Morfema Press

Es lo que es

DBuford

Vía New York Post

Agentes veteranos revelan que la inteligencia proporcionada incluyó planos de búnkeres y reservas de oro, mientras denuncian que las fuentes han sido abandonadas a su suerte.

Dos antiguos informantes y agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) han alzado la voz para exigir que el gobierno de los Estados Unidos haga efectiva la recompensa de 50 millones de dólares prometida por información que condujera a la captura de Nicolás Maduro. Según los agentes, el pago debe ir destinado a las fuentes locales que proporcionaron inteligencia crucial para la exitosa operación de extracción.

Una infiltración total

Los veteranos agentes federales —Wesley Tabor, antiguo agregado de la DEA en Venezuela, y un agente encubierto identificado solo como «Mack»— declararon a la periodista Catherine Herridge que sus fuentes lograron infiltrarse en «todos los nodos» del régimen.

Estos informantes arriesgaron sus vidas para entregar detalles extremadamente precisos, que incluyeron:

  • La ubicación exacta de Maduro y su anillo de seguridad.
  • Planos detallados de búnkeres y túneles subterráneos.
  • Información sobre instalaciones militares y reservas de oro.

Tabor testificó en una declaración jurada que esta inteligencia fue transmitida en septiembre de 2025 a figuras clave, incluyendo al general retirado Michael Flynn y a contactos de la unidad de élite Delta Force en Fort Bragg. «Tengo plena confianza en que nuestra inteligencia contribuyó enormemente al éxito de la operación y salvó vidas», afirmó Tabor.

«Nos ahorramos el dinero»

A pesar del éxito de la misión el pasado 3 de enero, el destino de la recompensa es incierto. El 7 de agosto de 2025, el Departamento de Estado había ofrecido oficialmente hasta 50 millones de dólares por Maduro bajo el Programa de Recompensas por la Justicia.

Sin embargo, tras el allanamiento de la residencia del dictador, el Secretario de Estado, Marco Rubio, bromeó diciendo que Estados Unidos se había «ahorrado 50 millones de dólares» al realizar la misión con fuerzas especiales propias. Por su parte, el presidente Donald Trump añadió en sus redes sociales: «Nadie se lo merece (el crédito), excepto nosotros».

Informantes en peligro

Para los agentes Tabor y Mack, estas declaraciones son un golpe devastador para la credibilidad de los programas de recompensas de EE. UU. Aseguran que los informantes venezolanos actuaron por «patriotismo» y para vengar a amigos torturados por el régimen, pero también confiando en que el «Tío Sam» cumpliría su palabra para ayudarles a escapar y proteger a sus familias.

«Los están persiguiendo», advirtió Mack. «Han sido prácticamente abandonados y corren riesgo de muerte».

Actualmente, Tabor y su equipo han iniciado una recaudación de fondos independiente para reubicar a estos informantes y sus hijos, quienes se encuentran escondidos en diferentes países. Los agentes advierten que, si no se paga la recompensa, el mensaje para futuros colaboradores en todo el mundo será de desconfianza, lo que dañará gravemente la capacidad de inteligencia de Washington en misiones futuras.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha emitido comentarios oficiales sobre el reclamo de los agentes.

Por Melania

Hoy me desperté viendo los videos del llamado “Festival por la Paz”… y ya podemos decirlo sin maquillaje: fue un auténtico despropósito.

Por más que algunos medios intentaron venderlo como un éxito, la realidad se impone sola: no había gente.
Videos cerrados, tomas selectivas, encuadres calculados… pero cuando amplías la imagen, lo que se ve es evidente: espacios vacíos y una asistencia muy por debajo de lo que quisieron aparentar.

Y eso dice mucho.

Porque no era un evento cualquiera:

  • Entrada gratuita
  • Artistas
  • Tarimas
  • “Ambiente festivo”

Lo que siempre usaron para llenar… esta vez no funcionó.

Sinceramente, yo tenía poca fe… pero no pensé que sería tan claro.
Esto no fue apatía. Esto fue rechazo.

El venezolano cambió.
El venezolano entendió.
Y, sobre todo, decidió no prestarse más para el show.

Porque esto no era un concierto.
Era una cortina.

Una puesta en escena para simular normalidad, para tapar lo que todos sabemos que está pasando.

Pero ya no cuela.

Y además, esto dejó algo aún más claro:
fue un filtro perfecto.

Una muestra real de lo que pasaría en cualquier convocatoria organizada por ellos.

Si con entrada gratis, música y propaganda no logran llenar…
¿qué creen que pasaría en unas elecciones organizadas por Delcy Rodríguez?

Ahí tienen el resultado.

Hoy quedó demostrado que ni con espectáculo, ni con narrativa, ni con presión… logran movilizar a un país que ya despertó.

Y eso, aunque intenten maquillarlo, es un mensaje más poderoso que cualquier discurso.

1º de mayo. 10:40 a.m. Fui un rato a la concentración chavista en la avenida Libertador. Había música, comida, afiches de imprenta y montones de autobuses, como siempre.

Por alguna razón, la logística chavista no incorpora bolsas de basura para recoger los empaques de la comida que reparten. Caminé varias cuadras para comprobar que con todos los autobuses no llenaban una cuadra. Había gente recién despierta, demasiados niños para un evento político (algunos en brazos) y hasta franelas recién estampadas con el apellido de Nicolás y el 1º de mayo en rojo.

Los ojos virolos del finado ya no son un ícono aunque al fondo suene «vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo…». Regresé sobre mis pasos y en la esquina de la clínica Santiago de León un grupo de gente forcejeaba por desechos. Los trabajadores gubernamentales solo los veían, en una mezcla de curiosidad y sorna que me espeluznó. Los veían desde la superioridad del burócrata, bajo el amparo de sus uniformes y sus carnets.

Intervine. Me paré delante de las viandas de anime y comprobé qué tenía cada persona en sus manos. Lo que quedaba eran restos ensalada de repollo y zanahoria rallada mezclados con mayonesa, trozos de pan, naranjas completas, unas papas sancochadas y restos de jugos. Se acercó un trabajador de PDVSA, con su gruesa chaqueta roja. Me preguntó si era de logística. Sin esperar respuesta dijo que en la otra esquina había otros potes botados y que me los iba a traer. Fui entregando lo que había, en el orden que se me ocurrió. La gradación del hambre es compleja. La desesperación no se puede medir.

Los locos se satisfacen más rápido: reciben sus porciones y se marchan. Los otros no. Casi todos eran hombres y ninguno lucía sucio. No era gente de la calle sino gente en la calle, buscando qué comer, con la ropa limpia y las uñas cortadas.

Volvió el señor y la bolsa que nos trajo tenía el fondo lleno de jugos mezclados y trozos de pan flotando. «Así está más suave», dijo un señor al sacar el primer trozo. La humillación a la que están siendo sometidos tantos venezolanos es una aberración. Hay muchas personas urgidas de comida y estos imbéciles gastan dinero público en franelas y afiches.

Terminada mi tarea, regresé. No se me ocurrió sacar el teléfono para fotografiar nada, lo hice un poco más lejos para probar que con todos los autobuses aún no llenaban una cuadra. No llenan nada. Ni siquiera el estómago de los más pobres.

Este es un día para la demanda de reivindicaciones laborales y fue convertido por el chavismo en otro ejercicio de adoración a Nicolás, como si hubiese algo que agradecerle. La amenaza de despido superó a la de lluvia así que ahí estaban los coordinadores de grupo advirtiendo que el que no esté al terminar el evento «ya verán».

Un país no se sostiene con amenazas, con falacias ni con sobras.
El cielo, solidario, está nublado.

Dirigentes políticos y especialistas en finanzas alertaron que el reciente anuncio de Delcy Rodríguez sobre el incremento del «ingreso mínimo integral» a 240 dólares, profundiza la «bonificación» de las remuneraciones en Venezuela.

Advierten que al no ajustarse el salario mínimo, los pensionados y las prestaciones sociales quedan rezagados frente a una inflación que devora el poder adquisitivo de forma constante.

Críticas a la política de «bonificación»

El dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, fue tajante al señalar que el gobierno interino utiliza términos «rebuscados» para ocultar que el salario mínimo permanece congelado. Según Velásquez, esta política de privilegiar bonos sobre el sueldo base destruye el cálculo de las prestaciones sociales y condena a los pensionados a ingresos de hambre.

«Ningún ingreso sobrevive a la inflación sin una política integral que detenga la devaluación del bolívar», sentenció el líder político.

El debate sobre la recuperación del valor del trabajo

Desde una perspectiva social, Stalin González argumentó que el dinero «sigue sin alcanzar» para cubrir servicios básicos, salud o educación. Para González, el problema de fondo no es el monto nominal, sino la pérdida constante del poder adquisitivo.

Propuso un plan de tres prioridades: frenar la inflación evitando el financiamiento monetario, transparentar el uso de los recursos públicos y transitar definitivamente de los bonos discrecionales hacia un salario real que permita a los venezolanos vivir con dignidad.

Vía Efecto Cocuyo

Las petroleras estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips han enviado equipos de ejecutivos y técnicos a Venezuela con el fin de evaluar la posibilidad de establecer nuevas alianzas en el sector petrolero, después de haber rechazado en un primer momento la invitación del presidente Donald Trump para participar en la recuperación de la industria nacional.

Según una información publicada por The Wall Street Journal este viernes, ambas compañías exploran oportunidades de negocio para no quedar fuera de un eventual repunte del sector en el país. Sin embargo, las empresas analizan con cautela los riesgos que implica un eventual regreso, a raíz de las expropiaciones sufridas en el pasado y los prolongados litigios internacionales que derivaron de ellas.

ExxonMobil mantiene una fuerte apuesta por Guyana,país en conflicto con Venezuela por la disputa del territorio Esequibo, donde desde 2015 ha descubierto más de 30 yacimientos y elevó su producción hasta superar los 900.000 barriles diarios en 2025. La compañía proyecta alcanzar 1,2 millones de barriles por día para 2027, lo que convierte a Guyana en el país con mayor crecimiento petrolero del mundo.

A pesar del interés, persisten preocupaciones importantes sobre las garantías jurídicas para las inversiones y la incertidumbre política e institucional en Venezuela, especialmente tras los acontecimientos del 3 de enero.

Varias compañías del sector de los hidrocarburos, tanto grandes como pequeñas, han enviado representantes al país para reunirse con autoridades y consultores locales y evaluar diversos proyectos de petróleo y gas.

El conflicto histórico con las petroleras estadounidenses

En 2007, el gobierno de Hugo Chávez nacionalizó el proyecto Cerro Negro de ExxonMobil y otros activos de compañías extranjeras. La medida obligó a la empresa a abandonar el país y derivó en largos litigios internacionales en los que ExxonMobil reclamó compensaciones millonarias.

A principios de 2025, un tribunal del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, del Banco Mundial) revocó una decisión anterior y falló a favor de Venezuela en una disputa por 1.400 millones de dólares, aunque el caso sigue siendo complejo desde el punto de vista legal.

Por su parte, ConocoPhillips también abandonó Venezuela en 2007 tras la expropiación de sus activos. La compañía mantiene un reclamo pendiente cercano a los 12.000 millones de dólares, del cual solo ha recuperado una parte.

Como parte de su estrategia de cobro, ConocoPhillips ha tomado control de activos de Pdvsa en Bonaire y San Eustaquio.

Directivos de ConocoPhillips han reiterado en varias ocasiones que no renunciarán a sus reclamos financieros contra Venezuela. Los analistas consideran que cualquier regreso de estas compañías al negocio petrolero venezolano requerirá negociaciones complejas para resolver primero las reclamaciones pendientes, antes de firmar nuevos contratos.

Declaraciones optimistas de ExxonMobil

Este viernes, el consejero delegado de ExxonMobil, Darren Woods, se mostró optimista sobre las posibilidades de inversión en Venezuela. Durante una conferencia con inversores, describió al país como “un recurso inmenso que ahora se abre de forma más libre al mundo”.

Woods valoró positivamente la colaboración entre el gobierno de Donald Trump, el actual gobierno interino venezolano y la industria petrolera para crear un marco que atraiga inversiones. Además, destacó que ExxonMobil se encuentra en una posición única para procesar el crudo pesado venezolano, gracias al desarrollo de tecnologías que permiten hacerlo a menor costo.

“Me siento optimista sobre lo que está pasando y sobre la oportunidad que existe allí. Hay mucho trabajo por hacer, pero creo que vamos a jugar un papel importante en traer esos barriles al mercado”, afirmó el ejecutivo.

Estas declaraciones llegan semanas después de que se conociera que ExxonMobil envió un equipo técnico a Venezuela para evaluar un posible retorno, según informó Bloomberg.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, con 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17 % del total global.

Con información de WSJ y Bloomberg

Vía LaPatilla

Tres años. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde que estalló el escándalo “Pdvsa Cripto” hasta que se inició el juicio contra los presuntos implicados en la trama que desfalcó miles de millones de dólares de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de otras empresas públicas.

De manera sorpresiva, el pasado lunes 20 de abril, en horas de la noche, el exvicepresidente y exministro de Petróleo, Tareck El Aissami; el exministro de Finanzas, Simón Zerpa; el exdiputado Hugbel Roa y los demás implicados en esta red — 64 en total, según se ha informado—fueron llevados ante el Tribunal 3° de Juicio de Caracas, a cargo de la jueza Alejandra Romero Castillo, con competencia en casos vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, para enfrentar los cargos por traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, evasión de procesos, controles o restricciones en licitaciones, concierto para la celebración de contrato, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Hasta ahora, el proceso se ha desarrollado en un marco de opacidad. Ni el Ministerio Público ni el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han aportado información, lo que va en contra del principio de publicidad previsto en el artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Esto, a pesar de que el asunto no afecta el pudor, no abarca a niños o adolescentes ni atenta contra la seguridad del Estado o las buenas costumbres, excepciones que la misma norma prevé para que los juicios se celebren a puertas cerradas.

Sin embargo, han trascendido algunos asuntos que se presentan a continuación:

La cifra oficial

Durante la primera sesión del juicio, el fiscal 50 nacional, Eddy Alberto Rodríguez Bencomo, afirmó que los acusados integraban “una red de corrupción (…), que, valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas, a través de la asignación de cargas de crudo (buques) por parte de Pdvsa a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y a particulares, sin ningún tipo de control” ().

Según la Fiscalía, las divisas producidas por las ventas del crudo se desviaron a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles.

En la acusación presentada por el Ministerio Público, que tiene más de 1.700 páginas, figura que las autoridades venezolanas estiman que el daño provocado por la trama al erario es de USD 5.550.544.290,74, mucho menos de los USD 23.000 millones mencionados por algunos funcionarios, como el diputado oficialista Hermann Escarrá.

Estimaciones propias señalan que el daño patrimonial superó los USD 16.900 millones.

Sobre los implicados

Otra duda que queda en el ambiente es cuántas personas en realidad están siendo sometidas a este proceso. Se ha dicho que de las 81 órdenes de aprehensión se han ejecutado 64 hasta 2024.

El pasado 21 de marzo, medios venezolanos reportaron que estaba previsto que comenzara el juicio contra el exgobernador de Trujillo y exgerente general de Cartones de Venezuela, Hugo Cabezas. Este proceso originalmente estaba ligado al expediente de “Pdvsa Cripto”, pero habría sido separado en otra causa, aunque ni el Ministerio Público ni el TSJ han confirmado esto.

Tampoco se conoce la suerte de todas las personas que fueron aprehendidas en las semanas posteriores por presuntas irregularidades cometidas en otros organismos públicos. Un ejemplo es el caso del expresidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornielles. Hay versiones que aseguran que fue excarcelado hace meses.

La jueza Alejandra Romero Castillo habría autorizado que 40 abogados privados representen a los defendidos. No obstante, se desconoce a quiénes representan esos profesionales del derecho y si todos los acusados tienen un abogado de confianza. Fuentes judiciales han confirmado a Transparencia Venezuela la información de que la exdirectora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, representa al exvicepresidente Tareck El Aissami.

El manto de opacidad que rodea a este proceso ha servido para que circulen versiones que aseguran que el estado de salud de El Aissami es delicado. “Causó muchísima impresión de que llegó al tribunal en silla de ruedas. Está muy deteriorado”, aseguró el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.

Esta versión fue respaldada por la solicitud de la abogada Berthé, quien habría solicitado al tribunal que le permita a su defendido proseguir el proceso en libertad debido a su situación de salud. Berthé explicó, según el diario Últimas Noticias, que El Aissami habría sido sometido recientemente a una operación debido al presunto estrangulamiento de una hernia y que la malla para cerrar la herida se rodó, lo cual supuestamente le causa inmovilización en algunos órganos.

Las denuncias

Hasta ahora, la estrategia de la defensa parece estar enfocada en las violaciones al debido proceso ocurridas durante la investigación más que en refutar las acusaciones de los fiscales, según las versiones de prensa.

La abogada Katy Marín, quien representa al coronel Manuel Parra, expresidente de Pdvsa-Marina, por ejemplo, habría planteado ante el tribunal que el juicio debería anularse debido a irregularidades como la negativa a garantizarles a los acusados el derecho a ser asistidos por un profesional del derecho de su confianza, ya que a todos los acusados les habían designado un defensor público al principio del proceso.

El exdiputado Hugbel Roa denunció ser víctima de una “retaliación” orquestada por el exfiscal general de la República, Tarek William Saab. ¿El motivo? “Siendo vicepresidente de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional recibí denuncias de unos petroleros del estado Anzoátegui contra Douglas Saab (hermano del entonces fiscal general), quien supuestamente los extorsionaba. Nosotros abrimos una investigación”, dijo en el juicio, aseguraron fuentes judiciales a Transparencia Venezuela.

Pero esta no fue la única acusación que el exparlamentario lanzó contra el otrora jefe del Ministerio Público. “Decidió declarar y se refirió en menor medida a los hechos que se le atribuyen. En lo que sí se extendió fue en denunciar las torturas físicas y psicológicas de las que supuestamente fue víctima por conducto de Tarek William Saab, a quien responsabiliza de amenazas, maltratos, montajes, forjamiento de pruebas y abusos de todo tipo”, apuntó el exfiscal Zair Mundaray en su cuenta de la red social X.

Roa incluso acusó al fiscal del caso, Eddy Alberto Rodríguez Bencomo, de participar en esas torturas. “Cuando le correspondió el turno de interrogar al fiscal (Rodríguez Bencomo), optó por no hacer preguntas, lo que sorprendió a los presentes”, agregó.

Vía La Vanguardia

El presidente de EE.UU. asegura que en Teherán hay un galimatías con varios grupos que se disputan el poder aunque hasta los de la línea más dura quieren pactar

El gobierno de Teherán envió una nueva propuesta a los mediadores paquistaníes para las negociaciones con Estados Unidos. Sin que trascendieran los términos, el presidente Donald Trump ya la desestimó en declaraciones a los periodistas antes de emprender viaja este viernes a Florida, en el que será su primer acto público fuera de la Casa Blanca desde el tiroteo del pasado sábado en la cena de corresponsales.

“Los iraníes quieren hacer un pacto pero yo no estoy satisfecho. Estamos haciendo todo los posible por negociar pero no sé si ellos llegarán nunca a ese punto”, replicó el mandatario estadounidense. Pero les advirtió de que “o hay un acuerdo o destruiremos el país por completo”

“Hay una gran discordia entre ellos. Hay muchísimos problemas, no se llevan bien entre ellos, el liderazgo en Irán está muy desorganizado”, afirmó. “Hay dos o tres grupos, tal vez cuatro y, aunque todos quieren pactar, hay un lío entre ellos”, reiteró.

Trump insistió en que EE.UU. está “en medio de una gran victoria, como no la hemos tenido desde Venezuela”, dijo en alusión al secuestro y traslado a Nueva York en enero del entonces presidente Nicolás Maduro. “Estamos en el camino de otra gran victoria”, insistió.

“Los iraníes no tienen ni idea de que quienes son sus líderes, que están confundidos por nuestra gran victoria militar. Ellos no tienen ejército”, repitió una vez más. “Esos líderes son incapaces de entenderse los unos con los otros”, prosiguió en su lenguaje victorioso pese a que el estrecho de Ormuz sigue cerrado.

“Han sido derrotados militarmente. Si nos fuéramos ahora, les llevaría 20 años hacer la reconstrucción, pero no nos vamos porque no estoy satisfecho con este momento”, subrayó. Fue entonces cuando volvió a amenazar con destruir totalmente Irán si no hay un pacto. “Desde el punto de vista humano, preferiría que no, pero esa es una opción”, indicó rememorando su mensaje de hace unas semanas cuando amenazó con destruir toda una civilización en una noche.

“¿Vamos con toda nuestra fuerza y los destruimos o queremos algo diferente?”, se planteó. “Están muy desunidos, unos quieren un pacto, otros quieren otro acuerdo, incluidos los más duros del régimen. ¿Por qué lo quieren? Porque no tienen marina, no tienen aviación, no tienen aviones, no tienen nada”, apostilló. Pero Irán resiste.   

Vía El Carabobeño

El ingreso integral anunciado sigue sin precisar cuál es su incidencia en el salario base, una omisión que el gremio no considera menor

El anuncio de la presidenta encargada Delcy Rodríguez de ajustar el denominado ingreso mínimo integral a 240 dólares mensuales, elevar las pensiones a 70 dólares y crear un bono de reconocimiento profesional y académico para sectores estratégicos recibió este 1° de mayo una respuesta contundente desde el gremio de enfermeros de Carabobo.

Julio García, presidente del Colegio de Enfermería del Estado Carabobo y doctor en Estudios del Trabajo, calificó el anuncio de insuficiente, irrespetuoso e inconstitucional, y exigió que cualquier ajuste incida directamente en el salario base y no en bonificaciones que no construyen patrimonio real para el trabajador.

El primer cuestionamiento de García es técnico y va al corazón del modelo: el término ingreso mínimo integral no existe dentro del marco de la Constitución ni de la Ley Orgánica del Trabajo. El modelo de cálculo salarial establecido en Venezuela es salario base, salario normal y salario integral, en ese orden.

Introducir un concepto distinto que actúa fuera de ese esquema implica que el monto anunciado no sirve de base de cálculo para prestaciones sociales, vacaciones ni bonos de fin de año. «Estos nuevos conceptos de salario mínimo integral son inconstitucionales», sentenció García.

Ingreso integral sin incidencia en salario

A eso se suma que el ingreso integral anunciado sigue sin precisar cuál es su incidencia en el salario base, una omisión que el dirigente gremial no considera menor.

En un contexto de alta inflación y volatilidad cambiaria, recibir bonificaciones en lugar de salario real impide que el trabajador acumule derechos laborales y construya patrimonio. «El ingreso anunciado no alcanza para cubrir la canasta básica en el día a día, manteniendo al trabajador en una situación de vulnerabilidad extrema», advirtió.

Rechazo al «bono de reconocimiento profesional»

Uno de los puntos que genera mayor rechazo en el pronunciamiento de García es la creación de un bono de reconocimiento profesional y académico. Para él, este concepto no solo es innecesario sino contradictorio: el reconocimiento por antigüedad, preparación académica y méritos profesionales ya está establecido en los contratos colectivos y depende porcentualmente del salario base. Crear un bono paralelo que sustituya esa figura destruye la meritocracia y elude las obligaciones contractuales que el Estado tiene con sus trabajadores.

«Se están ignorando el reconocimiento profesional y académico, destruyendo la meritocracia en los sectores profesionales», denunció García. Rechazó categóricamente que se planteen más bonos como solución, porque ese modelo perpetúa exactamente el problema que los gremios llevan años denunciando: un ingreso integral que parece mayor en el papel pero que no se traduce en derechos reales, ni en prestaciones, ni en jubilaciones dignas.

También señaló que sigue pendiente la publicación y aplicación de las tablas salariales por escalas y antigüedad según la Ley del Estatuto de la Función Pública, un instrumento que permitiría ordenar los ingresos según mérito y trayectoria. Sin esas tablas, el sistema de ingreso integral que se anuncia sigue siendo plano, homogéneo y ajeno a cualquier lógica de reconocimiento profesional.

Un anuncio bajo tutelaje político y sin decreto oficial publicado

García fue más allá del análisis técnico y coloca el anuncio del ingreso integral en su contexto político. Señala que el ajuste ocurrió bajo un evidente tutelaje de Estados Unidos, derivado de los acuerdos petroleros que Venezuela ha estado negociando, y advirtió que mientras persista un modelo marcado por la desconfianza y la corrupción, cualquier mejora será superficial.

«Solo un cambio hacia un modelo de transparencia y un sistema laboral seguro y claro garantiza ingresos dignos para la fuerza laboral», afirmó.

A esa desconfianza estructural se suma la experiencia acumulada de anuncios presidenciales que no se materializan o se aplican de forma distinta a lo prometido.

Por eso, el Colegio de Enfermería mantiene una postura de reserva hasta que se publique el decreto oficial con los detalles precisos del ajuste. «El modelo laboral del país está en vilo, es una caja de sorpresa», graficó García. «La experiencia previa de anuncios incumplidos obliga a mantener una postura de reserva hasta la publicación del decreto oficial.»

El llamado es a que los trabajadores no bajen la guardia. El ingreso mínimo integral anunciado este 1° de mayo puede ser un primer paso, pero mientras no incida en el salario base, mientras no respete los contratos colectivos y mientras no se publique en un decreto con fuerza legal, seguirá siendo, en palabras de García, una figura insuficiente, irrespetuosa e inconstitucional que mantiene a los trabajadores venezolanos en la misma vulnerabilidad de siempre.

El Clippve señaló este viernes que las declaraciones del embajador Félix Plasencia sobre la existencia de presos políticos en el país “no son un hecho aislado”, sino que forman parte “de una política de negación, burla y manipulación” frente a cientos de familias

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) rechazó este viernes 1 de mayo las declaraciones del embajador de Venezuela en Estados Unidos, Felix Plasencia, tras declarar que las denuncias sobre detenidos por razones políticas son “tonterías”.

“Las víctimas no son una ‘tontería’. Los presos políticos no son una invención. Las familias no mienten. La cárcel injusta existe, duele y debe terminar”, sentenció Clippve, en un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Sus palabras no solo son ofensivas. Dejan al desnudo el rostro de un poder que pretende hablar de normalidad, apertura y “cosas positivas”, mientras en Venezuela siguen existiendo presos políticos, familias en vigilia, torturas denunciadas, aislamiento, procesos injustos y víctimas que aún esperan respuestas», afirmó.

Asimismo, puntualizó que las declaraciones del diplomático revictimizan a los venezolanos exiliados o perseguidos, niega “el sufrimiento real de las víctimas” y las denuncias que han sido documentadas por organismos internacionales respecto a posibles crímenes de lesa humanidad en el país.

“Y afirmar que ‘nosotros no arrestamos ilegalmente a los venezolanos ni abusamos de sus derechos humanos’ contradice la realidad documentada por organizaciones nacionales e internacionales, por familiares que siguen frente a las cárceles y por las propias víctimas que han denunciado torturas, tratos crueles, desapariciones forzadas, aislamiento prolongado y violaciones al debido proceso”, afirmó el Comité, que tiene un registro de poco más de 600 presos políticos en el país.

Clippve, que reúnen a centenares de familiares, considera que estas declaraciones “no son un hecho aislado”, sino que forman parte “de una política de negación, burla y manipulación” frente a cientos de familias, reseñó Tal Cual.

“Mientras intentan mostrar una imagen de apertura ante la comunidad internacional, siguen negando la existencia de la cárcel injusta, siguen llamando delincuentes a las víctimas y siguen cerrando el camino a una verdadera rectificación. También evidencian que no hay un interés real en la reconciliación ni en la paz del país por parte de la actual denominada administración interina de Venezuela”, reafirmó.

La organización insistió en que las víctimas “no se oponen a la paz”, pero no están obligadas a aceptar “la negación, la burla ni el silencio obligado. La paz requiere verdad, libertad, reparación, garantías de no repetición y respeto a la dignidad de quienes han sufrido la represión”.

Clippve reafirmó sus exigencias de libertad “plena, inmediata e incondicional” de todos los presos políticos, que se detenga la criminalización contra familiares y activistas, así como respeto a aquellos que se mantienen en vigilia y protesta frente a las cárceles.

También solicitaron a las autoridades que provean de información “verificable y transparente” sobre todas las personas detenidas y excarceladas, el fin de la tortura, aislamiento y tratos crueles en los centros de reclusión, al igual que “garantías reales para que ningún venezolano sea perseguido, detenido o amenazado por regresar a su país, opinar o exigir justicia”.

Las declaraciones de Plasencia

Plasencia desestimó este jueves 30 de abril denuncias sobre presos políticos en Venezuela y calificó como “tonterías” las preguntas de periodistas sobre detenciones arbitrarias, durante un evento en Miami con motivo de la reanudación de vuelos entre ambos países.

Consultado por la periodista Alessandra Martín, de NTN24, sobre las garantías para venezolanos que regresen al país, Plasencia respondió: “No sigan repitiendo esas tonterías. Nosotros no arrestamos a los venezolanos ilegalmente ni abusamos de sus derechos humanos”.

Ante otra pregunta de la periodista Carla Angola sobre la existencia de personas detenidas por razones políticas, el diplomático aseguró no tener información. “No lo sé, eso debe preguntárselo a las autoridades policiales, yo no sé (…) Creo que deberíamos enfocarnos en lo bueno y dejar el discurso negativo, el empeño de maldad”, dijo.

El salsero venezolano se suma junto a Porfi Baloa y el dúo Servando y Florentino, quienes también desmintieron su presentación en el «Concierto por la Paz», el cual se realizará en La Carlota, en Caracas

El salsero venezolano Oscar D’León desmintió este jueves 30 de abril que tenga previsto participar en el concierto convocado por el chavismo en la base aérea de La Carlot, en Caracas, este viernes 1 de mayo. Se convirtió el tercer artista que en menos de 48 horas negó que se proponga actuar en ese evento.

Su mánager, José Verdalles, informó en Instagram que el artista no tiene prevista presentación alguna este día y aclaró que no estará en el espectáculo, aunque fue mencionado por las autoridades.

Indicó que Oscar D’León desea reencontrarse con su público, pero lo hará “cuando las condiciones estén dadas”.

Horas antes, el músico Porfi Baloa también negó una participación en el denominado “Concierto por la Paz”. En un mensaje publicado en redes sociales, señaló que quería “aclarar algunos rumores” y pidió verificar la información por vías oficiales.

Este miércoles 29, el dúo Servando y Florentino informó que no tiene presentaciones programadas en el país, en relación con el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional (AN), el diputado chavista Jorge Rodríguez.

Rodríguez anunció el 28 de abril que el gobierno interino prevé realizar un “Concierto por la Paz” el 1 de mayo en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota, como un “obsequio” para los trabajadores, y aseguró que no tendría contenido político.

Según lo informado, el acto incluiría ocho tarimas simultáneas y la participación de artistas de variados géneros musicales.

Entre los nombres mencionados por el funcionario figuraban Oscar D’León, Nicky Jam, Justin Quiles, Porfi Baloa y Servando y Florentino.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Scroll to Top