Morfema Press

Es lo que es

DBuford

Vía Semana

El jefe de Estado aseguró que con la exportación de cannabis Colombia se puede ganar unos dólares.

El presidente de la República, Gustavo Petro, abrió un debate en Colombia al proponer que los campesinos del Cauca siembren cannabis sin licencia, como se hace con otros productos con la finalidad de que Colombia se pueda volver un país competitivo en el mercado internacional con exportaciones en esa materia.

En un evento que se desarrolló en Cali esta semana, el mandatario del Pacto Histórico criticó que otros países se lleven toda la tajada del negocio del cannabis, insistiendo que Colombia tiene un potencial enorme para el negocio.

De la misma manera, el jefe de Estado indicó que la siembra de cannabis sin licencia podría generar un impacto positivo en materia de orden público, bajando –según él– las cifras de violencia en regiones históricamente conflictivas.

“Si queremos que los alcaldes que están en la zona de los Andes donde se produce marihuana (Corinto, Miranda), hagan el diálogo regional, hablemos. ¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias como sembrar maíz, como sembrar papa y vemos si se exporta eso y nos ganamos unos dólares?”, sostuvo Petro.

Y añadió en su declaración: “Porque en media parte de la humanidad es legal. ¿Va a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y haga las plantaciones de cannabis o van a ser los campesinos de cannabis del Cauca?”.

Sumado a ello y en su argumentación, el mandatario colombiano cuestionó que de legalizarse el negocio del cannabis, no tendría razón que permanezcan las cárceles hacinadas, manifestando que llegó el momento de que salgan de las prisiones personas que permanecen detenidas porque se les criminalizó, con hechos que según el presidente Petro en algunas zonas de Estados Unidos es legal el cannabis.

Proyecto de ley busca que la marihuana pueda ser recreativa

Hace varios días, el senador Gustavo Bolívar radicó el proyecto de ley que busca establecer el marco regulatorio del cannabis de uso adulto o recreativo. Con esto, el miembro de la bancada de gobierno propone crear normas para cultivo, producción, abastecimiento, almacenamiento, transformación, comercialización, acceso y uso de la planta psicotrópica.

El proyecto se ha presentado varias veces, hundiéndose en etapas tempranas de debate. Esta vez, Bolívar, con el apoyo de los congresistas Norman Bañol, Aida Marina Quicué, Ermes Evelio Pete, Polivio Rosales, Erick Velasco, Jorge Ocampo, Juan Pablo Salazar, Susana Gómez, Gloria Flórez, Juan Carlos Losada y Pedro Flórez, confía en que se aprobará.

En primer lugar, el proyecto de ley trata las licencias para la actividad económica alrededor de la marihuana. Para el cultivo, estas estarían reguladas en un sistema de cupos para controlar la oferta y el abastecimiento.

Incluso, en medio de la regulación productiva, se habla de beneficios a pequeños productores y cultivadores, quienes recibirán licencias prioritarias. “A través de una discriminación positiva que tenga como base aspectos de género, etnia, nivel socioeconómico, situación de vulnerabilidad, que habite en territorios que han sido afectados por el conflicto armado o los cultivos ilícitos, entre otros”, dijo.

Sobre el acceso, el proyecto de ley llama al Ministerio de Salud para reglamentar los mecanismos a través de los cuales las personas mayores de edad podrán acceder a esta planta “de forma segura, informada y por fuera de los riesgos de seguridad y salud pública que representa el vínculo con el mercado ilegal de esta sustancia”.

Finalmente, también permitiría el autocultivo en propiedad privada en un número no superior a 20 plantas para uso personal o colectivo. Esta modalidad no podría tener fines de comercialización o lucro.

Vía The Epoch Times

El expresidente Donald Trump dijo durante la noche de jueves que apoya la publicación inmediata de cualquier documento relacionado con la búsqueda del FBI en su propiedad de Mar-a-lago en Florida a principios de esta semana, que consideró que tiene motivaciones políticas.

“No solo no me opondré a la publicación de documentos relacionados con el allanamiento antiestadounidense, injustificado e innecesario de mi casa en Palm Beach, Florida, Mar-a-Lago, sino que voy a dar un paso más al ANIMAR la acción inmediata publicación de esos documentos, a pesar de que han sido redactados por demócratas radicales de izquierda y posibles opositores políticos futuros, que tienen un fuerte y poderoso interés creado en atacarme, como lo han hecho durante los últimos seis años”, dijo Trump en un comunicado en Truth Social.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) solicitó el jueves a un tribunal federal que abra la orden judicial, algunos materiales de apoyo y un recibo que enumera los artículos sustraídos por agentes del FBI del complejo Mar-a-Lago durante la redada.

Ahora que se llevó a cabo la redada, los abogados del gobierno dijeron en una nueva presentación que hacer pública la orden “no ‘perjudicaría las funciones judiciales’, incluida la capacidad del gobierno para ejecutar la orden”.

El fiscal general Merrick Garland, designado por Biden, dijo el jueves que el Departamento de Justicia presentó la moción para abrir los documentos “a la luz de la confirmación pública del registro por parte del expresidente, las circunstancias circundantes y el interés público sustancial en este asunto”.

El DOJ tiene hasta las 3 p. m. del viernes para notificar al juez magistrado de EE. UU. Bruce Reinhart si Trump estuvo de acuerdo o no con la apertura de la orden y los documentos relacionados.

‘¡Libere los documentos ahora!’

Trump calificó la redada del FBI en su propiedad de Palm Beach como evidencia de “mala conducta de la fiscalía” y un “armamento del sistema de justicia”.

El expresidente alegó que la redada está motivada por personas que no quieren que vuelva a postularse para presidente en 2024.

En su última declaración publicada en Truth Social, Trump se refirió a su popularidad en las encuestas y reiteró sus declaraciones de que la redada fue “armamento político de las fuerzas del orden”, algo más común en los países en desarrollo con sistemas políticos corruptos.

“Los números de mi encuesta son los más sólidos que jamás hayan existido, la recaudación de fondos del Partido Republicano está rompiendo todos los récords y las elecciones de mitad de período se acercan rápidamente”, dijo Trump.

“Esta armamentización política sin precedentes de la aplicación de la ley es inapropiada y muy poco ética. ¡El mundo está observando cómo nuestro país está siendo llevado a un nuevo punto bajo, no solo en nuestra frontera, crimen, economía, energía, seguridad nacional y mucho más, sino también con respecto a nuestras sagradas elecciones! ¡Libere los documentos ahora!”

Vea también:

Vía The Epoch Times

El fiscal general Merrick Garland dijo el 11 de agosto que aprobó personalmente el allanamiento del FBI a principios de esta semana en la residencia personal de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump.

El FBI generalmente busca la aprobación de la cúpula antes de realizar una redada en un objetivo político. La confirmación de Garland fue la primera declaración pública del Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI sobre la búsqueda sin precedentes.

Garland dijo a los periodistas que su agencia presentó una moción el 11 de agosto para revelar la orden de allanamiento aprobada por el tribunal que se ejecutó en una casa “que pertenecía al expresidente”, luego de que Trump confirmara la redada, “como es su derecho”.

“Yo personalmente aprobé la decisión de buscar una orden de allanamiento en este asunto. … El Departamento no toma esa decisión a la ligera”, dijo Garland.

Dijo que agentes del FBI proporcionaron copias de la orden a los abogados de Trump el 8 de agosto.

El fiscal general afirmó que los agentes del FBI son servidores públicos “patrióticos” y “dedicados” que protegen a los estadounidenses contra los delitos violentos y el terrorismo. “Me siento honrado de trabajar junto a ellos”, dijo.

Hasta ahora, el Departamento de Justicia y el FBI se han mantenido en silencio sobre el propósito y la causa probable detrás de la redada y se han negado repetidamente a comentar públicamente a The Epoch Times y otros medios de comunicación. Solo supuestas fuentes anónimas dentro del FBI y el Departamento de Justicia han brindado esporádicamente detalles sobre el incidente a los medios heredados desde el 8 de agosto.

Un día antes de la declaración de Garland, el director del FBI, Christopher Wray, se negó a hablar sobre la búsqueda del FBI y dijo que “no es algo de lo que pueda hablar, y lo derivaría al departamento”.

Mientras tanto, la Casa Blanca dijo que no estaba al tanto de la redada del FBI. El 9 de agosto, cuando los periodistas le preguntaron qué le dijo Garland, el presidente Joe Biden no respondió.

El juez que supuestamente firmó la orden judicial en el caso, Bruce Reinhart, ordenó al Departamento de Justicia el 10 de agosto que presentara una respuesta antes del 15 de agosto después de que Judicial Watch y otros pidieran a la corte que revelara la orden judicial.

Los republicanos en el Congreso han pedido repetidamente al Departamento de Justicia que publique documentos y otra información sobre la redada, y algunos argumentan que parece tener motivaciones políticas. Incluso algunos demócratas, incluido el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmaron que las agencias deben brindar respuestas sobre la redada.

Debido a la extraordinaria implicación de un expresidente de EE. UU., muchos han especulado que los funcionarios de los niveles más altos de la administración de Biden, incluidos Garland y Wray, lo habrían aprobado. Mientras tanto, la noticia del incidente ha desencadenado una tormenta política a solo 90 días de las elecciones intermedias de 2022 y un posible anuncio de que Trump podría postularse para presidente en 2024.

Ver también:

Por morfema.press

A continuación el comunicado íntegro de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela

Los miembros de la Fraccion Parlamentaria 16 de Julio de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela reiteramos nuestra decisión irrevocable de rechazar cualquier tipo de maniobra que intente ser complaciente con la corrupción, venga de donde venga.

En consecuencia, condenamos la decision tomada por una mayoría circunstancial de la Comisión Delegada de la AN, en su sesión del 11 de agosto de 2022, de no aprobar el informe de la Comisión Permanente de Contraloría que, tras una exhaustiva investigación, estableció la responsabilidad política de la actual directiva de la empresa venezolana Monomeros que opera en Colombia y solicitó la inmediata destitucion de sus integrantes, debido a las graves irregularidades administrativas cometidas.

Creemos que tan infeliz decision produce una suerte de contubernio parlamentario con quienes han convertido ese importante activo de la República en una especie de hacienda particular que puede ser saqueada con impunidad, gracias a la una política de ojos vendados de los organismos contralores, como es el caso de la AN.

Esquivar con maniobras esa responsabilidad constituye una expresión grotesca de complacencia con la corrupción y una forma de liquidar la empresa Monomeros Colombo-Venezolana que le pertenece a todos los connacionales y no a un grupo de 3 o 4 partidos politicos representados en el Parlamento.

Por morfema.press

En nombramientos casi simultáneos, el régimen de Venezuela nombró a Felix Palencia como próximo embajador de Venezuela ante la República de Colombia.

Momentos después, Gustavo Petro, desde el asiento de un avión, anunció que el congresista Armando Benedetti será el próximo embajador de Colombia en Venezuela

La decisión se hará efectiva tan pronto como se reanuden las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Vía La Nación

Lo propuso la fiscal federal Cecilia Incardona al juez Fedrico Villena; ahora el magistrado debe decidir si hace lugar al pedido de colaboración de la justicia norteamericana o si le devuelve la aeronave a Venezuela

En medio del aumento de la tensión diplomática entre la Argentina y Venezuela por el avión sospechoso con tripulantes iraníes y venezolanos retenido desde el 8 de junio en Ezeiza, la fiscal federal Cecilia Incardona dictaminó que corresponde hacer lugar al pedido de la justicia de Estados Unidos para incautar a su nombre la aeronave investigada por supuestas actividades preparatorias del terrorismo.

Tras el dictamen de la fiscal, ahora el juez federal Federico Villena debe decidir si acepta el pedido de colaboración norteamericano e incauta el avión a nombre del juez de Columbia que envió la solicitud. El magistrado debe resolver si retiene la aeronave como evidencia de estar ligada a algún delito o si la devuelve a la empresa estatal venezolana Conviasa, que la viene reclamando con presentaciones judiciales y con un reclamo del gobierno de Nicolás Maduro.

Cecilia Incardona | Foto Fiscales.gob.ar

Venezuela hizo públicos reclamos de alto voltaje político contra la Argentina por haber “secuestrado” el avión y a sus tripulantes, según dijo el presidente Maduro. Legisladores venezolanos dijeron que Alberto Fernández era un “títere del imperio” por retener la aeronave y descalificaron al juez Villena y a la fiscal Incardona.

El embajador argentino en Venezuela Oscar Laborde se reunió con Pedro Carreño, el diputado de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana que calificó a Fernández de “pelele, títere y jalabolas” por retener al avión de Emtrasur con tripulación iraní.

En tanto la Asociación de Magistrados, la DAIA y la Asociación de Fiscales salieron a respaldar la actuación de la fiscal y a repudiar las declaraciones que, entendieron, buscan presionarla. La Procuración General de la Nación envió además un oficio a la Cancillería en el que expresa “preocupación institucional”. El comunicado está firmado por Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación.

El origen de la incautación

La Justicia de Estados Unidos ordenó la incautación provisoria del Boeing 747 que permanece varado en la Argentina tras recibir evidencias de que los venezolanos le compraron el avión a los iraníes en violación de las leyes norteamericanas y mediante una triangulación solapada en los Emiratos Árabes, según surge de los documentos que presentó la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ante la Corte federal en Washington, y a los que accedió LA NACION.

La decisión la adoptó el juez federal Michael G. Harvey tras analizar la solicitud que le presentó el agente especial del FBI Adam Mastrianni, el 19 de julio pasado. Autorizó a efectivizar la incautación temporaria -y hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión- del Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur “a cualquier hora del día o de la noche”, atento a la gravedad de lo requerido y el peligro en la demora.

Este pedido de colaboración de Estados Unidos llegó desde el Departamento de Justicia norteamericano al Ministerio de Justicia argentino, que lo envió al juez Villena para que lo tramite. Villena decidió tramitarlo como un expediente aparte de la causa principal en la que se investiga a los 19 tripulantes. Al ser un incidente aparte, Venezuela no es parte en ese trámite (la empresa estatal venezolana Conviasa es parte en la causa principal) por lo que no podría apelar una decisión del magistrado.

En ese incidente, el juez le pidió opinión a la fiscal Incardona antes de decidir. La fiscalía entendió que la petición de los Estados Unidos es formalmente procedente, que reúne los requisitos que prevé el tratado de colaboración mutua con los Estados Unidos (ley 24034) y que el juez Villena es competente para tramitar este pedido.

El tratado de colaboración mutua con EEUU

En el dictamen de la fiscalía se señala que el avión está retenido en jurisdicción del juez, que es competente y es quien investiga además a la tripulación. El tratado de colaboración mutua con Estados Unidos no requiere que en una incautación haya una doble subsunción, es decir no exige que los delitos cometidos en Estados Unidos por los que se pide la incautación estén contemplados en la ley argentina.

De hecho, Estados Unidos entiende que el avión debe ser incautado porque se violó una resolución de comercio que impone la autorización previa de su gobierno para vender determinados activos -entre ellos, aviones y sus repuestos-, como también le otorga la facultad de prohibirle la venta -o incluso la reventa a terceros- de esos mismos activos.

En particular cuando esas operaciones “podrían reportar una contribución significativa al potencial militar de otros países o podrían ir en detrimento de la política exterior o la seguridad nacional de Estados Unidos”. Así fue como la aerolínea iraní Mahan Air -exdueña del avión- no se encontraba habilitada para vender ese Boeing a terceros por encontrarse sancionada desde 2008, como tampoco Emtrasur requirió la autorización del gobierno de Estados Unidos para volar con esa aeronave y trasladar mercaderías desde y hacia Rusia e Irán, entre otros países.

Nada de eso es delito en la Argentina, donde se investiga si hay relación entre el avión y la tripulación con actividades terroristas de Hezbollah. Aún no hay evidencia y por eso el avión está retenido y los tripulantes con sus pasaportes en poder de la Justicia y se les prohíbe salir del país. No están presos.

El juez deberá al final del proceso decidir si tiene elementos para indagar a los tripulantes e incautar la aeronave a pedido de los Estados Unidos o devolverla a Venezuela.

Vía Bitcoin Magazine

BlackRock ha lanzado un fideicomiso privado de bitcoin para sus clientes institucionales. A principios de este mes, BlackRock anunció una asociación con Coinbase para ofrecer un servicio de comercio de bitcoins a sus clientes

BlackRock Inc., el administrador de activos más grande del mundo con USD 10 mil millones de activos bajo administración (AUM en inglés), lanzó un fideicomiso privado de bitcoin al contado que permite la exposición directa de BTC para sus clientes institucionales, según un comunicado de la compañía.

«Bitcoin es el criptoactivo más antiguo, más grande y más líquido, y actualmente es el principal tema de interés de nuestros clientes dentro del espacio de criptoactivos», según el comunicado.

La noticia llega inmediatamente después de otro anuncio relacionado con Bitcoin por parte de BlackRock. A principios de este mes, el administrador de activos anunció una asociación con Coinbase que permite a sus clientes intercambiar bitcoins. Sin embargo, en esta asociación, los clientes de BlackRock no podrían interactuar físicamente con bitcoin fuera de la plataforma Coinbase Prime, que custodiaría los activos de la institución.

“Aprovechando las capacidades integrales de negociación, custodia, corretaje principal e informes de Coinbase, los clientes comunes podrán administrar sus exposiciones a bitcoin junto con sus inversiones públicas y privadas”, dijo BlackRock en el momento del anuncio .

Del mismo modo, el fideicomiso institucional de bitcoin de BlackRock no respaldará la transferencia de custodia de bitcoin. Sin embargo, el valor del fideicomiso se derivará del precio al contado de bitcoin y es probable que el administrador de activos aproveche nuevamente a un socio de custodia.

Además, el lanzamiento de un fideicomiso de bitcoin al contado para instituciones marca un cambio radical con respecto a las declaraciones realizadas el año pasado por Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock.

“En mis últimas dos semanas de viajes de negocios no se ha hecho una sola pregunta al respecto”, dijo Fink en referencia al interés institucional en bitcoin.

Sin embargo, los inversores institucionales han hecho decididamente una corrección, como declaró BlackRock en su anuncio de confianza de Bitcoin:

“A pesar de la fuerte caída en el mercado de activos digitales, todavía estamos viendo un interés sustancial de algunos clientes institucionales en cómo acceder de manera eficiente y rentable a estos activos utilizando nuestra tecnología y capacidades de productos”, se lee en el comunicado.

Lea también:

Vía The Epoch Times

El Departamento de Justicia tiene que responder a las solicitudes para revelar una orden judicial que desencadenó el allanamiento del FBI en la casa de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump , ordenó el juez que supuestamente aprobó el allalamiento al FBI

Judicial Watch y el periódico Albany Times Union presentaron una moción (petición) para revelar el documento a principios de esta semana, que fue concedida por el juez del caso.

“A más tardar a las 5:00 p. m., hora del este, del 15 de agosto de 2022, el gobierno debe presentar una respuesta a la moción para desprecintar”, escribió  el juez magistrado de EE. U. Bruce Reinhart el miércoles por la tarde, refiriéndose al Departamento de Justicia.

“La respuesta puede presentarse ex parte y sellada según sea necesario para evitar revelar asuntos que ya están sellados. En ese caso, el Gobierno archivará una Respuesta redactada en el registro público. Si lo desea, el Gobierno puede presentar una Respuesta consolidada a todas las Mociones para sellar”, escribió.

Ni el FBI ni el Departamento de Justicia han emitido comentarios públicos sobre el allanamiento, que Trump confirmó por primera vez el lunes por la noche.

El FBI se negó a comentar cuando fue contactado por The Epoch Times, y el Departamento de Justicia no ha respondido a varias solicitudes de comentarios.

En cuanto a la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo que el presidente Joe Biden no estaba al tanto de la redada antes del anuncio de Trump. Su afirmación fue refutada por Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social.

“Lo que puedo decirles de manera definitiva y segura es que él no estaba al tanto de esto”, dijo Jean-Pierre sobre Biden. “Nadie en la Casa Blanca lo estaba. A nadie se le avisó y no sabíamos lo que pasó ayer”.

Peticiones

El miércoles, el editor gerente del Times Union, Brendan J. Lyons, le escribió a Reinhart para pedirle que abriera la orden.

“Dado que la(s) orden(es) de allanamiento se han ejecutado, y el objetivo de esa búsqueda tiene pleno conocimiento de lo que ocurrió, no hay impedimento para ninguna investigación en curso a partir de la divulgación de la orden de allanamiento o las devoluciones. Como tal, estos registros deben abrirse”, dice la carta al juez de Florida.

Judicial Watch solicitó la orden judicial como parte de una investigación sobre “la politización potencial de la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Justicia de los EE. del Presidente [Joe] Biden”.

“Si el Tribunal revelara los materiales, Judicial Watch los obtendría, los analizaría y los pondría a disposición del público”, decía la carta. «Revelar los registros, por lo tanto, promovería la misión de Judicial Watch de educar al público».

Se produce cuando Eric Trump, hijo del expresidente, le dijo al Daily Mail que una abogada de Trump en Mar-a-Lago, Christina Bobb, exigió a los agentes del FBI el lunes ver la orden judicial.

“No le dieron la orden de allanamiento”, dijo al medio, refiriéndose a Bobb. “Así que se lo mostraron a unos 10 pies de distancia. No le dieron una copia de la orden de allanamiento”.

Mientras tanto, los principales republicanos exigieron una investigación sobre la redada y argumentaron que tenía motivaciones políticas para herir al Partido Republicano antes de las elecciones intermedias de 2022. Algunos han dicho que el Departamento de Justicia debe publicar de inmediato los documentos relacionados con la redada.

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), dijo que es necesario que haya una “explicación completa e inmediata” de cómo se aprobó la redada del FBI en Mar-a-Lago. Los historiadores del derecho han dicho que tal redada contra un expresidente no tiene precedentes.

“El fiscal general Garland y el Departamento de Justicia ya deberían haber brindado respuestas al pueblo estadounidense y deben hacerlo de inmediato”, agregó McConnel.

Trump dijo el lunes que agentes federales ingresaron a Mar-a-Lago a pesar de haber cooperado con funcionarios federales durante meses para devolver documentos que supuestamente tomó de la Casa Blanca después de dejar el cargo el año pasado.

Reinhart fue criticado el martes en medio de informes de varios medios de comunicación que descubrieron que tenía una conexión con el traficante sexual convicto Jeffrey Epstein. Reinhart dejó su trabajo como asistente en Estados Unidos a principios de 2008 antes de comenzar a representar a algunos de los trabajadores de Epstein.

Según un informe del Miami Herald de 2018 , dos de los acusadores de Epstein alegaron que Reinhart dejó su trabajo como fiscal para darle a Epstein información privilegiada. Reinhart negó esas acusaciones.

Cuando su conexión con el caso Epstein se volvió viral el martes, parecía que el Distrito Sur de Florida de EE. UU. eliminó la página del juez de su sitio web, según versiones archivadas del sitio web.

“Acceso denegado”, dice la página de Reinhart . «No tiene permisos para acceder a esta página.»

Por morfema.press

Entre 1950 y 1959 el PIB de Venezuela creció a un promedio interanual del 8,5% según datos del BCV. Un país es franca expansión y crecimiento económico.

Este anuncio de la Oficina Nacional de Información de Publicaciones (ONIP) a página completa en el influyente diario estadounidense New York Herald Tribune buscaba continuar atrayendo inversión extranjera para el país, que venía en cantidades importantes por el petróleo, destacando 7 pilares de la «Inversión sabia» que los extranjeros encontarían en Venezuela

Venezuela ofrece los 7 pilares de la inversión sabia

1- Impuestos bajos
2- Libre intercambio
3- Igualdad de trato
4- Un mercado rico
5. Una moneda fuerte
6- Infinitas oportunidades
7- Instalaciones para expansión industrial

Las oportunidades de Venezuela y su orgullosa tradición de trato equitativo para las inversiones extranjeras han traído grandes beneficios a la nación y a sus inversionistas extranjeros. El aumento de las inversiones de capital extranjero en cooperación con el capital y las técnicas venezolanas ha significado un aumento constante del nivel de vida y ha proporcionado mercados para nuevas industrias.

La moneda venezolana es una de las más fuertes del mundo, está respaldada en un 114 por ciento por reservas de oro. No hay deuda externa, la deuda interna es menos del 1 por ciento del presupuesto anual de la nación. Hay libertada cambiaria sin restricción en la transferencia de utilidades o capital.

Agencias del Gobierno de Venezuela y líderes empresariales están listos para ayudar a todos los inversionistas extranjeros que deseen sumarse a la marcha de la nación hacia un mayor desarrollo industrial, agrícola y comercial.

ONIP

Traducción libre del inglés por morfem.press

Por morfema.press

Según el Boletín Mensual del Mercado Petrolero correspondiente a julio 2022 de la Opep, la producción de petróleo crudo de Venezuela promedió 629 mil b/d en el mes de julio.

Esa cifra, suministrada por el ministerio de Petróleo de Venezuela a la Opep, representa una caída de 98 mil b/d en relación a la cifra reportada a la Opep en junio de 727 mil b/d.

Venezuela en crifras de la Opep promedió una producción de crudos de 756 mil b/d en el primer trimestre de 2022 y de 745 mil b/d en el segundo trimestre.

El ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami había prometido en diciembre de 2021 que este año la producción petrolera de Venezuela promediaría 1 millón de barriles diarios

El pasado 16 de julio se registró un incendio en un tramo de un gasoducto en municipio Aguasay de Monagas, en el oriente del país que afectó las operaciones de producción.

Pdvsa Gas había informó que se trataba de un incendio en un tramo del gasoducto de 26 pulgadas del sistema Muscar-Soto en Monagas,

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Scroll to Top