La posesión ilegal de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el pasado viernes, 10 de enero, ha despertado el rechazo de gran parte de la comunidad internacional, entre ellos el propio Estados Unidos, país que actualmente tiene una investigación en curso contra el dictador por narcotráfico.

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A raíz de esa investigación, y con el ánimo de meter presión al líder del régimen venezolano previo a la juramentación en el poder, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incrementó la recompensa por su captura, la cual se elevó a 25 millones de dólares para quien suministre información sobre su paradero.

Sin embargo, entre las razones para elevar su captura habría influido un informe que maneja la Fiscalía de Estados Unidos y la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sobre los delitos que habría cometido Maduro como narcoterrorismo, corrupción, tráfico de drogas y otros delitos.

Allí se menciona una estrecha relación que habría tenido el Cartel de los Soles, que sería liderado por Maduro, según la justicia estadounidense, y la guerrilla de las Farc, con quien habrían organizado el envió de droga al país norteamericano a cambio de armamento.

Así está desglosado en el informe del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el que vinculan directamente a Nicolás Maduro y las Farc, debido a una “asociación de narcoterrorismo durante los últimos 20 años”, según lo expresó el fiscal federal Geoffrey S. Berman, en el año 2020.

¿Qué dice el informe sobre la asociación con las Farc?

Según la acusación que reposa en la justicia de los Estados Unidos, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Armando Carvajal, Cliver Antonio Alcalá, Luciano Marín, alias Iván Márquez, y Seuxis Paucis Hernández, alias Jesús Santrich, “participaron en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta entre el cartel venezolano de Los Soles y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”.

El informe destaca que Maduro ayudó a “administrar y, en última instancia, liderar el Cartel de Los Soles mientras ganaba poder en Venezuela”. Bajo su liderazgo, esta organización buscó enriquecer a sus miembros e inundar a los Estados Unidos con cocaína.

Para ellos, se alió con las Farc, con quien “negoció envíos de varias toneladas de cocaína”, a cambio de proporcionarle “armas de grado militar”. También reseña que “solicitó asistencia de los líderes de las Farc para entrenar a un grupo de milicias no autorizadas que funcionaba, como unidad de las fuerzas armadas para el Cartel de Los Soles”.

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, asumió el viernes por la mañana su tercer mandato consecutivo de seis años. A pesar de haber logrado reprimir los intentos de los partidos de oposición de impugnar los dudosos resultados oficiales de las elecciones, el acto deja al gobierno de Venezuela casi completamente aislado a nivel internacional y enfrenta un futuro difícil a nivel nacional.

Por: Joseph Addington – The American Conservative

La investidura de Maduro pone fin a las disputadas elecciones presidenciales de 2024. Celebradas en julio, las elecciones fueron objeto de un fuerte esfuerzo por parte de la oposición venezolana para poner fin de una vez por todas al dominio chavista del país. Cuando la líder de la coalición opositora, María Corina Machado, fue inhabilitada por los tribunales para postularse a la presidencia poco antes de las elecciones, el ex diplomático Edmundo Gonzáles Urrutia fue elegido para postularse en su lugar. Los grupos de oposición y los observadores externos vigilaron cuidadosamente los centros de votación, debido a las preocupaciones sobre la interferencia electoral por parte del gobierno, y pudieron obtener recibos impresos por las máquinas de votación en muchos centros de votación, lo que les permitió recopilar los resultados de la mayoría de los votos emitidos durante las elecciones.

Cuando se hizo el recuento de los votos registrados en las actas, la oposición anunció que González había ganado las elecciones con un 67 por ciento de los votos, basándose en las actas del 85 por ciento de los colegios electorales. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), el organismo oficial del gobierno encargado de administrar las elecciones venezolanas, declaró a Maduro presidente electo con un 52 por ciento de los votos. Sin embargo, a pesar de la presión de los partidos de oposición y de los observadores internacionales, el CNE se ha negado a publicar los resultados completos de las elecciones, y una revisión de los datos obtenidos de las actas de las máquinas de votación deja pocas dudas de que los totales del gobierno son totalmente fraudulentos.

En los meses siguientes, la oposición interna montó una campaña sostenida para presionar al gobierno venezolano a que reconociera a González como el legítimo vencedor de las elecciones presidenciales de 2024. En Venezuela estallaron protestas y manifestaciones a gran escala, pero el gobierno de Maduro reprimió rápidamente esas actividades. Miles de manifestantes y sus familias fueron arrestados, algunos recibieron disparos en acciones policiales o violencia paramilitar, y otros desaparecieron en circunstancias sospechosas. María Corina Machado se vio obligada a esconderse y Edmundo González huyó del país y pidió asilo en España después de que su familia fuera amenazada.

La presión internacional sobre el régimen fue aún menos efectiva. La mayoría de los gobiernos de la región, como Panamá y Uruguay, ya eran críticos con el gobierno de Maduro, y sus duras condenas a las elecciones no hicieron ninguna diferencia. Las organizaciones internacionales también eran críticas con el país por supuestos abusos a los derechos humanos, y sus protestas no preocuparon a Maduro. 

En vísperas de la investidura de Maduro, la oposición reavivó algunas esperanzas de que el gobierno pudiera reconocer los resultados legítimos de las elecciones. Edmundo González proclamó en voz alta su intención de regresar al país y ocupar el lugar que le corresponde en la investidura presidencial. A su regreso al continente desde España, realizó una gira por países amigos de la región en un intento de conseguir apoyo para su reingreso triunfal como presidente electo, visitando a Javier Milei en Argentina, Luis Lacalle Pou en Uruguay, José Raúl Mulino en Panamá, Abinader en la República Dominicana y Joe Biden en los EE. UU. 

El jueves, González reunió a una multitud de personalidades latinoamericanas en su hotel de la República Dominicana para preparar su cruzada por Caracas. María Corina Machado dejó su escondite y apareció ante el público por primera vez en meses el mismo día, liderando un movimiento de protesta que, aunque muy disminuido, se suponía que prepararía el camino para el regreso victorioso de González.

Ahora parece poco probable que ese regreso ocurra. Tras abandonar la protesta que encabezaba el jueves, Machado fue interceptada por fuerzas gubernamentales y detenida brevemente, para luego ser puesta en libertad. Cuando comenzaron las ceremonias inaugurales el viernes por la mañana, González no estaba a la vista y Maduro juró ante sus aliados en Caracas sin incidentes. Hubo algunos breves brotes de descontento popular, que se calmaron rápidamente, ya que la policía, el ejército y las fuerzas paramilitares venezolanas en todo el país estaban en alerta máxima.

Con su control cada vez más estricto sobre los órganos del Estado y en particular sobre el ejército, que Maduro ha purgado regularmente durante sus dos mandatos anteriores, es poco probable que el heredero de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez sea desalojado del Palacio de Miraflores. Tanto el disenso interno como la oposición internacional han tenido poco efecto en el control del poder de Maduro.

El futuro de Venezuela se presenta sombrío. La caída de los precios del petróleo y el deterioro de la infraestructura interna de la empresa petrolera estatal han privado al Estado socialista de su principal apoyo económico; la venta de petróleo venezolano ya no es suficiente para financiar las funciones básicas del gobierno, y mucho menos los planes redistributivos utilizados por Chávez para ganar el apoyo popular. El estricto control estatal de la industria ha devastado el resto de la economía venezolana, dejando a millones de personas en la indigencia y obligando a millones más a huir del país.

Es probable que se sumen millones más. Si Maduro toma medidas enérgicas contra quienes tienen vínculos con la oposición política, como lo ha hecho en el pasado, muchos se convertirán en refugiados políticos. Otros buscarán una subsistencia más fiable, ya que la continuidad del gobierno venezolano significa que no es probable que haya alivio económico disponible en el futuro previsible.

La investidura también deja a Venezuela aún más aislada políticamente. Incluso países que antes eran amigos de Maduro –como Brasil bajo Lula da Silva, Colombia bajo Gustavo Petro y México bajo Andrés Manuel López Obrador y posteriormente Claudia Sheinbaum– instaron a Maduro a que publicara los resultados oficiales de las elecciones. Cuando el CNE se negó repetidamente a hacerlo, las relaciones entre Venezuela y sus antiguos aliados se enfriaron; pocos gobiernos latinoamericanos estaban ansiosos por atarse demasiado a un régimen dictatorial cada vez más evidente. El único jefe de Estado extranjero que asistió a la ceremonia fue Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Maduro puede obtener algunos favores de Rusia y China por su postura antiamericana, pero incluso ellos tienen poco que ganar con el aumento de los vínculos con un estado tan disfuncional.

El evento tendrá serias implicaciones para Estados Unidos. Una crisis migratoria aumentará la presión en la frontera sur del país; miles de venezolanos ya han llegado a Estados Unidos. Un mayor desplazamiento en América Latina puede exacerbar también las crisis regionales, aumentando las posibilidades de crimen organizado y tráfico de personas en América Central y Colombia en particular. Y, por supuesto, una administración hostil en Caracas presenta algunos riesgos para los intereses estadounidenses en el hemisferio occidental, principalmente al servir como una base conveniente para que China extienda su influencia por toda la región. Enfrentar y negociar con Maduro puede resultar una de las tareas más importantes para una administración Trump que ha colocado una Doctrina Monroe revitalizada entre los ejes de su política exterior.

Venezuela comenzó este 2015 con un número histórico de detenidos por razones políticas. La organización Foro Penal contabilizó 1.697 ciudadanos tras las rejas para enero, desde la represión poselectoral que se desató después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, cuando miles de venezolanos protestaron por los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron como ganador a Nicolás Maduro sobre Edmundo González , sin mostrar las actas que validen la victoria, ni siquiera después de una juramentación presidencial ocurrida este 10 de enero, y rechazada por los gobiernos de más de 30 países.

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Para el 26 de diciembre, 181 dirigentes y actores políticos de diversos partidos habían sido apresados, pero el asedio a la disidencia fue en ascenso y la cifra aumentó, en menos de un mes, a 221 para el 11 de enero.

Dichas personas fueron sacadas de sus hogares, interceptadas en las calles, locales y en carreteras por las autoridades venezolanas, en su mayoría sin órdenes de captura ni motivos explícitos.

Liberaciones decembrinas y la “puerta giratoria”

Diciembre fue un mes marcado por excarcelaciones. Para el día 24, Foro Penal confirmó 100 excarcelaciones y la liberación de todos los adolescentes. ”Sin embargo, muchos jóvenes siguen presos”, dijo el director de la ONG, Alfredo Romero.

Parientes de los detenidos arbitrariamente en el Penal de Tocuyito – Internado Judicial de Carabobo- comentaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que los excarcelados fueron sujetos a restricciones como firmar un compromiso ”en el cual aseguran que no contarán a la prensa lo que vivieron en prisión, pues de lo contrario serán encarcelados nuevamente”.

El vicepresidente de Organización de Primero Justicia (PJ), Edward Ocariz, fue uno de los liberados de dicho penal, la noche del 23.

Y así como el Estado liberó, también detuvo a 12 actores políticos en las mismas fechas.

El 28 de diciembre, PJ denunció los arrestos del presidente de dicho partido en el estado Falcón, Gregorio Graterol, su sobrino, Carlos Chiquito Graterol y el también miembro de PJ, José Rafael Granadillo, en una alcabala militar del sector El Cardón, carretera nacional Punto Fijo-Coro.

Este fenómeno de excarcelaciones en paralelo a nuevas detenciones se le conoce como “efecto puerta giratoria”, en el cual se liberan presos políticos al tiempo que se detiene a otros.

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