La izquierda latinoamericana, alineada con el socialismo del siglo XXI, cierra filas en defensa de Evo Morales, expresidente boliviano (2006-2019), en medio de las investigaciones en su contra por los delitos de estupro, trata y tráfico de personas, mientras que este amenaza con bloquear Bolivia si la Fiscalía intenta hacer efectiva la orden de captura en su contra por negarse a declarar sobre el caso.
Diario de Las Américas
La Fiscalía de Tarija avanza en un nuevo expediente en contra del exmandatario por abusar de una menor de edad del departamento, ubicado al extremo sursureste del país suramericano, con la que supuestamente tuvo a su última hija conocida, que habría sido registrada por Morales cuando la joven, identificada como Cindy, alcanzó la mayoría de edad.
El resurgimiento de las investigaciones en contra del líder cocalero por estupro (relaciones sexuales con una menor de 18 años prevaliéndose de superioridad), dejó al descubierto una presunta red de trata de menores, conocida como la «guardia juvenil presidencial», integrada por niñas de 14 y 15 años, a las que Morales y sus cómplices identifican como «ñustitas».
La izquierda cómplice de Evo Morales
El caso de Cindy (la joven denunciante), considerado como uno de los «más atroces de la política latinoamericana», no es el único que ha llevado a Morales a la palestra pública por mantener relaciones íntimas con menores de edad.
En 2020, durante el gobierno de la expresidente interina Jeanine Áñez, se inició un proceso en su contra por una joven identificada como Noemi Meneses Chávez, oriunda de la provincia de Chapare, en el departamento de Cochabamba, con la que el líder socialista habría mantenido una relación física-sentimental desde 2015, cuando esta tenía 14 años de edad.
En ese entonces, como ahora, la izquierda latinoamericana guardó un estoico silencio, que termina derivando en una clara complicidad por omisión. Aunque en este caso, debido al escándalo que estalló en redes sociales, el Grupo de Puebla, emitió el 3 de octubre un comunicado en el que, como menciona el Informe Otálvora publicado este 13 de octubre, intenta lavarle la cara a Morales.
¿Qué hay detrás del espaldarazo del Grupo de Puebla?
La alianza izquierdista calificó la investigación de abuso sexual a menores y la presunta existencia de una red de blancas como una «campaña de lawfare (guerra legal)» en contra de Morales, por la disputa que mantiene el expresidente con el actual mandatario, Luis Arce, por el liderazgo y la candidatura del Movimiento al Socialismo (MAS), de cara a las elecciones del 2026, a las que Morales aspira.
El Grupo de Puebla, que se atribuye una «lucha feminista» por los derechos de las mujeres, dice que el proceso en contra del líder cocalero tiene el «propósito de judicializar la campaña», alrededor de casos y acusaciones que, sostienen, «ya fueron resueltas judicialmente en el pasado», cuando los tribunales de Chapare, provincia considerada el «cuartel general» de Morales y de su partido político, barrió bajo la alfombra el caso de Naomi.
Este comunicado a favor de Morales, quien aseguran «sale favorecido en las encuestas», tuvo una nítida intención velada: advertir que, lo que tilda de «operación de daño reputacional» contra Morales, «allanaría el camino a las aspiraciones de la derecha boliviana en las próximas elecciones presidenciales».
Lejos de velar el cumplimiento de las leyes y el esclarecimiento de un caso que trataría un delito tan grave como la trata de personas, la izquierda latinoamericana sale en defensa de su planes «progresistas» en Bolivia.
Amenazas ante orden de captura
Por su parte, Morales sigue aferrado a encubrir el caso detrás de una supuesta «persecución política», mientras se refugia bajo la protección de sindicalistas del departamento de Cochabamba, quienes respaldan su amenaza de bloquear las principales carreteras de Bolivia, si la Fiscalía intenta hacer efectiva la orden de captura emitida en su contra, para que declare en la investigación que adelantan desde Tarija.
«Tenemos que movilizarnos (…) El Pacto de Unidad y otras organizaciones sociales no se están equivocando para ir a una gran movilización y que nos respeten, el Gobierno tiene la obligación de respetar al pueblo boliviano», aseveró Morales este sábado, durante un acto en conmemoración al 12 de octubre, en el que el bloque acordó un «bloqueo nacional de carreteras» a partir del lunes 14 de octubre, para «resguardar la libertad, integridad y el secuestro» del exmandatario.
Bajo la protección de los sindicalistas cocaleros, Morales se victimizó, siguiendo el patrón aplicado por el dictador Nicolás Maduro, más recientemente el presidente colombiano Gustavo Petro, al alertar sobre supuestos planes de «atentar» en contra su vida.
«Quiero decirles, compañeros, posiblemente, ilegalmente, injustamente pueden detenerme. Pero a ustedes nunca les van a detener, esa es nuestra lucha. Posiblemente tienen planes de cómo acabar con nuestra vida, pero a este proceso de cambio nunca va a terminar», se victimizó.
Morales también rehúsa responder preguntas de los medios sobre las acusaciones de estupro.
