DBuford

Por Isaac Berenstein

En un mundo ideal, los Estados no tendrían que defenderse solos. La comunidad internacional, a través de mecanismos multilaterales y normas compartidas, actuaría con firmeza frente a amenazas existenciales. Pero el mundo real, como lo ha vivido Israel durante décadas, es muy distinto. Cuando las instituciones fallan, la diplomacia se vuelve ilusoria y los ataques se acumulan sin respuesta, entonces queda un derecho primario, tan antiguo como la civilización: el derecho a defenderse.

Una guerra por otros medios

Desde el Líbano, desde Gaza, desde Siria, desde Yemen. Durante años, Irán ha dirigido, financiado y armado una red de grupos que no solo niegan el derecho de Israel a existir, sino que actúan como extensiones militares de su estrategia regional. Hezbollah, Hamás, las milicias chiíes y los Houthis no son actores independientes: son instrumentos del régimen teocrático de Teherán para cercar y desgastar a Israel sin asumir el costo político de una guerra convencional.

El 7 de octubre de 2023 no fue un “incidente aislado”. Fue la explosión de una lógica acumulada de impunidad y odio, financiada con petróleo sancionado y proyectada con drones, túneles, adoctrinamiento y misiles. Israel no enfrentaba solo a Hamás: enfrentaba a la estrategia iraní en su fase más letal.

El momento de actuar

Frente a ese asedio, Israel ha optado por no esperar. Ya no se trata solo de interceptar cohetes o de responder con bombardeos quirúrgicos: se trata de interrumpir el corazón logístico y financiero que alimenta ese ecosistema hostil. Si Irán puede seguir enriqueciendo uranio, construyendo misiles y exportando guerra a través de sus apoderados, ningún alto el fuego tendrá sentido.

El reciente ataque a infraestructura crítica en Irán —sea parcial o escalonado— no es una agresión gratuita, como algunos insisten en presentar. Es la ejecución del principio más básico del derecho internacional: la legítima defensa ante una amenaza inminente y sostenida, cuando todas las demás opciones han fracasado o han sido manipuladas.

¿Y la moralidad?

Defenderse no solo es legal. Es moralmente necesario cuando la alternativa es la aniquilación progresiva.

Israel ha sido forzado a actuar solo, no por arrogancia, sino por abandono. Occidente ha preferido la contención pasiva, la diplomacia inconducente, el silencio cómplice frente a los crímenes de los aliados iraníes. Mientras tanto, el pueblo iraní, que lucha por sus libertades y su dignidad, también sufre bajo una dictadura que lo reprime dentro y lo usa como carne de cañón fuera.

Un ataque que debilite las capacidades militares del régimen no es un acto contra el pueblo iraní. Es, quizás, la única forma realista de acercar su liberación.

No, Israel no está solo

Israel no está solo. Tiene la solidaridad moral de millones de ciudadanos libres que reconocen el valor de la vida, de la libertad, de la democracia. Que entienden que defenderse del terrorismo y de los regímenes que lo financian no es solo un derecho, sino un deber ético.

Puede que muchos gobiernos duden, rehúyan el costo diplomático o se enreden en cálculos mezquinos. Pero los pueblos que han vivido bajo regímenes totalitarios, los que defienden el Estado de derecho, los que saben lo que significa vivir bajo amenaza, están hoy del lado de Israel. Del lado de quien no eligió esta guerra, pero se niega a rendirse.

Porque cuando nadie te defiende desde los palacios,
te queda la conciencia de los pueblos.
Y con eso, Israel no está solo.

Está acompañado por la historia, por el derecho y por quienes aún creen que la libertad se defiende, incluso cuando cuesta.

Isaac Berenstein escribe sobre libertad política, antisemitismo contemporáneo y disuasión moral desde una perspectiva judía laica.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó una profunda preocupación por el auge de detenciones arbitrarias y malos tratos en Venezuela, en el marco de un debilitado contexto institucional que pone en entredicho el pleno ejercicio de los derechos y las libertades en el país.

En la apertura de la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk afirmó que “Mi oficina está documentando un aumento de las detenciones arbitrarias y la intimidación de opositores políticos y trabajadores de los medios de comunicación en Venezuela tras las elecciones de 2024”.

Además, el alto comisionado austríaco se mostró alarmado por la tortura y los malos tratos a los detenidos, así como las violaciones del debido proceso que enfrenta parte de la sociedad civil.

Durante el evento, Volker Türk también se refirió a las restricciones de los espacios cívicos en varias regiones del mundo, incluido el Tíbet, Xinjiang, Hong Kong o el debilitado entorno para las asociaciones en El Salvador, donde nuevas leyes dificultan que las ONG y los grupos de prensa puedan acceder a financiación extranjera. La persecución de voces disidentes en países como Rusia fue otro de los puntos que el alto comisionado llevó a la opinión pública.

Además, Türk advirtió que los recortes financieros están debilitando tanto a la oficina del Alto Comisionado como a las asociaciones que reciben apoyo de ésta, aumentando así el riesgo de que disminuyan las investigaciones de abusos y el acompañamiento a las víctimas. Según sus palabras, el debilitado esquema de apoyo permitirá que autócratas y grupos represivos actúen con más impunidad.

En el plano económico, el alto comisionado enfatizó que el auge de los aranceles y las restricciones comerciales golpeará con fuerza a los países más vulnerables, como Bangladesh, Vietnam, Camboya o Sri Lanka, aumentando así el acceso limitado de millones de personas a bienes de primera necesidad, a la salud, a la educación y aumentando, además, las desigualdades de género.

“Populistas y autócratas están trabajando duro en sus guerras culturales para desviar así la opinión pública de los problemas reales”, afirmó Volker Türk, mientras aumentan los ataques a las instituciones creadas para salvaguardar los derechos humanos, como la Corte Penal Internacional, sancionada por algunos gobiernos, incluido el de Estados Unidos, Israel o Rusia.

EFE

Por Flor Santamaría

Esta semana la Cancillería del reino de Noruega presentó su reporte titulado “El compromiso de Noruega con la paz y la resolución de conflictos en un mundo convulso”, (Norges innsats for fred og konfliktløsning i en urolig verden), es un conjunto de páginas donde, de un modo propagandístico se describen sus hazañas como paladín en un mundo en conflicto, pero solamente haré referencia al recuadro 3.4 que se titula “Venezuela: En busca de una solución política”

Han pasado seis años desde que este país nórdico se involucró como mediador en el conflicto venezolano, seis años que han sido resumidos en un cuadro de texto que pasa de ser un texto informativo minúsculo y carente de detalles, a una justificación de la mediocridad. Es un texto donde palabras como “compromiso” y “confianza”, “acuerdos y negociaciones” resuenan como un eco en el vacío, dadas las actuales circunstancias en Venezuela.

La gestión de seis años redactada con un discurso genérico y escueto que, a migajas trata de ofrecer alguna cuenta de qué fue lo que hicieron en su papel en la mediación, pero no destaca de ninguna forma, excepto por su auto felicitación.

El cuadro 3.4 es tan falto de detalles que no se menciona cuántos millones fueron destinados a la mediación. Sólo un par de líneas hacen memoria y dan cuenta de que “en 2022 se acordó utilizar los fondos venezolanos congelados para los servicios nacionales de bienestar social”. ¿Qué significa esto en términos reales para la población venezolana? Si no hay más que visitar algún centro de salud pública en el país. O que en tiempo de pandemia se logró que llegaran vacunas y equipo médico. No faltaba más. Llegaron vacunas en una pandemia universal. Dirían los españoles “y tanto, hombre”.
Pero por qué no hay más detalles sobre esto en el reporte noruego. ¿Pidieron facturas de esto a Maduro? O a la oposición, de ser el caso. ¿Hubo orden en estos desembolsos?

En el texto del cuadro 3.4, hay un dejo de reclamo pero con voz triunfante, cuando se quejan de las críticas en Redes Sociales a su gestión, y como en una lucha titánica contra opositores exigentes y dicen “El escepticismo de algunas personas de la oposición hacia el inicio de las negociaciones con el Gobierno fue en ocasiones considerable, y las críticas vertidas contra Noruega en las redes sociales fueron considerables” Pero añaden “Cuando Noruega decidió, no obstante, comprometerse, fue porque los sectores más influyentes de la oposición deseaban las negociaciones y porque la comunidad internacional solicitaba la participación de Noruega”.
Quieren decir que han ayudado a los venezolanos pese a los “ataques” en redes de otros venezolanos que exigieron respuestas contundentes. Bien.

En mi opinión, este reporte sobre Venezuela no se trata de un Mea Culpa, como he leído en algunas cuentas de X, es a grandes luces una autofelicitación por un trabajo maltrecho, especialmente después de la firma de Barbados y del resultado del fraude electoral más flagrante y descarado de la historia democrática de Venezuela, para ser conservadora con mis palabras. Cero responsabilidad, o al menos, reconocimiento de haberse sobrestimado para ser los garantes de un proceso tan complejo.

En el papel se lee que “el Gobierno y la oposición de Venezuela solicitaron a Noruega que actuase como facilitador oficial de las negociaciones para alcanzar una solución política al conflicto” y continúan “El proceso fue solicitado por La comunidad internacional”

Recuerdo las palabras de Maria Cornina Machado, líder de la oposición en el 2024, llamando a la comunidad de mediadores, “hemos hecho todo lo que nos han pedido”, cuando ya se veía lo que pasaría, pero en este reporte, apenas se mencionan las consecuencias de esa “solución política”.

No se habla de cómo recrudeció la persecución y encarcelamiento de líderes opositores, las desapariciones forzadas, secuestros, y ataques a periodistas y militares, ni la operación Tun Tun. Aquí no hay buenos ni malos, hay diálogos y confianza en las partes. Tampoco se hace referencia a la radicalización de la crisis migratoria y el desamparo a los migrantes venezolanos en el mundo entero. La persecución a la diáspora. Nada.

Noruega se desentiende de ese catastrófico desenlace postelectoral, se mete bajo una suave cobija de palabras de aliento auto proferidas, y ha callado ante los gritos de los torturados en las cárceles venezolanas, o de las familias desmembradas, o de los ancianos y niños solos porque se les fueron los suyos. La crisis de Venezuela tiene raíz en el autoritarismo, y ellos lo saben, y siempre lo supieron. Porque así describe el reporte lo que en Venezuela hay, un “conflicto de 20 años que había provocado una de las mayores crisis migratorias del mundo y una gran inestabilidad en la región”.

En esos años de conversaciones con partes de oposición, no quisieron oír a miembros de la diáspora organizada a nivel local, (Noruega), quienes manejaban cifras, quienes enviaron cartas y trataron de entablar conversaciones para acercarles a la opinión pública venezolana, tampoco oyeron a las voces críticas de su posición condescendiente con el oficialismo.

Y sellan el cuadro de texto con las palabras del catedrático de Harvard William Ury, quien también de refilón tuvo un papel indirecto en la mediación, dijo, “En conflictos prolongados y profundamente arraigados, pocas cosas son más valiosas y necesarias que una facilitación tranquila, persistente, paciente [y] neutral por parte de partes que puedan escuchar, mantener la confidencialidad, reunir a las partes y, en general, servir como caja de resonancia de confianza. El compromiso de Noruega en Venezuela es un ejemplo destacado”.

Justifica esto el no condenar con autoridad y contundencia un fraude electoral tras la mediación. Justifica esta negociación el abuso de poder y el autoritarismo o los crímenes de Lesa Humanidad. Pues si así lo creen, están “meando fuera del perol”. El mundo convulso de hoy requiere de voces que restablezcan las democracias. Pero Noruega calla y se aplaude. Se come el pastel solita.

El reporte general de la Cancillería noruega les hace quedar un poco como “el pimentón” presente en todas las salsas, pues son páginas y páginas de participación en muchos asuntos alrededor del mundo en convulsión. Siempre destacan a Colombia, como una especie de condecoración, pero a las luces de los últimos hechos en ese país fronterizo con Venezuela, donde la violencia vuelve con más fuerza, en la forma de sicariato, atentados, explosiones, y la proliferación de grupos armados, en un contexto de poco crecimiento económico, refleja que el estilo de mediación que propone el país nórdico, supone medianos plazos. Por años se han gloriado de su gestión en Colombia, pero no ha sido sostenible en el largo plazo.

Esta última idea de que las mediaciones de Noruega no son robustas, puede ser una buena señal para los venezolanos. Porque, puede que partiendo de la fuerza demostrada en las elecciones del 28 de julio de 2024, que otorgaron la presidencia a Edmundo Gonzalez Urrutia, (reconocido como presidente democráticamente electo por el mundo claramente democrático, valga la redundancia), lleguen a restablecer el orden constitucional en el país, al tiempo oportuno.

Porque si hay algo cierto que reporta la caja de texto 3.4 en el resumen de gestión noruega y es que se unificó a la oposición, no como grupo partidista sino como bloque de rechazo a Maduro. La fuerza de millones de demócratas se unió dentro y fuera del país y dijo NO a Nicolas Maduro en las urnas electorales, iniciando el proceso definitivo hacia la libertad.

En esta reflexión no pretendo exigir de Noruega ese “Mea Culpa”, tampoco que se “rasguen las vestiduras”, pero creo que si un país tenía los medios para ayudar verdaderamente a enderezar la carga en Venezuela, esos eran los noruegos. Si hubieran realmente querido, lo hubieran hecho. En su descripción hablan del trabajo neutral en Venezuela, pero sus afiliaciones políticas están muy comprometidas con un concepto utilitario de izquierda. Partiendo desde ahí, ya habían señales rojas.

El estrés laboral es una realidad para la gran mayoría de los trabajadores, con un 83% experimentándolo según la OSHA de EE. UU. Este estrés se manifiesta en dolores de cabeza, fatiga, insomnio y dificultad para concentrarse. Ante esta situación, estrategias simples y accesibles son cruciales.

La clave está en cómo respiras

Cuando estamos bajo presión, nuestra respiración se vuelve superficial y acelerada, lo que disminuye la oxigenación y aumenta el dióxido de carbono, intensificando la sensación de agitación. Si bien «tomar una respiración profunda» es un consejo común, las investigaciones apuntan a un método más eficaz: el «suspiro fisiológico» o respiración cíclica.

¿Qué es la respiración cíclica?

Esta técnica consiste en:

Inhalar profundamente por la nariz.
Realizar una segunda inhalación corta (como un «sorbo» adicional de aire).
Exhalar lentamente por la boca.

Esta segunda inhalación es clave, ya que ayuda a reabrir los alvéolos pulmonares colapsados, mejorando el intercambio de gases y activando el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de calmar el organismo. Además, activa el nervio vago, esencial para salir del estado de «lucha o huida» del estrés.

Resultados comprobados en solo cinco minutos

Un estudio publicado en Cell Reports Medicine demostró que cinco minutos al día de esta técnica pueden reducir los niveles de ansiedad de forma más efectiva que prácticas como la meditación mindfulness o el box breathing. Los participantes no solo experimentaron una reducción inmediata del estrés, sino también mejoras sostenidas en el estado de ánimo con el tiempo.

Ventajas y cómo integrarla en el día a día

La respiración cíclica es una herramienta poderosa por su simplicidad:

No requiere tecnología.
Es gratuita.
Puede practicarse en cualquier lugar (oficina, sala de espera, etc.).
Sus efectos se sienten casi de inmediato.

Puedes integrarla fácilmente en tu rutina diaria:

Al iniciar la jornada: Para mejorar el enfoque y la toma de decisiones.
Antes de reuniones o conversaciones importantes: Para reducir la ansiedad anticipatoria.
Durante pausas laborales o después de una situación tensa: Para recuperar el control emocional.

En resumen, aprender a respirar de forma consciente a través de la respiración cíclica no es solo una técnica de relajación, sino una estrategia eficaz para manejar las presiones del entorno y mejorar el bienestar general.

El mundo está convulsionado. Venezuela, obviamente, no escapa de esta lamentable situación. Lo que sucede en el Medio Oriente, entre India y Paquistán o entre Ucrania y Rusia, por mencionar algunas confrontaciones, tiene consecuencias para nosotros.

La globalización, proceso económico de integración, aunque algunos consideran extenderlo hasta lo social y político, está dando muestras de atravesar serias dificultades. A ello hay que sumarle un relanzamiento de los nacionalismos tan en boga en el siglo XIX y principios del XX, cuyas máximas expresiones fueron la concreción de países “hechos y derechos”, como Alemania e Italia. Ahora, decenas de poblaciones enarbolan peligrosos nacionalismos que pudieran revertir la convivencia pacífica o normal de sus integrantes. Incluso, ese llamado del presidente Donald Trump “America First”, de inocultables ribetes de extremo chauvinismo, ha provocado una gran repercusión, especialmente en América Latina, y sobre todo en lo que atañe a la migración.

Hay una atmósfera mundial de preguerra. Los organismos multilaterales, que proliferaron como hongos después de 1945 hasta la fecha, en muchos casos y situaciones en que les ha correspondido actuar, no han dado muestras de eficiencia ni de cumplimiento cabal de sus deberes. La O.N.U., por ejemplo, no ha sido competente en la práctica y ejercicio de sus atribuciones, sobre todo cuando su papel de mediador y hasta protagónico ha sido requerido.

De este lado, muchos piensan que el problema de los otros no es nuestro. Que hasta podría justificarse por aquello que, como

se dice popularmente, con los nuestros basta. No obstante, ello comporta un craso error. Tarde o temprano cualquier conflicto o calamidad afuera, nos alcanzará, aunque sea medianamente. Además, abona a esta realidad que el régimen ni se ayuda internamente, y mucho menos en lo externo. Tanto así que con declaraciones destempladas y “acuerdos” fuera de lugar (como es su costumbre), lo que hace es atizar más el fuego del enfrentamiento. En otras palabras, hace todo lo contrario de servir de puente y enlace para la suscripción de posibles tratados de paz o de discreto negociador para conseguir las distensiones necesarias.

El problema es de nosotros, cuando en el vecino país suceden cosas reñidas con la constitucionalidad o cuando grupos de desadaptados cometen actos de terrorismo. La migración, el problema fronterizo de México con los Estados Unidos; la controversia con Guyana, a la que se agregan Trinidad y Tobago por asuntos petroleros, el delicado panorama de Bolivia y Ecuador son algunas muestras de la intrincada situación continental, y que nos incumbe a todos sin excepción.

El problema de los otros también es nuestro. La “aldea global” como muchos la han denominado, tiene presencia en cada rincón del planeta. Sin embargo, y por encima de todo, hay que ser optimistas. No al estilo panglosiano, pero hay que estar ganado a la idea que esto no es el fin del mundo y mucho menos de la humanidad. El ser humano aun conserva fuerzas intelectuales y valores que permiten superar esta coyuntura. Nuestra milenaria cultura occidental tiene mucho que dar. De peores hemos salido. Lo importante es tener presente que el problema de los otros también es nuestro. Y que sus soluciones tenemos que procurarlas cuesten lo que cuesten.

Vía El Heraldo

Contra viento y marea, el presidente Petro firmó esta semana el decretazo con el que convoca la consulta popular sobre asuntos laborales. Estamos ante un acto abiertamente inconstitucional, al que se opone el grueso del país político, jurídico, social y económico, a excepción de los partidos de izquierda y seguidores incondicionales del jefe de Estado, que enajenados por su retórica populista pasan por alto la gravedad de un hecho totalmente equivocado e inaceptable que representa una muy seria amenaza contra la institucionalidad.

Y lo es porque, como han explicado los más reputados juristas, con su arbitraria e insensata determinación ilegal de desconocer la votación del Senado, que negó la consulta en un acto legítimo, el Gobierno vulneró la separación de poderes. Pero aún peor, al firmar el Decreto 639, Petro y sus ministros usurparon las funciones del Poder Judicial. Si el Senado incurrió en irregularidades, no es el presidente y su sanedrín el que deben dictaminarlo, sino los jueces, los únicos facultados por la Constitución para resolver la validez de estas decisiones.

Nada de lo que ahora ocurre es casual ni normal. Mientras Petro y su núcleo duro activaban la maquinaria del populismo autoritario en las calles y radicalizaban su discurso contra los “enemigos del pueblo”, iban tejiendo una maraña jurídica para presentar como justicia lo que realmente es un abuso o un delito. Sin inmutarse, desbordaron las competencias de los demás órganos de poder e irrespetaron los principios democráticos y el ordenamiento legal.

En definitiva, contrariaron la Constitución Política, la norma de normas, abriendo un innecesario e inconveniente escenario de inseguridad jurídica que deberá dilucidar el Consejo de Estado, en aras de detener el avance del engendro inconstitucional. La definición del inédito asalto a nuestra democracia también pasa por las manos de la Registraduría y la Corte Constitucional, que comenzaron su análisis jurídico y revisión. Para mañana es tarde.

En tanto, no ahorra artificios jurídicos el padre del adefesio, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para intentar darle validez ante la opinión pública. Sabe que no la tiene, pero al igual que el jefe de Estado necesitan del enorme escándalo que su anómala convocatoria electoral ha generado para ambientar el culmen de su proyecto autoritario: impulsar una Asamblea Nacional Constituyente de iniciativa popular, respaldada por el mismo Gobierno.

Ahora ya sabemos a lo que se refería el operador político de Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuando decía que tenía un plan A, B, C, D, y lo que hiciera falta para sacar adelante las reformas. Al paso que vamos, en consonancia con su delirante deriva absolutista que desprecia los controles democráticos, lo menos grave será que el Ejecutivo firme un decretazo poniendo por encima de la Constitución el “poder soberano del pueblo”.

Lo realmente alarmante es su ansia totalitaria de modificar la Constitución de 1991, si el Congreso, las cortes o quien se le oponga a sus decisiones o actos viciados de competencia no accede a su tendencia chantajista. Es Petro o el caos. Predecible actitud del mandatario que siempre ha acariciado la idea de enmendar la Carta Magna. En su tarea de desestabilizar el equilibrio democrático, Montealegre, el ‘hereje del Derecho’, dice que evalúan recoger 8 millones de firmas para convocar una constituyente, sin pasar por el Legislativo, con el propósito de reformar instituciones que, según él, son un “obstáculo para el cambio social”.

Los desvaríos tiránicos del petrismo de socavar las instituciones desmoralizan a cualquiera. Pero ante su ofensiva autoritaria es preciso renovar la confianza en el sistema de pesos y contrapesos del Estado de derecho, concebido para hacerles frente a los abusos de poder de quienes fabrican este tipo de liturgias jurídicas para tratar de imponer descabelladas tesis inconstitucionales. Buscan crear un leviatán que les facilite colonizar los demás poderes del Estado a partir de una paradoja: usar la democracia para derribar la democracia. Perverso.

Este complejo debate jurídico se sintetiza en una frase: no existe Estado de derecho sin democracia ni una auténtica democracia si no se respeta la Constitución. Por lo que hace y predica, el Gobierno no cejará en su empeño de romper los resortes institucionales para aumentar la tensión política a su favor. Así quedó en evidencia luego de los llamados a la concordia o la moderación desatendidos por el jefe de Estado tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay o la escalada terrorista de las disidencias en el suroccidente.

¿Y ahora qué? Este domingo, ciudadanos marcharán en silencio en solidaridad con el precandidato, aún en condición crítica. Ante la anarquía, la unidad de los demócratas contra los violentos se hace imprescindible. También, expresarse en contra de todas las maniobras autoritarias del Gobierno. Colombia entera debe rodear a los guardianes del Estado de derecho que tomarán decisiones que impactarán el futuro, que luce en riesgo por la ruptura del orden constitucional, la autodestrucción de la democracia. No es momento de tibiezas.

La «Marcha del silencio», convocada por líderes políticos y la sociedad colombiana para rechazar la violencia y apoyar la democracia, comenzó este domingo en Bogotá y otras ciudades del país con una gran participación ciudadana en las calles.

La movilización popular fue convocada tras el atentado en el que fue gravemente herido el pasado 7 de junio el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y tras la oleada terrorista que tres días después dejó ocho muertos y más de 80 heridos en el suroeste del país.

Las manifestaciones se llevan a cabo de manera pacífica en más de 20 ciudades colombianas pero la mayor concentración es la de Bogotá donde desde temprano una multitud empezó a reunirse en el Parque Nacional para caminar hasta la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad.

Con banderas de Colombia, camisetas amarillas de la selección de fútbol, globos blancos con la inscripción «Estamos contigo, Miguel» y pancartas contra el presidente Gustavo Petro, la multitud rezó la oración del «Credo» de la iglesia católica antes de comenzar su recorrido por la Carrera Séptima en dirección a la Plaza de Bolívar.

«Estamos acompañando esta marcha en solidaridad con Miguel Uribe y con su familia, rechazando la violencia y pidiendo a toda Colombia que se levante para defender la democracia», dijo a periodistas el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien caminó entre la multitud.

Defensa de las instituciones

La manifestación se hace además en un momento de crispación política por el decreto de Petro que convocó para el 7 de agosto una consulta popular sobre su reforma laboral, ya rechazada por el Senado, pese a que son numerosas las voces que advierten que esa iniciativa es inconstitucional.

Entre los participantes en la movilización en Bogotá están también el excandidato presidencial Sergio Fajardo, la excanciller colombiana María Ángela Holguín y los exsenadores Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo, así como varios exministros de diferentes gobiernos.

«Hoy lo que está llegando aquí es el pueblo, nosotros somos el pueblo», dijo a EFE el mayor general de la reserva de la Policía Nacional Eliécer Camacho Jiménez, quien aseguró que se manifiesta «contra el intento de asesinato de Miguel Uribe».

Camacho afirmó que el atentado contra el político de 39 años, miembro del partido uribista Centro Democrático, es consecuencia de «esos discursos de odio» del Gobierno que llevan a «que nos asesinen a las personas que tienen nuestras ideas, a nuestros candidatos».

«También en respaldo a los militares y policías. Lo que sucede en Colombia no es menor, el asesinato de policías y militares, reducción del presupuesto, falta de apoyo; hay indolencia en el discurso del Ministerio de Defensa del Gobierno nacional hacia unos hombres y mujeres que están peleando contra grupos terroristas que cada día son más fuertes por el narcotráfico», expresó.

Participación nacional

En otras ciudades colombianas, como Cali y Medellín, las manifestaciones también comenzaron con gran participación y en la misma tónica pacífica que en Bogotá.

«Que Dios nos dé la claridad y la sabiduría para salir de la oscuridad y encontrar el camino que lleve a nuestra adorada Colombia hacia una paz verdadera», manifestó en sus redes sociales el cantautor Juanes, oriundo de Medellín en apoyo a la «Marcha del silencio» en las redes sociales.

En Cali, la movilización de miles de personas, en su mayoría vestidas de blanco, partió del Parque de las Banderas, y al igual que en el resto del país, al grito de «¡Fuerza, Miguel!», en respaldo al político herido en el atentado, que permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Cali es la capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), donde la «Marcha del silencio» tiene enorme relevancia porque esa ciudad fue blanco el pasado martes de tres atentados con motocicletas bomba que dejaron dos personas muertas y 42 heridas.

Las manifestaciones de hoy tienen lugar también en ciudades como Barranquilla, Cúcuta, Armenia, Pereira, Neiva, Valledupar, Bucaramanga, Ibagué, Manizales, Villavicencio, Sincelejo, Rionegro y Ocaña, entre otras.

Por Maria Zuppello en Diálogo Américas

La influencia de China en Guyana ha crecido exponencialmente en los últimos años, aprovechando el auge petrolero del país. Pekín está invirtiendo principalmente en las industrias que el petróleo ha generado, desde infraestructura hasta construcción de hoteles e incluso suministro de energía.

Empresas estatales chinas o con fuertes vínculos con el gobierno de Pekín, como Chongqing Bosai Minerals Group, China Railway Road, China Harbour Engineering Corporation (CHEC) y Beijing Construction Group, están inundando el país con diversas operaciones.

Esta expansión ha tenido un alto costo para la población local. “Preocupa la falta de transparencia en la ejecución de los proyectos. Los actores involucrados, desde empresas locales hasta comunidades de trabajadores, a menudo se sienten excluidos y sin voz”, declaró a Diálogo Jared Ward, profesor asociado de la Universidad Global de Arizona, cuyo trabajo se centra en la política exterior china.

En octubre de 2024, comerciantes de Agricola Village, una localidad en la región de Demerara-Mahaica donde se encuentra la capital Georgetown, protestaron contra el aumento de la inversión china en supermercados y cadenas comerciales, por temor a una competencia desleal. “¿Qué va a pasar con personas como nosotros, que llevamos años en este negocio? Ellos venderán a menor precio”, dijo un comerciante local al sitio de noticias guyanés Kaieteur News.

La situación es aún más crítica en Lethem, en la frontera con el estado brasileño de Roraima, en plena Amazonía. Según Kaieteur News, las inversiones chinas ahora controlan las principales tiendas de la zona y han comenzado a respaldar la construcción de nuevos edificios. Comerciantes locales las acusan de defraudar a las autoridades fiscales.

La región es estratégica porque es la puerta de entrada de Guyana a Brasil y forma parte del llamado Proyecto de Integración Sudamericana, una serie de grandes inversiones en infraestructura promovidas por el gobierno brasileño para agilizar el ingreso y salida de mercancías. Entre estos proyectos se encuentra una carretera asfaltada que conecta Boa Vista (capital de Roraima) con Lethem, y que busca enlazar Brasil con el futuro puerto de aguas profundas en la región de Berbice, Guyana, cuyo estudio de factibilidad fue realizado por empresas chinas como China State Construction and Engineering (CSCE) y China Dalian.

Según Nicolás Devia-Valbuena, experto del Programa para América Latina del Instituto de la Paz de Estados Unidos (USIP), este tipo de inversiones representa riesgos de seguridad. “Estamos hablando de infraestructuras de posible doble uso, con fines civiles, pero que podrían ser utilizadas por el ejército chino para proyectar poder en la región”, dijo Devia-Valbuena a Diálogo.

También hay evidencia del interés de Pekín en la región con la participación en octubre de 2024 de empresas chinas, como China Road and Bridge Corporation, China Railway Construction Caribbean Company Limited y China Railway First Group Company Limited, en la licitación para construir un nuevo puente sobre el río Berbice.

Inversiones chinas en infraestructura

Según el Jewish Policy Center, un centro de pensamiento con sede en Washington, la expansión de CHEC del aeropuerto internacional Cheddi Jagan también generó preocupaciones de seguridad. “Con una pista de más de 10.000 pies, es capaz de albergar aviones militares chinos”, advirtió el centro.

CHEC también se ha convertido en un actor dominante en el sector hotelero guyanés, como lo demuestra la expansión de 100 millones de dólares del antiguo Hotel Pegasus en Georgetown.

Además, avanza la construcción del nuevo puente sobre el río Demerara. El proyecto, valorado en 260 millones de dólares, fue adjudicado a una unión de empresas formada por China Railway Construction Corporation (CRCC), China Railway Construction Company y China Railway Construction Bridge Engineering Bureau Group. La empresa CRCC, controvertida, fue sancionada y excluida por el Banco Mundial en 2019 por fraude y corrupción. En 2022, otro conglomerado chino, China Railway First Group, obtuvo un contrato de 184 millones de dólares para ampliar el sistema ferroviario y vial de la costa este.

Varios proyectos chinos en Guyana han resultado ser de baja calidad y poco fiables. En 2021, la represa de Matthews Ridge, construida en el noroeste del país por Guyana Manganese Inc (GMI) —una subsidiaria del grupo chino Bosai Minerals— colapsó e inundó comunidades cercanas. Según las autoridades guyanesas, la causa fue el uso de materiales deficientes y malas prácticas de construcción.

“El historial de los proyectos de construcción chinos en Guyana genera preocupación sobre su calidad y fiabilidad. Estos problemas datan desde 1976 con la fábrica de ladrillos Bel-Lu, la primera incursión china en el país, y persisten en proyectos actuales. Infraestructura mal construida y cronogramas incumplidos obstaculizan las necesidades urgentes de desarrollo de Guyana”, afirmó Ward.

Incluso el proyecto de 150 millones de dólares para modernizar el aeropuerto Cheddi Jagan tardó 10 años. La mala calidad fue atribuida a un contrato impuesto por CHEC, que según una investigación del Caribbean Investigative Journalism Network (CIJN) era “desequilibrado”.

Según el informe de CIJN, “el acuerdo establecía que China Harbour Engineering Corporation (CHEC) recibiría el pago total del contrato y estaría exenta de pagar impuestos, aranceles, regalías y tasas impuestas por el gobierno central o local o por autoridades estatutarias.” Además, CHEC estipuló que el 60% de la mano de obra no técnica debía ser china y que solo ciudadanos chinos podían ser contratados para tareas especializadas.

Riesgos ambientales

Pekín lleva años intentando posicionarse en Guyana, prometiendo empleos para la población local. Tal fue el caso de la empresa maderera Bai Shan Lin, que en 2007 anunció una inversión de 100 millones de dólares en instalaciones de procesamiento de madera, prometiendo equipos, empleos y respeto por el medio ambiente.

“El caso de Bai Shan Lin es un ejemplo emblemático de los problemas de China en Guyana. La empresa ha sido acusada de talar ilegalmente en áreas protegidas y de incumplir sus compromisos”, señaló Ward.

Guyana Manganese Inc (GMI), filial del Bosai Minerals Group, es una de las varias empresas chinas que operan en el área de Matthews Ridge extrayendo manganeso. Además de las numerosas denuncias por su alto impacto ambiental, también ha sido acusada de condiciones de trabajo inhumanas para los empleados locales.

“Los riesgos asociados a las inversiones chinas en infraestructura están ampliamente documentados, no solo en Guyana, sino en todo el mundo. Estos proyectos suelen generar antagonismo en las comunidades locales, que se sienten explotadas o excluidas de los beneficios potenciales de obras construidas en sus tierras”, afirmó Devia-Valbuena.

Un ejemplo es el proyecto de la planta hidroeléctrica de Amaila Falls (2021), en el centro-oeste de Guyana, a cargo de China Railway Group Limited. Según denunció el activista indígena guyanés Michael McGarrell, “la planta amenaza con inundar grandes extensiones de tierra, aniquilar la biodiversidad de la región y diezmar a los pueblos indígenas que viven de la caza y la pesca”, declaró en un documental del medio Vice. En mayo de 2022, China Railway se retiró del proyecto, alegando que no podía financiar los 700 millones de dólares necesarios y solicitando al gobierno guyanés que asumiera el costo.

Sin embargo, el proyecto Amaila Falls también encendió alarmas sobre la expansión china en el sector energético. “El posible monopolio chino de los servicios públicos de Guyana coloca al país en una posición de dependencia no solo energética, sino también política, ya que las necesidades locales podrían verse subordinadas a los intereses geopolíticos chinos”, advirtió Devia-Valbuena.

Espionaje chino

En 2023, la firma de ciberseguridad ESET, a través de la Operación Jacana, descubrió un sofisticado ataque de hackers chinos a una agencia del gobierno guyanés mediante correos de phishing selectivo. El engaño busca que las víctimas revelen información sensible, como credenciales de acceso.

Pekín ha tenido acceso a las redes de Guyana desde hace años. En 2012, el grupo estatal chino Datang compró el 20% de la empresa de telecomunicaciones Guyana Telephone and Telegraph Company (GT&T). Un mes después, Datang contrató a Huawei para modernizar la red inalámbrica del país.

“En Guyana, Huawei ya ha participado en proyectos clave, como la instalación de cables de comunicación submarina y el suministro de redes inalámbricas para empleados gubernamentales. Estas actividades plantean la posibilidad de acceso no autorizado a datos sensibles del gobierno y a información biométrica individual”, dijo Ward.

Huawei también está presente en Guyana con el proyecto Safe Cities, que monitorea los principales centros urbanos con el objetivo declarado de combatir el crimen. En 2023, la empresa también firmó un memorando de entendimiento para construir un centro de investigación en inteligencia artificial que, según Huawei, “servirá a toda la región”.

“Ante este escenario, será necesario construir una serie de instituciones independientes dedicadas a la protección de los datos ciudadanos, así como establecer barreras de control a las acciones de los cuerpos de seguridad, algo para lo cual Estados Unidos y sus aliados están particularmente dispuestos a colaborar”, concluyó Devia-Valbuena.

La farmacéutica china Sinopharm también ha invertido 37,2 millones de dólares en seis hospitales que están siendo construidos por empresas como China CAMC Engineering Co., Ltd.. El riesgo es que Pekín obtenga acceso a los datos de salud de los ciudadanos guyaneses y se garantice un control privilegiado sobre el sector médico y farmacéutico del país.

Sumado al resto de las inversiones chinas, esto asegura que Pekín pueda infiltrarse en varios frentes, lo que, dado el posicionamiento estratégico de Guyana, pone en riesgo a toda la región del Caribe.

Vía Stabroek News

A principios de este mes, en una recepción china que celebraba los 53 años de relaciones diplomáticas con Guyana, el presidente Irfaan Ali pidió a China ayuda para protegerse de la violación de la integridad territorial de este país por parte de Venezuela. Se refirió a las conversaciones que se habían mantenido entre Guyana y China «y el papel que China debe desempeñar para garantizar que esta región siga siendo pacífica, y que nuestros vecinos, de manera justa, sigan aquello en lo que todos creemos: el orden internacional y el estado de derecho, y respeten nuestra soberanía e integridad territorial».

Exactamente cómo llegó el presidente a la conclusión de que Beijing estaba enamorada del estado de derecho, y mucho menos de un orden internacional vinculado a él, no es algo que resulte inmediatamente evidente. La posición china sobre nuestra frontera occidental ya había sido claramente enunciada por el Encargado de Negocios Huang Rui en abril.

Si bien insistió en que China respetaba la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones, y subrayó el principio de política exterior bien establecido de su país de no injerencia en los asuntos internos de otros estados, su posición sobre la controversia apenas fue música para los oídos del gobierno.

«Espero que ellos [Guyana y Venezuela] puedan resolver el problema fronterizo mediante consultas y negociaciones amistosas», citó el Sr. Huang. Esto produjo una respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores rechazando esa vía de solución y haciendo referencia al hecho de que el asunto estaba pendiente ante la CIJ tras una decisión del Secretario General de la ONU de acuerdo con el Acuerdo de Ginebra.

Si bien debe suponerse que China no querría una incursión venezolana en este país porque tiene demasiadas inversiones en ambos estados y no querría ver sus intereses económicos en riesgo, no va a modificar su marco de política exterior más amplio en beneficio del presidente Ali. Lo que busca es una política exterior libre de valores, además de que no acepta la jurisdicción obligatoria de la CIJ. Sus relaciones con ella son limitadas, aunque como miembro del Consejo de Seguridad hay interacción, y sorprendentemente quizás, un juez chino sí forma parte del tribunal actualmente.

La tendencia del pensamiento de China en relación con las disputas internacionales está marcada por un movimiento reciente al que no se le dio mucha cobertura internacional excepto en Al Jazeera. Ese medio de comunicación informó que el gobierno chino había firmado una convención que establecía una organización internacional de mediación en Hong Kong. Se informó que el Jefe Ejecutivo de este último territorio esperaba que el nuevo organismo (que no se espera que esté listo antes de 2026) estuviera a la par de la CIJ y la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

Aunque las naciones occidentales no estuvieron representadas allí, Al Jazeera dijo que algunos representantes de la ONU asistieron junto con naciones como Indonesia, Pakistán, Laos, Camboya y Serbia. Si bien es muy poco probable que esta organización desplace a la CIJ y al Tribunal de Arbitraje en el corto plazo, es posible, en algunas circunstancias imprevistas, que socave el sistema de la ONU a largo plazo, e incluso quizás subvierta los principios del derecho internacional que han llegado a ser aceptados en el mundo durante los últimos siglos.

Exactamente qué principios, legales o de otro tipo, se aplicarían en un tribunal así no se ha revelado, salvo para decir que el énfasis podría parecer estar en la mediación más que en la justicia. Si logra atraer algún caso, y si la situación al oeste de nuestro país no cambia (una suposición importante y no necesariamente probable), entonces es el tipo de intervención que buscarían los venezolanos y que China defendería.

Según Chatham House, debido a que, a diferencia de China, las naciones occidentales tienen una larga asociación con los tribunales internacionales, estos son percibidos como creaciones extranjeras que no siempre ofrecen un campo de juego equitativo. Por lo tanto, China, en general, cree que los estados deberían poder elegir los medios para resolver disputas en lugar de recurrir a un tribunal internacional para una adjudicación obligatoria.

Chatham House continúa diciendo que, en general, cuando China firma un tratado, optará por no aplicar las disposiciones que remiten las disputas a tribunales y tribunales internacionales.

Dicho esto, si bien China tradicionalmente ha sido cautelosa con la participación en la adjudicación internacional, su enfoque se ha ajustado definitivamente en las últimas décadas, pero solo en asuntos que afectan el comercio, las finanzas y la inversión. Así, por ejemplo, se ha convertido en participante en el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC y tiene una jurisdicción limitada para el arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

Sin embargo, en lo que podría denominarse vagamente asuntos geopolíticos, su actitud no ha cambiado. Cabe señalar, por ejemplo, que en julio de 2016 la Corte de Arbitraje de La Haya falló a favor de Filipinas en una demanda presentada contra China en virtud de la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar. China no reconoce la decisión, e incluso aunque es signataria del establecimiento de la Corte, no acepta su autoridad.

Las actividades de la República Popular en el Mar de China Meridional y su intento de cerrarlo a todas las demás naciones, varias de las cuales, como Filipinas, tienen reclamaciones viables sobre algunas de las islas allí, son bien conocidas. Menos conocido es el desastre humanitario que se está perpetrando en Myanmar, en el que también tiene una participación. Según el Economist, China hará negocios con cualquiera de los innumerables grupos allí junto con el gobierno militar con el fin de proteger sus intereses.

«China juega a todas las bandas», dice la publicación, «armándolos, amenazándolos y convenciéndolos para que cumplan sus demandas. Los resultados son letales». Ahora está presionando a los Generales para que celebren unas elecciones simuladas a finales de este año «para proporcionar una hoja de parra de legitimidad». El presidente guyanés debería tomar nota: las «invaluables y visibles contribuciones» de China a las que se refirió no se extienden al apoyo a nuestro país en la controversia fronteriza. Al final, no hay ningún principio abstracto reconocido internacionalmente al que Beijing se adhiera; todo se reduce a lo que le conviene.

El Sr. Huang aclaró indirectamente la situación cuando los periodistas le presionaron sobre si China proporcionaría apoyo militar a Guyana. Informamos que, acorralado, finalmente dijo: «[Tenemos] una cooperación militar normal entre nuestras dos naciones», aunque minimizó su importancia en comparación con otros sectores. Cualquier tipo de entrenamiento militar para los guyaneses, por lo tanto, no tendría ninguna importancia en términos de nuestras relaciones con Venezuela. El Sr. Huang se esforzó especialmente en enfatizar la neutralidad de China en asuntos exteriores.

«China nos ha apoyado, se ha asociado con nosotros y ha prestado apoyo a prioridades nacionales críticas», dijo el presidente hace poco más de una semana. Sin duda. Pero el presidente debe ser cauteloso en relación con China y los asuntos fronterizos.

Vía La Verdad

En un comunicado, el Consejo Universitario expresó su preocupación por estos casos, solicitó información veraz sobre su situación legal y manifestó su solidaridad con los familiares

La Universidad del Zulia (LUZ) expresó este sábado su preocupación por la situación de varios miembros de su personal docente y administrativo que se encuentran privados de libertad y exigió a las autoridades competentes el respeto a sus derechos humanos y garantías constitucionales.

A través de un comunicado aprobado en sesión extraordinaria del Consejo Universitario celebrada el viernes 13 de junio, LUZ dirigió un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades responsables de la administración de justicia pidiendo claridad y garantías sobre estos casos.

“Expresamos públicamente nuestra preocupación por la privación de libertad a la que han sido sometidos algunos miembros del personal docente y administrativo de nuestra institución”, señala el pronunciamiento.

El Consejo Universitario recordó que la constitución establece derechos fundamentales que deben ser garantizados a todo ciudadano. En este sentido, hizo referencia expresa a los artículos 21 (igualdad ante la ley), 27 (amparo de los tribunales), 44 (inviolabilidad de la libertad personal), 46 (respeto a la integridad física, psíquica y moral) y 49 (el debido proceso).

Además, la casa de estudios superiores solicitó a las autoridades regionales y nacionales información “veraz y oportuna” sobre la situación legal de los privados de libertad.

Igualmente, manifestó su solidaridad con los detenidos, así como con sus familiares, amigos y compañeros, en medio de lo que calificaron como “momentos de incertidumbre”.

Actualmente, permanecen encarcelados: Rodrigo Cabezas (profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), Eduardo Labrador (profesor de la misma facultad), Juan Pablo Guanipa (profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas), Enrique Márquez (profesor de la Facultad de Ingeniería), Leandro Palmar (personal administrativo y periodista de LUZ Radio) y Belices Cubillán (técnico de la emisora LUZ Radio).

Morfema Press

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