Denuncian detenciones arbitrarias de adolescentes que no tenían relación con las protestas postelectorales en Venezuela, ni con actos de violencia. Algunos apenas caminaban cerca de fuerzas de seguridad, según sus familiares. ONG y voceros internacionales exigen liberarlas inmediatamente.
Adrián (*), un adolescente venezolano detenido en Caracas entre protestas populares contra los resultados electorales de su país, estuvo ocho días sin poder ver a su madre. El estudiante de bachillerato, de 16 años, se mantuvo muchas noches en vela en un cuarto oscuro de una instalación policial, sin ventilación y entre reos adultos. Asegura ser inocente.
No estaba participando de las manifestaciones contra la disputada proclamación de Nicolás Maduro como ganador de la elección presidencial del 28 de julio, sólo “venía caminando” por una calle caraqueña cuando un grupo de policías lo detuvo, sin pruebas, afirmó su mamá, Leticia Torrealba, empleada de una cadena de cines en la capital venezolana.
Hasta este jueves, dos semanas después de su arresto, aún no sabía quién era su defensor público asignado ni los cargos que le imputan. Sólo escuchó versiones extraoficiales de que sería acusado, junto a otros detenidos, de terrorismo, incitación al odio y alteración del orden público.
“Son inocentes, que no saben nada de eso. Es una cosa absurda”, dijo a la Voz de América su madre, llorosa, la mañana del jueves. Sus vecinos le están ayudando a cocinar para llevarle comida a su hijo hasta su sitio de reclusión.
Policías y militares han detenido a 117 adolescentes, todos entre 14 y 17 años, en medio de cientos de arrestos de manifestantes y disidentes del gobierno de Maduro en la crisis postelectoral en Venezuela, de acuerdo con Foro Penal, una ONG que asiste gratuitamente a detenidos por razones políticas.
Según la organización venezolana, hay 1.406 detenciones verificadas en todo el país por protestar contra el resultado de la elección. Maduro dice haber arrestado a más de 2.000 personas, tildando a su mayoría de “terroristas”.
Defensores locales e internacionales de los derechos humanos han levantado su voz contra las imputaciones de adolescentes ante tribunales dedicados exclusivamente a tratar delitos de terrorismo, así como la incomunicación con sus familiares, la negación de abogados privados o de confianza y sus traslados a cárceles comunes.
Volker Türlk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, expresó este lunes su preocupación por la detención arbitraria de tantas personas, entre ellas manifestantes, testigos electorales, activistas políticos y adolescentes.
A protegerlos, sin limitarlos
Carlos Trapani, coordinador de CECODAP, una organización que desde 1984 trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en Venezuela, advierte sobre un “patrón” de criminalización a las acciones de protesta en el país.
Reivindica el derecho de todo ciudadano, incluidos los niños y adolescentes, de opinar, reunirse, asociarse e incluso manifestarse en protesta pacífica, segura y sin armas y el deber del Estado de garantizarla, según lo establecido en la Constitución nacional.
Trapani, abogado, dice que han identificado violencia física y psicológica contra adolescentes de parte de agentes de cuerpos de seguridad. Las detenciones han ocurrido especialmente en zonas populares, precisa.
Los lapsos de presentación en tribunales deben ser especialmente breves, “no mayor de 24 horas”, en el caso de adolescentes, dice, denunciando la incomunicación de la mayoría de los detenidos como un “trato cruel e inhumano” por parte de las autoridades.
Lamenta las imputaciones por terrorismo, incluso en anuncios públicos y generales, “sin haber desarrollado un proceso de investigación exhaustivo” que lo compruebe.
No obstante, Trapani llama a la familia venezolana a la prevención y protección de sus niños y adolescentes, sin que ello signifique limitar el ejercicio de sus derechos.
“Es una niña muy noble”
Victoria, una estudiante de 16 años, integrante de la orquesta sinfónica de su ciudad, apasionada de la música, fue detenida arbitrariamente en Caracas por fuerzas de seguridad el lunes 29 de julio, un día luego de la elección presidencial, asegura su madre.
La joven sabe tocar el cuatro, compone canciones, le encanta la guitarra, acaba de avanzar al último curso de bachillerato y sueña con estudiar en un conservatorio musical.
“Es una niña muy noble, muy empática, muy humanitaria”, dice su madre, Carmen, en un video publicado en las redes de Foro Penal, en el que pide su liberación y niega su culpabilidad. Fue apresada cuando “salió a caminar” con una prima, describe.
La última vez que vio a su hija fue el día de su arresto, contó.
La misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela, activada por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, advirtió a principios de este mes que los detenidos durante las protestas postelectorales en Venezuela están “desprotegidos” ante el sistema de justicia del país sudamericano.
Esa instancia dijo haber recibido información “especialmente preocupante” sobre detenciones de más de 100 niños, niñas y adolescentes, “que han sido imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas”, sin la presencia de sus tutores.
Reclamó “con firmeza” la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos “sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección” y “respetando su interés superior”, según Francisco Cox, experto integrante de la misión.
Un adolescente fallecido
Al menos 1 de los 23 fallecidos durante las protestas por los resultados electorales es adolescente, de acuerdo con la ONG Monitor de Víctimas. Se trata de Isaías Fuenmayor, de 15 años, quien recibió un disparo en una concentración en Zulia, el 29 de julio.
Se señala como su asesino a un miembro de los grupos armados del chavismo, conocidos como “colectivos”. Según reseñas de la prensa local, no formaba parte de la protesta, con la que se topó después de participar en ensayos para una fiesta de 15 años. Fuenmayor estudiaba segundo año de bachillerato y era el tercero de cuatro hermanos.
Edicson José Arévalo, uno de los adolescentes arrestados, sufrió una parálisis facial después de su detención en Barinas, el 2 de agosto, de acuerdo con la ONG de la región llanera Fundehullan.
Las autoridades no se percataron de su condición sino 8 días después de su arresto dentro de una instalación militar, cuando lo trasladaron al centro de atención de varones de ese estado, indicó la asociación civil.
Como en todos los casos denunciados, exigen su liberación inmediata.
