Morfema Press

Es lo que es

DBuford

La reciente propuesta de una ley de amnistía, anunciada por Delcy Rodríguez en su condición de autoridad interina dentro de la estructura del poder dictatorial vigente, exige una evaluación que distinga entre el valor intrínseco de la libertad personal y la intencionalidad política de la medida. En contextos de regímenes no democráticos, la amnistía suele presentarse como instrumento de distensión; sin embargo, su eficacia normativa y su legitimidad dependen de condiciones estrictas que, de no cumplirse, la convierten en un mecanismo táctico antes que en una solución jurídica de fondo.

Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la privación de libertad por razones políticas constituye una violación continuada. En consecuencia, la excarcelación no puede ser entendida como concesión graciosa del poder, sino como restitución tardía de un derecho conculcado. La amnistía, cuando se ofrece para “corregir” una injusticia creada por el propio Estado, corre el riesgo de normalizar la arbitrariedad previa, desplazando el foco desde la ilegalidad de las detenciones hacia la supuesta magnanimidad del liberador.

Amnistía versus impunidad

Un elemento central del análisis es la asimetría moral y jurídica que se produce cuando la amnistía se propone sin un reconocimiento explícito de la ilegalidad de los actos represivos. La doctrina contemporánea es clara: no puede haber amnistía que encubra crímenes de lesa humanidad, ni que anule el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Cuando una amnistía se formula sin estos resguardos, se transforma en una herramienta de impunidad, orientada a cerrar expedientes sin depurar responsabilidades. Eso deben tenerlo presente los lideres de gobiernos democráticos, especialmente el presidente Donald Trump, a quien hay que reconocerle el mérito de la presión eficaz ejercida, para que los ejecutores del terrorismo de Estado, ahora se vean forzados a presentar esa ruta de la amnistía.

Además, la experiencia comparada demuestra que las amnistías genuinamente orientadas a la reconciliación nacional suelen ir acompañadas de garantías institucionales verificables: cierre definitivo de causas judiciales, restitución plena de derechos civiles y políticos, levantamiento de medidas cautelares y compromisos creíbles de no repetición. Así como también debe preverse el cierre, no solo de la cárcel del Helicoide, sino de todos los centros de torturas existentes.  La ausencia de estos elementos revela una mutación de la represión, no su desmantelamiento.

El riesgo del uso instrumental del derecho

En regímenes autoritarios, el derecho es frecuentemente utilizado como lenguaje de legitimación. La propuesta de una ley de amnistía, en este marco, puede responder a objetivos extrajurídicos: reducir presión internacional, fracturar consensos opositores o proyectar una imagen de apertura sin modificar las estructuras de control. De allí la necesidad de evaluar no solo el texto de la iniciativa, sino el contexto político, la práctica administrativa y la conducta posterior del Estado.

Conclusión

Saludamos, sin ambigüedades, toda liberación. Cada persona que sale de prisión es una victoria de la dignidad humana sobre la arbitrariedad. Pero el análisis serio obliga a afirmar que la libertad no se negocia, se restituye, y que una amnistía auténtica no puede ser un paréntesis táctico dentro de una estrategia de dominación. La credibilidad de esta propuesta dependerá de si inaugura un quiebre real con la lógica del castigo político o si, por el contrario, confirma su sofisticación jurídica.

La historia reciente enseña que la prudencia no es escepticismo: es responsabilidad intelectual y moral.

Antonioledezma.net

Vía lapatilla

La líder opositora María Corina Machado resaltó este sábado el papel de la Iglesia Católica venezolana como guía moral y referente en la defensa de la libertad, la verdad y el bien común, tras un pronunciamiento reciente de destacados líderes eclesiásticos del país.

A través de una publicación en su cuenta de X, Machado valoró el mensaje emitido por los cardenales Baltasar Porras y Diego Padrón, junto al obispo emérito Ovidio Pérez Morales, al considerar que sus palabras llegan en un momento decisivo para Venezuela y ofrecen orientación a toda la nación en medio de la prolongada crisis política y social.

La dirigente expresó su pleno respaldo a las tres propuestas planteadas por la Iglesia, las cuales fueron difundidas a través de un comunicado publicado por el medio Morfema Press, y que —según señaló— resultan indispensables para avanzar hacia una salida democrática y pacífica.

«Con valentía, serenidad y lucidez histórica, los líderes de la Iglesia Católica venezolana -nuestros Cardenales Baltazar Porras y Diego Padrón, junto al Obispo Emérito Ovidio Pérez Morales- señalan y exhortan a seguir tres propuestas indispensables para todos los venezolanos de bien», escribió.

La primera de ellas plantea la «liberación inmediata, total e integral de todos los presos políticos, lo que implica no solo la excarcelación, sino también la eliminación de cualquier medida cautelar posterior que mantenga formas de represión».

El segundo punto subraya la «necesidad de poner fin a la hegemonía comunicacional, garantizando la libertad de expresión y el derecho a la comunicación como elementos esenciales de la vida democrática y del respeto a los derechos humanos».

La tercera propuesta llama a respetar la «voluntad mayoritaria del pueblo venezolano», expresada en los comicios del 28 de julio de 2024, y a trabajar sin más dilaciones en una transición democrática que permita superar la incertidumbre política y social del país.

María Corina Machado afirmó que el mensaje de la Iglesia “reconforta al país” y recordó que, a lo largo de los años, la institución ha sido un referente constante en la defensa de los valores democráticos y de la dignidad humana.

Asimismo, expresó su confianza en que la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), que se reunirá en asamblea en los próximos días, acompañe los anhelos más profundos y urgentes de la sociedad venezolana.

Ver también:

Pastores eméritos de Venezuela: Tres propuestas concretas y prioritarias para convivencia nacional

Presentamos el Anteproyecto de Ley de Amnistía propuesto por el Foro Penal desde inicios de este mes de enero de 2026, que incluye además algunas observaciones y sugerencias que hemos recogido desde el anuncio del día 30 de enero 2026.

Es un borrador, basado además en otros esfuerzos previos, abierto por supuesto a la discusión y el debate.

Estamos a la orden de cualquiera que desee aportar o elaborar un mejor anteproyecto con la mira puesta en la justicia, en la libertad y en la reconciliación.

ANTEPROYECTO DE LEY DE AMNISTÍA GENERAL
FORO PENAL
Enero 2026
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Presentación

La exposición de motivos de una ley constituye la explicación de los principios que inspiraron cada artículo. Es la guía para evitar desviaciones en la interpretación y para que la ley sea la expresión sistemática del derecho, tal como lo ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante, CRBV). Además, la exposición de motivos, pese a no tener carácter vinculante, constituye el marco orientador para la aplicación de las normas en un contexto histórico, social y político determinado.

La amnistía ha sido empleada en distintos momentos de nuestra evolución política como manifestación de un espíritu de tolerancia hacia los adversarios, quienes, mediante esta fórmula legal, pueden volver a la vida pública y recuperar el ejercicio de sus derechos. Ha estado presente desde la etapa fundacional de la República. La utilizó el Congreso General de Venezuela respecto a la sublevación de Valencia, tal como se obligaría después a concederla el gobierno español en atención a lo dispuesto en la capitulación de Miranda. La decretó Bolívar frente al movimiento de la Cosiata, así como lo haría después el Congreso de Venezuela, bajo el impulso de Soublette, en relación con la Revolución de las Reformas.

La lista de situaciones en las que se acudió a la Ley de Amnistía en el siglo XIX es muy extensa, siendo también digna de mención la decretada por la Asamblea Constituyente de 1864, tras la Guerra Federal, la cual se fundó en que “para destruir todos los odios, convenía dar un gran ejemplo de magnanimidad nacional”. La sucesión de alzamientos o revoluciones, característica del siglo XIX, y la reacción que suscitaban desde el poder instaurado estuvieron acompañadas con frecuencia de medidas de clemencia adoptadas por los vencedores para facilitar la naciente gestión oficial o la recuperación de la normalidad institucional. Las consideraciones prácticas se conjugaban con el respeto a las razones políticas que animaban las luchas libradas. En la historia reciente, no son pocas las veces en las que se ha recurrido a la Ley de Amnistía una vez que se han producido hechos de elevado impacto político en el Estado y, muy especialmente, en situaciones o coyunturas en las que se busca la reconciliación nacional tras guerras o situaciones de grave conmoción interna o exterior….

Continuar leyendo Anteproyecto aquí:

Por Diego Álvarez en RTVE

Venezuela programa su siguiente paso en el esperado proceso de transición. El anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de una ley de amnistía general para los presos políticos supone la nueva concesión del Gobierno chavista desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La medida no solo beneficiará la salida de los más de 700 presos que siguen retenidos en las cárceles del país caribeño, según varias ONG, sino que también exime de cualquier cargo a quienes han sido liberados con medidas cautelares a lo largo de los últimos años.

La intención del Gobierno es que «sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo», y que la norma sirva para «reencauzar la justicia» en el país y «la convivencia entre los venezolanos».

Muchos de los familiares que llevan semanas acampando frente a las cárceles esperando la liberación de los suyos han celebrado el anuncio: «No hemos visto salir a uno solo y ya necesitamos ver que las medidas que se están tomando sean puestas en práctica acá«.

La ley debe ser aprobada todavía por la Asamblea Nacional, pero solo el anuncio ya supone un alivio para todos los que reclaman justicia.

¿Qué significa esta amnistía general?

Conforme al Código Penal venezolano, explica a RTVE Noticias el profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y abogado venezolano, Carlos Brito Siso, la amnistía general extingue la acción penal, pone fin a la ejecución de la condena y elimina todas las consecuencias penales derivadas del delito de los presos políticos desde 1999, la marca establecida por Delcy Rodríguez, lo que engloba toda la época chavista. La propuesta excluye a los condenados por homicidio, tráfico de drogas o crímenes de lesa humanidad.

Afecta tanto a condenados, procesados y liberados de forma cautelar, cuyas imposiciones para su excarcelación eventual (exilio, silencio ante los medios, etc.) quedan también suprimidas. «Una persona amnistiada tiene libertad plena«, remarca Brito.

El abogado venezolano aclara que todavía hay que conocer quién participará en la Comisión para la Paz y Convivencia Democrática, que determinará la implementación de la ley. Él pide que se centre en las víctimas que han sufrido todos estos años de represión, para reintegrarlas en la vida social.

Brito pone como ejemplo la ley especial de amnistía decretada en 2007 por Hugo Chávez, que benefició a más de 1.500 personas: incluyó a quienes participaron en el golpe de Estado de 2002, los participantes del Paro Petrolero (2002-2003) y personas involucradas en otras manifestaciones previas al decreto hasta el 2 de diciembre de 2007, que extinguió causas contra figuras que estaban en el exilio o bajo juicio, permitiendo su retorno o el cese de persecución.

Para el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, la liberación de presos políticos «no tiene por qué supeditarse a una ley de amnistía», de la que además todavía no se conoce qué va a contener y un Tribunal lo deberá conceder, ha explicado en el Canal 24 horas de RTVE.

Consecuencias inmediatas y a largo plazo

El profesor de la Complutense señala que en todos estos procesos la comisión debe centrarse en las víctimas «por la verdad, la justicia, la reparación y no repetición«. Y para ello, una vez sean liberadas, estas personas podrán buscar justicia por el maltrato recibido.

«Esta medida no implica que los casos por violaciones de Derechos Humanos no se deban investigar, todo lo contrario, como parte de la justicia, las víctimas tienen derecho a que se investiguen los casos de presuntas violaciones graves de DDHH«. De este modo, la aplicación de la amnistía podrá abrir el proceso para enjuiciar a las figuras del régimen que estuvieron detrás de las detenciones y los tratos ilegales.

El director de Foro Penal reafirma esta idea: «No puede servir como un manto de impunidad. Debe servir para el olvido de situaciones pasadas y presentes y para que no se repita». El objetivo, dice, es «generalizar la reconciliación y evitar que exista un sistema represivo que mantenga a los venezolanos con la soga en el cuello» y para ello pide «independizar las instituciones de Justicia«.

La periodista venezolana Sabrina Tortora ha señalado en el Canal 24 horas que «la amnistía a todos los presos políticos era una de las condiciones imprescindibles para que, en efecto, podamos hablar de que Venezuela está viviendo una transición política«. Según ella, el Gobierno chavista está haciendo concesiones que «antes de la caída de Maduro eran impensables«.

Tortora se une al pensamiento de la líder opositora, María Corina Machado, de que la transición y la propia ley de amnistía es «producto de la presión real» de Estados Unidos, y esgrime que todos los factores actuales deben «coexistir con la entrada en juego de la oposición exiliada en el exterior».

¿En qué se convertirá El Helicoide?

Unido a la ley de amnistía, Delcy Rodríguez ha propuesto convertir la prisión de El Helicoide, que acumula denuncias por torturas y malos tratos desde hace décadas, en un centro de servicios sociales y deportivos. Se trata de una estructura de Caracas de la década de 1950, concebida originalmente como centro comercial, utilizada hoy como lugar de detención de presos políticos.

Para Roberto Marrero, exsecretario de la Asamblea Nacional y mano derecha de Juan Guaidó, «hoy es un triunfo de los medios, de las víctimas que han denunciado El Helicoide como un centro de torturas que debe ser cerrado», ha dicho en el Canal 24 horas.

Marrero estuvo año y medio preso por orden directa de Maduro en marzo de 2019. Desde entonces ha denunciado el «hacinamiento, las condiciones insalubres, además de las torturas» que sufrió. Para él, ese centro no debe convertirse en un centro social, sino en «un museo de la dictadura«, y recuerda que «el centro no es el que tortura, sino los funcionarios», y pide por ello que se destituya al fiscal general Tarek William Saab Halabi, quien ordenaba las detenciones.

En la misma línea, al profesor Brito no le resulta acertado concebir El Helicoide como un espacio de “diversión”, sino que debe transformarse en «un lugar de memoria y homenaje a las víctimas, a las personas privadas de libertad y a sus familiares, quienes también han sufrido las consecuencias de la represión». «La resignificación de los espacios donde se vulneraron derechos es una forma de reparación simbólica», explica.

Todos recalcan que El Helicoide no es el único centro de presos políticos y todos deben ser desmantelados, más allá de que este sirva como símbolo.

Según Marrero la presión de EE.UU. desde la captura de Maduro es «una medida de fuerza que está generando la transición», que defiende como «una quimioterapia, nadie quiere pasar por ella, pero es mejor que morir de cáncer«, en referencia a que hay que aceptar que quien era vicepresidenta chavista de Maduro sea quien la lleve a cabo desde el poder.

«Vamos a por una solución definitiva que pueda desembocar en democracia», señala el exsecretario, quien reitera que «hay que ir desmontando la dictadura«.

Reacciones en España

El Gobierno español ha celebrado este sábado la declaración de la ley de amnistía general y ha expresado su deseo de que entre en vigor con celeridad. «El Gobierno de España da la bienvenida al anuncio de la presidenta encargada de Venezuela de una ley de amnistía general en el país desde 1999 hasta la actualidad», indica un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

«España anima a que la ley se concrete con rapidez«, ha añadido Exteriores, antes de declarar que «España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa«.

Horas antes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebró la ley, una medida que vincula a una «orden de Estados Unidos» y que considera que «debió» adoptarse «hace mucho tiempo con la presión» que, en su opinión, «nunca llegó» del Gobierno de España. Feijóo cree que la propuesta de la presidenta encargada no nace de la «convicción», según ha manifestado este sábado en la red social X.

Por Milagros Socorro en La Gran Aldea

Cuando Chávez decía, para replicar a la oposición, “lo que están planteando es volver a la apertura petrolera”, no estaba describiendo una política pública. Estaba delimitando una frontera moral a partir de consignas. No entraba en un debate técnico sobre el modelo petrolero: construía un antagonismo político, trazaba una línea en la arena entre leales y traidores.

La Apertura de los años noventa, asociada a la gestión de Luis Giusti al frente de PDVSA, fue convertida por el chavismo en el pecado original del modelo petrolero venezolano. Era, según ese relato, la entrega de la Faja del Orinoco, la cesión de soberanía, el sometimiento al arbitraje extranjero; en suma, la subordinación al capital transnacional.

Veinte años después, la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprueba una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que reinstala buena parte de los mecanismos que definieron aquella Apertura. Y la pregunta deja de ser retórica: ¿la nueva ley es, en esencia, la Ley Giusti?

Para responderla, conviene recordar qué fue realmente la política impulsada en los años noventa. El equipo cuyo vocero más visible fue Luis Giusti no se proponía privatizar el petróleo. La propiedad de las reservas seguía siendo del Estado venezolano, como lo establece la Constitución. Lo que hizo fue abrir el sector al capital privado bajo figuras contractuales —convenios operativos, asociaciones estratégicas, exploración a riesgo— que permitían atraer inversión y tecnología para desarrollar áreas complejas como la Faja del Orinoco. PDVSA era entonces una empresa técnica, con autonomía gerencial y capacidad de negociación internacional. El Estado no renunciaba al control del recurso; ampliaba su capacidad de explotarlo, que es algo muy distinto.

“Gobiernos títeres, una marioneta, un jalabola”

Pero Chávez, cuyos conocimientos en materia petrolera eran más que escasos, convirtió esa política en símbolo de traición. En su narrativa, la participación privada era sinónimo de privatización; el arbitraje internacional, de sumisión; la inversión extranjera, de dependencia. El desmontaje de la Apertura, culminado en 2007 con la nacionalización de la Faja, fue presentado como la recuperación definitiva de la soberanía energética.

—¿Qué nos dejaron? —vociferó Chávez al referirse al período democrático—. La miseria, el hambre. Ese es el capitalismo saqueador y explotador; y para poder hacerlo realidad en Venezuela, el imperialismo siempre necesitó gobiernos títeres, gobiernos burgueses; y que ahí, en Miraflores, estuviera siempre una marioneta, un jalabola.

El problema es que el modelo impuesto por Chávez no fue un esquema más robusto en términos institucionales, sino un sistema centralizado y profundamente politizado. PDVSA dejó de operar como corporación técnica autónoma y pasó a ser un instrumento financiero del Ejecutivo. La empresa fue subordinada a objetivos políticos inmediatos; su estructura profesional, erosionada; y su caja, utilizada para financiar gasto público directo sin mecanismos transparentes de control.

Chávez proclamó que había “rescatado para el pueblo más de 300 mil millones de dólares. Ahí está la riqueza nacional, ahora distribuida en función de las necesidades del pueblo. Una política económica petrolera y fiscal revolucionaria es lo que nos permite tener los recursos necesarios para seguir apoyando las grandes misiones, la inversión social, la construcción de fábricas, la construcción de carreteras, salarios dignos para los trabajadores, seguridad social para la clase obrera y los pensionados. Ahí están los recursos que al pueblo y a los trabajadores se los robaron durante cien años y más. ¿Quién? La burguesía arrastrada al imperialismo”.

La verdad, padecida por ese mismo pueblo, es que la concentración absoluta de la renta en manos del Estado no vino acompañada de un fortalecimiento equivalente de los controles institucionales. Con el tiempo salieron a la luz numerosas investigaciones nacionales e internacionales que documentan redes de corrupción vinculadas a la industria petrolera y al sistema de administración de divisas. Existen procesos judiciales abiertos y abundante documentación que expone esquemas de sobornos, intermediación opaca y desvío de recursos asociados a PDVSA.

De hecho, estimaciones no oficiales como la encuesta de hogares ENCOVI indican que para 2015, pocos meses después de la muerte de Chávez, la pobreza por ingresos alcanzaba aproximadamente el 73 %.

Más privados y bastantes extranjeros

Paralelamente, la producción petrolera comenzó a declinar de forma sostenida. En los años noventa, PDVSA era considerada una de las empresas petroleras estatales más importantes del mundo por volumen de producción, reservas y presencia internacional. En distintos rankings aparecía entre las mayores compañías energéticas del planeta. Tras la llegada al poder del golpista del 92, la empresa perdió capacidad operativa y financiera. La soberanía proclamada no se tradujo en fortalecimiento institucional, sino en vulnerabilidad estructural, saqueo y devastación.

Es en ese contexto que aparece la reforma de 2026. La nueva ley flexibiliza las condiciones contractuales, amplía la participación privada y extranjera, habilita esquemas con mayor autonomía operativa y reintroduce el arbitraje internacional como mecanismo de resolución de controversias. Mantiene la propiedad estatal de las reservas, pero modifica de manera sustancial el régimen operativo y comercial. Es decir, recupera instrumentos centrales de la Apertura de los noventa.

¿Entonces, se copiaron de Luis Giusti?

—La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada este jueves por la Asamblea Nacional —señala el experto petrolero Luis Pacheco—, es en primera instancia un reconocimiento del fracaso del modelo petrolero chavista, producto de la borrachera de altos precios maridada con una falsa soberanía. El hecho de que haya sido aprobada sin mucha discusión y bajo el paraguas de la tutela norteamericana también deja preguntas sobre el verdadero consenso oficialista detrás de ella.

“Paradójicamente —continúa—, esta reforma reivindica la Apertura Petrolera de los años noventa, cuando PDVSA, liderada por Luis Giusti, avanzó la idea de que la industria de los hidrocarburos debía ser la locomotora económica del país y que el modelo estatista no era suficiente ni recomendable para cumplir con esa misión. En todo caso, la reforma formaliza la privatización del sector que venía ocurriendo a espaldas del país, de forma opaca y plagada de manejos cuestionables”.

En términos técnicos, la nueva Ley de Hidrocarburos comparte tres pilares fundamentales con aquella política: primero, el reconocimiento de que el Estado venezolano no puede desarrollar plenamente su industria petrolera sin capital y tecnología externos; segundo, la utilización de figuras contractuales flexibles para atraer inversión; y tercero, la aceptación de estándares jurídicos internacionales, incluido el arbitraje, como garantía para los inversionistas.

Un acta de defunción doctrinaria

Existe, sin embargo, una diferencia crucial. La Apertura de Giusti se instrumentó desde una PDVSA fuerte, con capital humano calificado y credibilidad financiera. La reforma actual se ejecuta desde una empresa debilitada, con producción mermada y una reputación erosionada tras años de deterioro, improvisación y escándalos.

La Apertura fue una estrategia de crecimiento. La ley de 2026 es un recurso desesperado de supervivencia.

Lo que el chavismo denunció durante dos décadas como claudicación reaparece ahora como necesidad. Y esa es la verdadera dimensión política de la reforma: no es solo un ajuste técnico, es una rectificación histórica. Quizá un nuevo “por qué no te callas” dirigido a Chávez, cada vez más empujado al rincón de los espectros.

Durante años, el discurso oficial sostuvo que la soberanía energética exigía excluir al capital privado de posiciones decisivas y someter toda controversia a tribunales nacionales. Hoy, cuando se admite que ese modelo no logró sostener producción, inversión ni eficiencia, la pregunta ya no es si la nueva ley “traiciona” a Chávez. La cuestión es si el chavismo ha terminado por reconocer que el modelo que diseñó y defendió como antídoto contra la entrega fue incapaz de preservar la fortaleza de la industria.

En ese sentido, la ley de 2026 funciona como un acta de defunción doctrinaria. No porque reniegue del pasado, sino porque abandona sus principios operativos centrales y los reemplaza por sus contrarios.

Ironías de la historia

¿Es, entonces, la Ley Giusti? No exactamente. No es una copia del diseño noventista ni se implementa bajo las mismas condiciones institucionales. Pero sí representa la aceptación tardía de uno de sus postulados esenciales: sin inversión privada y reglas jurídicas confiables, la industria petrolera venezolana no es viable.

Y en esa admisión hay algo más profundo que una reforma legal. Hay el reconocimiento de que la destrucción institucional de PDVSA no fue causada por la Apertura de los noventa, sino por el modelo corrupto e inepto que la sustituyó.

La historia tiene ironías severas. “Las privatizaciones eran una exigencia, un mandato que venía del norte”, decía Chávez, el líder que prometió enterrar la Apertura y que dejó una industria debilitada que hoy necesita reabrirse. La revolución que se proclamó guardiana de la soberanía termina reinstalando mecanismos que había convertido en anatema.

La nueva ley no solo reordena contratos. Reordena el relato. Y al hacerlo, entierra definitivamente la ficción de que el problema de PDVSA comenzó con Giusti, erigido ahora —por los hechos— en referente técnico una vez que la ley fue rubricada.

Nota: Las citas de Chávez fueron transcritas del siguiente video, que recoge varios de sus discursos: https://youtu.be/oILx4inztuw

Vía Bloomberg

La Unión Europea (UE) confía en la transición democrática que se está adelantando en Venezuela bajo el tutelaje de los Estados Unidos y ha estado conversando con la administración del presidente Donald Trump para ver cómo puede participar en el proceso.

“En Venezuela se está produciendo una transición hacia una democracia plena, en la que se elija un Gobierno que refleje la voluntad del pueblo venezolano”, dijo en entrevista con Bloomberg Línea el comisario —ministro— para la Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores de la UE, Michael McGrath.

El comisario especificó que la alta representante de la UE, Kaja Kallas; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, están en contacto con los socios internacionales de la organización para ver cómo pueden contribuir con el proceso de transición en Venezuela.

“Mantenemos conversaciones continuas con Estados Unidos y otros socios internacionales para ayudar en el proceso de transición de Venezuela hacia una democracia plena”, sostuvo McGrath. “Esto redunda, sin duda, en el interés del pueblo venezolano y, en mi opinión, también abrirá numerosas oportunidades bilaterales y multilaterales para que un nuevo Gobierno venezolano coopere con la comunidad internacional en diversos temas de interés común”.

Estados Unidos irrumpió en Caracas el pasado 3 de enero con un operativo militar para capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores, a quienes acusó de conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con la posesión de armas.

Al ser preguntado por la postura de la UE en torno al operativo ordenado por Trump en la capital venezolana, el comisario respondió: “Es evidente que todos los actores internacionales, incluidos los miembros del G7, deben actuar conforme al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas”.

También expuso que la UE no reconoció la supuesta reelección de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.

Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó a Maduro como ganador de las votaciones en ese entonces, un conteo extraoficial adelantado por la oposición con base en el 85,18% de las actas de escrutinio —certificadas como originales por el Centro Carter— evidenció que el vencedor fue Edmundo González Urrutia.

“Como saben, la UE no reconoció la legitimidad de la elección de Nicolás Maduro ni la legitimidad de su administración debido a la falta de integridad de ese proceso. No lo consideramos verdaderamente democrático. Por lo tanto, el pueblo venezolano merece un futuro mejor. Merece un futuro genuinamente democrático”, expuso McGrath.

El comisario enfatizó en que la UE “respeta la soberanía y la integridad nacional” de los países, pero también “reconoce la complejidad” del caso venezolano, toda vez que su Gobierno, hasta hace menos de un mes en cabeza de Nicolás Maduro, “no era legítimo” y “ciertamente no actuaba en beneficio del pueblo”.

Seccional Distrito Capital del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela publicó su posición en X ante el anuncio de la presidenta interina Delcy Rodríguez sobre una Ley de Amnistía General y el cierre de El Helicoide

Ante las declaraciones de la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, sobre una Ley de Amnistía y el cierre de El Helicoide; desde esta seccional del #CNP fijamos posición.Toda medida que restituya la libertad es un paso necesario, pero debe ser plena y sin condiciones. #Amnistía

Esta propuesta es un reconocimiento implícito de la persecución política en el país. Es imperativo el sobreseimiento definitivo de todas las causas contra periodistas y la anulación de antecedentes por el solo hecho de informar o disentir. #InformarNoEsDelito

Celeridad ya! Los casos de los periodistas y demás trabajadores de la prensa detenidos deben ser resueltos de forma inmediata. Sus familias no pueden esperar más. #LiberenALosPeriodistas

La amnistía no puede ser sinónimo de impunidad para violaciones graves a los DDHH ni una herramienta de olvido. Debe venir acompañada del cese total del asedio y persecución a periodistas y medios.

Desde el @CNPCaracas nos declaramos en monitoreo permanente. No habrá normalidad democrática mientras exista un solo periodista preso por ejercer el derecho a la libertad de expresión, información y opinión.

#PeriodismoEsLibertad

Las grandes petroleras estadounidenses Exxon Mobil y Chevron ofrecieron el viernes a los inversores algunas nuevas perspectivas sobre su visión sobre Venezuela, aunque ninguna de las compañías anunció compromisos de inversión a largo plazo pese al continuo impulso del presidente Donald Trump para convencer a las empresas petroleras estadounidenses de reconstruir el sector energético del país sudamericano.

El director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, promocionó la capacidad tecnológica de su compañía para extraer el tradicionalmente costoso crudo pesado de Venezuela a un menor costo, mientras que el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, afirmó que su firma procesaría más crudo venezolano a través de sus refinerías en Estados Unidos. Ambos directivos afirmaron que aún necesitan marcos legales sólidos y un entorno político estable antes de tomar decisiones sobre proyectos a largo plazo.

Los comentarios durante las presentaciones de resultados del cuarto trimestre el viernes, donde los temas geopolíticos dominaron las preguntas de los analistas, ilustran el desafío que enfrenta la administración Trump para atraer 100.000 millones de dólares de inversión estadounidense para reactivar el sector petrolero venezolano tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro a principios de este mes. Chevron es actualmente la única gran petrolera estadounidense con producción en el país. Woods, de Exxon, quien calificó al país como «invertible» hace apenas unas semanas, afirmó creer que la administración estadounidense está comprometida a realizar los cambios necesarios para atraer y asegurar nuevas inversiones, incluyendo una eventual transición a la democracia.

Exxon abandonó Venezuela hace casi 20 años después de que sus activos allí fueran nacionalizados. El jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro actuó para flexibilizar algunas sanciones al país, mientras que la Asamblea Nacional en Caracas aprobó una nueva legislación que se espera otorgue mayor autonomía a los productores privados.

Chevron, que afirmó que podría aumentar su producción bruta en Venezuela en aproximadamente un 50 % a corto plazo, puede procesar 100 000 barriles diarios adicionales del crudo del país a través de refinerías en las costas del Golfo y Oeste de Estados Unidos, afirmó Wirth. La compañía actualmente procesa 50 000 barriles diarios de crudo venezolano en sus refinerías. Aun así, Wirth, quien reconoció el gran potencial de recursos en Venezuela, afirmó que era demasiado pronto para articular una perspectiva a largo plazo para el país en medio de las continuas dudas sobre la estabilidad y la claridad regulatoria.

“Sin duda, podríamos ver una expansión de nuestras operaciones y presencia en Venezuela. Y estamos trabajando con los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para crear las condiciones que lo permitan”, afirmó Wirth.

Mientras tanto, los drásticos cambios políticos en Venezuela podrían facilitar el entorno operativo en la vecina Guyana, añadió Woods de Exxon. Este escenario podría beneficiar tanto a Exxon como a Chevron, socios en una empresa conjunta en el yacimiento petrolífero de Stabroek en Guyana .https://boereport.com/29dk2902l.html

“Con los acontecimientos en Venezuela, quizás veamos la oportunidad de tener menos patrullas navales, lo que crearía un ambiente más amigable”, dijo Woods. Partes del Bloque Stabroek se encuentran bajo fuerza mayor y permanecen inexploradas debido a una disputa territorial entre Guyana y Venezuela que, según Woods, se encuentra actualmente ante la Corte Internacional de Justicia.

«Una de las ventajas de la fuerza mayor es que detiene el reloj, y así tendremos la oportunidad de hacer lo que necesitamos hacer en esa parte del bloque (Stabroek) cuando esté disponible para nosotros», dijo Woods.

Reuters

Por Rafael Punceles

La nueva Ley de Hidrocarburos permite por primera vez en medio siglo que empresas privadas operen directamente los pozos y comercialicen petróleo, rompiendo el monopolio operativo del Estado. Además, introduce descuentos en regalías e impuestos sin precedentes.

La nueva ley de hidrocarburos en Venezuela marca el mayor cambio del modelo petrolero desde la nacionalización de 1976.

Este jueves, la Asamblea Nacional aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que cambia de forma estructural el modelo petrolero venezolano: por primera vez desde la nacionalización de 1976, empresas privadas podrán participar directamente en la exploración, extracción y comercialización del petróleo. La reforma rompe en la práctica el monopolio operativo del Estado, abre la puerta a inversión privada nacional y extranjera, y marca el viraje legal más profundo del sector en al menos medio siglo.

La nacionalización petrolera de 1976, impulsada por Carlos Andrés Pérez, consolidó un modelo en el que el Estado asumió el control casi absoluto de la industria de los hidrocarburos. A partir de entonces, la exploración, extracción y comercialización del petróleo quedaron reservadas a empresas estatales, principalmente PDVSA, con una participación privada limitada y excepcional durante la apertura petrolera de los años noventa, cuando el Estado permitió la entrada de empresas extranjeras a través de convenios operativos y asociaciones estratégicas con PDVSA. 

El modelo estatista quedó finalmente blindado con la Constitución de 1999 y con la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001, reformada en 2006, que consolidaron al Estado como operador dominante de las actividades primarias y como único comercializador del crudo venezolano en los mercados internacionales. Mientras tanto, el proceso de apertura de los noventa fue revertido en 2006, cuando el gobierno de Hugo Chávez reforzó el control estatal y obligó a las operadoras privadas asociadas con PDVSA a transformarse en empresas mixtas con mayoría accionaria de PDVSA. 

La reforma aprobada en enero de 2026 rompe con ese esquema. Por primera vez desde la nacionalización de 1976, las actividades primarias del sector -exploración, extracción, transporte y almacenamiento- podrán ser realizadas directamente por empresas privadas, nacionales o extranjeras, sin tener que formar parte de empresas mixtas con PDVSA. Es decir, el Estado deja de ser el operador exclusivo del negocio petrolero: ya no solo existirán empresas estatales y empresas mixtas, sino también operadoras privadas con capacidad plena para producir petróleo en Venezuela. 

Te explicamos punto por punto:

Ahora los privados también podrán vender el petróleo

El cambio no se limita a la operación. La nueva ley de Hidrocarburos de Venezuela también permite que empresas privadas y mixtas puedan comercializar directamente los hidrocarburos, una función que hasta ahora estaba reservada casi en su totalidad al Estado. En la práctica, esto implica que las compañías privadas no solo podrán extraer crudo, sino también venderlo en los mercados internacionales, siempre que cuenten con autorización del Ministerio con competencia en materia de hidrocarburos. Esa autorización queda sujeta a la discrecionalidad del Ejecutivo.

Adicionalmente, se incorpora un nuevo artículo que permite al Ministerio autorizar a los accionistas minoritarios de empresas mixtas a comercializar directamente el total o una parte de la producción petrolera. Estas empresas también podrán abrir cuentas bancarias en cualquier jurisdicción para administrar los fondos generados, y los accionistas minoritarios podrán encargarse de la gestión técnica y operativa de la empresa mixta, estableciéndose la necesidad de mantener el equilibrio económico-financiero hasta alcanzar el retorno de la inversión.

Privados producirán petróleo sin participar en empresas mixtas

Para viabilizar el nuevo modelo, la nueva ley de Hidrocarburos de Venezuela crea un sistema de contratos entre el Estado y las empresas privadas. A través de estos contratos, las compañías podrán acceder directamente a áreas de operación, utilizar activos e infraestructura y recibir como retribución una participación sobre el petróleo producido, sin formar parte de una empresa mixta con PDVSA.

De este esquema contractual se excluye la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas, quedando en completa discrecionalidad del Estado la contratación o no de empresas privadas para ejercer las actividades petroleras

Como regla general, el nuevo artículo 25 establece que el equilibrio económico-financiero de los contratos originalmente suscritos deberá mantenerse durante todo el contrato y, si existen cambios legislativos o normativos que lo afecten, el Ministerio con competencia en hidrocarburos deberá restablecer el equilibrio y la posición económica que habría tenido la empresa.

El nuevo marco establece que, al finalizar los contratos, la empresa deberá restituir los activos que correspondan a la República y transferir la propiedad de todos los bienes incorporados, construidos y adquiridos durante la vigencia del contrato para las operaciones, sin indemnización.

En el caso de las empresas mixtas, la ley fija condiciones básicas para el ejercicio de las actividades primarias: un lapso máximo de 25 años prorrogable por 15 años; la delimitación del área de operación; y la obligación de conservar tierras, obras, bienes, instalaciones y equipos en buen estado para su entrega a la República al finalizar los derechos otorgados. Estas limitaciones se refieren expresamente a las empresas mixtas y no necesariamente a los contratos con empresas privadas.

Asimismo, se incluye la posibilidad de que en los contratos se establezcan, además de regalías, contraprestaciones económicas adicionales a favor de la República por el derecho al acceso a las reservas de hidrocarburos.

Menos control del Parlamento y más arbitraje internacional

El nuevo artículo 8 permite resolver controversias mediante mecanismos alternativos de resolución de conflictos en lugar de los tribunales venezolanos, incluyendo el arbitraje. Sin embargo, el artículo 151 de la Constitución establece que los contratos de interés público sólo pueden resolverse ante los tribunales de la República y que dichas controversias no darán lugar a reclamaciones internacionales. Los contratos petroleros que serán suscritos conforme a la nueva ley serán interpretados como contratos de interés público por la mayoría del foro.

Por otro lado, el artículo 33 de la ley anterior exigía la aprobación de la Asamblea Nacional para la creación de empresas mixtas y para las condiciones del ejercicio de las actividades primarias. En la nueva ley, el artículo 34 exige la autorización del Presidente de la República y sólo deberán ser notificadas e informadas a la Asamblea Nacional, lo que contrasta con el artículo 150 de la Constitución, que establece la aprobación obligatoria de los contratos de interés público.

Eliminación y rebaja histórica de regalías e impuestos

 

Las regalías petroleras se mantienen en 30%, pero se establece la posibilidad de reducirlas indefinidamente tanto para las empresas privadas y las mixtas, si se demuestra que el proyecto requiere esas condiciones para ser económicamente viable.

Se eliminan todos los impuestos previstos en la ley anterior: impuesto superficial, impuesto al consumo propio, impuesto al consumo general, impuesto de extracción e impuesto de registro de exportación. El cambio consiste en la creación de un nuevo impuesto integrado de hidrocarburos de hasta el 15% de los ingresos brutos consistente en el valor total de los hidrocarburos extraídos y no reinyectados por las empresas que realicen las actividades, pero también podrá ser rebajada indefinidamente a criterio del Ejecutivo Nacional si se demuestra que el proyecto requiere esas condiciones para ser económicamente viable. El impuesto integrado de hidrocarburos será determinado de forma mensual y pagado anualmente, permitiendo a las empresas protegerse de la devaluación de la moneda.

A su vez, el artículo 58 permite al Ejecutivo Nacional reducir la alícuota por concepto de impuesto sobre la renta cuando se demuestre que esa reducción es necesaria para garantizar el equilibrio económico del proyecto, que actualmente es del 50% según la Ley de Impuesto Sobre la Renta vigente.

También la nueva Ley de Hidrocarburos de Venezuela establece la exención para las empresas públicas o privadas del pago de todos los impuestos y contribuciones siguientes: impuesto a los grandes patrimonios; la contribución especial prevista en la Ley Orgánica de ciencia, tecnología e innovación; la contribución especial prevista en la Ley Orgánica de deporte, actividad física y educación física; la contribución especial prevista en la Ley Orgánica de drogas; la contribución prevista en la Ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista. Igualmente, se declaran no sujetas las actividades previstas en la Ley al compromiso de responsabilidad social establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, ni a tributos estadales o municipales. 

Otro cambio trascendental consiste en la derogación de la Ley de Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos de 2013, que fue utilizada para el financiamiento en divisas del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN). 

Esta ley establecía una carga adicional sobre los ingresos petroleros cuando los precios internacionales superan ciertos umbrales. En el caso de precios extraordinarios —cuando el precio de mercado supera al previsto en la Ley de Presupuesto y es igual o menor a 80 dólares por barril— se aplica una alícuota del 20% sobre la diferencia. Para precios superiores a USD 80 por barril, la contribución aumenta de forma progresiva: 80% sobre la diferencia hasta 100 dólares, 90% cuando se supera ese nivel y 95% cuando los precios exceden los 110 dólares por barril.

Como se aprecia, la nueva ley representa una eliminación y reforma considerables en impuestos y regalías para incentivar la inversión. Es importante resaltar que el Ejecutivo Nacional podrá reducir incluso más y de manera discrecional las alícuotas de las regalías, impuesto sobre la renta e impuesto integrado de hidrocarburos, según la exigencia económica de cada proyecto. Es una medida que resulta en una reducción tributaria sin precedentes históricos para el sector petrolero.

¿Qué leyes anteriores deroga la nueva Ley de Hidrocarburos de Venezuela?

La nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos deroga varias normas clave del ciclo petrolero reciente. Además de la Ley de Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos, también se derogan la Ley de Regularización de la Participación Privada en las Actividades Primarias de Hidrocarburos de 2006, que había eliminado los llamados convenios operativos aplicados durante la apertura petrolera de los años noventa; la Ley Orgánica que reserva al Estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de Hidrocarburos de 2009, que en la práctica significó una expropiación masiva de buena parte de la industria petrolera; Ley de Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco, así como los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas de 2009; y el  Acuerdo de la Asamblea Nacional mediante el cual se aprobaron los Términos y Condiciones para la Creación y Funcionamiento de las Empresas Mixtas y el Modelo de Contrato de 2006 y su modificación en 2009.

Las derogaciones son totales en contraste a la derogatoria parcial propuesta en el proyecto de la ley que fue aprobado en primera discusión, por lo que quedan abiertas varias preguntas: cuáles son sus efectos jurídicos sobre las empresas, los bienes y los acuerdos que fueron afectados con esas normas entre 2006 y 2009.

¿Qué pasa con las empresas mixtas y los contratos existentes en la nueva Ley de Hidrocarburos de Venezuela?

En sus disposiciones finales, la nueva ley le otorga 180 días al Ministerio con competencia en materia de hidrocarburos para que evalúe la situación de las empresas mixtas y a realizar las adecuaciones necesarias para adaptarlas al nuevo marco legal. 

Asimismo, se establece un lapso de 180 días para que PDVSA y sus filiales adecuen los contratos de participación productiva vigentes que fueron suscritos bajo la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, una norma que fue utilizada para permitir esquemas de contratación más flexibles en el contexto de la emergencia económica. También se declara el decaimiento del objeto de la facultad del Ejecutivo Nacional contemplada en la Ley Antibloqueo de desaplicar normas legales para casos específicos con motivo de las sanciones económicas.

Durante ese tiempo, permanecerá vigente el régimen tributario anterior a la reforma para las empresas mixtas y las que sean partes en esos contratos sujetos a revisión.

¿Un nuevo ciclo histórico (y constitucional) para la industria petrolera venezolana?

El principal debate que abre este nuevo marco es constitucional. La Constitución de 1999 reserva al Estado la actividad petrolera y la propiedad sobre los yacimientos, lo que ha llevado a distintos juristas a cuestionar si el modelo de contratos con empresas privadas es compatible con ese principio. Aunque la nueva ley sostiene que la titularidad última de los hidrocarburos sigue siendo de la República, incluso cuando sean extraídos y comercializados por terceros, el esquema plantea interrogantes sobre el alcance real de esa reserva y sobre los mecanismos jurídicos mediante los cuales actores distintos al Estado ejercerán actividades tradicionalmente exclusivas del sector público.

Luego de más de dos décadas bajo un modelo que derivó en una caída sostenida y profunda de la producción, el nuevo marco legal apunta a desmontar las restricciones que habían limitado la capacidad operativa, fiscal y financiera del sector.

La reforma de 2026 no solo supera el alcance de la apertura petrolera de los años noventa, sino que introduce un esquema aún más amplio de participación privada directa, lo que supone un quiebre con el paradigma vigente desde 1976 y, potencialmente, con el diseño constitucional establecido en 1999, además de una reducción en la carga impositiva sin precedentes históricos.

Sin embargo, el nuevo modelo no está exento de tensiones. Persisten dudas sobre su constitucionalidad, especialmente en lo relativo a los contratos de interés público, el arbitraje internacional, la reducción del control parlamentario, el principio de igualdad tributaria y el mecanismo de reversión de activos sin indemnización al final de los proyectos. Además, la nueva Ley de Hidrocarburos de Venezuela mantiene amplias discrecionalidades en manos del Ejecutivo, lo que introduce incertidumbre sobre la estabilidad jurídica de las reglas del juego.

Medio siglo después de la nacionalización de Pérez, el país vuelve a reescribir las reglas de su principal activo estratégico. El tiempo dirá si será necesaria una reforma constitucional para consolidar este nuevo esquema y si las condiciones creadas por la ley lograrán sostenerse en el largo plazo.  

Pero, ante la posibilidad de un nuevo chorro petrolero en el horizonte, es indiscutible que ha iniciado una nueva etapa en la historia petrolera de Venezuela.

Rafael Punceles es un abogado egresado de la UCAB. Ejerce en el despacho Victum Legal en las áreas de Derecho Tributario, Litigios y Arbitraje contando con 5 años de experiencia. Actualmente, es Profesor de Derecho de los Negocios en la Universidad Metropolitana (UNIMET) y está completando su Especialización en Derecho Financiero y la Maestría de Economía Aplicada, ambas en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

El Gobierno de España ha celebrado el anuncio de ley de amnistía general en Venezuela, ha pedido que se concrete con rapidez y se ha ofrecido a acompañar al país latinoamericano en esta nueva etapa.

El Ejecutivo ha reaccionado así al anuncio de Delcy Rodríguez de una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España dio la bienvenida a este anuncio.

«España anima a que la ley se concrete con rapidez. España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa», destacó el departamento de José Manuel Albares.

La propuesta de ley del Ejecutivo venezolano excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos, y según Rodríguez busca «reparar las heridas» que ha dejado la confrontación política en el país suramericano.

EFE

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