La denuncia y la protesta son las únicas opciones que le quedan a los familiares de detenidos en el contexto postelectoral en el estado Lara, y que fueron trasladados a Tocuyito. Como un reencuentro desgarrador calificaron la visita que les permitieron luego de casi dos semanas de su llegada a la cárcel de Carabobo. Los vieron flacos e irreconocibles.

El Carabobeño / El Pitazo

“A mi esposo no lo reconocía, estaba demacrado, demasiado delgado, estaba chivuo”, relató con voz entrecortada desde Barquisimeto una de las afectadas.

Todo fue impactante para ella. Su esposo no podía hablar, no tenía fuerzas para proyectar la voz. “Me dijo que está bien, pero solamente ellos y las personas que están ahí con ellos son los que saben el día a día, porque ellos nos dicen que están bien, pero la realidad es que no lo están”.

Antes de esa visita que les permitieron el 3 de octubre, luego de varias que les suspendieron desde el 25 de agosto cuando fueron trasladados a Tocuyito, los familiares pensaban que les estaban dando, al menos, las tres comidas diarias. Pero lo que constataron es que ni siquiera les permiten recibir luz natural.

Tampoco les permitieron ingresar artículos de higiene personal ni medicamentos. “Él no me quiso decir ninguna información, no sé si era porque alrededor de la visita había custodios”.

La esposa de otro de los detenidos también salió impactada de Tocuyito. “Están flaquísimos, sin ánimo, no sabemos cómo los están tratando ahí de verdad. Por eso pedimos que los traten bien, y que queden en libertad, porque todos son inocentes”.

Con pancartas en mano, exigieron “Libertad” para sus allegados, mientras compartían sus testimonios sobre la situación en la que viven desde que fueron trasladados el 25 de agosto.

«Nuestros hijos en la cárcel están comiendo comida con gusanos, están tomando agua contaminada (…) los están matando poco a poco (…) no son asesinos, ni matones, ni violadores, lo único que hicieron fue no estar de acuerdo con el gobierno», expresó la madre de un joven de 25 años, detenido el 6 de agosto en su casa en el oeste de Barquisimeto sin orden de aprehensión, ni de allanamiento.

Relató que fue trasladado al centro de detención de Santa Rosa, donde fue torturado: «Le metieron corriente, lo golpearon y le pusieron una bolsa en la cabeza», dijo. Además, los funcionarios le pidieron a la mujer 700 dólares para retirar los cargos en contra de su familiar, pero nunca cumplieron la promesa, cuenta.

La experiencia de la visita a Tocuyito

Traumático. Con esa palabra definió la esposa de otro de los detenidos en Lara la visita en la cárcel de Tocuyito.

“Yo nunca había pasado por este proceso en mi vida. Estaba asustada porque había muchos funcionarios, todos encapuchados, no tenían una identificación o algo que me dijera un apellido o un nombre, no vimos caras solamente apodos como la culebra, el pirata, cosas así”.

Al entrar al penal de Tocuyito, recibieron una charla en las que les informaron que no podían tocar a sus familiares, ni acercarse a ellos, de lo contrario, los esposarían y se los llevarían o, en caso de autorizar una segunda visita, no se les permitiría.

“Nos escoltaron a un cuarto, a un sitio donde nos tomaron unas fotos y unos datos, luego a otro cuarto más donde nos tuvieron ahí un rato para pasar a un pasillo largo. Antes de eso nos revisaron, nos pasaron por una máquina, así como para ver los metales, luego nos metieron a unos cuartos donde nos quitamos la ropa, a mí particularmente no me tocaron ni nada”.

Lo siguiente fue caminar por un pasillo largo, donde estaban unos mesones largos y ahí sus familiares con las manos amarradas con un precinto. No pudieron abrazarlos, ni acercarse, solo hablar por 40 minutos frente a funcionarios armados y encapuchados.

“Ellos se veían totalmente descuidados, mi esposo es gordo y está excesivamente delgado y se ve pálido, peludo y no nos permitieron ni pasarle una botella de agua ni jabón de baño”.

Cuando salieron les dieron otra charla. “Nos dijeron que debíamos ser portavoces de que los habíamos visto bien y que los atendían. Yo, sinceramente, salí en crisis y en pánico de ahí, no podía parar de llorar”.

La angustia de ellas aumentó cuando, antes de salir de Tocuyito, les dijeron que esa sería la única visita. “La espera de respuestas se extiende a semanas, hemos pasado de 15 a 20 días en incertidumbre frente al penal”.

Siendo residentes del estado Lara, la situación para ellos se complica muchísimo. «Trasladarnos hasta Valencia nos cuesta mucho, el gasto es bastante fuerte».

Su núcleo familiar es reducido con solo tres personas que trabajan. «Contamos con los vecinos y amigos que han colaborado muchísimo».

Protesta y exigencia

El temor se apoderó de los familiares hasta este martes 8 de octubre, cuando decidieron protestar frente al edificio nacional, donde se encuentran los tribunales de Lara.

Un grupo de familiares protestó en las puerta de los tribunales de Lara (Foto: Cortesía)

“Siguen pasando los días, no los han presentado en tribunales para la audiencia preliminar y ayer mi esposo me llamó otra vez desde Tocuyito y solamente preguntó cómo estaba”.

Otros detenidos han manifestado en esas llamadas que están desesperados y piden a sus seres queridos que hagan algo para salir de la cárcel.

“Mi esposo es un padre de familia, tiene tres niñas, yo no trabajo, no puedo trabajar porque tengo una bebé de meses, el sustento de mi hogar es él y es inocente, porque el día que a mi esposo lo detuvieron, mi esposo estaba trabajando”.

El acceso a información sobre el estado legal de los detenidos es escaso. «Vamos a Caracas y nos pelotean, no nos dan nombres de su abogado ni detalles de su defensor público«, relató la tía de uno de los detenidos.

Aunque saben que hay abogados del Ministerio Público involucrados, carecen de claridad sobre su identidad y su rol.

La situación se complica aún más con la suspensión de audiencias. «Ya estaban pautadas unas para el día de ayer y para el día de hoy y fueron suspendidas».

Detenciones sin sustento legal

El 31 de julio, cerca de las 6:30 p.m. fue detenido uno de estos larenses. Ese día, como tantos otros, estaba trabajando en su oficio de cauchero, reparando una moto.

“Él salió a probar la moto que estaba arreglando y se paró en una bodega cerca de nuestra casa. Ahí fue cuando apareció un grupo de funcionarios y lo detuvieron. No le dijeron el por qué. Él les explicaba que estaba trabajando, que no andaba haciendo nada malo. Pero lo señalaron de inmediato: como andaba lleno de grasa, sucio, le dijeron que andaba en la guarimba”.

Desde ese momento, todo cambió para esa familia. Es padre de tres niñas y está ahora en el penal de Tocuyito, a más de 100 kilómetros de distancia. “70 días lleva allá. En la primera audiencia, el 6 de agosto, le dijeron que sería sometido a 45 días de investigación, pero esos días se han extendido sin respuestas claras”.

Ella misma tuvo que reunir pruebas y trasladarse hasta Caracas para demostrar su inocencia. Videos, testimonios de vecinos, todo para mostrar que su esposo no se encontraba donde la policía dijo que lo había detenido. Fue en Macuto, el barrio donde viven, y no en Cabudare como consta en el acta.

“Casi no sé de él. Ha llamado tres veces, y siempre habla rápido, solo para decirme que está bien, que tiene todo lo que necesita”. Pero cuando logró visitarlo, la realidad la golpeó como un puño cerrado.

Sin aviso, a las 3:00 a.m. del 25 de agosto se lo llevaron a Tocuyito en uno de los autobuses Transbarca que habilitaron para tal fin y tardó días en confirmar su ubicación.

Otro caso es el de un mototaxista de 34 años, quien fue abordado por una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando se encontraba frente a una bodega cercana a su casa. Lo mandaron a quitarse la ropa y lo sentaron en la acera. Sin más, se lo llevaron.

“Los funcionarios lo señalaron de guarimbero. Le dijeron que le iban a cortar el cabello. Lo llevaron de comisaría en comisaría. Fuimos a pie, porque nadie quería llevarnos en carro por miedo. Preguntamos en todas partes y nadie nos decía nada”.

No fue sino hasta las 11:30 p.m. que logró encontrarlo en la sede de la PNB de la calle 48. Al día siguiente los funcionarios publicaron un video en Instagram donde mostraban a un grupo como «terroristas». Desde entonces, la incertidumbre ha sido su única compañía.

“A ellos los tienen a todos como si fueran una banda delictiva, pero no se conocían, no sabían quiénes eran. Los agarraron en distintas comunidades y los metieron a todos en la misma causa. ¿Cómo pueden ser una banda si no se conocían? Nosotros conseguimos pruebas, videos, de que fue a plena luz del día cuando se los llevaron, no de noche, como ellos dicen”.

En tribunales no les dieron respuesta durante la protesta. Ellos seguirán alzando la voz hasta conseguir la libertad de sus seres queridos.

Apoco más de dos meses de las elecciones presidenciales de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro aún no ha publicado ninguna prueba que respalde su afirmación de victoria. En cambio, Caracas ha reprimido brutalmente a sus oponentes políticos y a la sociedad civil. Nada de esto sorprende. Lo que sí sorprende es el fracaso absoluto de la diplomacia internacional para obligar a Maduro a negociar con la oposición, a pesar de que hay pruebas creíbles de que perdió por una amplia mayoría.

Por: Christopher Sabatini y Ryan C. Berg – Foreign Affairs

Nueve países latinoamericanos, Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos han denunciado el fraude electoral del régimen y la consiguiente represión, pero no han podido obligar a Maduro a entablar conversaciones con la oposición, y mucho menos a aceptar una transferencia pacífica del poder. Tanto las Naciones Unidas como Estados Unidos han cedido el liderazgo de la crisis a Brasil, Colombia y México, países cuyos jefes de Estado izquierdistas se cree que tienen más influencia ideológica sobre el autoproclamado gobierno socialista de Venezuela. Pero incluso Brasil, una potencia en ascenso que se enorgullece de su destreza diplomática, ha tenido dificultades para llevar a Maduro y sus compinches a la mesa de negociaciones. Maduro se ha negado a atender llamadas desde Brasilia y ha respondido a las demandas de recuentos oficiales de votos con un silencio burlón.

Hasta ahora, la respuesta internacional a la toma de poder por parte de Maduro se ha caracterizado por expresiones fragmentadas de preocupación por parte de países individuales. Esto no será suficiente. Tampoco lo serán las sanciones amplias en las que se han apoyado los actores externos durante un cuarto de siglo para tratar de desalojar a una sucesión de gobiernos venezolanos abusivos. Es hora, en cambio, de que una amplia coalición (que incluya a los países latinoamericanos, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea) adopte una política de contención constructiva a largo plazo mucho más coherente y bien coordinada.

Aunque las consecuencias del fraude de Maduro recaen en primer lugar sobre el sufrido pueblo venezolano, hay efectos indirectos subestimados: con Maduro al mando, Caracas es un activo para una galería de delincuentes de gobiernos autocráticos, incluidos los de China, Cuba, Irán, Nicaragua y Rusia, todos los cuales se apresuraron a reconocer la victoria fraudulenta de Maduro. El régimen también está profundamente involucrado en el crimen transnacional, incluido el tráfico de drogas y oro. El acelerado descenso de Venezuela hacia la criminalidad y la dependencia de alianzas nefastas exige la creación de un cordón sanitario diplomático y legal de base amplia en todo el país. En el futuro, una coalición de países democráticos debe mantener la atención del mundo en Venezuela, imponer sanciones específicas al régimen en Caracas y crear divisiones entre los miembros del régimen y los facilitadores, todo ello manteniendo canales para un posible diálogo entre Caracas y la oposición política.

PUNTOS DE VULNERABILIDAD

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aplicó una política de contención para impedir la propagación del comunismo. En su artículo de 1947 en la revista Foreign Affairs , “Las fuentes de la conducta soviética”, el diplomático George Kennan sostuvo que, como la Unión Soviética era un Estado autoritario consolidado, Estados Unidos tendría que tener paciencia. Un día se produciría un cambio en “la naturaleza interna del poder soviético”. Mientras tanto, propuso Kennan, Estados Unidos debería frenar las tendencias expansionistas de Moscú mediante una política de “contención a largo plazo, paciente pero firme y vigilante”.

La aplicación de la filosofía de la contención ayudaría a modificar la política de Estados Unidos en Venezuela, que de otro modo sería infructuosa. Tanto los gobiernos republicanos como los demócratas han intentado diversas estrategias para inducir un cambio de régimen en Venezuela, pero todas han fracasado. Por lo general, estas medidas estadounidenses, como el reconocimiento de la presidencia interina de Juan Guaidó en 2019, se centraron en un momento decisivo de cambio de régimen o transición política, y a menudo han adolecido de un optimismo excesivo y de una falta de coordinación con los socios internacionales.

En cambio, una política de contención constructiva basada en una coalición buscaría limitar las acciones del régimen y explotar sus debilidades a largo plazo. Aunque una transición política debería seguir siendo la estrella polar de cualquier política creíble para Venezuela, el régimen venezolano ha demostrado ser más resistente de lo que su oposición política y muchos observadores externos habían anticipado. Durante años, un Maduro envalentonado ha burlado las normas democráticas, manteniendo el poder mediante la represión y el descarado robo electoral. Ahora, cada vez más aislado del mundo democrático, su régimen probablemente profundizará sus contactos con Rusia y otros aliados autocráticos, así como su participación en el crimen transnacional. A medida que se cierran las vías para que el régimen de Maduro realice comercio internacional, es probable que se sumerja cada vez más en el narcotráfico, la minería ilícita y otras actividades delictivas. Y puede mostrarse más dispuesto a cruzar las fronteras estatales en busca de oponentes políticos, como cuando, en febrero, supuestamente secuestró y asesinó a un miembro disidente de las fuerzas armadas que vivía bajo asilo político en Chile.

Sin embargo, al igual que la Unión Soviética , el régimen de Maduro tiene puntos vulnerables y contradicciones internas que bien podrían conducir a su propio colapso. Las elecciones de julio y sus secuelas no hicieron más que exacerbar esas debilidades. Hoy, Maduro, un líder ampliamente detestado, gobierna no por mandato popular sino por la fuerza bruta y el capricho. Y sus fuerzas de seguridad, encargadas de la desagradable tarea de defender a un tirano de sus propios compatriotas, ganan apenas diez dólares al mes. Esta no es una situación sostenible para Maduro y sus aliados.

El círculo íntimo de Maduro se ha reducido a los más leales y cómplices, pero un esfuerzo concertado por parte de los gobiernos democráticos puede acelerar la rebelión en los niveles inferiores de la cadena de mando. En lugar de imaginar y planificar divisiones horizontales dentro de la coalición gobernante, las políticas de Occidente deberían centrarse en las fisuras verticales, es decir, en aprovechar las crecientes frustraciones de las fuerzas de seguridad y la comunidad empresarial. La probabilidad de que se produzcan esas divisiones aumentará a medida que el régimen se enfrente a un mayor aislamiento internacional y a una economía tambaleante.

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

Durante la Guerra Fría , Estados Unidos encabezó la estrategia de contención de la Unión Soviética, pero Washington también construyó alianzas capaces de contribuir a la estrategia y beneficiarse de ella. La contención de Venezuela requerirá el liderazgo de múltiples países. Los esfuerzos de Brasil y Colombia por mediar entre el gobierno de Maduro y la oposición han fracasado, y su deseo de parecer neutrales en nombre del diálogo ha viciado su capacidad de actuar según principios. Y los fracasos anteriores de Washington en materia de políticas en Venezuela, como su reconocimiento finalmente infructuoso del gobierno interino de Guaidó en 2019, han complicado su capacidad de liderar en solitario.

Como ningún país está en condiciones de influir en el régimen de Maduro, la crisis actual exige un liderazgo colectivo. En agosto, Estados Unidos, Canadá y otros 20 países firmaron la Declaración de Santo Domingo, en la que se insta a Maduro a cesar la represión e iniciar negociaciones encaminadas a una transición política. Con su claridad moral y su historial de liderazgo, esta coalición informal está bien posicionada para crear un programa de contención más sostenible y estructurado. Puede empezar por organizar una cumbre multinacional de alto nivel que reúna a los firmantes de la Declaración de Santo Domingo y a la Unión Europea. En lugar de obsesionarse con un cambio de régimen, los países participantes deberían establecer una serie de objetivos a corto, mediano y largo plazo.

La primera de estas medidas debería ser mantener la atención internacional sobre Venezuela. Maduro está ganando tiempo y esperando que pase el ciclo de noticias, con la esperanza de que pronto se instale la fatiga con Venezuela (incluso algunos en el sector privado han expresado su deseo de pasar página; el mes pasado, Chevron, la última gran compañía petrolera estadounidense en Venezuela, dijo que el mundo debería seguir apoyando la extracción de petróleo y gas de Venezuela). El acto de unir una amplia coalición de países democráticos ayudaría a mantener la atención mundial sobre las actividades internacionales ilegales del régimen, pero también aumentaría el riesgo reputacional para las empresas extranjeras que sigan operando en Venezuela.

También será vital la creación de un organismo independiente dedicado a monitorear los crímenes de Caracas (contra su propio pueblo y a nivel internacional). La coalición debería apoyar la creación de un organismo internacional informal de académicos y expertos legales que rastreen e informen sobre las actividades ilícitas transnacionales del régimen y las violaciones de los derechos humanos en el país. Este grupo independiente debería informar sus hallazgos a las organizaciones encargadas de combatir el crimen organizado en el hemisferio occidental, como el Comando Sur del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, las agencias de seguridad europeas y las redes de seguridad de los países vecinos. Los crímenes de Venezuela están ocultos a simple vista, pero las pruebas están actualmente fragmentadas y no están vinculadas a una respuesta cohesiva más amplia; un organismo independiente podría proporcionar actualizaciones públicas periódicas y desencadenar acciones punitivas por parte de países individuales u organizaciones multilaterales. Un organismo de ese tipo también se coordinaría con los países vecinos y los gobiernos afectados en las Américas y Europa, así como con la Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Trabajo Independiente sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que documenta las condiciones de los derechos humanos en Venezuela.

La coalición internacional también debería dar prioridad a una campaña para presionar a la Corte Penal Internacional, que lleva casi cinco años investigando a Maduro y a miembros de las fuerzas de seguridad por crímenes contra la humanidad. Una campaña de presión de ese tipo ayudaría a acelerar esas investigaciones, que probablemente darán lugar a que la corte dicte acusaciones formales contra Maduro y sus asociados. Las acusaciones formales impedirían que miembros del régimen, por temor a ser arrestados, viajen a los 124 países que son parte del Estatuto de Roma. Dado que los gobiernos no pueden negociar la eliminación de las acusaciones formales de la CPI por crímenes contra la humanidad, una aceleración de las investigaciones indicaría al régimen que su ventana de oportunidad para una salida negociada y la posibilidad de amnistías se está cerrando rápidamente. La adopción inmediata de esas medidas reduciría el margen de maniobra del que gozan actualmente las redes criminales de Maduro, agotaría los recursos del aparato represivo del Estado y limitaría la capacidad del régimen para cometer secuestros y asesinatos extraterritoriales, además de disuadirlo de anexarse ​​la región del Esequibo de Guyana, algo que Caracas amenazó con hacer el año pasado.

CONTENER Y CASTIGAR

A mediano plazo, la coalición debería apoyar el compromiso de Brasil y Colombia con Venezuela, lo que constituiría el componente “constructivo” de la contención, brindando a Maduro oportunidades para negociar de buena fe bajo los auspicios de naciones amigas. Por ahora, los esfuerzos de mediación de Brasilia y Bogotá no han dado resultados tangibles, y también ellos pueden agotarse y pasar a otros asuntos internacionales. Estados Unidos , un socio crucial para ambos países, puede desempeñar un papel importante al alentarlos a mantener el rumbo.

Aprovechando su fuerza colectiva, la coalición debería coordinarse para aplicar sanciones adicionales dirigidas contra individuos y empresas dentro de Venezuela. Un esfuerzo internacional consistente y visible recordaría a los partidarios de Maduro que los seis años de su próximo mandato, que comienza en enero, son mucho tiempo para soportar el aislamiento y el oprobio internacional. Los asociados de Maduro ya corren el riesgo de perder sus visas para viajar a Estados Unidos, Canadá y Europa, así como sus cuentas bancarias en el extranjero repletas de ganancias mal habidas. Pero varias personas clave asociadas con el régimen de Maduro, como Jorge Rodríguez, el jefe de la Asamblea Nacional, no están sujetas a restricciones financieras y de viaje impuestas por la UE o el Reino Unido. Para mostrar una amplia oposición internacional a la complicidad de los aliados de Maduro en el fraude y la represión del régimen, los países involucrados deberían endurecer y sincronizar sus sanciones.

La coalición debería elaborar ahora una lista de posibles objetivos de sanciones. Incluso si no se designa a todos los que figuran en ella, esto indicará a los miembros del régimen que se acerca una nueva era de contención y castigo. Las sanciones adicionales también tendrían el efecto de recordar a los líderes de la oposición que el mundo no los ha abandonado. La perspectiva de sanciones adicionales también proporciona a muchos soldados rasos, oficiales de la guardia nacional y agentes de policía razones para abandonar a Maduro. Los abusos del régimen seguirán afectando el nivel de vida y las familias de los miembros de las fuerzas de seguridad, lo que aumenta la posibilidad de que llegue un momento en que decidan no cumplir las órdenes de los compinches adinerados de Maduro.

A largo plazo, una política de contención diplomática y económica debería buscar provocar fracturas no en los niveles más altos del círculo íntimo de Maduro, sino entre los funcionarios de nivel inferior y dentro del sector privado. La corrupción y la politización de las fuerzas armadas durante el último cuarto de siglo han purgado a los altos mandos militares de toda independencia, pero una política sostenida de contención constructiva puede perturbar la cohesión que existe entre los oficiales militares de nivel bajo y medio, los oficiales de policía de base, las élites empresariales e incluso los colaboradores extranjeros.

UN LARGO CAMINO POR DELANTE

Las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela de 2025, que aún no están programadas, presentan otra oportunidad, y también un desafío potencial. La oposición venezolana debe decidir primero si participará y dará legitimidad al proceso. Siempre que la oposición esté unida en su decisión, otra contienda electoral puede servir como un momento para que la oposición reúna evidencias de la criminalidad del régimen y aumente la presión interna mediante la organización a nivel de la calle. La elección presidencial de este año unificó a la oposición, movilizó a los ciudadanos y demostró al mundo el cinismo, el fracaso y la criminalidad del gobierno de Maduro. La oposición puede tener dificultades para volver a atraer a los votantes desencantados a las urnas, pero si lo logra, atraerá la atención del mundo una vez más y subrayará la impopularidad generalizada de Maduro.

La verdad es que no es probable que se produzca un único momento decisivo de transición democrática radical en Venezuela. Depositar esperanzas en un resultado de ese tipo sólo generará frustración y fatiga. En cambio, la contienda debería verse como otro paso dentro de una estrategia más amplia para contener las actividades y ambiciones ilícitas internacionales del régimen, castigar a sus intermediarios y facilitadores del poder y recuperar espacio político para la oposición.

Una presión internacional coherente y coordinada puede generar oportunidades para un diálogo significativo entre el gobierno y la oposición, pero las conversaciones deben basarse en compromisos reales de Caracas de respetar las normas internacionales y los derechos humanos. En el pasado, las negociaciones superficiales han permitido al régimen postergar los problemas y evitar rendir cuentas por sus abusos. Cualquier conversación futura debe comenzar con el reconocimiento por parte de Caracas de la legitimidad y los derechos políticos de la oposición, así como con su aceptación de la necesidad de reformar el vaciado Estado de Venezuela.

Por ahora, la líder de la oposición, María Corina Machado, permanece en Venezuela y ha prometido seguir luchando. Ahora le corresponde a América Latina , a Estados Unidos y a quienes en el mundo defienden la democracia y los derechos humanos poner en marcha una estrategia integral y multilateral de contención y fractura vertical del régimen, mucho antes de la farsa de la investidura de Maduro el 10 de enero de 2025. Para Maduro, será un desafío mantener su control del poder, durante otros seis años, contra la voluntad tanto de su propio pueblo como de una oposición internacional unida.