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Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Uno de cada cuatro españoles (24%) cree que «no debería permitirse» la llegada de inmigrantes procedentes del Magreb. El 60% señala que debería permitirse «con limitaciones»; el 11% manifiesta que «debería permitirse sin limitaciones«; y el 5% responde «no lo sé», según una encuesta realizada por el Instituto 40dB para El País.

La Gaceta de la Iberosfera

Dos tercios de los españoles (66%) consideran que los inmigrantes «reciben demasiadas ayudas públicas» (el 35% está «bastante de acuerdo» y el 31% está «muy de acuerdo»); el 56% señala que «saturan la atención sanitaria pública»; y el 55% dice que los extranjeros «hacen aumentar la delincuencia«,

Por otra parte, el porcentaje de españoles que cree que hay «demasiados» inmigrantes en el país asciende al 57,2% y sólo el 4,1% cree que son «pocos».

El presidente de VOX, Santiago Abascal, denunció en una reciente entrevista que socialistas y populares promueven una inmigración ilegal masiva que da problemas de seguridad y «satura» los servicios sociales.

«Este tipo de inmigración sólo sirve para abaratar los salarios y beneficia a los más poderosos», manifestó, antes de reiterar que la propuesta de VOX es primero «que (a los inmigrantes) les llegue el mensaje de que no entran».

La presión migratoria desde territorio argelino sigue más presente que nunca. La sensación de impunidad de los argelinos ante la inexistencia de repatriaciones está motivando que en lugares como Baleares la inmigración ilegal desde Argelia se haya triplicado en el último año. Ahora, los traficantes argelinos preparan una operación salida hacia costas españolas que podría verse materializada durante el próximo fin de semana.

Según la información intercambiada en varios grupos en redes sociales a los que ha tenido acceso en exclusiva LA GACETA, traficantes de origen argelino se encuentran compartiendo en estos momentos numerosas ofertas y embarcaciones disponibles para próximas incursiones marítimas con destino a costas españolas.

La mayoría de estas publicaciones ya cuentan con decenas de interacciones, a pesar de haber sido compartidas hace tan sólo 24-48 horas, algo que pone de manifiesto que existe un gran interés por contratar los servicios de estos traficantes para partir con destino al litoral español. La ubicación geográfica de estas ofertas es variada, existen anuncios publicados desde Orán y otros que han sido publicados desde el área de Argel. Sin embargo, a través de numerosos comentarios casi todos hacen mención a viajes que se programarán para «los próximos días» y más concretamente, para «el próximo fin de semana».

Según el origen de estos traficantes y la zona desde la que operan, la mayoría de estas embarcaciones pueden acabar en la provincia de Almería, Región de Murcia e Islas Baleares, siendo este último uno de los destinos preferenciales de los inmigrantes que interactúan con este tipo de publicaciones.

Parecen haberse cansado de disimular, y cada vez más a menudo se arriesgan a decir en voz alta lo que se supone deben disimular. Hace unos días fue el exsecretario de Estado Kerry diciendo que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos —la que consagra la libertad de expresión— es «un obstáculo» para avanzar. Y ahora es Hillary Clinton alertando del riesgo de que «ellos» pierdan el «control total» si no se censuran las redes sociales.

Por: Carlos Esteban – La Gaceta de la Iberosfera

Hillary declaró al presentador de CNN Michael Smerconish que las compañías de redes sociales deben moderar el contenido en sus plataformas o de lo contrario «perderemos el control total». ¿Quiénes, exactamente, «perderemos» ese control?

Desde luego, no la gente corriente. Se refieren, más bien, a quienes durante décadas han tenido el monopolio de la narrativa, los que nos han contado que el coronavirus que lo cambió todo hace unos años surgió de un murciélago o un pangolín en un mercado de Wuhan, que la profunda corrupción revelada en el portátil de Hunter Biden era mera «desinformación rusa», que Biden tenía la cabeza en perfecto estado de revista, que no nos están sustituyendo demográficamente o que acabamos de pasar el verano más caluroso desde el Jurásico l por citar sólo unas pocas verdades oficiales.

«Podemos observar el estado de California, el estado de Nueva York, creo que otros estados también han tomado medidas», dijo Clinton a CNN, y agregó: «Pero necesitamos una acción nacional y, lamentablemente, nuestro Congreso ha sido disfuncional cuando se trata de abordar estas amenazas a nuestros niños».

Clinton pidió derogar la Sección 230 de la Ley de Comunicaciones, que protege a las plataformas de redes sociales de la responsabilidad por el contenido de tercero porque, dice, «ahora sabemos que esa era una visión demasiado simplista, que si las plataformas, ya sea Facebook o Twitter/X o Instagram o TikTok, lo que sean, no moderan y monitorean el contenido, perdemos el control total», advirtió, y señaló: «Y no se trata sólo de los efectos sociales y psicológicos, es la vida real».

El mes pasado, Clinton pidió que cualquiera que difundiera «información errónea» fuera procesado penalmente como una «mejor medida de disuasión » antes de las elecciones. Están asustados.

Benjamin Netanyahu advirtió este martes al Líbano de las consecuencias que sufrirá si no coopera en su lucha contra Hezbollah y no se “libera” de éste. El un comunicado emitido por su oficina, el Primer Ministro israelí recordó a Beirut que “tienen la oportunidad de salvar al Líbano antes de que caiga en el abismo”, alertando, así, de que su negativa a accionar contra el terrorismo podría generar un escenario similar al de la Franja de Gaza.

EFE

A continuación, el documento señala que las Fuerzas de Defensa están instruidas para restablecer la seguridad en el norte de Israel y preparadas, por tanto, para “una larga guerra que traerá destrucción y sufrimiento, similar al que vemos en Gaza”, donde se libra la lucha contra Hamas.

En ese sentido, Netanyahu aprovechó para recordar que, en los últimos días, “dañamos las capacidades de Hezbollah” y “hemos eliminado a miles de terroristas”, como el propio Hassan Nasrallah -abatido en los suburbios de Beirut-, “el sucesor de Nasrallah y el sucesor del sucesor de Nasrallah”.

De esta manera, el mandatario puso fin a días de especulaciones sobre el estado de Hashem Safi al Din, quien se rumoreaba que sería el nuevo líder de la formación chií libanesa, pero cuyo paradero se desconocía desde el pasado viernes, cuando tuvieron lugar una serie de bombardeos en Beirut.

Poco antes de que se difundiera el comunicado, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, también había insinuado su posible baja. “Hezbollah es una organización sin líder. Nasrallah fue eliminado, su reemplazo probablemente también fue eliminado”, dijo durante una visita al Comando Norte del Ejército.

La formación terrorista aún no ha confirmado la información, mientras que la cadena qatarí Al Jazeera cita a fuentes de seguridad libanesas que aseguran que el grupo aún no ha logrado restablecer el contacto con el clérigo.

Estas ofensivas se dan en medio de la nueva estrategia que las Fuerzas de Defensa están llevando adelante como parte de su guerra contra el terrorismo, que se centra ahora en el norte del país. La semana pasada, el Ejército inició una incursión terrestre de “operaciones limitadas” en el sur del Líbano, contra infraestructuras y puntos clave de la formación.

Gracias a ellas, se estima que más de 100 combatientes enemigos han caído desde entonces, mientras que otros cientos de municiones lanzacohetes, misiles antitanque y cohetes han sido destruidos.

Ante la magnitud de los combates y la fuerte respuesta del grupo pro iraní, en las últimas horas, se anunció el despliegue de una cuarta división -la División acorazada 146- por lo que suman ya más de 15.000 las tropas disponibles en la zona.

Se trata de la primera división de reserva en este país, “que se utiliza en el combate en el sur del Líbano como parte de la operación Flechas del Norte” y que, previamente, participó “en diversas misiones de combate en el norte y en la Franja de Gaza”, confirmó el Ejército.

Por su parte, Hezbollah mantiene una resistencia activa, con fuertes ofensivas diarias sobre el Estado judío y cientos de misiles a diario.

Este martes, las Fuerzas de Defensa detectaron la presencia de 105 proyectiles enemigos sobre la ciudad de Haifa y áreas adyacentes de Galilea que, no obstante, fueron interceptados en su mayoría por la Cúpula de Hierro. Previamente se había notificado de otros 25 cohetes sobre Baja Galilea y la ciudad de Tiberíades, de los que tampoco se lamentaron bajas o daños.

A pesar de que la reactivación económica en Panamá no ha avanzado como se esperaba, la cartera de créditos del Sistema Bancario Nacional (SBP) alcanzó un saldo de US$63,079 millones hasta agosto de 2024, lo que representa un aumento del 5.0% en comparación con el mismo período del año anterior.

ANPanamá

Expertos del sector financiero anticipan que el crecimiento de los créditos bancarios continuará en el último trimestre del año, sin embargo, señalan que este incremento no se debe exclusivamente a la reciente rebaja de la tasa de interés de la Reserva Federal (FED), sino a las atractivas ofertas que los bancos están promoviendo.

Particularmente, la cartera de préstamos hipotecarios ha mostrado un crecimiento notable y se mantiene resiliente, según Rolando De León, Vicepresidente Senior y CFO de Grupo Prival.

De León afirmó que este sector no se verá afectado por la eliminación del Bono Solidario, y anticipó que para 2025, el rango de casas con interés preferencial disminuirá, lo que podría incentivar aún más la demanda.

Este panorama indica que, aunque la economía enfrenta desafíos, la actividad crediticia en Panamá se mantiene sólida, con expectativas optimistas para el futuro cercano.

Con la llegada hoy al canal de Panamá del buque Brilliance of The Seas, arrancó aquí la temporada de cruceros 2024-2025.

Prensa Latina

De acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), se espera que de octubre a mayo del próximo año transiten unas 225 embarcaciones de este tipo para excursionistas, que gastarán poco más de 40 millones de dólares.

Procedente de Los Ángeles (California, oeste de Estados Unidos), el crucero de la compañía Royal Caribe, con capacidad para dos mil 500 pasajeros y 800 tripulantes, cruzó la vía interoceánica por las esclusas de Miraflores desde el Pacífico rumbo al Atlántico.

Su destino es Nueva Orleáns (Luisiana, sureste de Estados Unidos) con escala en Cartagena de Indias (norte de Colombia), trascendió.

La intensa sequía debido al fenómeno El Niño que impactó con restricciones al tránsito diario de buques a las operaciones del canal no afectará el paso de los cruceros, que reservan hasta con un año de anticipación sus cupos, según la ACP.

La entidad precisó en un comunicado que en la temporada recién iniciada esperan recibir a unos 350 mil cruceristas a bordo y otros 22 mil bajo el esquema de puerto de embarque.

Las principales líneas navieras como Holland America Group, Princess Cruises, Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line, Royal Caribbean Cruises, entre otras, ofrecen -como años anteriores- propuestas de itinerarios para realizar tránsitos completos y parciales por el Canal de Panamá.

Según el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, en 2023 atendieron más de 200 tránsitos de barcos de pasajeros, con turistas de diversas partes del mundo, que incluyeron la travesía por esta ruta marítima, como parte de sus itinerarios de viaje.

Susceptibles de un lento descenso o súbito colapso, las autocracias de larga duración suelen arrastrar también a los cuadros acreditados de la oposición. El ejercicio aún injustificado de una mayor y desesperada represión, sintetiza un proceso que ha sido, más de las veces, paciente, taimado y eficaz de destrucción de los referentes políticos, quedando o fungiendo como alternativa para la salida y transición los intelectuales, o, acaso, los más conocidos deportistas y estrellas de la actuación.

Por: Luis Barragán – Apuntaje

En el caso venezolano, con alguna frecuencia histórica, los diplomáticos constituyeron una opción quizá suponiéndolos como los menos contaminados por una duradera estancia en el extranjero, aunque ésta no fue suficiente para Esteban Gil Borges que, al volver para asumir la cancillería, prestigió al novel gobierno post-gomecista, saludado prematuramente como un previsible sucesor de Eleazar López Contreras, por los más ingenuos sectores del país. Definitivamente liquidados los viejos caudillos y todavía muy joven el liderazgo emergente, otro nombre de reputación fue Diógenes Escalante que, por cierto, gustaba más del trabajo internacional, flamante ministro de Relaciones Interiores por – apenas – dos meses, presidenciable en los años muy anteriores como lo fue en los muy posteriores.

Una determinada estabilidad del servicio exterior, cónsona con el país libre de deudas que despuntaba en el mercado petrolero, resultó en un funcionariado que se hizo ducho sobre todo en el extendido período de las guerras y conflictos de obvias consecuencias planetarias. Ciertamente, propagandistas del régimen y espías de sus enemigos en el exilio, embajadores y cónsules debieron igualmente sortear circunstancias muy disímiles y riesgosas, por lo menos, en la Europa de todos los peligros que los forzó al aprendizaje; valga acotar, aún en los peores momentos, sólo Caracas autorizaba el abandono del despacho y de las mínimas funciones diplomáticas de acuerdo a una universal y consolidada práctica en la materia.

Ponderados por razones de oficio, los diplomáticos de carrera, o, más o menos tales, destacaron en las ternas de la sucesión presidencial del siglo pasado; además de los viejos vínculos amistosos con importantes y hasta decisivas personalidades de otros países, por una lograda experiencia política en las comarcas más lejanas y extrañas, y la capacidad de conformar sendos equipos para un planificado desempeño. Locura aparte, a pocos pasos de acceder al poder, recordado en las vecindades del 79° aniversario de la llamada Revolución de Octubre, muy bien lo tipificó Diógenes Escalante que tenía “experiencia, sentido de oportunidad en el ataque y el contraataque”, como dijera Jesús Sanoja Hernández, en una ya antigua crónica (https://lbarragan.blogspot.com/2014/09/pasajeros-somos-4.html).

Las postrimerías de toda dictadura afecta grave y decisivamente a propios y a extraños, tendiendo a lesionar a los distintos elencos de poder y contrapoder, incluso, moralmente, como si tratásemos literalmente de una rifa. Empero, derrotado el actual régimen, la brega de estos días es por la supervivencia posible de los más convincentes y consecuentes luchadores, aquí y ahora, garantes para una exitosa transición.

Los maestros del crimen perfecto nos han enseñado que, para evadir la justicia, se requiere una planificación meticulosa y una ejecución impecable, diseñada con un único objetivo: borrar todo rastro que pueda incriminar al perpetrador. En contraste, el anuncio de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales está lejos de cumplir con estos estándares. La evidencia apunta a un fraude evidente: resultados matemáticamente imposibles, la negativa a publicar datos desglosados por centros de votación, la omisión de auditorías esenciales estipuladas en la normativa electoral y un supuesto hackeo sin rastro alguno. Pero lo más revelador fueron las pruebas que no previeron: las actas recopiladas por los testigos opositores, que demostraron claramente la victoria del opositor Edmundo González Urrutia.

Esta es la historia.

Por: Walter Molina Galdi – La Gran Aldea

La jornada electoral había transcurrido en paz ese domingo 28 de julio, con algunos retrasos que se superaron durante la tarde y muy pocos -excepcionalmente pocos- episodios de violencia. Largas filas se extendieron en las afueras de los centros de votación y el ánimo general era optimista. Hasta que comenzó a caer la tarde. A medida que se acercó la hora del cierre de votación comenzaron a rodar los rumores: los testigos electorales eran amedrentados. El personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) se negaba a cerrar los centros sin votantes, no permitirían imprimir copias de las actas, querían impedir la verificación pública ciudadana. Comenzaron los enfrentamientos, y en las redes sociales se difundieron videos de las luchas en los centros. Multitudes enteras gritando para pedir el conteo de votos, grupos armados amedrentando a periodistas y testigos electorales, militares resguardando los centros, pero sin intervenir para evitar los conflictos.

La gente se impuso en los centros y empezaron a circular los videos de testigos electorales leyendo los resultados de sus mesas. González Urrutia ganador, se escuchó en muchos de ellos. No era sorpresa: la alta participación fue notoria en las filas de los centros. María Corina Machado, líder opositora, había confirmado esta percepción con algunos datos. Después de votar en Caracas, declaró a la prensa que su comando -que llevaba varios exit polls y quick counts como estrategia de defensa del voto- estimaba un 42.1% de participación hasta la 1 de la tarde: más de 9.3 millones de votos en todo el país.

La legislación venezolana impide revelar resultados antes del boletín del CNE, pero las declaraciones de Machado asomaban una evidente victoria del abanderado opositor. Coincidía la encuestadora internacional Edison Research, cuyo exit poll publicado desde Estados Unidos estimaba una victoria de González Urrutia con 65% sobre un 31% de votos para Nicolás Maduro. Desde muy temprano todo apuntaba a un resultado claro y bastante holgado.

En la sede del CNE, la ansiedad aumentaba. Sin motivo aparente, la presentación del primer boletín se retrasaba. Los rectores, que usualmente anuncian el cierre de mesas de votación a las 6 de la tarde, desaparecieron de la vista de la prensa. La dirigente Delsa Solórzano, testigo opositora ante el CNE, intentó entrar al proceso de totalización y las autoridades electorales lo impidieron. Aunque insistió, no logró cumplir el rol para el cual estaba acreditada. Más tarde, desde el comando opositor al otro lado de Caracas, Solórzano denunció irregularidades en los centros: el personal del CNE y Plan República impedían el acceso de los testigos opositores a las actas. Poco después, el dirigente Omar Barboza afirmó que los testigos opositores habían recabado 30% de las actas que demuestran los resultados de las mesas y pedía que le permitieran a los testigos terminar de recolectarlas. Se hizo evidente que la victoria opositora, que parecía segura, estaba en peligro.

Y el temor se confirmó con la llegada de la directiva del CNE ante la sala de prensa, cinco horas después de cierre de los centros de votación, a golpe de medianoche. Solo aparecieron cuatro de los cinco rectores principales, dirigidos por el presidente del Poder Electoral, el chavista Elvis Amoroso, el mismo funcionario que firmó la inhabilitación de María Corina Machado en 2023, cuando era contralor.

Amoroso leyó frente a los medios de comunicación el primer boletín de resultados de la elección presidencial con 80% de las mesas escrutadas, 59% de participación y una «tendencia irreversible»: Nicolás Maduro reelecto con 5.15 millones de votos, por encima de 4.45 millones obtenidos por González Urrutia. La tendencia conocida y reportada durante el día era totalmente contraria.

Varios detalles del anuncio levantaron sospechas. La primera fue que el CNE no anunció el cierre de mesas de votación, a diferencia de otros procesos electorales previos; y también fue llamativo el retraso para anunciar los resultados, cinco horas después del cierre de las mesas, que la autoridad electoral justificó denunciando un supuesto hackeo al sistema de transmisión de resultados, que habría pospuesto la totalización y la posibilidad de emitir los resultados. El hackeo, afirmó, fue un sabotaje dirigido al Poder Electoral con la intención de sabotear el proceso desde Macedonia del Norte, país que rechazó conocer denuncia alguna sobre este supuesto ataque.

Pero había otros problemas con el boletín. Para empezar, los resultados presentados no reflejaban la tendencia que se reportaba desde la tarde. Además, la cuenta del boletín no cuadraba: la diferencia de apenas 700 mil votos entre los principales candidatos no era suficiente para determinar una tendencia irreversible y los porcentajes anunciados en el boletín -51.2% de votos para Maduro, 44.2% para González Urrutia y 4.6% entre el resto de candidatos- eran una imposibilidad matemática. Un detalle no menor: en la mesa de la directiva electoral faltaba el rector Juan Carlos Delpino, ficha de la oposición, del partido Acción Democrática.

En el palacio presidencial de Miraflores se instaló una tarima para la celebración, donde un grupo de chavistas celebraron -no sin expresiones de sorpresa- tras escuchar los resultados.

Un día después del anuncio del CNE, la vocería la tomaron directamente Machado y González Urrutia. La oposición ya alcanzaba 73.2% de las actas electorales, tenían las pruebas de los resultados de una amplia mayoría de los centros de votación. Los resultados no se correspondían con lo anunciado por el CNE.

«El presidente electo es Edmundo González Urrutia, porque con las actas que nos faltan, aunque el CNE les pusiera el 100% de los votos a Maduro, no alcanza» declaró Machado en una rueda de prensa.

Mientras el país hizo erupción en una serie de protestas que se propagaron rápidamente en todos los estados, que llevaron a la generalizada destrucción de estatuas del fallecido Hugo Chávez y fueron reprimidas brutalmente, las autoridades del CNE, nuevamente sin el rector Delpino, se apresuraron a proclamar oficialmente a Maduro como el presidente reelecto aunque no había resultados definitivos.

Las actas recabadas por el comando opositor siguieron aumentando en los siguientes días, hasta alcanzar el 83.5% de los centros. La primera semana tras la elección terminó con varias protestas opositoras, una severa represión, más de mil detenidos políticos y 24 muertes en las calles. Pero también terminó con un sitio web de acceso libre donde se podían revisar todas las actas electorales recabadas por la oposición, escaneadas y con los códigos de verificación de su autenticidad. Nunca antes la oposición había podido probar con tanta fuerza su resultado, nunca el Poder Electoral ha alcanzado el nivel de transparencia demostrado por el comando opositor.

Nunca antes se había podido demostrar un fraude. Y esto, además de la recopilación crucial de las actas electorales, se logró gracias a simples matemáticas.

Lea la nota completa siguiendo este enlace a La Gran Aldea

El pasado miércoles 2 de octubre, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en primer debate un anteproyecto de ley que establece la promoción e implementación del hidrógeno verde como combustible y vector energético en el país. Este avance representa un hito en la búsqueda de fuentes de energía sostenibles y diversificadas en la República de Panamá, en línea con su Agenda de Transición Energética.

Por: Nanda Singh – Energía Estratégica

Esta iniciativa propone otorgar a la Secretaría Nacional de Energía (SNE) la responsabilidad de ejecutar y aplicar la normativa, así como de desarrollar estrategias para la promoción, investigación, producción, transporte y uso del hidrógeno verde. Este enfoque integral busca no solo incentivar la producción de hidrógeno verde, sino también establecer un marco regulatorio que garantice su uso seguro y eficiente.

Aquellas estrategias deberían realizarse desde cero. En Panamá ya se sentaron las bases para su constitución como un polo de transformación del hidrógeno verde, mediante su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y Derivados que contempla la producción de 500,000 toneladas de hidrógeno verde y/o sus derivados al 2030 y cuatro veces esa cantidad para el 2040.

Como gran novedad, uno de los aspectos destacados de la ley es que la SNE además será la encargada de expedir o cancelar los permisos necesarios para el desarrollo industrial del hidrógeno verde. Esto incluye la inversión, desarrollo, implementación, producción, importación de equipos y tecnología, almacenamiento, transporte y comercialización en todo el territorio nacional.

El anteproyecto también establece que los permisos otorgados por la SNE permitirán a los poseedores construir, instalar y operar plantas de generación de hidrógeno verde, brindando un marco legal que facilitará el desarrollo de esta industria emergente.

Estas disposiciones que evitan hacer mención de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) como parte del proceso de permisología para proyectos de hidrógeno, buscarían simplificar los pasos burocráticos y atraer inversión tanto nacional como extranjera, fomentando el crecimiento de la industria del hidrógeno verde en Panamá.

Aquello es prioritario. De hecho, mediante uno de sus artículos se declararía de interés nacional la producción e industrialización del hidrógeno verde, así como la generación y cogeneración de energía eléctrica a partir de este recurso.

Además, las empresas de capital nacional o extranjero que promuevan la producción, comercialización y uso de hidrógeno verde podrán beneficiarse de incentivos establecidos en la Ley 76 de 2009, que dicta medidas para el fomento y desarrollo de la industria. Esta medida es un aliciente adicional para atraer a inversores y fomentar el crecimiento de un sector que promete ser clave para la transición energética del país.

Para asegurar que el desarrollo de esta nueva industria se realice de manera segura y responsable, el anteproyecto de ley también contempla condiciones para el manejo y la seguridad del hidrógeno verde, requisitos que serían establecidos nuevamente por la Secretaría Nacional de Energía pero en coordinación con otras entidades, como el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Lo que sigue

Tras haberse realizado el prohijamiento y la aprobación en primer debate, esta propuesta legislativa deberá seguir avanzando en la Asamblea Nacional en un segundo debate y hasta un tercero para llegar a su promulgación.

Posteriormente, el Órgano Ejecutivo tiene un plazo de 150 días, a partir de la entrada en vigencia de la ley, para reglamentarla, lo que permitirá la pronta implementación de este marco regulatorio.

El Premio Nobel de Física 2024 es para John J. Hopfield y Geoffrey E. Hinton «por descubrimientos fundamentales e invenciones que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales», informó este martes la Real Academia de las Ciencias Sueca.

El Nacional

Hopfield, de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, creó una memoria asociativa que puede almacenar y reconstruir imágenes y otros tipos de patrones contenidos en datos.

Por el otro lado Hinton, de la canadiense Universidad de Toronto, inventó un método que puede descubrir de forma independiente propiedades en datos y que se ha vuelto importante para las grandes redes neuronales artificiales que se usan hoy día.

«Aunque los ordenadores no pueden pensar, las máquinas pueden imitar ahora funciones como la memoria y el aprendizaje. Los laureados de este año en Física han ayudado a hacer esto posible», informó la institución.

«Empleando conceptos y métodos fundamentales de la física, han desarrollado tecnologías que emplean estructuras en redes para procesar información», agregó.

La Real Academia de las Ciencias Sueca señaló cómo gracias a su trabajo, la conocida como Inteligencia Artificial (IA) está «revolucionando la ciencia, la ingeniería y la vida diaria», aunque alertó también de los riesgos y de la necesidad de responsabilidad para usar estas tecnologías de una forma «segura y ética».

El Nobel de Física es el segundo de la ronda de estos prestigiosos premios, después de que se anunciara ayer el de Medicina, que recayó en los estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun y a la espera de que se conozcan en días sucesivos los laureados de Química, Literatura, de la Paz y finalmente el de Economía, el próximo lunes.

El gran reto de esta corte es investigar y condenar individuos en diferentes jurisdicciones por crímenes cometidos en territorios propios o ajenos, aplicando una normativa penal universal

ORLANDO VIERA-BLANCO
08/10/2024

La Corte Penal Internacional (CPI) es una institución judicial internacional permanente establecida para investigar y enjuiciar a individuos por crímenes graves contra la humanidad como genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad y agresión.

La creación de la CPI fue el resultado de un largo proceso que comenzó a finales de la II Guerra Mundial, cuando se establecieron tribunales especiales, como el Tribunal de Nuremberg y el Tribunal de Tokio, para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto. El hito decisivo fue la adopción del Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998 que entró en vigor el 1/7/2002 tras ser ratificado por 60 Estados. Venezuela lo ratificó el 7/6/2000. La CPI con sede en La Haya-Países Bajos- es la primera Corte Internacional con capacidad de enjuiciar a personas a diferencia de otras que sólo procesan Estados.

El gran reto de esta corte es investigar y condenar individuos en diferentes jurisdicciones por crímenes cometidos en territorios propios o ajenos, aplicando una normativa penal universal que debe respetar los principios de legalidad y complementariedad, así como complejos procedimientos de validación y autenticación probatoria que impiden ir con la celeridad que demanda y quisieran las víctimas de estos crímenes.

Casos procesados por la Corte Penal Internacional

La CPI ha estado involucrada en varias investigaciones y procesos judiciales importantes desde su creación. Algunos de los casos más destacados incluyen: 1.Thomas Lubanga Dyilo (República Democrática del Congo). Fue acusado por crímenes de guerra, específicamente por reclutar y utilizar a niños soldados en conflictos armados. Fue el primer condenado por la CPI en 2012 y recibió una pena de 14 años de prisión. 2.-Germain Katanga (República Democrática del Congo) denunciado y condenado por Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, ataques a civiles y uso de niños soldados. Fue condenado en 2014 a 12 años de prisión por su participación en la masacre en el pueblo de Bogoro en 2003. 3.-Jean-Pierre Bemba (República Centroafricana) procesado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cometidos por tropas bajo su mando [entre 2002 y 2003], incluidas violaciones y asesinatos. Inicialmente fue condenado en 2016, pero la condena fue revocada por apelación en 2018, lo que generó controversia. 4.-Ex presidente de Sudán Omar Al-Bashir acusado por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Darfur. La CPI emitió órdenes de arresto en 2009 y 2010. Aún no ha sido detenido. Las órdenes siguen vigentes. 5.- Joseph Kony (Uganda). Condenado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad como líder del Ejército de Resistencia del Señor. La CPI emitió una orden de arresto contra él en 2005, pero hasta ahora sigue prófugo. 6.-Laurent Gbagbo [Costa de Marfil] recibió pena por crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos y violaciones, cometidos tras las elecciones presidenciales de 2010 en Costa de Marfil. Fue absuelto en 2019 después de un juicio que duró varios años. 7.- Slobodan Milošević, acusado por los casos de limpieza étina, vrimenes de genocidio, guerra y lesa humanidad relacionados con el conflicto de Bosnia, Servia y Kosovo. Fue arrestado y sometido a juicio en 2002. Murió en su celda de un infarto en 2006.

Alcance y naturaleza de los juicios ante la CPI. Venezuela et al

El expediente contra Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI/. Situación Venezuela I) ha sido uno de los casos de mayor atención en América Latina. Está relacionado con acusaciones de crímenes de lesa humanidad durante las protestas y la crisis política 2017. El caso ha evolucionado de manera significativa desde 2018 cuando comenzaron las investigaciones preliminares. Antes de entrar en detalles procesales, es importante comprender que la CPI no trabaja, procesa o decide discrecionalmente. La labor del Fiscal es sobre la base de evidencias reales; pruebas no electivas, referenciales o flagrantes, sino auténticas y verificables; testimonios ciertos, presenciales, directos. Los informes que se remiten a la CPI, ulteriormente deben ser revisados , constatados y cotejados para lograr validez procesal.

Las órdenes de aprehensión libradas contra Benjamín Netanyahu y Vladimir Putin y sus Ministros por actos de guerra y agresión suponen hechos de impacto masivo cuya tarea, determinación y secuencia probatoria es más sucinta, concisa, puntual y expedita.

El caso venezolano ventila crímenes de lesa humanidad. La gravedad de estos crímenes es de una crueldad tan horrenda y violenta como los crímenes de guerra, agresión o genocidio, sin embargo el proceso de autenticación de crímenes como asesinato, encarcelamiento, persecución, tortura, segregación, violencia sexual o desaparición forzosa son de gran complejidad probatoria en términos de obtención de testimonios, determinación de victimarios, cadenas de mando, centros de reclusión, más validación de hechos y cronologías a distancia on in situ [si lo permiten].

Por esta razón la justicia penal internacional es más dilatada que los procesos de jurisdicción local. La CPI ha enfrentado numerosos desafíos desde su creación como la falta de cooperación por parte de algunos Estados y críticas sobre su enfoque por tener muchos casos concentrados en países africanos. Pero la Corte ha desempeñado un papel crucial en la lucha contra la impunidad de crímenes internacionales graves.

La situación Venezuela I.

En febrero de 2018, la otrora Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció la apertura de un exámen preliminar sobre Venezuela. Este decreto evaluó si había fundamentos para iniciar una investigación formal por crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos en el país desde al menos abril 2017. Estos crímenes estarían relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno venezolano durante las protestas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, abusos sexuales y otras formas de persecución y tratos crueles.

Este examen preliminar fue el resultado de denuncias presentadas por organizaciones no gubernamentales y particulares, En septiembre de 2018, seis países miembros del Estatuto de Roma (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) remitieron formalmente a la CPI, el caso de Venezuela. Esta acción fue la primera vez que Estados-Partes del Estatuto de Roma [ER] presentaban una remisión conjunta contra un Estado miembro. El Panel de Expertos creado por la OEA [2017] fue decisivo para esta remisión.

Los expertos del Panel de la OEA son: el Dr. Santiago Cantón, de Argentina; el Profesor Irwin Cotler, de Canadá; el Dr. Manuel Ventura Robles de Costa Rica; y Joanna Frivet, de Mauricio. Adicionalmente, el Panel cuenta con el apoyo de expertos jurídicos locales, regionales e internacionales, académicos y actores de la sociedad civil que constituyen la Secretaría del Panel de Expertos.

El informe de la OEA incluyó 26 testimonios de testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas organizadas por la Secretaría General. Docenas de testimonios de víctimas, familiares de víctimas y otras partes interesadas entregadas a la Secretaría General, a lo largo del proceso. Documentos escritos entregados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales. Entre otras conclusiones, el informe identificó 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos; 8.292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015; más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013; más de 1.300 presos políticos: personas que han sido o aún están detenidas por su oposición al gobierno y un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil en Venezuela.

La remisión permitió acelerar el proceso y pedir a la Fiscalía que investigara crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde febrero de 2014, ampliando así el alcance temporal de la investigación preliminar. En su informe anual de actividades de 2020, la Oficina de la Fiscalía de la CPI confirmó que había concluido que existían fundamentos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Este fue un paso clave hacia la apertura de una investigación formal de la Situación Venezuela I.

En junio de 2021, el Fiscal Karim Khan asumió el cargo, sucediendo a Fatou Bensouda. En noviembre de 2021, Khan realizó una visita oficial a Venezuela, donde se reunió con Nicolás Maduro y otras autoridades del gobierno. Al finalizar la visita, Khan anunció que la Fiscalía de la CPI había decidido abrir una investigación formal sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela.

Este anuncio fue un hito significativo, ya que implicaba que la Fiscalía había determinado que existían bases suficientes para investigar más a fondo las denuncias y posibles responsabilidades individuales. Además, el fiscal Khan subrayó que el inicio de la investigación «no prejuzgaba la culpabilidad de nadie, sino que era parte del proceso para determinar la verdad de los hechos».

Cooperación con el Gobierno Venezolano.

Durante la visita de Khan [2021], el gobierno de Nicolás Maduro firmó un memorando de entendimiento con la CPI, comprometiéndose a colaborar con la investigación. El gobierno venezolano ha defendido la postura que en Venezuela se están llevando a cabo investigaciones judiciales sobre las denuncias de violaciones de DDHH, argumentando que no es necesario un proceso internacional. Muchos observadores y organizaciones de DDHH consideran que el sistema judicial venezolano carece de independencia y que no se ha hecho lo suficiente para investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de las violaciones.

La tarea de cooperar, recoger incidencias, informes técnicos, affidávits [testimonios técnicos], testimonios presenciales, relatorías de víctimas y determinación de hechos, ha sido aportada por activistas, víctimas, abogados, organizaciones no gubernamentales, expertos, comisionados de DDHH, colaboradores y/o asesores ante la Oficina del Fiscal de la CPI [conforme lo permite el ER]; ante la Oficina e Víctimas de la CPI, Organismos Multilaterales como la OEA, la Comisión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU o el Alto Comisionado de DDHH, en aras de facilitar las evidencias conforme a las reglas de procedimiento y pruebas de la CPI.

En abril de 2022, el gobierno venezolano solicitó formalmente a la CPI que suspendiera la investigación para permitir que las instituciones venezolanas pudieran seguir investigando los casos a nivel nacional. La solicitud de aplazamiento se amparó en el principio de “complementariedad” del Estatuto de Roma, que establece que la CPI sólo puede actuar si un Estado es incapaz o no tiene la voluntad de llevar a cabo investigaciones genuinas.

En 27 junio de 2023, la Fiscalía de la CPI presentó un informe en el que concluyó que, pese a la solicitud de aplazamiento, el sistema judicial venezolano no había demostrado avances significativos ni genuinos en la investigación de los crímenes. El 1 de marzo de 2024, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó por unanimidad la apelación presentada por el Estado venezolano contra una decisión previa de la Sala de Cuestiones Preliminares I, que autorizaba la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La CPI consideró que esos esfuerzos no eran suficientes ni reflejaban el alcance necesario.

Confiando en la Fiscalía y en la seriedad de la CPI

El Fiscal de la CPI Karim Khan ha demostrado solvencia, imparcialidad y solidez en el caso Situación Venezuela I. Confiamos que la CPI seguirá adelante cumpliendo con su labor. Ha sido un largo proceso, pero debemos comprender la complejidad de los procedimientos.

Por nuestra parte, hacemos lo necesario para colaborar. Hemos suscrito un acuerdo de cooperación técnica con la Secretaria General de la OEA en aras de coadyuvar en los procesos validación probatoria y recolección de exigencias conjuntamente con su panel de expertos.

Confiamos en la seriedad de la CPI, del Despacho Fiscal, de las Oficinas de Víctimas, y la pulcritud de todos sus funcionarios. Las víctimas verán resarcidos sus daños y sufrimiento. Habrá justicia en La Haya. Lege et justice sum via veritas et vita [La ley y la justicia son la vía a la verdad y la vida]. Vamos por ello.

@ovierablanco
vierablanco@gmail.com
Presidente Venamérica

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