculos activos o recientes con el país: ENI (Italia), Repsol (España), Maurel & Prom (Francia), TotalEnergies (Francia) y Equinor (Noruega).

1. ENI – Una petrolera italiana con alma estatal

ENI es una de las mayores empresas energéticas de Europa y mantiene operaciones activas en Venezuela, como el proyecto gasífero costa afuera Cardón IV. Aunque cotiza en bolsa, el Estado italiano posee cerca del 30% de las acciones y, por ley, tiene poder de veto en decisiones estratégicas. Es decir, el gobierno italiano influye directamente en las decisiones clave de la empresa, especialmente cuando se trata de inversiones internacionales sensibles.

2. Repsol – Una multinacional española bajo lógica de mercado

Repsol es una empresa totalmente privada, cotiza en la bolsa de Madrid y no tiene participación estatal directa. Sus decisiones las toma una junta directiva elegida por accionistas, entre los que destacan fondos de inversión globales como BlackRock y Vanguard. La empresa actúa bajo criterios financieros: rentabilidad, riesgo y reputación internacional. En Venezuela es socia en varios proyectos con PDVSA, pero mantiene un bajo perfil desde hace años.

3. Maurel & Prom – Francesa en apariencia, asiática en el fondo

Aunque es una empresa francesa y cotiza en la bolsa de París, Maurel & Prom está controlada en un 71% por Pertamina, la petrolera estatal de Indonesia. Esto significa que las decisiones estratégicas no se toman en París, sino en Yakarta. Su reciente acercamiento a Venezuela no responde a políticas europeas, sino a los intereses del gobierno indonesio a través de su brazo corporativo.

4. TotalEnergies – El gigante francés de capital privado

TotalEnergies es una de las petroleras más grandes del mundo. Al igual que Repsol, es una empresa privada que responde a sus accionistas, mayoritariamente fondos de inversión internacionales. El Estado francés no tiene participación directa. Salió oficialmente de Venezuela en 2021, pero sigue figurando como referencia técnica en la región.

5. Equinor – Noruega marca el rumbo

Equinor es una empresa mixta: el Estado noruego es dueño de más del 67%, aunque también cotiza en bolsa. A diferencia de otros países, la gestión noruega combina eficiencia corporativa con fuerte control público, lo que asegura que sus decisiones internacionales estén alineadas con la política energética nacional y altos estándares de transparencia. Su actividad en Venezuela ha sido limitada en los últimos años, especialmente en exploración de gas.

Resumen morfema.press

¿Qué significa que una empresa cotiza en bolsa?

Cuando decimos que una empresa “cotiza en bolsa” significa que sus acciones pueden comprarse y venderse públicamente en mercados financieros como la Bolsa de Nueva York (NYSE), la Bolsa de Madrid o Euronext París. Es decir, cualquier persona o fondo de inversión puede convertirse en accionista de esa empresa comprando acciones en el mercado.

¿Por qué lo hacen? ¿Es una forma de financiarse?

Sí. Cotizar en bolsa es una forma de financiamiento. Las empresas venden parte de su propiedad (acciones) al público para obtener recursos que pueden usar para:

  • Invertir en nuevos proyectos (por ejemplo, exploración de petróleo)
  • Comprar otras compañías
  • Cancelar deudas
  • Financiar investigación o infraestructura

En vez de pedir prestado al banco, venden acciones y se capitalizan. Esto les permite crecer más rápido, pero también las somete a mayor escrutinio.

¿Cotizar en bolsa obliga a ser más transparente?

Absolutamente. Las empresas que cotizan en bolsa están obligadas por ley a:

  • Publicar sus resultados financieros trimestralmente y anualmente
  • Informar cualquier hecho relevante que pueda afectar el valor de sus acciones (por ejemplo, un contrato en Venezuela, una sanción, una fusión)
  • Permitir auditorías independientes
  • Responder a los accionistas en asambleas y juntas
  • Cumplir normas internacionales de gobierno corporativo y ética empresarial

Esto no significa que sean infalibles ni incorruptibles, pero sí están bajo constante vigilancia de reguladores, inversionistas, medios, analistas y calificadoras de riesgo.

¿Y si el Estado es dueño parcial, como en ENI o Equinor?

Incluso en esos casos, el hecho de cotizar en bolsa impone un mínimo de transparencia y rendición de cuentas. Aunque el Estado tenga mayoría, debe actuar como cualquier otro accionista responsable: explicar sus decisiones, someterlas a votación, y rendir cuentas a los mercados.

Cotizar en bolsa es una forma de obtener dinero, pero a cambio, las empresas se someten a reglas estrictas de transparencia, reporte y control público. En contextos como Venezuela, esto explica por qué muchas de estas empresas europeas avanzan con cautela: cualquier decisión puede tener consecuencias legales, reputacionales o financieras en sus países de origen.

¿Qué significa esto para Venezuela?

Este panorama permite entender que no todas las petroleras extranjeras actúan bajo las mismas reglas. Algunas responden a gobiernos (como ENI, Equinor o Maurel & Prom vía Pertamina), mientras que otras responden a fondos financieros globales (como Repsol y TotalEnergies). Por tanto, las decisiones de inversión en Venezuela no se toman solo con lógica empresarial, sino también política, reputacional y geoestratégica.

Comprender esta estructura es clave para que la ciudadanía, los trabajadores petroleros y los responsables de políticas públicas en Venezuela tengan una visión realista sobre los límites y posibilidades de una reactivación petrolera con participación extranjera.

El pasado 11 de junio, la Unión Europea anunció la inclusión de Venezuela entre las jurisdicciones con alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Aunque la medida no conlleva sanciones directas, sí tiene efectos inmediatos en la operativa financiera internacional del país, afectando tanto al régimen de Nicolás Maduro como al sector privado. Pero más allá de las consecuencias, la pregunta clave es: ¿quién es responsable de esta clasificación?

No es una sorpresa, es el resultado

La decisión de Bruselas no es un acto arbitrario ni un simple gesto diplomático. Es el resultado de una evaluación técnica rigurosa, basada en los criterios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que examina la eficacia de las políticas contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la cooperación internacional.

En el caso de Venezuela, el veredicto fue claro: el país no cumple con los estándares mínimos y muestra un patrón de inacción, encubrimiento y permisividad estructural ante flujos financieros de origen ilícito.

¿Por qué se responsabiliza al régimen?

Porque el lavado de dinero no ocurre en el vacío: requiere una red institucional débil, capturada o complaciente, y eso es precisamente lo que existe hoy en Venezuela.

  1. El Ejecutivo y su opacidad sistémica
    • Bajo el mando de Nicolás Maduro, el Estado ha promovido una economía paralela sustentada en el contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción.
    • Empresas estatales como PDVSA han sido señaladas en múltiples jurisdicciones por operar con estructuras financieras opacas.
  2. Instituciones supervisoras inoperantes
    • La SUDEBAN, encargada de supervisar el sistema financiero, carece de independencia y no investiga operaciones sospechosas vinculadas al poder.
    • La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) no cumple un rol activo en la identificación de flujos ilícitos ni coopera efectivamente con sus pares internacionales.
  3. El Banco Central de Venezuela (BCV)
    • Lejos de ser un garante de la integridad financiera, ha sido instrumentalizado para legalizar operaciones opacas, incluso mediante la emisión de bonos o el uso de criptomonedas sin trazabilidad clara.
  4. La justicia como cómplice
    • No existen investigaciones serias ni condenas ejemplares por lavado de dinero. Las estructuras judiciales han sido utilizadas para proteger a los aliados del régimen y perseguir a adversarios políticos.

Impacto directo: más aislamiento financiero

La decisión de la UE obliga a los bancos europeos a aplicar diligencia reforzada en cualquier operación con Venezuela. Eso significa más obstáculos para transferencias, inversiones, importaciones y alianzas comerciales. Las entidades bancarias evitan el riesgo reputacional y operativo que conlleva trabajar con países incluidos en esta lista.

Para el régimen, esto implica más dificultades para triangular fondos, abrir cuentas en el extranjero o comercializar petróleo. Para los actores privados, incluso aquellos transparentes, se traducirá en costos mayores, rechazos de operaciones y aislamiento financiero injusto.

No es culpa del sector privado

Cabe destacar que el empresariado venezolano —particularmente el independiente— no es responsable de esta situación. Es víctima colateral de un sistema diseñado para privilegiar al capital político y castigar al que intenta sobrevivir con integridad.

El verdadero responsable es el Estado venezolano y su red de instituciones colapsadas, incapaces de garantizar un entorno financiero sano y creíble ante la comunidad internacional.

¿Hay salida?

Sí, pero no sin una transformación institucional profunda. La reinstitucionalización de Venezuela pasa por:

  • Restaurar la independencia de los entes supervisores.
  • Alinear el marco legal con los estándares del GAFI.
  • Sancionar ejemplarmente a los responsables del lavado público y privado.
  • Cooperar de buena fe con organismos multilaterales.

Solo así podrá Venezuela salir de las listas negras y volver a insertarse con normalidad en el sistema financiero internacional.

Ver también:

El Colegio de Médicos del estado Guárico ha alertado sobre un alarmante aumento en los accidentes de tránsito que involucran a motociclistas en la región, a pesar de la falta de estadísticas oficiales.

Según sus registros, más del 80% de los pacientes que ingresan a los centros de salud por esta causa se trasladaban en motocicletas, a menudo circulando sin respetar las señalizaciones viales, reseña Radio Fe y Alegría

El Dr. Douglas González, secretario de Finanzas del Colegio de Médicos de Guárico y especialista en Medicina Vial, señaló que los servicios de Traumatología de los hospitales no cuentan con los materiales necesarios para operar a los pacientes con fracturas. «Vemos un repunte de accidentes de tránsito, especialmente en motorizados. En los servicios de Traumatología, más del 80% son de accidentes de motos», afirmó González.

La escasez de material médico-quirúrgico obliga a los pacientes a buscar fondos por sus propios medios, a través de rifas o la ayuda de vecinos y amigos, para adquirir los insumos necesarios para sus tratamientos y operaciones. «No hay material médico quirúrgico. Desafortunadamente, los pacientes tienen que recurrir a hacer rifas, a vecinos y amigos para poder comprar el material», lamentó el Dr. González, haciendo un llamado al Gobierno para que invierta en salud y prevención.

Jóvenes, los más afectados y el «peregrinar» para la atención médica

Las estadísticas extraoficiales indican que la mayoría de las víctimas de estos accidentes, ya sean heridos leves o graves, son jóvenes menores de 40 años.

Enrique Castro, un joven de 30 años que sufrió una fractura de pierna en un accidente de moto, compartió su experiencia sobre las dificultades que enfrentan los pacientes. Relató que, tras un accidente, los centros de salud solicitan de inmediato exámenes como radiografías, cuyo costo puede oscilar entre 5 y 10 dólares, ya que los servicios gratuitos son inexistentes en San Juan de los Morros.

Una vez diagnosticada una fractura, el camino hacia la operación es largo y costoso. Los exámenes preoperatorios pueden superar los 50 dólares, incluyendo laboratorios (15 dólares), electrocardiogramas (10 dólares) y valoraciones cardiovasculares y pre-anestésicas con especialistas, cuyas consultas pueden sumar hasta 30 dólares.

El costo del material para la operación, como clavos o platinas, varía entre 600 y 1.200 dólares, mientras que los tutores externos pueden llegar a costar entre 1.500 y 3.200 dólares. Castro lamentó que muchos pacientes no pueden afrontar estos gastos, lo que los obliga a regresar a sus hogares sin ser intervenidos, con el riesgo de sufrir discapacidades permanentes.


Cifras nacionales confirman la tendencia

Estos hallazgos en Guárico concuerdan con los datos del Observatorio de Seguridad Vial (OSV) de la ONG Paz Activa, que reportó 127 fallecidos por accidentes de tránsito en Venezuela solo en enero de 2025. El informe del OSV destaca que los motociclistas son consistentemente el grupo más afectado en la categoría de fallecidos en accidentes viales en el país.

El Dr. Douglas González instó a las autoridades a tomar medidas urgentes de prevención en materia de tránsito para frenar esta preocupante situación.

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