En los últimos diez días, desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció la segunda reelección consecutiva del presidente Nicolás Maduro , el país ha sido escenario de una nueva y violenta ola de represión que, según representantes de ONG que defienden los derechos humanos, está afectando a líderes políticos, líderes regionales, colaboradores en la campaña electoral de la oposición, manifestantes y, en muchos casos, víctimas aleatorias, entre ellas decenas de adolescentes, personas con autismo y discapacidades físicas. Los sectores más pobres, subrayaron los expertos, son las principales víctimas.

Por: Janaína Figueiredo – O Globo

Ante la falta de credibilidad del CNE, el chavismo volvió a recurrir a la violencia como única estrategia para silenciar las críticas y sofocar la acusación de fraude presentada por el candidato presidencial Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado , ambos blancos de investigaciones del Ministerio Público. Las ONG que operan en Venezuela indican que ya han sido arrestadas entre 1.100 y 1.400 personas. Según Human Rights Watch (HRW) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), se han confirmado 24 muertes , entre ellas un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En una medida sin precedentes por parte del chavismo, el gobierno de Maduro también está publicando datos sobre arrestos, no sobre asesinatos. Según el propio presidente, las fuerzas de seguridad nacionales ya han detenido a más de 2.000 personas. Para defensores de derechos humanos como Juanita Goebertus, de HRW, “revelar esta información tiene un único objetivo: instalar un clima de miedo en la sociedad y evitar nuevas protestas”.

La GNB y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llevan más de una semana en el terreno persiguiendo a opositores al gobierno en todo el país. Por primera vez en 25 años de chavismo en el poder, asegura Marino Alvarado, miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), “alrededor del 80% de los detenidos pertenecen a sectores populares”. En muchos casos, añade Alvarado, se trata de “detenciones selectivas”, es decir, personas identificadas por las fuerzas de seguridad en protestas, fotos, vídeos o denuncias de vecinos. Otra novedad de la actual ola de represión en Venezuela es la campaña oficial que defiende la denuncia de personas consideradas “traidoras a la patria”.

— La represión en los sectores populares está fuera de control. Están persiguiendo y arrestando a líderes comunitarios y pidiendo a la población información sobre su paradero. Algunos han pasado a la clandestinidad, otros se resisten, comenta el miembro de Provea.

Una de las víctimas de la persecución estatal es Edward Ocariz, líder comunitario y defensor de derechos humanos que vive en el barrio (como se llama a las comunidades en el país) de El Valle, en Caracas. Su casa, comenta Alvarado, “como tantas otras, fue allanada sin orden judicial”. En todos los casos, confirman ONG locales, incluido Foro Penal, que cuenta con alrededor de 400 abogados trabajando en toda Venezuela, los perseguidos están acusados ​​de terrorismo. Los procesos, afirma el abogado Alfredo Romero, uno de los más importantes del Foro Penal, son “absolutamente arbitrarios”.

— Hasta ahora no hemos tenido acceso ni siquiera a uno de nuestros defensores. No sabemos si están siendo torturados ni cuál es su estado de salud. Las audiencias se llevan a cabo sin abogados defensores elegidos por las víctimas, sólo con defensores oficiales, cómplices del régimen, explica Romero.

‘No hay respeto’

Según información de las ONG consultadas, los detenidos participan en audiencias colectivas, con entre 50 y 60 personas, en las que los jueces que llevan sus casos se comunican a través de televisores. El acusado, dijo Alvarado, no puede declarar.

— No hay ningún respeto por los derechos de estas personas, es todo una gran farsa, en la que participan abogados elegidos por el Estado — enfatiza el representante de Provea.

El Foro Penal separa las detenciones de los últimos diez días en cinco categorías: manifestantes que participaron en protestas para denunciar el fraude defendido por la oposición; personas aleatorias que se encontraban en la calle, sin ningún tipo de vinculación con manifestaciones o campaña opositora; personas identificadas como activistas opositores en imágenes difundidas a través de redes sociales; colaboradores de campaña de González Urrutia y María Corina y líderes de la oposición; y defensores de los derechos humanos.

— Tenemos casos increíbles, como el de una joven de 24 años que juega al fútbol en la selección de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y fue detenida cuando iba a entrenar. También dos reclusos autistas y personas con discapacidad física y sin ningún tipo de activismo político —señala Romero, quien pasa sus días conversando con familiares que forman filas kilométricas en los lugares donde son llevadas las víctimas de la represión.

Es la única manera, explica el abogado de Foro Penal, de obtener información.

La gran mayoría de los presos en la región de Caracas son llevados inicialmente a una comisaría conocida como Zona 7. Luego de participar en audiencias colectivas y ser imputados por el delito de presunto terrorismo, los detenidos varones son trasladados al penal de Yare 3, en el estado. de Miranda, aproximadamente a una hora en auto desde Caracas. En el caso de las mujeres, explica Romero, las víctimas de la represión son trasladadas a otros lugares, incluido el penal La Crisálida, también en el estado Miranda, vecino a Caracas.

— Lo que estamos viendo es una represión descontrolada, arbitraria, que busca intimidar a la población. Los familiares, en algunos casos de policías y militares que también son víctimas de la persecución del chavismo, tienen miedo —dice Romero.

La ola de detenciones fue definida como una “campaña de terror” por María Corina, quien también acusó al gobierno de Maduro de querer aislar a la población impidiendo el uso de la aplicación de mensajería WhatsApp. Ayer circularon en Caracas rumores de que el gobierno está obligando a funcionarios y agentes de la GNB y del PMB a desinstalar WhatsApp de sus celulares. El próximo paso, dijeron fuentes opositoras, será impulsar la prohibición de redes sociales como Instagram y Facebook, del grupo Meta, imprescindibles en la campaña presidencial de González Urrutia.

— Estamos viendo nuevos modus operandi por parte del gobierno de Maduro, incluida la publicación de listas de personas buscadas y la captura indiscriminada de víctimas que, en muchos casos, no tienen nada que ver con manifestaciones políticas — dice Juanita de HRW.

El gobierno de Maduro, concluye Alvarado, “decidió enfrentar el descontento de la ciudadanía con un fraude electoral reprimiendo a sectores populares. Es una represión contra los podridos, los más humildes, que sólo piden que se respete la voluntad expresada en las urnas”.

La ex primera dama Fabiola Yañez finalmente impulsó una denuncia penal contra Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento. El juez federal Julián Ercolini decidió prohibirle la salida del país al ex presidente y además ordenó “medidas de restricción y protección”, confirmó a Infobae una fuente judicial. Y agregó: “La restricción es para que no se comunique a sus dispositivos”.

Infobae

El mes pasado, tras una audiencia por zoom con el juez Ercolini, Yañez había rechazado impulsar la denuncia.

En las últimas horas hubo comunicaciones entre los protagonistas. Por ese motivo aparece la figura de hostigamiento y las medidas para que el ex presidente no se comunique más por teléfono con su ex mujer.

“Acabo de hacer la denuncia, no aguanto más”, le dijo Yañez a su abogado, Juan Pablo Fioribello, luego de comunicarse con el juzgado desde Madrid.

Fernández se enteró de la noticia cerca de las 14:30. Pero recién fue notificado esta tarde en su domicilio de Puerto Madero.

Todo comenzó con una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, en el marco de la investigación por los seguros. Una de esas conversaciones era con Yañez sobre supuestos actos de violencia. Ercolini resguardó ese material en un legajo reservado, notificó a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema, y luego convocó a la ex primera dama a una audiencia mediante videoconferencia desde Madrid, ciudad donde sigue viviendo. Pero en ese momento, Yañez no quiso instar la acción penal.

Algo cambió en las últimas horas. Yañez se comunicó con el juzgado este martes y cambió su decisión. El delito de violencia de género es de instancia privada, por lo que requiere del impulso de la persona damnificada para que la Justicia tome intervención.

Por el momento, la causa seguirá en el juzgado de Ercolini.

El diario Clarín reveló este domingo que existen fotografías, audios y textos que confirmarían varios episodios de agresiones físicas de Alberto Fernández hacia su ex pareja.

Antes esa revelación, el abogado de Yañez le dijo a este medio que los dos protagonistas negaron la existencia de golpes y que hablaron de una “fuerte discusión”.

—¿Existen chats que refieran a situaciones de violencia física de Alberto Fernández a Fabiola Yañez?

— Sí, efectivamente esos chats existieron. Yo me entero porque se contactaron conmigo desde el juzgado de Julián Ercolini sabiendo que soy abogado de Fabiola Yañez en otras causas. Querían ubicarla porque ella está afuera del país, está en Madrid. Me puse en contacto con el juez y nos pusimos de acuerdo de hacer una audiencia de carácter reservado. Es un delito de instancia privada. El juez hizo lo que tenía que hacer, se puso en contacto con la presunta damnificada.

— ¿Por qué Yañez no hizo la denuncia penal?

— El juez le ofreció hacer una denuncia pero ella no quiso. Aclaro que yo no vi fotos vinculadas con violencia ni me consta que estén en la causa. Por ese motivo, el juzgado archivó ese incidente, no obstante lo cual le dio intervención a la Oficina de Violencia Doméstica.

— ¿Habló con el ex presidente Alberto Fernández de esta situación? ¿Qué le dijo?

— Me comuniqué con el ex presidente, lo fui a ver personalmente, le hice saber de mi asombro y preocupación. Me dijo que bajo ningún concepto hubo un hecho de violencia física. Ambos me reconocieron que hubo una fuerte discusión, como tiene cualquier pareja, pero que no hubo golpes.

El celular de Cantero fue secuestrado a comienzos de marzo en el marco de la causa de los seguros y luego fue peritado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Hay decenas de conversaciones con personas vinculadas a la investigación y con otras que no están imputadas, como es el caso de Yañez.

Desde su lugar en la Casa Rosada, Cantero contactó a decenas de funcionarios, como Agustín Rossi, Jorge Taiana, Gabriel Katopodis, Matías Kulfas, Juan Pablo Cafiero, y Juan Manuel Olmos, entre otros. Además realizó gestiones para su marido, Héctor Martínez Sosa, alias “Hecky”. Los mensajes también revelan que el broker estuvo varias veces en Olivos y hasta se reunió con Alberto Fernández en secreto. Esos encuentros no figuran en los registros oficiales de la quinta presidencial.

Uno de esos encuentros ocurrió el 21 de diciembre de 2021. Cantero había organizado para ese día una reunión su marido y el Presidente. “Recién salgo. Muy lindo”, contestó Martínez Sosa a las 11:47 dando a entender que había estado con Fernández. La confirmación aparece en el chat entre Cantero y el Presidente.

MC: Jefe Hecky esta llegando. Atendelo a Hecky con amor

A las 11:23, el Presidente reenvía una imagen que le habría mandado uno de sus secretarios privados. La imagen fue borrada y luego recuperada por los peritos de la PSA. Se lo ve a Martínez Sosa sentado en el despacho de Olivos, vestido con jean y camisa blanca manga corta.

“No se ve la luz al final del túnel. Me voy”, dice con decepción José Vásquez en Táchira, un estado de Venezuela fronterizo con Colombia, tras la reelección del presidente Nicolás Maduro, denunciada como un fraude por la oposición.

AFP

Gobiernos de la región temen que venezolanos como él puedan integrar una nueva oleada migratoria, luego de que 7,5 millones de personas dejaran este país caribeño durante la última década para huir de una voraz crisis, según estimaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

“Estoy triste, cansado, aburrido. Fue un robo descarado”, lamenta Vásquez, de 31 años. Aunque estudió Educación, ahora es vendedor de un local comercial en San Cristóbal, capital de Táchira, por los bajos salarios de los profesores, que, sostiene, “no sirven para nada”.

“Todo el mundo sabe lo que va a pasar: la gente de mi edad y la que es más jovencita se va a ir. Va a haber una fuga migratoria gigantesca. La diáspora va a ser mayor”, comenta sentado en la céntrica plaza Bolívar de esta ciudad, un área de intensa actividad comercial que estaba prácticamente desierta por el temor a disturbios tras las elecciones, en una región en la que hubo violentas protestas en 2014, 2017 y 2019.

“Hay zozobra, incertidumbre”, expresa mientras apunta con la mano hacia las rejas bajadas de los locales aledaños.

Vásquez piensa en irse a España, donde familiares directos viven desde hace diez años. “Yo tenía esperanzas en este proceso electoral (…), ahora hay que pensar alternativas”, indica.

Antes de los comicios, la encuestadora ORC Consultores proyectaba que 18% de los venezolanos estaría dispuesto a migrar en un plazo de seis meses si Maduro conservaba el poder. Sobre una población de unos 30 millones -el último censo fue en 2011-, serían 5,4 millones de personas.

“El flujo va a aumentar”

A poco más de una hora por carretera de San Cristóbal está San Antonio, habitual punto de partida de los migrantes que salen a pie hacia Estados Unidos con la idea de cruzar la selva del Darién, peligroso corredor entre Colombia y Panamá.

“Yo creo, ojalá me equivoque, que el flujo de venezolanos (por el Darién) va a aumentar por razones evidentes. Tenemos que adoptar las decisiones que correspondan también para salvaguardar su vida, su integridad y darle paso expedito”, dijo en rueda de prensa el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Unos 200.000 migrantes han hecho esta travesía en 2024, según cifras oficiales. Cerca de dos tercios eran venezolanos.

Es un tema central en la campaña presidencial de Estados Unidos, sobre todo para Donald Trump, que busca volver a la Casa Blanca con un discurso antiinmigrantes aún más fuerte que en su primer mandato (2017-2021).

Ya el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá anunció que las medidas de seguridad serán reforzadas en la zona.

El independiente Observatorio de Investigaciones Sociales en la Frontera (ODISEF), en Táchira, advierte en un informe sobre la “vulnerabilidad” de los migrantes que cruzan a pie frente a redes de tráfico humano y organizaciones criminales.

“Tenemos que prepararnos”

Según las estimaciones de Naciones Unidas, que el gobierno de Maduro rechaza, los cinco países de Latinoamérica con mayor número de migrantes de Venezuela son Colombia (2,8 millones), Perú (1,5 millones), Brasil (568.000), Chile (532.000) y Ecuador (444.000).

“La ola migratoria no se ha detenido en ningún minuto”, pero “hay una preocupación de que esto se pudiera intensificar y para eso tenemos que prepararnos”, dijo a la prensa este miércoles la vicepresidenta de Chile y ministra de Interior, Carolina Tohá.

Perú, en tanto, anunció que reforzó sus controles migratorios.

“No podemos acoger (a migrantes) en las magnitudes del anterior éxodo”, advirtió el canciller peruano, Javier González-Olaechea, en declaraciones a la radio RPP.

Estados Unidos y varios países latinoamericanos han pedido a Venezuela divulgar las actas de votación para que puedan ser verificadas frente a las denuncias de fraude de la oposición.

Durante la noche de este martes, fue sacada de su casa la miembro del Comando Con Venezuela, María Oropeza. Horas antes había realizado este llamado a favor de Edmundo González y María Corina Machado a través de sus redes sociales oficiales.

El compañero de fórmula progresista de Kamala Haris, el gobernador Tim Walz, ayudó a transformar Minnesota en un estado “refugio para trans” al firmar leyes para proteger la atención que afirma el género y proporcionar tampones en los baños de varones en las escuelas.

The New York Post

Walz, de 60 años, ex profesor de secundaria, firmó el proyecto de ley llamado «Refugio Trans» en abril de 2023, que prohíbe la aplicación de citaciones de otros estados, órdenes de arresto y solicitudes de extradición para personas que viajan al Estado de la Estrella del Norte desde otros estados para recibir atención de afirmación de género.

Un mes antes, el demócrata firmó una orden ejecutiva que protege la atención de afirmación de género en Minnesota, incluidos los bloqueadores de la pubertad, las cirugías y la terapia hormonal.

La acción también pidió a las agencias estatales no aprobar planes de seguro de salud que no cubrieran operaciones de afirmación de género.

“Mientras los estados de todo el país avanzan para prohibir el acceso a la atención que afirma el género, queremos que los habitantes LGBTQ de Minnesota sepan que seguirán estando seguros, protegidos y bienvenidos en Minnesota”, dijo Walz en una declaración en ese momento.

“En Minnesota, usted no será castigado por buscar o brindar atención médica”, agregó.

La medida se produjo después de que una serie de estados republicanos impusieran una serie de restricciones a esas intervenciones.

“En este estado, el odio no tiene cabida”, dijo Walz durante la ceremonia de firma. “En este estado, lo que predicamos es el amor y la aceptación”.

El gobernador firmó esa orden junto a una niña trans de 12 años, Hildie Edwards.

El año pasado, Walz también firmó un proyecto de ley de financiación de la educación que incluía un texto que estipulaba que todas las escuelas públicas y concertadas del estado “deben proporcionar a las estudiantes acceso a productos menstruales sin cargo” para los grados 4 a 12 y que “deben estar disponibles para todas las estudiantes que menstrúan”.

Esos productos incluían “toallas sanitarias, tampones u otros productos similares utilizados en relación con el ciclo menstrual”, afirma el proyecto de ley .

La patrocinadora del proyecto de ley, la representante estatal Sandra Feist, demócrata, afirmó que los datos sugerían que hasta «un 10% de las jóvenes que menstrúan faltan días de escuela debido a la falta de acceso a productos menstruales».

Durante la redacción del proyecto de ley, los legisladores estatales rechazaron una enmienda para incluir la palabra “mujer” en ese lenguaje.

La medida fue en última instancia parte de un proyecto de ley más amplio de financiación de la educación que incrementó el gasto en educación en un 10,2% en dos años, lo que asciende a un total de aproximadamente 23.200 millones de dólares.

Los aliados del expresidente Donald Trump rápidamente atacaron a Walz por su historial progresista, buscando darle vuelta la situación después de que describiera la fórmula republicana como «extraña».

“¿Qué podría ser más extraño que firmar un proyecto de ley que obligue a las escuelas a tener tampones en los baños de niños?”, escribió el PAC Make America Great Again, alineado con Trump, en X junto al anuncio.

Harris, de 59 años, anunció el martes que elegiría a Walz para que sea su compañero de fórmula luego de un proceso apresurado para determinar su número 2.

Pro BLM

Su manejo hace cuatro años de las protestas que siguieron al asesinato de George Floyd en Minneapolis fue el primer foco de los republicanos.

El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise (republicano por Luisiana), publicó en la plataforma social X que Walz “permitió que los alborotadores quemaran Minneapolis hasta los cimientos en 2020”. La presidenta republicana de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik (republicana por Nueva York), dijo en una declaración que Walz “apoyó a los alborotadores de Black Lives Matter que incendiaron Minneapolis hasta los cimientos”. Y el senador JD Vance (republicano por Ohio), compañero de fórmula del expresidente Trump, mencionó las manifestaciones en un discurso de campaña el martes.

“¿Crees que los líderes empresariales negros de Minneapolis están agradecidos, los líderes empresariales de la clase trabajadora están agradecidos, de que Tim Walz haya permitido que los alborotadores incendiaran sus negocios?”, preguntó Vance en Filadelfia.