Vía REL

La intervención de Mel Gibson y Eduardo Verástegui fue un momento estelar en la IV Cumbre Trasatlántica que celebró en Budapest el 26 y 27 de mayo la Political Network for Values [PNfV, Red o Alianza Política por los Valores], que preside el ex candidato presidencial chileno José Antonio Kast y agrupa a políticos y personalidades públicas de Europa, América y África en torno a un decálogo de compromisos «por la dignidad humana y el bien común». La ex presidenta de la PNfV, Katalin Novák, fue elegida en marzo de este año presidenta de Hungría.

Entre los intervinientes del evento figuraron políticos con poder ejecutivo como el ministro de Infancia de Ecuador, Erwin Ronquillo, o la secretaria de Estado de Familia de Brasil, Ángela Granda; embajadores como el de Guatemala ante la ONU, Luis Antonio Lam; parlamentarios de sus respectivos países o europarlamentarios (como el senador Javier Puente, del PP, o la española Margarita de la Pisa, de Vox); intelectuales como Miklos Lukacs o Alejandro Chafuen; o representantes de diversas organizaciones activistas, como Ignacio Arsuaga, de CitizenGo, o el ex ministro español del Interior Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación Valores y Sociedad.

Corrupción en la burocracia globalista de los Derechos Humanos

Una de las intervenciones más comentadas fue la del francés Grégor Puppinck, profesor universitario  y director del European Centre for Law and Justice [ECLJ, Centro Europeo por el Derecho y la Justicia], uno de los principales baluartes europeos de la vida, la familia, la libertad de enseñanza y la libertad religiosa frente a las imposiciones ideológicas de la Comisión Europea con sede en Bruselas.

En los últimos años sus investigaciones han demostrado con datos incontestables no solo la sumisión de las instituciones globalistas a directrices ideológicas de grupos radicales, sino la «corrupción» económica con la que lo consiguen. De hecho, encabezó sus palabras con un expresivo título: La corrupción de los Derechos Humanos.

«Actualmente, la finalidad principal de los Derechos Humanos ya no es amparar la libertad de vivir una vida digna, sino servir como instrumento para imponer la revolución de la izquierda en los países que la rechazan. Se han convertido en un instrumento de dominación ideológica«, algo de lo cual puso como ejemplo el comportamiento de Bruselas con Hungría y Polonia.

Una de las razones por las que esto ha sucedido es «la corrupción», concretó Puppinck: «No solo la corrupción de las ideas, sino la corrupción del sistema por activistas de izquierda radical infiltrados en las instituciones y por actores privados globales como las fundaciones Gates, Soros o Ford«.

Multimillonarios al mano de instituciones mundialistas

«Un puñado de fundaciones y empresas privadas están ejerciendo un control creciente sobre las instituciones internacionales«, señaló Puppinck. En 2020 dieron 1500 millones de dólares a Unicef, 1000 millones de dólares a la OMS [Organización Mundial de la Salud] y 500 millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Open Society, la fundación de Georges Soros, financió tanto el Tribunal Penal Internacional como el Consejo de Europa o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esta financiación tiene una contrapartida, que es «establecer la política de las organizaciones internacionales que financian». Se dan las circunstancias perfectas para esta connivencia de intereses, pues «las instituciones internacionales tienen poder global y buscan dinero, y las grandes fundaciones tienen dinero y buscan poder global«.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos: ¿jueces imparciales?

Puppinck recordó a los presentes algunas de las investigaciones llevadas a cabo por el ECLJ en los últimos años. Como la que en 2020 puso en evidencia la parcialidad ideológica e incluso personal del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

En los últimos diez años, al menos 22 de los 100 jueces del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo han trabajado para siete ONG o fundaciones de izquierdas que son parte activa ante el Tribunal como alegantes o como terceras partes: entre ellas, Open Society, Human Rights Watch, Amnistía Internacional o la Comisión Internacional de Juristas.

De esos 22 jueces, 12 son antiguos empleados o directivos de la Open Society de Soros, la cual financia a su vez a las otras seis.

A lo largo de esos diez años, en al menos en 88 ocasiones esos jueces han decidido sobre casos presentados o apoyados por su antigua ONG, actuando como juez y parte, en un «flagrante conflicto de intereses».

Los relatores ¿independientes? de la ONU

En 2021, el ECLJ demostró que una gran proporción de los relatores especiales de la ONU , que se supone deben ser «expertos indepedientes», son antiguos directivos de fundaciones y ONG izquierdistas, y han aceptado millones de dólares de dichas organizaciones -en particular de las fundaciones Ford y Open Society-, fuera de todo control de los Estados y de la ONU, y en violación de las normas éticas de la propia ONU. Pese a lo cual «están en la cima del engranaje de los derechos humanos y tienen una considerable influencia sobre las directrices legislativas sobre derechos humanos».

En su investigación, el ECLJ entrevistó a 27 relatores especiales, algunos de los cuales describieron la situación como «corrupción», porque esas fundaciones pagan por influir en la agenda de los expertos de la ONU. Por lo demás, lamentó Puppinck, los Estados no se comportan con mucha mayor decencia que las ONG y también intentan «comprar» a los relatores con subvenciones directas.

Por ejemplo, en 2017, Open Society concedió 100.000 dólares a un grupo feminista radical de Nueva Jersey para «influir sobre un relator especial de la ONU» y que escribiese uno de sus dictámenes en el sentido deseado por el pagado. Como así sucedió.

Pues bien: al año siguiente, tanto Fionnuala Ní Aoláin, responsable del programa de mujeres de Open Society que otorgó el dinero, como Melissa Upreti, directiva del grupo feminista que lo recibió, se convirtieron ellas mismas en relatora especiales de la ONU, es decir, responsables de dictámenes «independientes» sobre los que Naciones Unidas basa luego sus resoluciones. Upetri preside hoy el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación de las mujeres y las niñas.

Otro «flagrante conflicto de intereses», subrayó Puppinck, quien destacó que esta corrupción no es solo financiera, sino intelectual. Así, la surafricana Tlaleng Mofokeng, nombrada en julio de 2020 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante el 44º periodo de sesiones de la ONU, «Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental», es una médico abortera que presenta el aborto como «un acto radical de amor a una misma» y además defiende la legalización de la prostitución, que considera como una expresión de feminismo.

«No solo es algo estúpido«, subrayó Puppinck: «Es malvado. Estas personas están arruinando el sistema de los derechos humanos. Es una vergüenza».

La Organización Mundial de la Salud, impulsora del aborto hasta el nacimiento

Con la OMS «es aún peor», añadió, en referencia a las sus recientes Directrices sobre la atención para el aborto, que lo defienden en cualquier etapa del embarazo y recomiendan suprimir la objeción de conciencia del personal sanitario a practicarlos.

Cuando el ECLJ investigó los autores materiales de estas directrices y su financiación se encontró de nuevo a «los mismos grupos radicales»: Planned Parenthood, el Centro de Derechos Reproductivos y el Population Council.

«A nadie sorprenderá», explicó, «que esas directrices recomienden legalizar el aborto libre hasta el nacimento y restringir el derecho de los padres y la libertad de conciencia del personal sanitario. Esas directrices se publican como documento oficial de la OMS, aunque no han sido apobadas por ningún estado, sino solamente por un comité de ‘expertos independientes’ plagado de activistas. Y… ¿lo adivinan? Ha sido generosamente financiado por la Fundación Warren Buffett, que dio millones de dólres al departamento de la OMS que publicó esas directrices».

«Tampoco les sorprenderá saber», añadió, «que el director de ese departamento de la OMS es Ian Askew, quien fue previamente director para asuntos de aborto en el Population Council, un organización privada cuya finalidad es promover en todo el mundo la eugenesia y el control de la población«.

Un sistema corrompido: «¡Tenemos que liberarnos de él!»

«Esto es solo un vistazo a cómo está corrompido el sistema de Derechos Humanos. Ha sido secuestrado por la izquierda radical y globalista y se ha convertido en su instrumento de dominación. ¡Tenemos que denunciarlo y liberarnos de él!», concluyó Puppinck, muy aplaudido: «No debemos aceptar someternos a estos ideólogos. Están abusando de su mandato y de los derechos humanos».

La salvación de los derechos humanos «de su autodestrucción» solo puede venir de quienes creen «que Dios existe y que ha establecido en nosotros y sobre nosotros una ley natural que es auténticamente universal y buena».