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En un nuevo gesto de hostilidad diplomática, el régimen de Nicolás Maduro declaró persona non grata al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, escalando así el conflicto con la ONU tras la publicación de un informe que denuncia graves violaciones sistemáticas de derechos fundamentales en Venezuela.

La medida, aprobada por la Asamblea Nacional dominada por el chavismo, refleja el endurecimiento del discurso oficial frente a organismos internacionales que documentan el deterioro de libertades en el país, reseña El Observador

El documento del Alto Comisionado, presentado en Ginebra el pasado 27 de junio, expone una realidad alarmante: torturas, desapariciones forzadas, represión política, condiciones carcelarias inhumanas y un colapso absoluto del Estado de derecho.

Maduro y Rodríguez cargan contra la ONU

En un discurso televisado, Maduro acusó a Türk de representar los intereses de Washington y de las “élites europeas”, y de “ignorar” la situación de los migrantes venezolanos en Estados Unidos y El Salvador, desviando el foco de atención del informe. “Ha llegado al colmo de ignorar el secuestro de 252 venezolanos y 18 niños”, dijo, sin ofrecer pruebas ni contexto verificable.

La retórica fue llevada al extremo por Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, quien mostró una fotografía de Türk y lo calificó públicamente como “basura” y “sátrapa”, acusándolo de hacer “la vista gorda ante crímenes atroces” —una afirmación que ignora la minuciosa documentación internacional sobre los crímenes de Estado cometidos por el régimen venezolano.

Oficina paralizada en Caracas

Desde que Maduro suspendió el acuerdo de cooperación con la ONU en febrero de 2024, la Oficina del Alto Comisionado funciona en Venezuela en estado de congelamiento. Solo un funcionario permanece en el país. La decisión de declarar persona non grata a su titular podría dejar al gobierno de Caracas sin vínculo operativo con la ONU en materia de derechos humanos, un aislamiento sin precedentes desde que la oficina se instaló en 2019.

El informe de la ONU advierte que, pese a las promesas públicas del régimen, Venezuela se niega a emitir nuevas visas para el personal internacional, y ha bloqueado de facto toda cooperación técnica.

Crímenes sistemáticos y control político

El informe, que cubre el período de mayo de 2024 a abril de 2025, documenta al menos 70 detenciones arbitrarias, incluyendo a defensores de derechos humanos, activistas opositores y 17 ciudadanos extranjeros acusados de “terrorismo”, sin garantías judiciales mínimas. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 —cuya legitimidad es ampliamente cuestionada— la ONU identificó 28 casos de desaparición forzada, 32 casos de tortura, y 15 víctimas adolescentes en centros de detención.

El Alto Comisionado también denunció el uso político de la legislación antiterrorista y el encarcelamiento de figuras destacadas como Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres, quienes permanecen detenidos pese a llamados reiterados de organismos internacionales para su liberación inmediata.

El régimen responde con propaganda y desinformación

El fiscal general Tarek William Saab, en lugar de anunciar investigaciones o reformas, arremetió contra la ONU. Propuso debatir la permanencia de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos y tildó al Alto Comisionado de ser “el bufete privado de terroristas y mercenarios”. Según Saab, los detenidos son “convictos y confesos”, ignorando denuncias sobre tortura, desaparición y juicios sin debido proceso.

Un aislamiento cada vez más profundo

La expulsión simbólica del Alto Comisionado marca un nuevo punto de quiebre en la relación entre Venezuela y el sistema multilateral de protección de derechos humanos. Tras la salida de la Misión Internacional Independiente de la ONU y el cierre del canal formal de cooperación con la Oficina de Türk, el régimen parece decidido a blindarse de todo escrutinio internacional, mientras la represión se intensifica y el país se hunde aún más en la arbitrariedad institucional.

El gesto de Maduro no es un acto de soberanía, sino una confesión de culpabilidad encubierta por retórica antiimperialista. Lejos de fortalecer la posición internacional de Venezuela, aísla aún más a un gobierno que, a ojos del mundo, opera como una maquinaria de represión y crimen sistemático.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Distrito Capital, denunció que sujetos encapuchados y armados ingresaron la madrugada de este domingo a su sede ubicada en la avenida Andrés Bello de Caracas, donde destruyeron y se llevaron una pancarta con las imágenes de los 20 periodistas que permanecen encarcelados en el país.

Según la información publicada en la red social X (antes Twitter), estas personas rompieron el cerco eléctrico para entrar al edificio y amenazaron con armas de fuego al personal de vigilancia. Una vez dentro, tumbaron, rompieron y se llevaron la pancarta que había sido colocada el viernes.

“La pancarta colocada en protesta por periodistas detenidos fue derribada por desconocidos armados y encapuchados. Es necesaria una investigación inmediata”, exigió Edgar Cárdenas, secretario general del CNP Caracas.

La lona contenía los rostros de 20 trabajadores de la prensa detenidos, en su mayoría tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El pasado viernes, el CNP Distrito Capital y otros representantes del gremio se reunieron frente a su sede para desplegar la pancarta y exigir la liberación inmediata de los trabajadores de la prensa, así como el cese de la criminalización del ejercicio profesional y el respeto a la libertad de expresión.

Los periodistas y trabajadores de la comunicación privados de libertad son: Nakary Mena Ramos, Gianni González, Carlos Marcano, Rory Branker, José Gregorio Camero, Víctor Ugas, Carlos Julio Rojas, Ángel Godoy, Biagio Pilieri, Pedro Guanipa, Juan Pablo Guanipa, Julio Balza, Gabriel González, Luis López, Ramón Centeno, Leandro Palmar, Salvador Cubillán, Juan Francisco Alvarado, Mario Chávez Cohen y Roland Carreño.

Vía Version Final

Los estragos de las intensas precipitaciones de junio se siguen haciendo presentes en diferentes estados del país. Familias, casas, vías terrestres afectadas y puentes destruidos son parte de las consecuencias en Barinas.

En esta localidad, de acuerdo con El Nacional, aumentó a cuatro mil 500 el número de familias afectadas por las lluvias de las últimas horas. El gobernador de la entidad, Adán Chavéz, informó que el despacho aprobó ayudas inmediatas para las personas perjudicadas.

“Con las crecidas del día de ayer hemos llegado a dos mil 500 familias, que todas están siendo atendidas. Afortunadamente no hay pérdidas humanas”, mencionó.

Mientras, en el estado Aragua se contabilizan al menos 27 viviendas afectadas en el Barrio El Carmen del municipio Girardot, según los reportes compartidos por medios regionales. La Esmeralda y José Casanova Godoy son dos de los sectores más vulnerables que se encuentran a orillas del lago de Valencia.

El alcalde del municipio Girardot en Maracay, Rafael Morales, realizó un recorrido el sábado 5 de julio con el fin de atender a las personas más afectadas por las lluvias de registradas en las últimas horas.

Las precipitaciones también generaron afectaciones en el Táchira, según un reciente informe que dio a conocer el gobernador de la entidad fronteriza Freddy Bernal.

“Hemos tenido 15 días de fuertes lluvias, que nos han impactado en 19 municipios y ante el embate de las precipitaciones hay respuesta del gobierno. Con un arduo trabajo estamos dando respuesta a lo largo y ancho del estado”, destacó.

Mérida no escapa de la situación debido a que continúa enfrentando las secuelas de las intensas lluvias que han afectado a más de 24 mil 127 familias. Según el gobernador Arnaldo Sánchez los aguaceros han ocasionado daños significativos en diez municipios.

Las comunidades más impactadas están lidiando con problemas en viviendas y la pérdida de infraestructuras viales. Se han reportado daños graves en más de 15 puentes, lo cual ha dificultado la movilidad y el transporte de suministros y ayuda a las áreas afectadas.

Pronóstico del Inameh

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) para este domingo 6 de julio, prevé nubosidad y lluvias en ciertos estados del país. Estiman cielo con nubosidad fragmentada y algunas zonas despejadas en la mayor parte del territorio nacional.

Asimismo, el organismo indico que habrá áreas nubladas con lluvias y lloviznas dispersas en partes de Bolívar, Amazonas, sur de Anzoátegui, Falcón, Lara, Apure, Barinas, Andes y el Lago de Maracaibo.

El pronóstico del Instituto espera para la tarde y noche un incremento de la cobertura nubosa, acompañada de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica eventual.

Por primera vez desde que asumió el poder en 2012, el presidente chino Xi Jinping no asistirá a la cumbre anual de los BRICS, el foro de potencias emergentes que ha promovido activamente como contrapeso al orden occidental.

Su ausencia en la reunión que se celebra este domingo en Río de Janeiro marca un momento inesperado en la evolución del grupo, justo cuando se enfrenta a presiones externas crecientes, fisuras internas y un entorno geopolítico profundamente volátil.

En su lugar, Xi ha enviado al primer ministro Li Qiang, un gesto que, aunque no representa un abandono del bloque, sí subraya que BRICS no es hoy una prioridad máxima para Beijing. La decisión llega justo cuando varios países miembros enfrentan amenazas de nuevos aranceles por parte del presidente estadounidense Donald Trump, que ha endurecido su política comercial contra lo que considera economías hostiles al liderazgo estadounidense.

Un gesto elocuente en un momento clave

La ausencia de Xi tiene implicaciones simbólicas y prácticas. BRICS ha sido durante años una plataforma estratégica para China en su intento de liderar un mundo multipolar y ampliar su influencia en el Sur Global.

Con su política de “Estados Unidos Primero” y el respaldo a Israel en su ofensiva contra Irán —miembro del bloque desde 2024— Trump ha reconfigurado el mapa de alianzas y conflictos. Este era un momento ideal para que China se presentara como la alternativa estable al liderazgo occidental, pero Xi ha optado por centrarse en asuntos domésticos y un complejo panorama económico interno.

Según analistas regionales, la decisión también refleja un escepticismo creciente en Beijing sobre la eficacia real del BRICS ampliado, cuya heterogeneidad lo vuelve difícil de cohesionar. Además, los enfrentamientos comerciales con EE. UU., la ralentización del crecimiento chino y la preparación para un congreso clave del Partido Comunista podrían haber desplazado esta cumbre en las prioridades del régimen.

Un bloque sin Xi ni Putin

Tampoco estará presente en Río el presidente ruso Vladímir Putin, quien, debido a una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Ucrania, participará por videoconferencia. Brasil, como signatario del Estatuto de Roma, estaría obligado legalmente a detenerlo. Esta doble ausencia deja un protagonismo inusual a líderes como el primer ministro indio Narendra Modi y al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión del evento.

Aunque Lula ha defendido la relevancia del bloque y su ampliación a países como Indonesia, Arabia Saudita y Egipto, la falta de sus dos principales líderes —China y Rusia— limita el alcance diplomático y las expectativas de acuerdos de peso.

¿Hacia una moneda BRICS o solo más retórica?

Uno de los temas recurrentes en la cumbre será la “desdolarización” del comercio internacional. La idea de reducir la dependencia del dólar ha sido promovida por Rusia e Irán como respuesta a las sanciones, y por Brasil como una alternativa para abaratar costos de transacción. Sin embargo, la propuesta de crear una moneda común BRICS, defendida por Lula en 2023, ha sido ignorada o rechazada de facto por los demás miembros.

Trump ha amenazado con aranceles del 100 % a cualquier país que apoye la creación de una moneda que compita directamente con el dólar. Este mensaje ha sido disuasivo, incluso para países que públicamente respaldan una mayor autonomía financiera frente a Washington.

Límites de la expansión

El ingreso reciente de países como Irán, Egipto y Etiopía ha ensanchado el mapa político del BRICS, pero también ha generado tensiones. La diversidad de sistemas políticos, prioridades económicas y alianzas estratégicas ha hecho cada vez más difícil que el bloque actúe de forma coordinada. La declaración final de la cumbre de Kazán en 2024 evitó incluso nombrar a EE. UU. o a Israel tras los ataques a Irán, reflejando el temor de varios miembros a confrontar directamente a Occidente

La ausencia de Xi Jinping en esta cumbre de los BRICS no significa que China abandone su apuesta por un nuevo orden global. Pero sí evidencia que el bloque está lejos de convertirse en una verdadera alianza estratégica, y que las prioridades nacionales, las rivalidades internas y las presiones externas están limitando su capacidad de acción.

Sin sus dos principales impulsores en la mesa —China y Rusia—, la cumbre de Río corre el riesgo de quedar como una exhibición de discursos sin consecuencias, mientras el mundo sigue girando en torno a decisiones tomadas en Washington, Pekín o Moscú.

La empresa estadounidense Joby Aviation ha alcanzado un nuevo hito en la transformación del transporte urbano al presentar su innovador taxi aéreo eléctrico (eVTOL, por sus siglas en inglés), un vehículo capaz de despegar y aterrizar verticalmente, que promete vuelos rápidos, silenciosos y libres de emisiones sobre las congestionadas calles de las grandes ciudades.

Diseñado para alcanzar velocidades de hasta 320 km/h y cubrir distancias urbanas de hasta 160 kilómetros, el modelo combina la maniobrabilidad de un helicóptero con la eficiencia de un avión eléctrico. Según Eric Allison, director de producto de Joby, este avance “libera a los ciudadanos del tráfico en una forma que ninguna otra tecnología permite hoy”.

Silencioso y sostenible

Una de las prioridades de Joby ha sido la reducción del ruido. Gracias a sus hélices articuladas y su innovador diseño, el taxi aéreo genera un sonido casi imperceptible incluso a mil pies de altura. “Básicamente no lo escucharías al volar sobre ti”, asegura Allison.

Además, Joby ha convertido uno de sus prototipos eléctricos en una aeronave de hidrógeno-eléctrico, logrando realizar un vuelo de 843 km con despegue y aterrizaje vertical. Este avance sitúa a la compañía a la vanguardia del transporte sostenible de media distancia.

Preparativos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Uno de los primeros mercados objetivos será Los Ángeles, donde se prevé que el sistema de vertipuertos de Joby esté operativo para los Juegos Olímpicos de 2028. El trayecto entre el aeropuerto internacional (LAX) y el centro de la ciudad podría reducirse a solo minutos, frente a la hora habitual por carretera.

Los vertipuertos estarán integrados al sistema urbano y serán accesibles a pie, en bicicleta o mediante servicios de movilidad compartida, transformando radicalmente el concepto de desplazamiento metropolitano.

Dubái: el primer despliegue comercial

Joby ya realizó con éxito sus primeros vuelos tripulados en Dubái, y ha firmado un acuerdo exclusivo por seis años con la Autoridad de Carreteras y Transporte de esa ciudad (RTA). Las rutas iniciales incluirán zonas clave como Dubai International Airport (DXB), Palm Jumeirah, Dubai Marina y Downtown Dubai, donde ya se están construyendo los primeros vertipuertos.

Un vuelo entre el aeropuerto y Palm Jumeirah tomará apenas 12 minutos, frente a los 45 habituales por carretera. El CEO y fundador de Joby, JoeBen Bevirt, afirmó que “el lanzamiento en Dubái es el inicio de una revolución global sobre cómo nos movemos. Estamos construyendo no solo un avión, sino un nuevo ecosistema de transporte”.

El futuro de la aviación limpia

La iniciativa de Joby Aviation se alinea con los esfuerzos globales por reducir la huella ambiental de la aviación, que actualmente representa entre el 2 y 3 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Con más de 40.000 millas de pruebas de vuelo eléctrico acumuladas, la empresa lidera el camino hacia una aviación urbana limpia, accesible y eficiente.

El Departamento de Energía de Estados Unidos ha destinado 7.000 millones de dólares a infraestructura de hidrógeno, lo que refuerza el potencial de las aeronaves propulsadas por este combustible en las próximas décadas.

Joby Aviation no solo está construyendo aeronaves, sino reimaginando la forma en que las ciudades respiran, se conectan y funcionan. El cielo urbano del futuro ya está tomando forma, y es silencioso, limpio y eléctrico.

Por Benjamin Tripier

La observación atenta del escenario venezolano post 28 de julio nos presenta una paradoja aparente: a pesar de un gobierno de facto visiblemente golpeado, vulnerable, y con sus alianzas internacionales en entredicho –desde el distanciamiento pragmático de China y Rusia, hasta el asedio continuo de Estados Unidos y la distracción vital de Irán–, aún se mantiene en el poder, no por su propia fortaleza sino por la inercia de sus mecanismos de control y la dispersión en las respuestas de quienes buscan el cambio.

Esta persistencia, como les decía, no es un signo de fortaleza intrínseca sino el resultado de un conjunto de factores que actúan como anclas, retrasando el colapso inmediato. Comprender esta inercia es clave para saber cómo intentar desarticularla, y se constituye en el primer paso para delinear las acciones que permitirán izar esas anclas y liberar el camino hacia el futuro venturoso de Venezuela.

Porque de tanto insistir con esa posición, puedo parecer repetitivo en mis apreciaciones de que “están idos” y aún no se han dado cuenta, pero es que no puedo eludir las señales que veo cada vez con más claridad.

La última encuesta Cati de Meganálisis al mes de junio muestra que 86,1% del pueblo cree que Maduro y el chavismo deben dejar el poder para que se solucione la mayoría de los problemas de los venezolanos; eso porque 84,6% cree que a Maduro y al chavismo no les importa el bienestar de los venezolanos.

En cuanto al liderazgo de María Corina Machado, en la encuesta se evidencia en que solo 12,5% de la gente votó el 25 de mayo siguiendo la instrucción de quedarse en sus casas, y que, en esa misma dirección, solo 8,8% participará en las siguientes elecciones municipales. 83,2% cree que los políticos de “oposición” que participaron en las elecciones “sirven conscientemente a Maduro y al chavismo”. Y 82,8% cree que no se debe pasar la página del triunfo electoral opositor del 28 de julio pasado.

La encuesta le asigna a María Corina Machado 70,2% de aceptación popular y 16,1% de rechazo, mientras que Maduro recibe 8,3% de aceptación y 87,7% de rechazo.

Además, revela que 87,21% considera que la situación económica de su casa es mala y muy mala, porque 80,03% gana menos de 250 dólares y 16,52% gana entre 250 dólares y 500 dólares. Y que 79,72% le asigna a Maduro y su gobierno la responsabilidad por esta situación, mientras que solo 13,84% le asigna esa responsabilidad a Trump y las sanciones.

Y en cuanto a las fuerzas armadas, 77,3% siente vergüenza y disgusto por ellas y solo 8,1% siente orgullo y admiración. En otro orden, 70,2% cree que es un error apoyar a Irán, mientras que 5,1% cree que es lo correcto.

Mientras pasan cosas fronteras adentro, también ocurren cosas desde afuera, con presión estratégica -financiera y judicial «quirúrgica»- y diplomacia inteligente. Porque todo indica que las sanciones seguramente evolucionarán hacia un modelo más preciso, buscando la asfixia económica y el cerco judicial a las élites del chavismo, lo cual seguramente incluye la persecución global de los «capos» con órdenes de captura internacional.

La profunda crisis interna, el desgaste de las alianzas chavistas (con China, Rusia, Irán y hasta Cuba mostrando distancia pragmática), la contundencia del 28 de julio, y la aplicación coordinada de un plan de acción unificado, acortan significativamente el horizonte de salida.

En cuanto a la dirigencia empresarial, deben estar conscientes de que la era de los privilegios por conexión política se está extinguiendo, y que su futuro dependerá de su capacidad para desmarcarse de prácticas que no corresponden a un libre mercado.

Deben salvaguardar sus activos, pero, más importante aún, alinearse con los principios de transparencia y competencia… lo cual debe significar tomar distancia de los actores políticos que hoy, al estar en modo supervivencia, “cueste lo que cueste”, se convierten en muy peligrosos. Especialmente para los que tienen más cerca, porque son los primeros que van a sufrir el embate defensivo.

La Venezuela que vislumbramos en el horizonte es de recuperación, crecimiento y reencuentro. Cada paso que demos en las próximas semanas y hasta meses, con la sinergia y la determinación de todos los actores comprometidos, será una contribución directa a ese futuro venturoso que ya se dibuja con mayor claridad.

Los dos extremos del espectro: la oposición supone que el gobierno «siempre hará fraude», y el chavismo asume que «toda oposición es golpista».

La pregunta sobre el «cuánto tiempo» es, por naturaleza, la más compleja y la que más variables inciertas alberga en cualquier análisis estratégico. Sin embargo, al aplicar la hoja de ruta que hemos ido delineando en nuestros análisis, y considerando las premisas que nos guían, podemos proyectar un horizonte temporal para la salida del gobierno de facto, con la advertencia de que cualquier estimación es una proyección basada en la eficacia de las acciones y la evolución de un entorno volátil.

Si bien no podemos establecer una fecha exacta, sí podemos identificar los nodos críticos cuya activación aceleraría el proceso de manera significativa. La inviabilidad del chavismo es una certeza, pero la velocidad de su desenlace depende de qué tan rápido y contundente se rompan sus «anclas» de poder.

Si la implementación de las acciones delineadas, tanto internas como externas, es rigurosa, coordinada y constante, es plausible que observemos el desenlace del actual statu quo en el transcurso de las próximas semanas o meses, a partir de este momento.

El punto de inflexión más decisivo será cuando la masa crítica de funcionarios intermedios, militares de rango medio y burócratas dependientes, perciban que el costo de la “lealtad” es mayor que el de la desafección o la pasividad. Esto incluye la erosión de la «burbuja» del pensamiento de grupo en la cúpula, haciendo que la realidad de su aislamiento y debilidad penetre esas estructuras.

El camino no estará exento de turbulencias pues el chavismo hará intentos desesperados por aferrarse al poder, pero la dirección es clara y la velocidad de llegada dependerá de la sinergia y la determinación de todos los actores comprometidos con la Venezuela próspera que, indudablemente, será un hecho en no mucho tiempo más.

Recomendaciones

  • Para el gobierno chavista (que está de salida)más allá de una salida negociada general, deben reconocer que la creciente deslealtad interna y las fisuras en su estructura de control son una amenaza más inminente y desestabilizadora que la presión externa per se. Por ejemplo, la «Operación Guacamaya» no solo demostró la vulnerabilidad de su aparato de seguridad, sino que también puso en evidencia que existe colaboración interna y «quiebres al más alto nivel». La recomendación es abandonar la búsqueda de un consenso imposible sobre una narrativa de «negociación y salvoconducto» en la que ya nadie cree; y, en su lugar, concentrarse en controlar y mitigar la implosión interna para evitar una exposición aún mayor de sus actividades ilícitas y la desarticulación caótica de sus cuadros; la prioridad debería ser prevenir que las deserciones internas se conviertan en un torrente incontrolable que no solo acelere su salida, sino que deje al descubierto la magnitud de su entramado criminal.
  • Para el liderazgo opositor (bajo la conducción de María Corina Machado): articular la transición económica en «beneficios diarios tangibles» para el ciudadano común. El «Plan de Días Cero» y la visión de una Venezuela como «hub energético de las Américas» y una «oportunidad del trillón de dólares» son inspiradoras. Sin embargo, para consolidar el apoyo popular masivo y gestionar las expectativas, es crucial traducir esta macro visión en mejoras concretas y palpables en la vida cotidiana de los venezolanos, también como una promesa a largo plazo de un «nivel de vida superior». Esto implica desglosar cómo la desestatización petrolera, la apertura a la inversión y la generación de energía limpia y barata se materializarán en la reposición de servicios básicos (agua, electricidad, combustible), la creación de empleos dignos, el acceso a alimentos y medicinas, y la mejora de la seguridad personal en sus comunidades. Es necesario mostrar cómo cada paso de la transformación impactará directamente en su mesa, en su barrio y en su bolsillo, ofreciendo una hoja de ruta pragmática y comprensible que alivie las angustias diarias, más allá de las grandes cifras de inversión futura.
  • Para la dirigencia empresarial (que está siendo cooptada por el chavismo)más allá de proteger el patrimonio y abogar por un marco legal predecible, la dirigencia empresarial debe reconocer que el futuro de la industria petrolera y, por extensión, de la economía venezolana, se perfila como un modelo privado, altamente tecnológico y eficiente, alejado del «Estado empresario». Enfatizando el rol de la Inteligencia Artificial (IA), la optimización de operaciones, las tecnologías de recuperación mejorada (IOR) y la captura de CO2 como pilares del desarrollo energético global. La recomendación es que, en lugar de solo reaccionar a las pretensiones del gobierno, los empresarios comiencen a reorientar sus inversiones hacia la adquisición de estas tecnologías, la capacitación de su personal (incluyendo la formación de profesionales senior en IA), y el desarrollo de capacidades internas que les permitan competir en un sector privatizado y tecnológicamente avanzado. Esto les permitirá no solo adaptarse, sino liderar la transformación productiva que se avecina, siendo actores clave en la reconstrucción de la economía real; ya que la «capacidad de generación de empleo genuino que traerá la incorporación de las empresas venezolanas al negocio petrolero, se deberá a que no habrá una empresa estatal, sino que a partir de los yacimientos propiedad de la República, se asignaran, por licitación o subasta, cuotas de reservas a empresas privadas que manejen el negocio».

A pesar de haber prometido una política migratoria “humanitaria y progresista”, el Gobierno de Gustavo Petro ha cerrado progresivamente las rutas de regularización para millones de migrantes venezolanos, empujando a la mayoría a la informalidad, la precariedad y la invisibilidad legal. Según datos oficiales, apenas el 11,6 % de las solicitudes de la Visa de Visitante Especial para venezolanos han sido aprobadas desde su creación en diciembre de 2024.

La medida, que buscaba reemplazar los programas implementados por los gobiernos anteriores —como el Estatuto Temporal de Protección (ETPV)—, se ha convertido en un nuevo cuello de botella burocrático, reseña un especial de Semana

Las exigencias documentales son difíciles de cumplir, especialmente para quienes huyen del colapso institucional en Venezuela. Apostillas, certificaciones de ingresos, movimientos migratorios, títulos académicos y cartas de sostenimiento económico son solo algunos de los requisitos que hoy bloquean el acceso a la legalidad para miles.

“La mayor consecuencia para los venezolanos es la no garantía de derechos y la poca inclusión laboral. Todavía hay entre 1,2 y 1,5 millones de personas en situación irregular, de las cuales no se sabe con precisión dónde están”, alertó César González, abogado de la ONG Plan País.

Tras el fraude electoral de 2024 en Venezuela, cuando Nicolás Maduro se negó a reconocer la victoria democrática de la oposición, Colombia recibió una nueva oleada migratoria compuesta por activistas, políticos perseguidos y ciudadanos comunes que escapaban de la represión y el hambre. Sin embargo, en lugar de ofrecer refugio efectivo, el Estado colombiano ha endurecido los filtros, sin habilitar mecanismos alternativos viables.

Ni siquiera el Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de Niños (PEP-Tutor), anunciado hace más de nueve meses, ha entrado en funcionamiento. Quienes llegaron al país con menores de edad siguen atrapados en la irregularidad.

El otro camino, el del estatus de refugiado, tampoco ofrece alivio: entre 2015 y 2024 se presentaron más de 64.000 solicitudes, con un tiempo de respuesta promedio de tres años y una tasa mínima de aprobación.

Mientras tanto, la Cancillería se niega a divulgar cifras sobre visas negadas, argumentando razones de “seguridad nacional”. Una postura que ha generado preocupación entre organismos de derechos humanos, dado que se está obstaculizando el acceso a derechos básicos y debilitando los procesos de inclusión e integración.

Para los migrantes venezolanos, el mensaje es claro: la promesa de acogida se ha vaciado de contenido, y la legalidad es hoy un privilegio difícil de alcanzar en Colombia.

Vía La Nación

El presidente de los Operadores Cambiarios del eje San Antonio del Táchira – Ureña, Jeovanny Fernández Sayago, insistió en la necesidad de reactivar las casas de cambio para garantizar la soberanía cambiaria.

Lamentó que, a casi tres años de la reactivación de la frontera, «sigamos a merced del precio como lo pongan al otro lado del puente», lo que limita en gran medida a los ciudadanos que deseen hacer sus transacciones del lado venezolano.

«Urgen los operadores cambiarios fronterizos para volver a darle fortaleza al bolívar», destacó al dejar por sentado que en el estado Táchira se manejan tres monedas: el peso, el dólar y el bolívar.

Recordó que antes del cierre de frontera, el 19 de agosto de 2015, había un aproximado de 19 casas de cambio, la mayoría ubicadas en la avenida Venezuela de San Antonio. «Hay que garantizar ese feedback entre empresarios, comerciantes» y el ciudadano de a pie.

Frente a este escenario, Fernández Sayago instó a la nueva directiva de Fedecámaras Táchira, liderada por Gipsy Pineda como presidenta, a servir de puente con el Banco Central de Venezuela (BCV) y la Superintendencia de Bancos (Sudeban) «para hacer mesas de trabajo que permitan tocar nuevamente el tema y así se reactiven los operadores cambiarios fronterizos para recuperar la soberanía cambiaria».

Vía Libertad Digital

En una decisión que ha despertado fuertes críticas, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la condonación de 375 millones de euros en deuda a la dictadura cubana de Miguel Díaz-Canel, bajo el argumento de apoyar «proyectos de desarrollo sostenible» en sectores como energía, agua y seguridad alimentaria. El anuncio, respaldado por una nota oficial de Moncloa, se produce en un momento de alta sensibilidad geopolítica y con crecientes tensiones presupuestarias en Europa.

La medida, presentada como parte de un acuerdo bilateral firmado en 2016, se inscribe en una estrategia del Gobierno español de promover “instrumentos innovadores de alivio de deuda orientados a resultados concretos”. No obstante, para la Asociación Española Cuba en Transición, la decisión es profundamente incoherente con el discurso oficial del propio Ejecutivo.

“El mismo Gobierno que alega no tener recursos para cumplir con sus compromisos en defensa dentro de la OTAN condona cientos de millones a un régimen que opera como aliado preferente de Putin”, denunció Matías Jove, director ejecutivo de la asociación, en declaraciones a medios independientes. “Si España no tiene dinero para su seguridad, menos debería tenerlo para sostener a quien la amenaza”, añadió.

En el contexto de la invasión rusa a Ucrania, Cuba ha sido señalada por facilitar el envío de miles de jóvenes a luchar como mercenarios bajo bandera rusa. Según cifras manejadas por el Gobierno de Volodímir Zelenski y por organizaciones de derechos humanos, al menos 20.000 cubanos habrían pasado ya por el frente de guerra en apoyo al Kremlin.

Además de servir como operador militar, Cuba ha funcionado como plataforma diplomática y mediática para la propaganda rusa. “Desde 2022, La Habana actúa como satélite ideológico del Kremlin”, afirma el informe de Cuba en Transición, que advierte sobre el uso estratégico de esta ayuda por parte del régimen cubano.

El contraste es aún más agudo si se tiene en cuenta que el propio Pedro Sánchez ha justificado su negativa a incrementar el presupuesto de defensa solicitado por la OTAN alegando que “supondría un reto para el Estado del bienestar”. Sin embargo, el mismo gobierno ha suscrito en los últimos años 47 acuerdos de condonación de deuda con 28 países, por un total de 1.645 millones de euros, según datos oficiales de Moncloa.

El nuevo acuerdo con Cuba fue firmado en Sevilla y presentado como parte de una política de cooperación internacional, pese a que el régimen de Díaz-Canel continúa reprimiendo sistemáticamente la disidencia, criminalizando las protestas y controlando los medios de comunicación, en abierta violación de los derechos humanos.

En un acto que mezcla propaganda militar con desvío de prioridades nacionales, Nicolás Maduro ordenó este sábado avanzar en el desarrollo de sistemas de misiles, antimisiles, drones y antidrones, apelando a una retórica belicista en pleno Día de la Independencia. El anuncio se produjo durante un desfile en Fuerte Tiuna, donde el régimen buscó exhibir músculo militar mientras la infraestructura civil del país —escuelas, hospitales, servicios básicos— continúa en ruinas.

“Tenemos que fortalecer con tecnología propia los sistemas de defensa aérea y antiaérea”, declaró Maduro, sin detallar el origen del financiamiento ni los proveedores de dicha tecnología. Agregó que Venezuela cuenta con el respaldo de “aliados y amigos del mundo”, en aparente alusión a Irán, Rusia y China, países con los que el régimen mantiene estrechos vínculos en materia de cooperación militar, fuera del escrutinio de organismos multilaterales.

El mandatario, cuya legitimidad es cuestionada por buena parte de la comunidad internacional y cuyo gobierno ha sido señalado por crímenes de lesa humanidad en informes de la ONU y de la Corte Penal Internacional, insistió en que Venezuela es “un país pacífico y noble”, pero advirtió que cualquiera que intente intervenir “morderá el polvo de una terrible derrota”.

El despliegue militar incluyó tanques, vehículos blindados, aeronaves y contingentes de tropas que marcharon ante la mirada de autoridades del régimen. Mientras tanto, millones de venezolanos sobreviven en condiciones de precariedad extrema, con servicios de salud colapsados, apagones diarios y un salario mínimo congelado que ronda los tres dólares mensuales.

Para muchos analistas, este nuevo impulso militarista forma parte de una estrategia de distracción y disuasión interna ante la creciente presión popular y el rechazo internacional luego del desconocimiento del resultado electoral del 28 de julio de 2024, en el que Edmundo González Urrutia fue elegido presidente con amplia mayoría.

El anuncio revive preocupaciones sobre el uso de recursos estatales para fines militares opacos, y representa un nuevo desafío para la estabilidad regional, especialmente en un contexto donde el régimen ha sido acusado de proteger estructuras criminales, grupos armados irregulares y redes de contrabando transfronterizo.

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