Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, expresó su agradecimiento a la plataforma Mujeres por la Democracia en Venezuela por el reconocimiento otorgado a las mujeres venezolanas en un momento crucial para el país.

La Patilla

“¡Qué honor! ¡Cuántas mujeres valientes y valiosas!”, exclamó Machado, quien resaltó la valentía de las mujeres venezolanas al enfrentar al chavismo.

Machado valoró el gesto de solidaridad y firmeza femenina, señalando que las mujeres en Venezuela fueron pioneras en dar un paso al frente en esta lucha.

“Esto se trata de defender a las familias y hacer que nuestros hijos regresen a casa“, afirmó, subrayando que la lucha por la libertad en Venezuela también es una lucha por la democracia en toda Latinoamérica.

La UE manifestó su preocupación por la crisis política en Venezuela ante los recientes resultados electorales.

La Patilla

Mediante un comunicado, “los Veintisiete” resaltaron el informe del Grupo de Expertos de la ONU que evaluó el proceso y puso en duda los resultados oficiales.

Asimismo, el organismo europeo instó al CNE a publicar de forma transparente y verificable los resultados completos, conforme a estándares internacionales, para garantizar el respeto a la voluntad popular.

Al no haber evidencia pública que evalúe el proceso, la UE reiteró que sólo reconocerá resultados verificables de forma independiente.

La UE señaló que según las actas revisadas por la oposición, Edmundo González parecería haber ganado por mayoría.

En ese sentido, la Unión Europea exhortó a respetar la decisión del pueblo venezolano sobre su futuro.

COMUNICADO ÍNTEGRO

La Unión Europea sigue sumamente preocupada por la profundización de la crisis política en Venezuela.

La UE acoge con satisfacción el informe provisional del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela para evaluar el desarrollo general de las elecciones en el marco del Acuerdo de Barbados. Este informe ha arrojado luz sobre el proceso electoral y ha puesto de relieve la falta de fundamentación de los resultados anunciados por las autoridades venezolanas.

Hasta el día de hoy, las autoridades venezolanas no han aportado la evidencia pública necesaria para evaluar el proceso electoral según los estándares señalados por el panel de expertos de la ONU.

A la luz de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), vale recordar que el CNE es el órgano legal y constitucionalmente responsable de la publicación transparente y detallada de los resultados electorales oficiales.

Sólo se aceptarán y reconocerán resultados completos y verificables independientemente para garantizar que se respete la voluntad del pueblo venezolano.

La Unión Europea sigue instando al CNE a que publique y verifique de forma independiente las actas oficiales de votación de todos los centros de votación. Además, la Unión Europea subraya que el Grupo de Expertos de la ONU ha confirmado que una muestra de las actas revisadas publicadas por la oposición presenta las características de seguridad de las actas de resultados originales, lo que confirma su fiabilidad. Según las copias de las actas disponibles públicamente, Edmundo González Urrutia parecería ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa.

El pueblo venezolano tiene que decidir su propio destino. Su voluntad debe prevalecer. La Unión Europea seguirá trabajando con sus socios regionales para garantizar que se respete la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas y para facilitar un diálogo liderado por Venezuela que ofrezca garantías a ambas partes y conduzca a la restauración de la democracia y a la solución de la actual crisis humanitaria y socioeconómica.

Las autoridades venezolanas deben respetar el derecho de todos los venezolanos a manifestarse pacíficamente y expresar libremente sus opiniones políticas sin temor a represalias. Deben abstenerse de usar fuerza excesiva, poner fin a la represión y el acoso a la oposición y la sociedad civil, y liberar a todos los presos políticos. Las violaciones de derechos humanos deben investigarse exhaustivamente y los responsables deben rendir cuentas. 

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció el aumento de la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Un hecho que aseguran no había llegado a tales niveles en la historia de Venezuela.

El Nacional

En una publicación que hicieron en X explicaron que el nivel de persecución supera al de dictaduras como la de Augusto Pinochet, en Chile.

«Más de 2.400 personas detenidas arbitrariamente en 16 días, 150 detenciones diarias, superando ampliamente registros de las protestas del 2014, 2017 y 2019; el doble de detenidos-desaparecidos diariamente en Chile durante los meses de septiembre y diciembre de 1973, tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet». Así lo escribieron en su mensaje.

Nicolás Maduro rompe cifras históricas de represión en #Venezuela, superando a dictaduras como la de Pinochet en Chile.

Criticaron también el uso desproporcionado de la fuerza y la coordinación entre fuerzas de seguridad y grupos paramilitares, que ha dejado 24 personas asesinadas en solo cuatro días, cifras no vistas desde 2019.

También recordaron hechos de violencia contra testigos y en centros electorales, lo que representó otra irregularidad en las presidenciales del pasado 28 de julio.

«Provea ha registrado al menos 50 casos de desapariciones forzadas, en los que las víctimas fueron detenidas ilegalmente por fuerzas de seguridad y grupos paramilitares, muchas veces sin que sus familiares tuvieran información sobre su paradero». Así lo añadieron.

Además, hablaron de la Operación Tun Tun, «una campaña de persecución masiva dirigida contra opositores, dirigentes sociales y manifestantes: Se han reportado allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y actos de violencia y saqueo por parte de las fuerzas de seguridad».

¿Qué exige Provea al régimen de Maduro?

En la declaración, pidieron a la comunidad internacional que haga pronunciamientos contundentes y medidas para garantizar el respeto a los DD. HH. en Venezuela.

La ONG exigió que se haga una verificación independiente de las actas, con un monitoreo internacional efectivo, cruciales para proteger la voluntad venezolana.

A la ciudadanía a continuar exigiendo la publicación transparente de los resultados electorales y a mantenerse firmes en la defensa de sus derechos, documentando y denunciando cada abuso.

Por último, alertaron a la Corte Penal Internacional y su fiscal Karim Khan sobre esta política sistemática de represión que solo se ha acentuado. Por esta razón, consideran debe abrirse la investigación en la CPI por crímenes de lesa humanidad, Venezuela I.

Todos le conocen como “Roy, The Unbroken”, porque si su cuerpo es fuerte como una roca, su mente y su forma de concebir la vida son igualmente poderosas, quizá porque ha experimentado episodios que otros gladiadores jamás entenderían, como luchar contra una dictadura.

Con información del Nuevo Herald

En las calles de su Venezuela enfrentó a las fuerzas de un régimen que pisotea la democracia y cuando no le quedó otra alternativa que ir a Estados Unidos, lo hizo con la conciencia de que algún día habrá de regresar a un país libre y como campeón de la UFC.

Roybert Echeverría es uno de los prospectos más grandes de las artes marciales mixtas en la Florida.

Tras ganar el campeonato en la categoría de peso mosca, en un evento en Milwaukee, el venezolano, Roybert Echeverría, aseguró que «vamos a salir de esta dictadura».

La Relatoría Especial de la Cidh se pronunció sobre la detención arbitraria de periodistas en Venezuela tras los últimos sucesos ocurridos en el país tras la elección presidencial del pasado 28 de julio.

Vía La Patilla

A continuación comunicado íntegro:

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las detenciones arbitrarias de periodistas y la persecución sistemática de medios y voces disidentes en Venezuela durante el período poselectoral. La RELE llama a la comunidad internacional a rechazar las medidas de censura y prácticas represivas ejercidas como parte del patrón que busca generar terror en la población venezolana; asimismo, le llama a exigir la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente por el régimen.

Detenciones arbitrarias

Durante el período poselectoral, la Relatoría Especial ha documentado numerosas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas que ejercen legítimamente su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica contra los resultados electorales presentados por el Consejo Nacional Electoral. Desde las elecciones del 28 de julio hasta el 19 de agosto, se han registrado alrededor de 1,505 detenciones, incluyendo a activistas, defensores de derechos humanos, líderes opositores, testigos electorales y periodistas. Entre las personas detenidas, la RELE ha registrado al menos 2 líderes y activistas LGBTI+ y 10 periodistas, de los cuales 4 enfrentan acusaciones infundadas de terrorismo por cubrir manifestaciones. Estas detenciones suelen estar precedidas por allanamientos y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad.

La Relatoría Especial ha seguido de cerca el caso del periodista Roland Carreño, detenido el 2 de agosto en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), sin que se tenga conocimiento de su paradero. El SEBIN y la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) niegan tenerlo bajo su custodia; asimismo, las autoridades se habrían negado a recibir una denuncia y habeas corpus presentado en su favor. Ronald Carreño es beneficiario de una medida cautelar de la CIDH otorgada debido a la gravedad de su situación y la urgencia del riesgo de daño irreparable a sus derechos.

Según la información de sociedad civil, las detenciones y procesos penales contra periodistas y activistas se llevan a cabo bajo la “Ley Contra el Odio”, sin garantías judiciales y con severas restricciones al derecho de defensa. Los cargos comunes incluyen terrorismo, incitación al odio, instigación pública, asociación ilícita, alteración del orden público y obstrucción de la vía pública. También se reportan alegaciones de manipulación o fabricación de pruebas por parte de las autoridades. Además, la RELE ha recibido informes sobre las dificultades que enfrentan los familiares de personas detenidas, como la dificultad para localizarlos, requisitos excesivos para visitas y extorsión por parte de funcionarios. Las familias de periodistas acusados de terrorismo enfrentan obstáculos adicionales, incluyendo dificultades para trasladarse al área metropolitana de Caracas, donde se encuentran los tribunales especializados.

Persecución y criminalización de la prensa

La RELE alerta a la comunidad internacional sobre el aumento de la represión del régimen venezolano contra periodistas y medios de comunicación en el contexto poselectoral. Las agresiones comunes incluyen allanamientos, cierre de medios, confiscación de equipos, deportación de prensa internacional, anulación de pasaportes, amenazas, despidos injustificados, censura, perfilamiento en grupos de chat y extorsión. Estos actos han generado un clima de miedo entre las personas trabajadoras de la prensa, quienes se han visto obligadas a tomar medidas de seguridad para su autoprotección, tales como refugiarse en sus residencias, limitar su actividad en redes sociales y evitar cubrir temas de alto interés público.

A nivel local, la Relatoría ha recibido reportes de amenazas de criminalización contra periodistas por parte de alcaldes, gobernadores y grupos “colectivos”. También se ha denunciado la circulación de listas con nombres, fotos e información personal de líderes, miembros de mesas electorales, testigos y periodistas para facilitar su detención. Estas acciones forman parte de una creciente estigmatización de periodistas y medios independientes, quienes son calificados por funcionarios públicos como “golpistas”, “cómplices”, “operadores de la derecha fascista” y “terroristas financiados”.

Debido al creciente temor y la amenaza de criminalización en Venezuela, la RELE conoció que al menos 6 periodistas y trabajadores de la prensa han decidido exiliarse por razones de seguridad.

Represión digital y cierre de espacios informativos

La Relatoría Especial advierte sobre la criminalización y represión de las expresiones en redes sociales, así como el uso de tecnología de vigilancia para perseguir y censurar. Según información pública, altos funcionarios han acusado a plataformas accesibles de ser “multiplicadores del odio” y promueven leyes que etiquetan a quienes critican el régimen en línea como “fascistas”, “neofascistas” o “ciberfascistas”. Además, se han bloqueado selectivamente al menos 107 sitios web, incluidos 63 medios y 9 plataformas de derechos humanos. En una transmisión en vivo, Nicolás Maduro también ordenó el bloqueo y desinstalación de aplicaciones, fomentando herramientas que comprometen la seguridad y privacidad de las personas usuarias. Esta situación ha obligado a que periodistas eviten mostrar los rostros en manifestaciones y a adoptar medidas para proteger su identidad y mantener el anonimato.

Igualmente, la CIDH y su RELE han sido informadas sobre campañas de propaganda oficial y militar que incluyen perfilamiento y ciberpatrullaje contra quienes critican al régimen en redes sociales o participan en protestas. Además, se han denunciado la producción de contenidos audiovisuales que retratan a críticos como criminales, quienes también serían obligados a emitir mensajes de arrepentimiento frente a cámaras de organismos de inteligencia, como actos de escarnio público.

El bloqueo extensivo de sitios web ha impuesto un cerco informativo que limita el acceso a contenido crítico y favorece la versión oficial de los resultados electorales. Esta censura afecta la viabilidad económica de los medios y restringe gravemente el ecosistema informativo en Venezuela. En este contexto, la deportación de equipos de prensa internacionales, como el de TVN de Chile, y las acusaciones de Nicolás Maduro contra la prensa internacional, exacerban la opacidad y deterioran la pluralidad informativa. La RELE advierte que la presencia de medios internacionales es crucial para garantizar la transparencia electoral y movilizar el apoyo diplomático y humanitario necesario para abordar la crisis de derechos humanos en el país.

La RELE condena el abuso de poder del régimen venezolano, que emplea mecanismos institucionales para silenciar y reprimir a quienes critican o disienten, especialmente en relación con el proceso electoral. Estas prácticas de violencia institucional y terrorismo de Estado no solo están dirigidas a la persecución de sectores específicos, sino que instauran un clima de miedo e intimidación generalizado, con el objetivo de perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder. A esta grave situación se suma la reciente sanción de la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”.

Por lo tanto, la Relatoría Especial insta a la comunidad internacional, y en particular a los Estados de la región, a que exhorten al Estado venezolano a:

Liberar a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, participación política, prensa, asociación y reunión pacífica;

Garantizar que los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos tengan acceso inmediato y sin restricciones para visitar a las personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares;

Poner fin a la censura y a la represión masiva contra la ciudadanía que protesta, así como a la persecución dirigida contra sectores específicos, incluyendo a periodistas y medios de comunicación;

Garantizar el ejercicio pleno del periodismo, incluyendo el acceso libre y seguro de las corresponsalías internacionales;

Poner fin al bloqueo de sitios web, al uso indebido de tecnologías de vigilancia y a la represión digital, y proteger y garantizar el espacio cívico digital en y sobre Venezuela.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció el que Ministerio Público citará al excandidato presidencial Edmundo González a declarar ante el organismo.

La Patilla

Saab informó que el ente inició investigaciones contra González por supuestos llamados de “fraude” tras la elección presidencial del pasado 28 de julio.

“Va tener que dar la cara en la fiscalía. Él desconoció al CNE y publicó una página llamada http://resultadosconvenezela.com”, manifestó Saab durante una rueda de prensa.

Asimismo, el fiscal anunció investigaciones contra a los creadores de la página donde la Plataforma Unitaria publicó las actas electorales del 28 de julio.

El Tribunal Supremo de Justicia declaró a Edmundo González en desacato luego que el candidato no se presentara al proceso de verificación de actas llevado a cabo por la entidad luego de los sucesos postelectorales.

El subsecretario para asuntos del hemisferio occidental de Estado de EEUU, Brian Nichols, aseguró que el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia avalando los resultados del CNE donde declaran ganador de la elección presidencial a Nicolás Maduro, “no respeta la voluntad del pueblo venezolano“.

La Patilla

“El anuncio que hizo ayer el Tribunal Supremo de Justicia no respeta la voluntad del pueblo venezolano“, dijo el funcionario estadounidense mediante su cuenta en X (anteriormente Twitter).

“La única manera de resolver la actual crisis política es que Maduro reconozca los verdaderos resultados de las elecciones y permita el retorno a las normas democráticas“, concluyó.

Las detenciones arbitrarias perpetradas por el régimen de Maduro han alcanzado niveles alarmantes en Venezuela, en su mayoría dirigidas contra dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, trabajadores de la prensa, personas que fueron testigos de la oposición durante las elecciones o simplemente aquellos que se han atrevido a expresar un pensamiento contrario por redes sociales.

Observatorio Venezolano de Prisiones

Las recientes detenciones así lo confirman, como es el caso del estudiante de medicina de la Universidad de Oriente (UDO), en el estado Bolívar. Se trata de Virgilio Laverde, de 24 años de edad, quien fue detenido en las afueras de su residencia y, según información aportada por sus familiares, no existía una orden de aprehensión en su contra.

Este joven estudiante está a una semana de que se realicen los actos protocolares para recibir su título como médico cirujano, mientras que su detención es un reflejo de cómo se les viola el derecho a los estudiantes por alzar su voz y exigir un mejor futuro.

Otra situación alarmante es la constante amenaza contra los trabajadores de la prensa, lo que constituye un grave ataque a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos de estar informados.

Desde la celebración de las elecciones se han producido al menos siete aprehensiones en contra de periodistas y trabajadores de la prensa, los cuatro primeros fueron: Yousner Alvarado en el estado Barinas; la reportera gráfica Deisy Peña en Miranda; el camarógrafo Paúl León, en el estado Trujillo; el periodista José Gregorio Camero en Guárico, y el periodista Roland Carreño en Caracas, quien resultó apresado por segunda vez. Las dos últimas fueron en contra de los periodistas Víctor Ugas, que enfrentaría su tercera detención, y Ana Carolina Guaita en el estado Vargas, de quien se desconoce su paradero.

Condiciones inhumanas

Son más de 1.500 personas detenidas, según han podido verificar distintas organizaciones no gubernamentales, aunque según el propio Ministerio Público son más de 2.000 personas tras las rejas.

Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hemos denunciado continua y sostenidamente el hacinamiento crítico en las cárceles de nuestro país, por lo que este tipo de prácticas inconstitucionales se han vuelto ley para el régimen y atentan contra las garantías judiciales establecidas en nuestra Carta Magna.

En ese sentido, en el OVP sentimos una gran preocupación por las condiciones infrahumanas de reclusión en las que se encuentran todas las personas que han sido arrestadas arbitrariamente. Sabemos que a ninguno de estos ciudadanos/as les han practicado evaluaciones médicas o psicológicas, e incluso algunos padecen de ciertas patologías o discapacidad y no les garantizan el acceso a una atención médica digna y adecuada.

El acceso al agua potable en los recintos penitenciarios es nulo o lo poco que les llega no es apto para el consumo ni para asearse, la alimentación está basada en granos, arroz o arepas sin relleno, además no consumen frutas, verduras y mucho menos proteínas.

En cuanto a las personas que se encuentran en los calabozos policiales, son sometidos a compartir celdas totalmente hacinadas e insalubres, donde tienen que hacer sus necesidades en bolsas o potes plásticos, se ven obligados a dormir en el suelo o de pie, según la cantidad de detenidos en un mismo calabozo; mientras que la comida y el agua potable debe ser suministrada por los familiares.

El común denominador en estas detenciones arbitrarias es la violación al derecho al debido proceso, pues ninguno de los aprehendidos ha tenido acceso a sus abogados de confianza y ni siquiera han podido comunicarse con sus familiares.

La opacidad de la información por parte del régimen también está a la orden del día, tanto así que no se sabe con certeza la cantidad de aprehendidos trasladados a centros penitenciarios y la cantidad de jóvenes enviados a centros de atención de adolescentes.

En tanto, los detenidos en algunas regiones de Venezuela están siendo trasladados a la ciudad de Caracas, sin explicación y sin que sus familiares sepan a dónde dirigirse. Esto complica más su situación porque además se incrementan los gastos en los traslados de los familiares para realizar las visitas y proveer de insumos a sus seres queridos.

Desde OVP exigimos la liberación inmediata y sin restricciones de todas las personas que han sido detenidas de forma arbitraria por el simple hecho de manifestar pacíficamente, aquellos que solo estaban en la puerta de su casa o caminando por alguna calle, o quienes simplemente fueron apresados por su pensamiento político.

El fiscal general del régimen chavista Tarek William Saab declaró este jueves que se registraron dos nuevas muertes por hechos violentos en Venezuela que totalizan 27 fallecidos desde las cuestionadas elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro entre denuncias de fraude de la oposición.

Infobae

Se trata de “dos motorizados” cuyos decesos están bajo investigación de la Fiscalía, detalló Saab a la televisión estatal sin ofrecer más detalles.

El fiscal había responsabilizado en días anteriores a la oposición por estas muertes, la mayoría ocurridas en las protestas desencadenadas contra la reelección de Maduro el pasado 28 de julio que también dejaron cerca de 200 heridos y más de 2.400 detenidos, que el régimen tacha de “terroristas”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó a Maduro como ganador con el 52% de los votos frente a un 43% de su principal rival Edmundo González Urrutia sin presentar el detalle del escrutinio, al alegar un jaqueo contra el sistema de votación. La oposición, sin embargo, denunció fraude y sostiene tener pruebas que demuestran su triunfo.

Los cuestionamientos llevaron a Maduro al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, para dirimir las denuncias. La máxima corte respondió este jueves convalidando su reelección para un tercer mandato de seis años, hasta 2031.

Maduro denuncia a González Urrutia y a la líder opositora María Corina Machado como artífices de un intento de golpe de Estado y ha pedido cárcel para ambos, pese a no existir una orden de captura.

La Fiscalía está presta para “avanzar, profundizar en esas investigaciones” en su contra, declaró este jueves Saab.

El máximo tribunal además remitirá a la Fiscalía la decisión de la certificación de la reelección de Maduro para que se sume a la investigación penal contra González Urrutia y Machado en virtud de que los documentos que la oposición defiende como pruebas de su victoria podrían ser “presuntamente falsos o forjados”.

Una vez más, las opciones para resolver la crisis venezolana parecen agotarse. Por un lado, el poder de Nicolás Maduro luce inamovible: la coalición de fuerzas institucionales que lo mantienen en el poder, entre ellos las Fuerzas Armadas, sigue cohesionada.

Por: Daniel Pardo – BBC

Por el otro, la oposición se aferra a no perder la esperanza de un cambio y a presionar por todas las vías: en las calles, en los medios, en el mundo.

Luego está una comunidad internacional que intenta mediar entre las fuerzas, pero cuyas propuestas han sido rechazadas por ambas partes.

Mientras tanto, la vasta mayoría de los venezolanos ven que, como pasó en años anteriores, la crisis humanitaria se puede profundizar si no hay soluciones políticas.

El dictamen este jueves del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), próximo al oficialismo, convalidando la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio y siguiendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) confirma la prolongación del statu quo, escenario deseado por Maduro y su cúpula.

Sin embargo, la oposición liderada por María Corina Machado va a mantener la presión para que se cumpla lo que consideran el mandato popular de aquel 28 de julio, cuando el 70% de los venezolanos, según las actas publicadas, manifestaron su deseo de cambio.

¿Qué viene ahora? Los escenarios que se plantean tienen muchas formas, están llenos de matices y pueden superponerse entre ellos. Es probable, incluso, que como ocurrió con la economía la transición política se dé de manera gradual, lenta e improvisada.

Por mucho que todo esto suene familiar, la política venezolana siempre sorprende: hay similitudes con experiencias anteriores, sí, pero también elementos nuevos: la respuesta del gobierno es cada vez más dura y radical; la oposición está fuerte y unida como nunca; el chavismo perdió apoyo popular y la consecuencia migratoria convierte la crisis en una de orden internacional.

Aunque la sentencia del TSJ, acusado de parcial, busca resolver el asunto, la crisis está intacta. Y los servicios, la pobreza, la salud, la educación y la violencia empeoran.

Veamos, entonces, tres escenarios generales de hacia dónde puede ir la situación.

1. Se mantienen las cosas como están

El gobierno de Maduro parece interesado en prolongar el estado de cosas: que la oposición se refugie ante la presión política, judicial y policial, que la comunidad internacional pierda el interés y que la gente tenga que resignarse a resolver su día a día.

Para eso, el oficialismo necesita ganar tiempo.

“El tiempo hoy no es un vector en el cual pasan las cosas, sino un arma política en una contienda”, dice Jesús “Chúo” Torrealba, un activista y exdirectivo de la oposición.

En crisis anteriores, el chavismo logró ganar tiempo hasta que la crisis menguó.

Pero, según Torrealba, esta vez la tiene más difícil: “El gobierno ya no es este ente todopoderoso que pone los términos; ahora está a la defensiva, actuando sin mucha sofisticación, y la oposición está a la ofensiva”.

Una oposición empoderada no va a resignarse a que las cosas sigan igual.

Ahí surge la posibilidad de que las cosas se deterioren.

“El gobierno le está apostando a una especie de escenario intermedio entre el statu quo y la profundización”, dice Mariano de Alba, un abogado próximo a la oposición y experto en diplomacia.

“Está dispuesto a profundizar el autoritarismo si tiene que hacerlo para tratar de mantenerse en el poder, pero preferiría un statu quo para evitar las reacciones y decisiones que en la práctica anulan las perspectivas de una recuperación económica, lo que seguiría aumentando el descontento masivo”.

Se suele decir que los venezolanos ya no tienen nada que perder: que sus familias apartadas y sus salarios paupérrimos son como tocar fondo.

Pero hay otra cosa que se suele decir: siempre se puede estar peor.

2. La profundización

En efecto, el gobierno puede optar por una crisis más aguda.

Eso significa aceptar que les apliquen más sanciones económicas que les impidan la venta de petróleo o los obligue a venderlo más barato, afectando su flujo de caja. Que sus familias en el extranjero sean perseguidas por autoridades internacionales. Que ya no solo los líderes sino también militares medios y funcionarios públicos vean sus propiedades y visas congelados.

También se podría traducir en más represión ya no solo en contra de la oposición y sus activistas, que terminarían asilados y anulados, sino de la población en general, que se vería incapaz de manifestar sus opiniones en público, acceder a redes sociales u organizarse en comunidad para resolver problemas cotidianos como, por ejemplo, la recolección de basuras y la distribución del agua.

Eso, necesariamente, significaría un aislamiento casi total de Venezuela en el mundo, con la incapacidad de tener vías de comunicación con gobiernos vecinos para atender la crisis migratoria.

Colombia sería particularmente afectado por esto, no solo porque es el mayor receptor de migrantes, sino porque puso sus apuestas de paz con el Ejército de Liberación Nacional en la mediación de Maduro con la guerrilla.

Muchos ven en los casos cubano y nicaragüense ejemplos de lo que podría ser una profundización del autoritarismo en Venezuela, con una oposición anulada y elecciones sin competencia.

Venezuela, sin embargo, es un país más grande y conectado al mundo.

Las consecuencias de una profundización de sus crisis serían de una envergadura mucho más compleja de lo que ha visto la región en su historia reciente.

3. Algún tipo de transición

Aunque parece lo menos probable, una transición en Venezuela no se puede descartar.

    Si la crisis se deteriora, o si se produce un estallido social de la magnitud del Caracazo, el evento de 1989 que significó el origen social del movimiento político que se tradujo en la victoria de Hugo Chávez en 1999, la posibilidad de que se quiebre el apoyo a Maduro entre militares y funcionarios es mayor.

    Sin dinero, además, las deserciones son más difíciles de evitar.

    “La oposición está apostando a un quiebre dentro del gobierno que obligue a Maduro a negociar su salida”, dice De Alba.

    “Todo indica que el cálculo de quienes sirven de soporte a Maduro sigue siendo que prefieren el status quo, y si la oposición también llega a esa conclusión, haría bien en abrirse a lo que plantean los negociadores”.

    En este escenario es donde sí juega un rol la comunidad internacional, que bajo el liderazgo de Colombia y Brasil, países gobernados por los izquierdistas Gustavo Petro y Luiz Inacio Lula da Silva, que tienen vías de diálogo con el chavismo, ha propuesto destrabes como unas nuevas elecciones o un gobierno de cohabitación transitorio.

    La oposición, en principio, ha rechazado estas iniciativas. Tambén el gobierno. Pero una versión de éstas puede entrar en la ecuación.

    Torrealba se plantea el escenario: “La única manera de aceptar unas nuevas elecciones es que sean antecedidas por un gobierno de coalición, con un relevo de las autoridades militares y electorales y sin las condiciones desequilibradas y antidemocráticas en que se dieron las elecciones (del mes pasado)».

    “La oposición puede llegar a aceptar algo así porque es un hecho que no tiene la fuerza para hacer valer el resultado de las elecciones del 28 y porque para la oposición es importante encontrar una solución a la crisis”, añade.

    Se suele plantear el desenlace de la crisis en términos de blanco y negro: o elecciones, o gobierno de coalición, o salida de Maduro, o gobierno de Machado. No se suele hablar, sin embargo, de versiones abigarradas de la transición que les den opciones a todos.

    WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
    Scroll to Top