La líder antichavista María Corina Machado dijo este jueves que venezolanos en más de 300 ciudades del mundo se sumarán el sábado a la protesta convocada por la oposición mayoritaria para defender la victoria que -insiste- obtuvo Edmundo González Urrutia en las presidenciales del 28 de julio, pese a que el mandatario Nicolás Maduro fue declarado ganador por el ente comicial.

EFE

El 17 de agosto será “un gran día“, prevé Machado, quien, a través de un video publicado en redes sociales, aseguró que la oposición mayoritaria ha recibido “confirmación de que en más de 300 ciudades alrededor del mundo van a salir los venezolanos, acompañados con ciudadanos de todas partes“.

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“Y aquí en Venezuela serán decenas de ciudades donde nos vamos a encontrar y nos vamos a abrazar, para que el mundo vea la fuerza que tenemos, para que al régimen le quede claro que no nos van a detener“, expresó la exdiputada, principal valedora de González Urrutia.

Señaló que, tras las elecciones, está en desarrollo una “nueva etapa“, que consiste -explicó- en “hacer valer la soberanía popular y la verdad expresada” el 28 de julio para “ir a una negociación” que establezca las condiciones de una “transición democrática“.

“Vamos a hacer valer la soberanía popular, vamos a avanzar a una transición a la democracia y vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa“, dijo Machado, quien agregó que hoy “el régimen está más débil que nunca“.

El pasado martes, la mayor alianza opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, que preveía entonces movilizaciones el sábado en unas 115 ciudades del mundo, invitó a quien quiera organizar una manifestación en el lugar donde se encuentra a escribir a una dirección de correo electrónico que compartió en redes sociales.

Este jueves, González Urrutia instó a Maduro a que “no demore más la transición en paz” que -afirmó- el país eligió en las presidenciales, y advirtió que “la decisión de seguir desconociendo la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 28 de julio afecta” la democracia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la victoria de Maduro con unos resultados que, 18 días después de los comicios, aún no publica y que han sido cuestionados por numerosos países y organizaciones, que piden transparencia por parte de la institución.

La PUD insiste en que el triunfo de su abanderado se constata en el “83,5 %” de las “actas” que asegura haber obtenido gracias a las personas que fueron testigos y miembros de mesa en los comicios.

El Reino Unido ha revelado sus verdaderas intenciones en la reacción policial y judicial posterior a las protestas contra la inmigración ilegal masiva que estallaron recientemente a raíz del apuñalamiento de varias niñas en Southport (y el asesinato de tres de ellas), y va mucho más allá del problema obvio de la sustitución poblacional.

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Lo que se perfila ahora es la alianza patente de las autoridades con los recién llegados contra el pueblo británico nativo, que tiene prohibido incluso el derecho al pataleo. La prueba más reciente es la condena a 18 meses que ha correspondido a un ciudadano británico por gritar «¿quién coño es Alá?» durante una protesta frente a Downing Street, la residencia del primer ministro.

La sentencia dictada contra David Spring es el último caso en el esfuerzo por suprimir la libre expresión, al menos en lo que hace referencia al fenómeno de la inmigración ilegal y la ristra de intratables problemas que ha traído consigo.

El 31 de julio, Spring asistió a una manifestación de alrededor de 700 personas en Londres que terminó en disturbios. Las imágenes de la cámara corporal de la Policía que se reprodujeron en el tribunal mostraron a Spring llamando a los agentes de policía «cobardes», haciendo «gestos hostiles» y uniéndose a los cánticos de «¿quién coño es Alá?» y «ya no eres inglés».

Y no es que la conducta de Spring deje de ser censurable, como puede verse en el vídeo, pero en un entorno policial tan escasamente punitivo como el británico, que pasa por alto ofensas bastante más graves según el color de piel del perpetrador, cualquiera puede interpretar la condena como una prueba del Estado autoritario en que se ha convertido el Reino Unido de Keir Starmer.

Al ser arrestado, Spring dijo a la Policía que no fue «a Londres para provocar disturbios». «Fui a quejarme de la gente alojada en hoteles», refiriéndose a los inmigrantes ilegales que alojan en hoteles con cargo a los contribuyentes.

El abogado defensor, Piers Kiss-Wilson, dijo: «El acusado me pidió que presentara sus disculpas ante el tribunal y dice que se siente avergonzado por su comportamiento. También quiere disculparse con su familia, sus amigos y su esposa, quienes no merecen esto«. La esposa del hombre, que padece problemas de salud, ahora se verá privada de su cuidadora principal gracias al encarcelamiento de Spring.

La más reciente encuesta nacional de Fox News, realizada entre el 9 y el 12 de agosto y con un margen de error del 3%, presenta a Donald Trump y Kamala Harris en una reñida contienda por la presidencia. Según los resultados, el republicano supera a Harris por un estrecho margen de un punto porcentual, obteniendo un 50% frente al 49% de la vicepresidenta.

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Sin embargo, esta mínima ventaja se esfuma cuando se consideran a otros candidatos como Robert F. Kennedy Jr., quien obtiene un 6% de apoyo, dejando a ambos principales contendientes empatados en un 45%. Eso sí, cabe destacar que han existido contactos entre la campaña de Trump y la de Kennedy para una posible colaboración en la recta final de la campaña.

Además, es destacable que incluso aunque los republicanos perdiesen el voto popular, si la ventaja no es abultada podrían recuperar la presidencia, ya que el sistema electoral tiende a favorecerles (como ya ocurrió en 2016, donde Clinton obtuvo más votos pero menos escaños).

En el último mes, Harris asumió oficialmente la candidatura demócrata tras la retirada de Joe Biden, quien, junto a Harris, también fue superado por Trump en una encuesta anterior de Fox News con un 49% frente al 48%. Estos resultados sugieren que, a pesar de los numerosos eventos significativos recientes, la dinámica de la carrera presidencial no ha cambiado sustancialmente. Entre los acontecimientos destacados se incluyen un debate calamitoso de Biden que sacudió a su partido, un intento de asesinato contra Trump, la elección de JD Vance como candidato a vicepresidente por los republicanos, y la posterior nominación de Tim Walz como compañero de fórmula de Harris.

Uno de los aspectos clave en este enfrentamiento es la fuerte motivación de los votantes tanto demócratas como republicanos para apoyar a sus respectivos candidatos. Harris cuenta con el respaldo del 94% de los demócratas, mientras que Trump es apoyado por el 93% de los republicanos. Además, Trump mantiene una ligera ventaja entre los votantes independientes, con una diferencia de ocho puntos.

Trump también se destaca en áreas como el manejo de la economía, donde aventaja a Harris por seis puntos, aunque ha perdido algo de terreno respecto a su ventaja anterior sobre Biden en este tema. Sin embargo, Harris supera a Trump en la percepción de su capacidad mental para desempeñar eficazmente la presidencia, con una ventaja de ocho puntos en este apartado. Por otro lado, Trump es visto como un líder más fuerte y mantiene la confianza de los electores en temas como el trabajo, la inmigración y el aborto.

En un comunicado, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la crisis que enfrenta el sistema penitenciario en Venezuela, especialmente tras las recientes declaraciones de Nicolás Maduro sobre la transformación de las cárceles de Tocorón y Tocuyito en centros de reclusión de máxima seguridad.

Por: La Patilla / Con información de OVP

Según el mandatario, estas instalaciones se utilizarán para encarcelar a miembros de la sociedad civil, periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y dirigentes políticos que se opongan al régimen.

Las cárceles de Tocorón y Tocuyito han sido históricamente epicentros de corrupción, violencia y violaciones de derechos humanos. En 2023, el Estado venezolano intervino estas y otras cinco prisiones, trasladando a más de 8 mil reclusos a otros centros. A pesar de las promesas del ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, de que estos traslados serían “temporales y circunstanciales”, las condiciones para los detenidos y las infraestructuras carcelarias no han mejorado.

Casi un año después de la intervención, la situación se ha vuelto aún más preocupante. Humberto Prado, director del OVP, criticó duramente la decisión de convertir Tocorón y Tocuyito en prisiones de máxima seguridad, señalando la incapacidad del Ministerio para el Servicio Penitenciario de clasificar adecuadamente a los reclusos para tales instalaciones. Prado calificó esta iniciativa como la “Locademia de Política Penitenciaria”, subrayando que la clasificación penitenciaria debe basarse en evaluaciones individualizadas que consideren el perfil psicológico y los riesgos asociados a cada detenido.

Además de la falta de capacidad para realizar una clasificación adecuada, el OVP advirtió sobre el peligro que representa tratar a los presos políticos como presos sociales. Los presos políticos, encarcelados por razones ideológicas o políticas, no deberían ser sometidos a las mismas condiciones que los reclusos por delitos comunes, ya que esto viola principios fundamentales de derechos humanos y expone a los presos políticos a un entorno hostil y violento.

El OVP también subrayó la necesidad de condiciones de detención que respeten la dignidad y los derechos de los presos políticos, como acceso a visitas, asistencia médica y apoyo legal. En este contexto, el Observatorio exigió la liberación inmediata e incondicional de todos aquellos que han sido encarcelados arbitrariamente por motivos políticos, señalando que su detención perpetúa la represión estatal y socava los valores democráticos en Venezuela.

La declaración del OVP no solo revela las deficiencias del sistema penitenciario venezolano, sino que también hace un llamado a la comunidad internacional para que preste atención a la situación de los derechos humanos en el país y exija responsabilidades al régimen.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha rechazado este jueves la propuesta planteada por los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, de repetir las elecciones presidenciales en Venezuela, después de las denuncias de fraude de la oposición tras la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de los comicios.

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«Se va a una segunda elección y, si no gustan los resultados, ¿qué vamos, a una tercera? ¿Y a una cuarta? ¿Y una quinta hasta que le gusten los resultados a Maduro? ¿Aceptarían eso ustedes y en sus países? Que si el resultado no es satisfatoria, ¿entonces se repite una elección?», ha cuestionado en una entrevista cuyo extracto ha compartido a través de su perfil en la red social X.

Asimismo, ha reiterado que su candidato, Edmundo González, ganó las elecciones a pesar de «las reglas de la tiranía» y de que les advirtieran de que «iba a haber un fraude monumental» que no iban a «poder probar». «Nosotros confiamos en la organización ciudadana. Hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar. Otros fueronasesinados. Hoy en día están presos, escondidos», ha criticado.

«Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron», ha hecho hincapié Machado. En esta misma línea se ha expresado el excandidato opositor: «Las elecciones presidenciales en Venezuela se realizaron el pasado 28 de julio y las ganó abrumadoramente Edmundo González Urrutia. Reiteramos nuestro compromiso con la democracia, la paz y con Venezuela».

Activistas de derechos humanos en Venezuela encendieron alertas por la nueva ley de fiscalización de oenegés, aprobada el jueves por el Parlamento, al considerar que “profundizará la persecución” de críticos del presidente izquierdista Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.

AFP

El unicameral Parlamento, controlado por el gobernante chavismo, votó unánimemente a favor de esta ley, que ordena a las Organizaciones No Gubernamentales a inscribirse en un registro manejado por el Ministerio de Interior y hacer una “relación de donaciones” para su funcionamiento, en la que deben precisar si los fondos vienen de fuentes nacionales o extranjeras.

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Forma parte de un paquete legislativo solicitado por Maduro tras protestas contra su proclamación como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio, que dejaron 25 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.

“La ley tiene una intención punitiva”, dijo en una declaración a la prensa Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, quien estimó que unas 10.000 organizaciones de este tipo hacen vida en el país.

Una vez se publique la legislación en Gaceta Oficial, las oenegés tendrán 90 días para inscribirse en el nuevo registro y 180 días para reformar estatutos a fin de adaptarlos a la normativa aprobada, sin plazos para la respuesta del Estado.

“Va a ser una espada de Damocles (…). Todas las organizaciones que existimos ahora vamos a quedar a la discrecionalidad, por no decir arbitrariedad, de un funcionario”, advirtió Daniels.

Es “un golpe” para “controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país (…), amenazando con disoluciones y multas millonarias a las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos”, criticó en un comunicado en la red social X la organización de derechos humanos PROVEA.

“Alertamos a la comunidad internacional sobre esta Ley que profundizará la persecución a las voces disidentes y silenciará el espacio cívico”, agregó.

Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, sostuvo que esta norma “concreta la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil”.

“Línea de defensa”

Las oenegés han sido claves en las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, entre la opacidad de las fuentes oficiales.

Son a la vez blanco frecuente de ataques de altos funcionarios gubernamentales, que suelen acusarlas de funcionar como “fachadas” para conspirar contra Maduro con financiamiento de Estados Unidos y otros países.

Esta ley, de hecho, fue planteada en enero de 2023 por el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, quien acusó a más de 60 oenegés de “desestabilizar” el país.

“Busca eliminar una línea de defensa que tienen los venezolanos, que en estos 25 años (con el chavismo en el poder) ha acompañado a las víctimas”, comentó a la AFP el abogado de derechos humanos Eduardo Torres.

“Aprueban esta ley en un contexto de profundización de la represión poselecciones”, expresó Torres.

El incumplimiento de la nueva ley implica multas que pueden llegar a 10.000 dólares. Son, en realidad, “multas confiscatorias”, sostiene Daniels.

Hay normativas similares en la región en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia.

“Esta ley, lamentablemente, nos está poniendo en el camino de Nicaragua”, refirió Daniels, refiriéndose al cierre de más de 3.600 oenegés desde que la administración de Daniel Ortega endureció el marco legal para su funcionamiento tras masivas protestas en 2018.

“Campañas de odio”

El paquete de leyes pedido por Maduro incluye también una para “castigar” al “fascismo”, término con el que el oficialismo suele calificar a sus detractores.

Se planteó igualmente en la Asamblea Nacional una ley de redes sociales, que según Maduro son utilizadas para “campañas de odio”. El mandatario ordenó suspender X por 10 días y promueve un boicot contra WhatsApp.

Plataformas de información y entretenimiento han sido bloqueadas por proveedores de Internet.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, había instado a las autoridades a frenar la aprobación de “leyes que socaven el espacio cívico y democrático” y expresó preocupación por las masivas detenciones.

Su portavoz, Ravina Shamdasani, describió un “clima de miedo” en el que “es imposible aplicar los principios democráticos”.