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Por José Ramón Morales Arilla en Journal of Democracy

El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en una dramática redada nocturna en su complejo en Caracas. En cuestión de horas, el dictador venezolano, que había presidido el colapso económico de su país y el éxodo de casi ocho millones de ciudadanos, se encontraba a bordo del USS Iwo Jima , camino a enfrentar cargos de narcotráfico en un tribunal federal de Manhattan. La operación, denominada «Resolución Absoluta», logró derrocar a un líder al que las elecciones, las sanciones, la presión diplomática y la condena internacional no habían logrado derrocar.

Sin embargo, lo que siguió a la captura de Maduro ha frustrado las expectativas. En lugar de promover al presidente electo democráticamente, Edmundo González —quien ganó las elecciones de julio de 2024 por un margen aplastante de más de dos a uno— , el gobierno de Trump permitió que Delcy Rodríguez, vicepresidenta y antigua ejecutora de Maduro , asumiera el control como presidenta interina. María Corina Machado, líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz 2025, quien había impulsado el movimiento democrático, fue notoriamente marginada. Machado ya viajó a la Casa Blanca para mantener conversaciones cruciales con el hombre que tiene el futuro de su país en sus manos.

¿Abrirán los dramáticos acontecimientos del 3 de enero un camino hacia la democracia o simplemente reconfigurarán el orden autoritario de Venezuela? La intervención ha generado un intenso debate sobre su legalidad y legitimidad. Expertos en derecho internacional han condenado ampliamente la acción como una violación de la soberanía venezolana. Sin embargo, un memorando del Departamento de Justicia ofreció un marco diferente, citando el respaldo de Machado a la acción militar contra la usurpación de Maduro entre varios argumentos legales que justificaban la operación. De hecho, el apoyo del presidente electo de Venezuela a la operación y los crímenes de lesa humanidad documentados por Maduro, a la luz de la doctrina de la Responsabilidad de Proteger de la ONU, invitan a una evaluación más matizada de la legitimidad de la operación.

Los propios venezolanos han intervenido decisivamente. Una encuesta de The Economist reveló que la mayoría de los venezolanos en el país aprueba la operación, y alrededor del 80 % cree que la situación política mejorará el próximo año. Una encuesta de Bloomberg también reveló un apoyo mayoritario a la intervención y al liderazgo de Machado. Desde la perspectiva venezolana, la brecha entre la legitimidad de la intervención y las interpretaciones restrictivas del derecho internacional que enfatizan la no intervención es enorme, acentuada aún más por el hecho de que la única limitación a la brutalidad chavista es la amenaza creíble de nuevas acciones militares. Este dilema no es exclusivo de Venezuela, ya que miles de iraníes han muerto en los últimos días a manos del régimen autocrático del país.

Pero por legítima que fuera la intervención desde la perspectiva de los venezolanos, fue el presidente Trump quien apretó el gatillo. Para comprender el futuro de la situación venezolana, es necesario responder a dos preguntas: ¿Qué motivó a Trump a actuar y qué estrategias tiene Machado para encaminar esta situación volátil hacia la democracia?

¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de Trump?

Las justificaciones públicas del gobierno han hecho hincapié en la aplicación de la ley: Maduro era un narcoterrorista acusado con una recompensa de 50 millones de dólares, y las fuerzas estadounidenses estaban ejecutando una orden de arresto. Pero este enfoque legalista oculta más de lo que revela. El gobierno de Trump claramente tenía objetivos estratégicos más allá de llevar a un narcotraficante ante la justicia. Tres posibilidades merecen consideración, con implicaciones muy diferentes para las perspectivas democráticas de Venezuela.

La primera posibilidad es que al presidente Trump le importe la estabilidad regional y la influencia estadounidense. Desde esta perspectiva, Venezuela, bajo el gobierno de Chávez y Maduro, se había convertido en una fuente de inestabilidad en todo el hemisferio occidental: un narcoestado vinculado a Irán, Rusia y Cuba; generador de la mayor crisis de refugiados de la región; una economía fallida que amenaza con desestabilizar a sus vecinos. Una Venezuela democrática alineada con Estados Unidos sería un activo geopolítico clave. Si esta es la principal motivación de Trump, cabe esperar una presión sostenida para una auténtica democratización, ya que solo un gobierno legítimo puede proporcionar la estabilidad que favorece los intereses estadounidenses a largo plazo.

La segunda posibilidad es que a Trump le importe principalmente el petróleo. El presidente no ha ocultado su deseo de que las empresas estadounidenses exploten las vastas reservas petroleras de Venezuela. Si esta es la prioridad de Trump, su afán de democratización dependerá de si favorece o dificulta la extracción petrolera. Aquí el cálculo se complica. Prevenir el desorden tras la destitución de Maduro probablemente implicó colaborar con las estructuras gubernamentales establecidas. Sin embargo, una inversión significativa en la decrépita infraestructura petrolera venezolana requerirá decenas de miles de millones de dólares y tardará décadas en rendir frutos. Las empresas no comprometerán tales sumas bajo un gobierno que podría expropiar sus activos una vez que ceda la presión militar estadounidense. Necesitan garantías institucionales que solo un gobierno legítimo y estable puede brindar, lo que significa democratización. Y si bien el chavismo expropió los activos de las compañías petroleras a mediados de la década de 2000, la trayectoria de Machado la convierte en una defensora creíble de la inversión privada. En este escenario, los intereses extractivos de Trump podrían alinearse instrumentalmente con la democratización venezolana.

La tercera posibilidad es que al presidente Trump le importe, sobre todo, proyectar poder. Desde esta perspectiva, el valor de la operación venezolana residió en la operación en sí: una demostración drástica del poderío militar estadounidense que conmocionó al mundo y dejó claro que Trump actuará con decisión, independientemente de las restricciones nacionales e internacionales. Si esta fue su principal motivación, entonces no hay interés particular en lo que venga después, siempre y cuando Venezuela no se desencadene en un conflicto. La democratización podría incluso ser contraproducente desde esta perspectiva, ya que, según informes, Rodríguez ha prometido cumplir con todas las exigencias de Trump, una conformidad que le exige mantener un control autoritario.

Las cuatro palancas de Machado

La verdad probablemente sea una combinación de estos motivos, y su peso relativo puede variar según las circunstancias. María Corina Machado no sabe con qué versión de Trump está tratando. Su situación se asemeja a la del presidente ucraniano Volodímir Zelenski: gestiona una relación tensa con un aliado esencial cuyas prioridades pueden o no coincidir con las aspiraciones de su país. Al igual que Zelenski, Machado debe navegar entre el apaciguamiento y la asertividad, entre la gratitud y la exigencia. Su tarea es influir en Trump, sea cual sea su motivación, en la dirección de la democracia, sin distanciarlo irrevocablemente.

Para lograrlo, Machado tiene cuatro palancas principales a su disposición:

Gestión directa de la relación con Trump. Esto requiere un delicado equilibrio. Debe expresar su agradecimiento por la acción que derrocó a Maduro —y, al parecer, su agradecimiento y el de la mayoría de los venezolanos es genuino—, mientras que la comunicación directa le permite conocer los verdaderos intereses de Trump y enfatizar cómo la democratización les beneficia. Su decisión de halagar al presidente entregándole su medalla del Premio Nobel de la Paz se entiende desde esta perspectiva. Habiendo establecido un canal de comunicación directo, Machado puede argumentar que Rodríguez no puede cumplir sus compromisos. Los inversores desconfían de un régimen que históricamente expropia activos y enfrenta una oposición persistente. Solo un gobierno legítimo con amplio apoyo público puede crear las condiciones para las inversiones masivas a largo plazo que Trump parece desear.

Afirmando y movilizando apoyo para su mandato democrático. Las elecciones presidenciales venezolanas de 2024 otorgaron a la oposición un mandato inequívoco, y ese mandato no ha desaparecido. Machado debe movilizar a la Unión Europea, las democracias latinoamericanas y las voces bipartidistas en el Congreso estadounidense para mantener la presión a favor de una transición democrática. Su reunión con un grupo bipartidista de senadores es un paso en la dirección correcta. Existe un genuino interés bipartidista en Washington por la democracia venezolana. Machado debe aprovechar este apoyo para aumentar los costos de un acuerdo con Rodríguez, algo que ya influyó en Trump para que no se acercara a Maduro.

Erosionar la estabilidad de la presidencia de facto de Rodríguez. Esta es la estrategia más arriesgada, ya que requiere movilizar a la sociedad civil venezolana en un momento en que el régimen conserva su aparato represivo, aunque debilitado. Pero también es potencialmente la más poderosa. Si los venezolanos salen a las calles para exigir la democracia por la que votaron, si demuestran que un acuerdo sin una vía creíble hacia la transición democrática es insostenible, entonces el cálculo de la administración Trump cambia. Necesita estabilidad para extraer petróleo y presentar la extracción de Maduro como exitosa. Si Rodríguez no puede proporcionar esa estabilidad, la democratización se vuelve necesaria. La pregunta es si Machado regresará a Venezuela para liderar dicha movilización. Si bien ha dicho repetidamente que tiene la intención de regresar «lo antes posible», los riesgos personales son obvios. Aun así, su regreso arruinaría el acuerdo Trump-Rodríguez: Trump no puede seguir apoyando públicamente a Rodríguez si encarcela a Machado, pero Rodríguez no puede garantizar la estabilidad si no lo hace.

Abordar las objeciones de las élites cuya aquiescencia es necesaria. Los comentarios desdeñosos de Trump sobre Machado —que carece de «apoyo o respeto» en Venezuela— podrían reflejar evaluaciones genuinas de que el estamento militar, burocrático y económico del país la considera una maximalista que buscaría una justicia vengativa. De hecho, las declaraciones de Trump que justifican su decisión de colaborar con Rodríguez para evitar «otro Irak» resaltan la relevancia de estas preocupaciones. Una posible solución es que Machado proponga un marco creíble para la justicia transicional. Como he argumentado en ensayos anteriores , dicho marco debe ofrecer una amplia amnistía nacional para la gran mayoría de los participantes del régimen que no cometieron crímenes de lesa humanidad y cuya cooperación es esencial para cualquier nuevo gobierno. Anunciar dicho marco —idealmente con el respaldo del Comité del Nobel y de los funcionarios del gobierno noruego que mediaron en negociaciones previas con el chavismo y apoyaron el proceso de paz colombiano— alteraría fundamentalmente la forma en que las élites nacionales calculan sus perspectivas tras una transición democrática, y la forma en que Trump entiende los méritos de las acusaciones de maximalismo que se le imputan.

La urgente necesidad de una dirección democrática

Semanas después de la captura de Maduro, la cuestión fundamental de la transición democrática sigue sin resolverse. La encuesta de The Economist reveló que dos tercios de los venezolanos desean nuevas elecciones presidenciales , y el 91 % exige que se celebren en un año, mucho antes de lo que la administración Trump ha indicado públicamente.

El peor resultado posible sería la continuidad del chavismo sin Maduro, un régimen autoritario que simplemente ha intercambiado figuras, pero conserva su control absoluto del poder. Este resultado no solo es posible, sino que su probabilidad aumenta a medida que el tiempo erosiona la credibilidad de las amenazas que actualmente rigen la conducta del régimen. Machado entiende que Rodríguez solo está ganando tiempo, como hizo Maduro antes que ella. Por esta razón, el tiempo apremia: los urgentes llamados de Machado a concesiones inmediatas —la liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados políticos, el desmantelamiento del aparato represivo del régimen— buscan que el proceso de transición tome una dirección democrática irreversible antes de que la presión y la atención se disipen.

Lograr una transición genuina que conduzca a elecciones libres requerirá toda la habilidad y el coraje que Machado y la oposición puedan reunir. Requerirá convencer al presidente estadounidense de que la democracia en Venezuela es lo mejor para sus propios intereses. Esto requerirá movilizar la presión nacional e internacional contra la conciliación. Requerirá riesgos individuales que desafíen a Rodríguez y acentúen las contradicciones detrás de sus promesas a Trump. Requerirá compromisos que aseguren la aquiescencia de las élites clave para la democratización. Y, fundamentalmente, requerirá mantener la fe en la gran mayoría de los venezolanos, que desean un futuro diferente y que finalmente tienen razones para creer que ese futuro está a su alcance.

José Ramón Morales-Arilla es profesor investigador de la Escuela de Posgrado de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Obtuvo su doctorado en políticas públicas en la Universidad de Harvard.

No hay duda que respiramos un aire diferente. Hasta los más exigentes demócratas tenemos que convenir que son días en que el optimismo ha dicho presente. Obviamente, como todo lo humano, nada es perfecto y mucho menos cuando se trata de considerar y evaluar una nueva realidad política. A todo evento, lo que sí es innegable es que este enero nos ha traído algo de esperanza en nuestro empeño de reconstruir una Venezuela distinta y libre.

 Estamos en los inicios de una transición. De ello no cabe ni un dejo de vacilación. Y aunque muchos crean que esto es algo fácil o poco complicado, no ha habido experiencia alguna que no haya transitado por difíciles y complejos caminos. A este respecto, la comprensión y la paciencia juegan un papel estelar, así como los inevitables consensos y acuerdos. Entendemos que ha habido mucho dolor, pérdidas, reclamos y sinsabores, pero habrá que tragar muy duro y hasta andar, como alguna vez expresó Rómulo Betancourt, con un pañuelo en la nariz.

No hay transición fácil, cómoda o sobre rieles, como decimos popularmente. A la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, le siguió un largo proceso de arreglos y convenios. Lo principal era implantar de manera definitiva un régimen democrático y, en consecuencia, había que superar todos los escollos y complejidades. Fueron tiempos en que había que ceder, escuchar, armarse de paciencia y de utilizar la “mano izquierda” para convencer a ciertos sectores, viudos de la dictadura y sobre todo del militarismo. El “Pacto de Puntofijo” fue el reflejo fiel de todo un largo proceso de entendimiento en pro de la paz, la libertad y el progreso del país.

La aprobación de la constitución de 1961 es otro ejemplo. Diferentes fuerzas políticas y de variadas posiciones ideológicas lograron comprometerse para darle piso jurídico al recién estrenado sistema democrático. Quien se tome la molestia de revisar las actas de la comisión parlamentaria encargada de su redacción, así como los diarios de debates, podrá constatar que la inmensa mayoría de sus integrantes pensaban más en el país que en mezquinos intereses personales y partidistas.

Muchos echan mano a la transición española iniciada a la muerte de Franco en noviembre de 1975. Aunque el desempeño del designado rey, Juan Carlos I de Borbón, fue fundamental, ello no aminora las posiciones, el esfuerzo y la resuelta disposición de los partidos y sus principales dirigentes para alcanzar la tan ansiada democracia.

El Chile post Pinochet. A este proceso muchos lo aluden para explicar, convincentemente, la necesidad de procurar una transición ordenada, pacienzuda y con mucho tino. Y es que, por lo general, se tomaban decisiones que muchos ciudadanos no aprobaban ni justificaban, pero que el tiempo dio la razón a quienes las asumieron.

Hay esperanza en esta dolida Venezuela. Un poco de paciencia nos haría bien. Esto no significa conformismo ni doblez. Al contrario, madurez política y manejo de realidades. Los días que vienen serán su mayor testimonio.

Hoy aparecieron dos notas que, desde distintas historias, empujan el mismo mensaje de captura.

AP deja ver que la DEA marcó a Delcy Rodríguez como «objetivo prioritario» en 2022. Su nombre aparece en casi una docena de investigaciones activas. La DEA tiene expediente abierto sobre ella desde 2018: asociados, redes de narcotráfico, contrabando de oro, lavado de dinero. Sin embargo, el gobierno de EEUU nunca la ha acusado públicamente. No está entre los imputados junto a Maduro.

Reuters revela que la administración Trump negoció con Diosdado Cabello meses antes de capturar a Maduro y ha mantenido comunicación con él desde entonces. Lo tienen advertido: nada de usar los colectivos ni las fuerzas de seguridad contra la oposición. Cabello aparece en la misma acusación de narcotráfico que justificó llevarse a Maduro y sobre él pende una recompensa de $25M. Sigue libre y «mandando».

Pensar que estas filtraciones simultáneas son «periodismo de investigación» es ingenuidad. Son operaciones de señalización y construcción de percepciones.

El mensaje para Delcy, que quieren que leamos, sería: sabemos quién eres y cuánto nos sirves. Trump la llama “magnífica” en público, pero la DEA filtra que tiene suficientes pruebas para hundirla cuando llegue la hora. Ella ha intentado jugar doble: ofrecer cooperación a Washington, mientras trata de mantener la narrativa que Maduro fue “secuestrado”. Esta filtración de la DEA le recuerda la frontera: no hay espacio para el funambulismo. O juega para ellos o la ponen en la misma caja que a Maduro.

Para Cabello, el mensaje que quieren que leamos es otro: sabemos que podrías intentar incendiar el país, y sabemos por qué no lo haces. Su estructura policial y para-policia está intacta. Si la mueve, puede enturbiar la operación y complicar la transición que Washington quiere administrar. Pero también saben dónde duerme. La recompensa le pende del cuello como una campana.

Para ambos: los expedientes están listos. Vamos por ustedes cuando queramos.

Delcy y Cabello compiten por el poder pero se necesitan para sobrevivir. Aliados aquí, rivales allá, atados por tensiones que los mantienen en equilibrio. Washington lo entiende perfectamente. Negocia con ambos por separado. Filtra expedientes. Introduce la cuña. Los mantiene mirándose de reojo, asegurándose de que ninguno acumule suficiente poder para desafiar al nuevo patrón.

Trump contrató para que le manejen la finca petrolera que se conquistó a personas que su propio gobierno considera narcotraficantes. Los usa sobre el chantaje. Estas filtraciones son el recordatorio público de quién manda.

El Estado mafioso venezolano ha sido capturado.

@AgIzarra

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Por Miguel Sales

Superbigote (SB) fue durante años, la respuesta latinoamericana —más bien bolivariana— al mito de Supermán. Con su apéndice piloso y su mano de hierro, y con la invaluable ayuda de su carnal Supercilita (SC), Superbigote derrotaba siempre, de manera fulminante, a los estadounidenses y sus lacayos, los políticos de la oposición. Las tiras de dibujos animados y las cintas de vídeo dan fe de lo que escribo.

La participación de SC en las hazañas de SB era más bien simbólica. Podría decirse que ella era como un contrapunto floral que dulcificaba la violencia que SB estaba obligado a utilizar ante la contumacia de sus enemigos. Haciendo un burdo juego de palabras con el apellido de la «primera combatiente», los críticos dicen que en la serie sirve de florero, pero la afirmación es injusta. Tras un cuarto de siglo de amor y trabajo conjunto, la actuación de SB sería inexplicable sin el aporte de SC. Además, es menester tener en cuenta la igualdad de oportunidades y los techos de cristal.

Mientras Superbigote perpetraba esas proezas, su trasunto real vociferaba en los actos públicos, se disfrazaba con uniformes de campaña, marcaba unos pasillos de rumba o de salsa, blandía la espada de Bolívar y retaba al imperialismo yanqui, esa entelequia miserable que temblaba ante el desafío del titán venezolano.

Pero los fulminantes sucesos del 3 de enero determinaron una transustanciación, mediante la cual la persona se integró con el personaje y Superbigote y su trasunto real, Nicolás Maduro, se fundieron en un solo ser. Eso demostró, una vez más, que la naturaleza imita al arte.

Ahora, inexplicablemente encerrado en una jaula de kriptonita instalada en Brooklyn —sin duda por obra de la traición en sus filas o de algún conjuro maligno— Maduro-Superbigote se compara con Jesucristo, proclama su inocencia, afirma que es un prisionero de guerra y, a la vez, asegura que sigue siendo presidente de Venezuela. Al parecer, desde la caída se encuentra aquejado de delirium tremens. Resulta obvio que nadie le informa de lo que ha ocurrido en Caracas desde que los gringos lo trincaron en su guarida, en pijama y con los rulos puestos.

Para enriquecer la línea argumental del personaje, los libretistas de SB no carecían de frases originales enunciadas por el mandatario. En diversas ocasiones, Maduro se refirió al milagro bíblico de «multiplicar los penes y los peces», dijo que Bolívar había quedado «huérfano de esposa a los 17 años» y que él no había «dudado ni un milímetro de segundo» en seguir el ejemplo de Chávez.

La lista de declaraciones históricas es interminable. «Los capitalistas especulan y roban como nosotros», «las elecciones serían un autosuicidio colectivo», al tiempo que pedía a una cardióloga «revísame el corazón con el telescopio» y hablaba con un rebaño de vacas para que lo apoyaran en los comicios constituyentes.

También afirmaba con toda seriedad que sus ministros «trabajarían las 35 horas del día», que «la guerra fría empezó en 1715» o que «Portugal y Venezuela están en el mismo continente».

Esta caudalosa fuente de inspiración corría el riesgo de secarse, antes del fenómeno espiritual que aconteció la semana pasada. Ahora, fundidas las sustancias esenciales de ambos en la desdichada peripecia del trullo, Maduro-SB es como un meteoro ideológico, un nuevo ser de luz que esclarece las molleras de la cáfila gobernante de Caracas, aunque no alcance a iluminar las calles de La Habana.

Tras el desastre del sábado 3 de enero —la guerra de las tres horas que culminó como ya sabemos— los policías de Cuba y Venezuela buscan afanosamente a los «topos» que traicionaron a Maduro-SB y lo vendieron a los espías de Washington.

No tienen que indagar mucho. Bastará con examinar la lista de beneficiarios. Los hermanos Rodríguez —Delcy, nueva presidenta, y Jorge, líder del legislativo—, los ministros confirmados en cargos principales por su prudente inacción, los aguerridos generales que no movieron ni un dedo para evitar el secuestro, el jefe de los servicios secretos que pudo haber filtrado los datos acerca del paradero y los hábitos presidenciales o incluso los miembros supervivientes de su guardia pretoriana, que tal vez sueñen todavía con cobrar la propina que Estados Unidos ofrecía por su captura.

En todo caso, las noticias son terribles. Porque la caída de Maduro-SB constituye una derrota sin paliativos y, además, un golpe inconmensurable propinado al baile y la cultura latinoamericana y un revés para la lucha de liberación de los pueblos oprimidos por el imperialismo y bla, bla, bla (y más bla, bla, si fuere necesario). Quien no lo crea, que lea los discursos de Delcy y los editoriales del Granma. O que vea los vídeos de Superbigote.

Además, porque, en las circunstancias actuales, no parece probable que las aventuras y los triunfos de Superbigote y Supercilita se sigan publicando. Aunque los autores podrían lanzar un tercer o cuarto capítulo de la serie titulado, por ejemplo, «Las hazañas de SB en Brooklyn» o «SB combate en las entrañas del monstruo», no es seguro que ni siquiera el mismo beneficiario lo vaya a interpretar correctamente. Podría pensar que se trata de un cachondeo.

Ahora solo queda que los gobiernos de Cuba, Corea del Norte, Brasil, Bielorrusia y otras «democracias auténticas» impulsen una iniciativa internacional para que la UNESCO inscriba los episodios de Superbigote y Supercilita en los Anales de la Memoria del Mundo y en las listas del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. No sea que las masas, siempre tan ingratas, vayan a olvidar a su paladín.

Por Guillermo Bello Vicentini

El paso más importante de la nueva administración del país en materia de políticas públicas de viviendas debe ser el retorno a un sistema de propiedad y financiamiento sano, correcto y de crecimiento acorde con la nueva y próxima riqueza del país. La propiedad es un derecho ciudadano enunciado en nuestra Constitución actual, en la anterior, y en el concepto de vivienda de la ONU.

Un círculo financiero sano, correcto y creciente se cumple cuando existe propiedad del terreno, financiamiento de la construcción con sus intereses, y venta a un tercero con sus respectivas cuotas mensuales que formalizan el retorno del capital invertido —por lo general a través de un ente financiero que facilita el apalancamiento de fondos para nuevos desarrollos inmobiliarios—. Estas viviendas, con apoyo del gobierno, son operadas y promovidas por el sector privado, que se ocupa de seleccionar los desarrollos con mayor probabilidad de éxito, administrar los fondos y gestionar la venta y retroalimentación de recursos hacia el sistema financiero.

Este modelo genera puestos de empleo formales, formaliza la legalidad de la tierra, fomenta el ahorro familiar; los desarrolladores pagan permisos de construcción de urbanismo y viviendas, pagan derechos de incorporación, y luego el propietario paga agua, cloacas, electricidad, aseo, condominio e impuesto inmobiliario. Las viviendas suben de valor, crean patrimonio familiar, incentivan el mantenimiento y las ampliaciones, y ofrecen libertad a sus dueños para vender, alquilar, permutar, hipotecar o heredar sin requerir dinero del Estado. Son «viviendas vivas», financieramente hablando.

Socialmente, las «viviendas vivas» tienen un propietario que se obliga a respetar las leyes, decretos y normativas del país. Son terrenos legales, proyectos legalmente permisados, con documentos de parcelamiento, condominio y propiedad. Sus habitantes tienen múltiples razones para pagar condominio y contribuir con el bienestar de la comunidad, mejorar la calidad de vida urbana y ser autosuficientes. Crean arraigo, sentido de pertenencia y un nexo humano-vivienda que forma el hogar.

Las viviendas de interés social contribuyen a generar desarrollo y progreso, luchan contra la marginalidad urbana brindando servicios ciudadanos, mejoran el paisaje urbano, resguardan y dignifican a sus propietarios. Son viviendas formadoras de la Escalera Social y Económica de la nación.

El nuevo gobierno entrante debe promover una ley de emergencia nacional que permita generar el título de propiedad a las viviendas asignadas —»viviendas muertas»— y activar los mecanismos financieros requeridos para incentivar nuevos desarrollos inmobiliarios que cumplan con el correcto ciclo financiero y social, activando todo lo necesario para EL RETORNO A «VIVIENDAS VIVAS».

Vía Infobae

El Gobierno de los Estados Unidos ha comenzado a ejecutar una estrategia de «Estado» de carácter estrictamente confidencial para la transición en Venezuela. El plan, diseñado por el presidente Donald Trump y conocido solo por un círculo íntimo de su administración, busca evitar un vacío de poder mediante una interlocución directa con el nuevo mando en Miraflores, representado por Delcy Rodríguez, tras la captura y traslado a Nueva York del exdictador Nicolás Maduro.

Un plan de seguridad nacional

La «hoja de ruta», custodiada bajo absoluto celo por el Secretario de Estado, Marco Rubio; el Vicepresidente, JD Vance; el Secretario de Defensa, Pete Hegseth; y la Jefa de Gabinete, Susie Wiles, se basa en la lógica geopolítica de evitar los errores históricos cometidos en conflictos como Irak o Afganistán.

“Recuerdo lo que sucedió en Irak, adonde fueron despedidos todos… y al final llegó ISIS”, afirmó el presidente Trump desde la Casa Blanca. Bajo esta premisa, la administración republicana ha optado por mantener la estructura institucional en Venezuela para garantizar la estabilidad, estableciendo un canal de contacto permanente entre Marco Rubio y Delcy Rodríguez.

El encuentro con María Corina Machado

En un giro diplomático significativo, el presidente Trump recibió en la Casa Blanca a la líder opositora María Corina Machado, tras su gira por Europa donde fue recibida por el Papa León XIV. El encuentro, descrito como cálido pero políticamente firme, sirvió para alinear posturas sobre el futuro del país.

Durante un almuerzo privado en el que participaron Rubio, Vance y Wiles, Machado expuso los siguientes puntos clave:

  • La ratificación del fraude electoral cometido por la dictadura previa.
  • Su intención firme de presentarse como candidata presidencial en el futuro proceso electoral.
  • Su voluntad de regresar a Caracas para liderar el terreno político.

Resultados de la negociación

Si bien el presidente Trump elogió la inteligencia y el valor de Machado, se mantuvo inflexible en su estrategia de priorizar el diálogo con el gobierno de transición de Rodríguez para asegurar una transición sin caos.

Los acuerdos fundamentales derivados de esta reunión incluyen:

  1. Luz verde para la coordinación: Machado ha sido integrada formalmente en la estrategia geopolítica de la Casa Blanca para la transición democrática.
  2. Seguridad y prudencia: A petición expresa de Trump, la líder opositora postergará su regreso a Caracas hasta que la administración estadounidense lo considere seguro y oportuno.
  3. Acceso a información: Se ha abierto un canal para que el liderazgo opositor acceda a información estratégica que anteriormente se manejaba de forma aislada.

“Creo que María Corina Machado es una mujer muy buena, y nos volveremos a ver”, concluyó el presidente Trump al finalizar la jornada, sellando una alianza táctica que busca el retorno de la democracia en Venezuela bajo un esquema de estabilidad regional.

Hay nombres en la historia venezolana que, sin haber ocupado la presidencia de la República, han dejado una huella imborrable en la vida institucional del país. Uno de esos nombres es el del doctor Reinaldo Leandro Mora: educador, parlamentario, ministro, diplomático, escritor, pero por encima de todo, un servidor público íntegro, comprometido con el ideal democrático y con la unidad del pueblo venezolano.

Nacido en El Cardonal, estado La Guaira, el 23 de mayo de 1920, su vocación comenzó en las aulas. Era maestro de formación y de corazón, con una gran sensibilidad social. Pronto su compromiso con Venezuela lo llevó a ejercer responsabilidades de gran envergadura en el ámbito nacional e internacional.

Fue ministro de Educación durante el gobierno de Rómulo Betancourt, y más adelante embajador de Venezuela ante la Santa Sede durante la presidencia de Raúl Leoni. Este cargo, que lo puso en contacto con el mundo espiritual y diplomático del Vaticano, lo desempeñó con altura, con una capacidad de interlocución serena, basada en el respeto, la cultura y el entendimiento mutuo. Su relación con el sector religioso, tanto dentro como fuera de Venezuela, se caracterizó siempre por el diálogo, la comprensión de los valores espirituales, y el convencimiento de que la ética debía estar en el centro de la política.

Fue precisamente en ese periodo de gobierno, ya como ministro de Relaciones Interiores, cuando lo conocí personalmente: me correspondió presentarme ante él para juramentarme como gobernador de la isla de Margarita. Tenía yo entonces apenas 23 años de edad, lo cual me obligó a renunciar, pero ese fue el inicio de una amistad entrañable, forjada con respeto mutuo y una profunda estima que nunca se quebrantó.

En el Congreso Nacional, nuestras coincidencias se multiplicaron. Él fue senador por el estado Barinas, y yo representaba a Nueva Esparta. Compartimos visiones de país, y durante varios periodos legislativos coincidimos en la Comisión de Defensa del Senado, de la cual él fue presidente en varias ocasiones. Yo tuve el honor de ocupar la vicepresidencia de esa comisión en tres oportunidades, e incluso de asumir la presidencia de forma temporal durante sus ausencias. Allí pude conocer su profundo conocimiento del ámbito militar, su relación de respeto mutuo con las Fuerzas Armadas y su comprensión clara del papel institucional que éstas debían cumplir en la vida democrática.

Reinaldo Leandro Mora era un político completo: culto, firme, sereno y profundamente respetuoso. Siempre fue un hombre de criterio unitario, convencido de que la democracia sólo podía sostenerse si todos los partidos políticos —sin excepción— asumían su rol dentro del marco del respeto y el diálogo. Su vida fue un testimonio de esa convicción: buscaba siempre las coincidencias antes que las diferencias, los acuerdos nacionales antes que los enfrentamientos.

No deja de sorprenderme, incluso hoy, que un hombre con tantas virtudes, tan respetado dentro de Acción Democrática, no haya llegado a ser presidente de la República. Y sin embargo, nunca manifestó una ambición personal desmedida. Su vocación era el servicio al país, sin necesidad de títulos grandilocuentes. En lo personal, me acompañó en mis luchas políticas; me brindó sus consejos con afecto y generosidad y siempre tuvo una palabra de aliento basada en su vasta experiencia y en su comprensión de los tiempos políticos.

Después de ejercer la presidencia del Congreso Nacional entre 1984 y 1989, fue nombrado por el presidente Carlos Andrés Pérez como presidente de la Comisión Presidencial para la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas con Colombia, donde trabajó junto a figuras de la talla de Hilarión Cardozo y Pompeyo Márquez. Fue también un pensador profundo, autor de obras como La Comunidad Nacional, La Constitución de la República: Sin vocación a riesgo de vigencia efímera y textos sobre historia, arte y ciudadanía.

Murió en Caracas el 4 de noviembre de 2013, y con él se despidió una de las conciencias más lúcidas de la democracia venezolana del siglo XX. Su vida, su obra y su conducta pública siguen siendo un ejemplo de civilidad, de compromiso con los valores republicanos, y de respeto a la pluralidad.

Reinaldo Leandro Mora fue un hombre de palabra, de principios, de temple institucional. Su legado nos recuerda que es posible ejercer el poder sin arrogancia, construir consensos sin claudicar, y hacer política desde la dignidad, la inteligencia y el respeto. Fue, sin duda, uno de los grandes venezolanos de su tiempo.

Por Luis Ochoa Terán

Las intervenciones militares extranjeras justificadas en nombre de la democracia han marcado algunos de los episodios más decisivos y controvertidos de la política internacional contemporánea. Desde la Europa devastada de 1945 hasta la Venezuela actual, el uso de la fuerza externa para derrocar regímenes, reconstruir “Estados o proteger” transiciones políticas ha producido resultados profundamente dispares. La experiencia histórica demuestra que la intervención no es sinónimo de democratización, y que sus consecuencias políticas dependen menos del poder militar que de la legitimidad, las instituciones y la apropiación de los sectores políticos internos del nuevo orden.

Los casos paradigmáticos de Alemania y Japón tras la Segunda Guerra Mundial suelen presentarse como ejemplos exitosos de intervención transformadora. La diferencia es que ambos países surgieron de una derrota total, con Estados colapsados y regímenes deslegitimados. La ocupación militar fue directa y profunda, pero estuvo acompañada de reconstrucción institucional, reformas estructurales, desnazificación, crecimiento económico y una progresiva recuperación de la soberanía. La clave fue que la tutela externa se transformó en autonomía política, no en dependencia permanente y la presencia extranjera no erosionó la legitimidad, sino que fue reinterpretada como garantía frente al totalitarismo pasado. La democracia no fue solo impuesta sino internalizada por sus sectores políticos y adecuada a su idiosincrasia política. La presencia extranjera no erosionó la legitimidad, sino que fue reinterpretada como garantía frente al totalitarismo pasado.

En Kosovo, la intervención de la OTAN en 1999 dio lugar a un caso distinto: una democracia nacida bajo protección internacional prolongada. El nuevo Estado dependió durante años de fuerzas extranjeras para su seguridad y gobernabilidad. Aunque evitó una guerra mayor y creó instituciones formales, su soberanía sigue siendo parcial y su legitimidad, disputada. Kosovo muestra que la tutela internacional puede estabilizar, pero difícilmente sustituye a una base política plenamente autónoma.

Los fracasos más evidentes se encuentran en Irak y Afganistán. En Irak, la intervención de 2003 destruyó el Estado existente sin lograr construir uno nuevo legítimo. La democratización impuesta desde fuera derivó en fragmentación sectaria, violencia crónica y debilidad institucional. Afganistán fue aún más elocuente: tras veinte años de presencia militar extranjera, el régimen colapsó en cuestión de días al retirarse las tropas internacionales en 2021. La democracia, sostenida por fuerzas externas, nunca echó raíces reales. Ambos casos confirman una lección dura: sin legitimidad interna, la fuerza externa solo aplaza el colapso.

En el caso de la invasión panameña, el gobierno de Endara nace de esas circunstancias excepcionales y traumáticas y su toma de posesión se realizó en una base militar estadounidense mientras se desarrollaba la invasión, lo cual marcó desde el inicio una paradoja por cuanto Endara encarnaba la restauración del orden constitucional tras la dictadura militar, pero su legitimidad quedó inevitablemente condicionada por la intervención extranjera que lo llevó al poder. Esta tensión definió tanto los alcances como los límites de su administración.

Panamá representa un caso de restauración democrática más que de construcción institucional desde cero. El gobierno de Guillermo Endara había ganado elecciones previas, lo que le otorgaba legitimidad de origen. Sin embargo, el hecho de que esta restitución se produjera mediante una invasión militar extranjera colocó al nuevo gobierno bajo una sombra de tutela y un margen de maniobra soberana. No obstante, la protección militar estadounidense continuó más allá de la invasión, particularmente frente a intentos de golpe, consolidando una democracia funcional pero dependiente en materia de seguridad. A diferencia de otros casos, Panamá eliminó su ejército, optando por una seguridad interna civil, lo que redujo riesgos de autoritarismo, pero incrementó la dependencia externa americana como garante último del orden constitucional.

La lección que dejan décadas de intervenciones es clara: la fuerza puede derribar gobiernos, pero no puede construir legitimidad. Panamá logró estabilidad porque había un mandato democrático previo; Alemania y Japón, porque la reconstrucción fue profunda y sostenida; Irak y Afganistán fracasaron porque la democracia era ajena a su sistema cultural y político.

Venezuela se encuentra hoy ante esa encrucijada. Su futuro no dependerá solo de decisiones externas, sino de la capacidad de los propios venezolanos de transformar una eventual transición en un proyecto político compartido. Sin ese paso, cualquier intervención, por poderosa que sea, solo cambiará los actores del conflicto, no la lógica política. Sin pacto político interno, sin reinstitucionalización del Estado y sin recuperación económica, no hay democracia que resista. Alemania y Japón lo lograron porque combinaron seguridad, crecimiento y soberanía. Sin esos pilares la historia suele ser otra.

Hoy, Venezuela se perfila como el caso más reciente y polémico de intervención con consecuencias aún abiertas. A diferencia de Panamá, no se trata de una simple restauración democrática y a diferencia de Alemania o Japón, no existe un consenso internacional ni un proceso multilateral de reconstrucción. El riesgo es evidente: que una transición percibida como impuesta desde fuera carezca de legitimidad interna suficiente.

La comparación histórica permite extraer una conclusión central: la intervención militar puede abrir una oportunidad política, pero no puede sustituir la construcción democrática por sus propios nacionales. Cuando existe legitimidad previa, continuidad estatal y una hoja de ruta clara hacia la soberanía, como en Alemania, Japón o Panamá, la democracia puede consolidarse. Cuando esos elementos faltan, la intervención suele generar Estados frágiles, dependientes o directamente fallidos.

Por Guillermo García

Se ha difundido en medios financieros que el gobierno de los Estados Unidos está implementando un plan de emergencia para canalizar la venta de petróleo venezolano (se habla de 30 a 50 millones de barriles) y que dicha venta alcanzaría al momento unos 500 millones de dólares.

Dentro del esquema planteado esta la apertura de un fondo o fideicomiso en Qatar que sería el receptor de los recursos obtenidos de las ventas de petróleo. En una primera fase se plantea que, de esas ventas, unos US$ 300 millones se colocaran a través de 4 bancos privados venezolanos (Banesco, Provincial. Mercantil y BNC) cada institución recibiendo US$ 75 millones. Estas ventas de dólares efectuadas por dichos bancos al sector privado venezolano estarán orientados a los sectores alimentos y salud, incluidos pequeñas y medianas empresas.

El objetivo es que la banca nacional maneje directamente bajo un proceso de subasta (precio de mercado) para que el tipo de cambio flote de acuerdo a la oferta y demanda.

Se dice que un requisito fundamental es que la cuenta del demandante final cuente con código SWIFT de modo que la operación se canalice por el sistema financiero norteamericano.

¿Será éste esquema suficiente en montos de oferta y eficiente en la asignación de dólares para estabilizar el tipo de cambio? ¿O se requiere de otras medidas que complementen un nuevo esquema?

Caso Venezuela
El proceso de dolarización puede tener diversos orígenes. En nuestro caso, es por el lado de la demanda, y resulta de la decisión de los individuos y empresas por utilizar el dólar, ante la pérdida de la confianza en el bolívar como unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor, en escenarios de inflación agresiva y de volatilidad e irracionalidad del tipo de cambio.

La complicada situación de inflación y depreciación del bolívar que ha llevado a una profundización de una dolarización informal y transaccional que registra ya porcentajes cercanos a 50% en algunos sectores económicos, aunado a una reducción del crédito (en bolívares) bancario producto de un elevadísimo nivel de encaje legal (73% actual, se redujo en 12% el 02 de febrero de 2022) requiere que se busquen los mecanismos de solución.

La liquidez en bolívares del sistema financiero alcanza al 02 de enero de 2026 en bolívares digitales 993.918.884 millones, que al tipo de cambio representa unos US $ 4.000 millones; mientras que se calcula que en el país circulan unos 5000 millones de dólares y en la banca nacional una captación del público de unos 1.700 millones de dólares (cuentas custodia y Convenio 1). Es decir, los dólares que se calculan están en circulación en la economía venezolana son casi 1.5 veces la liquidez monetaria en bolívares del sistema bancario nacional actualmente.

Frenar en seco la inflación y la devaluación.
La viabilidad de un programa de estabilización, como el que se viene implementando, esencialmente depende de la credibilidad de la promesa del gobierno de mantener el gasto bajo control, abatir la inflación rápidamente y mantener un mercado de cambio confiable. En un país que no ha visto inflación anualizada de un dígito en 40 años y un mercado cambiario de inestabilidad y muy volátil, estos compromisos son difíciles de vender al mercado y sus agentes.

¿Por qué algunas estabilizaciones funcionan y otras no?
Usualmente, las expectativas juegan un rol crucial. Para que los agentes económicos a cargo de la fijación de precios dejen de incrementarlos, tienen que confiar en que la senda de crecimiento de la oferta monetaria será estable en el futuro. Si bien esto es lo que prometen todos los gobiernos que intentan estabilizar, esa garantía no siempre es vista como creíble por los fijadores de precios y agentes económicos.

Los gobiernos que se enfrentan a un problema de credibilidad imperfecta terminan adoptando políticas monetarias y fiscales restrictivas, no porque ello sea óptimo para la economía, sino porque es la única forma que tienen de hacer creíble la promesa de bajar la inflación y estable la moneda. Y es el costo social y político asociado con esas políticas el que termina minando la viabilidad del ajuste, dándole razón a los que ponían en duda su credibilidad. En otras palabras, el costo de la credibilidad imperfecta durante un proceso de estabilización es atravesar una recesión que podría llegar a ser profunda. No creo que Venezuela pueda soportar un período prolongado de dolorosa austeridad en las circunstancias en las que se encuentra. Por ello, la principal característica de un plan para frenar la inflación debe ser generar credibilidad ante los agentes económicos.

Compensación en dólares
La compensación bancaria en dólares permitirá que cada entidad financiera salde con las otras entidades los títulos y operaciones realizadas a su favor y en su contra. A través de esta compensación se reduce de forma sustancial el movimiento de dinero en efectivo.

Una vez se establezca la compensación interbancaria en dólares y transferencias electrónicas entre clientes en diferentes bancos, el sistema financiero estará en capacidad entonces de cumplir su rol y objeto como es el de intermediación bancaria, a través del otorgamiento de créditos ( la banca tiene captaciones en dólares por unos US$1.700 millones) y efectuar operaciones de inversión de cartera propia y de terceros en el mercado de valores nacional de las empresas venezolanas que emitan títulos valores en dólares, diversificando así riesgo y uso más eficiente de los recursos captados del público.

Libre circulación y compensación de divisas ayuda a la estabilidad del Bolívar digital
Una decisión de permitir la libre circulación de divisas en el país y la compensación bancaria en dólares, es decir donde el bolívar Digital y otras divisas: dólar, euro, peso colombiano, puedan circular libremente sin penalidad de uso, ni tenencia y donde tanto las empresas y los ciudadanos puedan decidir en cual moneda intercambian bienes y servicios y utilizar como medio de pago y reserva de valor. Dentro de esta decisión de coexistencia legal de monedas está la de ampliar a los bancos nacionales los montos de apertura de cuentas, montos de depósitos y de transferencias entre titulares y terceros en los diferentes bancos.

La coexistencia de divisas y el bolívar digital a nivel del sistema bancario puede permitir que el BCV reduzca la necesidad de emisión de bolívares digitales para el funcionamiento de la economía, ya que en la medida que las divisas (dólares principalmente) ya en circulación se calcula en ( $ 5.000 millones) y en el sistema bancario en cuentas de custodia y Convenio 1 en moneda extranjera ($1.700 millones) y el establecimiento de la compensación en dólares y créditos en divisas, permitirá una mayor estabilidad del bolívar digital y una reducción de los niveles de inflación. Lo que redundará en beneficio del valor y poder de compra del bolívar digital y menores presiones sobre el tipo de cambio.

¿Qué otra medida debe implementarse?
Una medida pendiente por varios años y que la Superintendencia de Bancos SUDEBAN debería aprobar para ampliar las posibilidades de financiamiento a las empresas privadas, es la que permita nuevamente, que la banca nacional pueda invertir recursos propios y de terceros a la inversión de títulos valores tanto en bolívares como en dólares emitidos por las empresas venezolanas autorizados por la Superintendencia Nacional de Valores SUNAVAL, en el mercado de valores. Esta sola medida abriría una fuente de recursos para las empresas que utilizan el mercado de valores, optimiza los excedentes de tesorería de los bancos y diversifica y reduce riesgo para la banca. Esta medida permitiría que la SUNAVAL pudiese evaluar la posibilidad que las Casas de Bolsa autorizadas puedan ofrecer la apertura de cuentas de inversión Bursátil en moneda extranjera, para de alguna forma facilitar la entrada al mercado de valores de muchos venezolanos, permitiendo obtener mayor rentabilidad y diversificación de sus ahorros en divisas, así como captar inversión extranjera y nacional para las empresas venezolanas.

Eliminación del IGTF
Con el establecimiento de la compensación en dólares y la autorización a la banca del otorgamiento de crédito en divisas, el impuesto del IGTF no es necesario y puede ser eliminado. La coexistencia de divisas en la economía, que ya de manera informal ya existe, contribuirá de forma importante a una solución que ayude a dar estabilidad al tipo de cambio y una reducción de los niveles de inflación que venían generándose el pasado año por efecto de un incremento y profundización de la dolarización transaccional.

“La economía Bimonetaria” es un esquema donde las divisas coexisten legalmente y libremente en la economía con el bolívar digital. Un esquema que puede ofrecer mayor confianza y credibilidad a los agentes económicos e inversionistas y abre una posibilidad de crecimiento económico, financiamiento para las empresas y profundización del mercado de valores y una reducción paulatina de la inflación y mayor estabilidad al bolívar digital.

Vía WSJ

El día de Año Nuevo, un petrolero parcialmente cargado con crudo sancionado salió de la principal terminal de exportación de Venezuela y navegó hacia Irán. Al día siguiente, otro petrolero escapó con petróleo venezolano, alterando sus señales para ocultar su rumbo. Imágenes satelitales confirmaron posteriormente que se dirigía a China.Los dos cargamentos parecen ser el último petróleo ilícito que sale de Venezuela, según un informe de la firma de inteligencia naviera Kpler.

El 3 de enero, las fuerzas estadounidenses  capturaron y derrocaron al presidente venezolano Nicolás Maduro. Desde entonces, las exportaciones de petróleo han disminuido un 75 % con respecto a lo que exportaba el país mensualmente el año pasado, interrumpiendo así un suministro vital de dinero para el régimen venezolano.El poco petróleo que salió de los puertos durante los siguientes 10 días estaba destinado a Estados Unidos o destinado a ser utilizado en las refinerías de Venezuela para crear combustible para la gente y las industrias de allí. 

Los datos de Kpler muestran cargamentos en ruta a lugares como Pascagoula, Mississippi, donde Chevron posee una gran refinería, y centros de procesamiento de petróleo en Corpus Christi, Texas, y St. Charles Parish en Luisiana.En última instancia, la desaceleración del flujo petrolero venezolano amenaza la posición de China como el mayor comprador de petróleo del mundo. El país ha comprado crudo con grandes descuentos de países como Rusia, Irán y Venezuela, pero a medida que sus opciones se reducen, corre el riesgo de reducir sus compras, ya que el mercado petrolero mundial anticipa un exceso de oferta.

“En lugar de comprar a mansalva, China podría desacelerarse un poco”, dijo Denton Cinquegrana, analista jefe de petróleo de OPIS, empresa que, al igual que The Wall Street Journal, es propiedad de Dow Jones. “Eso aumenta la oferta global. Estaban absorbiendo parte de ese exceso de oferta”. En diciembre, la administración Trump comenzó a rastrear e incautar petroleros sancionados que forman parte de una flota fantasma que transporta crudo a países como Venezuela, Rusia e Irán.

El jueves, las fuerzas estadounidenses incautaron un sexto petrolero , que navegaba bajo  bandera rusa , y se prometen más acciones militares estadounidenses en los próximos días.Kpler estima que casi 48 millones de barriles de crudo venezolano están fuera de las aguas del país y no tienen como destino Estados Unidos en el comercio autorizado, lo que significa que esos cargamentos podrían trasladarse a otros lugares, incluida Asia, y estar sujetos a la aplicación de sanciones.Las fuerzas estadounidenses están llevando al menos algunos de los petroleros requisados ​​a Texas.

Dos de los barcos incautados más recientemente estaban anclados frente a la isla de Galveston, cerca de Houston, donde grandes compañías petroleras, como ExxonMobil , Phillips 66 y Valero, tienen extensas operaciones.Phillips 66 cuenta con dos plantas de combustible en la Costa del Golfo que pueden procesar crudo venezolano, según Mark Lashier, director ejecutivo de la compañía.

Recientemente, Lashier declaró a los inversionistas en la conferencia de energía de Goldman Sachs que el petróleo venezolano es similar en consistencia y calidad al de Canadá, lo que contribuirá a presionar los precios del petróleo de ese país y reducirá los costos de las materias primas de Phillips 66 en las refinerías de todo Estados Unidos.“Venezuela producía tres millones de barriles diarios de crudo pesado. Contamos con refinerías diseñadas a largo plazo para procesar ese crudo”, afirmó Lashier, añadiendo que podría llevar muchos años revitalizar por completo la industria energética del país tras décadas de abandono.“Realmente creemos que esta es una oportunidad para que Venezuela regrese al capitalismo”, dijo. “Es un crimen lo que ha sucedido allí, y realmente esperamos que todo se resuelva así”.

Desde que Estados Unidos autorizó a Chevron a extraer más petróleo de Venezuela en julio pasado, China, Estados Unidos y Cuba han sido los mayores importadores de petróleo del país, según datos de Kpler. China absorbió la mayor parte, con diferencia, con un promedio de 440.000 barriles diarios. Cuba recibió cargamentos más pequeños e intermitentes, de menos de 20.000 barriles diarios.

Pero a principios de enero, a medida que el ejército estadounidense reforzaba la vigilancia frente a las costas de Venezuela, un grupo de petroleros sancionados intentó salir del Caribe. Algunos lograron llegar al Atlántico Norte, mientras que otros revirtieron su rumbo. El resultado: se ha producido una drástica interrupción de los flujos de petróleo venezolano hacia Asia, y no se ha confirmado ningún cargamento con destino a Cuba en lo que va de mes, según Kpler.

Sin el crudo venezolano, Pekín buscará importar más petróleo de Canadá. Los países acordaron este mes profundizar sus vínculos energéticos. Canadá está deseoso de reducir su dependencia comercial con Estados Unidos debido a los aranceles del presidente Trump. Más del 90% de las exportaciones de crudo de Canadá se destinan a Estados Unidos.

«Lo que escuchamos alto y claro es que China está buscando socios comerciales confiables, socios comerciales que no utilicen la energía con fines coercitivos», dijo el Ministro de Recursos Naturales de Canadá, Tim Hodgson, después de las reuniones en Beijing.

China se ha convertido en un importante comprador de crudo canadiense gracias al oleoducto Trans Mountain, que transporta crudo desde los yacimientos petrolíferos de Alberta hasta terminales marítimas cerca de Vancouver, Columbia Británica. En los primeros 10 meses de 2025, China representó más del 5% de las exportaciones petroleras canadienses, una cifra muy superior a su participación del 1,8% durante el mismo período de 2024, según datos de Statistics Canada.

La apuesta de Estados Unidos por revitalizar el sector petrolero venezolano ha impulsado aún más la propuesta de un nuevo oleoducto en Canadá que proporcionaría otra conexión entre Alberta y la costa del Pacífico. Si bien Japón y otros países asiáticos podrían comprar crudo de dicho proyecto, los analistas afirman que China sería sin duda el principal cliente.

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