Sin votos y sin gente, lo que también desperdiciaron durante este cuarto de siglo, además de las riquezas del país, despreciados por el mundo democrático, solo les quedó implantar el terror. Sin vergüenza ni recato. Como en la peor época de los regímenes militares que ensombrecieron e hirieron la América hispana en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, tal como a finales de agosto pasado lo señaló el documento “Crisis poselectoral y derechos humanos 2024” elaborado por Derechos Humanos en Venezuela en Movimiento: “El uso del temor generalizado como mecanismo de control social caracteriza, además, la actuación de las autoridades como ‘Terrorismo de Estado’, actualizando una manera de reprimir que había tenido protagonismo y características propias durante las dictaduras latinoamericanas del siglo XX”.
Como al final del tétrico período nazista, según registra la historia, la cúpula gobernante se vuelve contra el pueblo. El enemigo es todo el pueblo. Cualquiera sea su nivel social, su instrucción, el color de su piel, su religión, sus gustos. La patria está llena de traidores y hay que hacerles sentir en la piel y en el alma el rostro atroz del poder.
La cacería, porque no se le puede llamar de otra manera, comenzó el propio 28 de julio luego de la anunciada, y confirmada, debacle electoral. Desde entonces, los procedimientos para la detención de ciudadanos han seguido un patrón recurrente: sacar a gente de sus hogares, interceptarla en las calles, en locales privados, en carreteras, sin órdenes de captura, ni motivos explícitos. Por un tiempo indefinido a los detenidos los desaparecen, luego los acusan de terroristas y los someten a la tortura diaria de sus presidios, sin que puedan defenderse, ni ser visitados, mal alimentados y sin asistencia sanitaria. ¿De qué otra forma se impone el terror?
Las cuentas que lleva Foro Penal dicen que son 1.697 los presos políticos en el país, la mayoría en los 170 días posteriores a la elección. El portal elpitazo.net registra 46 detenciones de dirigentes políticos, periodistas y activistas de derechos humanos entre el 2 y el 11 de enero de este año. ¿A eso se deben las risas entre los tres dictadores caribeños reunidos en el Palacio Federal el día de la usurpación y el golpe de Estado?: el 10 de enero, que pasará a la historia como la mayor burla a la soberanía nacional perpetrada en esta tierra.
¿Habrá tenido tiempo el fiscal, entre tanto papeleo nulo de nulidad absoluta, recordar el artículo 45 de la Constitución Nacional que prohíbe la desaparición forzada de personas? Cuando fue constituyente en 1999, según el diario de debates, propuso enriquecer el texto de ese articulado agregando estas pocas palabras: “Los autores o autoras intelectuales y materiales” (de las desapariciones forzadas) serían también sancionados o sancionadas de acuerdo con la ley, para evitar que los altos jerarcas escaparan de su responsabilidad como habrían hecho Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Rafael Caldera, según las propias palabras del afiebrado diputado. Esta es la hora del silencio, de olvidar cualquier huella delatora de lo que alguna vez se dijo que se era.
La hechura intelectual del modelo represor es importada. La cúpula que se rasga las vestiduras en defensa de la soberanía aplica el manual cubano que se instauró en la isla antillana antes de que Maduro naciera. En 1961, Fidel Castro ordenó crear la Dirección General de Inteligencia (DGI), el G2, para recopilar información sobre “las amenazas internas y externas para la seguridad del Estado”. Ahí nació, se ejecutó y se exportó el terror.
El Archivo Cuba, de fecha septiembre de 2020, antes de la última oleada represiva de 2021, contabilizaba el saldo del terrorismo de Estado en la dolida isla: 5.725 ejecuciones extrajudiciales, de 41.695 casos documentados, 1.206 fallecidos en prisión, 77.879 balseros muertos en el intento de llegar a Estados Unidos y 1.956 más sin identificar.
La lucha de los venezolanos no puede cesar, ni cesará. Es una simple y rotunda cuestión de humanidad. Contra la barbarie.
