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Es lo que es

DBuford

Italia se ha convertido oficialmente en la cuarta mayor potencia exportadora del mundo, con más de 316 mil millones de euros en exportaciones, superando a Japón y Corea del Sur, y, por primera vez, su PIB per cápita ha sobrepasado al de Francia, según datos recientes de la OCDE (2025).

Este hito económico se produce en un contexto europeo desafiante, marcado por las consecuencias de la guerra en Ucrania y las exigencias del Pacto Verde impulsado por la Comisión Europea. Frente a estos retos, el gobierno de Giorgia Meloni ha apostado por una estrategia industrial que combina liberalismo selectivo, soberanía económica y disciplina fiscal.

En vísperas del encuentro entre Emmanuel Macron y Giorgia Meloni en Roma este martes, una pregunta clave se instala en la escena europea:
¿Cuál es el secreto del éxito industrial italiano?
¿Es el resultado de una apuesta soberanista, de un enfoque liberal, o de una síntesis de ambos?

La apuesta industrial de Meloni: entre liberalismo y soberanía

En su artículo “Meloni’s Industrial Gamble: Between Liberalism and Sovereignty”, publicado el 15 de mayo de 2025, Marco Malaguti analiza el enfoque del actual gobierno italiano. Desde su llegada al poder el 22 de octubre de 2022, Meloni ha buscado romper con la tradición tecnocrática alineada con Bruselas y dar prioridad a la economía real, sin abandonar los principios del mercado.

Este “liberalismo selectivo” ha consistido en combinar la reducción del déficit público (del 7,2% en 2023 a un proyectado 2,8% en 2025) con incentivos a la producción y la reindustrialización, dentro de los parámetros europeos, pero reinterpretados desde el interés nacional.

Entre las medidas clave se encuentran:

  • La eliminación de los bonos fiscales excesivos que incrementaban el gasto público, como el “Superbonus 110%” y el “Bono Fachadas”.
  • Una rebaja del impuesto de sociedades (IRES) para empresas que reinviertan sus beneficios en el país.
  • Una reducción del 50% en las contribuciones sociales para nuevas pymes artesanales durante cuatro años.
  • Estrategias de reshoring para atraer de vuelta a empresas italianas que habían deslocalizado su producción.

Este enfoque ha sido bien recibido por el sector privado. Confindustria, principal patronal italiana, ha respaldado las reformas por su capacidad de restaurar competitividad sin caer en el populismo económico.

El modelo de Meloni plantea una visión distinta del futuro económico de Europa: una que defiende la apertura comercial, pero sin renunciar al control nacional sobre los instrumentos de política económica clave.

El enfrentamiento entre el expresidente Donald Trump y el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, se intensificó este jueves luego de que Musk negara categóricamente haber estado al tanto del polémico proyecto de ley fiscal que elimina los créditos fiscales a los vehículos eléctricos (EV) y mantiene subsidios al sector petrolero.

En un contundente mensaje publicado en su red social X, Musk declaró:
«Falso, este proyecto de ley nunca me fue mostrado ni una sola vez y fue aprobado en plena noche, tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo.»

La declaración contradice directamente los comentarios hechos por Trump horas antes desde la Casa Blanca, en los que aseguró estar «muy decepcionado con Elon», alegando que el empresario conocía a fondo el contenido del proyecto:

«Él sabía cómo funcionaba este proyecto mejor que casi cualquiera sentado aquí. No tuvo problema con él. De repente lo tuvo, cuando se enteró de que íbamos a recortar el mandato de vehículos eléctricos.»

El presidente también señaló que la molestia de Musk estaría relacionada con la eliminación de su candidato preferido para dirigir la NASA, el empresario Jared Isaacman.
«Para dirigir la NASA… no me pareció apropiado. Él es totalmente demócrata. Y digo, miren, ganamos. Tenemos ciertos privilegios.»

Musk, por su parte, respondió con desdén:
«Whatever.»

En publicaciones anteriores, el magnate ya había calificado el proyecto de ley como una «abominación repugnante» y exigió eliminar los «incontables privilegios» ocultos en el texto legislativo, señalando que las reducciones a los incentivos EV son injustas mientras se mantienen intocados los subsidios fósiles:

«Mantengan los recortes a los EV/solar si quieren, aunque no tocan ni un centavo del petróleo y gas (¡muy injusto!), pero eliminen la MONTAÑA DE PUERCO ASQUEROSO en la ley.»

El conflicto es particularmente llamativo dado que Musk fue el mayor donante individual de la campaña presidencial de Trump en 2024, con aportes que superaron los $250 millones.

A pesar del distanciamiento, Trump trató de suavizar la tensión:

«Siempre me ha gustado Elon. Prefiero que me critique a mí antes que al proyecto de ley, porque el proyecto es increíble.»

La votación final sobre la llamada “Gran y Hermosa Ley” se espera en el Senado esta misma semana, en medio de crecientes críticas por su contenido, la opacidad del proceso y el posible impacto sobre el sector tecnológico y energético del país.

Vía Bloomberg

La petrolera estatal de Venezuela ha firmado al menos nueve nuevos acuerdos con proveedores de servicios extranjeros, incluidas dos empresas chinas, en un esfuerzo por mantener el flujo de dólares a la economía después de que las sanciones estadounidenses obligaran a Chevron Corp. a poner fin a la producción, según personas familiarizadas con los acuerdos.Los contratos exigen que las empresas operen pozos ya perforados y otorguen el derecho exclusivo de venta de la producción, lo que se aparta de la práctica tradicional en el país, donde la estatal 

Petróleos de Venezuela S.A. siempre ha mantenido derechos comerciales exclusivos, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas al tratarse de contratos privados. Al menos una de las empresas ha decidido no proceder al proyecto debido a que no pudo obtener una licencia estadounidense para operar allí, según una de las fuentes.Los acuerdos ilustran la estrategia del presidente Nicolás Maduro para impulsar la economía y llenar el vacío dejado por Chevron y otras grandes petroleras occidentales tras la negativa del gobierno de Donald Trump a extender las licencias que les permitían operar en el país a pesar de las sanciones. Chevron representaba casi una cuarta parte de la producción petrolera de Venezuela, la industria más importante del país y su mayor fuente de divisas.La licencia de Chevron para producir y exportar crudo a EE. UU. venció a principios de abril , y la compañía tenía hasta el 27 de mayo para finalizar las obras. Los permisos de los proveedores de servicios estadounidenses Halliburton Co. , Schlumberger NV , Baker Hughes Co. y Weatherford International Plc expiraron a principios de mayo .“PDVSA tiene un plan para seguir produciendo petróleo a pesar de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos”, dijo la vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, el 29 de mayo. PDVSA y el Ministerio de Petróleo de Venezuela no respondieron a una solicitud de comentarios.

Venezuela espera llenar el vacío dejado por Chevron

La compañía estadounidense produjo cerca del 23% de la producción petrolera del país en abril.

Los nuevos acuerdos estipulan que cada una de las empresas extranjeras obtendrá el control de al menos un bloque de terreno en el estado Zulia o en la Faja del Orinoco, las dos regiones petroleras más ricas, según las fuentes. PDVSA tendrá una participación de al menos el 50% en el crudo producido (el porcentaje exacto varía según el bloque) y la empresa socia se encargará de todas las operaciones y de su parte de las ventas de petróleo. Las empresas extranjeras estarán exentas de algunos impuestos. PDVSA financiará su parte de las inversiones con crudo.Las empresas incluyen a Aldyl Argentina SA y las firmas chinas Anhui Guangda Mining Investing Co. y China Concord Resources, según un documento interno de PDVSA al que tuvo acceso Bloomberg.

Una empresa estadounidense, North American Blue Energy Partners, filial del Grupo de Gestión Petrolera Global del magnate energético Harry Sargeant III , firmó un acuerdo, pero posteriormente ha indicado que no lo seguirá adelante porque no pudo obtener una licencia para operar en Venezuela, según una fuente.Los representantes de Aldyl, Anhui, China Concord y North American Blue Partners no respondieron a las solicitudes de comentarios.Venezuela promocionó los contratos como oportunidades para que las empresas de servicios con tolerancia al riesgo llenaran el vacío dejado por las grandes petroleras que se vieron obligadas a retirarse, según algunas fuentes. Generalmente, las empresas pueden intentar evadir las sanciones estadounidenses mediante el uso de cuentas de criptomonedas y otras formas de pago que escapan al control de los reguladores estadounidenses.

“La única manera en que Venezuela puede mantener y aumentar su producción es apoyándose en empresas privadas locales e internacionales a las que no les importan las sanciones estadounidenses”, declaró en una entrevista el diputado William Rodríguez, miembro de la comisión de energía de la Asamblea Nacional. “A diferencia de 2019, cuando las sanciones comenzaron, existe un marco para operar al margen del sistema bancario estadounidense y un mercado estructurado con países aliados, como China, Irán y Rusia”.A diferencia de los contratos de empresas conjuntas anteriores, los nuevos acuerdos no necesitan la aprobación de la Asamblea Nacional ya que se firman bajo la ley antibloqueo de Maduro , que los críticos dicen que es inconstitucional y elude la ley de hidrocarburos que limita la participación extranjera en la industria petrolera de Venezuela.Venezuela produce alrededor de un millón de barriles de petróleo al día, y la producción podría caer a la mitad después de que las políticas de Trump entren en pleno efecto, según Oxford Economics .

Sin embargo, otros pronósticos son menos pesimistas. Francisco Monaldi, director de política energética latinoamericana del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice en Houston, afirmó que la producción podría caer tan solo un 11% para finales de este año. Si bien a Chevron ya no se le permitirá producir petróleo en Venezuela, sí tiene una exención para realizar mantenimiento de equipos en la nación sudamericana.PDVSA prevé que los nueve bloques que se operarán bajo estos nuevos contratos a 20 años producirán un total de 600.000 barriles diarios, con una inversión de capital de 20.000 millones de dólares, según el documento al que tuvo acceso Bloomberg.

PDVSA planea firmar más contratos de este tipo en los próximos meses, revirtiendo en parte la ola de nacionalizaciones petroleras impulsada por el difunto presidente Hugo Chávez a mediados de la década de 2000.“PDVSA ya ha intentado esto con poco éxito, aunque estas nuevas condiciones son mucho más atractivas que las anteriores”, afirmó Monaldi. La clave, añadió, es que PDVSA debe ofrecer un suministro constante de crudo a “estas empresas dispuestas a arriesgarse a las consecuencias de operar en el mercado negro”.

Vía 14ymedio

Un inesperado paro académico en varias universidades de Cuba ha desatado una oleada de solidaridad dentro y fuera del país, mientras las autoridades reaccionan con pánico y discursos cada vez más beligerantes. La protesta, originada por el reciente aumento de tarifas de Etecsa —que en la práctica dolariza el acceso a internet— ha dejado al descubierto un creciente descontento entre estudiantes, profesores y egresados.

La Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana fue la primera en anunciar el cese de actividades, a la que se sumaron rápidamente la Cujae y la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. La protesta ha sido presentada por el régimen como parte de “una campaña orquestada desde el exterior”, pero los videos que circulan en redes sociales muestran una realidad distinta: jóvenes que, desde sus aulas, convocan a continuar el paro con aplausos y apoyo generalizado.

En un intento por controlar la narrativa, Roberto Morales Ojeda, alto dirigente del Partido Comunista, calificó las manifestaciones como parte de una “guerra mediática” y llamó a “cerrar filas”. Pero el tono marcial del mensaje oficial solo ha aumentado el malestar. Incluso en espacios afines al Gobierno, como el grupo de Telegram La Manigua, comienzan a surgir grietas. “Estamos viviendo momentos como los del 11 de julio”, reconoció un usuario. Otro fue más directo: “Nuestros talones de Aquiles son la juventud y la cultura. En ambos casos nos están dando de lo lindo”.

El movimiento estudiantil no se ha replegado. Profesores del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana han expresado su respaldo a los estudiantes y exigido la suspensión inmediata del tarifazo, además de una consulta ciudadana auténtica y mecanismos institucionales que garanticen decisiones colectivas.

Egresados universitarios también han comenzado a recolectar firmas en solidaridad con los manifestantes y en protesta por la respuesta represiva del régimen. La indignación crece a la par de la inflación, mientras las autoridades se ven obligadas a improvisar: ofertas especiales para estudiantes, mensajes contradictorios y una repentina visita de la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich, a Rusia.

Lejos de apaciguar los ánimos, estas maniobras evidencian el desconcierto en las altas esferas del poder. El viejo guion de culpar al “enemigo externo” pierde fuerza. Esta vez, el descontento no viene de Miami, sino del corazón de las aulas cubanas.

El presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping mantuvieron una conversación telefónica de hora y media el jueves, la primera en más de cinco meses, en medio de tensiones comerciales que han sacudido los mercados globales y reducido significativamente el comercio bilateral.

Infobae

Trump describió la llamada como “muy buena” y dijo que resultó en “una conclusión muy positiva para ambos países”, según declaró en su plataforma Truth Social. La conversación se centró “casi enteramente en COMERCIO”, agregó el mandatario estadounidense.

Los medios chinos reportaron que Xi le dijo a Trump que ambos países necesitan “corregir el rumbo” de las relaciones bilaterales, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

“Corregir el rumbo del gran barco de las relaciones entre China y Estados Unidos requiere que lo manejemos bien y fijemos la dirección, especialmente para eliminar todo tipo de interferencias e incluso destrucción, lo cual es particularmente importante”, dijo Xi a Trump.

Acuerdos inmediatos

Durante la conversación, los líderes acordaron que sus equipos negociadores se reunirán próximamente en una ubicación por determinar. Estados Unidos estará representado por el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el representante comercial Jamieson Greer.

Trump también indicó que se resolvieron cuestiones relacionadas con productos de tierras raras, declarando que “ya no debería haber más preguntas respecto a la complejidad de los productos de Tierras Raras”.

Xi invitó a Trump y a la primera dama a visitar China, invitación que el presidente estadounidense correspondió. “Como presidentes de dos grandes naciones, esto es algo que ambos esperamos hacer”, dijo Trump.

El presidente de EEUU no mencionó discusiones sobre Rusia/Ucrania o Irán durante la conversación, manteniendo el enfoque estrictamente en temas comerciales.

Contexto de tensión comercial

La llamada se produce después de queel déficit comercial estadounidense se redujera a más de la mitad en abril, cayendo 55.5% a $61.6 mil millones, la mayor disminución registrada según el Departamento de Comercio. Esta reducción coincidió con la implementación de aranceles del 10% de Trump sobre casi todos los socios comerciales.

Las importaciones se desplomaron 16.3% en abril a $351 mil millones cuando entraron en vigor los aranceles generalizados. El comercio bilateral con China cayó a sus niveles más bajos desde principios de 2020 durante la pandemia de Covid-19.

“La economía esencialmente ha pausado las importaciones discrecionales y ahora está trabajando con inventarios mientras empresas y consumidores retrasan el gasto esperando claridad sobre los aranceles”, dijo el economista Oren Klachkin de Nationwide.

Escalada arancelaria

Las relaciones comerciales se deterioraron después de que Trump acusara la semana pasada a Beijing de “violar totalmente” el acuerdo bilateral temporal alcanzado en mayo, cargo que China negó. Un día antes de la llamada telefónica, Trump había declarado que era “MUY DURO Y EXTREMADAMENTE DIFÍCIL LLEGAR A UN ACUERDO” con Xi.

Estados Unidos duplicó esta semana los aranceles sobre acero y aluminio del 25% al 50%, aunque eximió al Reino Unido. China criticó la medida como “proteccionismo típico” que “perturbará gravemente la estabilidad de las cadenas de suministro industriales globales”.

Un momento histórico para la aviación se vivió ayer, 3 de junio de 2025, cuando el avión ALIA de despegue y aterrizaje convencional (CTOL) de BETA Technologies completó con éxito su primer vuelo de demostración con pasajeros y aterrizó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York. Este vuelo de 45 minutos, desde el condado de Suffolk hasta Queens, transportó a un piloto y cuatro pasajeros, incluyendo al CEO de Blade Air Mobility y al presidente de Republic Airways.

Este evento representa un avance significativo hacia un futuro más sostenible en la aviación. El avión ALIA CX300 de BETA Technologies es un modelo de cero emisiones, diseñado para reducir drásticamente el impacto ambiental del transporte aéreo. Además de su compromiso con la sostenibilidad, los presentes destacaron la operación notablemente silenciosa de la aeronave, lo que promete una reducción considerable de la contaminación acústica en las cercanías de los aeropuertos.

Según informes de eVTOL Insights y AeroTime, el vuelo desde East Hampton hasta JFK tuvo un costo de solo $8 en electricidad, lo que subraya el potencial de ahorro operativo sustancial en comparación con los aviones tradicionales que utilizan combustible.

Kyle Clark, fundador y CEO de BETA Technologies, afirmó: «Volar nuestro avión eléctrico en uno de los aeropuertos más concurridos del mundo, con pasajeros, demuestra que la movilidad aérea avanzada no es un concepto futuro, está aquí». (Fuente: eVTOL Insights)

Vía CBS News

Este hito sigue a seis años de rigurosas pruebas y desarrollo por parte de BETA Technologies y refleja el compromiso de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey con la seguridad y la innovación en el avance de soluciones de transporte de próxima generación. La empresa tiene como objetivo obtener la certificación completa de la FAA y comenzar las operaciones comerciales para 2026. La reciente finalización de las reglas de la FAA para la certificación de pilotos de aeronaves eléctricas también allana el camino para que la movilidad aérea avanzada (AAM) se convierta en una realidad para el transporte urbano y regional.

El avión ALIA fue inicialmente desarrollado para misiones de transporte de órganos, con capacidad para un piloto, cinco pasajeros o 1,250 libras de carga. BETA Technologies también está desarrollando una versión de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (eVTOL) del ALIA.

Este exitoso aterrizaje en JFK marca un paso crucial en la integración de aeronaves eléctricas en el panorama de la aviación comercial, ofreciendo una visión de un futuro de viajes aéreos más silenciosos, limpios y potencialmente más accesibles.

Fuentes Citadas:

  • eVTOL Insights: «BETA Technologies’ ALIA CTOL electric aircraft flies into New York’s JFK Airport, pilot and four passengers on board.» (4 de junio de 2025)
  • AeroTime: «BETA lands passenger-carrying electric aircraft at JFK.» (4 de junio de 2025)
  • Yahoo Noticias: «Avión eléctrico completa su primer vuelo con pasajeros en Nueva York.» (3 de junio de 2025)

Sobre BETA Technologies: BETA Technologies es una empresa líder en movilidad aérea avanzada que desarrolla aeronaves eléctricas para un futuro más sostenible en la aviación.

Entre 2023 y los primeros cinco meses de 2025, la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) exportó 662 millones de barriles de crudo, lo que generó 42.301 millones de dólares en ingresos, según cifras de la agencia Reuters. Sin embargo, en el mismo período, el salario mínimo legal en Venezuela permanece congelado en apenas 130 bolívares mensuales, equivalentes actualmente a alrededor de un dólar, el más bajo de todo el continente americano.

El desglose de los datos revela que en 2023, PDVSA exportó 252 millones de barriles, por los cuales recibió 16.138 millones de dólares. En 2024, la cifra subió a 282 millones de barriles, con ingresos de 18.389 millones de dólares. Solo en los primeros cinco meses de 2025, la empresa estatal colocó en el mercado internacional 128 millones de barriles, obteniendo 7.778 millones de dólares.

Aunque estos ingresos representan una mejora sostenida en el flujo de divisas hacia las arcas públicas, el Gobierno no ha ajustado el salario mínimo desde marzo de 2022. En la práctica, el ingreso mínimo legal de un trabajador venezolano equivale a menos de 0,05% del valor promedio mensual generado por cada barril exportado por PDVSA.

Esta contradicción entre los ingresos petroleros y el empobrecimiento de la población resalta una vez más la desconexión entre la macroeconomía oficial y la realidad cotidiana. Mientras PDVSA recupera mercados y divisas, millones de venezolanos sobreviven con ingresos simbólicos, sin acceso a una canasta básica y dependiendo de remesas o actividades informales.

El contraste es brutal: un país que exporta miles de millones de dólares en petróleo, pero que mantiene a su población trabajadora con el salario mínimo más bajo del hemisferio occidental.

Vía BBC Mundo

Rusia ha continuado recaudando miles de millones de sus exportaciones de combustibles fósiles a Occidente, según datos recopilados por un centro de investigación, lo que ha ayudado a financiar su invasión de gran escala en Ucrania, que ya está en su cuarto año.

Desde el comienzo de la invasión en febrero de 2022, Rusia ha recaudado más de tres veces la cantidad de dinero por sus exportaciones de hidrocarburos que lo que Ucrania ha recibido en asistencia de sus aliados.

Los activistas señalan que los gobiernos de Europa y Estados Unidos necesitan hacer más para frenar que el petróleo y el gas rusos sigan alimentando la guerra en Ucrania.

¿Cuánto dinero sigue recaudando Rusia?

Los ingresos por la venta de petróleo y gas son clave para mantener en funcionamiento la maquinaria de guerra rusa.

El petróleo y el gas representan casi una tercera parte de los ingresos de Moscú y más de 60% de sus exportaciones.

Tras la invasión de febrero 2022, los aliados de Ucrania impusieron sanciones a los hidrocarburos de Rusia. Estados Unidos y Reino Unido prohibieron el petróleo y gas rusos, mientras que la Unión Europea vetó las importaciones por vía marítima del crudo, pero no del gas.

A pesar de esto, para el 29 de mayo, Rusia recibió más de US$973.000 millones en ingresos por sus exportaciones de combustibles fósiles desde el inicio de la invasión a gran escala, incluyendo US$258.000 millones de los países que impusieron sanciones, según el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés).

La porción más grande de esa cifra, US$237.000 millones, vino de Estados miembros de la UE, que continuaron importando gas de Rusia por vía de gasoducto hasta que Ucrania cortó el flujo en enero de 2025.

Y el crudo ruso sigue siendo bombeado a Hungría y Eslovaquia.

El gas ruso continúan siendo distribuido a Europa en crecientes cantidades vía Turquía: los datos de CREA muestran que su volumen subió 26,77% en enero y febrero de 2025 comparado al mismo período en 2024.

Hungría y Eslovaquia también continúan recibiendo gas por gasoducto vía Turquía.

A pesar de los esfuerzos de Occidente, los ingresos por combustibles fósiles de Rusia en 2024 cayeron apenas 5% en comparación a 2023, con una caída similar de 6% en los volúmenes de exportaciones, según CREA.

El año pasado Rusia vio además un incremento de 6% en ingresos por exportaciones de crudo, y un incremento año tras año del 9% en ingresos por gas enviado por gasoducto.

Según los cálculos de Rusia, sus exportaciones a Europa ascendieron hasta el 20% en 2024, con las exportaciones de gas natural licuado (GNL) alcanzando niveles récord. En la actualidad, la mitad de las exportaciones de GNL ruso van a la UE, afirma CREA.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, explica que la alianza no ha impuesto «las sanciones más fuertes» al petróleo y gas rusos porque algunos Estados miembro temen un recrudecimiento del conflicto y porque comprar los combustibles es «más barato a corto plazo».

Las importaciones de GNL han sido incluidas en el más reciente paquete de sanciones -el décimo séptimo- contra Rusia aprobado por la UE, aunque ha adoptado una hoja de ruta para terminar todas las importaciones de gas ruso para finales de 2027.

Los datos muestran que el dinero logrado por Rusia con la venta de combustibles fósiles han superado consistentemente la cantidad de asistencia que Ucrania recibe de sus aliados.

La sed de combustibles puede interferir en los esfuerzos de Occidente para limitar la capacidad de Rusia de financiar su guerra.

Mai Rosner, de la ONG Global Witness, que investiga abusos ambientales y de derechos humanos, indica que muchos legisladores de Occidente temen que cortar las importaciones de combustibles rusos pueda generar precios más altos de energía.

«No hay un deseo real de parte de muchos gobiernos de limitar la capacidad de Rusia de producir y vender petróleo. Hay demasiado temor de lo que significaría para los mercados de energía globales. Hay una línea bajo la cual los mercados de energía se verían muy diezmados o muy desestabilizados», le comentó a la BBC.

«El tecnicismo de refinación»

Además de las ventas directas, parte del petróleo exportado por Rusia termina en Occidente después de ser procesado en productos combustibles para terceros países a través de lo que se conoce como «el tecnicismo de refinación». Algunas veces también se diluye con crudo de otros países.

CREA asegura haber identificado tres «refinerías lavadoras» en Turquía y tres en India que procesan el crudo ruso y venden el combustible resultante a los países que han impuesto sanciones. Dice que han procesado el equivalente a US$69.000 millones de crudo ruso para hacer productos para países que sancionan.

El Ministerio de Petróleos de India criticó el informe de CREA como «una esfuerzo engañoso para manchar la imagen de India».

«[Estos países] saben que los países que imponen sanciones están dispuestos a aceptar esto. Es un tecnicismo. Es completamente legal. Todo el mundo es consciente de ello, pero nadie está haciendo mucho por enfrentarlo de manera grande», expresó Vaibhav Raghunandan, un analista de CREA.

Los activistas y expertos arguyen que los gobiernos de Occidente tienen las herramientas y los medios disponibles para frenar el flujo de ingresos por petróleo y gas a las arcas del Kremlin.

De acuerdo al ex viceministro de Energía de Rusia Vladimir Milov, que ahora es un acérrimo opositor de Vladimir Putin, las sanciones impuestas al comercio de hidrocarburos rusos deberían hacerse cumplir más enérgicamente, especialmente en el precio tope del crudo adoptado por el grupo de naciones del G7, que según Milov «no está funcionando».

Teme, sin embargo, que las reformas radicales del gobierno estadounidense lanzadas por el presidente Donald Trump obstaculizarán a las agencias como el Tesoro de EE.UU. o la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que son claves para el cumplimiento de las sanciones.

Otra avenida sería continuar ejerciendo presión sobre la «flota fantasma» de Rusia de buques petroleros involucrados en la evasión de sanciones.

«Esa es una compleja operación quirúrgica. Se necesita lanzar periódicamente tandas de nuevos buques autorizados, empresas fantasmas, comerciantes, aseguradoras, etc. cada par de semanas», explica Milov.

Según él, esta es un área donde los gobiernos de Occidente han sido mucho más efectivos, especialmente con la introducción de nuevas sanciones impuestas por el saliente gobierno de Joe Biden en enero de 2025.

Mai señala que prohibiendo las exportaciones de GNL ruso a Europa y eliminando el tecnicismo de refinación en las jurisdicciones de Occidente serían «pasos importantes para concluir el desacople de Occidente de los hidrocarburos rusos».

Raghunandan de CREA opina que sería relativamente fácil para la UE dejar de importar GNL ruso.

«50% de sus exportaciones de GNL van dirigidas a la Unión Europea, y sólo 5% del consumo total de GNL de la UE en 2024 vino de Rusia. Así que si la UE decide cortar completamente el gas ruso, va a perjudicar a Rusia mucho más que a los consumidores en la Unión Europea», comentó a la BBC.

El plan de precios de petróleo de Trump para finalizar la guerra

Los expertos entrevistados por la BBC han desestimado la idea de Donald Trump de que la guerra con Ucrania terminará si la OPEP baja los precios del petróleo.

«La gente en Moscú se ríe de esa idea, porque la parte que sufrirá más… será la industria de petróleo de esquisto de EE.UU., la industria menos competitiva del mundo», recalcó Milov a la BBC.

Por su parte, Raghunandan dice que el costo de producción de petróleo en Rusia es también mucho menor que el de los países de la OPEP como Arabia Saudita, así que estos sentirían el golpe de bajar los precios del petróleo antes que Rusia.

«No hay manera de que Arabia Saudita acceda a eso. Esto lo han ensayado antes. Esto ha generado conflictos entre Arabia Saudita y EE.UU.», expresa.

Mai Rosner concluye que hay asuntos éticos y prácticos con la compra de Occidente de hidrocarburos rusos mientras apoyan a Ucrania.

«Ahora tenemos una situación en la que estamos financiando al agresor en una guerra que estamos condenando y también financiando la resistencia a esa guerra», comenta.

«Esta dependencia de combustibles fósiles significa que estamos realmente sujetos a los caprichos de los mercados energéticos, productores de energía global y de dictadores hostiles».

La organización no gubernamental Foro Penal informó que, hasta el 2 de junio, en Venezuela se contabilizan 927 presos políticos, según su más reciente actualización. Esta cifra representa un aumento de cinco personas respecto al registro de la semana anterior.

De acuerdo con el informe difundido en la red social X (antes Twitter), 82 de los detenidos poseen doble nacionalidad, mientras que el total general se distribuye entre 831 hombres y 96 mujeres, incluidos 922 adultos y cinco adolescentes entre 14 y 17 años de edad. La mayoría de estas detenciones se produjeron tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral —controlado por el oficialismo— proclamó como ganador al presidente Nicolás Maduro, pese a las múltiples denuncias de fraude formuladas por sectores de la oposición.

En el grupo de detenidos figuran 758 civiles y 169 militares, lo que, según Foro Penal, refleja una creciente represión que afecta tanto a la población civil como a integrantes de la Fuerza Armada Nacional.

Desde 2014 hasta la fecha, Foro Penal ha documentado 18.409 casos de detenciones políticas en el país.

La publicación del informe coincide con nuevos señalamientos por parte del gobierno. El pasado miércoles, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, acusó a Foro Penal, junto a otras ONG como Provea, Médicos Unidos y Maracaibo Posible, de formar parte de una presunta “estructura terrorista” con supuestos planes para sabotar las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo. Cabello vinculó estas organizaciones a un plan para “atacar” embajadas y residencias diplomáticas de Colombia, España, Francia y oficinas de la ONU, basándose en información extraída de teléfonos incautados al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, detenido el pasado 23 de mayo.

Ante estas acusaciones, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, rechazó los señalamientos y denunció que las ONG venezolanas están siendo criminalizadas y estigmatizadas. “Expresamos nuestro apoyo a otras organizaciones que también han sido atacadas de forma injusta. Eso debe cesar”, declaró Romero a la agencia EFE, agregando que han elevado su reclamo ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras instancias internacionales.

Romero también exigió garantías para la integridad física de los miembros de estas organizaciones, con el fin de que puedan continuar su labor de defensa de los derechos humanos en Venezuela.

“Si hay alguna institución que se haya adecuado y haya avanzado en el proceso revolucionario del bolivarianismo del siglo XXI es la FANB”

Vladimir Padrino López 

Una de las tragedias más siniestras de América Latina —y Venezuela es hoy su expresión más desoladora— es la conversión de la Fuerza Armada en castas políticas al servicio del poder y no de la nación. Nada degrada más a una República que la politización de los cuarteles. Es la historia de cómo los ejércitos, antaño formados para defender la soberanía y el orden constitucional, acaban rindiendo sus galones al caudillo de turno, no por lealtad, sino por miedo, conveniencia o simple servilismo.

En Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dejó escapar recientemente —como quien revela una culpa que ha querido esconder durante años— una frase que sintetiza esta tragedia: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya no es un cuerpo profesional al servicio del país, sino un instrumento domesticado por el poder madurista —“ha sabido amoldarse adecuadamente a los cambios que la revolución bolivariana ha exigido”, el Estado mafioso—. Lo dijo sin querer, en un discurso acalorado. Pero en el desliz se revela la verdad que el régimen de Nicolás Maduro ha intentado sepultar bajo toneladas de propaganda: que la FANB ha sido instrumentalizada, corrompida y dividida.

Una institución rota por dentro

Pocos conocen con precisión las grietas internas del estamento militar venezolano. Según la organización Foro Penal, de los 920 presos políticos registrados en el país, 169 son militares. Han sido encarcelados por el simple hecho de pensar distinto, o de no plegarse ciegamente a la maquinaria de represión del régimen. Estos números, presentes de forma constante durante la última década, son la prueba más clara de que aún quedan militares fieles a sus principios. Bajo la superficie de la obediencia forzada, sobrevive un sustrato institucional que observa con alarma cómo la institución que juraron defender se ha convertido en algo ajeno e irreconocible.

Porque el madurismo, como todo régimen autoritario y criminal, que desconfía del profesionalismo, ha preferido el método cubano: convertir a los servicios de inteligencia en cancerberos de los cuarteles, instaurar la sospecha como doctrina de mando y repartir privilegios no por méritos sino por lealtad partidista. El G2 cubano —símbolo de la vigilancia estalinista que sobrevive en el Caribe— ha sido importado a Venezuela como guía y perro guardián.

Un ejército sin alma

Así, la FANB ha dejado de ser un ejército. Es, en el mejor de los casos, una suma de grupos desarticulados, de generales en pugna por negocios ilícitos, de facciones con lealtades cruzadas. Y en el peor, una maquinaria represiva al servicio de un Estado mafioso en decadencia. El Ejército ha sido despojado de doctrina; la Armada, relegada a funciones logísticas; la Aviación, invisible. Y la Guardia Nacional, reconvertida en policía política, no responde a una sola cadena de mando, sino a disputas internas que se resuelven no en los salones del Ministerio de Defensa, sino en los pasillos del Palacio de Miraflores.

¿Quién manda hoy sobre la FANB? La respuesta es tan compleja como inquietante. Maduro tiene al ministro de la Defensa, Padrino López, pero Diosdado Cabello tiene a su propio grupo. Se aferra a la Guardia Nacional como último bastión de su menguante poder. Los cubanos vigilan, pero no mandan. Y los hermanos Rodríguez, con su astucia palaciega, mueven hilos civiles con ecos militares. Es un ejército sin alma, dividido, vigilado, corrompido. Y en esa fractura, en esa ausencia de una jefatura clara y profesional, se encierra una bomba de tiempo.

La decadencia que precede al colapso

Toda dictadura prolongada termina convirtiendo a sus ejércitos en custodios de su propia decadencia. En lugar de ser garantía de la democracia, las Fuerzas Armadas se convierten en su verdugo. Pero también —y esto la historia lo ha demostrado una y otra vez— en su posibilidad de redención. Porque cuando los militares recuerdan que su deber no es con una organización criminal ni con un hombre ni un partido, sino con la Constitución, entonces se abren las compuertas del cambio.

Venezuela vive hoy bajo un régimen mafioso que ya no gobierna: administra el miedo, reparte silencios, vigila a sus propios centuriones. Y sin embargo, en esa misma FANB rota, vigilada, politizada, persiste un germen de dignidad. Esos militares institucionales, silenciosos, apartados, excluidos de las orgias del poder, son los que quizás —cuando llegue el momento— impedirán que el país se hunda del todo en la barbarie.

La pregunta, en todo caso, no es si los cuarteles despertarán. Es si lo harán a tiempo.

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