DBuford

Vía WLRN

Venezuela sigue firmemente bajo el control de una dictadura socialista. Pero la popular líder de la oposición espera acelerar la caída del régimen, en parte vendiendo el gran potencial capitalista de Venezuela.

María Corina Machado se esconde del régimen venezolano. Pero el jueves por la mañana apareció en una videoconferencia de Zoom, organizada por la Americas Society/Council of the Americas, promocionando un importante plan económico para la Venezuela posdictadura.

Machado dijo que el programa, que incluye la privatización de las reservas petroleras estatales de Venezuela —las más grandes del mundo— podría traer 1,7 billones de dólares en inversión extranjera al país para 2040. Y enfatizó que la diáspora venezolana, la mayoría de la cual vive en el sur de Florida, será clave.

Refiriéndose a las innumerables acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero y otras que enfrentan los líderes venezolanos en países como Estados Unidos, Machado declaró que “transformaremos a Venezuela del centro criminal de las Américas al centro energético de las Américas…

Nuestro mayor activo son los 8 millones de venezolanos en el exterior, listos para regresar, invertir y reconstruir.

El problema, como la propia Machado reconoció, es que el dictador venezolano Nicolás Maduro —que robó las elecciones presidenciales del año pasado después de que los recuentos de votos mostraran que perdió por una abrumadora mayoría frente al candidato opositor Edmundo González— sigue atrincherado en el poder.

Los analistas venezolanos dijeron a WLRN que uno de los objetivos de la visión económica de Machado, además de establecer una hoja de ruta para rescatar al país de su crisis humanitaria (la peor en la historia moderna de América del Sur), es motivar a los potenciales inversores estadounidenses, europeos y otros para que presionen al presidente Donald Trump para que ejerza más presión sobre Maduro para que renuncie.

“El régimen es más vulnerable que nunca”, argumentó Machado durante su presentación en AS/COA. “El sistema se está derrumbando… un barco que se hunde”.

Machado afirma que la participación electoral en las elecciones regionales de Venezuela el mes pasado, que la mayor parte de la oposición boicoteó, fue inferior al 15%, lo que ella describió como un desafío masivo al régimen.

Mientras tanto, Trump volvió a endurecer recientemente las sanciones petroleras contra Venezuela.

Aún así, no está claro cuán vulnerable es realmente el régimen de Maduro.

De cualquier manera, Machado y otros defensores venezolanos afirmaron que su plan económico podría elevar la desplomada producción de crudo de Venezuela de menos de un millón de barriles diarios actualmente a 4,7 millones en 15 años, generando ingresos por 420.000 millones de dólares. Insisten en que podría más que triplicar el PIB del país, de poco más de 100.000 millones de dólares actuales a 350.000 millones de dólares para 2040.

Es importante, añaden, que se busque reducir la dependencia históricamente onerosa de Venezuela del petróleo y promover sectores largamente desatendidos, como el turismo, la agricultura y la tecnología.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este viernes a las autoridades iraníes a llegar a un nuevo acuerdo nuclear, advirtiendo que deben hacerlo “antes de que no quede nada” y que aún están a tiempo de “salvar lo que una vez fue conocido como el Imperio Persa”.

El llamado de Trump se produce pocas horas después de una serie de ataques aéreos lanzados por Israel contra objetivos en Irán, en una operación que, según Tel Aviv, apuntó directamente al programa nuclear de Teherán. La administración estadounidense confirmó haber sido informada previamente de la ofensiva, aunque aseguró no haber participado en ella.

Medios iraníes informaron que las explosiones alcanzaron la capital, Teherán, así como la ciudad de Natanz, que alberga una de las instalaciones nucleares más sensibles del país. No obstante, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) indicó que el sitio nuclear de Isfahan no sufrió daños y que no se ha detectado un aumento de los niveles de radiación en Natanz.

Desde su red Truth Social, Trump manifestó: “Le di a Irán oportunidad tras oportunidad para hacer un trato”, y agregó: “Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar del mundo, por mucho. Israel tiene mucho de ese equipo, y mucho más por venir. Y saben cómo usarlo”.

En una escalada de tensiones, medios estatales iraníes reportaron la muerte del comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), Hossein Salam, durante los bombardeos. Por su parte, el Ministerio de Defensa israelí afirmó que la mayoría de la cúpula del IRGC fue eliminada en la operación, aunque estos datos no han podido ser verificados de forma independiente.

Trump advirtió que las circunstancias “solo empeorarán” si no se alcanza un acuerdo, pero insistió en que “aún se puede evitar más derramamiento de sangre”.

Acuerdo nuclear en suspenso

Desde su retorno a la Casa Blanca a principios de año, el presidente Trump ha mantenido una posición firme a favor de negociar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní, luego de que durante su primer mandato retirara a EE.UU. del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), imponiendo duras sanciones económicas a Teherán.

Aunque está previsto un nuevo ciclo de negociaciones entre ambos países este domingo en Omán, medios iraníes citan a funcionarios que aseguran que no asistirán, acusando a Washington de no respetar su derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos.

Líderes internacionales han llamado a la contención ante el riesgo de una escalada mayor en el conflicto entre Irán e Israel, dos potencias regionales enfrentadas cuya rivalidad amenaza con desestabilizar aún más al Medio Oriente, una zona clave para el suministro global de petróleo.

Los mercados financieros ya reaccionan con nerviosismo ante la posibilidad de una guerra regional, con alzas en los precios del crudo y caídas en las bolsas internacionales.

En medio del creciente interés ciudadano por las operaciones de empresas petroleras extranjeras en Venezuela, muchas voces se preguntan: ¿quién decide realmente en esas compañías? ¿Son estatales, privadas, o una mezcla? ¿Responden a intereses nacionales, financieros, o políticos?

Esta nota busca aclarar esas dudas con información clara sobre las cinco principales empresas energéticas europeas con vínculos activos o recientes con el país: ENI (Italia), Repsol (España), Maurel & Prom (Francia), TotalEnergies (Francia) y Equinor (Noruega).

1. ENI – Una petrolera italiana con alma estatal

ENI es una de las mayores empresas energéticas de Europa y mantiene operaciones activas en Venezuela, como el proyecto gasífero costa afuera Cardón IV. Aunque cotiza en bolsa, el Estado italiano posee cerca del 30% de las acciones y, por ley, tiene poder de veto en decisiones estratégicas. Es decir, el gobierno italiano influye directamente en las decisiones clave de la empresa, especialmente cuando se trata de inversiones internacionales sensibles.

2. Repsol – Una multinacional española bajo lógica de mercado

Repsol es una empresa totalmente privada, cotiza en la bolsa de Madrid y no tiene participación estatal directa. Sus decisiones las toma una junta directiva elegida por accionistas, entre los que destacan fondos de inversión globales como BlackRock y Vanguard. La empresa actúa bajo criterios financieros: rentabilidad, riesgo y reputación internacional. En Venezuela es socia en varios proyectos con PDVSA, pero mantiene un bajo perfil desde hace años.

3. Maurel & Prom – Francesa en apariencia, asiática en el fondo

Aunque es una empresa francesa y cotiza en la bolsa de París, Maurel & Prom está controlada en un 71% por Pertamina, la petrolera estatal de Indonesia. Esto significa que las decisiones estratégicas no se toman en París, sino en Yakarta. Su reciente acercamiento a Venezuela no responde a políticas europeas, sino a los intereses del gobierno indonesio a través de su brazo corporativo.

4. TotalEnergies – El gigante francés de capital privado

TotalEnergies es una de las petroleras más grandes del mundo. Al igual que Repsol, es una empresa privada que responde a sus accionistas, mayoritariamente fondos de inversión internacionales. El Estado francés no tiene participación directa. Salió oficialmente de Venezuela en 2021, pero sigue figurando como referencia técnica en la región.

5. Equinor – Noruega marca el rumbo

Equinor es una empresa mixta: el Estado noruego es dueño de más del 67%, aunque también cotiza en bolsa. A diferencia de otros países, la gestión noruega combina eficiencia corporativa con fuerte control público, lo que asegura que sus decisiones internacionales estén alineadas con la política energética nacional y altos estándares de transparencia. Su actividad en Venezuela ha sido limitada en los últimos años, especialmente en exploración de gas.

¿Qué significa que una empresa cotiza en bolsa?

Cuando decimos que una empresa “cotiza en bolsa” significa que sus acciones pueden comprarse y venderse públicamente en mercados financieros como la Bolsa de Nueva York (NYSE), la Bolsa de Madrid o Euronext París. Es decir, cualquier persona o fondo de inversión puede convertirse en accionista de esa empresa comprando acciones en el mercado.

¿Por qué lo hacen? ¿Es una forma de financiarse?

Sí. Cotizar en bolsa es una forma de financiamiento. Las empresas venden parte de su propiedad (acciones) al público para obtener recursos que pueden usar para:

Invertir en nuevos proyectos (por ejemplo, exploración de petróleo)
Comprar otras compañías
Cancelar deudas
Financiar investigación o infraestructura

En vez de pedir prestado al banco, venden acciones y se capitalizan. Esto les permite crecer más rápido, pero también las somete a mayor escrutinio.

¿Cotizar en bolsa obliga a ser más transparente?

Absolutamente. Las empresas que cotizan en bolsa están obligadas por ley a:

Publicar sus resultados financieros trimestralmente y anualmente
Informar cualquier hecho relevante que pueda afectar el valor de sus acciones (por ejemplo, un contrato en Venezuela, una sanción, una fusión)
Permitir auditorías independientes
Responder a los accionistas en asambleas y juntas
Cumplir normas internacionales de gobierno corporativo y ética empresarial

Esto no significa que sean infalibles ni incorruptibles, pero sí están bajo constante vigilancia de reguladores, inversionistas, medios, analistas y calificadoras de riesgo.

¿Y si el Estado es dueño parcial, como en ENI o Equinor?

Incluso en esos casos, el hecho de cotizar en bolsa impone un mínimo de transparencia y rendición de cuentas. Aunque el Estado tenga mayoría, debe actuar como cualquier otro accionista responsable: explicar sus decisiones, someterlas a votación, y rendir cuentas a los mercados.

Cotizar en bolsa es una forma de obtener dinero, pero a cambio, las empresas se someten a reglas estrictas de transparencia, reporte y control público. En contextos como Venezuela, esto explica por qué muchas de estas empresas europeas avanzan con cautela: cualquier decisión puede tener consecuencias legales, reputacionales o financieras en sus países de origen.

¿Qué significa esto para Venezuela?

Este panorama permite entender que no todas las petroleras extranjeras actúan bajo las mismas reglas. Algunas responden a gobiernos (como ENI, Equinor o Maurel & Prom vía Pertamina), mientras que otras responden a fondos financieros globales (como Repsol y TotalEnergies). Por tanto, las decisiones de inversión en Venezuela no se toman solo con lógica empresarial, sino también política, reputacional y geoestratégica.

Comprender esta estructura es clave para que la ciudadanía, los trabajadores petroleros y los responsables de políticas públicas en Venezuela tengan una visión realista sobre los límites y posibilidades de una reactivación petrolera con participación extranjera.

El pasado 11 de junio, la Unión Europea anunció la inclusión de Venezuela entre las jurisdicciones con alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Aunque la medida no conlleva sanciones directas, sí tiene efectos inmediatos en la operativa financiera internacional del país, afectando tanto al régimen de Nicolás Maduro como al sector privado. Pero más allá de las consecuencias, la pregunta clave es: ¿quién es responsable de esta clasificación?

No es una sorpresa, es el resultado

La decisión de Bruselas no es un acto arbitrario ni un simple gesto diplomático. Es el resultado de una evaluación técnica rigurosa, basada en los criterios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que examina la eficacia de las políticas contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la cooperación internacional.

En el caso de Venezuela, el veredicto fue claro: el país no cumple con los estándares mínimos y muestra un patrón de inacción, encubrimiento y permisividad estructural ante flujos financieros de origen ilícito.

¿Por qué se responsabiliza al régimen?

Porque el lavado de dinero no ocurre en el vacío: requiere una red institucional débil, capturada o complaciente, y eso es precisamente lo que existe hoy en Venezuela.

El Ejecutivo y su opacidad sistémica
- Bajo el mando de Nicolás Maduro, el Estado ha promovido una economía paralela sustentada en el contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción.
- Empresas estatales como PDVSA han sido señaladas en múltiples jurisdicciones por operar con estructuras financieras opacas.
Instituciones supervisoras inoperantes
- La SUDEBAN, encargada de supervisar el sistema financiero, carece de independencia y no investiga operaciones sospechosas vinculadas al poder.
- La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) no cumple un rol activo en la identificación de flujos ilícitos ni coopera efectivamente con sus pares internacionales.
El Banco Central de Venezuela (BCV)
- Lejos de ser un garante de la integridad financiera, ha sido instrumentalizado para legalizar operaciones opacas, incluso mediante la emisión de bonos o el uso de criptomonedas sin trazabilidad clara.
La justicia como cómplice
- No existen investigaciones serias ni condenas ejemplares por lavado de dinero. Las estructuras judiciales han sido utilizadas para proteger a los aliados del régimen y perseguir a adversarios políticos.

Impacto directo: más aislamiento financiero

La decisión de la UE obliga a los bancos europeos a aplicar diligencia reforzada en cualquier operación con Venezuela. Eso significa más obstáculos para transferencias, inversiones, importaciones y alianzas comerciales. Las entidades bancarias evitan el riesgo reputacional y operativo que conlleva trabajar con países incluidos en esta lista.

Para el régimen, esto implica más dificultades para triangular fondos, abrir cuentas en el extranjero o comercializar petróleo. Para los actores privados, incluso aquellos transparentes, se traducirá en costos mayores, rechazos de operaciones y aislamiento financiero injusto.

No es culpa del sector privado

Cabe destacar que el empresariado venezolano —particularmente el independiente— no es responsable de esta situación. Es víctima colateral de un sistema diseñado para privilegiar al capital político y castigar al que intenta sobrevivir con integridad.

El verdadero responsable es el Estado venezolano y su red de instituciones colapsadas, incapaces de garantizar un entorno financiero sano y creíble ante la comunidad internacional.

¿Hay salida?

Sí, pero no sin una transformación institucional profunda. La reinstitucionalización de Venezuela pasa por:

Restaurar la independencia de los entes supervisores.
Alinear el marco legal con los estándares del GAFI.
Sancionar ejemplarmente a los responsables del lavado público y privado.
Cooperar de buena fe con organismos multilaterales.

Solo así podrá Venezuela salir de las listas negras y volver a insertarse con normalidad en el sistema financiero internacional.

Ver también:

La Unión Europea incluye a Venezuela y a otros 9 países en la lista de ‘alto riesgo’ de lavado de activos

El Colegio de Médicos del estado Guárico ha alertado sobre un alarmante aumento en los accidentes de tránsito que involucran a motociclistas en la región, a pesar de la falta de estadísticas oficiales.

Según sus registros, más del 80% de los pacientes que ingresan a los centros de salud por esta causa se trasladaban en motocicletas, a menudo circulando sin respetar las señalizaciones viales, reseña Radio Fe y Alegría

El Dr. Douglas González, secretario de Finanzas del Colegio de Médicos de Guárico y especialista en Medicina Vial, señaló que los servicios de Traumatología de los hospitales no cuentan con los materiales necesarios para operar a los pacientes con fracturas. «Vemos un repunte de accidentes de tránsito, especialmente en motorizados. En los servicios de Traumatología, más del 80% son de accidentes de motos», afirmó González.

La escasez de material médico-quirúrgico obliga a los pacientes a buscar fondos por sus propios medios, a través de rifas o la ayuda de vecinos y amigos, para adquirir los insumos necesarios para sus tratamientos y operaciones. «No hay material médico quirúrgico. Desafortunadamente, los pacientes tienen que recurrir a hacer rifas, a vecinos y amigos para poder comprar el material», lamentó el Dr. González, haciendo un llamado al Gobierno para que invierta en salud y prevención.

Jóvenes, los más afectados y el «peregrinar» para la atención médica

Las estadísticas extraoficiales indican que la mayoría de las víctimas de estos accidentes, ya sean heridos leves o graves, son jóvenes menores de 40 años.

Enrique Castro, un joven de 30 años que sufrió una fractura de pierna en un accidente de moto, compartió su experiencia sobre las dificultades que enfrentan los pacientes. Relató que, tras un accidente, los centros de salud solicitan de inmediato exámenes como radiografías, cuyo costo puede oscilar entre 5 y 10 dólares, ya que los servicios gratuitos son inexistentes en San Juan de los Morros.

Una vez diagnosticada una fractura, el camino hacia la operación es largo y costoso. Los exámenes preoperatorios pueden superar los 50 dólares, incluyendo laboratorios (15 dólares), electrocardiogramas (10 dólares) y valoraciones cardiovasculares y pre-anestésicas con especialistas, cuyas consultas pueden sumar hasta 30 dólares.

El costo del material para la operación, como clavos o platinas, varía entre 600 y 1.200 dólares, mientras que los tutores externos pueden llegar a costar entre 1.500 y 3.200 dólares. Castro lamentó que muchos pacientes no pueden afrontar estos gastos, lo que los obliga a regresar a sus hogares sin ser intervenidos, con el riesgo de sufrir discapacidades permanentes.

Cifras nacionales confirman la tendencia

Estos hallazgos en Guárico concuerdan con los datos del Observatorio de Seguridad Vial (OSV) de la ONG Paz Activa, que reportó 127 fallecidos por accidentes de tránsito en Venezuela solo en enero de 2025. El informe del OSV destaca que los motociclistas son consistentemente el grupo más afectado en la categoría de fallecidos en accidentes viales en el país.

El Dr. Douglas González instó a las autoridades a tomar medidas urgentes de prevención en materia de tránsito para frenar esta preocupante situación.

Por Elias Ferrer en Guacamaya

Recientemente se filtró una supuesta lista de empresas que firmaron contratos de participación productiva (CPP) con PDVSA. También se ha hablado de un papel cada vez mayor de las empresas chinas en Venezuela a medida que se intensifican las sanciones estadounidenses .

El gobierno venezolano también ha hecho grandes anuncios de inversiones y visitas oficiales de compañías petroleras extranjeras. Entre ellas se encuentran la Corporación Petrolera Turca (TPAO), el Grupo TNG de Rusia y la nigeriana Oranto Petroleum . Mientras tanto, el activista político Iván Freites afirma en redes sociales que «China está tomando el control de PDVSA».

Pero ¿qué sabemos realmente sobre los acuerdos e inversiones más recientes en el sector de hidrocarburos venezolano? A través de Orinoco Research , solo ha sido posible confirmar o desmentir parte de esta información. Gran parte de la industria opera en la oscuridad, amparada por la Ley Antibloqueo.

¿Qué es el CPP? ¿Qué lista?

El CPP es un acuerdo de producción compartida (PSA) que permite a los inversionistas privados adquirir barriles de crudo —hasta el 55 % en algunos casos— como pago por operaciones y servicios en yacimientos petrolíferos. También incorpora otros elementos, como la responsabilidad del inversionista privado por la compra de bienes y servicios.

El CPP nació con la Ley Antibloqueo de 2020, creada por la Asamblea Nacional Constituyente para responder a las sanciones económicas de Estados Unidos. En este caso, crea un acuerdo de producción petrolera mucho más rentable que el modelo principal en Venezuela, la empresa mixta, en la que PDVSA debe ser el socio mayoritario.

Este marco «predeterminado» se volvió poco rentable en muchos casos, especialmente con la incorporación de impuestos especiales. Por ello, se crearon los contratos de participación en el capital (CPP) y otros contratos de servicios, así como el formato de empresa conjunta conocido como el «modelo Chevron».

Pasemos a la lista. El plan filtrado incluye nueve empresas que, según fuentes de la empresa estatal venezolana, habrían firmado contratos de compraventa de crudo (CPP). En total, los 13 proyectos apuntarían a alcanzar una producción de 890.000 barriles diarios (BPD), con una inversión de capital de 32.000 millones de dólares. Esto podría representar la mayor parte de los cálculos del ministro de Industria y presidente del Centro Internacional para la Inversión Productiva (CIIP), Alex Saab, de que ya hay 52.000 millones de dólares en «inversiones inmovilizadas».

Los proyectos están distribuidos en dos de los yacimientos de hidrocarburos más grandes del mundo: la cuenca del Lago de Maracaibo, en el occidente del país; y la Faja Petrolífera del Orinoco, al este.

Aunque la industria petrolera se ha centrado históricamente en el Lago de Maracaibo, la mayor parte de las reservas de crudo de Venezuela se encuentran en la Faja Petrolífera, que recorre la ribera norte del río Orinoco y abarca los estados de Guárico, Anzoátegui y Monagas. Con 258 mil millones de barriles de crudo, es comparable a las Arenas Petrolíferas de Athabasca en Canadá.

“Maduro está entregando PDVSA a los chinos”

La empresa más mencionada en los medios ha sido China Concord Petroleum. Con sede en Hong Kong, ya ha sido sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus negocios con Irán. Según informes, ha acordado operar dos bloques en el Lago de Maracaibo, que se solaparían parcialmente con la empresa conjunta Petrolera Bielovenezolana. Como su nombre indica, se trata de una sociedad —ahora inactiva— entre PDVSA y Belorusneft.

También existen informes extraoficiales de que China Concord presta servicios al Centro de Refinación de Paraguaná, el complejo con la segunda mayor capacidad instalada del mundo. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

Según se informa, Anhui Guangda Mining Investment Co., una empresa de China continental, también ha firmado un contrato de compraventa de activos (CPP) para el bloque Ayacucho 2. En la Faja del Orinoco, este sería un proyecto totalmente nuevo, a diferencia de otros en los que los inversores privados se benefician de la infraestructura ya existente.

Según el sitio web de la compañía, su presidente, Zhang Daofu, se reunió con el entonces ministro de Petróleo de Venezuela, Pedro Rafael Tellechea, en enero de 2024.

Según fuentes no oficiales, Kerui Petroleum también firmó un memorando de entendimiento con PDVSA. Sin embargo, no hay información de que esta empresa haya logrado avances. Kerui prestó servicios a pozos en el Lago de Maracaibo en 2016.

Los inversores norteamericanos y sus apuestas, además de Chevron

En abril de 2024, LNG Energy Group anunció la firma de contratos de compraventa de crudo (CPP) para operar dos bloques en la Faja Petrolífera del Orinoco: Nipa-Nardo-Niebla y Budare-Elotes. Sin embargo, la compañía añadió que sus operaciones solo podrían realizarse con la autorización de la OFAC.

LNG Energy es una empresa que produce principalmente hidrocarburos en Colombia, aunque cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) de Canadá. Es común que las empresas mineras y de hidrocarburos tengan su sede financiera en Canadá, donde encuentran un entorno favorable.

North American Blue Energy Partners (NABEP) está afiliada a Global Oil, empresa propiedad del magnate floridano Harry Sargeant III. Según informes, ha logrado aumentar la producción en Petrozamora, en el Lago de Maracaibo, de 25.000 barriles diarios a principios de 2024 a más de 55.000 este año.

Este año, según se informa, inició nuevas operaciones en Junín Sur y Petrocedeño, en la Faja. Este último proyecto incluye uno de los cuatro mejoradores de crudo de Venezuela, ahora el único que opera junto con Petropiar, una empresa conjunta entre Chevron y PDVSA.

Se desconoce el destino de las operaciones de NABEP en Venezuela después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos cancelara todas las licencias, así como las de otras empresas occidentales.

También existe un caso en el mundo de las empresas conjuntas: Amos Global Energy, empresa propiedad de Ali Moshiri, expresidente de Chevron África y Latinoamérica. Paradójicamente, una empresa estadounidense, junto con el fondo Gramercy, firmó la compra del 32% de la participación de la estatal china Sinopec en Petroparia. Sin embargo, como era de esperar, necesitan la autorización de la OFAC para iniciar operaciones en Venezuela.

Petoparia es un proyecto offshore en la región del Golfo de Paria, como su nombre indica, cerca de la isla de Trinidad. Se proyecta que se asiente sobre importantes reservas de petróleo y gas. También es adyacente a las empresas conjuntas Petrosucre y Petrogüiria, en las que, según se informa, Amos Global Energy también está interesada.

Pequeñas empresas, más o menos desconocidas

La lista de empresas que han firmado contratos CPP o similares incluye a otras compañías relativamente pequeñas del mundo petrolero, en gran parte desconocidas para el gran público, en contraste con gigantes como Chevron o Repsol.

La más conocida es Aldyl Argentina, con presencia en Vaca Muerta, en su país de origen. Según informes, firmó un acuerdo para el campo Morichal en la Faja del Orinoco. La producción de dicho campo ha aumentado de 45.000 a 65.000 barriles diarios en el último año, aunque se desconoce en qué medida esto se debe a las propias iniciativas de PDVSA o a acuerdos de producción compartida.

También figuran en la lista el Consorcio Alvarado & Cladoca (Brasil); Miller Energy Trading (Turquía); Accumes Holdings (Suiza); y Vulcan Energy Technology (Alemania y Australia). Esta información, proporcionada en la lista, no ha sido confirmada.

La empresa militar Camimpeg también tendría un acuerdo de servicios para el campo Ambrosio, en el occidente del país. A su vez, forma parte de una empresa conjunta con la anglo-francesa Perenco, que, a pesar de ser accionista, ya no opera en Venezuela.

New Stratus Energy: Entrada y salida en menos de un año

En 2024, José Francisco Arata, exejecutivo de PDVSA, incorporó a New Stratus Energy (NSE) a una empresa conjunta en Venezuela. La firma adquirió el 50% de GoldPillar International Fund, propiedad del empresario italiano Francisco Favilla, quien facilitó la operación. Favilla también recibió una comisión de búsqueda de 8,5 millones de dólares.

Goldpillar, a su vez, se convirtió en socio de PDVSA con una participación del 40% en Petrolera Vencupet, una empresa mixta creada inicialmente con la petrolera estatal cubana CUPET.

A finales de 2024, este proyecto se canceló. En un comunicado de prensa, NSE alegó que las razones fueron: «La imposibilidad de recuperar el capital invertido según los acuerdos contractuales originales; el deterioro del clima de inversión para los inversores extranjeros en Venezuela; la cancelación de todas las licencias extranjeras por parte de la Administración Trump; y la disponibilidad de oportunidades de inversión alternativas consideradas más viables y estratégicamente alineadas con los objetivos de la Corporación, específicamente el Bloque 60 en Ecuador».

¿Qué pasa con la cooperación “Sur-Sur”?

¿Qué pasó con las empresas mencionadas? TPAO de Turquía, TNG de Rusia y Oranto de Nigeria. Lo cierto es que es común que se anuncien grandes acuerdos con empresas extranjeras, principalmente de países aliados, sin que se materialicen inversiones. También se ha hablado de la petrolera estatal iraní, que aún no ha incursionado en la exploración y producción de Venezuela, a pesar de la amplia cooperación entre Teherán y Caracas.

Por otro lado, el capital que llega a Venezuela suele hacerlo discretamente. Algunos de los proyectos mencionados en esa famosa lista ya están en marcha, mientras que los inversionistas han logrado producir y vender los primeros barriles.

Por Miguel Henrique Otero

En el corazón de la democracia española se está librando una batalla silenciosa que pocos quieren ver y menos aún quieren contar. Mientras Telefónica ejecuta una política sistemática de censura en Venezuela, bloqueando medios críticos al régimen de Maduro, la mayoría de los medios de comunicación españoles han elegido el silencio más ensordecedor: el de la complicidad económica.

No es casualidad que esta historia permanezca en las sombras mediáticas. Telefónica no es solo una empresa de telecomunicaciones; es uno de los mayores anunciantes de España, un gigante cuya cartera publicitaria puede hacer la diferencia entre la supervivencia y la quiebra de muchos medios. Esta dependencia económica ha creado una forma de autocensura tan sutil como devastadora: los medios evitan morder la mano que los alimenta.

La lógica es cruel pero simple: ¿para qué arriesgar millones en contratos publicitarios por informar sobre las prácticas cuestionables del anunciante en un país lejano? Es más rentable y cómodo mirar hacia otro lado mientras se facturan las campañas publicitarias. Esta ecuación perversa del poder ha convertido el dinero en el verdadero editor de muchas redacciones. Telefónica es uno de los mayores anunciantes de España, lo que crea una dependencia económica que silencia la cobertura crítica. Los medios prefieren proteger sus ingresos publicitarios antes que cumplir su función informativa.

Lo que presenciamos es algo más grave que simple autocensura: es la censura de la información sobre la censura. Según datos recientes, en Venezuela están bloqueados más de 60 sitios web, incluidos ocho medios de comunicación. La censura en internet rozó el bloqueo total de servicios antes de las elecciones en Venezuela, y sin embargo, la mayoría de medios españoles han ignorado esta realidad sistemática. Mientras Telefónica bloquea medios venezolanos como El Nacional y medios internacionales como NTN24 y CNN, los medios españoles prefieren ignorar esta realidad. Se ha institucionalizado una complicidad que perpetúa el silencio y traiciona los principios fundamentales del periodismo.

Cada medio bloqueado en Venezuela representa familias sin sustento, profesionales silenciados y la muerte de empresas informativas independientes. Cada sitio web que se cierra es un trabajador venezolano en la calle, cada bloqueo es una empresa que muere, cada censura es una familia sin sustento. Desde El Nacional de Venezuela se ha denunciado públicamente a Murtra y a Telefónica por «censurar» la señal del periódico, pero esta realidad no encuentra eco en medios que dependen económicamente de quien ejecuta esa censura. Pero esta tragedia humana no encuentra eco en medios que priorizan sus balances financieros sobre su responsabilidad social. Es obsceno que mientras Telefónica reporta beneficios récord y anuncia inversiones de 500 millones de dólares en Venezuela, esté simultáneamente destruyendo el tejido informativo independiente del país.

Esta autocensura tiene consecuencias que trascienden las fronteras venezolanas. Para el periodismo español, significa la erosión de su credibilidad y el compromiso de su independencia editorial. Los medios se convierten en rehenes de sus anunciantes más poderosos, perdiendo su función esencial de fiscalizar el poder. Para la democracia, el impacto es aún más grave. La información es el oxígeno de la democracia, y cuando los medios se autocensuran por intereses comerciales, la ciudadanía pierde acceso a información crítica para formar su opinión.

El silencio ante la censura de Telefónica en Venezuela revela una crisis profunda de valores en el periodismo español. Se ha normalizado el conflicto de intereses y se ha institucionalizado la dependencia económica como excusa para la inacción informativa. Los medios han olvidado que su función es informar, investigar y fiscalizar el poder, no convertirse en cómplices silenciosos de quienes lo ejercen de manera cuestionable.

No existe neutralidad ante la censura. Quien calla ante la violación de la libertad de expresión se convierte, por omisión, en cómplice. Los medios que han elegido ignorar esta historia no son neutrales; son parte del problema que perpetúa la impunidad de las grandes corporaciones. Marc Murtra, el nuevo presidente de Telefónica, heredó la complicidad de José María Álvarez-Pallete con la dictadura de Maduro y la ratifica conscientemente, convirtiéndose en aliado del régimen. Tanto Álvarez-Pallete como Murtra han sido y son cómplices de la dictadura de Maduro, facilitando la censura sistemática que silencia voces independientes y perpetúa la represión informativa.

Lo que sucede hoy en Venezuela con Telefónica puede ocurrir mañana en cualquier lugar. La censura corporativa no conoce fronteras, y el silencio mediático actual sienta un precedente peligroso: las empresas pueden violar derechos fundamentales sin temor a la cobertura mediática, siempre que mantengan su poder económico sobre los medios. Este precedente es especialmente preocupante en un momento en que Telefónica considera expandir su poder con la compra de Vodafone España.

Aquí es donde el gremio periodístico debe asumir su responsabilidad histórica. Los colegios profesionales, las asociaciones de periodistas y los sindicatos del sector tienen la obligación moral de alzar la voz cuando sus colegas son silenciados, independientemente de las fronteras geográficas. La solidaridad profesional no puede estar condicionada por los intereses comerciales de las empresas mediáticas. Cuando un periodista venezolano pierde su trabajo por la censura de Telefónica, todo el gremio periodístico español debería sentirse atacado.

La lucha por la libertad de expresión no es una causa individual; es una batalla colectiva que requiere la unión de todos los profesionales de la información. El gremio debe presionar a los medios para que cumplan con su función social, debe exigir transparencia en las decisiones editoriales condicionadas por intereses publicitarios, y debe defender públicamente a los colegas que son víctimas de la censura corporativa.

Es inadmisible que las organizaciones profesionales del periodismo español permanezcan en silencio mientras se viola sistemáticamente la libertad de expresión con la complicidad de una empresa española. Su silencio convierte a todo el gremio en cómplice pasivo de esta traición a los valores fundamentales del periodismo.

Los periodistas que conocen esta historia y callan por presiones empresariales deben recordar por qué eligieron esta profesión. Los directivos de medios que anteponen los beneficios publicitarios a la verdad informativa están traicionando no solo a sus audiencias, sino a la democracia misma.

Hice una denuncia a través de un video y una nota de prensa donde señalé que «no hay diferencia moral entre quien ordena silenciar y quien ejecuta el silencio», y me ha impresionado y a la vez asustado el silencio de muchos medios españoles que no la registraron. No puedo comprender esta traición hacia la libertad de expresión. Este silencio revela una crisis que va más allá de la autocensura: es la muerte de la solidaridad profesional y el triunfo del dinero sobre los principios.

Es hora de que los medios de comunicación españoles asuman su responsabilidad y revelen a sus audiencias las fuentes de su financiación publicitaria. Deben explicar por qué ciertas historias no se cubren y reconocer cuándo sus intereses comerciales entran en conflicto con su deber informativo. La transparencia debe ser bidireccional: no solo exigirla a los poderosos, sino también aplicarla internamente.

El silencio de los medios ante la censura de Telefónica en Venezuela no es solo una omisión informativa; es una traición a los principios fundamentales del periodismo. Es tiempo de que los medios españoles decidan si quieren ser parte de la solución o continuar siendo parte del problema. La libertad de prensa no puede comprarse con campañas publicitarias ni silenciarse con contratos comerciales.

Cada día de silencio es un día más de complicidad. Cada noticia no publicada es una victoria para la censura. Es hora de que los medios españoles rompan las cadenas de su dependencia económica y recuperen su verdadera función social. Pero también es hora de que el gremio periodístico español demuestre que la libertad de expresión es un valor innegociable que trasciende fronteras e intereses comerciales.

La libertad de expresión no se negocia, y la complicidad empresarial no se perdona. Es hora de hablar, antes de que sea demasiado tarde para todos. Hago con este artículo un llamado a la lucha por la libertad de expresión: ninguna cuenta comercial puede amordazar al periodismo, que es esencial para la democracia. El silencio ya no es una opción.

Johnny Cecotto es, sin duda, una leyenda venezolana en el mundo del automovilismo, habiendo logrado un éxito significativo en múltiples disciplinas. Su carrera está marcada por un talento notable tanto en dos como en cuatro ruedas.

Motociclismo

Cecotto se hizo famoso internacionalmente en el motociclismo, convirtiéndose en un prodigio adolescente. En 1975, con solo 19 años, se convirtió en el campeón mundial de motociclismo de velocidad más joven, al ganar el título de 350cc y destronar al legendario Giacomo Agostini. Continuó su éxito en dos ruedas, ganando otro título mundial en 1978 en la categoría de 750cc. A lo largo de su carrera en motociclismo, acumuló 17 victorias en Grandes Premios y demostró una velocidad excepcional, particularmente evidente en sus 12 poles en 27 salidas en la categoría de 500cc.

Fórmula 1

Después de una exitosa carrera en motociclismo, Cecotto hizo la transición a las carreras de coches a principios de los años 80. Rápidamente impresionó en la Fórmula 2, terminando como subcampeón en el Campeonato Europeo de Fórmula Dos de 1982. Su rendimiento le valió un asiento en la Fórmula 1, debutando en 1983 con el equipo Theodore Racing. Tuvo un comienzo prometedor, logrando un sexto lugar en solo su segunda carrera. Para la temporada de 1984, se unió al equipo Toleman Racing, convirtiéndose en compañero de equipo de nada menos que Ayrton Senna. Desafortunadamente, su carrera en la Fórmula 1 se vio truncada debido a un grave accidente durante la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña en 1984, que le causó fracturas en ambas piernas.

Carreras de Turismos y Más Allá

A pesar de la lesión que puso fin a su carrera en la Fórmula 1, Cecotto hizo un notable regreso en las carreras de turismos, donde construyó otra carrera de gran éxito. Se convirtió en varias veces campeón en diversas series de turismos, destacando al ganar el Campeonato Alemán de Superturismos en 1994 y nuevamente en 1998 con BMW. También logró victorias en prestigiosas carreras de resistencia como las 24 Horas de Spa (1990) y las 24 Horas de Nürburgring (1992).

La capacidad de Johnny Cecotto para competir y ganar al más alto nivel en diversas formas de automovilismo consolida verdaderamente su estatus como una leyenda venezolana.

Detalles Personales de Johnny Cecotto

Johnny Cecotto, cuyo nombre completo es Alberto «Johnny» Cecotto, nació el 25 de enero de 1956 en Caracas, Venezuela. Su historia es un claro ejemplo del crisol cultural venezolano, ya que es hijo de inmigrantes italianos. Su padre, Giovanni Cecotto, era propietario de talleres mecánicos, un entorno que sin duda influyó en la temprana pasión de Johnny por el automovilismo. Desde muy joven, Johnny pasaba sus días en el taller, lo que le permitió familiarizarse con la mecánica y desarrollar un instinto natural para las máquinas.

Esta herencia y su ambiente familiar le proporcionaron una base sólida para su futura carrera, incluso preparándose él mismo sus motos en los inicios. La mezcla de la cultura venezolana y la disciplina de sus raíces italianas se manifestó en su determinación y talento en las pistas.

Cecotto es además padre de Johnny Cecotto Jr. y Jonathan Alberto Cecotto, quienes también han seguido sus pasos en el automovilismo, extendiendo así el legado familiar en el mundo de las carreras.

Vea a continuación el minidocumental realizado por Bolas y Ruedas, un canal en YouTube especializado en historia del deporte y deportes del motor

Panamá, Jamaica y Emiratos Árabes fueron retirados de la lista de vigilancia financiera.

La Comisión Europea actualizó este martes su lista de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, incluyendo a diez nuevos países, entre ellos Venezuela y Mónaco, dos casos con implicaciones políticas y económicas de alto perfil. En contraste, Panamá, Jamaica y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) fueron retirados del listado tras haber mostrado mejoras regulatorias, según las autoridades europeas.

La inclusión implica un mayor nivel de escrutinio para las transacciones financieras que involucren a estos países dentro del sistema bancario y empresarial europeo. La medida no supone sanciones directas, pero eleva los controles de diligencia debida que deben aplicar bancos y empresas en la UE cuando operan con estas jurisdicciones.

¿Qué significa estar en la lista?

Las jurisdicciones designadas como “de alto riesgo” son aquellas que, según la evaluación europea, presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas para prevenir el lavado de dinero, la evasión fiscal o la financiación del terrorismo. Estas listas se alinean, en parte, con las del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), aunque la UE mantiene su propia herramienta jurídica adaptada a su marco regulatorio.

La lista completa de los 10 países vinculados a la lista de riesgo de lavado de activos

Argelia
Angola
Costa de Marfil
Kenia
Laos
Líbano
Mónaco
Namibia
Nepal
Venezuela

Entre los nuevos países incorporados figuran Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela. En el caso venezolano, la medida refleja una creciente preocupación sobre el uso del sistema financiero del país para el blanqueo de capitales, en un contexto marcado por sanciones internacionales, informalidad económica y falta de transparencia institucional.

Mónaco, tradicionalmente señalado por su baja fiscalidad y secretismo bancario, vuelve a estar bajo la lupa tras años de presión para mejorar su normativa.

Panamá logra salir del listado europeo

Uno de los aspectos más relevantes para América Latina es la salida de Panamá, que había sido incluida en 2020 tras los escándalos de los «Panama Papers». La UE reconoció avances regulatorios y de supervisión, aunque el país centroamericano sigue figurando en algunas listas del GAFI. La exclusión representa un alivio importante para su sector financiero y su imagen internacional, aunque aún persisten desafíos estructurales.

Implicaciones regionales

Para Venezuela, la decisión podría complicar aún más el acceso a financiamiento internacional, el uso de corresponsalías bancarias y las operaciones de empresas con vínculos comerciales en Europa. También podría afectar a ciudadanos y empresas latinoamericanas que operan con entidades radicadas en los países listados, al incrementarse los requisitos de comprobación de origen de fondos.

La inclusión en esta lista también tiene efectos indirectos sobre la percepción de riesgo-país, lo que influye en las decisiones de inversión, seguros y transferencias internacionales.

Próximos pasos

La lista, que forma parte del reglamento europeo contra el lavado de dinero, se actualiza periódicamente en función de informes del GAFI, evaluaciones del Servicio Europeo de Acción Exterior y análisis de la Comisión. El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE tienen ahora un mes —prorrogable— para objetar la decisión antes de que entre en vigor.

Vía Infobae

Familiares de ocho pescadores detenidos en La Guaira, en la costa venezolana, están indignados porque los están acusando de narcotraficantes por la incautación de un cargamento de cocaína. Dijeron que fueron los pescadores quienes informaron a las autoridades de los paquetes parcialmente quemados con la droga.

Ahora los acusan de traficar mil 564.52 kilos de cocaína. Así lo dieron a conocer pescadores del muelle La Zorra, amigos y familiares de los detenidos, en conversación con Infobae, quienes agregaron que el sábado 7 de junio, a las 11 de la mañana, una comisión de la Guardia Nacional fue a buscar a los pescadores que están detenidos.

“No solo fueron esos paquetes, en el lugar también había restos de lo que parece fuselaje de un avión”, por lo que presumen que pudiera ser una aeronave la que transportaba el cargamento de narcóticos. “También pudo ser una lancha, de las que pasan bastante por ahí llevando droga y no pudo seguir con el cargamento”, expresa un periodista que habló con pescadores del muelle La Zorra.

Los ocho pescadores detenidos son: Brayan Bello, Gabriel Jesús León, Pedro Jesús Urbaes, Marcos González, Carlos José Hernández, Hernando Valera, José Piñango y AAA, quien es menor de edad. “El error fue agarrar los paquetes y subirlos a las embarcaciones de pesca, creyendo que harían un favor y por eso los llevaron hasta tierra firme. Esos son muchachos trabajadores, no son ningunos narcotraficantes”, le dicen a Infobae.

Una joven, asegura que “ellos cuando encontraron la droga, la entregaron a las autoridades, entonces ¿por qué se los llevan presos? Todo el pueblo sabía de ese caso, porque no era ningún secreto, nadie estaba escondiendo nada y por eso los voceros y jefes de calle, salieron a pronunciarse”. Relata que temen por las presiones que han recibido de hacer silencio, desde que el sábado, al concentrarse en el muelle La Zorra, hablaron con periodistas que se acercaron al lugar.

Una de las mujeres dijo, en uno de los videos, que “somos chavistas, honestos y trabajadores”, al manifestar sentirse preocupados por lo que suceda con los ocho detenidos en La Guaira, dice mientras pide ayuda a Nicolás Maduro, a la Fiscalía y a Diosdado Cabello.

Fue a 30 millas Desde el Comando de Guardacostas de Armada Bolivariana, el Superintendente Nacional Antidrogas, MG (GNB) Danny Ramón Ferrer Sandrea, salió inmediatamente a decir que los ocho lancheros fueron detenidos a 30 millas (unos 48 kilómetros) del muelle La Zorra, al norte del estado La Guaira, y que tenían un cargamento de 1.564 kilogramos que podría ser cocaína. Ferrer, quien dijo cumplir instrucciones del ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, aseveró que la incautación de la cocaína se logró gracias a un “excelente procedimiento, resultado de esta fusión popular militar y policial”, sin mencionar que los pescadores fueron quienes entregaron el narcótico a las autoridades.

El Superintendente Antidrogas agregó que además de las ocho personas detenidas, incautaron tres embarcaciones “con equipos de navegación y comunicación”, asegurando que “al ser descubiertos, los traficantes intentaron incendiar las embarcaciones para eliminar la evidencia”. Dio como versión que cuando la tripulación de una de las embarcaciones interceptadas “a 30 millas náuticas” al norte de La Guaira “se vio acorralada por las autoridades procedieron a incendiar esta embarcación para tratar de eliminar las evidencias que allí se encontraban”.

El Superintendente asegura que “gracias a una rápida y coordinada acción de los organismos de seguridad, se logró la intercepción de las naves y el descubrimiento del importante cargamento de cocaína”. Los pescadores del muelle La Zorra desmienten al MG Ferrer Sandrea.

En el sitio equivocado Mery Urbáez, hermana del pescador Pedro Urbáez, quien había salido ese día, muy temprano, a la pesca en su lancha La Elisa, le dijo al diario La Verdad de Vargas, que su hermano “es un muchacho trabajador, un padre de familia y no sabemos dónde lo tienen”. Otro familiar de los detenidos agregó que “ellos estaban faenando quizás en el sitio equivocado, a la hora equivocada”.

Un joven pescador relata que todos los días salen a “la faena de pesca” y cuando ocurrió el hecho que deriva en ocho detenidos no se ajusta a lo dicho por las autoridades, en lo que al lugar de donde supuestamente incautaron la droga, que según el MG Ferrer Sandrea fue a 30 millas del muelle. Las condiciones de las embarcaciones de los pescadores no dan para ubicarse tan distante de la costa, por lo que el joven asegura que sus “compañeros estaban faenando a una altura de 9 millas”, agregando que “es imposible que esas coordenadas concuerden”.

Explica que “nuestros pescadores” salen todos los días al mar solo un tanque de combustible, además que “algunos motores no están en buenas condiciones”, solo tres de ellas lo están. En medio de un grupo de personas, familiares y amigos de los detenidos, pide que se investigue lo que realmente sucedió, porque no es “agarrar a tres pescadores, los implican, los meten presos y no ha pasado nada”.

Se mostró indignado porque “no puede ser posible que ya ni siquiera dignamente honestamente podamos salir a faenar porque nos encontramos con esta situación tan vergonzosa”, aseverando que los pescadores del puerto de La Zorra nunca se habían visto envueltos en un problema así. Recordó que en la zona hay pruebas que demuestran la inocencia de los pescadores detenidos. “Hay video hay zarpe, donde las lanchas salen a una hora, hay cámaras de seguridad en nuestro muelle”, dijo agregando “no tenemos nada que esconder siempre y cuando la verdad salga a la luz pública”.

Finalmente, manifestó su molestia porque las autoridades expusieron públicamente a los detenidos, frente a las panelas de cocaína. “Tampoco es justo que le tomen una foto a nuestros pescadores, la suban a las redes sociales, sin tener la certeza de si son culpables o no y, mucho menos, sin tener prueba de verdad”.