La oposición venezolana apuesta por un reconocimiento internacional de Edmundo González Urrutia como “presidente electo”, pese a la proclamación de la reelección de Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude.

Por: Javier Tovar – Infobae

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Maduro ganador de las elecciones del 28 de julio, sin mostrar el escrutinio detallado mesa por mesa como exige la ley. Argumentó un jaqueo a sus sistemas, desestimado por expertos y la oposición, que por su parte dice tener pruebas de la victoria de Edmundo González Urrutia, contra quien pesa una orden de captura por “conspiración”.

“El mundo sabe que Edmundo González es el presidente electo y que Maduro fue derrotado por paliza”, dijo Machado en un foro virtual con la organización estadounidense Americas Society/Council of the Americas con sede en Nueva York.

“Hemos llegado a un punto en el que necesitamos avanzar, como dije, y este es un momento en que Edmundo González debe ser reconocido como presidente electo de Venezuela”, añadió la líder opositora, que habló desde la clandestinidad en Caracas.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen la reelección de Maduro, pero han sido cuidadosos en usar el término “presidente electo” para González Urrutia, también resguardado.

En Europa, por ejemplo, los países coinciden en no reconocer la proclamada victoria electoral de Maduro, pero sin alcanzar unanimidad para atribuir el triunfo electoral a la oposición.

Un antecedente que preocupa, el amplio reconocimiento que obtuvo Juan Guaidó como “presidente interino” en 2019, tras la primera reelección de Maduro el año previo: el dirigente -hoy en el exilio- recibió el control de vastos recursos en el extranjero, pero nunca logró controlar poder real y mucho menos la caída del gobernante de izquierda. Se desvaneció cuatro años después.

Estados Unidos lanzó entonces una serie de sanciones a Venezuela, incluido un embargo petrolero que se ha ido flexibilizando en los últimos años.

Con el actual escenario electoral, Washington dijo que sopesa “opciones” contra Maduro.

En tanto, los esfuerzos de Brasil y Colombia para alcanzar una solución pacífica se desvanecen. El ministro del Interior, el poderoso dirigente Diosdado Cabello, desmintió una reunión entre Maduro y los presidentes de esos países para mediar en la crisis.

“Justicia por mano propia”

La proclamación de Maduro como ganador desencadenó protestas en todo el país que dejaron 27 muertos, 192 heridos y 2.400 detenidos, entre ellos más de un centenar de menores de edad, aunque 86 adolescentes ya han sido excarcelados bajo medidas cautelares.

El mandatario responsabiliza de la violencia a Machado y González y ha pedido cárcel para ambos.

“Hay que entender la naturaleza del régimen”, zanjó Machado. “Maduro siente que puede matar gente, desaparecer gente, detener gente sin que pase nada (…). Tiene que rendir cuentas por los crímenes que ha cometido”, y tiene que entender que el mundo no se limitará a mirar al otro lado, que es lo que ocurría antes”.

La Corte Penal Internacional abrió una investigación contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad tras la represión de manifestaciones en 2017.

Mientras, las autoridades están tras la búsqueda de González Urrutia, solicitado por la justicia por “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “usurpación de funciones” y “sabotaje”.

La orden de captura en su contra recibió igualmente condena internacional.

El foco de la investigación es un sitio web que la oposición liderada por Machado alimentó con copias de más del 80% de las actas de votación que, aseguran, sirve de prueba para demostrar un triunfo arrollador de su candidato.

“El Ministerio Público ratifica la citación o la orden de aprehensión en curso al señor González Urrutia para ser entrevistado y ratifica que se encuentra solicitado, que se debe presentar y poner a derecho”, reiteró el fiscal general, Tarek William Saab, en una rueda de prensa este jueves.

El pasado martes, 3 de septiembre, el canciller Luis Gilberto Murillo reveló que los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Andrés Manuel López Obrador (México) intentarían sostener una llamada con Nicolás Maduro. Esta, para encontrar soluciones a la crisis política. Sin embargo, dicha conversación no se concretó.

Por: GDA / Vía El Nacional

Inmediatamente se instalaron los rumores de una supuesta molestia del régimen por el comunicado en el que los gobiernos de Colombia y Brasil expresaron su preocupación por la orden de detención que emitió la Corte venezolana contra el candidato de la oposición en las elecciones presidenciales del 28 de julio, Edmundo González.

«El presidente Petro convocó a una reunión con los presidentes del G3 para tener esa conversación con el presidente Maduro (…) estamos pendientes de que se reconfirme porque de todas maneras nosotros hemos manifestado nuestra posición con lo sucedido con Edmundo González y en la diplomacia estas acciones siempre tienen reacciones. Esperemos que se materialice esa reunión», dijo Murillo el miércoles desde el Palacio de San Carlos.

Ahora bien, El Tiempo pudo conocer que la llamada no se realizó porque el mismo miércoles, el canciller venezolano Yvan Gil informó que habló con Maduro, quien manifestó que sería complicado porque está fuera de Caracas.

No obstante, Maduro seguiría «muy interesado» en reunirse con los presidentes Petro, Lula y López Obrador. Así se lo habría manifestado el canciller Gil a Murillo. En ese sentido, se mantiene el contacto y se espera la confirmación de nueva fecha y hora para materializar la llamada.

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Una treintena de exmandatarios iberoamericanos pidieron este viernes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) “la captura y detención inmediata” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de su número dos Diosdado Cabello y de toda la cadena de mando del país.

EFE

“Por primera vez, 31 expresidentes, exjefes de Estado de América Latina y España, firman un documento (…) pidiendo la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela”, dijo a EFE el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien en nombre de los firmantes presentó un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía de la Corte.

Entre los firmantes también están los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox o el boliviano Carlos Mesa.

“Es importante resaltar que en España firmaron Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. El único expresidente que no lo firma es (José Luís Rodríguez) Zapatero”, destacó Pastrana tras reunirse con el equipo del fiscal Karim Khan en la sede de la CPI.

“Violaciones generalizadas de derechos humanos”

Los firmantes, que forman parte de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), denunciaron en su informe jurídico “violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos”, incluidos “los crímenes de lesa humanidad”, del régimen venezolano de Nicolás Maduro, al que acusan de “terrorismo de Estado”.

Esta denuncia, que se hace extensiva a los miembros del Ejército venezolano por ser el soporte fundamental del régimen de Maduro, se suma a la causa abierta contra Venezuela en la CPI en 2021.

En noviembre de ese año, la fiscalía de la CPI abrió una investigación formal contra Venezuela después de haber examinado las denuncias de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, asegurando que en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde el 12 de febrero de 2014.

Por ahora, la investigación se lleva a cabo contra Venezuela y no contra ningún alto cargo del país latinoamericano.

El “núcleo” del informe jurídico presentado por los exlíderes iberoamericanos se centra en la existencia de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se sancionó el 29 de enero del 2020, que nombra a Maduro comandante en jefe, de tal forma que desde entonces es la máxima autoridad jerárquica del Ejército, según contempla la ley.

Estado militar

“Es importante porque, de acuerdo con ese documento, Venezuela deja de ser un Estado civilista para convertirse en un Estado militar”, señaló Pastrana, y Maduro, en sus funciones de comandante supremo, es “directamente responsable de lo que está sucediendo a través de la cadena de mando operacional”, así como los demás cargos, ya que “la diligencia debida hoy ya no es una excusa para que te eximan las investigaciones”.

“Hay un terrorismo de Estado promovido directamente por el presidente de la República”, sentenció Pastrana, quien ofreció a la Corte Penal Internacional la cooperación del grupo IDEA para conseguir “evidencias, pruebas, respaldo legal” para que pueda actuar “rápido” en la causa contra Venezuela.

En su reunión con el equipo del fiscal Khan, Pastrana también quiso “llamar la atención de lo que estaba pasando” en el país y de la “preocupación” por la seguridad de los líderes opositores colombianos Edmundo González y María Corina Machado, cuya situación es “muy frágil”, así como de los “más de 1.200 detenidos políticos”.

José Vicente Haro, abogado de Edmundo González, aseguró este jueves que no hay garantías para que el candidato presidencial se presente ante la Fiscalía, después de las últimas declaraciones de Tarek William Saab.

La Patilla

A través de un video compartido en X por la periodista Gabriela González, Haro reiteró que “no está planteado” que vaya a comparecer y en caso de que decidiera hacerlo, sería junto con su asesor legar.

Asimismo, señaló que las palabras de Saab solo condenan a Edmundo González de más delitos y si llegase a asistir a la Fiscalía, sería “para declararlo culpable”.

“Las declaraciones de hoy no se compadecen con las garantías que deben existir para su comparecencia. Si él (Edmundo González) decidiera en el futuro comparecer, lo cual no está planteado porque no hay garantías definitivamente y lo ha demostrado el señor fiscal con sus declaraciones”, expresó.

“Si el decide comparecer, lo hará debidamente asistido por mi persona. Eso no está planteado, porque las declaraciones del señor Fiscal General de la República no abonan nada ello. En lugar de crear confianza y garantías a la opinión pública nacional e internacional para que pueda comparecer, lo que hizo fue atribuirle más delitos”, continuó.

“Entonces, ¿qué podemos hacer?, si lo que se hace es condenarlo de delitos de delitos y ya presumir su culpabilidad cuando en el artículo 49 de la Constitución habla de presunción de inocencia como derecho humano. ¿Qué podemos esperar?, que cualquier comparecencia sea para declararlo culpable”, finalizó.

Abogado de @EdmundoGU respondió a las declaraciones del fiscal. Dijo que “se demostró que no hay garantías para que se presentara ante la Fiscalía” y reiteró que “no está planteado” que González comparezca. pic.twitter.com/uE5Y4fCmP6

— Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) September 5, 2024

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, dijo el jueves que quiere que Estados Unidos haga «mucho más» para presionar al presidente Nicolás Maduro en medio de una disputa en curso por las elecciones presidenciales de julio.

Por: Julia Symmes Cobb y Vivian Sequera – Reuters

Las democracias de todo el mundo han criticado la gestión del gobierno venezolano de las elecciones del 28 de julio, que según las autoridades electorales y su máximo tribunal fueron ganadas por Maduro, quien está en el poder desde 2013. Las autoridades no han publicado los recuentos completos, atribuyendo el resultado a un ataque cibernético.

Sin embargo, los recuentos de votos publicados por la oposición muestran una victoria contundente del candidato de su coalición, Edmundo González. Los observadores electorales, entre ellos el Centro Carter y un panel de expertos de las Naciones Unidas, han dicho que la votación fue injusta.

Como medida punitiva inicial, Estados Unidos había elaborado una lista de alrededor de 60 funcionarios del gobierno venezolano y sus familiares que podrían enfrentar sanciones y prohibiciones de visas estadounidenses, dijeron fuentes a Reuters el mes pasado.

Pero aún no ha tomado medidas.

Desde entonces, los funcionarios estadounidenses han ido reduciendo la lista de posibles objetivos, que podrían incluir a miembros del consejo electoral de Venezuela, jueces de alto rango, legisladores y comandantes de seguridad e inteligencia, según dos personas familiarizadas con el asunto. No está claro cuándo se adoptarán las medidas.

Los funcionarios venezolanos –incluido Maduro y muchos de su círculo íntimo– y su industria petrolera clave ya están sujetos a amplias sanciones tanto por parte de Estados Unidos como de la Unión Europea.

«Ciertamente creo que Estados Unidos debería hacer mucho más y he sido muy claro con ellos y con otros países», dijo Machado en una conferencia de prensa en línea el jueves, y agregó que existen mecanismos internacionales para castigar a quienes violan los derechos humanos.

«Estamos considerando una serie de opciones para demostrar a Maduro y sus representantes que su mal gobierno en Venezuela tiene consecuencias», dijo un portavoz del Departamento de Estado, agregando que no tenían nada que anunciar en este momento.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a las preguntas de Reuters sobre los comentarios de Machado.

El fin de la era Maduro también beneficiaría a los inversores y acreedores internacionales, dijo Machado.

Las estimaciones de cuánto debe Venezuela a sus acreedores varían entre 60.000 y 150.000 millones de dólares.

«Las empresas deben entender que lo mejor para ellas, así como para los acreedores de Venezuela, es que la transición se realice lo más rápido posible y no apoyar al régimen», dijo Machado.

Productor de petróleo estadounidense Chevron (CVX.N), abre una nueva pestañarecibió una licencia del Departamento del Tesoro en 2022 que le permitirá ampliar la producción de petróleo en Venezuela y reanudar las exportaciones de crudo a Estados Unidos.

Desde el año pasado, empresas europeas como Repsol (REP.MC), abre una nueva pestañay Maurel & Prom (MAUP.PA), abre una nueva pestañaTambién han recibido autorizaciones de Estados Unidos para ampliar negocios con la petrolera estatal PDVSA.

Chevron, Repsol y Maurel & Prom no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

GARANTÍAS Y PREOCUPACIONES

Al menos dos docenas de personas murieron en las protestas posteriores a las elecciones y varias figuras importantes de la oposición fueron detenidas.

El gobierno de Maduro califica a la oposición de movimiento fascista aliado con fuerzas imperialistas extranjeras y la culpa de las muertes en las protestas. Los opositores y grupos de derechos humanos acusan al gobierno de llevar a cabo una campaña de represión.

Brasil y Colombia, cuyos líderes tradicionalmente han tenido relaciones más amistosas con Maduro, expresaron su profunda preocupación esta semana por una orden de arresto emitida contra González , que siguió a semanas de comentarios de funcionarios del gobierno venezolano de que González, Machado y otros miembros de la oposición deberían ser encarcelados.

El asesor de política exterior de Brasil, Celso Amorim, lo calificó de «escalada autoritaria», mientras que el canciller colombiano dijo que los presidentes de Colombia, Brasil y México podrían mantener una llamada con Maduro para expresar su posición. La llamada aún no se ha realizado.

El abogado de González, José Vicente Haro, se reunió el miércoles con el fiscal general Tarek Saab para entregarle una declaración jurada explicando por qué él y González creen que González no violó ninguna ley y por qué el ex candidato no asistió a tres citaciones para testificar sobre el sitio web de recuento de votos de la oposición.

Saab dijo a los periodistas el jueves que el documento era «inapropiado» y que la orden de arresto contra González, de 75 años, seguía vigente.
Los comentarios de Saab demostraron que González «no tiene ninguna garantía constitucional», dijo Haro.

«El fiscal prácticamente lo ha condenado, no sólo le ha atribuido delitos, sino que lo ha condenado por cosas de las que no tiene responsabilidad», dijo Haro. «Quiere ponerlo en una situación de privación de libertad… para luego negarle sus derechos».

La ley venezolana no permite que los mayores de 70 años cumplan condena en las cárceles, sino que exige arresto domiciliario.

Cuando se le preguntó sobre un marinero estadounidense detenido en Venezuela, Saab dijo que el marinero tenía un pasaporte mexicano y había ingresado al país sin ninguna documentación ni justificación.