Morfema Press

Es lo que es

DBuford

Vía EFE

La ONG venezolana Súmate denunció este viernes que el 52,94 % de los ministerios han usado recursos públicos para promocionar al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que elegirá a los «jefes de comunidad» este sábado.

«Hoy, 26 de agosto, 18 de 34 ministerios (52,94 %) utilizaron recursos públicos a favor de una parcialidad política, prohibido por artículos 14 y 75 de nueva Ley contra la Corrupción, al promover por sus (cuentas) Twitter del PSUV para renovar estructura de bases de jefe de comunidad», escribió la organización en la red social.

Asimismo, indicó que 3 de las 25 alcaldías principales (12 %) de Venezuela, gobernadas por el partido de Gobierno, promovieron por sus páginas web o redes sociales este evento.

En 5 gobernaciones de 19, además de Caracas, también han hecho campaña para estas elecciones internas.

Los portales web y redes sociales de los medios estatales Venezolana de Televisión (VTV), Radio Nacional de Venezuela (RNV) y YVKE Mundial, también fueron utilizados a favor de una parcialidad política, según la evaluación de Súmate.

El lunes, el primer vicepresidente de la formación, Diosdado Cabello, anunció que los militantes están llamados a participar en una elección para escoger a los jefes de las comunidades y sus respectivos equipos de trabajo, una tarea que recaerá en un grupo de representantes del PSUV y no en toda la militancia.

El lunes pasado, el PSUV escogió a 266.927 líderes de calle en lo que fue el comienzo de un proceso de renovación.

Los llamados jefes de calle tienen responsabilidades de movilización política de las comunidades, especialmente con fines electorales, y se encargan de la entrega de beneficios como las bolsas de comida a bajos precios conocidas como CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

Cabello remarcó que entre los jefes de calle escogidos hay personas mayores de 80 años y algunos menores de edad, entre ellos adolescentes de 15 y 16 años.

Vía QTR

A Novak Djokovic, 21 veces campeón de Grand Slam, se le está robando la oportunidad de promover su legado en el mundo del tenis, simplemente porque no está vacunado. Ayer anunció en Twitter que no podría viajar a los EE. UU. para el US Open debido a las restricciones de viaje que exigen la vacunación para ingresar al país.

Mantener a Djokovic fuera de la cancha más de 2 años después del inicio de la pandemia no tiene absolutamente ningún sentido, especialmente porque, como describí en un artículo hace unos días , el CDC ahora ha cambiado sus pautas con respecto a las personas que han estado en contacto con alguien que se ha hecho la prueba. positivo por covid.

Específicamente, los CDC eliminaron los requisitos de cuarentena y distanciamiento social para las personas que han estado en “contacto cercano con una persona infectada”.

“ Los cambios, que se producen más de dos años y medio después del comienzo de la pandemia, están impulsados ​​por el reconocimiento de que aproximadamente el 95 % de los estadounidenses mayores de 16 años han adquirido algún nivel de inmunidad , ya sea por haber sido vacunados o infectados, señaló la agencia. dijeron los funcionarios”.

Greta Massetti, una epidemióloga de los CDC, salió y lo dijo hace dos semanas:

“Sabemos que el Covid-19 llegó para quedarse. Los altos niveles de inmunidad de la población debido a la vacunación y la infección previa, y las muchas herramientas que tenemos disponibles para proteger a las personas de enfermedades graves y la muerte, nos han puesto en un lugar diferente”.


Evitar que una de las verdaderas leyendas del juego tenga la posibilidad de ganar otro título de Grand Slam es tan arrogante como escandaloso. Podría decirse que Djokovic no solo está en la mejor forma que casi nadie en el mundo, sino que los CDC han admitido abiertamente que más del 95% de las personas tienen algún nivel de inmunidad.

Este enfoque en la inmunidad en general, no solo la inmunidad a través de la vacunación, estuvo ausente en los últimos dos años, mientras que compañías como Pfizer vendieron miles de millones de dólares en vacunas. El hecho de que los CDC lo reconozcan ahora, pero no se refleje en la política de viajes, es un error atroz.

Los gobiernos de todo el mundo han acumulado una larga lista de acciones demasiado entusiastas tomadas en los últimos 2 años que la historia no verá con buenos ojos. Impedir que uno de los mejores tenistas del mundo siga compitiendo al más alto nivel será uno de ellos.

Pero lo bueno para Novak es que, pase lo que pase, se lo considerará un líder aún mayor por mantenerse firme en la vacunación que si se hubiera vacunado solo para venir y ganar el título. La mentalidad de tener soberanía sobre el propio cuerpo como lo más importante en la vida muestra precisamente por qué Djokovic tiene la fortaleza mental para seguir compitiendo al más alto nivel. Este video lo deja perfectamente claro:

Justo cuando pensabas que los errores de Covid finalmente estaban pasando a un segundo plano (quizás ahora a causa de la política monetaria o los errores fiscales), nuestras restricciones de viaje permanentes han causado un último perjuicio, no solo a Djokovic y los fanáticos del tenis, sino a toda la historia del deporte y los campeones. que vino antes que él.

Por Antonio María Delgado en El Nuevo Herald

La decisión de una corte estadounidense ordenando a Venezuela a pagar $8,750 millones a ConocoPhillips por los activos que le extraditó el régimen socialista de Caracas le está generando fuertes críticas a la oposición venezolana, en medio de acusaciones de que se quedó dormida en la defensa de los activos venezolanos en el exterior.

La decisión le otorga a la petrolera estadounidense nuevos instrumentos legales para cobrar un fallo previo emitido a su favor por un tribunal de disputas de inversiones internacionales del Banco Mundial y representa un nuevo peligro al control accionario que ejerce el estado venezolano sobre la refinadora estadounidense Citgo, dijeron expertos. La oposición venezolana agrupada bajo el liderazgo de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como el legítimo presidente de Venezuela, actualmente mantiene el control de Citgo y de otros activos en el exterior desde que éstos le fueran arrebatados al régimen de Nicolás Maduro.

Pero la oposición venezolana parece haberse quedado de brazos cruzados ante la disputa legal emprendida por ConocoPhillips que podría quitarle el control de Citgo. “El hecho de que no hayan acudido al juicio es muy grave”, advirtió Miguel Angel Martin, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia nombrado por la propia oposición venezolana. “Ellos tenían hasta el 20 de marzo del año pasado para acudir al juicio y no fue la representación de Guaidó o de la Asamblea Nacional (opositora)”.

Ante el hecho de que Venezuela no presentó ni un solo alegato en su defensa, el juez falló a favor de la petrolera estadounidense. “Perdimos por ‘forfeit’”, dijo Martín.

El desenlace fue utilizado de inmediato por el régimen de Maduro para criticar al equipo opositor, a quien acusó de haberse aliado a la petrolera estadounidense para atentar contra los intereses venezolanos.

“Esta injusta decisión ha sido fraguada violándosele a la República Bolivariana de Venezuela su derecho a la defensa y en complicidad con extremistas venezolanos entre los que se encuentran Juan Guaidó y José Ignacio Hernández (ex procurador especial del equipo opositor) quienes, usurpando funciones públicas, actuaron en componenda para favorecer a ConocoPhillips en el caso en cuestión”, dijo el régimen a través de un comunicado.

Guaidó, entre tanto, se defendió a través de su cuenta de Twitter.

“Maduro se atreve a señalar responsabilidades por la sentencia del caso Conoco, cuando es producto de una demanda debido a la expropiación que impuso (el fallecido presidente Hugo) Chávez”, escribió el lider oopositor “El régimen manejó irresponsablemente los procesos arbitrales y judiciales de Conoco. Cargamos a cuestas con el resultado”.

El reclamo de ConocoPhillips no es el único que enfrenta en Venezuela. Según datos del actual procurador especial del equipo de Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, el país enfrenta más de 200 procesos judiciales emprendidos por acreedores e inversionistas que han sido perjudicados por el régimen de Caracas. Estos reclamos suman más de $40,000 millones.

Expertos consultados calificaron de extraña la actuación de los opositores, y en especial de quienes integran la Asamblea Nacional, de no autorizar la contratación de abogados para defender los activos de Venezuela frente a las aspiraciones de ConocoPhillips y otros, particularmente cuando Hernández y Sánchez Falcón habían declarado previamente que era necesario.
En un informe dirigido a la Asamblea Nacional, Sánchez Falcón dijo que su oficina “ha solicitado y casi rogado presupuesto integral para atender los litigios, y ha sido sistemáticamente ignorada (…) es una irresponsabilidad dejar al Estado venezolano en indefensión, por dejar de pagar 20 o 30 millones de dólares, que en consecuencia arriesgan más de 40,000 millones de dólares”.

El monto total adeudado por Venezuela a sus abogados en el exterior suman cerca de $63 millones y éstos deben ser cancelados para continuar la defensa del país en una serie de reclamos que además del de ConocoPhillips también han sido introducidos por la minera canadiense Crystallex; los acreedores de los bonos de la nación sobre los que el país se declaró en default y los casos introducidos contra las FARC y el ELN, organizaciones guerrilleras que las cortes estadounidenses han vinculado al régimen de Caracas.

El equipo de Guaidó también requiere abogados para defender las reservas de oro depositadas en Inglaterra.

Los pedidos del contralor fueron ignorados por algunos de los líderes de la oposición venezolana que controlan la Asamblea Nacional por considerar las descripciones de los riesgos como exagerados. Entre estos se encontraba Julio Borges, jefe de uno de los mayores partidos de la oposición venezolana, Primero Justicia, quien calificó el pago de abogados en el exterior como un “desaguadero de recursos”.

El comentario de Borges, según un colaborador de él, se debe a que actualmente Citgo es protegida de reclamos como los de ConocoPhillips y Cristalex por una licencia especial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, relacionada a las sanciones impuestas contra Maduro.

Expertos dijeron que entre los activos que aún le quedan a Venezuela en el exterior, Citgo es la que probablemente luce más atractiva para ConocoPhillips, dado a que las operaciones de la refinera complementa sus propias operaciones dentro de Estados Unidos y porque también se encuentran fuera de Venezuela.

El perfil de Citgo también ha mejorado en los últimos tiempos debido al alza de los precios internacionales de los combustibles y la adopción de mejores prácticas administrativas desde que el control le fue arrebatado al régimen de Maduro.

“Citgo, que estaba siendo valorada en unos $6,000 millones, ahora está siendo considerada en alrededor de $10,000 millones”, comentó Antonio De La Cruz, asociado principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos con sede en Washington.

Pero estos no son los únicos que podrían ser embargados por los acreedores en un futuro, resaltó Juan Fernández, ex director de planificación de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

“Conoco podría continuar buscando activos de PDVSA en el exterior, incluyendo instalaciones de almacenamiento, cargamentos de petróleo, y podría mirar otros activos de la república como el dinero venezolano represado en el banco de Inglaterra”, dijo Fernández. “Es un despelote esta situación”.

El reciente ataque a Salman Rushdie pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre el islam, la radicalización religiosa y política y la libertad de expresión.

El viernes 12 de agosto Salman Rushdie, el escritor condenado por la República Islámica de Irán desde 1989 debido a la acusación de blasfemia por su libro Los versos satánicos, estaba por dar una conferencia en la tranquila ciudad de Chautauqua, al oeste de Nueva York. En ese momento, un hombre subió al escenario y lo apuñaló más de 10 veces en el cuello y abdomen. Un malherido Rushdie fue trasladado de emergencia en avión a un hospital; lo operaron y le colocaron un respirador. Las primeras informaciones luego de la operación indican que el escritor evoluciona favorablemente, pero tiene el hígado dañado, podría perder un ojo y vería afectado el movimiento de su brazo al tener sus nervios cortados. El moderador del evento, Henry Reese, de 73 años, cofundador de una organización que ofrece residencias a escritores que enfrentan persecución, también fue atacado.

El agresor fue arrestado de inmediato. Hadi Matar, de 24 años, oriundo de Fairview, Nueva Jersey y descendiente de libaneses es –por lo que pudo verse en sus redes sociales (mientras estuvieron abiertas)– un ardiente fanático de los ayatolás y de los líderes políticos y militares iraníes. El acto de matar de alguien que ni siquiera había nacido cuando Rushdie escribió su controvertido libro y ya admitió que nunca lo leyó es otro ejemplo de la peligrosa radicalización de una juventud impresionable, muchas veces de confesión islámica, que glorifica la violencia.

Las autoridades iraníes tardaron en responder sobre el ataque: negaron tener participación alguna en el hecho, pero creyeron pertinente acusar al escritor como el verdadero culpable del intento de asesinato. En una vergonzosa declaración, Nasser Kanani, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, sostuvo que había sido la víctima quien había cruzado «líneas rojas» y se había expuesto «a la ira de la gente». Vale recordar que el fundador de la República Islámica de Irán y por entonces su máxima e incuestionable autoridad, el ayatolá Ruhollah Jomeini, había ofrecido en 1989 –mediante una fatwa— una recompensa de 3 millones de dólares por la cabeza de Rushdie tras acusarlo blasfemia.

Aunque el presidente reformista iraní Mohammad Jatami dijo que el asunto estaba «completamente terminado» en 1998, cuando Gran Bretaña se lo exigió para restablecer relaciones diplomáticas con Irán, la fatwa no fue rescindida formalmente. De hecho, el sucesor de Jomeini, Alí Jamenei, reiteró en 2017 que aún se encontraba en vigor. En 2016, por ejemplo, Irán boicoteó la Feria de Fráncfort por la presencia del escritor indio-británico y en 2019 reforzó la sentencia, tuiteando desde su cuenta oficial que la fatwa era irrevocable, lo que llevó a Twitter a limitar su cuenta, pero no a cerrarla (como sí lo hizo, por ejemplo, con la del ex-presidente estadounidense Donald Trump). 

Las reacciones en la prensa iraní fueron unánimes y dejaron de lado toda diferencia entre conservadores y moderados. Una editorial del diario Irán, órgano oficial del gobierno, afirmó de forma orgullosa que «33 años después de que Su Excelencia el Imam Jomeini dictaminara sobre la apostasía de Salman Rushdie, un no iraní en el corazón de Estados Unidos cometió el acto más sagrado de Dios» y que esto demostraba que «en el corazón del mundo moderno, las órdenes de Dios todavía están vivas en los corazones de las personas». El diario de línea dura Kayhan, cuyo jefe es designado por el actual Líder Supremo, saludó «a este valiente hombre que atacó al apóstata y cruel Salman Rushdie en Nueva York y besamos sus manos que acuchillaron y desgarraron el cuello de un enemigo de Dios». El periódico Jame-Jam, propiedad de la Radio y Televisión Nacional, publicó una defensa del atentado tras la información de que Rushdie perdería un ojo publicando una caricatura de él, con cuernos y sin un ojo, con la leyenda: «Satanás perdió un ojo». Etemad y Arman-e Melli, periódicos supuestamente moderados y «reformistas», señalaron que todo podía ser una conspiración de Occidente e Israel, que utilizando «falsas afirmaciones antiiraníes» buscan descarrilar las nuevas conversaciones nucleares. Irónicamente, a principios de la década de 1980, las traducciones al persa de Hijos de la medianoche y Vergüenza, dos de sus primeros libros, hicieron que (junto con su posición favorable al nacionalismo palestino) Rushdie fuera admirado por su «antiimperialismo» durante años en el Irán revolucionario.

La idea de que Irán no estuvo físicamente detrás del ataque contra Rushdie no solo es una manipulada elucubración, sino que, además, olvida las acciones pasadas de la República Islámica contra críticos y opositores. Hadi Matar pudo haber tomado la decisión individualmente. Es decir, sería otro mal llamado «lobo solitario» al que se le imputa una suerte de radicalización por generación espontánea. Pero pocos días después del ataque ya existen informaciones, citadas por VICE News, de que mantuvo contactos con miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Dado que el incidente se encuentra en etapa de investigación temprana, todavía se sabe demasiado poco sobre esas comunicaciones. 

En estos días suele soslayarse que Irán cuenta, en su historia contemporánea, con una numerosísima lista de opositores asesinados en el exterior, algunos por orden directa y otros de manera indirecta. En 1980, un seguidor extranjero de la República Islámica, Dawud Salahuddin, disparó y mató al antiguo agregado de prensa de la embajada iraní Ali Akbar Tabatabaei en la puerta principal de su casa en Bethesda, Maryland. Los magnicidios –dirigidos o inspirados- aumentaron considerablemente en la década de 1990. Las estimaciones indican que solo hasta 1997 se cometieron 50 asesinatos de disidentes políticos en el extranjero. 

La década se inauguró con el asesinato en Suecia de dos disidentes kurdos, Karim Mohammedzadeh y Efat Ghazi, el 6 de abril y 1 de septiembre respectivamente. El 6 de agosto de 1991 fue asesinado con cuchillos de cocina Shapour Bajtiar, el liberal y último primer ministro iraní previo a la Revolución islámica, en su casa del suburbio parisino de Suresnes. El 8 de agosto de 1992 encontraron el cuerpo del artista Fereydoun Farrokhzad en su apartamento en Bonn, Alemania, apuñalado repetidamente en la cara y la parte superior del torso. Farrokhzad se había burlado de la obsesión mostrada por Jomeini por el sexo en su libro Tahrir al-Wasilah. Ya más cerca en el tiempo, en 2017, el creador de un medio opositor al actual gobierno de Irán, Saeed Karimian, fue baleado en Estambul. Incluso el año pasado Francia condenó a un diplomático que trabajaba en la embajada iraní en Viena a 20 años de prisión por un complot para poner una bomba en una manifestación de un grupo opositor en Francia. Y en julio de este año la policía estadounidense detuvo a un hombre armado con un rifle AK-47 frente a la casa de Brooklyn de la disidente iraní (y destacada militante contra el uso obligatorio del velo islámico) Masih Alinejad. La acción se suma a la trama descubierta el año pasado por el FBI, que arrestó a cuatro agentes iraníes que pretendían llevar a Alinejad de contrabando a Irán para silenciar sus críticas.

Luego del atentado contra Rushdie reaparecieron las voces que matizaban el intento de magnicidio como una reacción entendible por ofender a los fieles de una religión, bajo la idea de que sentirse ofendido es una razón válida para matar o perseguir a una persona. Esto recordó la posición adoptada por diferentes personalidades tres décadas atrás cuando se sancionó la fatwa contra el escritor indio de origen musulmán hoy herido. Road Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate, lo calificó de «peligroso oportunista»; el maestro del espionaje John le Carré (quien en 1997 sería a su vez acusado de antisemitismo por su caracterización de un personaje en la novela El sastre de Panamá) dijo que «no hay ley en vida que sostenga que las grandes religiones pueden ser insultadas con impunidad»; el escritor de izquierdas John Berger exigió que la obra fuese sacada de las librerías ante la posibilidad de «una guerra santa», y el músico Cat Stevens, quien adoptó el nombre Yusuf Islam cuando se convirtió al islam, llegó a afirmar que si Rushdie golpease su puerta pidiendo ayuda «trataría de llamar al ayatolá Jomeini y decirle exactamente dónde está este hombre».

En tanto, Kalim Siddiqui, director del Instituto Musulmán de Londres y uno de los organizadores de las manifestaciones contra el libro de Rushdie, sentenció: «Yo no lo mataría, pero estoy seguro de que hay mucha gente en este país preparada para eso en este momento. Como ciudadano británico, tengo el deber, por así decirlo, de no infringir la ley británica. Pero no somos una religión pacifista. No ponemos la otra mejilla. Devolvemos el golpe». Asimismo, vale rememorar que el por entonces Gran Rabino (askenazi) israelí Avraham Shapira quiso prohibir la publicación de Los versos satánicos en Israel, argumentando que ofendía las sensibilidades religiosas a pesar de que no había leído la novela, que ni siquiera se había publicado al hebreo. Su contraparte sefardí en el Estado hebreo no se quedó atrás y en una especie de «ecumenismo a la inversa» –como lo define muy bien Christopher Hitchens en su autobiografía-, dijo que el principal problema no era bajo ningún concepto la oferta de pago por el asesinato de un escritor, sino el delito de blasfemia. En cambio, el Gran Rabino de Inglaterra Immanuel Jakobowitz trató de esgrimir una extraña solución salomónica cuando agregó que «tanto Rushdie como el ayatolá Jomeini han abusado de la libertad de expresión». Otro de los efectos secundarios más extraños del caso ocurrió en Rávena (Italia), donde un grupo llamado Guardianes de la Revolución amenazó con volar la tumba de Dante Alighieri a menos que el alcalde rechazara la descripción que Dante hizo del profeta Mahoma, a quien define como condenado a uno de los círculos inferiores del infierno, partido en dos, por haber promovido cismas.

Sin embargo, hubo quienes respaldaron vigorosamente a Rushdie desde un principio. Además de la conocida anécdota de Susan Sontag poniéndose al hombro el caso como presidenta del club literario PEN (llegó a ir hasta el Congreso estadounidense para exigir una fuerte posición nacional ante la declaración del presidente George Bush de que la fatwa «no nos afecta» y debió imponerse ante los importantes rechazos de solidaridad, como cuando Arthur Miller, el prestigioso autor de Las brujas de Salem, se negó a participar en una lectura de apoyo con su colega perseguido) existieron también significativas defensas de intelectuales musulmanes o árabes. Una de las menos conocidas fue del intelectual sirio Sadiq Jalal Al-Azm, quien en 1991 criticó a los liberales occidentales por brindar un robusto apoyo a los disidentes soviéticos en ese momento, al tiempo que dudaban a la hora de sostener a Rushdie, haciendo gala de un orientalismo travestido, cuando la persecución viene desde Oriente. Algunas de sus palabras fueron: «Quizás la suposición silenciosa y profundamente arraigada en Occidente sigue siendo que los musulmanes simplemente no son dignos de disidentes serios, no los merecen y, en última instancia, son incapaces de producirlos». A propósito del orientalismo, el mismo autor del famoso libro que popularizó el término en la actualidad, el palestino Edward Said, escribió: «Rushdie es todo aquel que se atreve a hablar en contra del poder. Él, su libro y su vida se encuentran en la frontera donde la tiranía se atreve a pronunciar y exigir sus atroces decretos. Rushdie es la intifada de la imaginación». 

Otro valiente con mucho que perder fue Naguib Mahfouz, el único escritor árabe en ganar un Premio Nobel de literatura, quien, a pesar de reconocer que Los versos satánicos podía ofender a musulmanes piadosos, inició un encendido respaldo a la libertad de expresión de su colega a solo un año de ser distinguido por la Academia Sueca. Su acción motivó que su obra fuese escudriñada por extremistas islámicos y él mismo fuera condenado por blasfemo por su novela Los niños del callejón. La obra habla de Dios y los profetas y trataba de explicar creativamente la filosofía de la religión a través de la historia de un barrio de El Cairo. Un día después de que se cumpliese el sexto aniversario de su premiación con el Nobel en 1994, fue acuchillado en el cuello al salir de su casa. La elección de acuchillar el cuello no es fortuita para los fundamentalistas, sino que busca resaltar la intención de callar la voz del denunciado. Mahfouz nunca más fue el mismo y una competencia de fatwas denunciatorias empezó a surcar el mundo musulmán. A pesar de todo, ese mismo año 91 escritores árabes y musulmanes de todo el mundo publicaron una colección de ensayos en solidaridad con Salman Rushdie. 

Independientemente de la libertad de poder opinar sobre figuras religiosas y sus actos o la posibilidad de representarlos en obras de ficción, es pertinente un análisis real de si Los versos satánicos presenta una visión profundamente herética del islam. Reza Alsan, un estudioso de la sociología de la religión, crítico de lo que hoy se conoce como «nuevo ateísmo» y una especie de «pariente lejano» de Rushdie para los fundamentalistas cristianos por su libro Zelote –donde humaniza la historia de Cristo–, asegura que «para cualquiera que tenga algún conocimiento del Corán, la sorpresa es cuán ortodoxa es la novela en su tratamiento del islam. Los pasajes sobre los llamados ‘versos satánicos’ (las secuencias de sueños que involucran al Profeta) están perfectamente en línea con lo que dicen muchos comentaristas tradicionales del Corán (…). La verdad es que una ofensa contra el islam temprano no fue la razón de la fatwa. Lo que parece haber resultado ofensivo para Jomeini fueron los pasajes que narran a los ayatolás iraníes con turbante negro, abriendo sus fauces para tragarse a personas inocentes». 

Para comprender qué enoja hasta la violencia a muchos piadosos musulmanes, es necesario entender a qué se refiere el término «versos satánicos». En la tradición islámica, el incidente de los versos se conoce como la «historia de las grullas». Allí se narra la ocasión en que el profeta Mahoma (fallecido en 632 d.C.) confundió los susurros de Satanás con la revelación divina y, de esa manera, las intrusiones satánicas llevaron a Mahoma a pronunciar versos de alabanza a ídolos paganos de la Meca del siglo VII. Ahab Aiwi, un académico estudioso del islam temprano en la Universidad de Leiden, agrega: «las fuentes históricas musulmanas que recopilan, transmiten y preservan las memorias culturales de la primera comunidad musulmana han registrado e informado el incidente de los denominados versos satánicos y por eso tenemos al menos 50 informes históricos de los primeros 200 años del islam (aproximadamente 610-810 d.C.) que describen en detalle la ocasión en que el profeta Mahoma supuestamente confundió el engaño de Satanás con el mandato de Dios. (…) Los musulmanes posteriores descartaron el incidente como espurio y teológicamente abominable basándose en una consideración: Mahoma estaba protegido por Dios, es decir, era infalible y no propenso a cometer errores en su entrega de la revelación».

Para explicarlo de manera simple –y por supuesto reducida–, los primeros musulmanes trataron de relatar la epopeya histórico-moral de la vida de Mahoma en una heroica lucha por establecer la religión divina, ergo, un intento deliberado de retratar a un Mahoma humanizado que se impone contra las vicisitudes de la vida para hacer que el monoteísmo triunfe por encima de todo. Sin embargo, los posteriores musulmanes que recopilaron las colecciones canónicas de los Hadiths lo consideraron incongruente con su proyecto teológico, que requería que el Profeta fuera infalible y, por lo tanto, consideran los «versos» inauténticos. Lo que no muchos saben es que incluso el incidente de los «versos satánicos» es aceptado como auténtico por Ibn Taymiyya, el antiguo predicador fundamentalista al que denominan como padre moderno del Wahabismo saudí.

Hay diferentes teorías de por qué Jomeini decidió promulgar una fatwa contra el escritor indio musulmán y Los versos satánicos (un libro que él nunca habría leído, según dijo su propio hijo), que van desde la intención de ocasionar un levantamiento musulmán en India, Pakistán y Europa, hasta el deseo de que su población olvidase el cese al fuego firmado con Saddam Hussein al final de la fratricida guerra entre Irán e Iraq, un arreglo que el ayatolá había prometido no realizar nunca si no era por orden divina. Lo cierto es que casi nadie ha leído realmente la novela, y la mayoría de quienes la condenan se sorprenderían al saber que no sugiere que el Corán fuera inspirado por el Diablo. En el presente se puede conseguir La Divina Comedia –que coloca a Mahoma en el octavo círculo del infierno con las entrañas colgando– en cualquier capital del mundo musulmán, pero el solo rumor del nombre de Rushdie puede producir actos de violencia en esos mismos lugares. 

Es preciso sostener que no es igual la representación ficcional de una figura religiosa que el odio a una religión. Incluso la crítica de ideas no es simétrica al ataque a las personas que practican una fe. Asimismo, apuñalar en el cuello a un escritor que no te gusta no es un comportamiento que haga pensar a nadie –que no sea un fanático– que una religión tiene algo admirable que ofrecer al mundo. Hoy la crítica hacia una religión ha dejado de ser un crimen en la mayoría de los países y se puede cuestionar, por ejemplo, al cristianismo o al papa sin que eso signifique una expresión de «cristianofobia». No se trata de criminalizar al islam, tampoco de pensar que la ideología no tiene ninguna importancia (en la escuela predominante del islam chiita en Irán se requiere que los laicos obedezcan ciegamente las normas de los clérigos sobre la ley islámica) sino comprender que hay una disputa en el seno de una religión para lograr la hegemonía dentro de ella. Y el escenario principal de esta conflagración no es Occidente, sino latitudes donde el islam reina como la religión del Estado y escritores, caricaturistas y artistas, muchísimo más valientes que Rushdie, son reprimidos, día a día, de modo habitual. 

Hoy, mientras la idea de que es válido censurar obras artísticas si ofenden a ciertos grupos gana cada vez más tracción en las sociedades modernas, vale recordar las palabras del vilipendiado Salman Rushdie, quien pasó por todo lo que pasó y no emergió como un psicópata reaccionario deseoso de prohibir el islam: «El respeto por la religión se ha convertido en una frase que significa miedo a la religión. Las religiones, como todas las demás ideas, merecen la crítica, la sátira y, sí, nuestra falta de respeto sin ningún miedo».


Ezequiel Kopel Desde 2003 trabaja como corresponsal en diversos medios gráficos de Oriente Medio. Es autor de La disputa por el control de Medio Oriente. Desde la caída del Imperio Otomano hasta el surgimiento del Estado Islámico (Eduvim, Buenos Aires, 2016)

Este artículo fue publicado originalmente en Nueva Sociedad

Por morfme.press

Leonardo Vera, economista y profesor de la UCV, ha colgado en su cuenta twitter un hilo que describe el mecanismo el porqué del actual rebrote inflacionario y qué nos depara el futuri

Venezuela vive una estampida cambiaria y el temor se apodera de la gente pues respiran ya el ritmo galopante que tomara la inflacion ¿Que es lo que ha pasado? ¿Qué nos espera? Abrimos hilo:

En cierto modo lo que viene pasando en el mercado cambiario es un síntoma de cuan fallida ha sido (y es) la estrategia del gobierno de Maduro para combatir la inflación, una estrategia que se fue armando por etapas y que hoy hace aguas. 

En la primera etapa, en enero de 2019, la obsesión fue autorizada la liquidez y el banco central le metió un encaje legal ordinario a los bancos de 57 % y otro marginal que se ubicó en 100 %. Hoy unificado se mantiene en 73%. Eso terminó con el mercado de crédito en Venezuela. 

Simultáneamente, en enero de 2019 se inventaron un mercado de compra y venta de divisas (llamado “Intervención”) donde el BCV le impuso a los bancos recibir divisas periódicamente, a un tipo de cambio fijado por el emisor, para venderlas a sus clientes a la misma tasa. 

Con éste mercado de fricciones, opaco y poco profundo procedieron a tratar de anclar una tasa de cambio bolívar/dólar oficial, con éxito parcial por un tiempo. El primer problema es que si la inflación sigue su curso, se sobrevalua la moneda y se generan expectativas de ajuste. 

Pero el problema más grave es que el mercado depende de la oferta pública del BCV para mantener la estabilidad y las municiones del BCV son limitadas, pues la economía de Venezuela trabaja con reservas mínimas oficiales líquidas desde al menos 2012. Un régimen no sostenible

La tercera pata del trípode antiinflacionario fue reprimir los incrementos salariales, especialmente en el ámbito del sector público (para controlar el gasto). Así, entre mayo de 2021 y marzo de 2022 (por 10 meses), el Rey Maduro no anunció más incrementos del salario mínimo. 

Cuando lo hizo, diez meses después, en medio de un proceso aún de inflación alta, el salario mínimo pasó de 7 a 126 bolívares al mes. Pero lo que no dijo Maduro es que paralelamente le estaba rebanando los beneficios contractuales a los trabajadores del sector público. 

La instrucción recibida por las dependencias oficiales incluyendo las universidades y gobiernos regionales es la de regirse por unas nuevas tablas que regulan los beneficios por profesionalización, transporte, antigüedad, etc… El famoso “instructivo de la ONAPRE”, aún vigente.

Eso explica por qué los trabajadores dependientes de la administración pública salieron a la calle. Lo que no pudo la oposición, lo rechazó el instructivo de la ONAPRE. Consolidar una nueva unión de un sector laboral hasta el momento balcanizado y con líderes perseguidos

La gota que derramó el vaso fue la firma de un acuerdo, entre gallos de media noche, de pagar sólo el 10% del bono vacacional y recreativo y dejar que el resto del pago se lo comiera la inflación a lo largo de un año. La arrechera de los trabajadores llegó al máximo

Con el país semi-encendido el gobierno de Maduro acepta unos días después pagar el 100% del bono vacacional y recreativo entre el 15 y el 19 de agosto, estropeando toda la estrategia que venían maquinando los asesores del Ministerio de Finanzas y el BCV. 

A falta de dólares que meter en el mercado cambiario manejado por los bancos, los “enanos” (asesores) habían decidido obligar a los bancos a vender, ya no dólares, sino unos títulos de cobertura emitidos por el BCV, un instrumento clave para retirar bolívares de circulación. 

Pero en una crisis donde no se ha trabajado el problema de la desconfianza (en la moneda y en todo lo que anuncia el gobierno), ni duplicando la tasa de interés de esos bonos puedes hacer atractivos.

La tormenta perfecta se habia fraguado. Pagaron la deuda del bono vacacional y recreativo justo cuando el BCV hubo no vender más dólares a los bancos. 3 millardos de bolívares entraron al sistema bancario. Sin duda, una prueba para determinar la confianza en la moneda. 

El resto es historia conocida. Rasparon el examen. La gente no estúpida, no quieren bolívares. Sin mercado cambiario oficial todo el mundo huye al paralelo y esté paso en unos días de 6 a 9,1 Bs/US$. En lo que va de año de 4,5 Bs/US$ a 9,1, acumulando una depreciación del 102%. 

Con la mayor devaluación de la región, los venezolanos se preparan para recibir un nuevo y duro salto inflacionario. Un golpe en sus ingresos y en el valor de sus patrimonios. 

¿Que va a hacer el gobierno? Por el momento ha reaccionado tarde y ha anunciado que va a inyectar 200 millones de US$ al mercado (lo que debe hacer justo cuando pago el bono vacacional). Calmarán el incendio cambiario por unos días. Pero nos vienen tiempos difíciles. 

En la lógica y en el obtuso enfoque que da vueltas por la cabeza de los enanos, el encaje no se moverá un ápice y es posible que hasta suba en cualquier momento que haya que hacer pagos magistrales. 

La represión contra el movimiento laboral está a la puerta de la esquina. La increíble decisión del TSJ de no aceptar el recurso de nulidad de las tablas de la ONAPRE es un anuncio de guerra. Una táctica ya usada por el chavismo para justificar la persecución y la represión. 

Los controles y el hostigamiento contra el sector productivo y comercial privado pueden devolver. El nerviosismo y la escases puede provocar conductas sociales insospechadas. 

Los ingresos de origen petrolero están cayendo pues la producción viene cayendo ligeramente a lo largo del año y el precio tiende a devolverse. Ya Maduro habla de «armonización» tributaria. Pero esto de armonización no tiene un pelo. Preparemos los bolsillos. 

 

Por Luis Eduardo Martínez

Según el último Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, ningún país de América Latina mostró mejoría en los niveles de corrupción durante el último año. Es más, durante los últimos 10 años, solamente Guyana y Paraguay produjeron avances significativos, mientras que países como Chile, Canadá y EE.UU. retrocedieron en materia anticorrupción. Centroamérica, por ejemplo, registró en 2021 sus peores resultados en materia de corrupción y democracia de la última década. A pesar de los estudios científicos, la lucha contra la corrupción parece siempre ser el estandarte de todos los políticos en campaña y durante sus gestiones al mando de instituciones públicas. Desde EE.UU. hasta la Patagonia, prácticamente todos los expresidentes de nuestras naciones se enfrentan a la justicia por casos de corrupción. Estos casos de alto perfil acaparan la atención pública y los ciclos noticiosos. Paralelo al espectáculo, sin embargo, más de un tercio de los latinoamericanos admitieron haber pagado sobornos para disfrutar de servicios públicos en el último año y solo 9% de ellos reportó la extorsión por parte de funcionarios a las autoridades competentes. La realidad cotidiana existe en contraste con los discursos políticos. Aquellos cuyas pasiones ya han sido adormecidas por las hipocresías de los demagogos deben preguntarse: ¿existe justicia o la selectiva persecución de los enemigos del poder?; ¿la corrupción es un cáncer que padece el sistema democrático o acaso es el sistema que hospeda al parásito democrático?; y, finalmente, ¿los latinoamericanos estamos abocados a la resolución del conflicto social o una paz estable sin importar el costo humano?

Justicia o persecución selectiva del poder

La clase política en la región entendió una realidad estadística: 7 de cada 10 personas en el hemisferio están dispuestas a salir a protestar en contra de la corrupción. Igualmente, la bonanza económica producto de los altos precios de las mercaderías (commodities) a principios del siglo y tras la crisis económica de 2008, mal acostumbró a la clase política a sostener el poder del Estado a través del clientelismo económico, no en la gobernabilidad democrática y los resultados de la sociedad libre.

De todos los temas que vemos en los ciclos electorales que levantan emociones, la lucha contra la corrupción sobresale por su poder de movilización. Y no hay mejor narrativa política en estos tiempos que alimente el resentimiento social más que castigar en público al poderoso. En la última década hemos visto los juicios públicos en contra de Cristina Fernández de Kirchner, presidente de argentina 2007-2015, Michel Temer, presidente de Brasil 2016-2018, Luis Ignacio Lula Da Silva, presidente de Brasil 2003-2010, Jeanine Añez, presidente de Bolivia 2019-2020, Álvaro Uribe, presidente de Colombia 2002-2010, Rafael Correa, presidente de Ecuador 2007-2017, Antonio Saca, presidente de El Salvador 2004-2009, Álvaro Colom, presidente de Guatemala 2008-2012, Mauricio Funes, presidente de Guatemala 2009-2014, Alejandro Toledo, presidente de Perú 2001-2006, Alan García, presidente de Perú 1985-1990 y 2006-2011, Ricardo Martinelli, presidente de Panamá 2009-2014, entre otros. A pesar de sentencias en la mayoría de estos casos, la corrupción continúa latente y en países como Nicaragua, Guatemala, Honduras, Venezuela y Chile ganó terreno.

El aumento en la percepción de la corrupción en la región ha ido acompañado por el paulatino, pero decisivo, aumento de los presupuestos del Estado y sobre todo el poder del Legislativo vis a vis el presidente. El pasado mes de junio, el congreso de Brasil, por ejemplo, logró obtener $910 millones adicionales de la “partida secreta”, para uso discrecional de los diputados, quienes en buena medida utilizan estos fondos para comprar votos y asegurar la reelección. En Panamá, a pesar de las protestas y la precariedad en los servicios públicos, la Asamblea Nacional aumentó su presupuesto un 39% para 2022, y aprobó el presupuesto más alto de su historia para 2023 ($150 millones para un cuerpo cuya función debería ser solamente legislativa y no ejecutiva).

El poder relativo de los presidentes vis a vis a los legislativos está declinando, en una región famosa por su presidencialismo. En 2018, por ejemplo, Iván Duque prometió poner fin a la famosa mermelada (fondos otorgados a los diputados a través de partidas discrecionales para conseguir favores políticos). Acto seguido, diputados oficialistas saltaron a la oposición. Esta nueva o reforzada dinámica clientelista que emana del Legislativo también ha borrado el elemento ideológico de las coaliciones de partidos en la región y, en la última década, permitido el enjuiciamiento de cinco presidentes y forzado a dos más a renunciar bajo la amenaza de un enjuiciamiento. El clientelismo y vacío ideológico de nuestros cuerpos legislativos además está produciendo candidatos presidenciales cada vez más radicales y alejados del statu quo.

Corrupción o gobernabilidad autoritaria

A pesar de toda la algarabía que produce la lucha contra la corrupción en el escenario público, en privado más del 35% de los latinoamericanos admiten pagar sobornos anualmente para recibir algún privilegio relativo en el uso de servicios públicos. En países como México y República Dominicana, hasta un 51% de las personas participa en actos de corrupción. 90 millones de latinoamericanos, esa es la cifra de quienes al ser encuestados admitieron libremente que participan de la corrupción. Podemos imaginar que el número real es mayor. Es más, según el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional, los mismos encuestados aseveraron que el 47% de la policía y de los representantes de corregimiento participa en esquemas de corrupción, al igual que un 40% de los jueces. Y, tristemente, un 28% de aquellos que denuncian actos de corrupción sufre de alguna retaliación por parte de instituciones del Estado.

Es decir que nuestras sociedades existen y funcionan con el conocimiento de que la mitad del aparato de seguridad ciudadana es corrupto, que el mecanismo más directo de representación política y resolución de conflictos locales es a través de un grupo de representantes que en un 47% es corrupto, y que la justicia, adulterada por la corrupción, es un privilegio y no un derecho.

Resolución de conflictos o paz injusta

La lucha por el poder en América Latina evolucionó en el siglo XXI adornada de discursos políticos en su mayoría de tilde socialista. La justicia social y la lucha contra la corrupción fueron el grito de batalla de los socialistas del siglo XXI y de esta nueva marea rosada de gobiernos de izquierda en la región. La realidad es que cambiamos la dictadura militar o la revolución campesina por una situación de gobernabilidad autoritaria que rutinariamente renueva su legitimidad con elecciones financiadas por la corrupción y el narcotráfico, y que solo favorece a la clase política y económica dominante. El ejemplo más reciente fue la reunión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe el pasado 29 de junio. Petro, un exguerrillero, quien aún no había ganado las elecciones presidenciales, se reunió con Álvaro Uribe, un expresidente que representa la epítome de la militarización de la política en Colombia. El cinismo y la experiencia permiten que imaginemos lo discutido en esa reunión. Tan solo un día antes, y probablemente parte de los acuerdos a puertas cerradas, renunció el general Eduardo Zapateiro, quien era jefe del alto mando militar. No estaría muy alejado de la realidad asumir que Petro y Uribe negociaron la subordinación de los militares a cambio de una tregua judicial a los procesos que se le siguen al expresidente y sus copartidarios que hoy se encuentran en oposición.

Después de dos décadas, el siglo XXI no pareciera haber producido más justicia, sino una herramienta más sofisticada para la persecución selectiva de los enemigos del poder establecido; la lucha contra la corrupción estas dos décadas ha normalizado el privilegio económico por encima de los principios democráticos; y nosotros, los latinoamericanos, cansados y decepcionados, hemos transado y aceptado una paz injusta por encima de la valentía de producir la resolución de un conflicto entre hermanos.

Vía Fox News

El consenso está creciendo para una idea propuesta por primera vez por Arabia Saudita de que podría bombear menos barriles.

Se está generando impulso entre los productores de petróleo detrás de la idea de reducir la producción de crudo para estabilizar el mercado, y el presidente de la OPEP es el último en respaldar la sugerencia de Arabia Saudita de que la alianza podría bombear menos, comentarios que empujaron el precio del barril por encima de los 100 dólares a principios de esta semana.

El creciente consenso entre los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados liderados por Rusia, conocidos como OPEP+, amenaza con mantener elevados los precios de la energía a pesar de los esfuerzos de la administración Biden para que los miembros bombeen más.

Las sanciones al petróleo ruso impuestas por la invasión de Ucrania crearon una escasez de suministro y elevaron los precios a sus niveles más altos en más de una década, creando ganancias récord para los productores después de que la pandemia suprimiera la demanda.

El movimiento hacia la reducción de la producción se produce cuando Estados Unidos e Irán se acercan cada vez más a revivir un acuerdo nuclear que traería de vuelta el petróleo iraní al mercado, un resultado que Washington esperaba que bajara el costo de la energía .

El presidente rotativo de la OPEP le dijo a The Wall Street Journal que la propuesta del ministro de energía saudí de considerar una reducción a la luz de la volatilidad del mercado estaba «en línea con nuestros puntos de vista y objetivos».

Si bien la presidencia de la OPEP no tiene poder de decisión, el titular del cargo a menudo expresa el consenso que surge en la organización.

«Creemos que el regreso de los barriles iraníes sería un evento de calificación para un cambio de estrategia colectivo», entre los miembros de la OPEP, dijo Helima Croft, estratega jefe de materias primas del corredor canadiense RBC Capital Markets. Agregó que si un recorte de producción de la OPEP reduce los beneficios del precio del petróleo del acuerdo con Irán, eso podría erosionar las ganancias políticas para la administración Biden del controvertido acuerdo.

A principios de esta semana, el ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, dijo que los productores de petróleo podrían responder a la volatilidad de los precios del petróleo , «incluso [cortando] la producción en cualquier momento y de diferentes formas».

El jueves, el presidente de la OPEP, Bruno Jean-Richard Itoua, dijo que podía respaldar tal acción porque «las condiciones económicas creadas por la pandemia en los últimos años que han llevado a una desaceleración de la actividad económica mundial aún no se han detenido por completo».

El Sr. Itoua, también ministro de Petróleo de la República del Congo, se une a un creciente coro de países que respaldan la posición saudita, incluidos Irak y Kuwait, dos de los mayores productores de la OPEP, y Argelia y Venezuela. Guinea Ecuatorial, que reemplazará a la República del Congo como presidente de la organización el próximo año, también dice que está de acuerdo en que se deben considerar los recortes de producción.

Las declaraciones de Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo de la OPEP, impulsaron los precios internacionales del petróleo por encima de los 100 dólares el barril a principios de esta semana por primera vez en más de tres semanas. Fue el último indicio de que la visita de alto perfil de Biden a Jeddah en julio no ayudó a bajar los precios en las estaciones de servicio de EE. UU., y fue lo contrario de lo que la Casa Blanca esperaba lograr con el viaje del presidente al reino.

La próxima reunión de la OPEP está programada para el 5 de septiembre, pero no hay ningún plan en este momento para discutir los recortes de producción en la reunión. Varios miembros de la OPEP le han dicho al Journal que podrían respaldar una reducción en la producción, particularmente si se materializa una recesión global.

Vía El Heraldo

Pequiven inscribió un acta de una asamblea extraordinaria que establece los cambios en la empresa.

La Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB) aceptó el registro del nuevo gerente y junta directiva de Monómeros con los cuadros presentados por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Es así como la CCB negó la oposición que radicaron las actuales directivas de Monómeros a la inscripción del acta de la Asamblea extraordinaria de Pequiven en la que fueron elegidos nuevos gerente, presidente y miembros de junta con sus suplentes.

Monómeros actualmente es manejada por la oposición venezolana que lidera Juan Guaidó, sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro había expresado su interés en retomar el control de la empresa del sector agroindustrial cuya sede está en Barranquilla.

En la asamblea extraordinaria realizada de manera virtual participaron las empresas estatales venezolanas que son accionistas de Monómeros: Pequiven como mayoritario con un 86,21 %, Fertilizantes de Oriente (4,79 %), Comercializadora de Petroquímicos C.A. Copequim (3 %), International Petrochemical Holding Limited, IPHL (3 %) y Sofilago (3 %).

El acta que se encuentra firmada por el presidente y representante legal de Pequiven, Pedro Rafael Tellechea Ruiz, señala que revoca cualquier acto desarrollado por la junta ad hoc de la empresa venezolana que fue designada por la oposición. 

Designa como nuevo gerente de Monómeros a Iván Sánchez Hernández y a Luis Molina Duque, Heifred Segovia Marrero, Eduardo Fernández Anaya, Mary Yerman Nava Olivares y Génesis Ron Solano como nuevos miembros titulares de la junta de la empresa fabricante de fertilizantes.

En cuatro ocasiones, la administración de Maduro había tratado de retomar la empresa cambiando el registro mercantil, pero no lo había logrado.

El nuevo escenario para la empresa del sector agroindustrial comenzó con el cambio de gobierno en Colombia ya que el presidente Gustavo Petro restableció relaciones con Venezuela y designó como embajador en este país a Armando Benedetti.

El nuevo embajador dejó claro que trabajaría para devolver Monómeros “a quien le pertenece” y que la compañía no sea incluida en la Lista Clinton, es decir que  EE. UU. no le revoque la licencia de Ofac  de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. 

“Supersociedades nos ha ayudado mucho, no solamente en haber levantado la intervención, sino también en buscar el buen suceso de las cosas.  Allá es donde se tiene que hacer el cambio de junta directiva con base en que Colombia ya reconoció al Gobierno venezolano. Él (supersociedades) ha estado al frente de hacer devolver a Monómeros a quien realmente le pertenece”, aseguró Benedetti.

Cabe recordar que la toma de posesión de Monómeros en el año 2019 por parte de la oposición fue posible ya que el expresidente Iván Duque reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

No está en firme

A su vez Monómeros en un comunicado señaló que se encuentra desarrollando sus actividades operativas y comerciales de manera habitual.

Explico que aún el registro de la nueva junta “no está en firme” ya que de acuerdo con las normas vigentes “los actos administrativos de registro quedan en firme dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha inscripción siempre que no sean objeto de recursos”.

La compañía presentará recursos de reposición ante la CCB y de apelación ante la Supersociedades para oponerse a la inscripción.

En legalidad

 

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, aseguró que la situación de la empresa Monómeros se resolverá en los términos de la institucionalidad y legalidad del país.

“El verdadero problema no está centrado en Monómeros, porque al igual que cualquier empresa se tiene que regir a una normativa, aquí el problema realmente se basa en la soberanía alimentaria y los costos de poder lograr esa soberanía”, sostuvo.

Vía Libertad Digital

En medio de la convulsión en Argentina por el pedido del fiscal federal argentino Diego Luciani de 12 años de cárcel y la inhabilitación de por vida contra Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández ha realizado unas graves declaraciones acerca del caso.

En el programa «A dos voces» del Canal TN presentado por los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, Fernández no dejó de defender a su vicepresidenta: «Cristina es una mujer honesta, no ha participado en nada de lo que la acusan. No cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen».

En un momento de la entrevista, y preguntado por la solicitud de la Corte de reforzar la seguridad de Luciani, en especial después del asesinato del fiscal Alberto Nisman en 2015, Fernández aprovechó para atacar al fiscal Luciani: «Yo le regalaría son algunos tratados de derecho penal (…) porque por mucho que grite justicia y corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos».

Pero eso no fue todo. Lo más grave fue lo que dijo a continuación: «Alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman… mire, hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani».

Estas palabras han provocado el rechazo de muchos argentinos, tanto de la clase política como de la opinión pública. A través de Twitter, la presidenta de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, mostró su indignación señalando que «no puede decir eso, presidente. ¿Toma conciencia de la gravedad de sus dichos?».

¡NOOO! No puede decir eso, presidente. ¿Toma conciencia de la gravedad de sus dichos? pic.twitter.com/HmWGODDS3e

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 25, 2022

Por su parte, el senador Luis Naidenoff aseguró que «el presidente sobrepasó todos los límites: bastardear la memoria de Nisman que ya no puede defenderse y amenazar al fiscal que con valentía investigó y acusó al poder real que hoy gobierna a la Argentina».

El Presidente sobrepasó todos los límites: bastardear la memoria de Nisman que ya no puede defenderse y amenazar al fiscal que con valentía investigó y acusó al poder real que hoy gobierna a la Argentina.

Diego Santilli, diputado por la Provincia de Buenos Aires, señaló a través de la misma red social que lo dicho por Fernández era «gravísimo» y afirmó que «la impunidad del kirchnerismo no tiene límites».

«Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga lo mismo».
Lo que está diciendo el Presidente es gravísimo. La impunidad del kirchnerismo no tiene límites

— Diego Santilli (@diegosantilli) August 25, 2022

Asimismo, Jorge Macri, ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, apuntó que «son una locura los dichos del presidente Fernández, él tiene que ser el principal garante de la seguridad del fiscal Luciani y hace una amenaza por tv. Total repudio a sus palabras».

Son una locura los dichos del presidente Fernández, él tiene que ser el principal garante de la seguridad del fiscal Luciani y hace una amenaza por tv. Total repudio a sus palabras.

— Jorge Macri (@jorgemacri) August 25, 2022

Además, según informó el portal Infobae, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación emitió un comunicado en el que señala que «repudia enfáticamente los dichos vertidos por el Sr. Presidente de la Nación Alberto Fernández» y que agrega que «posee un desconocimiento profundo del caso en el cual se investiga el asesinato del Fiscal General Alberto Natalio Nisman». Le recuerda que la ley le manda «no efectuar injerencia alguna siquiera a través de críticas, halagos o comentarios a casos en pleno desarrollo».

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