La Organización de Naciones Unidas (ONU) realizó este viernes una sesión para hablar sobre Venezuela, y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos presentó un informe en el que reitera que «el país vive la peor ola de represión y crisis de derechos humanos desde 2019».

El Nacional

Presentamos en 7 puntos clave acerca de qué hablaron en la sesión de la ONU sobre Venezuela.

Riesgo de la desintegración del Estado de derecho

La Misión de la ONU dijo que el riesgo de la desintegración del Estado de derecho en el país “es muy alto” tras el agravamiento de la situación de los derechos humanos y la reactivación “de la maquinaria represiva” luego del 28 de julio.

«La maquinaria represiva del Estado venezolano continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos y delitos. Las víctimas, y la población en general, se encuentran desamparadas ante el ejercicio arbitrario del poder. Esto en un contexto en que está desapareciendo la mínima apariencia de legalidad en la actuación de las autoridades. El riesgo de una desintegración del Estado de derecho en Venezuela es muy alto», dijo en el Consejo de Derechos Humanos la presidenta de la misión, Marta Valiñas.

«Un plan diseñado para desalentar, silenciar y anular la oposición política»

Valiñas señaló que estas «violaciones» son el resultado de un «plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión». A su juicio es un plan que busca «desalentar, silenciar, y anular la oposición política y las voces críticas al gobierno del presidente Maduro» o a quienes reclaman transparencia en los resultados electorales.

Detenciones arbitrarias incluso contra menores de edad

De acuerdo con el nuevo informe de la Misión de la ONU, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 al menos 48 personas (39 hombres y 9 mujeres), entre civiles y militares, fueron detenidas. Todas en relación con lo que las autoridades consideraron conspiraciones para desestabilizar el país, derrocar al gobierno o atentar contra la vida del presidente u otras altas autoridades.

Destacaron que la misión investigó casos emblemáticos de detenciones arbitrarias de reconocidas personalidades, como la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y sus familiares.

La Misión de la ONU sobre Venezuela documentó al menos 158 niños y niñas, algunos con discapacidad, detenidos tras protestas poselectorales, imputados por graves delitos como terrorismo e incitación al odio: “La misión ya ha podido documentar graves violaciones de los estándares internacionales de protección de la niñez”.

Represión a manifestaciones pacíficas y persecución a manifestantes

Valiñas expresó que ola de protesta ciudadana que siguió al anuncio del CNE, la reprimieron «con una dureza y violencia inusitadas». Según fuentes de organizaciones de la sociedad civil, entre el 29 y el 31 de julio se registraron 915 protestas en todo el país.

«La misión investigó de manera preliminar y confirmó la muerte violenta de 25 personas en el contexto de concentraciones o protestas ciudadanas; 24 de ellas murieron por disparos de arma de fuego, la mayoría eran hombres jóvenes de barrios populares de menos de 30 años», dijo.

La misión aseguró que no tienen aún evidencia suficiente para atribuir autoría en estos casos de muertes. Pero en varios de estos casos alcanzó a documentar «la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana o de la Policía Nacional Bolivariana haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las protestas».

Desapariciones forzosas y torturas

La misión constató que «la práctica de las desapariciones forzadas de corta duración no cesan». Basada en una interpretación estricta de los estándares internacionales, alcanzó motivos razonables para creer que en 13 casos «agentes del Estado llevaron a cabo privaciones de libertad y negaron reconocer la suerte o paradero de las personas detenidas, sustrayéndolas de la protección de la ley».

«También continuaron los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. La misión identificó una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia:

• Puñetazos.
• Golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma.
• Descargas eléctricas.
• Asfixia con bolsas de plástico.
• Inmersión en agua fría.
• Privación forzada del sueño.

Leyes que atentan contra la sociedad civil

Marta Valiñas enfatizó que las violaciones descritas «tuvieron lugar en el marco de un espacio cívico y democrático cada vez más reducido».

Recordó que el 15 de agosto, el Parlamento venezolano aprobó por unanimidad la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. Esto a pesar de las recomendaciones en contrario de la misión, así como de la Oficina del Alto Comisionado y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

«El texto aprobado es incompatible con normas y estándares internacionales sobre el derecho a la libertad de asociación y restringe aún más la capacidad de actuar libremente a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones defensoras de los derechos humanos»

ONU destaca importancia de la comunidad internacional sobre Venezuela

Resaltó que la comunidad internacional enfrenta una gran responsabilidad para detener esta persecución, así como para que «las violaciones y delitos que se han cometido y que continúan cometiéndose no queden en la impunidad». También para dar aliento a las víctimas, «asegurando que puedan obtener justicia».

En una votación que no incluyó el apoyo de la bancada afín al ex presidente Rafael Correa, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con 79 votos una resolución que exhorta al presidente, Daniel Noboa, a solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) la emisión de órdenes de detención contra el dictador venezolano Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Por: Yalilé Loaiza – Infobae

Ecuador, miembro de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma desde 1998, ratificó dicho tratado en 2002, lo que establece su compromiso con la CPI para juzgar delitos como crímenes de guerra, genocidio, y crímenes de lesa humanidad. La Asamblea Nacional recordó en su resolución que diversos informes internacionales, entre ellos los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Panel de Expertos Independientes, han documentado violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela bajo el gobierno de Maduro, según se indica en los considerandos de la resolución.

Entre las violaciones mencionadas en los informes se incluyen asesinatos, encarcelamientos arbitrarios, torturas, violaciones, persecuciones políticas y desapariciones forzadas, todos ellos clasificados como crímenes de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma.

La Resolución aprobada por el congreso de Ecuador para que se emitan órdenes de detención contra el dictador Nicolás Maduro.

Desde 2017, parlamentarios y gobiernos de varios países han solicitado que la CPI investigue la situación en Venezuela. En septiembre de 2018, los gobiernos de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú remitieron la situación a la Fiscal de la CPI para iniciar una investigación formal. La Asamblea ecuatoriana reiteró su apoyo a estos esfuerzos internacionales.

La resolución aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional insta al presidente Noboa a que, en representación de Ecuador, solicite formalmente a la CPI la emisión de órdenes de detención contra Nicolás Maduro, con el objetivo de evitar que continúen los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y de garantizar la eficacia de las investigaciones en curso. Adicionalmente, la resolución exhorta a que se solicite la incautación y decomiso de los bienes y activos de Maduro y de terceros vinculados, en beneficio de las víctimas de estos crímenes. La Asamblea también solicitó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador colabore activamente con la CPI en la promoción de la justicia internacional.

La resolución de la Asamblea Nacional también hizo eco del llamado internacional para que se tomen medidas más contundentes contra Maduro. En su texto, se mencionan los apoyos de líderes internacionales, incluidos expresidentes de América Latina y Europa, quienes han respaldado los informes que denuncian violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela.

La resolución aprobada por la Asamblea Nacional de Ecuador no tiene carácter vinculante, es decir, no obliga al presidente Noboa ni al gobierno ecuatoriano a tomar las acciones que sugiere. Sin embargo, representa una postura oficial del órgano legislativo frente a la situación en Venezuela.

Ecuador ha sido uno de los países que se ha pronunciado en contra del fraude de la dictadura de Maduro, perpetrado en las elecciones del 28 de julio. La postura de Noboa y su administración ha sido el rechazo a la crisis venezolana. Además, el pasado 4 de septiembre, el gobierno de Ecuador anunció que pedirá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas evaluar la situación de Venezuela en su próxima sesión, “ante el incremento de las tensiones, que podría convertirse en una amenaza directa a la estabilidad regional y la seguridad internacional”.

El congreso ecuatoriano adoptó esta postura un día después de que se conociera que la dictadura de Maduro emitió una orden de detención contra el presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana,Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich.

Infobae reportó que el anuncio de la fiscalía chavista se da luego de que los fiscales argentinos Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe reclamarán el martes a la Cámara Federal de Buenos Aires (Argentina) que se ordene la indagatoria y la captura de Nicolás Maduroy de su mano derecha, Diosdado Cabello. El dictamen también alcanza a una treintena de militares y agentes de inteligencia acusados de ser responsables de torturas, secuestros y ejecuciones en su país, en el marco de un “plan sistemático”.

La presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos, la representante María Elvira Salazar, tuvo un cruce intenso con el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan, durante la audiencia convocada hoy para revisar las licencias comerciales que tiene la empresa petrolera Chevron con el régimen de Nicolás Maduro. El régimen populista sobrevive –en parte– por los negocios en energía que aún preserva con la influyente compañía de los Estados Unidos.

Por: Román Lejtman – Infobae

La audiencia sucedió en el Rayburn House Office Building, y llevaba como título “Maduro volvió a robarse las elecciones: la respuesta al fraude en Venezuela”. En la sala había una pantalla gigante que mostraba un cuadro con las supuestas ganancias de Chevron desde el momento que la administración de Joe Biden -2022- permitió que la compañía petrolera recuperara su operación en Venezuela.

Ese cuadro técnico, que describía la presunta producción en barriles que tiene Chevron en Venezuela, establecía que en dos años de licencia la empresa estadounidense había ganado 4.999.680.000 millones de dólares.

En este contexto, el subsecretario Sullivan, Enrique Roig, subsecretario Adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y Greg Howell, a cargo de la Oficina para América Latina y el Caribe de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) explicaron al subcomité del Hemisferio Occidental qué había hecho la administración Biden para castigar el fraude electoral y las violaciones a los derechos humanos cometidos por Maduro.

Tras las presentaciones formales de los funcionarios del Departamento de Estado y USAID tomó la palabra Salazar para mantener un diálogo muy tenso con el subsecretario Sullivan. La representante por Florida reveló que pese a la sucesivas condenas de Biden y su gabinete, la Secretaria del Tesoro había prorrogado la licencia a Chevron desde el primero de septiembre.

.@RepMariaSalazar opening statement at @HouseForeignGOP hearing on Fraud in the Venezuelan Presidential Election. pic.twitter.com/ujEynuuksg

— CSPAN (@cspan) September 20, 2024

—El primero de septiembre, 33 días después de que Maduro hiciera todo lo que ustedes describieron (NdR: fraude y represión ilegal), los Estados Unidos renovaron la licencia para que Chevron operara en Venezuela. Si no tienes dinero, no tienes dinero para engrasar el aparato represivo o el estado policial. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué el Departamento de Estado renovó esa licencia? Específico. General. Individual. No necesitamos entrar en las palabras. Solo quiero saber, ¿por qué lo hiciste? Y no me digas que el Tesoro te lo dijo porque el Estado dicta y el Tesoro sigue —interrogó Salazar a Sullivan.

—Gracias por la pregunta. Presidenta Salazar, como usted sabe, las decisiones sobre las sanciones se toman mediante consultas interinstitucionales. Las sanciones son administradas por el Departamento del Tesoro y se hacen los anuncios a nivel estatal —contestó Sullivan.

—Le dice al Tesoro qué hacer. No trate de engañarme, Sr. Sullivan. Sabemos que el Departamento de Estado es el que dicta la política exterior. Y si el Departamento de Estado no quería que Chevron y Repsol y los demás tuvieran una licencia general, individual o específica, sea cual sea el tipo de licencia que el Tesoro no le hubiera otorgado, ¿estoy en lo cierto?

—Seguimos revisando nuestra política de sanciones.

—¿Por qué usted, el Departamento de Estado, renovó la licencia de Chevron 33 días después de que Maduro hiciera todo lo que ustedes describieron? Tiene que haber una razón. ¿La Casa Blanca lo presionó? ¿Llamaron y dijeron: oye, necesitamos petróleo gratis y barato?

—Bueno, como mencioné, presidenta Salazar, los Estados Unidos, el Gobierno, se coordina en estos temas. El Departamento del Tesoro administra las licencias y continuamos revisando nuestra política de sanciones con respecto a Venezuela, con el fin de avanzar en nuestros objetivos generales de promover, en este caso, una transición democrática.

—¿Cómo se puede promover una transición democrática si estamos de acuerdo en que Maduro se robó las elecciones y lo único que estamos haciendo es ayudarlo a mantenerse en el poder y crear otra crisis migratoria?

—Como han visto, los Estados Unidos han estado muy activos con nuestros socios internacionales para desarrollar una presión internacional concertada a favor de la transparencia….

—No responde a mi pregunta, Sr. Sullivan. ¿Por qué renovó las licencias petroleras de Chevron? ¿Por qué?

—La administración de nuestra política de sanciones es algo que hacemos como parte de nuestra estrategia diplomática general en Venezuela, y continuamos revisando esa política, tratando de elegir las acciones específicas que mejor contribuyan a nuestros esfuerzos generales para crear condiciones para el pueblo venezolano.

A continuación, los funcionarios Roig y Howell contestaron otras preguntas vinculadas a la región. Pero el asunto más importante quedó saldado con las respuestas del subsecretario Sullivan. A partir de su información se comprobó que la administración Biden sólo tiene previsto aplicar sanciones diplomáticas y financieras al régimen populista.

Las regalías petroleras que recibe Maduro le permite afrontar el aislamiento internacional que sufre por el fraude cometido en los comicios y la represión ilegal desatada bajo sus órdenes. Y ese beneficio económico y político -por ahora- preservará el status quo hasta que la Casa Blanca resuelva lo contrario.