La organización opositora venezolana Unión y Cambio solicitó la liberación masiva e inmediata de los presos políticos en Venezuela, invocando razones humanitarias ante la proximidad de la Navidad.
Entre sus integrantes destacan dirigentes como el diputado electo Henrique Capriles, quienes argumentan que esta medida permitiría a numerosas familias reunirse durante las fiestas, y remarcan la relevancia social y personal de la crisis penitenciaria identificada por varias organizaciones civiles.
El parlamentario electo Tomás Guanipa expresó que las cárceles del país reúnen a personas que “no han cometido ningún tipo de delito”, aludiendo a que permanecen privadas de libertad “solo por el hecho de pensar distinto”.
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Durante una rueda de prensa, Guanipa subrayó la urgencia de la solicitud para que quienes atraviesan esta situación puedan pasar la época navideña junto a sus familias. Señaló también que esta demanda es un paso hacia el entendimiento nacional, la reunificación familiar y la reconciliación política en el país.
En cuanto a la magnitud del problema, según datos de la ONG Foro Penal, con corte al 15 de diciembre, se contabilizan 902 personas catalogadas como presos políticos en Venezuela. De ellos, 86 poseen doble nacionalidad y cuatro son adolescentes.
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Estos registros muestran el gran número de afectados y el impacto humano atribuido a la persecución denunciada por organizaciones de derechos humanos.
El pedido de Unión y Cambio se produce en un contexto caracterizado por una marcada tensión tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, en los que el dictador Nicolás Maduro fue proclamado ganador sin publicación de resultados desglosados y bajo acusaciones de fraude.
Guanipa relaciona el incremento de detenciones con estos acontecimientos, identificando una política de represión dirigida contra quienes sostienen posturas políticas distintas.
Las familias de los detenidos también han sumado sus voces al reclamo mediante diferentes iniciativas y mensajes en redes sociales. Un caso ilustrativo es el de Carmen Mendoza, madre de Kevin Pérez Mendoza, arrestado el 30 de julio, quien solicitó una medida humanitaria para evitar que “este par de viejos no pasen otra Navidad en soledad”. El joven, acusado de terrorismo, presenta un deterioro de salud, según su madre, lo que añade una dimensión humanitaria urgente a la demanda.
A pesar de los llamados, tanto el Ejecutivo como la Fiscalía han negado la existencia de presos políticos en Venezuela, asegurando que las personas encarceladas están acusadas de delitos comunes. Esta postura es rechazada por ONG y dirigentes opositores, quienes consideran que la justicia se ha instrumentalizado con fines políticos y que la criminalización de la disidencia ha crecido tras unas elecciones fuertemente cuestionadas.
La situación dentro de las cárceles se agravó recientemente tras el fallecimiento del ex gobernador Alfredo Díaz el 6 de diciembre, cuando permanecía bajo custodia estatal y en condiciones de aislamiento, según denunció Foro Penal.
Díaz llevaba más de un año detenido, y su muerte se suma a la lista de personas que, bajo custodia estatal y en condición de presos políticos, han perdido la vida en prisión.
Desde 2014, Foro Penal contabiliza 17 muertes de personas detenidas por motivos políticos mientras estaban bajo custodia del Estado, lo que evidencia la persistencia de la crisis y la demanda de respuestas a las violaciones de derechos fundamentales.