Por Maibort Petit en The Epoch Times
Las pruebas estuvieron siempre a la vista. Dispersas, fragmentadas, relegadas a expedientes judiciales, informes de inteligencia, computadoras incautadas y testimonios que durante años nadie quiso conectar entre sí. Hoy, al recomponer ese rompecabezas, emerge una imagen inquietante y coherente: Venezuela no fue simplemente un territorio infiltrado por el terrorismo y el crimen organizado, sino un Estado que los acogió, los financió y los protegió, integrándolos a su propio proyecto de poder.
El caso venezolano trasciende con creces la noción de penetración criminal. Bajo el gobierno de Hugo Chávez, el país se transformó en una plataforma segura para guerrillas colombianas y organizaciones terroristas extranjeras, articuladas en una red que operó con respaldo institucional. No se trató de desviaciones aisladas ni de funcionarios corruptos actuando por cuenta propia, sino de una arquitectura deliberada que convirtió al Estado en pieza funcional de una corporación criminal transnacional.
Esa es la conclusión que se desprende del testimonio del mayor retirado Milton Revilla, exoficial de inteligencia del Ejército venezolano con acceso directo a documentos clasificados, reportes internos y evidencia incautada a líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. En una entrevista extensa y minuciosa, Revilla describe cómo el chavismo construyó una estructura que conectó narcotráfico, terrorismo y poder político, con consecuencias que aún hoy sacuden a Iberoamérica.
Durante años, el relato oficial presentó a Venezuela como víctima colateral del conflicto colombiano y de las dinámicas del terrorismo global. Sin embargo, documentos internos, archivos guerrilleros y testimonios provenientes de las propias estructuras de inteligencia revelan una realidad diametralmente opuesta: bajo Chávez, el Estado venezolano dejó de combatir al terrorismo y pasó a administrarlo, protegerlo y potenciarlo como herramienta geopolítica.
El modelo descrito por Revilla no se limitó a afinidades ideológicas ni a gestos de solidaridad política. Involucró financiamiento público, entrenamiento militar, provisión de armas, manipulación del sistema judicial y concesión de identidades legales falsas. El resultado fue un Estado parcialmente capturado por redes terroristas que encontraron en Venezuela un santuario territorial y logístico desde el cual operar, expandirse y sobrevivir a la presión internacional.
La relación con la FARC ilustra con claridad ese proceso. Aunque los contactos iniciales se remontan al encarcelamiento de Chávez tras el intento de golpe de 1992, fue a partir de 1999 cuando los vínculos se institucionalizaron. Un episodio clave fue el secuestro del empresario Richard Boulton en Carabobo, utilizado —según Revilla— como mecanismo de aproximación política. Chávez ordenó entonces al jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal Barrios, internarse en territorio colombiano, con autorización inicial del presidente Álvaro Uribe, para negociar la liberación.
Aquel supuesto gesto humanitario se convirtió en el puente de una alianza permanente. Carvajal pasó a ser el enlace exclusivo entre Chávez y la cúpula de la FARC, gestionando inteligencia, logística, protección y armamento. Documentos extraídos de los ordenadores del comandante Raúl Reyes y del jefe del Frente 33, Rubén Zamora, detallan entregas de armas provenientes de Venezuela, incluidas ametralladoras antiaéreas calibre .50. Una de ellas habría sido utilizada para derribar el avión Bronco OV-10 de la Fuerza Aérea Venezolana, en el que murió el teniente Fabián Castellano Varela. Revilla subraya que, a diferencia de otros casos, los archivos de Zamora nunca fueron invalidados, lo que refuerza su peso probatorio.
Pero el apoyo no se limitó al armamento. Según Revilla, el Estado venezolano proporcionó a la FARC un activo aún más estratégico: identidad legal. Alrededor de 600 combatientes en edad militar fueron nacionalizados de forma fraudulenta, aprovechando una modificación legal de 2001 que permitió el registro tardío de nacimientos rurales. Guerrilleros fueron inscritos como nacidos en partos extrahospitalarios en la zona del Catatumbo, obteniendo cédulas, pasaportes y plena movilidad. Gracias a estas identidades, miembros de la FARC circularon libremente incluso hasta Caracas, consolidando a Venezuela como santuario operativo.
El ELN contó con su propio canal institucional. Revilla identifica al entonces ministro y operador político Ramón Rodríguez Chacín como el principal intermediario. La relación se habría forjado en los años noventa, cuando ambos coincidieron en el Centro Penitenciario de los Andes, en Táchira. Ya en el poder, Chávez lo designó como su emisario ante el ELN, permitiendo a la guerrilla establecer casas de descanso en estados como Trujillo y consolidar presencia armada en regiones fronterizas. Otro actor clave fue Francisco Briceño Araujo, quien tras participar en un secuestro aéreo atribuido al ELN fue liberado y ascendido a cargos de seguridad. Revilla describe este esquema como una división funcional del trabajo: Carvajal para la FARC, Rodríguez Chacín para el ELN, ambos reportando directamente a Chávez.
La red se extendió más allá de Colombia. Miembros de ETA [Euskadi Ta Askatasuna] fueron trasladados por la inteligencia venezolana a campamentos de la FARC en el Catatumbo, donde impartieron entrenamiento en explosivos, especialmente bombas lapa y técnicas de sabotaje urbano. Entre ellos figuró Arturo Cubillas, protegido por el Estado venezolano. De forma similar, una célula del Irish Republican Army detectada en Zulia entre 2000 y 2002 recibió protección institucional. El entonces fiscal general Isaías Rodríguez habría ordenado su liberación y regularización, mientras el general que se opuso fue removido.
La convergencia alcanzó un nivel global con la presencia de Hezbollah. Revilla vincula al chavismo con esta organización a través de Ghazi Atef Nassereddine, señalado por intentar intimidar testigos en procesos judiciales en España relacionados con ETA y la FARC. Para el exoficial, esta alianza selló una fusión inédita entre narcotráfico latinoamericano y extremismo islamista, bajo protección estatal venezolana.
El financiamiento fue otro pilar central. La Fundación Renacer operó, según Revilla, como fachada para canalizar fondos públicos hacia la FARC. Rafael Pinilla, testaferro de Rubén Zamora, clonó una ONG colombiana y la registró en Venezuela. Desde la Asamblea Nacional se aprobaron transferencias millonarias destinadas formalmente a proyectos sociales, pero que en la práctica financiaron infraestructura y logística para campamentos de producción de cocaína en el Catatumbo. Cuando la periodista Claudia Gurisatti expuso el esquema, la fundación cambió de nombre. El dinero ya había cumplido su función. Para el chavismo, sostiene Revilla, la cocaína era vista desde el año 2000 como un arma asimétrica destinada a erosionar a Estados Unidos.
Las fuentes citadas —documentos guerrilleros, informes de inteligencia y archivos estatales— apuntan a un patrón consistente. Figuras criminales como alias Iván Márquez, Jesús Santrich y Rodrigo Londoño aparecen vinculadas a oficiales venezolanos como Clíver Alcalá Cordones, Néstor Reverol, Hugo Carvajal Barrios y Henry Rangel Silva, entre otros.
Para Revilla, la conclusión es inequívoca: Venezuela bajo Chávez no fue víctima del terrorismo, sino su patrocinador activo. El modelo no murió con él. Persistió, se adaptó y explica buena parte de las dinámicas criminales que hoy desestabilizan a la región. «Esto no es historia cerrada», advierte. «Es el origen de las crisis actuales».
Las alianzas oscuras forjadas desde el poder estatal continúan proyectando su sombra sobre Iberoamérica, mientras la rendición de cuentas internacional sigue pendiente.
