DBuford

Por David Morán Bohórquez

El motivo no son sólo las sanciones

En el caso de Venezuela, las sanciones internacionales han tenido impacto en diversas empresas privadas, tanto nacionales pero especialmente multinacionales, aunque de manera indirecta. Aunque las sanciones están dirigidas principalmente al gobierno venezolano, las empresas privadas han enfrentado complicaciones debido al entorno regulatorio y financiero que estas sanciones generan.

Empresas privadas multinacionales han optado por minimizar o cesar sus operaciones en Venezuela debido a preocupaciones sobre el cumplimiento regulatorio en relación con las sanciones de Estados Unidos. Esto ha generado una percepción de alto riesgo para invertir o comerciar con Venezuela.

Algunas empresas multinacionales han cerrado o reducido sus operaciones en Venezuela (por ejemplo, Kellogg’s, Kimberly-Clark, y Bridgestone), citando la dificultad para operar bajo las restricciones internacionales y la incertidumbre económica.

Sin embargo, hay personas y empresas venezolanas que no tienen relación directa con el gobierno de Maduro y son sujetas a un Enhanced Due Diligence (EDD) (en español, «diligencia debida mejorada» o «debida diligencia reforzada») (EDD) (en español, «diligencia debida mejorada» o «debida diligencia reforzada»).

¿Qué es un Enhanced Due Diligence?

Es un proceso más exhaustivo y detallado de evaluación y verificación que se utiliza en situaciones donde los riesgos asociados a una transacción, relación comercial o cliente son más altos de lo habitual. Este enfoque está diseñado para cumplir con regulaciones más estrictas y mitigar riesgos específicos, como el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, corrupción o violaciones de sanciones internacionales.

¿Cuándo se aplica el Enhanced Due Diligence?

El EDD generalmente se utiliza en los siguientes casos:

Clientes de alto riesgo: Personas o entidades que presentan un mayor riesgo debido a su actividad, ubicación geográfica, antecedentes o reputación.

Países de alto riesgo: Clientes o transacciones vinculados a jurisdicciones con altos niveles de corrupción, lavado de dinero o terrorismo.

Transacciones complejas o inusuales: Operaciones que no tienen una justificación económica clara o que son significativamente grandes.

Personas Expuestas Políticamente (PEPs): Funcionarios públicos, líderes políticos o personas vinculadas a ellos, que son más susceptibles de involucrarse en corrupción.

Componentes principales del Enhanced Due Diligence

Verificación adicional:

Recopilación de información más detallada sobre el cliente o la contraparte.

Verificación de identidad mediante fuentes independientes confiables.

Evaluación del perfil de riesgo:

Análisis profundo del propósito y la naturaleza de la relación comercial.

Evaluación del origen de los fondos y las fuentes de ingresos.

Monitoreo continuo:

Supervisión constante de las transacciones para detectar actividades sospechosas.Revisión periódica del perfil del cliente y sus operaciones.

Uso de bases de datos globales:

Consultas en listas de sanciones internacionales, alertas de riesgos, y antecedentes públicos.

Ejemplos de EDD

En el sector bancario, se exige a las instituciones financieras realizar EDD cuando abren cuentas para empresas en países sancionados o zonas de alto riesgo.

En fusiones y adquisiciones, el EDD evalúa si una empresa objetivo tiene riesgos legales, regulatorios o reputacionales significativos.

En comercio internacional, se realiza EDD cuando se negocian contratos con socios ubicados en jurisdicciones con un historial débil de cumplimiento legal.

Índice Basel de Lavado de Dinero (Basel AML Index)

El Enhanced Due Diligence (EDD) está relacionado indirectamente con el Índice Basel de Lavado de Dinero (Basel AML Index), ya que ambos tratan sobre la gestión de riesgos financieros y regulatorios, en especial relacionados con el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.

¿Qué es el Índice Basel?

El Basel AML Index es una herramienta anual creada por el Instituto de Gobernanza de Basilea para medir el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (ML/TF) en diferentes países. Este índice clasifica a los países según su nivel de exposición a estos riesgos, considerando factores como:

Calidad de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML/CFT).

Transparencia financiera.

Corrupción y soborno.

Estado de derecho.

Riesgos políticos.

Los países con una puntuación más alta en el índice se consideran de mayor riesgo.

Relación con el Enhanced Due Diligence

Uso del Índice Basel en EDD: Las instituciones financieras y empresas utilizan el Índice Basel como una fuente de referencia para identificar países de alto riesgo. Si una transacción o cliente está relacionado con una jurisdicción clasificada como de alto riesgo en el índice, se activa el EDD para evaluar más profundamente la naturaleza de la relación y los posibles riesgos.

Enfoque basado en el riesgo:

El EDD es parte de un enfoque basado en el riesgo, que se alinea con las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas directrices también recomiendan considerar herramientas como el Índice Basel para identificar y mitigar riesgos.

Un cliente o transacción asociado a países mal clasificados en el Índice Basel requerirá controles adicionales como parte del EDD.

Prevención de sanciones regulatorias:

El Índice Basel sirve como un insumo para que las empresas y organizaciones identifiquen riesgos de incumplimiento en sus operaciones globales. El EDD ayuda a mitigar estos riesgos mediante un análisis detallado y controles adicionales.

El caso de Venezuela

Venezuela ocupa una posición crítica en el Índice Basel AML, con una puntuación alta de 7.59 en la edición de 2024, lo que la sitúa entre los cinco países con mayor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) a nivel mundial. Este resultado refleja múltiples desafíos estructurales, institucionales y económicos.

En los dos últimos años se ha ubicado entre los 10 peores países a nivel global

Esta clasificación sitúa a Venezuela entre los países con mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El Índice Basel evalúa a los países en función de diversos factores, incluyendo la calidad de sus marcos legales y regulatorios contra el lavado de dinero, niveles de corrupción, transparencia financiera y riesgos políticos.

La alta puntuación de Venezuela refleja deficiencias significativas en estas áreas, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a actividades financieras ilícitas.

Es importante destacar que, según el Índice Basel, los países con puntuaciones más altas requieren medidas más estrictas de Enhanced Due Diligence (EDD) por parte de instituciones financieras y empresas que realicen operaciones con contrapartes en estas jurisdicciones.

Esto implica una evaluación más profunda y controles adicionales para mitigar los riesgos asociados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Impacto del Índice Basel en Venezuela

Percepción de alto riesgo:

Venezuela ocupa posiciones de alto riesgo en el Índice Basel debido a factores como corrupción, falta de transparencia financiera y debilidad institucional. Esto refuerza la percepción de que operar con o en Venezuela es peligroso desde el punto de vista del cumplimiento regulatorio.

Las empresas y los bancos internacionales someten a las contrapartes venezolanas a procesos de Enhanced Due Diligence (EDD), lo que genera costos adicionales y desincentiva relaciones comerciales.

Restricción de acceso a financiamiento:

El Índice Basel afecta indirectamente al acceso a crédito internacional. Los bancos extranjeros son reacios a ofrecer préstamos o abrir cuentas a empresas venezolanas debido al riesgo asociado.

Mayor control de las instituciones financieras locales:

Las empresas en Venezuela que intentan mantener relaciones financieras internacionales enfrentan barreras adicionales porque los bancos locales deben cumplir con estándares estrictos para evitar ser bloqueados del sistema global.

Bueno, estimado lector. No son sólo las sanciones

@morandavid

David Morán es ingeniero industrial. Ex directivo del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo de Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores informo hoy (7 ene 2025) que el Gobierno de Chile ha decidido poner término a la misión de su embajador ante Venezuela, señor Jaime Gazmuri.

Esta medida responde a la evolución de los hechos a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, tras las cuales Nicolás Maduro ha asegurado que seguirá siendo el Presidente de ese país desde el 10 de enero, como resultado del fraude electoral perpetrado por su régimen.

Luego que el personal diplomático chileno fuera expulsado de Caracas en agosto pasado, ha ido en aumento la falta de apertura, lo que, junto a la agudización de la crisis desencadenada, ha impedido el desarrollo de un diálogo bilateral efectivo.

Finalmente, Chile espera que Venezuela pueda retomar la senda de la democracia y de la promoción y protección de los derechos humanos, valores que hoy se encuentran ausentes en ese hermano país.

Por Ian Vásquez en El Comercio

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, debería asumir el cargo el 10 de enero. Pero el régimen chavista no lo permitirá y, basándose en la ficción de lo que fue quizás el mayor fraude de la historia latinoamericana, pretende perpetuar a Nicolás Maduro en el poder.

Con mucha razón, el régimen teme al poder popular de la oposición. González ganó las elecciones con un abrumador 67% de los votos. Sabemos eso porque la oposición, liderada por María Corina Machado, pudo recolectar la gran mayoría de las actas de votación. Para hacer eso, entrenó a 600.000 ciudadanos venezolanos por todo el país en el monitoreo de las elecciones, la documentación de las actas y su presentación pública en tiempo récord.

Todo eso agarró al régimen de sorpresa. No solo colapsó su apoyo –incluso en lugares que tradicionalmente servían de base al chavismo–, sino que la oposición se mostró sofisticada y preparada.

Y sigue así. Machado ha llamado a que salga el pueblo venezolano a las calles una vez más un día antes del juramento presidencial. González está en una gira internacional que incluye visitas con los presidentes de Argentina, Uruguay y Estados Unidos antes de lo que dice será su regreso a Caracas para la toma de posesión.

No sabemos qué ocurrirá. Lo cierto, sin embargo, es que, como dice Machado, “Venezuela ha cambiado para siempre y para bien”. Por primera vez en 25 años de chavismo, Machado ha podido hacer lo que los líderes de oposición anteriores no pudieron: unificar tanto a la oposición como al país con un mensaje claro de cambio y de optimismo, y con una capacidad organizativa sorprendente.

Esto se debe a que por más de 20 años Machado ha elaborado una estrategia para derrocar a la dictadura y ha promovido una visión consistente y coherente sobre la transformación que necesita su país. Como le dijo a la periodista Anne Applebaum recientemente, se trata de alterar completamente “la relación que teníamos entre los ciudadanos y el Estado”. “Solo hemos sabido que el Estado decidía por nosotros. Ahora va a ser al revés. Vamos a tener a la sociedad en el poder y tomando sus propias decisiones, y al Estado a su servicio”.

Se trata de un cambio de valores. Como dice Applebaum, “el movimiento político de base que ella y sus colegas crearon ha transformado actitudes y forjado nuevas conexiones entre las personas […]. Su equipo, con sus líderes en todo el país, construyó no solo un movimiento para un candidato o unas elecciones, sino un movimiento para el cambio permanente. La escala de su logro –el número de personas implicadas y su alcance geográfico y socioeconómico– sería notable en una democracia liberal. En un Estado autoritario, este proyecto es extraordinario”.

Todo esto constituye un problema serio para el régimen. Por eso, ha recurrido a la represión al puro estilo castrista. El régimen ha matado a sangre fría a decenas de manifestantes y ha encarcelado a miles de personas. Cinco miembros del equipo de Machado se encuentran refugiados en la embajada de Argentina, no les otorgan salvoconductos, están sitiados por las fuerzas de seguridad del régimen y les han cortado la luz y el agua por más de un mes. A Machado, quien se encuentra en Venezuela en la clandestinidad, la han acusado de traición a la patria. A González el régimen le ha dicho que lo encarcelará si vuelve.

Los venezolanos se lo están jugando todo por su libertad. Con algunas excepciones, sin embargo, los gobiernos democráticos del mundo han guardado demasiado silencio respecto de los atropellos chavistas. El silencio diplomático sobre los refugiados en la embajada es una vergüenza y la presencia de gobiernos democráticos en una investidura de Maduro sería una vergüenza mayor. Es hora de que el mundo democrático se ponga a la altura.

Ian Vásquez es Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

Por Alberto Ray

En la icónica trilogía de Matrix, hay una escena reveladora que trasciende la simple narrativa de ciencia ficción para convertirse en una poderosa metáfora de la resistencia humana contra la opresión. Es el momento en que Neo finalmente comprende la verdadera naturaleza del código que sustenta la simulación, en una especie de lluvia verde de caracteres que fluyen frente a sus ojos, y con esta comprensión, las amenazas personificadas en los cientos de Señores Smith que antes parecían invencibles se vuelven impotentes ante él.

Esta transformación de Neo no es simplemente el resultado de adquirir poderes sobrehumanos, sino de alcanzar una comprensión fundamental: el sistema que lo aprisionaba, aunque aparentemente todopoderoso, estaba construido sobre bases que podían ser entendidas, desafiadas y, en última instancia, vencidas. Es precisamente esta revelación la que nos permite trazar un paralelo fascinante con la naturaleza de los sistemas tiránicos en el mundo real.

Las tiranías, al igual que la Matrix, se sustentan en una ilusión de invulnerabilidad. Construyen elaboradas estructuras de miedo y represión, diseñadas para hacer creer a los ciudadanos que cualquier resistencia es fútil. Sin embargo, al igual que Neo, cuando los pueblos logran «decodificar» los mecanismos del poder opresivo, descubren que estas estructuras son más frágiles de lo que aparentan.

La historia nos ha demostrado repetidamente que los sistemas autoritarios, por más intimidantes que parezcan, contienen las semillas de su propia destrucción porque el código sobre el cual se sustentas siempre tiene fallas. Cuando los ciudadanos superan el miedo paralizante y comprenden que el poder de los tiranos depende esencialmente de su propia sumisión, la ilusión de invencibilidad comienza a desmoronarse. Como Neo al ver través del código de la Matrix, los pueblos que logran ver a través de la fachada del poder autoritario descubren que la verdadera fuerza reside en su capacidad de resistencia y desafío colectivos.

Este proceso de «decodificación» puede manifestarse de diversas formas: puede ser el reconocimiento de que las tácticas de división social son artificiales, la comprensión de que la propaganda es una herramienta de control basada en mentiras, o el descubrimiento de que el miedo, aunque real, puede ser superado mediante la acción colectiva y coordinada. Cada uno de estos entendimientos es como descifrar una parte del código que mantiene el sistema de opresión.

Al igual que Neo no destruye la Matrix de un solo golpe, sino que su comprensión gradual del sistema lo lleva a acciones cada vez más efectivas, la resistencia coordinada contra la tiranía se va transformando en un proceso acumulativo. Comienza con pequeños actos de desafío, crece a través de la solidaridad y acción comunitaria, y llega el punto en que se transforma en un movimiento capaz de desmantelar incluso los sistemas más arraigados de opresión.

La lección más profunda que podemos extraer de esta analogía es que el poder de cualquier sistema opresivo no importa cuán formidable parezca, depende de la creencia en su invencibilidad. Cuando esta ilusión se rompe, cuando los ciudadanos «ven a través del código», el sistema comienza a perder su poder sobre ellos. Como Neo en Matrix, los pueblos que superan el miedo y comprenden la verdadera naturaleza del poder tiránico, descubren que son más fuertes de lo que jamás imaginaron.

Esta revelación marca el comienzo del fin para cualquier sistema basado en el miedo y la represión. Porque una vez que la gente comprende que los tiranos no son indestructibles, la transformación de la sociedad se vuelve no solo posible, sino inevitable.

Washington, Bruselas y Londres deberían apretarle las tuercas al régimen de Caracas

El viernes, el presidente venezolano Nicolás Maduro planea desafiar a su propio pueblo y al mundo democrático al asumir su tercer mandato consecutivo de seis años, después de haber robado una elección en julio pasado. Un nuevo mandato de Maduro perpetuaría un régimen responsable de un colapso económico prácticamente sin precedentes en tiempos de paz y de una ola de represión que ha encarcelado a unos 1.800 presos políticos y ha provocado un éxodo de casi 8 millones de refugiados al exterior, más que los que llegaron desde Siria o Ucrania.

La oposición democrática, encabezada por María Corina Machado, ha liderado una campaña valiente y pacífica contra el fraude de Maduro, aportando pruebas a través de copias de actas oficiales de los colegios electorales para demostrar que el candidato opositor Edmundo González ganó las elecciones por un margen de más de dos a uno.

González ha estado viviendo exiliado en España, pero ha prometido regresar a Venezuela y desafiar las amenazas de arresto para reclamar la presidencia el viernes, mientras Machado ha estado organizando protestas desde un escondite secreto.

Maduro, pese a las reiteradas peticiones de la comunidad internacional, no ha logrado aportar ninguna prueba que respalde su proclamada victoria, avalada por aliados como Rusia, China e Irán. En el poder desde 2013, Maduro se apoyará en el ejército, la policía y los temidos servicios de inteligencia respaldados por Cuba para extender su régimen.

El tercer mandato ilegítimo del líder venezolano plantea a la administración entrante de Trump uno de sus primeros grandes desafíos en materia de política exterior. La administración Biden intentó negociar con Maduro, pero su política fracasó porque se basó en la ingenua presunción de que el líder venezolano entregaría el poder voluntariamente.

En cambio, permitió a Maduro embolsarse concesiones estadounidenses en materia de sanciones petroleras, sin cumplir sus propias promesas de una elección limpia. La represión de Maduro desde el resultado falso y su negativa a aceptar la oferta de negociación de Brasil y Colombia sugieren que tiene la intención de permanecer en el poder tanto tiempo como lo permitan los militares venezolanos.

Trump debería resistirse a las voces de sirena de las comunidades petroleras y de tenedores de bonos que lo instan a llegar a un acuerdo lucrativo con Maduro. En cambio, debería escuchar a figuras como Marco Rubio, el secretario de Estado designado, o Mike Waltz, su elección como asesor de seguridad nacional. Ellos han abogado por reforzar la oposición democrática y reducir el apoyo militar a Maduro endureciendo las sanciones a Venezuela.

Estados Unidos debería empezar por cancelar todas las licencias de sanciones concedidas por la administración Biden a Chevron y otras compañías petroleras que les permitían operar en Venezuela. La UE y el Reino Unido también tienen un papel importante. Deberían ampliar las sanciones a los altos funcionarios venezolanos para reflejar la lista estadounidense, cerrando las lagunas que actualmente permiten a algunas figuras clave del régimen la oportunidad de disfrutar de activos y viajes en Europa.

Los argumentos de que las sanciones no funcionarán son erróneos. Maduro teme a las sanciones más que a cualquier otra medida, tanto que su régimen aprobó el año pasado una ley que ordena penas de 25 años de prisión, la confiscación de todos los bienes y la prohibición política de por vida para cualquier venezolano que las defienda. La mayoría de las medidas duras de la primera administración Trump recién entraron en vigor en 2019 y se vieron socavadas por las lagunas legales europeas y el cálculo (correcto) del régimen de que una administración Biden resultaría más dócil.

El pueblo venezolano ha demostrado en las urnas su firme deseo de un cambio político profundo. Ahora es el momento de que Occidente y la América Latina democrática le presten su pleno apoyo apretando las tuercas al régimen ilegítimo de Caracas.

Este artículo fue publicado originalmente en el Financial Times el 7 de enero de 2025.

Por Tulio Álvarez

De acuerdo con la Constitución venezolana, el 10 de enero de 2025 debería juramentarse ante la Asamblea Nacional el candidato ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Sin embargo, el ambiente que se vive en Venezuela no se corresponde con la estabilidad y confianza que sería la consecuencia de un exitoso proceso democrático. Es exactamente lo contrario.

Riesgo máximo e inminente

El tiempo transcurrido entre la jornada electoral y la juramentación del cargo ha colocado a los venezolanos en un clima de zozobra y ha puesto en alerta a la comunidad internacional.

Se hace difícil saber qué está pasando tras la aparente pasividad de la población y cuáles son conflictos en el seno del proceso revolucionario. Esto obedece a la cautela ante el aparato represivo estatal y a la aparente falta de opciones políticas que den una solución al conflicto.

En este sentido, la recién aprobada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, muestra el temor del gobierno a las reacciones que se produzcan el 10 de enero.

Dicha ley proclama que su objetivo es:

“Proteger al pueblo venezolano contra la actuación de personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, que promuevan, invoquen, respalden o participen en la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, así como de acciones contra la seguridad de la Nación, que atenten contra la soberanía, la nacionalidad, la independencia, la autodeterminación, la integridad territorial, los valores culturales, los símbolos patrios, los intereses de la República Bolivariana de Venezuela, y los derechos humanos de la población, incluido su derecho a la paz y a un desarrollo económico independiente y sostenido”.

Si esta es la justificación de la Ley Bolívar es porque existe la plena convicción de que hay un riesgo máximo e inminente. Entonces, ¿cuál es la normalidad posible en 2025?

Factores geopolíticos

Cualesquiera sean las hipótesis de lo que pueda suceder en Venezuela el próximo 10 de enero, la juramentación presidencial activará la crisis. Aunque resulte aparentemente inevitable la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, la información oficial y la difusión de bulos hacen pensar en la aparición de nuevos conflictos sociales, económicos y políticos.

Si estos posibles enfrentamientos internos se conjugan con factores geopolíticos externos, entonces parece inviable un nuevo mandato de seis años. Los procesos en Ucrania y Siria han debilitado a Rusia y anulado el régimen sirio, dos de los principales aliados internacionales del gobierno bolivariano de Venezuela.

Además, 2025 trae la peor noticia posible para el imaginario revolucionario de Venezuela: la vuelta de Trump a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, con Marco Rubio (hasta ahora senador republicano por Florida y firme defensor de las sanciones a Venezuela) como secretario de Estado.

Normalización aparente

En este periodo previo a la juramentación del 10 de enero, la estrategia desarrollada por los factores que controlan el poder ha sido dual, aunque complementaria. Por un lado, se ha impuesto la normalización del país (desde la puesta en libertad de muchos de los encarcelados tras las elecciones de julio hasta dar inicio oficialmente a la Navidad el 1 de octubre). Por el otro, se ha desatado la persecución contra activistas y opositores.

Dada la disparidad en las estrategias, resulta evidente que el esfuerzo de normalización no va a dar frutos. Así, las partes de la unión cívico-militar-policial perfecta a la que se refiere el liderazgo revolucionario como factor básico de su sostenimiento van a tener que ponerse de acuerdo.

No se trata ya de diseñar un plan de contención, sino de definir una estrategia transicional para superar la permanencia en el poder de un cabecilla agotado. El punto de partida ha de ser la selección de un sustituto, elegido en el seno de alguna de las tres bases del poder revolucionario.

La guerra económica

Una de las fuentes de ingresos más importante para una parte de la población de Venezuela (donde el ingreso mínimo, a finales de diciembre de 2024, no llega a los 3 dólares mensuales) es el bono contra la guerra económica, justificado formalmente por la “agresión de potencias extranjeras, instigada por factores políticos internos con intereses particulares”.

El señalamiento anterior resulta incoherente con la mejor noticia económica del año para Venezuela: aunque su inflación sea una de las mayores del mundo, ha entrado en una senda decreciente.

De acuerdo a la información proporcionada por el Banco Central de Venezuela, “en octubre de 2024, la variación intermensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue 4,0 %, mayor que el registro de septiembre (0,8 %). No obstante, al comparar el resultado reciente con respecto a los ocurridos en los meses de octubre desde que se construye el INPC (año 2008), resulta menor con respecto a octubre de 2023 (5,9 %) y el más bajo desde octubre de 2012 (1,7 %)”.

Encrucijada 2025

Para Venezuela, el camino de 2025 se abrirá con una encrucijada en la que no hay indicadores visibles que permitan escoger entre las vías alternas.

Ni siquiera se trata de que la desmembrada sociedad venezolana deba tomar una decisión porque esta ya decidió, de manera indubitable, el 28 de julio de 2024.

La alianza cívico-militar-policial se cree en guerra. La realidad es que esa guerra podría hacerse real si no se cambia el rumbo de sombras que se ciernen sobre el piso económico y el horizonte político venezolano. Y se tiene que cambiar ahora, antes de que sea demasiado tarde.

Tulio Alberto Álvarez-Ramos es profesor/Investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Jefe de Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela., Universidad Católica Andrés Bello

Por Fede Durán en The Objective

Los vehículos autónomos dispondrán de protocolos de seguridad capaces de interactuar con los sistemas de hoteles, aeropuertos y restaurantes.

La semana pasada, dos presuntos atentados golpearon de nuevo a EEUU en vísperas del advenimiento de Donald Trump como inquilino de la Casa Blanca. El más dañino consistió en un atropello masivo en Nueva Orleans que deja al menos 15 muertos y 30 heridos. El segundo tuvo lugar frente a un hotel del multimillonario en Las Vegas y se cobró la vida del conductor.

En ambos casos, el arma empleada fue un coche. Uno convencional en el primer escenario; un cybertruck de Tesla en el segundo. Tesla pertenece a Elon Musk, convertido por Trump en una especie de plenipotenciario ministro sin cartera cuya misión consistirá en podar la burocracia y los sobrecostes de la Administración federal.

Aunque las conexiones entre ambos hechos no están claras, parece razonable concluir que uno de los ataques (Nueva Orleans) se ajusta a un manual más convencional, mientras que el otro (Las Vegas), consciente o inconscientemente, recurre a una herramienta más moderna (el cibercamión de Musk) de cuyo uso derivan una serie de consecuencias.

Para empezar, al tratarse de un vehículo eléctrico fabricado por Tesla, la compañía tiene acceso a los puntos de carga utilizados por el conductor desde el momento en que alquila la camioneta. Esto permite a las autoridades reconstruir paso a paso la trayectoria elegida por el supuesto agresor.

Además, tal y como el propio Musk informó a los investigadores, su equipo es capaz de acceder en remoto a la caja negra del vehículo, de modo que se pudo determinar si la explosión fue causada por un fallo técnico (no fue así) o provocada por quien la conducía.

Por último, Musk explicó en Twitter/X que el cybertruck resultó ser una pésima elección para los malhechores, pues por sus características contuvo la onda expansiva y minimizó los efectos del estallido.

El estado de la automatización

Los coches autónomos o autoconducidos aún no han revolucionado el mercado. En EEUU, la NHTSA (una especie de equivalente a la DGT española) admite que en la actualidad no se comercializa allí ningún vehículo 100% autónomo. Ese nivel 5 de automatización, el máximo posible, debería empezar a desplegarse a partir de este mismo 2025 y será muy beneficioso para la seguridad de conductores, pasajeros, transeúntes, ciclistas y motociclistas.

Un paso extra

Pero la destrucción del cybertruck de Tesla y el posterior rastreo permitido por la empresa deslizan un escenario aún más sofisticado que el regulador querrá tener en cuenta. Si la automatización está basada en la comprensión del tablero de juego (las vías públicas, los espacios de aparcamiento privado) y en el establecimiento de un conjunto de síes y noes (no se puede adelantar por la derecha en una autopista; sí se puede circular a 120 kilómetros/hora), parece lógico que, en aras de una mayor seguridad, los algoritmos prohíban una serie de conductas sospechosas.

De este modo, la camioneta utilizada en Las Vegas frente al hall del hotel de Trump sólo habría podido estacionarse en el punto de la explosión previa comunicación entre sistemas informáticos. El sistema del hotel habría preguntado al sistema del Tesla si el conductor era huésped y le habría indicado dónde aparcar. Si el Tesla no dispusiese de la autorización para estar ahí, el sistema del hotel habría lanzado una alerta y tal vez el propio Tesla, de oficio, se habría puesto en movimiento. En el futuro, atentar con vehículos será complicado. No sólo porque el movimiento quedará condicionado a una serie de pautas y protocolos, sino porque incluso los modelos más sensibles (aquellos que usan las empresas de alquiler y quedan expuestos al público) podrían contar con sistemas de detección de explosivos u otras sustancias peligrosas. El salto cualitativo, más que desde Tesla y EEUU, quizás llegue de China, cuyo gobierno ama el control por encima de todas las cosas.

Sí, un nuevo inicio.

Venezuela debe reiniciarse por completo.

Y ese reinicio iniciará el 10 de Enero con el favor de Dios y gracias a la voluntad de millones de venezolanos.

Merecemos un nuevo inicio, cargado de esperanza, de ilusión y sobre todo de justicia y libertad para todos y cada uno de nuestros ciudadanos.

Hemos transitado por una oscura senda que nos arrebató 25 años de nuestras vidas; por un camino de injusticias, de atropellos, de miedos y de censura.

25 años llenos de miseria, de hambre y de un régimen que saqueó al país de la peor manera posible. 25 años de destrucción total.

Sin embargo, estamos a las puertas de una nueva etapa nacional; estamos ante la posibilidad cierta de tener la ocasión perfecta de reconstruir a nuestro país.

Que los aeropuertos se llenen de venezolanos que regresen; de familias reunificadas. La esperanza de ver a nuestra economía volver a repotenciarse; de ver como nuestro país surge y se solidifica económica y socialmente.

Sé que con la Presidencia de Edmundo González Urrutia y con el liderazgo visionario, libertario y sincero de María Corina Machado lograremos el cambio que el país necesita con suma urgencia.

Con esa nueva etapa que arranca el 10 de enero veremos como el país se convierte en un ave fénix que se levanta de sus propias cenizas para volver a ser grande; para ser una país fuerte, libre y próspero. Estoy convencido de esto.

Ese nuevo inicio será el fin de la opresión, del encarcelamiento injusto; el fin de la crisis económica y social; será el fin de esa epidemia política que llaman “Socialismo”, pues viviremos en un nuevo Estado liberal y realmente democrático.

A pesar de las amenazas; de las tácticas intimidatorias del régimen; a pesar de su afán desmedido de crear un ambiente de terror como último escudo ante su eminente caída, los demócratas –que es el 90% de la poblaciones nacional– estamos listos para hacer valer la decisión tomada el 28 de julio.

El 28 votamos y por abrumadora mayoría se eligió a Edmundo González Urrutia como el Presidente de la República de Venezuela; por una inmensa mayoría se tomó la decisión de cambiar y darle la oportunidad al país de iniciar de nuevo; y ese resultado lo vamos a defender y concretar con el favor de Dios y de la forma que dicta la legalidad nacional.

La libertad se siente; la libertad late en el corazón de millones de venezolanos y ese sentimiento no será detenido por nada ni por nadie.

Con la bendición de Dios, Venezuela inicia un nuevo período de su historia.

¡Amén!

Un hombre de Florida y un ex infante de Marina que estuvieron encarcelados en Venezuela han demandado al presidente Nicolás Maduro, acusándolo de encabezar una vasta “empresa criminal” que ha cooptado al Estado y utiliza a ciudadanos estadounidenses como fichas en negociaciones con Washington.

La demanda presentada el lunes en el tribunal federal de Miami por Matthew Heath y Osman Khan es similar a una serie de demandas que han derivado en destacados fallos a favor de estadounidenses encarcelados en Venezuela. Todos intentaron obtener el pago de daños bajo una ley federal poco utilizada, la Ley Antiterrorista, que permite a las víctimas estadounidenses de grupos terroristas extranjeros incautar los activos de sus victimarios.

La demanda más reciente alega que funcionarios de seguridad bajo el mando de Maduro sometieron a los hombres a un patrón de tortura —ahogamiento simulado, electrocución, amenazas de violación con un bastón, medicamentos que alteran la mente y el uso repetido de una celda estrecha apodada “El Tigrito”—, el cual también está siendo investigado por fiscales de la Corte Penal Internacional.

“El secuestro, la tortura y el rescate de ciudadanos estadounidenses formaban parte de un plan continuo y sistemático para coaccionar al gobierno de Estados Unidos a hacer concesiones políticas, poner fin a un embargo petrolero e intercambiar prisioneros”, argumentan los abogados de Heath y Khan en la demanda de 87 páginas.

Entre los otros 17 demandados se encuentran el ministro de Defensa de Maduro, el fiscal general y el ministro del Interior, al igual que compañías estatales de petróleo y minería de oro.

Heath, un excabo de la Infantería de Marina estadounidense radicado en Tennessee y anteriormente consultor de seguridad en Afganistán, fue arrestado en un retén en Venezuela en 2020. Las autoridades lo acusaron de terrorismo después de supuestamente encontrar armas y un teléfono satelital en su posesión. Maduro dijo que estaba en el país vigilando refinerías de petróleo, en labores de espionaje para el entonces presidente Donald Trump.

La familia de Heath dijo que él estaba varado en Colombia cuando la pandemia de COVID-19 obligó a cerrar el tráfico aéreo, dejándolo atrapado. Cruzó la frontera hacia Venezuela con la esperanza de tomar un viaje corto en barco a Aruba, donde estaba anclado un bote arrastrero que él había arreglado para iniciar un negocio en el que lo alquilaría, según la demanda.

Khan trabajaba en Colombia tras graduarse de la universidad en Florida cuando se enamoró de una mujer venezolana que lo invitó a conocer a su familia. Fue detenido en enero de 2022 mientras cruzaba la frontera con su novia y el padre de ella en una canoa motorizada, según le había indicado el hermano de la mujer, integrante de la Guardia Nacional venezolana. Más tarde fue acusado de delitos que incluyen terrorismo y tráfico de personas.

El gobierno de Estados Unidos determinó que ambos hombres fueron detenidos injustamente con base en cargos falsos. Heath y Khan fueron liberados —tras haber estado detenidos 752 y 259 días respectivamente— en octubre de 2022, junto con cinco ejecutivos petroleros estadounidenses, a cambio de dos sobrinos de la primera dama Cilia Flores encarcelados en Estados Unidos por condenas de narcóticos.

Por Víctor Salmerón en El Observador

Al cierre de 2023 la deuda total de Venezuela era de 161 mil millones de dólares. El atraso en el pago mantiene al país sin acceso al crédito internacional y lo expone a un aislamiento comercial y financiero.

Tras la virulenta crisis que redujo el tamaño de la economía a la cuarta parte, Venezuela tocó fondo y comenzó una recuperación en cámara lenta que para ganar vitalidad necesita financiamiento. Pero hay un problema: la gigantesca deuda, que no paga desde 2017 y que no ha podido reestructurar, le impide el acceso al crédito internacional.

El informe «Saldar la deuda, salvar Venezuela», elaborado por un grupo de profesionales venezolanos de distintas disciplinas, explica que al tomar en cuenta fuentes oficiales, reportes de organismos multilaterales, demandas por incumplimiento y centros de arbitraje, al cierre de 2023 la deuda total era de 161 mil millones de dólares.

Con esta montaña de dinero, dice el informe, hubiese alcanzado para construir 125 estadios como el Santiago Bernabéu o 30 ampliaciones del Canal de Panamá. El peso de la deuda es tal que equivale a 166% del tamaño de la economía y es diez veces superior al monto de las exportaciones anuales.

Gustavo García, quien se desempeñó como jefe del área fiscal en el Banco Interamericano de Desarrollo y es uno de los autores del trabajo, indicó en un evento del Observatorio Venezolano de Finanzas que “Venezuela no va a recuperarse si no resuelve el tema de la deuda, esto es una condición sine qua non”.

La traba del fraude de Maduro para reestructurar la deuda

Cuando los países no están en capacidad de pagar la deuda inician un proceso de negociación con los acreedores, que tiene como meta una reestructuración de largo alcance que suele incluir una rebaja en el monto adeudado, plazos más largos, nuevo financiamiento, un período de gracia en el que no hay que realizar amortizaciones y tasas de interés más favorables.

Como un paso previo a la reestructuración, los acreedores suelen exigir que el país diseñe un programa de recuperación, estabilización y reformas con apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el resto de los organismos multilaterales.

De cumplir con estos pasos Venezuela obtendría créditos para solventar las fallas de electricidad y combustible que frenan la recuperación de la economía, para aumentar las reservas del Banco Central a fin de estabilizar la moneda y para mejorar áreas en estado crítico como la red de hospitales públicos.

La política juega un rol clave. La Unión Europea, países latinoamericanos y Estados Unidos no reconocen como legitimo el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024, al igual que sucedió con su primera reelección en 2018.

Esto apunta a que el Fondo Monetario Internacional continuará sin reconocer como legítimo al gobierno de Nicolás Maduro. Además, Estados Unidos aplicó sanciones que prohíben a los inversores estadounidenses comprar deuda venezolana recién emitida, algo que entorpece cualquier intento de reestructuración.

“Venezuela necesita un gobierno con legitimidad y apoyo de los multilaterales, de lo contrario va a tener un crecimiento bajo y se va a quedar como un país pobre. Actualmente el PIB per cápita es similar al de Honduras, que es el cuarto país más pobre de la región” dijo Gustavo García, quien formó parte del grupo de expertos que diseñó el programa de gobierno que habría adoptado la líder de la oposición María Corina Machado.

Riesgo de embargos de activos para Venezuela

La deuda en bonos, emitidos en su gran mayoría por Pdvsa, la empresa petrolera del Estado y el gobierno, suma al cierre del pasado 16 de diciembre 99 mil 594 millones de dólares y la consultora Síntesis Financiera indica que el monto en atraso, por capital e intereses, es de 67 mil millones de dólares.

Grupos de inversionistas que no reciben pago por los bonos venezolanos desde 2017 han acudido a tribunales en Nueva York y estarían en condiciones de intentar embargar activos de la nación.

“El sector público venezolano se expone a un aislamiento comercial y financiero producto de las demandas. Acreedores ya tienen órdenes de embargo y van a actuar sobre activos como el oro que tiene el país en el Banco de Inglaterra, buques de Pdvsa o buques comerciales con petróleo, aviones de Conviasa (la línea aérea del Estado) y cualquier pago que el país coloque en el sistema financiero internacional”, dijo Gustavo García.

Además de la deuda en bonos, el país tiene deuda con empresas que fueron expropiadas sin pago alguno durante el gobierno de Hugo Chávez. Una lista de empresas como la minera canadiense Crystallex y ConocoPhillips obtuvieron decisiones favorables en cortes de arbitraje y han avanzado de manera decidida en el intento de cobrar a través de una subasta de acciones de Citgo ordenada por la Corte de Delaware, en Estados Unidos.

Citgo, la empresa venezolana filial de Pdvsa posee 4 mil 200 bombas de gasolina en Estados Unidos, plantas en Luisiana, Illinois y Texas. Se estima que tiene un valor que ronda los 13 mil millones de dólares.

El juez Leonard Stark, de la Corte de Delaware, decidió que tanto la administración de Maduro en Venezuela, como la del gobierno interino de Juan Guaidó, realizaron un manejo de Pdvsa que borró la línea divisoria entre el gobierno y la empresa; por lo tanto, los acreedores del gobierno pueden cobrar embargando activos de Pdvsa, como Citgo.

El rol clave de China en la reestructuración de la deuda venezolana

Según la Base de Datos de Financiación China-América Latina del Diálogo Interamericano y la Universidad de Boston, Venezuela ha recibido por parte de China 62 mil millones de dólares en financiamiento y la deuda vigente se estima en torno a 15 mil millones de dólares.

El financiamiento se dilapidó. Faraónicos proyectos ferroviarios hoy son ruinas. Venezuela paga la deuda con envíos de petróleo y por ahora no ha habido anuncios de nuevos créditos.

Un detalle a tomar en cuenta es que en la renegociación de la deuda de países como Zambia, inicialmente China buscó una negociación bilateral, no en el marco de un acuerdo conjunto con el resto de los acreedores. La postura de la China de Xi Jinping hacia Venezuela en caso de una reestructuración puede resultar clave.

La aceleración de la deuda pública durante el ciclo chavista

En 1998, el año previo a que el chavismo llegara al poder, la deuda era bastante baja, solo equivalía a 31% del PIB y cada venezolano, si la deuda pudiese distribuirse en partes iguales entre la población, debía 1.211 dólares. Hoy la carga en términos per cápita es de 5.596 dólares.

Paradójicamente durante la gestión de Hugo Chávez y durante los años en que el país recibió una fortuna colosal por los altos precios del petróleo, el gobierno se endeudó a un ritmo frenético y el dinero obtenido no cumplió con el objetivo de mejorar la infraestructura, aumentar la producción de petróleo o diversificar las exportaciones.

El chorro de petrodólares, proveniente de la deuda y la venta de crudo, desapareció en mantener una economía ineficiente, subsidios, la expansión continental del socialismo del siglo XXI y la corrupción rampante.

La deuda de Pdvsa es ilustrativa en cuanto a la inutilidad de la carga. En 1999 la empresa producía tres millones de barriles diarios y tenía una deuda insignificante. Durante la gestión de Hugo Chávez la deuda de la empresa, solo por concepto de bonos, se multiplicó por ocho, pero la producción no aumentó en un solo barril.

“Toda esta descomunal deuda se contrajo antes de 2017, es decir antes de la primera sanción internacional”, resalta el informe Saldar la deuda, salvar Venezuela.

Morfema Press

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