DBuford

Vía REL

El arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, presidente de la conferencia episcopal estadounidense, y arzobispo de Baltimore, William Lori, presidente del comité provida del episcopado norteamericano, han sido de los primeros en celebrar este viernes la sentencia del Tribunal Supremo que pone fin al aborto como un derecho constitucional.

En un comunicado, hablan de un «dia histórico» que «conmueve nuestros pensamientos, emociones y oraciones»: «Durante casi cincuenta años, Estados Unidos ha impuesto una ley injusta que permite a unos decidir si otros pueden vivir o no. El resultado de esta política ha sido la muerte de decenas de millones de niños no nacidos, generaciones a quienes se ha negado el derecho a nacer».

La sentencia Roe vs Wade de 1973, afirman, «legalizó y normalizó quitar la vida humana inocente»: «Agradecemos a Dios que hoy el Tribunal haya anulado esa decisión».

Dado que serán ahora los legisladores de cada estado los que regularén el aborto, los obispos elevan una oración «para que nuestros representantes promulguen leyes y hagan políticas que promuevan y protejan a los más vulnerables«.

Agradecimiento al movimiento provida

El comunicado de los obispos tiene un recuerdo para «todos aquellos a quienes se quitó la vida desde 1973. Lamentamos su pérdida y confiamos sus almas a Dios, quien las amó desde la eternidad y las amará por toda la eternidad». También, en referencia al síndrome post-aborto o al sentimiento de culpa, el texto menciona a las mujeres y hombres «que han sufrido por el aborto»: «Rezamos por su sanación y les aseguramos nuestra compasión y apoyo continuos. Como Iglesia hemos de servir a quienes afrontan embarazos difíciles y rodearlos de amor».

Los obispos no mencionan el papel decisivo de Donald Trump en conformar una mayoría provida en el Tribunal Supremo que habría sido exactamente inversa si la ganadora de las eleccionses presidenciales en 2016 hubiese sido Hillary Clinton, cuya campaña fue generosamente financiada por Planned Parenthood. Pero sí dan las gracias al movimiento provida por su generosa persistencia en la lucha por los no nacidos.

«La decisión de hoy es fruto de las oraciones, los sacrificios y la lucha de innumerables americanos de a pie», afirman: «A lo largo de estos largos años, millones de nuestros conciudadanos han trabajado en paz para formar y convencer a sus vecinos sobre la injusticia del aborto, para ofrecer ayuda y consejo a las mujeres y para trabajar en alternativas al aborto, entre ellas la adopción, la acogida y las políticas públicas de apoyo a la familia. Compartimos hoy su alegría y les estamos agradecidos«.

También sitúan al movimiento provida en la línea histórica del movimiento contra la esclavitud o el movimiento por los derechos civiles, pues afirman que «merece ser contado entre los grandes movimientos por el cambio social y los derechos civiles en la historia de nuestra nación».

Finalmente, los obispos dicen que ha llegado el momento de «sanar heridas y reparar las divisiones sociales»: «Es tiempo para la reflexión racional y el diálogo civil y para trabajar juntos en construir una sociedad y una economía que apoyen a los matrimonios y a las familias, y donde toda mujer tenga el apoyo y los recursos que necesita para traer su hijo al mundo con amor».

Vía InSight Crime

Una de las primeras “megabandas” de Venezuela, conocida como el Tren del Llano, ha estado en el ojo del huracán desde noviembre de 2021, y tras meses de una ofensiva feroz por parte de las fuerzas de seguridad en Venezuela, el grupo parece encontrarse entre la espada y la pared.

La expansión del grupo en el 2020, hacia el estado Sucre, al nororiente del país, les permitió lucrarse de las rutas de narcotráfico que pasan por allí rumbo al Caribe. Sin embargo, algunas versiones afirman que Gilberto Malony Hernández, alias “Malony”, y su grupo robaron un cargamento de cocaína vinculado con el Cartel de los Soles, una red de células en el ejército de Venezuela dedicadas al narcotráfico.

Como respuesta, el 8 de noviembre de 2021, 500 hombres de las fuerzas de seguridad venezolana se desplegaron en las comunidades de San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, en el estado Sucre para acabar con el grupo.

En los enfrentamientos, 18 miembros de la banda fueron dados de baja, entre ellos el líder del Tren, alias Malony. Aunque el grupo se replegó, en diciembre de ese año publicaron dos videos, afirmando que mantenían su presencia en el estado Sucre, así como en su bastión histórico en el estado de Guárico.

Pero la persecución al Tren del Llano no había terminado. Cuando una célula del grupo en Zaraza, Guárico, publicó un video extorsionando a productores agropecuarios en abril de este año, el régimen respondió con la Operación Trueno.

Con un despliegue de 800 hombres y 10 tanquetas, las fuerzas de seguridad han capturado y dado de baja en los últimos meses a varios miembros del grupo.

Sin embargo, el golpe más importante no lo dieron las fuerzas de seguridad. Carlos José Pirela Armas, alias “Carlos Pirela”, quien fue señalado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) como el nuevo líder del grupo en Guárico, fue asesinado, presuntamente, por sus compañeros en armas el 24 de mayo.

Análisis de InSight Crime

Las operaciones del gobierno venezolano contra el Tren del Llano han puesto al grupo en una situación bastante precaria, exacerbada por las divisiones internas dentro de la megabanda.

El Tren del Llano fue una de las primeras megabandas en surgir en Venezuela, con presencia en el estado Guárico desde al menos el 2008. Bajo el mando de Antonio Tovar Colina, alias “El Picure”, el grupo se expandió por Guárico y las fronteras de los estados vecinos de Miranda y Aragua.

El Picure, por su parte, se convirtió en uno de los criminales más buscados de Venezuela, estatus que mantuvo hasta su muerte en 2016.

Sin embargo, a diferencia de 2016, cuando Malony asumió el liderazgo del grupo luego de la muerte de El Picure, el grupo no ha tenido un líder claro al cual obedecer, mucho menos tras la caída de Malony en noviembre de 2021. Sumado a esto, el asesinato de Carlos Pirela, que se perfilaba como uno de los posibles líderes del grupo, a manos de sus propios hombres, deja claros los problemas internos que existen dentro del grupo.

El posible fraccionamiento interno del grupo pone también en duda su capacidad para mantenerse presente en Sucre y Guárico, al tiempo que las operaciones en su contra continúan.

El régimen venezolano ya ha tenido éxito en operaciones similares, como la que desplegaron contra Carlos Luis Revette, alias “El Koki” en la Cota 905, y que terminó con su muerte en febrero de 2022.

Sin embargo, el gran despliegue de efectivos militares en Guárico también ha sido costoso para el gobierno. Aunque han logrado dar con varios miembros del Tren del Llano, existen denuncias sobre detenciones extrajudiciales, allanamientos ilegales y otros abusos a la población en medio de los operativos.

Además, existen dudas sobre la capacidad del régimen de acabar completamente con la banda en Guárico, donde tienen una presencia histórica, pues es posible que reductos del grupo reaparezcan con el cese de las operaciones.

Vía Infobae

En diálogo con Infobae, el senador Enrique Riera exigió que se investigue qué hicieron los 18 tripulantes en territorio paraguayo en mayo pasado y adelantó que pedirá a la Comisión de Lavado que convoque al vicepresidente Hugo Velázquez para que explique sus supuestos vínculos con el grupo terrorista Hezbollah

El senador Enrique Riera brindó detalles del caso del avión venezolano-iraní en su paso por Paraguay en mayo pasado, 20 días antes de ser retenido en Buenos Aires. “Tenía autorización para estar ocho horas y se quedó tres días”, indicó en diálogo con Infobae; al tiempo que adelantó que pedirá a la Comisión de Lavado que convoque al vicepresidente Hugo Velázquez para que explique sus supuestos vínculos con el grupo terrorista Hezbollah.

“El avión derivó en un potencial caso de lavado”, expresó el legislador; quien detalló que exigirá que se investigue qué hicieron los 18 tripulantes en territorio paraguayo. “Se alojaron en nuestro país, no se sabe para qué vinieron, ni con quién hablaron. Se supone que tuvieron protección, de acuerdo a lo que manifestaron testigos. El oficialismo apunta a que sólo vino a comprar cigarrillos. Sin embargo, apareció una denuncia de René Fernández (ministro anticorrupción) de que el avión llevaba algo más: armas y dinero”, subrayó.

“¿Cómo no preguntaron quiénes son, a qué vienen y qué tiene el avión? Hay muchos cabos sueltos. Otra cosa que se supo es que el avión intentó bajar de nuevo en Paraguay. En Argentina -el 6 de junio- mostraron lo que se podría haber hecho en Paraguay: detener el avión, a los tripulantes y abrir un proceso. Nuestras autoridades tienen muchas preguntas que responder”, continuó.

Consultado sobre las supuestas relaciones de Velázquez con Hezbollah, Riera fue tajante: “Hay demasiados elementos para pensar que el vicepresidente tiene vínculos con Hezbollah”. E indicó que pedirá que se lo convoque para explicar su relación con el grupo terrorista.

“Vamos a pedir que convoquen a Velázquez a declarar a la Comisión porque hay un detalle no menor. En 2015, cuando era fiscal adjunto del Alto Paraná, hubo un caso muy grave de mega lavado y curiosamente se archivó. Ese año, el mismo fiscal -en versión diputado- fue invitado a El Líbano. En ese viaje apareció una foto en la cubierta de un yate con altos mandos de Hezbollah. En 2018, el actual vicepresidente era candidato. La oposición lo denunció por vínculos con el lavado de dinero y con Hezbollah. Eso no trascendió porque luego ganaron la interna (Abdo-Velázquez) y posteriormente las elecciones. Es una relación de siete años que pasó cuando era fiscal, luego diputado y ahora vicepresidente”, remarcó.

El portal Aurora Israel, uno de los medios israelíes en español más importantes, recordó el último jueves que en ese viaje el actual vicepresidente de Paraguay se reunió con los principales líderes del movimiento terrorista islámico, entre los que se destaca el líder espiritual de Hezbollah, Sayid Ali Hijazi; Abdel Majid Saleh, miembro del Parlamento Libanés; y Nawwaf Moussawi, también parlamentario libanés y representante del grupo extremista.

De acuerdo a lo remarcado por el medio israelí, Hijazi es un apellido muy conocido en Paraguay. En agosto del año pasado, el comerciante brasileño descendiente de libaneses, Kassem Hijazi, fue detenido y extraditado a pedido de Estados Unidos, que lo acusaba de transferir millonarias cantidades de dinero provenientes del narcotráfico. Según el Departamento del Tesoro, el acusado “es el presunto jefe de una organización de lavado de dinero basada en Ciudad del Este”.

Asimismo, el gobierno norteamericano sancionó a Hijazi y a otras dos personas, así como a cinco empresas, por su participación en un sistema de lavado de dinero en la Triple Frontera. Analizando posibles conexiones, las autoridades no descartan que Hijazi tenga vínculos familiares con el líder espiritual de Hezbollah con el que se reunió Velázquez en Beirut.

Sobre la Comisión de Lavado, que tendrá la tarea de investigar todo esto, Riera explicó a Infobae que se constituyó hace menos de 10 días y está integrada por tres senadores y tres diputados. “Normalmente hay dos caminos. Vamos a hacer una llamada al director de la Dinac (Dirección Nacional de Aeronáutica Civil) y además se va a citar al director de Aduanas y a la directora de Migración. El segundo camino es solicitar a los colegas (los demás legisladores) que ellos sean formalmente citados a una Comisión de Lavado de Dinero que se constituyó para eso y que estaba investigando el tema”, dijo.

Y concluyó: “Podemos solicitar la presencia de cualquier autoridad nacional para que dé explicaciones, y también hacer pedidos de informes. Ninguna persona se puede resistir a la convocatoria, sino sería denunciada”.

El jueves pasado, Paraguay confirmó que un piloto iraní del avión retenido en Argentina está vinculado con terroristas e investiga al resto de la tripulación. En conversación con este medio, el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández, narró que “las sospechas nacen a partir de la investigación de inteligencia que se hizo sobre las nacionalidades y vinculaciones de la tripulación del avión”.

Se trata del piloto del avión retenido en Ezeiza, el iraní Gholamreza Ghasemi, quien tiene relación con la Fuerza Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La secretaría de inteligencia de Paraguay alertó que los demás iraníes seguirían siendo empleados de la aerolínea Qeshm Fars Air, sobre la cual pesan sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser propiedad de Mahan Air, también sancionada por Washington.

El jefe anticorrupción paraguayo indicó que los 18 tripulantes del avión -11 venezolanos y 7 iraníes- “estuvieron durante tres días calendario en Paraguay” y “se alojaron en el hotel Dazzler de Ciudad del Este” el pasado mes de mayo.

En esa línea, la Embajada de Israel en Paraguay aseguró que los tripulantes del avión trafican armas para Hezbollah. “En el avión que aterrizó en Argentina, se encontraban iraníes involucrados de forma directa en el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbollah de El Líbano. Incluso, el capitán del avión es un alto ejecutivo de la empresa aérea iraní Qeshm Fars Air”, denunció la sede diplomática el miércoles a través de un comunicado.

El avión, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), compañías sancionadas por el Departamento del Tesoro norteamericano.

La aeronave ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, previa escala en Venezuela, con destino al aeropuerto internacional de Ezeiza, y dos días después despegó hacia Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.

Por Felipe López Caballero en Semana

El riesgo más grande está en las huestes petristas, que hoy están empoderadas, vengativas y tan cargadas de tigre como estaban los chavistas cuando triunfó Chávez.

Gustavo Petro tiene una obsesión. Cómo hacer ahora que llegó a la presidencia para que Colombia no se convierta en Venezuela. O por lo menos para que la gente deje de creer eso. No le va a quedar fácil. Una encuesta reciente de YanHaas reveló que alrededor de la mitad de los colombianos tienen ese temor.

Petro, obviamente, no quiere que eso suceda. Él no es bruto y sabe que el modelo castrochavista se ha convertido en el mayor fracaso socioeconómico del siglo XXI. El problema es que su campaña presidencial atizó tanto el resentimiento social y la lucha de clases que dejó un tufillo de revolución bolivariana. Él ha tratado de neutralizar esa percepción moderando sus posiciones en el último mes y rodeándose de personajes que tranquilicen. Eso ha servido en parte, pero el coco de Colombia convirtiéndose en Venezuela está vivito y coleando en el imaginario nacional.

En la práctica eso no puede pasar. Los dos países y las circunstancias son demasiado diferentes y Colombia no va a colapsar con Petro. Su programa de Gobierno es duro, pero no revolucionario. Por ahora, aprieta pero no ahorca. Muchas de sus propuestas simplemente no son viables por utópicas y por costosas. Las que el próximo Gobierno sí va a poner en práctica en asuntos como impuestos, hidrocarburos, pensiones y salud, pueden acabar siendo una catástrofe o de pronto un éxito, pero en todo caso no van a venezuelizar el país.

Hay, sin embargo, tres temas que sí podrían generar una dinámica de pánico castrochavista: 1) la prolongación de Petro en el poder, 2) la propiedad privada, 3) las huestes petristas.

En su campaña presidencial de 2018, el entonces candidato de la Colombia Humana dijo: “Si yo soy presidente de Colombia, el primer acto del primer día de mi gobierno será convocar un referendo ciudadano con una sola pregunta: quiere usted Sí o No convocar una Constituyente”. Esa convocatoria entrañaría seguramente el restablecimiento de la reelección, siguiendo los ejemplos de Chávez, Daniel Ortega y Evo Morales. El recién elegido presidente, en su nuevo tono moderado, ha dicho que ya descartó esa opción. Sin embargo, los estudiosos de la revolución bolivariana saben que ese proceso ha tenido dos etapas, la de las promesas para tranquilizar y la del incumplimiento de las mismas.

Algo parecido pasa con su compromiso ante notario de NO expropiar. Ese fue un acto simbólico que carece de valor, pues hasta la Constitución permite expropiar en determinadas circunstancias. Aun así, es un gesto que fue bien recibido.

Sin embargo, el riesgo más grande para el país está en el estado de ánimo de las huestes petristas. La pandemia, la inflación y las redes sociales tienen a esa fanaticada tan cargada de tigre como estaban los chavistas cuando triunfó Chávez. El talante de lucha de clases que le imprimió Petro a su campaña los ha hecho sentir empoderados y hasta vengativos. Poco antes de su elección, se presentaron incidentes como la invasión a la brava de un grupo de personas a la piscina de un edificio de estrato 6 en Montería, con el grito de que allá se quedarían hasta que ganara Petro. Ese no ha sido el único caso. Salud Hernández registró la toma por la fuerza de tres ingenios pequeños en el Cauca por parte de hordas que reclamaban derechos sobre esas tierras. El periódico El Tiempo, por su parte, publicó que en el Cesar, Córdoba, Atlántico, Bolívar y Tolima, grupos de personas violentas llegaron con machetes y papeles falsos a invadir tierras que legítimamente les pertenecen a terceras personas.

Ninguno de estos hechos ha sido incitado directamente por Petro. Pero sus denuncias durante la campaña sobre esclavistas, derechos ancestrales y otros planteamientos sobre la propiedad de la tierra han contribuido a crear el ambiente de hostilidad reinante en algunas zonas del país. Manejar a esas huestes de invasores va a ser tal vez el mayor reto del nuevo presidente si de verdad quiere espantar el fantasma del castrochavismo.

Vía Finanzas Digital

El presidente de Asoquim, Guillermo Wallis, destacó varias medidas que están afectando a las empresas químicas que producen en Venezuela, y son las siguientes:

1- La falta de financiamiento, ya que las empresas en Venezuela no tienen la capacidad para conseguir financiamiento bancario que le pueda ayudar a mejorar y actualizar su planta industrial para tener mayor capital de trabajo, es decir, materias primas para poder producir.

2. La baja demanda nacional. El PIB en Venezuela se ha reducido en un 60% a 70% en los últimos años, lo cual afecta a las empresas.

3. Competencia de productos importados donde muchos entran sin el pago de aranceles, sin el pago de IVA junto con el IGTF, lo cual favorece a los trabajadores que están fuera de Venezuela en vez a los trabajadores que están en el país.

4- Excesivos tributos fiscales y parafiscales del gobierno nacional y las distintas gobernaciones, alcaldías y entes del estado debido a que han aumentado vorazmente la cantidad y la velocidad con que los tributos hay que pagarlos en Venezuela.

Por otra parte, indicó que la industria química nacional empezó el año todavía con muy poca utilización de su capacidad instalada, ya que el 46% de las empresas están por debajo del 20% y un 77% del total de las empresas están por debajo del 40%, lo cual impide que puedan optimizar sus costos, producir eficientemente y generar empleo.

Señaló que la situación que se está viviendo a nivel de país definitivamente afecta la capacidad que tienen las empresas para poder producir y poder llegar con sus productos a los anaqueles con unos precios competitivos frente a los productos importados que muchos de ellos todavía no tienen que pagar ni aranceles, aduana o el IVA.

En entrevista concedida a Fedecámaras Radio, Wallis indicó que actualmente las 150 empresas asociadas a Asoquim generan aproximadamente unos 18 mil empleos directos por la industria química.

Vía The Moscow Times

Un asalto ruso de dos meses a la ciudad ucraniana de Sievierodonetsk entró en su fase final el viernes después de que se ordenara la retirada de las fuerzas ucranianas.

La captura de la ciudad, donde vivían 100.000 personas antes de la invasión de Rusia, representa una victoria pequeña pero significativa para las fuerzas rusas que están a punto de tomar el control de toda la región de Lugansk en el este de Ucrania, que se cree que es un objetivo de guerra clave del Kremlin.

La retirada ucraniana es “quizás más significativa de lo que parece”, dijo Sam Cranny Evans, analista militar del Royal United Services Institute con sede en Londres. “Ellas [las Fuerzas Armadas rusas] probablemente todavía tengan la capacidad de continuar con este tipo de avance y tal vez en el Kremlin ahora piensen que pueden aplastar a los ucranianos”.

Después de reagrupar las tropas en el este de Ucrania en abril después de un intento fallido de apoderarse de la capital ucraniana, Rusia ha utilizado su superioridad numérica en soldados y equipos para obtener ganancias graduales y lentas.

La sangrienta batalla por la ciudad, que comenzó a principios de mayo, ha visto a Rusia golpear Sievierodonetsk con artillería, cohetes y ataques aéreos, dañando irremediablemente el 80% de los edificios residenciales de la ciudad e infligiendo grandes pérdidas al ejército ucraniano.

Poco a poco, las fuerzas ucranianas fueron empujadas hacia una pequeña área alrededor de la planta química Azot, donde se refugiaron cientos de civiles, un escenario que recuerda el sangriento asedio de Rusia a la planta siderúrgica Azovstal en la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol.

Funcionarios ucranianos dijeron el viernes que finalmente se ordenó a las tropas que se retiraran por completo de Sievierodonetsk y cruzaran el río Siverskyi Donets hacia el oeste.

Defenders of #Severodonetsk will move away from the city to new, more fortified positions #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/w1ICM0CnfY
— Serhiy Hayday (@serhey_hayday) June 24, 2022

“Desafortunadamente, tendremos que retirar nuestras tropas de Sievierodonetsk, porque no tiene sentido estar en posiciones rotas: el número de muertos está creciendo”, escribió el alcalde de Sievierodonetsk, Oleksandr Stryuk, en Telegram el viernes.

Pero no quedó claro de inmediato si las fuerzas ucranianas ya habían evacuado o si apenas comenzaban a hacerlo.

La noticia provocó algo de júbilo entre los rusos a favor de la guerra.

«¡Sievierodonetsk es nuestro!» El reportero de guerra pro-Kremlin Alexander Kotz escribió en su canal de Telegram el viernes.

No hay cifras precisas de bajas en ninguno de los bandos durante la lucha por Sievierodonetsk, pero es probable que tanto Rusia como Ucrania hayan sufrido miles de muertes. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , dijo el mes pasado que Ucrania estaba perdiendo hasta 100 soldados muertos cada día.

“La batalla ha sido definida por los rusos priorizándola”, dijo Cranny Evans. “Parece que tomaron artillería y tropas de otras secciones del frente y se concentraron en Sievierodonetsk”.

La posición cada vez más reducida del ejército ucraniano en la ciudad se había vuelto cada vez más peligrosa en los últimos días debido a que se cortaron las líneas de suministro.

Los tres puentes que cruzaban el río Siverskyi Donets hacia el oeste de la ciudad fueron destruidos por las fuerzas rusas y la imagen de Reuters publicada el jueves mostraba a las fuerzas ucranianas transportando suministros por el río, que divide Sievierodonetsk de la cercana Lysychansk, utilizando un bote inflable.

Fighting in the Azot area of Severodonetsk pic.twitter.com/UdMKxTW8kS
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 22, 2022

“El destino de Sievierodonetsk probablemente ya esté sellado desde hace unos meses”, dijo el analista de defensa Konrad Muzyka, jefe de la consultora Rochan con sede en Polonia.

La captura de Sievierodonetsk significa que Lysychansk es la única ciudad que queda en la región de Lugansk que aún está bajo el control de las fuerzas ucranianas.

Rusia está actualmente involucrada en una serie de batallas al sur de Lysychansk, según informes de los medios , y el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el viernes que sus tropas habían capturado 10 aldeas ucranianas en la región de Luhansk en los últimos cinco días.

Los informes del campo de batalla también sugieren que las fuerzas rusas ya lograron cruzar el río Siverskyi Donets al sur de Lysychansk.

A pesar de las ganancias rusas, el gobernador regional de Luhansk, Serhei Haidai, enmarcó la retirada de Ucrania como una decisión estratégica en un discurso televisado el viernes, afirmando que “no tiene sentido permanecer en posiciones que han sido demolidas”.

Pero la retirada de Ucrania significa que Rusia ahora puede reenfocar sus esfuerzos en otras partes del frente, incluida la región de Donetsk al oeste de Luhansk.

A pesar de las especulaciones de que Rusia podría usar la toma de Sievierodonetsk para reagruparse, los intensos combates continuos en el área sugieren que seguirán adelante.

Funcionarios y soldados ucranianos en el terreno han dicho que se podría ordenar a las fuerzas ucranianas que se retiren de Lysychansk en cualquier momento si existe riesgo de cerco.

“Hubo conversaciones sobre Rusia tomando un descanso después de la caída de Sievierodonetsk, no estoy tan seguro de que eso suceda”, dijo Muzyka.

“Los rusos están en racha y no hay razón para que se detengan”.

Vía The Epoch Times

Más de dos docenas de estados tomarán medidas para restringir los abortos tras el fallo del viernes de la Corte Suprema que anuló Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey.

El Instituto Guttmacher, un grupo de investigación, dice que 13 estados tienen «leyes de activación» que prohíben la mayoría de los abortos que entrarán en vigencia inmediatamente después del fallo del viernes. Son Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.

Cinco estados más tenían prohibiciones respectivas sobre el aborto desde antes del fallo Roe v. Wade en 1973. Incluyen Alabama, Arizona, Michigan, West Virginia y Wisconsin.

Georgia, Iowa, Ohio y Carolina del Sur, según el Instituto, tienen leyes que prohíben los abortos después de las 6 semanas. Esas leyes serán revisadas después de la anulación de Roe v. Wade.

Mientras tanto, parece probable que las legislaturas de Florida, Indiana, Montana y Nebraska prohíban el aborto basándose en esfuerzos anteriores y actuales, dice el grupo.

En general, es probable o seguro que 26 de los 50 estados de EE. UU. prohíban el aborto después de que se dicte el fallo el viernes, dice el Instituto.

“Más allá de los 26 estados que probablemente intentarán prohibir el aborto de inmediato, otros estados han demostrado hostilidad hacia el aborto al adoptar múltiples restricciones en el pasado, pero no es probable que lo prohíban en el futuro cercano. En particular, Carolina del Norte tiene una prohibición de aborto anterior a Roe, pero no está claro si la ley del estado se implementará rápidamente. Sin embargo, este análisis puede cambiar en los próximos años”, según el sitio web del instituto .

El Centro de Derechos Reproductivos, un grupo a favor del aborto, estima que es probable que 25 estados prohíban el aborto. Ese grupo cree que Montana, Iowa y Florida no lo harán, pero Carolina del Norte y Pensilvania sí.

El juez de la Corte Suprema Samuel Alito, en una opinión para la mayoría el viernes, escribió que Roe y Planned Parenthood v. Casey , la decisión de 1992 que reafirmó a Roe , fue incorrecta el día en que se decidió y debe ser revocada. La autoridad para regular el aborto no reside en el sistema judicial, argumentó, y agregó que solo las legislaturas tienen ese poder.

“Por lo tanto, sostenemos que la Constitución no confiere el derecho al aborto. Roe y Casey deben ser anulados, y la autoridad para regular el aborto debe devolverse al pueblo y a sus representantes electos”, escribió Alito.

Los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett se unieron a Alito. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió que se habría detenido en seco para terminar con Roe , y agregó que habría defendido la ley de Mississippi en el centro del caso.

Los jueces Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor discreparon.

“Con pena, por esta Corte, pero más, por los muchos millones de mujeres estadounidenses que hoy han perdido una protección constitucional fundamental, disentimos”, dijeron en su opinión.

Vía CoinDesk

Aspen Creek Digital también alojará equipos mineros de Galaxy Digital en su nuevo centro de datos.

A pesar del actual mercado bajista para las criptomonedas, una nueva compañía minera de bitcoin ha iniciado sus operaciones en un establecimiento de 6 megawatts (MW) alimentado por energía solar al oeste de Colorado en Estados Unidos.

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Aspen Creek Digital Corporation (ACDC) fue lanzada en enero de este año y su operación minera se encuentra localizada en una granja solar con una capacidad de 10 MW. El objetivo de la compañía es empezar con el minado de bitcoin en su centro de datos y eventualmente ofrecer servicios computacionales a otros negocios, según un comunicado compartido con CoinDesk.

El centro de datos de Colorado ejecutará máquinas de minado de bitcoin S19 y se ubicará en una instalación de Investigación y Desarrollo (I+D) de 75.000 pies cuadrados. El establecimiento funcionará como un centro para testeo, mantenimiento, guardado y entrenamiento para la futura infraestructura computacional de ACDC.

La minera está ingresando a la industria en tiempos donde las compañías mineras están encontrando dificultades para mantenerse rentables en medio del declive en los precios de las criptomonedas, hashrates cerca de los precios máximos, un mercado de capitales ajustado, mayores costos de energía y problemas en la cadena de suministro.

Sin embargo, ACDC dijo que pudo levantar suficiente capital con anticipación para adquirir los interruptores y transformadores necesarios para 240MW de capacidad, según dijo su directora ejecutiva, Alexandra DaCosta. “Queríamos asegurarnos de contar con la infraestructura adecuada antes de tiempo para construir nuestra primera fase. Entonces, para nuestros proyectos, ahora tenemos más que suficiente”, dijo a CoinDesk.

Energía primero

La firma de servicios financieros enfocada en cripto Galaxy Digital (GLXY), impresionada por el equipo de administración del minero y su enfoque de «energía primero», asignó algunos de los propios equipos mineros de Galaxy para que se alojen en el establecimiento de ACDC en Colorado.

«El mejor momento para construir es un mercado bajista y la gente no debería tener miedo de las condiciones del mercado, solo deben asegurarse de estar haciéndolo de manera adecuada y efectiva», dijo a CoinDesk Amanda Fabiano, directora de minería de Galaxy.

Fabiano dijo que ella ha visto a varias mineras intentando levantar capital primero y luego enfocarse en encontrar instalaciones para operar y fuentes de energía. Sin embargo, ACDC hizo lo opuesto al definir primero la energía e infraestructura. “Ella [DaCosta] tomó el problema de la minería y lo miró desde una perspectiva diferente, lo cual es realmente especial”, agregó Fabiano.

Aparte del centro de datos de Colorado, ACDC también está desarrollando sitios de minería de bitcoin en todo Texas. Su segunda instalación, que está en camino de estar operativa este verano, es un centro de datos de 30 MW capaz de albergar a 10.000 mineras ASIC ubicadas detrás del medidor con una granja solar de 87 MW. Y un tercer proyecto es un centro de datos de 150 MW, también ubicado detrás del medidor, con una granja solar de 200 MW.

Aunque las operaciones de la compañía serán alimentadas por energía solar, aún estarán conectadas a la red eléctrica para tener la opción de devolver energía. Cuando se le preguntó sobre el último requisito del Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) de que los nuevos mineros a gran escala soliciten permiso antes de conectarse a la red, DaCosta dijo que su compañía ya había completado con éxito los requisitos de procedimiento para su segundo establecimiento y que estaba en proceso para el tercer sitio.

ACDC dijo que pudo definir las fuentes de energía con la ayuda de sus socios que tienen experiencia en la construcción de infraestructura de energía renovable. Los desarrolladores de la infraestructura eléctrica también son parte del grupo fundador de la minera e inversores en la empresa.

La decisión de emplear la energía solar como fuente de energía se produce cuando más mineros buscan usar fuentes de energía renovables para sus operaciones, ya que los legisladores de todo el mundo siguen de cerca el consumo de energía de las mineras. Más recientemente, Blockstream (de Adam Back) y Block (de Jack Dorsey) dijeron que están construyendo una minera de criptomonedas piloto en Texas que será alimentada por una instalación solar y baterías de Tesla (TSLA).

Por José María Asencio Gallego en ABC

«Un mecanismo de puntuación para los ciudadanos a través del cual estos pueden conseguir puntos o perderlos en función de su conducta pública. Si se portan bien, subirán en el ranking. Pero si cometen infracciones o realizan ‘malas acciones’ en comunidad, bajarán»

l laboratorio de ingeniería social más grande del mundo se llama China. Un país superpoblado que durante años ha encabezado la lista de los regímenes autoritarios más duros de todo el globo. Mientras unos pocos, las élites, se enriquecen hasta límites inmorales, la inmensa mayoría de la población trata de sobrevivir al penoso día a día con sueldos exiguos.

La economía, sin duda, es una forma de control social, pues quien debe dedicar la práctica totalidad de su tiempo a procurarse su sustento y el de su familia apenas puede filosofar sobre política o cultura. Y claro, una sociedad iletrada es mucho más controlable, mucho más obediente que una formada y conocedora de sus derechos. Aquellos que posee cada individuo no por su reconocimiento en un texto legal o por concesión de una cámara legislativa, sino por naturaleza, por el mero hecho de ser persona.

Ahora bien, el tiempo pasa y nada permanece estático. Tampoco los mecanismos de control social que, como prácticamente todo, quedan anticuados y precisan de una actualización. Lo que antes gozaba de una eficacia cuasi absoluta empieza a adolecer de determinados problemas que exigen su revisión.

En este contexto ha surgido lo que se conoce como «sistema de crédito social chino», un sistema de calificación del comportamiento social y de la confiabilidad de las personas. O, en otras palabras, un mecanismo de puntuación para los ciudadanos a través del cual estos pueden conseguir puntos o perderlos en función de su conducta pública. Si se portan bien, subirán en el ranking. Pero si cometen infracciones o realizan «malas acciones» en comunidad, bajarán. Por supuesto, los puntos generan beneficios. Por ejemplo, descuentos en los seguros médicos, en el transporte público o en actividades de ocio. E incluso facilidades para obtener visados para viajar.

De todos los problemas que esto plantea cabe mencionar dos. Primero, la concreción del concepto «conducta pública correcta». Y segundo, aunque no menos importante, la vigilancia permanente a que el Estado somete a los ciudadanos como requisito esencial para juzgar dicho comportamiento.

Que esto ocurra en China, régimen autoritario por excelencia, no es de extrañar. Lo realmente preocupante es que determinados visionarios europeos (en concreto, italianos), quieran copiar este sistema e implantarlo en el corazón de la vieja Europa.

El gobierno municipal de Bolonia pretende instaurar lo que ha bautizado como ‘smart citizen wallet’, que podríamos traducir como «cartera ciudadana inteligente». Un mecanismo de puntuación similar al chino que permitirá a los boloñeses recibir puntos digitales si demuestran su «comportamiento virtuoso». Así pues, cuanto mejor ciudadano sea, cuanto más sonría al prójimo y más amabilidad desprenda, más puntos y beneficios tendrá. Podrá acceder a descuentos o adquirir ciertos productos.

¿Y cómo se convierte un ser descarriado en un ciudadano ejemplar? ¿Cómo transmutar el plomo en oro? Fácil. A través de la alquimia social. Un proceso en el que, por supuesto, entran en juego las exigencias impuestas por la Agenda 2030. Los boloñeses, muchos de ellos traviesos y desobedientes, se verán obligados a cambiar de proceder y entrar de nuevo en el redil. Entre otras cosas, deberán reciclar (aunque el contenedor de vidrio se encuentre a diez calles de su domicilio), usar el transporte público, ahorrar recursos energéticos en su vida privada (es decir, no encender la calefacción en enero y ducharse, entre catarro y catarro, con agua fría), no cruzar el paso de peatones con el semáforo en rojo o usar la tarjeta cultural (sin importar, claro está, si acuden al cine a ver una de Bertolucci o la nueva de Jennifer Aniston).

Todo esto, además, bajo la atenta mirada de las autoridades que, como en un panóptico generalizado, controlarán el comportamiento de cada ciudadano para decidir si su concreto sacrificio del miércoles por la mañana merece uno o dos puntos digitales. Un sistema paranoide que recuerda demasiado a los capítulos más espeluznantes de la serie distópica ‘Black Mirror’.

Porque claro, ¿cómo podrá la municipalidad de Bolonia saber si un ciudadano utiliza o no el transporte público o recicla los cascos de las botellas? El único medio es mediante la observación, mediante el control permanente que las nuevas tecnologías proporcionan. El dinero electrónico, los dispositivos de geolocalización, las redes sociales, etc.

Han dicho, sin embargo, que, a diferencia de China, este mecanismo será voluntario y que no implicará sanciones, sino solo beneficios para los buenos ciudadanos. Pero claro, ¿acaso podrían decir otra cosa? No. Es lo que toca ahora. Una primera aproximación. Normalizar la anormalidad. Y luego, cuando llegue el momento, cuando la publicidad haya cumplido su cometido de demonizar a quienes todavía no hayan pasado por el aro, serán los «virtuosos» los que soliciten la obligatoriedad de la medida.

La historia siempre se repite. Y ello a pesar de las máximas de la experiencia: a más control social, menos libertad.

José María Asencio Gallego es Juez español y escritor.

Por Igor Barrenetxea Marañón en DEIA

El Sahel, el patio trasero de Europa, (recorre desde Senegal hasta Eritrea, pasando por Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad y Sudán) es una región estratégica que configura una gran autopista natural en el que los distintos grupos terroristas operan con plena autonomía y libertad trasfronteriza. Sus acciones y su domino de ciertas áreas no solo genera innumerables víctimas mortales, sino un clima de indefensión que deriva en que las poblaciones se desplacen hacia zonas más seguras

ANTES de que toda una suerte de noticias calamitosas empañase nuestras vidas recientes, la pandemia y sus distintas olas (2020-2021), o la guerra en Ucrania (2022), la zona del Sahel se había convertido en un foco de enorme preocupación en el marco internacional. Tras el fin del Estado Islámico y el haber desarticulado muchas redes de Al-Qaeda en Europa, la atención se fijaba en una región de difícil, por no decir imposible, control, por parte de sus gobiernos de turno, en la que prendía la mecha de corrientes yihadistas que no han dejado de causar violencia, terror y desplazados por todas partes: El Sahel. En otras palabras, la realidad yihadista no ha desaparecido, ni mucho menos, se ha limitado a desplazarse y concentrarse en ciertas regiones (aunque sigue teniendo fuerte presencia en Irak y Siria), donde se mueve a sus anchas. El Anuario del Terrorismo yihadista 2021, del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), recogía en su informe anual 2.139 atentados durante ese año. Su balance amargo, 9.603 víctimas mortales y cientos de miles de desplazados. La debilidad estructural de muchos de estos estados africanos, democracias de nombre, pero que sufren constantes golpes de Estado, solo acrecienta la máxima preocupación sobre el futuro de la vasta región, evaluándose hasta la posibilidad de que el yihadismo se convierta en una amenaza, de seguir así las cosas, estilo Estado Islámico. En Burkina Faso, sin ir más lejos, ha provocado ya la friolera de 25.000 muertos y más de cuatro millones de desplazados (1.199 fallecidos solo en 2021). Lo único cierto es que cuanto más se enquiste la violencia, más inestabilidad provocará y más será su grado de afección.

Así, este pasado fin de semana, por ejemplo, miembros del grupo Katiba Macina se han cobrado 132 víctimas civiles (fundamentalmente hombres), en Mali, en la zona de Bandiagara (en la frontera con Burkina Faso), en una incursión brutal contra tres aldeas como represalia por haber colaborado con el Ejército regular y mercenarios rusos. En otras dos aldeas, sin embargo, lograron rechazarlos (lo cual invita a cierto optimismo sobre los beneficios de la autodefensa). El grupo yihadista surgió en 2012, con el nombre de Frente de Liberación de Macina (liderado por Amadou Koufa), aunque más tarde ha ido cambiando hasta su denominación actual. Opera vinculado al Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), de Iyad Ag Ghali, franquicia de Al-Qaeda. En este marco en el que la autoridad estatal brilla por su ausencia o tiene una implantación débil, la población vive a merced de estos grupos armados.

Concretamente, el JNIM viene a estar integrado en su mayoría por la etnia peul, mientras que la mayor parte de las matanzas perpetradas han tenido como objetivo la etnia dogon (mayoritaria en esta región), lo cual no solo ha provocado acusar a los peul de colaborar con los yihadistas, sino enfrentamientos entre estas etnias, por nuevos y viejos rencores, complicando más las cosas. A pesar de la presencia de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Malí (Minusma), no se ha conseguido reducir la amenaza (se ha buscado formar milicias locales para enfrentarse a los yihadistas), como tampoco ha tenido un éxito determinante la operación gala Barkhane, en la que desplegó un contingente de tropas (5.500 efectivos) y que ahora pretende reducir. De ahí que el Gobierno de Malí haya apostado por la ayuda de mercenarios rusos con la consiguiente polémica. Los mercenarios puede ser exmilitares muy preparados para la lucha antiterrorista, pero su compromiso es con la paga, no con la garantía y dignidad de la población civil (habiéndose dado en otros lugares excesos por su parte). Pueden ser eficaces en el estricto terreno militar, pero hace falta mucho más que eso para exorcizar a los yihadistas. Pues, no se trata de frenar una escalada bélica convencional, sino de disponer de los fuertes mimbres que impidan la reproducción de estos grupos y dar solución a los conflictos étnicos locales.

Los militares y los mercenarios pueden actuar como un martillo pilón, pero no atraer voluntades sin unas políticas adecuadas con miras a futuro. El Sahel (recorre desde Senegal hasta Eritrea, pasando por Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad y Sudán) es una región estratégica que configura una gran autopista natural en el que los distintos grupos terroristas operan con plena autonomía y libertad trasfronteriza. Sus acciones y su domino de ciertas áreas no solo genera innumerables víctimas mortales, sino un clima de indefensión que deriva en que las poblaciones se desplacen hacia zonas más seguras. Esa presión demográfica extra deriva en más problemas, al no haber infraestructuras para acogerlos, y son una preocupación inmensa para Acnur y otras organizaciones asistenciales. Con el Sahel en plena agitación, son miles de hombres y mujeres los que deciden, entre otras cosas, dar su salto a Europa.

El yihadismo, además, no es un fenómeno únicamente regional, sino que se extiende como un reguero de pólvora, inspirando a muchos otros sujetos a seguir sus pasos. Las fanáticas corrientes del yihadismo han mostrado una enorme capacidad de adaptación y de mutación, surgiendo y prendiendo en lugares donde antes no existía, al aprovechar las condiciones sociales o políticas favorables que han encontrado a su paso. Ciertos éxitos puntuales (o lo que ellos consideran como tales), que no dejan de ser actos execrables, son su carta de presentación y publicidad, como ya ocurriera con el 11-S en su momento, o cuando Al-Bagdadi hiciera lo propio en 2014 al proclamar el Mosul el Califato. Hay que pensar que, en un mundo interconectado, la amenaza global yihadista sigue presente y ni mucho menos ha desaparecido. Sus mejores bazas para propagarse siempre son la miseria, la inseguridad (que ellos mismos alimentan) y un fanatismo que mal interpreta las claves de la compleja e injusta realidad. A todo ello hay que darle la vuelta y, desde luego, debe ser un compromiso de todos.

Igor Barrenetxea es Doctor en Historia Contemporánea

Morfema Press

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