California se acerca cada vez más a incorporar oficialmente las criptomonedas en su sistema financiero público, tras la aprobación unánime en la Asamblea Estatal del proyecto de ley AB 1180, que permitiría a los departamentos estatales aceptar pagos en activos digitales.
Con una votación de 68 a 0 en su tercera lectura el pasado 2 de junio, la Asamblea dio luz verde a la propuesta legislativa impulsada por el asambleísta demócrata Avelino Valencia. El proyecto ahora pasa al Senado estatal para su discusión final. Si también es aprobado por esa cámara y posteriormente firmado por el gobernador Gavin Newsom, entraría en vigor el 1 de julio de 2026.
La legislación encomienda al Departamento de Protección Financiera e Innovación de California (DFPI, por sus siglas en inglés) la creación de una normativa que permita el pago de tasas y servicios estatales bajo la Ley de Activos Financieros Digitales (DFAL) mediante criptomonedas. El DFPI, autoridad reguladora del estado en materia financiera, es responsable de supervisar las actividades cripto y emitir licencias a los actores del sector.
El proyecto contempla un programa piloto que funcionaría hasta el 1 de enero de 2031, fecha a partir de la cual el sistema entraría en operación plena. Asimismo, la normativa exige que el DFPI elabore un informe antes del 1 de enero de 2028, detallando todas las transacciones en criptoactivos realizadas, así como los desafíos técnicos y regulatorios enfrentados durante su implementación.
Cabe destacar que el texto fue objeto de cuatro enmiendas antes de su aprobación en la Asamblea. La más relevante fue la eliminación de una sección relacionada con la definición de términos aplicables a empresas de transporte privado y vehículos personales.
La iniciativa AB 1180 se complementa con el proyecto AB 1052, conocido como el “proyecto de ley de derechos de Bitcoin”, también promovido por la Asamblea. Esta segunda propuesta, que ya fue aprobada por unanimidad (11-0) en la primera comisión legislativa el pasado 23 de mayo, busca consagrar el derecho a la autocustodia de activos digitales y prohibir que entidades públicas restrinjan o graven el uso de criptomonedas como medio de pago en transacciones privadas.
Si se aprueba, California se uniría a otros estados como Florida, Colorado y Luisiana, que ya han adoptado mecanismos para aceptar pagos en cripto en ciertos contextos.
Según datos de BTC Maps, actualmente 117 comercios en el estado de California aceptan pagos en Bitcoin.
¿Qué alternativas tiene el régimen para salir de la crisis provocada por el tarifazo de ETECSA? Tres expertos comparten sus hipótesis.
La incapacidad del régimen de Cuba para reaccionar ante el parón universitario generado a raíz del tarifazo de ETECSAdemuestra que no previó una consecuencia de este calibre. Tampoco esperó que los estudiantes fueran quienes encabezaran la oposición a la medida, ni que los históricos mecanismos represivos de esos colectivos (FEU y UJC sobre todo) fallaran.
¿Qué puede hacer el régimen de Cuba ante esta crisis? ¿Cómo se resolverá la pulseada entre los universitarios y las autoridades? Tres expertos cubanos se arriesgaron a hacer pronósticos.
Desde la perspectiva de José Manuel González Rubines, codirector del Laboratorio de Pensamiento Cívico CubaXCuba, investigador político y periodista, aún es temprano para sugerir una salida a la crisis. Pero, considera, «cualquier manera en la que se resuelva es perder-perder para el Gobierno».
«El Gobierno mañana —y digo Gobierno, no ETECSA, porque al final sabemos que ETECSA es el Gobierno— dice: ‘vamos a echar atrás todo esto que ha sucedido, las tarifas nuevas, y volvemos a la posición inicial’. Por mucho que ellos disfracen su discurso de que han escuchado a las masas, esa solución implicaría que la protesta funciona y que han tenido que ceder ante ella».
Pero el escenario opuesto no es mejor para el régimen. «En caso contrario, el Gobierno reprime a los universitarios, se lleva a algunos presos, los expulsa de la universidad… esto lo dejaría aún más descaracterizado ante los estudiantes. Y eso por lo general siempre genera efectos muy negativos».
Advierte González Rubines que la masa estudiantil universitaria «es un potencial factor explosivo por su historia, por su juventud. No actúa del mismo modo una persona de 50 años que un joven. El joven por lo general es más irreflexivo, y no lo digo en el mal sentido. La persona de 50 años está pensando en todos los riesgos que pueda correr; el joven no, es apasionado, esa es la esencia de la juventud».
Por ello, dar marcha atrás al tarifazo «demuestra a la gente que protestando se logran cosas». De ahí que González Rubines dé por mucho más probable que el régimen opte por una salida intermedia, que tampoco supondría una victoria.
«Es decir: ‘mira, le vamos a regalar unos megas a los estudiantes, le vamos a poner wifi en las facultades, le vamos a dar unos megas a los médicos’, o a otros grupos. Eso puede ser una medida intermedia, lo cual también hace perder al Gobierno, porque deja a una gran masa de personas desprotegidas y demuestra una vez más que el cubano es un sistema que privilegia a unos sobre otros. O sea, esto sigue erosionando su discurso de que ‘aquí todo el mundo es igual'».
Para el analista, ya en el punto actual, de cualquier manera en que se resuelva la crisis «va a generar un efecto negativo para el Gobierno».
El historiador y líder opositor Manuel Cuesta Morúa considera que la mejor alternativa que tiene el régimen cubano es «darle marcha atrás a su política neoliberal en el ámbito de la comunicación en una sociedad digitalizada como es la cubana. La infraestructura digital del Estado casi no funciona, pero la infraestructura digital de la comunicación social está intacta. Y por necesidades de renta del Estado y sus empresas, al Gobierno se le ocurrió montar un esquema de privilegios, desigualdad y discriminación en el único campo en el que se puede hablar de igualdad universal para todos los seres humanos: el del acceso a internet».
«En la mayoría de los países existe tarifa plana; en África, continente desigual donde los haya, se está llevando internet gratis a zonas remotas; en todos los lugares las compañías compiten para abaratar y atraer clientes, y el Gobierno cubano se aventura a seguir fracturando a la sociedad en el único punto en el que todos los cubanos podríamos decir que existe igualdad: el acceso a internet desde nuestros móviles», señala.
Por ello, enfatiza Cuesta Morúa, «la solución inmediata para el Gobierno es retirarse gradualmente a la posición anterior, moderar su soberbia y romper de una buena vez con el monopolio de ETECSA, que cuando estaban los accionistas italianos más o menos funcionaba, pero que comenzó a desvanecerse desde el momento en que su accionariado es un conglomerado nacional con mentalidad extractivista. Y esto no solo por temas de justicia social, sino para no continuar transitando por el camino del retardo económico, tecnológico, de conocimiento y subdesarrollo deliberadamente elegido por el Gobierno».
Omar López Montenegro, activista fundador del Movimiento Pro Derechos Humanos en Cuba y actual director de programas del Centro Latinoamericano para la No Violencia (CELANV), considera que «el margen de maniobra del régimen es bien escaso, puesto que la única solución definitiva, la eliminación de los problemas que motivan el descontento popular, no está en sus manos, pues son resultado no solo de la ineficiencia, sino peor aún, de la falta de voluntad por parte del sistema para resolverlos».
«La deriva del neocastrismo hacia un capitalismo de Estado feroz ha agudizado y hecho más evidentes las desigualdades que siempre han existido en la sociedad cubana, lo que ha dejado a la población en un estado de miseria por decreto que resulta inaceptable», recuerda.
A juicio de López Montenegro, «está claro que el régimen entiende que la represión directa a las manifestaciones podría tener un efecto altamente contraproducente, y su patrón ha sido la represión selectiva y los intentos de manipulación propagandística. En la medida en que más sectores de la población transiten de la zona de indiferencia a la de descontento, y de ahí a la de manifestación, como ha estado sucediendo, se hace más difícil evadir o silenciar el clamor de la gente«.
En cuanto a los escenarios posibles, el activista es cauto: «Lo que sí se vislumbra, puesto que ha estado sucediendo de forma sostenida, es el incremento de las acciones de protesta y manifestación de descontento. El Observatorio Cubano de Conflictos compiló en mayo de 2025 una cifra récord de 851 eventos, entre protestas, denuncias y acciones cívicas. El carácter del pueblo cubano cambió: ya no se consideran la injusticia y la arbitrariedad como hechos consumados e irreversibles. La gente ha pasado a la ofensiva en busca de soluciones como resultado de acciones propias».
«El régimen conoce al alto potencial del reto estudiantil e intentará, como ha hecho en otras oportunidades ante casos similares, manipular una negociación y, de forma paralela, singularizar y reprimir de forma selectiva a quienes perciba como líderes u organizadores», advierte.
Pero, sugiere López Montenegro, «si los estudiantes mantienen la identidad horizontal, cooperativa, sin máximos líderes, no violenta y no politizada, que han mostrado hasta ahora, el tiempo está de su lado. De hecho, ya se anotaron una victoria con el intento de ETECSA de crear un paquete exclusivo para ellos, lo que evidenció su fuerza y la vulnerabilidad del sistema. Cualquier otra concesión que resulte de estos acontecimientos se sumará a la victoria ya obtenida. Los mitos de invencibilidad del sistema se siguen desplomando», finaliza.
“El país está en transición, aunque el régimen lo niegue. El desafío está en ordenar, canalizar y sostener esa transición de forma ética, pacífica y democrática”
En medio del creciente descontento social y del pulso que marcan las recientes protestas universitarias en Cuba, tras el tarifazo de Etecsa, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) anunció este viernes la realización de su Primera Convención Democrática, bajo el lema “Estamos en transición”. El evento, que se desarrollará a partir de mañana sábado y se extenderá durante varias semanas, busca trazar un mapa ciudadano para el futuro democrático del país.
Con los derechos ciudadanos y el Estado de Derecho como ejes centrales, el encuentro aspira a construir propuestas concretas desde la sociedad civil cubana, involucrando tanto a ciudadanos residentes en la Isla como a los cubanos del exilio.
Durante los primeros 14 días, más de 900 cubanos participarán en un centenar de asambleas
La Convención se dividirá en dos fases: una inicial de escucha ciudadana, de reuniones presenciales en diversos lugares a lo largo del país, y una posterior de deliberación institucional. Durante los primeros 14 días, más de 900 cubanos participarán en un centenar de asambleas ciudadanas abiertas en distintos lugares del país. Esta etapa tiene como objetivo recoger diagnósticos locales, identificar prioridades y construir una Agenda Ciudadana, nutrida de las aspiraciones, demandas y propuestas de los participantes.
Según explicó el CTDC, esta fase continúa un proceso previo de deliberaciones que durante los últimos años se ha desarrollado en espacios cerrados, a menudo de manera discreta, para evitar represalias.
La segunda etapa –de carácter institucional y a través de plataformas online– convocará a organizaciones afiliadas al Consejo y actores independientes tanto dentro como fuera del país. Este segmento estará enfocado en la consolidación interna del CTDC y la elaboración de una visión democrática con perspectiva de Estado, cimentada en principios como la separación de poderes, el respeto a los derechos humanos y la atención prioritaria a los presos políticos.
Varios de sus miembros se encuentran hoy encarcelados
Varios de sus miembros se encuentran hoy encarcelados, incluyendo su presidente, José Daniel Ferrer. En igual situación está Félix Navarro, uno de sus vicepresidentes. Ambos opositores formaban parte del grupo de presos excarcelados el pasado enero, en virtud de un acuerdo entre el régimen y el Vaticano, y volvieron a prisión ocho días después de la muerte del papa Francisco.
El evento se celebra en un momento crucial, según advierte el propio Consejo, marcado por el endurecimiento del autoritarismo, el descrédito creciente del régimen cubano y la necesidad de ofrecer alternativas estructuradas desde la sociedad civil. La Convención pretende convertirse en un espacio de articulación y legitimación cívica frente al vacío de representatividad institucional del Estado.
“El país está en transición, aunque el régimen lo niegue”, asegura el comunicado. “El desafío está en ordenar, canalizar y sostener esa transición de forma ética, pacífica y democrática”.
El Consejo fue fundado en Cuba el 14 de junio de 2021 –unas semanas antes de las históricas protestas– y obtuvo personalidad jurídica internacional tras su formalización legal ante un notario público en España el 14 de enero de 2022, donde se certificaron los estatutos y el acta fundacional. Este proceso incluyó su legalización ante el Colegio Notarial de Madrid, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, así como ante el Consulado General de Cuba en Madrid, cumpliendo todos los requisitos de legitimación exigidos por la ley española. Finalmente, el CTDC fue apostillado el 5 de abril de 2022 conforme al Convenio de La Haya, lo que le otorga validez internacional. Todo el proceso fue gestionado por el jurista Ernesto Gutiérrez Tamargo, coordinador legal del Consejo.
“El país está en transición, aunque el régimen lo niegue”, asegura el comunicado
En el momento de su fundación, 14 organizaciones convergieron en una articulación sin precedentes. Hoy, el Consejo está compuesto por 28 organizaciones y actores independientes, que apuestan por el trabajo colectivo, la institucionalidad democrática y la pluralidad como pilares del cambio.
Al cumplir cuatro años de existencia, el CTDC plantea que “Estamos en transición” no es solo un eslogan, sino “una afirmación del presente y una convocatoria a imaginar, construir y sostener una Cuba libre, plural y en paz”.
El dirigente guayanés destacó la agenda de trabajo del Presidente electo Edmundo González Urrutia, en distintos países del orbe”
Hugo Maestre, dirigente político guayanés dijo que aquí en Venezuela no hubo elecciones porque el gobierno sabe que no obtuvo ni el diez por ciento, y las cifras las invento el CNE a su antojo.
Maestre dijo que como ellos tienen el poder, lo utilizan de tal manera que a veces hasta quedan en ridículo, colocando cifras exhorbitantes a sus candidatos que no ganaron la elecciones, porque allí ganó el que quiso el régimen, y la marioneta de Amoroso quien obedece a las instrucciones de Miraflores Para Maestre, el presidente del Consejo Nacional Electoral, se ha convertido en un asalariado más y esto tiene un precio, y obedece servilmente, agregó.
Ahora la gente se está preguntando y a él como dirigente, qué va a pasar ahora, porque el gobierno está tomando ventajas y se dedica a llamar la atención y no se le arruga el ojo ni nada con sus marramucias
“No tiene vergüenza y llaman a otras elecciones de alcaldes y creen que María Corina se va a echar para atrás por esto”, porque de la misma manera que en las elecciones de gobernadores, ellos se van a coger las trescientas sesenta y cinco alcaldías como lo viene haciendo en forma solapada.
El régimen sabe que el pueblo no lo quiere, pero con eso creen que pueden resistir pero no tienen a nadie, que se considera un hombre disciplinado políticamente..
Simplemente utiliza este medio para mostrar su descontento de cómo se está manejando el país, y por supuesto tiene la esperanza de quien únicamente nos puede sacar a los venezolanos de esta situación, es la líder indiscutible de Venezuela y de América, María Corina Machado.
Por los momentos cree que no se vislumbra el camino en el país, muy pocas y ninguna figura que sea capaz de enfrentar al gobierno y decirle sus verdades, que sea creíble, porque todos realmente se han venido recostando del gobierno y fabricado su propio dibujo político, agregó. Simplemente parece que no les importa el país, sino ellos y su familia, y quiso decir al pueblo del estado Bolívar, su estado grande y que quiere, que tengamos calma.
Finalizó diciendo que el gobierno ya está poniendo fecha a las municipales, y que estarán muy pendientes y preocupados por la situación de país, estando serenos, y esperando las instrucciones de la líder Maria Corina Machado , concluyó.
Omar González Moreno aseguró que “Jorge Rodríguez construye un búnker de papel para Maduro”.
El dirigente liberal hizo la afirmación para explicar el afán del régimen venezolano de concretar comicios que no tienen apoyo popular.
“Las elecciones que se inventa Jorge Rodríguez es una especie de disfraz democrático que no engaña a nadie y que solo pretende barnizar la faz de un gobierno ilegal e ilegítimo”, dijo.
Manifestó que las elecciones organizadas por Jorge Rodríguez, y que son ejecutadas por un ente sumiso como el Consejo Nacional Electoral, solo son un requisito para la adjudicación de cargos a dedo.
“Fue increíble ver que quien dio los resultados de la farsa electoral del 25 de mayo fue Jorge Rodríguez pasando por encima de esa wsoecie de monigote humano de Elvis Amoroso”.
Razón
La razón de la poquísimo afluencia de electores –para Omar González– es que el 90% del país rechaza a Maduro y está con María Corina Machado.
“Aquí la correlación de fuerza está clarita; ellos son una minoría total y llana que rasguña el 10% del país, mientras nosotros somos una mayoría contundente y abrumadora”.
Aseveró que María Corina es un sentimiento que se palpa en la calle y en el corazón de prácticamente toda Venezuela.
Alerta
Omar González mostró su preocupación por la posibilidad que vuelva a agudizarse la crisis de desabastecimiento de comida en Venezuela.
“Nuevamente el dogmatismo socialista pone en riesgos al país; vuelven a amenazar con restricciones económicas internas que solo van a generar desabastecimiento. Las regulaciones estatales jamás traen nada bueno y lo que pretende Maduro sólo generará más hambre en el país”.
La Selección Boliviana de Fútbol experimentó un grave inconveniente logístico hoy, al ser impedida de despegar de Venezuela después de su partido de Eliminatorias contra la selección local. El vuelo chárter que debía transportar a la delegación de regreso a Santa Cruz, Bolivia, no recibió la autorización de despegue por parte de las autoridades aeroportuarias de Caracas, forzando al equipo a regresar a su hotel en Maturín.
El incidente ocurrió a última hora de la noche, tras la derrota de Bolivia en el encuentro de Eliminatorias. Fuentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), incluyendo al director técnico y dirigentes, han expresado su profunda preocupación y han denunciado la situación como un posible «sabotaje» o un intento de perjudicar al plantel en medio de la importante fase de clasificación para el Mundial.
#ÚLTIMO La selección de Bolivia no puede salir de Venezuela, el vuelo que debía traerlos de retorno al país fue impedido de salir sin explicación. El DT de la Verde y dirigentes de la FBF denunciaron un “sabotaje” que buscaría perjudicar directamente a los jugadores. #Bolivia#Selección#Venezuela#Eliminatorias#Maturín#Unitel#UnitelDigital
No se proporcionó una explicación clara ni oportuna sobre el motivo de la retención del vuelo, lo que ha generado indignación y frustración en la delegación boliviana y entre la afición. Cabe recordar que, previo al viaje, ya se habían presentado desafíos logísticos y discusiones sobre los costos del chárter a Venezuela.
La FBF se espera que eleve una queja formal ante la CONMEBOL y la FIFA para solicitar una investigación sobre este inusual y perjudicial incidente que afectó la planificación y el bienestar de los jugadores.
El Presidente de Argentina, Javier Milei, se reúne hoy con la Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, en un encuentro bilateral significativo en Roma. Esta parada es clave en la extensa gira internacional de 10 días del Presidente Milei. Los líderes se encuentran en el Palazzo Chigi, la residencia oficial de la Primera Ministra Meloni, y se espera que compartan una cena privada después de sus conversaciones.
Este encuentro subraya la sólida relación entre ambas naciones y sus respectivos líderes, quienes se han reunido en varias ocasiones anteriores, tanto en Argentina como en foros internacionales.
Entre los temas clave que se espera abordar se encuentra un posible acuerdo sobre gas natural que involucre a la empresa energética estatal argentina YPF y a la multinacional italiana ENI, destacando la creciente cooperación económica entre Argentina e Italia.
También se anticipa que las discusiones abarcarán una amplia gama de asuntos internacionales, incluyendo los conflictos actuales en Ucrania y Oriente Medio. Además, las prioridades europeas como la seguridad y defensa, la competitividad económica, las relaciones transatlánticas y la migración probablemente serán temas prominentes en la agenda.
Tanto el Presidente Milei como la Primera Ministra Meloni comparten similitudes ideológicas y han expresado interés en promover los «valores occidentales» y potencialmente formar nuevas organizaciones multilaterales. Esta reunión sirve como una oportunidad crucial para profundizar su colaboración en desafíos y oportunidades globales compartidos.
La gestión de Nicolás Maduro será recordada, entre muchas otras cosas, por haber conducido al colapso total de las obras públicas en Venezuela. A más de una década de haber asumido el poder, no existe una sola infraestructura de relevancia nacional inaugurada bajo su mandato. En cambio, lo que abundan son proyectos inconclusos, hospitales y escuelas colapsadas, carreteras destrozadas y un país que literalmente se cae a pedazos.
Uno de los casos más emblemáticos es el Metro Guarenas-Guatire, anunciado en 2006 por Hugo Chávez como un “sistema de transporte moderno y socialista” que conectaría el oriente de Caracas con dos ciudades dormitorio fundamentales del estado Miranda. El proyecto fue adjudicado por 2.000 millones de dólares y debía estar listo en 2012. Hoy, tras más de 15 años y más de 9.000 millones de dólares invertidos, lo único que puede verse es una traza abandonada, estaciones fantasmas cubiertas de monte y miles de familias atrapadas en un sistema de transporte colapsado.
Otro caso paradigmático es el Ferrocarril Tinaco–Anaco, concebido como parte de la integración ferroviaria nacional. Iniciado en 2009 con apoyo de China, debía conectar el centro con el oriente del país. Tras múltiples anuncios y desembolsos, la obra quedó paralizada. Hoy no existen estaciones operativas, los tramos construidos han sido desmantelados o saqueados, y el proyecto se ha convertido en otro símbolo del abandono y la mentira oficial.
Pero quizás el ejemplo más trágico y costoso del fracaso de las obras públicas en Venezuela es la represa de Tocoma, en el bajo Caroní. Esta central hidroeléctrica —la última en el plan maestro del Caroní— fue concebida para generar 2.160 megavatios con diez turbinas Kaplan, y complementar el sistema eléctrico nacional. Se inició en 2006 con una inversión estimada de 3.800 millones de dólares. Hoy, casi 20 años después y con más de 10.000 millones de dólares invertidos, Tocoma está paralizada, sin generar un solo kilovatio. Las turbinas fueron instaladas sin haberse concluido el aliviadero, y desde 2019 el proyecto está completamente abandonado, corroído por el clima y el saqueo.
Tocoma no solo simboliza el despilfarro, sino también la hipocresía de un régimen que se escuda en el discurso de la “soberanía energética” mientras somete a millones de venezolanos a apagones diarios. El colapso del sistema eléctrico venezolano coincide con la inoperatividad de Tocoma, que debía haber aliviado la presión sobre Guri y garantizado estabilidad a la red nacional.
En el área de salud, la situación es igual de crítica. El Hospital General de Coche, en Caracas, lleva más de ocho años en “remodelación” sin fecha concreta de reapertura total. En Zulia, el Hospital Universitario de Maracaibo ha perdido más del 70% de su capacidad operativa. En estados como Portuguesa o Delta Amacuro, los quirófanos están cerrados y las parturientas deben llevar guantes, yelcos, antibióticos y sábanas si quieren ser atendidas.
En educación, más del 60% de las escuelas presentan problemas de infraestructura según ENCOVI. Muchas no tienen agua, electricidad ni baños funcionales. La autopista José Antonio Páez, que conecta Barinas con Apure, se encuentra destruida, mientras que el puente Nigale sobre el lago de Maracaibo nunca pasó del anuncio.
Otro caso menos conocido pero igualmente revelador es el del Acueducto del Sur de Aragua, cuya construcción se prometió para atender a los municipios más secos del estado. La infraestructura quedó inconclusa, las tuberías están oxidadas o enterradas sin conexión y el sistema jamás funcionó. Los habitantes de San Sebastián, Urdaneta y parte de San Casimiro siguen dependiendo de cisternas o manantiales contaminados.
En definitiva, el legado de Maduro en materia de infraestructura es un desierto de concreto abandonado. Venezuela no solo ha dejado de construir: también ha perdido lo construido. Y con ello, el futuro de generaciones enteras.
La reciente defensa del presidente Miguel Díaz-Canel al descomunal aumento de tarifas de ETECSA, el monopolio estatal de telecomunicaciones, no solo profundiza el malestar social en Cuba: lo agravia con cinismo. Pretender que los cubanos deben estar agradecidos por tener internet, porque “hay 2.500 millones de personas en el mundo sin acceso”, es una forma grosera de manipulación emocional que no resiste el más mínimo análisis ético ni económico.
Este argumento busca consolar a los afectados con comparaciones absurdas: ¿acaso una persona que no tiene comida debería estar agradecida si hay alguien más hambriento en otra parte del mundo? Esta lógica de la resignación forzada encubre el fracaso de una política pública que impone a los cubanos pagar tarifas inaccesibles con salarios y pensiones de miseria. Pagar 3.360 pesos por tres gigabytes —más de 1.200 pesos por encima del salario mínimo y más del doble de muchas pensiones— no es un “repliegue táctico”, como lo llamó el mandatario: es un acto de exclusión digital masiva.
Más aún, el tarifazo viola el propio contrato de ETECSA, que obliga a avisar con 30 días de antelación cualquier cambio en las condiciones del servicio. Saltarse esta cláusula es una muestra más de impunidad, disfrazada de “reorganización” para la sostenibilidad del sistema. Es decir, se castiga al usuario para sostener el monopolio, no para mejorar el servicio.
Peor todavía es la retórica con la que Díaz-Canel intenta suavizar el golpe: “vamos avanzando”, dice, mientras el país retrocede en libertades, calidad de vida y ahora también en acceso a la conectividad. El mensaje es claro: el Estado puede fallar, imponer y restringir, pero el pueblo tiene la obligación de agradecer.
La presidenta de ETECSA, Tania Rodríguez, completó el cuadro al admitir implícitamente que la moneda nacional es casi inútil frente a la nueva estructura tarifaria. Esto equivale a confesar que el sistema económico ya no ofrece un marco realista para sostener siquiera el acceso a la información digital, mucho menos para progresar.
Este tarifazo no es solo un abuso económico: es una herramienta política. Limitar el acceso a internet en medio de una crisis —cuando más se necesita información, organización y expresión— implica un cerco deliberado a la libertad. En lugar de transparencia, se refuerzan los muros de control. En vez de avanzar, como dice el discurso oficial, Cuba sigue retrocediendo.
Afirmar que “no es posible vivir al margen de las necesidades” mientras se condena a millones a la desconexión no es gobernar: es encubrir un despojo con lenguaje heroico. Y eso, además de injusto, es profundamente desmoralizante.
Por Antonio de la Cruz
“Hemos cerrado un ciclo negativo. La apertura petrolera fue el intento de quitarle definitivamente a los venezolanos su riqueza natural más poderosa, más grande”.
Hugo Chávez, Primero de Mayo, 2007
Cómo los Contratos de Participación Productiva (CPP) desmantelan “la soberanía petrolera” de Chávez
En síntesis
El problema
Bajo la fachada de atraer inversión extranjera y esquivar sanciones, el régimen de Nicolás Maduro ha desplegado una estrategia elemental: firmar Contratos de Participación Productiva (CPP), al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, y la Ley Orgánica de Hidrocarburos sancionada en 2001. Esta medida otorga a operadores privados control total de los activos petroleros. Una maniobra sin precedentes desde la nacionalización del crudo en 1976 y menos desde 2007, cuando por orden de Hugo Chávez se transfirió el control de las asociaciones estratégicas a empresas mixtas en las que el Estado, a través de Pdvsa, tendría la mayoría accionaria.
El impacto
Los CPP no solo desvían las ganancias de la nación hacia redes paralelas de poder, sino que suprimen la estructura legal construida para salvaguardar el recurso estratégico del país. Maduro está erosionando por dentro la arquitectura institucional del chavismo fundacional y sustituyéndola por una red de contratos opacos que financian la represión y el clientelismo.
La respuesta
Para restaurar la legitimidad institucional, Venezuela necesita una auditoría independiente de todos los CPP, la derogación de la Ley Antibloqueo y una reforma legal transparente que reestructure la industria, sin privatizaciones encubiertas.
¿Privatización o captura institucional?
En regímenes autoritarios, las amenazas a la democracia no suelen llegar con tanques, sino con contratos —un proceso gradual y sutil de debilitamiento de las instituciones y las normas políticas—. Este es el caso del país bolivariano. Mientras el mundo pone su atención en las recientes elecciones, las sanciones o los crímenes de lesa humanidad, Nicolás Maduro ha accionado un mecanismo seudolegal sigiloso, pero devastador: los Contratos de Participación Productiva.
El régimen presenta estos contratos como una solución pragmática ante el colapso productivo y las sanciones económicas. Pero la realidad es otra. Se trata de un mecanismo que deja a Pdvsa sin funciones operativas al entregar los campos petroleros y gasíferos a actores privados con 100% de control, y canalizar las rentas hacia estructuras de poder que no rinden cuentas a nadie.
De Chávez a Maduro: el cambio del modelo
En 2001, Hugo Chávez promulgó la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) para reafirmar el control del Estado sobre el petróleo. En ella se establece que:
La propiedad de los hidrocarburos es del Estado hasta el punto de venta.
La participación privada está limitada al 49%, siempre subordinada a Pdvsa.
Toda empresa mixta debe pasar por aprobación parlamentaria.
Dos décadas después, Maduro ha dinamitado esa arquitectura institucional desde adentro. En 2020, impuso la Ley Antibloqueo —aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (2017-2020)—, una norma de excepción que le permitiría firmar contratos sin aprobación legislativa, sin transparencia y sin límite en la participación privada.
CPP: contratos sin república
Los Contratos de Participación Productiva que se rigen por la Ley Antibloqueo tienen las siguientes características:
Otorgan 100% de la operación y control del campo al privado.
El Estado transfiere parte del petróleo en el punto de fiscalización, sin comercialización pública.
La empresa recibe hasta 65% del valor neto del crudo producido.
No existen licitaciones públicas ni control parlamentario.
La siguiente tabla resume el cambio estructural que implican los CPP:
Criterio
Ley de Hidrocarburos (2001)
Contratos CPP (Ley Antibloqueo 2020)
Propiedad del recurso
Del Estado hasta la venta comercial
Transferida parcialmente en punto fiscal
Participación privada
Máximo 49%, en empresas mixtas
Hasta 100%, sin empresa mixta
Control operativo
PDVSA o filiales estatales
Operación 100% privada
Transparencia
Requiere aprobación parlamentaria
Confidencialidad total. Opaca.
Uso de la renta
Desarrollo nacional
Sostenimiento del régimen autoritario
¿Dónde está Pdvsa?
El modelo CPP vacía de contenido a la empresa nacional. Pdvsa no actúa como operadora, ni siquiera como accionista relevante. Se convierte en una fachada burocrática, mientras las empresas privadas —muchas sin trayectoria conocida— se apoderan de los activos productivos. Estos contratos desplazan incluso a las «empresas mixtas», figura establecida en la Ley Orgánica de Hidrocarburos como mecanismo legal de participación privada.
Esta privatización funcional, disfrazada de «alianza estratégica», evade deliberadamente la legalidad venezolana y convierte al Estado en arrendador de sí mismo, sin herramientas para supervisar, intervenir o renegociar.
Una economía sin soberanía
Según los flujos de caja estimados por los propios promotores del modelo, el Estado podría recibir entre 40% y 65% de la renta del proyecto. Sin embargo, la distribución real es opaca y sin auditoría. Lo que sí se conoce —por informes independientes y filtraciones— es que los recursos generados por los CPP no se destinan al presupuesto nacional, el principal instrumento de la política pública, sino a:
Pagos en divisas a las Fuerzas Armadas.
Financiamiento de aparatos de inteligencia y represión.
Esquemas de importación paralela, corrupción.
Lavado de activos a través de criptomonedas y paraísos fiscales.
Este no es un modelo de recuperación económica. Es una máquina de extracción de rentas destinada a perpetuar el poder de la organización criminal en Miraflores.
¿Y los inversionistas?
Para los actores privados, los CPP ofrecen acceso a reservas con alto potencial a cambio de alto riesgo. Pero el incentivo económico viene acompañado de un marco jurídico frágil, expuesto a:
Impugnación en un cercano proceso de transición democrática.
Nulidad por inconstitucionalidad (al violar la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Constitución de 1999).
Posibles sanciones internacionales si se prueba connivencia con corrupción o financiamiento de redes represivas.
En otras palabras: alta rentabilidad a corto plazo, pero riesgo existencial a mediano plazo.
Un régimen sin reforma, pero con contratos
A diferencia de reformas legales en otros países —como la apertura petrolera en México o Brasil—, el modelo CPP no responde a un debate nacional ni a un nuevo pacto constitucional. No hay discusión pública ni objetivos estratégicos claros. Solo hay necesidad desesperada de divisas y control del poder.
Esto no es una transformación institucional, sino su negación sistemática. El madurismo desmantela los frenos y contrapesos republicanos mientras simula normalidad con contratos privados.
Recomendaciones estratégicas
Auditoría urgente: Una comisión técnica internacional debería revisar la legalidad y condiciones de todos los contratos firmados bajo la Ley Antibloqueo.
Derogación legislativa: La Ley Antibloqueo debe ser invalidada por violar principios fundamentales del derecho público y constitucional de Venezuela.
Reforma con legitimidad: Un nuevo marco legal es necesario para modernizar la industria de los hidrocarburos con transparencia, soberanía y sostenibilidad fiscal.
Reinstitucionalizar Pdvsa: La empresa debe recuperar su rol técnico y estratégico, y no ser una simple vitrina para operaciones privadas.
Conclusión: un país vendido en silencio
Los CPP no son solo un problema económico. Son en definitiva una amenaza a la soberanía nacional. Maduro está entregando el petróleo porque necesita dólares para sostener un sistema que ya no puede mantenerse por sí solo.
Esta es la verdadera arma secreta de Maduro: una red de contratos opacos que sustituye las leyes, socava las instituciones y destruye el pacto social desde dentro. Barril por barril, se entrega el país, traicionando el legado de Hugo Chávez: la defensa intransigente de la “soberanía petrolera” como columna vertebral de la nación.
