Morfema Press

Es lo que es

DBuford

Vía Semana

En un gesto inédito con el expresidente, el mandatario resaltó los riesgos de depender energéticamente de otros países.

El presidente Gustavo Petro, en medio de la rueda de prensa posterior a la reunión con su homólogo español, Pedro Sánchez, tuvo un gesto inédito con el expresidente Álvaro Uribe Vélez al darle la razón sobre sus críticas a la propuesta que hizo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, referente a importar gas desde Venezuela.

Frente a una pregunta sobre la crisis alimentaria y la insuficiencia energética de varios países de Europa, el presidente colombiano trajo a colación la “lección” que deja el continente en términos de dependencia a la importación de otros países.

“El expresidente Álvaro Uribe dice que no queremos depender energéticamente de Venezuela, se refiere al gas. El problema en Europa tiene que ver mucho con dependencias energéticas, precisamente con respecto al gas. Gas que viene de Argelia o de Rusia, tubos que pasan por Ucrania”, explicó el presidente en la rueda de prensa.

Petro señaló que su discrepancia con la Unión Europea radica en que catalogaron el gas como un combustible verde. “Eso no es así, es un combustible fósil y hay una incapacidad de alcanzar el nivel de energías limpias que se necesitan hoy para salvar la humanidad y eso hace que los países dependan de los combustibles fósiles”, agregó.

Con esto dicho, el presidente Petro manifestó estar de acuerdo con lo dicho por el expresidente y principal contradictor político: “En mi opinión personal, el expresidente Uribe tiene razón parcial en el sentido de que nosotros no debemos depender exclusivamente de ningún país”.

“En cambio, sí podríamos construir un mecanismo de tantos países, que eso mismo genera seguridad y paz. Es la propuesta que hemos hecho de una red eléctrica fuerte, americana, desde Alaska hasta la Patagonia. Que está a punto, esto no es una ilusión. Ya vimos el mapa de Suramérica, porque la alcaldesa de Bogotá tiene la oportunidad de dirigir la Empresa de Energía de Bogotá, que es transmisora de energía eléctrica y generadora en sus socios. Sabemos que, incluso, con el aporte de la empresa de energía y de ISA, que es propiedad de Ecopetrol, buena parte de esas redes ya están construidas”, planteó el mandatario.

Según Petro, esta propuesta haría que el continente americano dependa de sí mismo: “Dejar de depender de un solo país afuera, sino construir la estrategia multilateral que lleve a una suficiencia energética a toda América. Sus cables pasarían incluso por California, que lo necesita”.

En un escrito publicado en redes sociales, el expresidente Uribe recordó cuando el país vecino no pudo cumplir con su compromiso de exportar gas hacia Colombia. “En cuanto a aquello de traer gas de Venezuela, hay luces que no alumbran y sombras muy grandes”, señaló el expresidente.

Uribe aseguró que, a pesar de que Venezuela tenga más reservas de gas que Colombia, “la realidad de allá no es fácil”.

“Cuando con el presidente Chávez firmamos el contrato de venta de gas a Venezuela, la mayor contraprestación era el suministro a Colombia después de 2012. Esto no se dio. No sabemos cuántas razones hubo, pero es claro que existen ciertos problemas de gasoductos y de ubicación de los pozos”, explicó el expresidente.

Tal como lo recuerda Uribe, después del suministro de gas natural de Colombia a Venezuela por cerca de siete años, el país vecino debe millones de pies cúbicos del combustible que no entregó desde 2016, la fecha estipulada por ambos países para la devolución del recurso.

“En efecto, la mayor parte de las reservas de Venezuela se encuentran en el oriente del país y al parecer todavía no hay infraestructura para traerlas al occidente, frontera con Colombia. En el golfo hay una mínima parte, afirman que entre cinco o cinco teras, de donde podrían suministrar a Colombia a precios razonables para nuestros usuarios”, indicó el exmandatario.

A pesar de esto, según Uribe, “tampoco existe el gasoducto para conectar con el de La Guajira, que dejaron de usar en 2015 y este no tiene conexión con el que trae gas al Caribe y al interior de nuestro país”.

Por morfema.press

«Estuve sometida a grandes presiones para publicar o no publicar, pero no son estas presiones las que harán que lo publique o que renuncie a su publicación», declaró la expresidenta chilena.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, confesó este jueves (25.08.2022) que las presiones para no publicar su informe sobre los derechos humanos en China han sido muy fuertes, pero aseguró que nada de eso disuadirá a su organismo de divulgarlo.

«¿He estado bajo presión? Siempre hemos estado bajo presión desde varios lados, por todas partes y en todas las situaciones, diría yo», afirmó. En este caso «estuve sometida a grandes presiones para publicar o no publicar (el informe), pero no son estas presiones las que harán que lo publique o que renuncie a su publicación», agregó.

El informe se centra en la situación de los derechos humanos de los uigures, una minoría asentada en la provincia noroccidental de Xinjiang. La región ha sido escenario de sangrientos atentados contra civiles, cometidos, según las autoridades, por separatistas e islamistas uigures y, desde hace años, es objeto de una vigilancia draconiana.

Según varios países occidentales y organizaciones independientes, Pekín ha internado a más de un millón de uigures y miembros de otras etnias musulmanas locales en «campos de reeducación» en Xinjiang, y ha impuesto «trabajos forzados» y «esterilizaciones».

40 países presionando

Bachelet reconoció que había recibido una carta firmada por unos cuarenta países que le pedían que no publique el informe que su oficina prepara desde hace un par de años sobre esa situación y cuya elaboración se retrasó cuando el Gobierno chino aceptó que la alta comisionada visitara el país el pasado mayo.

Según Bachelet, esa visita era prioritaria porque era una oportunidad única para ver de primera mano lo que ocurría en el país y tener un contacto directo con familiares de uigures que estuvieron o están en esos campos de internamiento.

La alta comisionada dijo que a la vez había tenido «une enorme cantidad de reuniones» con representantes de países que le pedían publicar lo antes posible el referido informe, lo que hace varios meses prometió que haría antes de concluir su mandato al frente de la mayor estructura internacional de derechos humanos y que expira el próximo día 31 de agosto. «Estamos trabajando fuertemente para hacer lo que prometí», aseguró.

En una conferencia de prensa en la que hizo un balance de su gestión, Bachelet indicó que se están revisando los comentarios efectuados por el Gobierno chino al informe, un procedimiento habitual para este tipo de publicaciones y con el que se busca corregir inexactitudes o valorar medidas que podrían no haberse tomado en cuenta.

Con información de EFE, AFP y RTR

Por Nehomar Hernández en Gaceta de la Iberoesfera

El régimen chavista ha pulverizado los salarios del trabajador promedio. En 23 años de pervivencia del sistema, Nicolás Maduro y Hugo Chávez acumulan en su historial de daños la poca honrosa acción de haber llevado a muchos de los sectores técnicos y profesionales de Venezuela a una situación casi rayana en la indigencia, mediante la destrucción de las remuneraciones salariales. No en vano muchos de los venezolanos que han dejado su país en los últimos años lo han hecho en gran medida porque, con una titulación profesional en mano, no ven posibilidad alguna de realizar un proyecto de vida sostenible en su patria.

En un país que atravesó grandes ciclos de protestas en años recientes, con la consabida represión que toda tiranía comunista entraña, las manifestaciones políticas en las calles de Venezuela parecían haberse evaporado. En este sentido el último gran “hito” de la oposición a Maduro, el llamado “Gobierno interino” que encabeza Juan Guaidó, tuvo su clímax cuando irrumpió en escena a comienzos del 2019; pero de ahí en más la iniciativa ha naufragado en medio del desencanto generalizado de una población que ha asumido que ni Guaidó tiene suficientes cañones para ser presidente en la vida real, ni el régimen chavista cederá por las buenas el poder, al menos no en lo inmediato.

Así, con la llegada de 2022 todo parecía perdido. Mientras Guaidó navegaba en la insignificancia y los partidos tradicionales de la oposición casi ni se sentían en los pocos medios de comunicación libres que aún perviven en Venezuela, un brote espontáneo de protestas de calle comenzó a emerger en la nación sudamericana en los últimos meses. El asunto es que no se trata esta vez de manifestaciones encabezadas por el liderazgo convencional, devenido de las formaciones políticas que dicen plantarle cara a Maduro desde el oficio de la política profesional. En cambio estos reclamos han estado protagonizados por líderes de base de diversos sectores laborales venezolanos, incluso de esos vinculados a la burocracia chavista.

Las manifestaciones de calle que han cobrado cuerpo en Venezuela desde hace unos dos meses a la fecha son enarboladas por maestros de escuela, profesores universitarios, enfermeras del menguado sistema de salud pública, trabajadores de ministerios del Estado, entre otras organizaciones donde hacen vida personas que necesitan un sueldo para procurarle la subsistencia a sus familias. La organización que han cobrado las mismas es sencillamente sorprendente, dado que su conducción no ha sido condicionada por un liderazgo único, sino que han funcionado más bien como exigencias generalizadas y arropadas por varios liderazgos de cada uno de los sectores que se manifiestan en las calles.

Quizá el gran punto de honor para los manifestantes ha sido enfilar las cargas contra un mecanismo aprobado por el Ministerio de Economía de Maduro. Se trata de una disposición de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapreque recorta sustantivamente los beneficios salariales de los trabajadores del sector público, al hacer el cálculo de los beneficios que estos deben obtener sobre la base de un sueldo en bolívares que cada día se devalúa más, en medio de un contexto económico en el que la moneda que circula en las calles de Venezuela es el dólar americano.

La tentativa de imponer el mecanismo Onapre ha llevado a que sea el sector magisterial el que más combativamente haya insurgido contra el régimen. Con una frecuencia casi diaria los docentes, junto a otros trabajadores del Estado venezolano, han tomado en las últimas semanas las calles del centro de Caracas, alzando su voz frente a las dependencias chavistas que se ubican a pocas cuadras del Palacio Presidencial de Miraflores. No es para menos, pues se estima que al día de hoy el sueldo básico de un maestro en Venezuela es de entre 50 y 60 euros.

Este drama se reproduce a toda escala en el magisterio, pues si esa es la realidad de los docentes que imparten lecciones de educación básica, los que cuentan con estudios de postgrado y se dedican a la educación superior en las golpeadas universidades del Estado venezolano tienen que vérselas con la cruda realidad de que el mecanismo Onapre no otorga remuneraciones de significación a quienes poseen estudios de especialización, máster o doctorado.

La voracidad del régimen chavista no es recriminada solamente por los maestros, pues el sector de los profesionales de la salud también acusa el golpe. Por ejemplo, el Colegio de Enfermeras de Caracas señala que la normativa actual de trabajo les lleva a percibir sueldos que no sobrepasan los 245 Bolívares al mes (cerca de 40 euros).

La nota curiosa en medio del surgimiento de este clima de protestas viene además, por el hecho de que los propios trabajadores del sector público identificados con el chavismo ha decidido abrazar las manifestaciones. Por ejemplo, el 21 de julio pasado, Ángel Castillo, un dirigente sindical del ultraizquierdista Partido Comunista de Venezuela fue detenido por unas horas por los cuerpos represivos de Maduro.    

Este último hecho trasluce lo evidente: que la tiranía ha optado por enfocar su andamiaje represivo contra estos trabajadores que hoy se levantan en protesta, sin reparar en que incluso algunos de ellos forman parte del chavismo en sus estructuras de base.

Foro Penal, una ONG especializada en hacer seguimiento y defender a quienes han sido arrestados por razones políticas en Venezuela ha remarcado en su más reciente reporte que la persecución a dirigentes del sector de los trabajadores públicos se ha intensificado en gran medida en los últimos dos meses, al punto de que Maduro mantiene tras las rejas a al menos 7 líderes sindicales en este momento.   

Por morfema.press

Las tropas rusas concentran sus ataques en el Este, sin poder avanzar. Amenazas de ambos bandos auguran un extenso conflicto.

La invasión rusa a Ucrania, que sorprendió al mundo por su crueldad y dejó a su paso miles de muertos y ciudades destruidas, cumple este miércoles seis meses en un escenario de estancamiento militar y con gran incertidumbre sobre las consecuencias que provocará finalmente en Europa y el mundo.

Coincide, paradójicamente, con el Día de la Independencia ucraniana, fecha que conmemora ese 24 de agosto de 1991 en que el país se emancipó de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El aniversario sólo originó nuevas amenazas de ambos bandos, lo que preanuncia un prolongado conflicto.

Estados Unidos acusó este martes a Rusia de planear una intensificación inminente de los bombardeos sobre importantes ciudades de Ucrania y Francia pidió a los países occidentales no mostrar “ninguna debilidad” ante Moscú.

“Rusia podría esforzarse en hacer algo particularmente repugnante y cruel en este aniversario. Uno de los objetivos claves del enemigo es generar abatimiento, miedo y conflicto. Debemos ser suficientemente fuertes para resistir a cualquier provocación y hacer pagar su terror a los ocupantes”, afirmó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

La misma dureza de tono mostró Rusia. Su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, advirtió que no habrá “ninguna piedad” para los asesinos de Daria Duguina, hija de un ideólogo ultranacionalista ruso cercano al presidente Vladimir Putin, que murió el sábado al estallar su coche en la región de Moscú, un atentado que el Kremlin adjudica a los ucranianos.

Estancamiento

En el terreno militar Rusia persiste en la invasión, aunque su poderoso ejército se encuentra estancado. Cuando se lanzó la invasión el 24 de febrero pasado, el alto mando ruso pensaba que sería una operación relámpago que les permitiría derrocar al gobierno de Zelenski y controlar rápidamente todo el país.

El ímpetu que mostró el Ejército ruso al comienzo se fue perdiendo ante la resistencia de las tropas ucranianas, que recibieron una descomunal ayuda tanto en armamento como en fondos por parte de Estados Unidos y las potencias europeas.

El arsenal provisto por estadounidenses, británicos, franceses y alemanes, entre otros, les permitió a los ucranianos frenar a los rusos e incluso retomar algunas regiones. La provisión de sofisticada artillería, misiles de mediano alcance y drones fueron fundamentales para contrarrestar el gran poder de fuego ruso.

Tras el fracaso en tomar Kiev, la capital, las fuerzas rusas concentraron su ofensiva en las provincias separatistas del Este, conocidas como el Donbás, y en algunas ciudades del sur como Mariupol, que devastaron con interminables lanzamiento de misiles.

Así, buscaban establecer un corredor territorial que les permitiera controlar la salida al Mar Negro. Si bien obtuvieron algunos avances significativo, no lo lograron totalmente.

Para colmo, en las últimas semanas la resistencia y los sabotajes ucranianos cobraron un nuevo ímpetu, atravesando incluso las líneas rusas. Hubo ataques impactantes contra bases rusas hasta en Crimea, la península anexada por el Kremlin en 2014.

Pero la guerra también se cobró la vida de miles de civiles y soldados. El lunes, el comandante en jefe del ejército ucraniano, el general Valeri Zaluzhny, admitió que cerca de 9.000 militares habían muerto desde el inicio de la invasión. Una cifra que no contempla los miles de civiles que cayeron bajo los bombardeos rusos.

La economía

Moscú también tuvo grandes pérdidas. Nunca reveló el número oficial de bajas, pero los servicios occidentales estiman que hubo más de 20.000 soldados rusos muertos.

En el plano económico, el conflicto golpeó con fuerza el mercado energético mundial y hace temer un invierno difícil en Europa por la escasez de gas proveniente de Rusia, que disparó los precios de la energía. Los países europeos tuvieron que implementar un plan de ahorro energético de emergencia.

Con este cuadro, es posible que Alemania, la locomotora de la economía europea, tenga que imponer un racionamiento de gas que podría paralizar las industrias, desde la fabricación de acero hasta los productos farmacéuticos.

Los gobiernos, las empresas y las familias en todo el mundo están sintiendo los efectos económicos de la guerra apenas dos años después de que la pandemia de covid paralizara el comercio mundial. El alza abrupta de la inflación y los costos de la energía aumentó la posibilidad de un invierno frío y oscuro. Europa se encuentra al borde de la recesión.

Los altos precios de los alimentos y la escasez, agravados por el corte de los envíos de fertilizantes y granos desde Ucrania y Rusia que se reanudan lentamente, podrían producir hambre y malestar generalizados en el mundo en desarrollo.

Con informació de AFP, AP y EFE

Vía Nius Diario

Darío Villanueva (Villalba, Lugo, 1950) es profesor emérito en la Universidad de Santiago de Compostela, de la que fue rector entre 1994 y 2002. Desde 2008 ocupa el sillón D de la Real Academia Española, cuya dirección asumió de 2014 a 2018, al tiempo que la presidencia de Fundéu y de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Entre sus últimos se encuentran El Quijote antes del cinema: El Quijote antes del cinemaFilmoliteratura y De los trabajos y los días. Filologías.

Publica ahora Morderse la lengua Morderse la lengua(Espasa) donde hace un análisis de dos fenómenos que él considera el síntoma de nuestro tiempo: la corrección política y la posverdad, manifestaciones contemporáneas de la quiebra de la racionalidad y la estupidez. Para el académico, ambas impregnan y pervierten el discurso de políticos, medios de comunicación y redes sociales, afectando las relaciones personales y profesionales e incluso la creación, la investigación y las expresiones artísticas.

En las primeras páginas del libro recuerda el suicidio hace justo diez años de Antonio Calvo, profesor en Princeton, tras la insoportable “tortura emocional” provocada por la campaña de desprestigio a raíz de un comentario a un alumno suyo al que instó a trabajar más y no siguiera “demasiado tiempo tocándose los cojones”. El profesor fue fulminantemente despedido por “conducta incorrecta” (un supuesto intento de acoso sexual) cuando todo se trataba de una mala interpretación idiomática

Pregunta: Episodios similares a estos siguen ocurriendo hoy y usted ha decidido no morderse la lengua.

Respuesta: Sí. Es algo equiparable a lo sucedido con el profesor francés degollado por un islamista. Y todo procede de una mentira de una alumna que no había ido a clase ese día, pero al llegar a casa dijo a sus padres que el profesor había enseñado en clase caricaturas de Mahoma con una actitud de desprecio hacia los alumnos musulmanes. El padre habló con un imán, y difundieron la historia (una mentira) a su manera en las redes sociales. El resultado fue el profesor degollado. Estas cosas tienen sus consecuencias y por lo tanto conviene no morderse la lengua ante ellas porque afectan a la racionalidad que debiera imperar en las relaciones sociales.

P: Más ejemplos de esa corrección política.

R: Está pasando también con David Hume, el gran filósofo racionalista inglés del siglo XVIII. En Edimburgo, su ciudad de nacimiento, la Universidad le ha quitado su nombre a un edificio aduciendo que hay una frase de matiz racista en uno de sus textos. Las autoridades no quieren someter a los estudiantes a la violencia de entrar en un edificio con esas resonancias. En la ciudad también hay una estatua de Hume y los estudiantes suelen tocar el dedo de su pie como una especie de talismán para aprobar las asignaturas. Si el Ayuntamiento toma ejemplo de la Universidad y retira la estatua, qué va a pasar con los pobres estudiantes.

P: Usted denuncia en su libro los llamados safe spaces.safe spaces

R: Es un asunto escalofriante: los llamados espacios seguros, que en algunas universidades americanas y británicas se han constituido para proteger el equilibrio emocional de los estudiantes ante ideas que los perturben. Lo cual va en contra de la libertad de cátedra. El profesor no puede decir nada que suponga un desequilibrio de esa mentalidad pueril que se les supone a los estudiantes. Yo he sido profesor universitario durante 47 años y los estudiantes entienden lo que les dices, aunque no estén de acuerdo. No veo esa necesidad de hiperprotección a través de los espacios seguros.

El problema de la corrección política es que cualquiera puede convertirse en el árbitro de la incorrección política de los demás

PUsted lo sufrió en sus carnes cuando fue profesor en Boulder, Colorado. Fue a cuenta del antisemitismo de Quevedo.

R: Sí, en los años 80, justo cuando estaba empezando el asunto de la corrección política en los campus universitarios. Yo tuve suerte porque el decano y el director del departamento convencieron a los dos estudiantes judíos que habían hecho la denuncia de que yo no podía explicar la novela picaresca española sin utilizar el Buscón, que es un texto fundamental. Evidentemente Quevedo era antisemita, eso ya lo sabemos, pero yo no hice alarde de ese antisemitismo. Ellos pensaban que había sido intención mía cuando en realidad yo soy un gran admirador del pueblo judío, especialmente los serfadíes.

P: Detrás de esa corrección política están movimientos como el Me too y Black Lives Matter.

R: Sí, pero han generado una importante reacción, como es el manifiesto de Harper´s firmado por figuras de la intelectualidad y del arte de Estados Unidos contra la cultura de la cancelación y que ha tenido su equivalente en España, con una firma equivalente. Es una reacción contra las posiciones extremas de la corrección política que están marcando a personas con trayectoria respetable pero alguna vez dijeron o hicieron algo que es considerado políticamente incorrecto. El problema de la corrección política es que cualquiera puede convertirse en el árbitro de la incorrección política de los demás. Ya no es la censura del Estado o de las Iglesias. Es la censura de un grupo, de una tendencia, de un club o de una persona.

P: De esto hay ejemplos recientes.

R: En Holanda ha pasado con la polémica por la traducción de la poesía de la joven poeta Amanda Gorman que intervino en la investidura de Joe Biden. Un activista holandesa montó un escándalo porque se había encargado la traducción a una traductora muy competente, pero blanca. Esta activista sostenía que era un ataque porque a Amanda Gorman (de raza negra) solo la podía traducir una persona negra. Es el llamado movimiento de la apropiación cultural. Es una cosa demencial.

P: Un caso clarísimo fue el de Oriana Fallaci, que perdió gran parte de su prestigio tras los ataques del 11-S.

R: Oriana Fallaci fue muy valiente en no morderse la lengua en dos libros contra el fanatismo islamista. Ahora en Estados Unidos hay profesores universitarios que están publicando libros en defensa de la libertad de cátedra y expresión, y en contra de ese puritanismo arbitrario y caprichoso que está negando la esencia de la universidad y la racionalidad. Lo que se está negando es el lema de Kant, Sapere aude “No te atrevas a saber las cosas, vive confortablemente instalado en tus sesgos de confirmación, en tus hábitos y prejuicios, y que nada destruya tu equilibrio emocional”.

Los posmodernos dicen que la razón es imperialista, autoritaria, eurocéntrica (por lo tanto racista)

P: Se lo conoce como pensamiento débil.

R: Sí, el pensamiento débil Una de sus líneas filosóficas más potentes es la deconstrucción de Jacques Derrida y Michel Foucault, y que anticipa Nietzsche. Si Nietzsche anunció la muerte de Dios, Foucault anunció la muerte del hombre. Y eso da lugar al poshumanismo, y otros post que tenemos ahora. Hay dos cuestiones que dispararon este libro: la corrección política y la posverdad, que irrumpe después. Esos dos fenómenos, que afectan a mi especialidad, la lengua, me intrigan. Y llego a la conclusión de que son síntomas de una época, la nuestra, y quiero caracterizar esa época.

P: A modo de resumen, es el tiempo de las verdades variables.

R: Sí, y sobre todo de una operación sistemática para dinamitar los fundamentos de lo que yo considero del momento más brillante del progreso y la evolución en la historia de la humanidad, que es el siglo XVIII, el del racionalismo, el Siglo de las Luces. De ahí viene la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, las revoluciones norteamericana y francesa, la primacía de la investigación para el desarrollo de las ciencias. Todos los posmodernos y los deconstructivistas van en contra del XVIII, de manera sistemática. Además hacen una peligrosa y perversa manipulación: dicen que la razón es imperialista, autoritaria, eurocéntrica (por lo tanto racista), y que lejos de significar el gran avance social y humano, es todo lo contrario. Ponen el ejemplo del esclavismo, que existía en XVIII, cuando en realidad es en ese siglo cuando empieza la lucha por la abolición de la esclavitud.

P: Hay una confusión entre verdad y dogmatismo.

R: Dicen que la verdad es autoritaria, imperialista, impositiva, masculina, blanca. Es la identificación que sigue haciendo todo el pensamiento poshumanista. También hay un posmarxismo, que sustituye la lucha de clases por una política líquida donde todo son contrastes entre demandas.

P: El poder se ha vuelto “extraterritorial”, dice en el libro. La mayoría está gobernada por una élite nómada y deslocalizada.

R: Esto lo han dicho antes muchos autores antes que yo. Para mí la corrección política es la censura posmoderna, ejercida no por el poder constituido sino instancias etéreas, deslocalizadas, gaseosas. Lo cual es terrible porque no sabemos a quién protestarle. Yo viví 25 años con el franquismo y sabías quien era el censor. Ahora yo escribo este libro y, si alguien lanza una anatema contra él a través de las redes sociales, ese estigma va a acompañar a la obra aunque no se lea. Es una forma de censura que puede generar una autocensura, en lo que yo no incurriré mientras tenga fuerzas. Yo me muerdo la lengua voluntariamente por prudencia, cortesía, pudor o buena educación, pero no porque alguien me obligue, lo que derivaría en corrección política.

Hay escritores vivos que retiran del hábito del tabaco a sus personajes en las últimas ediciones de sus obras, porque fumar ya no es políticamente correcto

P: Teme que, con esta deriva, a los escritores de mañana se les imponga un código de pensamiento o conducta literaria.

R: Hay filólogos que me han comentado que las últimas ediciones de algunas novelas de escritores vivos tienen una diferencia muy llamativa respecto a versiones anteriores: los personajes ya no fuman. Es caricaturesco, o anecdótico, pero es representativo de lo que estamos diciendo: el propio escritor, sin que nadie le obligue, se da cuenta de que la fumarreta Y les quitan el tabaco a sus personajes. Y no pasa nada. Ocurre también con el cine, con las películas de la época dorada, donde el humo de tabaco es un elemento tan importante. Disney también está retirando o haciendo advertencias sobre sus películas. Eso a mí me preocupa mucho: ¿por qué no hablamos ya de corrección artística? El arte puede acabar hecho unos zorros si continúa cayendo sobre él esa censura posmoderna que llamamos corrección política.

Si analizas los espectáculos de Les Luthiers desde los parámetros de corrección política, no se salva ni uno

P: Comenta el caso de Les Luthiers.

R: Es uno de los grandes grupos de humor en español. Llevan 50 años representado espectáculos impresionantes, pero si tú los analizas y les aplicas los principios de la corrección política, no se salva ni uno. Hay parodias de los judíos (y la mitad de ellos lo eran) y de los porteños (todos lo son). Todo eso ha funcionado perfectamente durante estos años con satisfacción de todos, de los judíos y no judíos, de los porteños y no porteños. El humor es una sustancia fundamental del arte, y tiende a la irreverencia. El público no es infantil, no hay que proporcionales espacios seguros a quien va a ver la comedia. Eso se sabe desde Aristóteles: la comedia debe ser provocativa e irreverente.

Es algo muy arraigado en nuestra sociedad: el sentimentalismo tóxico y el énfasis excesivo en la inteligencia emocional

P: Otro apartado de su libro: el sexismo en el lenguaje. Y aquí echa mano otra vez de su biografía, de una anécdota ocurrida en una conferencia en Shanghái.

R: Al final de la conferencia, una estudiante china me espetó: «Quiero que usted reconozca que el español es una lengua machista, porque fíjese: la derrota es femenina, y el triunfo es masculino». Tendría que haberle dado una clase rápida de fundamentos de lingüística, entre ellas el principio básico de la arbitrariedad del signo: entre la palabra y la cosa no hay ninguna relación de causa-efecto; en español mesa es mesa, y en inglés es table. A la mesa le podríamos llamar caballo, pero no lo hacemos porque existe una convención. Pero en vez de esa clase yo simplemente le respondí: «¿No te has dado cuenta que victoria es femenino y fracaso es masculino?» Como dice Cambalache, el famoso tango: «¡qué falta de respeto, qué atropello a la razón!» Es algo muy arraigado en nuestra sociedad: el sentimentalismo tóxico y el énfasis excesivo en la inteligencia emocional. Esta última es un cóctel de difícil maridaje: todos somos la suma de razón y emoción. Pero la inteligencia apuntémosla del lado de la razón y la emoción del lado de las vivencias. La emoción puede ayudar a mejorar la racionalidad, pero si la desplaza apaga y vámonos. Las emociones no son trasferibles entre personas, pero la razón sí, porque los puntos de convergencia tienen un fundamente supraindividual.

P: Esta crítica a la inteligencia emocional es un torpedo contra muchos libros de autoayuda.

R: Lo sé. En España el libro principal (La inteligencia emocional, de Daniel Goleman, 1995), tuvo un éxito enorme, con más de 100 ediciones.

La Constitución no está escrita en masculino, sino en español

P: Cuando usted era director de la RAE, el Gobierno de Pedro Sánchez pidió a la Academia un informe sobre el sexismo lingüístico y el lenguaje inclusivo en la Constitución Española.

R: Todo empezó en julio de 2018, cuando Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, dijo en sede parlamentaria que la Constitución del 78 estaba escrita en masculino, que había que reformarla y que iba a solicitar a la Academia un informe al respecto. Yo era director entonces, y aquello fue sorpresivo. Y me disgustó porque aquel año era el de la conmemoración de los 40 años de la aprobación de la Carta Magna, la más importante que ha tenido España en su Historia. Me parecía que no era oportuno echar un borrón sobre la Constitución cuando había que conmemorarla. Aparte de que la expresión era desafortunada: la Constitución no está escrita en masculino, sino en español. Encargué a cuatro académicos (dos mujeres y dos hombres) que hicieran lo que pedía la vicepresidenta. El trabajo quedó en manos del nuevo director, y finalmente el informe se presentó en enero de 2020.

P: Pero antes ya avisó de que no iba a haber sorpresas.

R: No, porque en el año 2012 la Academia ya hizo público un documento sobre el sexismo lingüístico e igualdad de la mujer que puntualizaba casi todas estas cuestiones. Todo va en la línea de una confusión que tenemos que evitar: una cosa es el machismo y otra la gramática. Las lenguas no crean los problemas ni las realidades, sino que es al revés.

P: ¿Qué pasó tras la presentación del informe de enero 2020?

R: Francamente tengo que decir que estoy muy sorprendido. El asunto empezó con tanta fuerza en julio de 2018 que pensé que iba a traer mucha cola. Pero en enero 2020, cuando la RAE envía el informe al Gobierno, ocurrió lo de aquel soneto de Cervantes: fuese y no hubo nada. No hubo ninguna reacción, ningún comentario por parte de quien lo recibía. Pensé que iba a hacer mucho debate pero no fue así.

P: De que todo seguía igual da prueba una alocución de Pedro Sánchez dos meses después, al inicio de la pandemia, que usted cita en el libro.

R: Todo el tiempo se dirige a sus conciudadanos, a sus compatriotas, dice que el Estado se cuidará de todos, que contamos con la ayuda de todos los servidores de la sanidad pública, que esto lo vamos a ganar entre todos. Ninguna mujer española pensó que el presidente estaba hablando solo para los hombres.

Está comprobado que las personas hacemos prevalecer nuestros prejuicios a la evidencia

P: Hay una cita contundente en Morderse la lengua“Económicamente la verdad ha dejado de vender”.

R: Y no solo eso, tampoco es rentable políticamente. Es lo que los psicólogos llaman el sesgo de confirmación. Está comprobado que las personas hacemos prevalecer nuestros prejuicios a la evidencia. Aunque se demuestre que estamos equivocados, preferimos nuestra equivocación al acierto que viene de fuera. Los republicanos estadounidenses han sido muy hábiles en conectar con ese sesgo de confirmación del electorado. Todo empezó en la invasión de Irak y la campaña de desinformación que hubo. Se ofrecía a la opinión pública americana la idea de que lo que se iba a hacer era imprescindible para protegerlos, porque había unas armas de destrucción masiva que más tarde o más temprano iban a causar un daño terrible a los Estados Unidos. Esto no era cierto, era una posverdad.

PAfecta directamente a los medios de comunicación.

R: El problema es que los medios de comunicación con deontología, profesionalidad, dirección y orientación, que eran los que tradicionalmente influían más en la configuración de la opinión pública, ahora están perdiendo empuje frente a las redes sociales. Un estudio del MIT dice que entre los seguidores de las redes sociales hay un 80 por ciento que prefiere las fake news a las noticias verdaderas, lo que viene a apuntalar la teoría del sesgo de confirmación.

Hay tres operaciones políticas recientes que ejemplifican muy bien la posverdad: el Brexit, el ‘procés’ y Trump

P: Y la falsedad es motor de muchos cambios, como dice Umberto Eco y usted recuerda en el libro.

R: Hay tres operaciones políticas recientes que ejemplifican muy bien la posverdad: el Brexit, el procés y Trump, que es la apoteosis de la posverdad. Hay cosas asombrosas: Trump anunció que un ciclón iba a arrasar Atlanta y no era verdad. Los servicios meteorológicos intentaron desmentirlo y él les obligó a cambiar los datos para sostener su mentira.

P: El libro denuncia este “empoderamiento de los ciudadanos ignorantes”.

R: Es lo que en inglés llaman el science denialism. Está pasando con la negación de la covid, de las vacunas, del cambio climático. Los orígenes de esto están en los años 50, cuando las grandes productoras de tabaco crearon un instituto para intoxicar la información frenando las primeras investigaciones que vinculaban fumar con el cáncer. Era la negación de la ciencia. Esa la actitud: qué me importa a mí que tú seas un científico. Hay un empoderamiento de la ignorancia y de la estupidez. La necedad es algo que todos llevamos con nosotros mismos, pero el problema es que ahora tiene un estatuto de empoderamiento extraordinario, y unas plataformas de difusión increíbles. Antes era más prudente la estupidez, se callaba más. Ahora todo lo contrario: se envalentona, y tiene su rendimiento y su éxito.

La memoria proporciona los datos necesarios para establecer relaciones y llegar a las conclusiones

P: La última pregunta: su opinión sobre la nueva ley educativa, la llamada ley Celaá, que reduce el énfasis en la memorización.

R: Francamente pienso que es un error. Esta es una vieja idea que tiene que ver con algo que ya hemos dicho: considerar que la memoria es autoritaria, impositiva e imperialista. Esa demonización de la memoria no tiene sentido, no se puede considerar que es enemiga del raciocinio y del desarrollo del pensamiento autónomo y libre del estudiante. La memoria es la que proporciona los datos necesarios para establecer relaciones y llegar a las conclusiones. Además es imposible vivir sin memoria. Como profesor considero imposible alcanzar un desarrollo intelectual y formativo competente sin una parte alícuota de ejercicio de memoria.

Vía Iran Wire

En junio, la insólita historia de un avión que quedó en tierra en Argentina luego de un vuelo encubierto sobre el espacio aéreo del país con el transpondedor apagado fue noticia en todo el mundo. 

El Departamento de Justicia de EE. UU. ahora busca confiscar el avión, que fue vendido anteriormente por Mahan Air de Irán a Emtrasur de Venezuela, y volaba con una tripulación mixta iraní-venezolana. 

El FBI ha identificado a dos empresas españolas como involucradas en el asunto, Zorex SA y Alcux Air Spain. Zorex SA parece ser una empresa fantasma cuyas oficinas en la calle Madrid 2, en Colmenar Viejo, un pequeño pueblo a 40 kilómetros de la capital española, dejaron de operar el año pasado. Los números de contacto y las direcciones físicas en el sitio web de Zorex no llevan a ninguna parte. 

Alcux Air Spain está registrada en un edificio a las afueras de Barcelona. Pero estas oficinas también carecen de un número de teléfono, detalles de contacto o un sitio web. Los esfuerzos de IranWire para localizar a un solo representante o empleado de la empresa, o para localizar un número de trabajo, fueron infructuosos.

El juez argentino Federico Villena ahora está investigando a estas dos entidades debido a tratos anteriores con Emtrasur. Alcux, al parecer, pagó a Emtrasur unos US$600.000 para transportar carga de México a Argentina. La fecha de pago coincide con el momento en que aterrizó el avión venezolano-iraní en el aeropuerto argentino. Zorex SA, está involucrada a través de una supuesta subsidiaria en los Estados Unidos, habiendo recibido al mismo tiempo US$780.000 vía transferencia bancaria de Emtrasur.

Ambas operaciones financieras hicieron saltar las alarmas en el FBI, que junto con sus homólogos argentinos realiza una investigación abierta sobre la trayectoria del avión. La hipótesis de trabajo de Villena es que la filial estadounidense de Zorex prestó su cuenta bancaria a los venezolanos para evitar sanciones financieras mientras traía mercancías aún no establecidas a Argentina. 

La empresa venezolana Conviasa, que administra Emtrasur, está sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU.

Finalmente, a principios de este mes, la investigación argentina identificó a un hombre llamado Juan Manuel Bataller como administrador de Alcux. Como coincidencia, él también era un apoderado de la otra compañía, Zorex SA Bataller fue citado a declarar a través de un enlace de video desde España ante los tribunales argentinos e insistió en que los pagos estaban vinculados a la administración básica de la aerolínea. 

Aún así Bataller, que lleva dos condenas de los juzgados de lo mercantil de Barcelona y una declaración de concurso, no pudo justificar el uso de las cuentas bancarias de Zorex por parte de Emtrasur.

Estado actual del avión iraní-venezolano

La aeronave Boeing 747-3B3(M) perteneciente oficialmente a Emtrasur, matrícula YV3531, continúa varada en el aeropuerto de Buenos Aires. A principios de agosto, la justicia argentina concedió permiso para salir del país a 12 de los 19 tripulantes, pero retuvo a cuatro de los iraníes -entre ellos Gholamreza Ghasemi , exmiembro del IRGC- y tres venezolanos.

El 16 de agosto, HispanTV, el canal en español de la Radiodifusión de la República Islámica de Irán, y Spanish Russia Today publicaron artículos destacando los comentarios de desaprobación del embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde. Laborde dijo que, a su juicio, la aeronave había sido “secuestrada” e insinuó que la justicia argentina actuaba únicamente a instancias de Washington. 

Russia Today también citó a Saeed Khatibzadeh, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, quien dijo que la retención del avión fue una «operación de propaganda» motivada por las políticas nucleares de Teherán. HispanTV, describiendo el avión como «secuestrado», citó además a Laborde: «Hay muchas partes interesadas que quieren que esto sea una pelea».

Los comentarios de Laborde fueron recibidos con críticas generalizadas incluso en la prensa argentina la semana pasada. En un aparente intento por mantener la calma, la vocera del gobierno, Gabriela Cerruti, lo calificó como “un excelente embajador que viene cumpliendo con su cometido desde hace muy poco tiempo”.

Pero agregó: “El avión es iraní. De hecho, es venezolano de origen iraní, comprado al gobierno de Irán”.

Por Fabiola Zerpa en Bloomberg

Venezuela contrató al gigante mundial de la energía Siemens Energy AG para reparar plantas de energía como parte de un plan del gobierno para reconstruir una red eléctrica en ruinas plagada de apagones constantes y falta de mantenimiento.

Siemens firmó contratos con el gobierno para trabajar en las instalaciones de generación a gas y diesel que dan servicio a la capital, Caracas, así como las que suministran electricidad a la infraestructura utilizada por la industria petrolera, según informó el gerente comercial de la empresa en el país, Eric Soto.

La empresa alemana recibió licencias del Tesoro de EE. UU. para trabajar con la estatal Petróleos de Venezuela SA, propietaria de las plantas, a través de terceros y con la eléctrica Corpoelec, dijo Soto. Marca el raro acuerdo en el que una empresa internacional está trabajando con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que está bajo duras sanciones económicas de Estados Unidos.

Las reparaciones podrían impulsar la generación de energía en alrededor de 1.000 megavatios para Caracas, ayudándola a superar los apagones regulares y años de racionamiento, así como mejorar el suministro de energía en las áreas productoras de petróleo afectadas por apagones.

Ni el Tesoro de los Estados Unidos ni PDVSA respondieron a los mensajes en busca de comentarios.

A medida que la economía de Venezuela comienza un repunte lento, Maduro intenta reconstruir el sistema de generación del país con un plan para invertir alrededor de USD 1.5 mil millones para recuperar unos 9.000 megavatios de producción para 2025, según un documento de Corpoelec visto por Bloomberg. 

La red, que depende en gran medida de la enorme instalación hidroeléctrica Guri en el sur de Venezuela que produce hasta el 80% de la energía, ha sido devastada por años de mala gestión.

Aunque Guri y otras centrales hidroeléctricas y termoeléctricas tienen capacidad para producir unos 32.000 megavatios de electricidad, el sistema tiene problemas para satisfacer la demanda actual de unos 10.500 megavatios, según Nelson Hernández, consultor energético en Caracas. 

Debido a una red de distribución deteriorada y plantas eléctricas disfuncionales, los apagones continuos y las raciones son comunes, especialmente en los barrios pobres de Caracas y en las ciudades más pequeñas de todo el país. En 2019, los venezolanos se quedaron sin electricidad durante días debido a un apagón en todo el país.

La escasez también suprime la producción en PDVSA, que tiene que cerrar regularmente la producción en los campos petroleros debido a la falta de energía para las unidades de bombeo.

Una de las licencias estadounidenses, otorgada en junio, permite a Siemens trabajar con Corpoelec en plantas termoeléctricas en el estado de Miranda, pero impide que aumente la capacidad, dijo Soto. 

Una segunda licencia, que vence en octubre, autoriza a Siemens a vender y reparar componentes en centrales eléctricas propiedad de PDVSA. Lleva limitaciones similares.

La empresa alemana tiene presencia en Venezuela desde hace 60 años y aproximadamente la mitad de las centrales termoeléctricas del país utilizan tecnología propiedad de Siemens, mientras que la otra mitad utiliza tecnología de General Electric Co. 

Siemens también produce muchos de los componentes en las subestaciones eléctricas, que necesitan reparaciones, dijo Soto.

Por Einstein Millán Arcia en Aporrea

Durante la primera semana del mes de Junio’2022, el departamento de estado norteamericano informa que permitirá envíos de crudos Venezolanos hacia Europa, en una especia de canje por deuda con miras a aliviar la presión sobre la escasez originada, por la reducción de envíos rusos hacia la zona euro. Entre la última semana de dicho mes y el cierre de julio, fueron enviados un total de 3,600,000 barriles hacia las refinerías de Eni/Repsol, equivalentes a unos 90,000 BPD. PDVSA sostenía para antes de dichos envíos, pagos pendientes por unos $1,371 millones, de los cuales, unos $868 millones correspondían a Repsol, mientras que $571 millones a Eni. Luego de Julio dicha deuda habría disminuido en unos $310 millones.

A partir de la primera semana del mes de Agosto, Venezuela anuncia la suspensión de la modalidad de deuda por crudo y pide más bien un intercambio de refinados por crudo [PDVSA suspende envíos de petróleo por deuda a Europa – El Diario – Bolivia].

PDVSA en la carraplana

La realidad es otra. Nuestra industria tal y como está, no tenía alternativa más que suspender dichos envíos, ante la imposibilidad de poder honrarlos. En medio de un relajamiento de hecho de las sanciones y de un alza del barril que se ha sostenido desde Q4’2021 a niveles superiores/cercanos a $80 el barril en promedio, la situación de la industria petrolera Venezolana ha venido empeorando, encontrándose hoy en una precaria coyuntura que no le permite honrar los compromisos con Eni y Repsol, sin sacrificar la misma producción, el mercado interno, las exportaciones a cuba y, sobre todo, su ya moribundo flujo de caja.

A partir de finales de Septiembre’2021 llega a Venezuela el primer cargamento de condensado iraní con 2,100,000 barriles, destinado a satisfacer necesidades de dilución para producir/transportar los crudos de la FPO y apalancar procesos aguas abajo. Un diluyente que antes se producía en el pais.

Para comprender en detalle la decisión del gobierno de Maduro de detener los envíos de crudos hacia europa, es necesario entender el balance volumétrico actual de la industria. Para Junio’2022 PDVSA aun recibía un volumen similar de condensados iranies equivalentes a 70,000 BPD. Cada cargamento de condensado representa al barril de Junio (WTI; ~$114) erogaciones adicionales por $240 millones, o una compensación equivalente a 100.000 B/D de Merey-16, compensación que surge por el diferencial de precios entre ambos.

La cesta Venezolana promedió durante el mes de Junio ~$91 por barril, mientras que el barril de condensado iraní se cotizaba en el entorno de ~$113 pb. PDVSA utiliza unos 240,000 BPD para procesos aguas abajo y envía regularmente unos 60,000 BPD de crudos a cuba en promedio.

En cuanto a dilución, la necesidad fraccional en la FPO ronda el 36%. Es decir, 0.36 BBls de diluyente por barril crudo producido. Para la producción del mes de Junio de 727,000 BPD (Opep directo), la producción de la FPO rondaba los 405,000 BPD, para los cuales unos 150,000 BPD de diluyentes fueron utilizados. Para el caso del mes de Julio, la producción cede hacia 629,000 BPD (OPEC directo), mientras que las necesidades de dilución se ubicaron en el entorno de 131,000 BPD.

Nótese que para el mes de Julio la producción según fuentes directas es menor a la reportada por fuentes secundarias (661,000 BPD). La razón es simple, PDVSA tuvo que poner mano a los inventarios y duplicar importaciones para poder cumplir compromisos, que no podrían haber sido satisfechos de otra forma, dado que el balance de producción e ingresos ya entraba en terreno deficitario.

Teniendo presente todo lo anterior, PDVSA pudo cumplir con el pago de crudo por deuda durante el mes de Junio al nivel de producción de entonces, sin embargo, para el mes de Julio se ve obligado a duplicar la importación de crudo iraní de 2,100,000 Bbls a 4,000,000 Bbls, consumir inventario y detener procesos aguas abajo, dado que no satisfacía sus necesidades y compromisos con la mera producción.

Los costos de importación de crudo irani, el galopante costo operacional de PDVSA junto su elevado gasto corporativo, y la demanda de dividas desde el estado para mantener el tipo de cambio, se consumieron el poco flujo de caja libre y por ende era una situación insostenible para el estado. De allí el cambio de orientación hacia intercambios o «swaps» de crudo por combustibles.

El barril ha cedido un 27% desde el mes de Junio, y las expectativas señalan que continue cediendo hacia los $80’s. Tal y como antes advertimos [Einstein Millán Arcia: «Tareck y Asdrúbal ponen a perder dinero a PDVSA» – REPORTE DE LA ECONOMÍA (reportedelaeconomia.com)], bajo las variables actuales de producción y precio del barril,

PDVSA se acerca a ese umbral critico de los (WTI) $75 a $76 pb, bajo el cual es insostenible la actividad operacional considerando la importación de crudo iraní. La ganancia neta que percibiría Venezuela por la venta de mezcla Merey-16 seria marginal en el mejor de los casos o incluso dejaría de ser rentable. La industria se vería obligada a suspender o reducir sustancialmente la importación de diluyente, impactando la producción y volviendo a experimentar una profunda escasez de combustibles domésticamente.

A condiciones reales y bajo la premisa de la importación de 2,100,000 BPD de crudo iraní, por cada 500.000 BPD-mes de crudo Merey-16 negociado bajo las condiciones reinantes desde finales de Septiembre’2021 hasta Junio’2022, Venezuela estaría operando con una ganancia neta de alrededor de $15 a $18 millones-mes. Sin embargo, bajo el nuevo nivel de importación de 4,000,000 de barriles, la historia cambia por completo, llevando a niveles marginales cercanos a perdida los ingresos de nuestra industria petrolera.

Aún bajo una escalada de precios de tal naturaleza como la experimentada a partir de Q4’2021, bajo un ambiente de relajación de hecho de las sanciones, PDVSA ha continuado degenerándose.

Bajo ese escenario de desplome del barril y decadente producción, Venezuela podría entrar nuevamente en devaluación-hiperinflación, dado que a lo anterior se le suma una reducción sustancial de las remesas, producto del impacto recesivo de las principales economías globales.

Los ingresos en divisas del país, dependen en un 75% del petróleo y en un 10% de las remesas, el resto son un pequeño volumen de exportaciones no tradicionales, impuestos, oro y gasolina [Einstein Millan Arcia on Twitter: «Asi lo aseguramos 2 meses atrás. La inflación seguirá su curso hacia la hiperinflación nuevamente. El #madurimo no supo aprovechar los elevados precios del barril. #PDVSA a la deriva perdiendo cada vez más valor. Las remesas disminuirán por efectos de la inflación global.» / Twitter].


Einstein Millán Arcia esAsesor Petróleo y Gas «Upstream». M.D. Energy & Carbon Management @ Fractal

Por C. Jordá en Libertad Digital

Una «organización criminal», mucho descaro y un botín de, cómo mínimo, 1.000 millones de dólares. Así es la corrupción de los Kirchner

La fiscalía argentina ha pedido este lunes una condena de 12 años de cárcel para Cristina Fernández de Kirchner y su inhabiltación perpetua para ejercer un cargo público. Una petición que no es un asunto más o menos baladí contra un político retirado: Kirchner sigue siendo vicepresidenta del Gobierno y, sobre todo, sigue controlando la mayor parte del movimiento político que domina el país desde hace décadas, el peronismo que en su versión kirchnerista fue instaurado por su marido Néstor Kirchner, ha sido continuado por ella misma y tiene ya en su hijo Máximo un claro heredero.

Además, conviene no olvidar lo que le ocurrió al último fiscal que acusó a la entonces presidenta de un delito: Alberto Nisman, que según todos los indicios acumulados en el proceso judicial fue asesinado por denunciar como los Kirchner habían encubierto a los culpables del terrible asesinato de la AMIA.

Sin embargo, la acumulación de pruebas que se han ido viendo durante el proceso que se está desarrollando en Buenos Aires y su contundencia es tal que todo el mundo da por hecho que Fernández de Kirchner tiene muchas posibilidades de ser condenada como «jefa de la asociación ilícita» –en palabras del fiscal Diego Luciani– de un grupo delictivo que permitió amasar varias formidables fortunas gracias a la sustracción masiva de dinero público. Así lo explicaba:

«La jefa de esta asociación fue Cristina Fernández que desde la cúspide del poder intervino junto a Néstor Kirchner y crearon la estructura criminal para sustraer fondos a favor del amigo constructor, y en una etapa posterior para apoderarse de una porción de los mismos (en relación a las causas por lavado de dinero)».

Latrocinio en la obra pública

La Fiscalía considera probado que los Kirchner crearon toda una estructura para desviar dinero público y enriquecerse. Para ello contaron sobre todo con un empresario amigo al que se licitaron cantidades extraordinarias de obra pública: Lázaro Báez, que ya ha sido condenado a doce años por lavado de dinero. Juntos, el matrimonio, el constructor y otros políticos varios habrían constituido lo que en la legislación española

«La jefa de esta asociación –han asegurado sus alegatos los fiscales– fue Cristina Fernández que desde la cúspide del poder intervino junto a Néstor Kirchner y crearon la estructura criminal para sustraer fondos a favor del amigo constructor, y en una etapa posterior para apoderarse de una porción de los mismos».

La relación de Báez con los Kirchner se inicia en 2003, cuando Néstor accede a la presidencia de Argentina. El empresario ha compartido negocios con el matrimonio presidencial en al menos 18 de las 33 propiedades que figuran en la herencia del primer mandatario Kirchner, que falleció en 2010. Tal y como cuenta La Nación, hubo compras y ventas, alquileres, un fideicomiso, alquileres y hasta una permuta y un condominio. Un ejemplo de estas relaciones fue que Báez pagó la ampliación de Los Sauces, uno de los hoteles de los Kirchner.

Pero lo sustancial del caso es que las diferentes empresas de Báez recibieron encargos de obra pública en la provincia de Santa Cruz por valor de 2.200 millones de dólares. Esto supuso, según el periódico Clarín, que entre 2004 y 2015 el patrimonio personal del empresario creciese en un 12.000%, mientras que el de Austral Construcciones, su compañía más importante, se disparó en un 46.000%. Todo esto mientras el Estado argentino era el único cliente de Austral.

Los métodos para el fraude descritos por la Fiscalía son los típicos en este tipo de corrupción, pero usados con un desparpajo cuanto menos llamativo: por un lado se ha hablado de licitaciones amañadas para que se impusieran las empresas de Báez, pero en algunas ocasiones todo el proceso de licitación era «simulado», pues en realidad sólo optaban al contrato diferentes compañías todas propiedad del amigo de los Kirchner.

Además, siempre según el relato de los fiscales y las abundantes pruebas esgrimidas en el proceso, se «creó un canal exclusivo de pagos millonarios al Grupo –de empresas de Báez– sin que las obras se hagan, se autorizaron modificaciones de costos y plazos de obras injustificados, se pagaron cuantiosos sobreprecios». Es decir, no sólo se le encargaban por sistema las obras sino que una vez hecho esto se le admitían cambios para aumentar el coste, sobreprecios o incluso se pagaba por obras que no se habían realizado.

Y para completar el cuadro de ilegalidades, todas las adjudicaciones contenían sobreprecios entre 18 y 102 por ciento», al menos todas las que se han podido estudiar hasta el momento, cinco, con sobrecostos de 173 millones de dólares, según explicaba este mismo lunes uno de los fiscales de la acusación, que aseguraba que de lo visto en esas obras estudiadas es posible deducir que «esto pasó en todas pero no solo porque pasó en estas cinco, sino porque estas cinco obras, al igual que la totalidad de las involucradas en la defraudación –por el momento se han contado 51 adjudicaciones–, responden al mismo patrón de mecanismos de direccionamiento a favor de Lázaro Báez».

En resumen, la Fiscalía asegura que Cristina Fernández de Kirchner «generó un enorme perjuicio a las arcas públicas» estimado en al menos mil millones de dólares y al mismo tiempo «garantizó un constante flujo de dinero ilegal a favor de Báez» del que, obviamente, ella misma se benefició. La conclusión es que ha cometido tres delitos, uno de asociación ilícita –que por las penas propuestas se asemeja más al de organización criminal del Código Penal Español–, otro por defraudar al estado en perjuicio de la administración y un tercero por incumplir los deberes de funcionario público.

«No te metas con el poder»

Como suele ocurrir cuando se delinque desde el poder, el robo de dinero público no ha sido la única irregularidad detectada por los fiscales: según el relato que han hecho en otro momento del proceso aquellos funcionarios que se atrevieron a investigar a las empresas de Báez se vieron sometidos a la persecución del kirchnerismo.

«No te metas con el poder, porque te puede arruinar la vida», era el mensaje que recibían estos funcionarios según el fiscal Sergio Mola, en una de las jornadas dela alegato del juicio que se está celebrando estos días.

Mola contó varios casos, entre ellos el de un director regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que investigaba estas empresas porque se habían detectado facturas falsas y al que se «ubicó en un escritorio en un pasillo y debía concurrir a la oficina a hacer pasar el tiempo sin hacer nada», contaba Mola, «se lo sometió a una humillación pública permanente», añadió.

Alguna de estas investigación venían de lejos y, al ser detectadas, eran suprimidas por la dirección política de la AFIP. Es lo que ocurrió, tal y como explica La Nación, en 2013, cuando se investigó Badial SA, una constructora de Báez, y la investigación fue cerrada, los funcionarios apartado y negada cualquier actuación irregular de la compañía.

Y por supuesto la pista de las órdenes llega hasta lo más alto: «El pedido partió desde la más alta esfera del Poder Ejecutivo», según asegura la Fiscalía la orden llego a Horacio Castagnola, un alto cargo de la AFIP, que a su vez se la había transmitido sus superiores jerárquicos: Carlos Fernández y Claudio Moroni, administradores generales de la AFIP.

«No jodan con Cristina»

Mientras las pruebas en su contra se amontonan, el kirchnerismo ha lanzado una ofensiva política a todos los niveles para tratar de lograr la impunidad para su lideresa, con métodos totalmente antidemocráticos.

Ver también:

Por morfema.press

La comisión estará conformada por tres fiscales y los directores generales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que enviará cinco funcionarios del Ministerio Público a Colombia para investigar “la brutal corrupción” en la empresa de propiedad estatal venezolana Monómeros S.A.

De acuerdo con el titular de la acción penal, la comisión estará conformada por tres fiscales y los directores generales contra la Corrupción y contra la Delincuencia Organizada, quienes en la sede de la empresa tendrán la labor de recabar la información y obtener la documentación certificada “de la brutal corrupción que amparó el gobierno del expresidente Duque hasta llevarla a la quiebra”.

Saab también aseveró que los funcionarios viajarán en los próximos días, para informarle al país sobre “el alcance de esta singular, reprochable y repudiable acción de corrupción binacional”.

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