La líder opositora María Corina Machado garantizó este lunes que el final del “régimen” de Nicolás Maduro se acerca en medio de la crisis electoral desatada después del 28 de julio.

La Patilla

“Queridos venezolanos, llegamos a un mes de la apoteósica victoria del 28 de julio. El final del régimen de Maduro se acerca, pero antes nosotros vamos a cobrar nuestra victoria. Venezolanos, lo que hoy estamos haciendo será recordado y celebrado por generaciones, el momento es ahora, porque lo que se construye con lágrimas, sufrimiento y sacrificio, así como con inteligencia, disciplina, solidaridad y amor es indestructible. Ellos no se han dado cuenta, porque nos han hecho tan fuertes y resilientes, que ya somos invencibles”, declaró Machado en un audio filtrado en redes sociales.

“No es verdad que el tiempo va contra nosotros y favorece al régimen, eso es falso. Es todo lo contrario, ellos se hunden y debilitan cada día más, nosotros nos reagrupamos y adaptamos a nuestra lucha”, enfatizó.

“Hoy no puedo decirles el momento exacto en el que vamos a concretar nuestra victoria, pero sí, con absoluta convicción les digo que el destino de esta lucha es la liberación de Venezuela. Que Dios los bendiga a todos”, sentenció la líder democrática, quien convocó a los venezolanos a protestar en las calles este miércoles.

Era aproximadamente la 1 de la madrugada cuando 17 oficiales de contrainteligencia militar derribaron la puerta de la casa de una familia e irrumpieron en el lugar.

Por María Luisa Paúl – The Washington Post

Los agentes apuntaron con sus fusiles a una mujer de 40 años y a su hijo de 5, según contó ella al Washington Post. Empujaron a su hijo de 15 años contra la pared, lo esposaron y le dieron bofetadas hasta que reveló el nombre de un amigo. Después lo arrastraron hasta una furgoneta.

Desde el momento en que me arrancaron de sus brazos, empezaron a golpearme, contó después el niño a su madre. Me pusieron boca abajo en el suelo y me dieron patadas. Me dieron en el pecho, en las costillas, en los brazos… Me dolía todo.

Madre e hijo hablaron con The Washington Post bajo condición de anonimato porque el hijo ha recibido amenazas de muerte.

La mujer y su hijo de 5 años fueron detenidos durante la noche, pero el joven de 15 años estuvo detenido durante 20 días y no pudo ver a su familia durante una semana.

El niño es uno de los al menos 120 menores que han sido encarcelados por las fuerzas de seguridad del presidente Nicolás Maduro desde que el socialista autocrático logró la reelección el mes pasado, según varias organizaciones de derechos humanos.

Los niños se encuentran entre las más de 1.600 personas que han sido detenidas —en redadas en o cerca de las protestas o sacadas de sus casas durante la noche—, en muchos casos sin orden judicial. Sus abogados también han sido objeto de persecución.

“Las fuerzas de seguridad están deteniendo a personas a una velocidad que no habíamos visto en la historia reciente de Venezuela, ni siquiera durante la brutal represión de 2014 y 2017”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “No se trata solo de una represión contra los manifestantes. Es una cacería de brujas en toda regla contra cualquiera que se atreva a criticar al gobierno”.

La oposición venezolana, el gobierno de Biden y líderes de América Latina y Occidente han acusado a Maduro de fraude electoral. Un análisis del Post de los recibos de las máquinas de votación recopilados por los observadores electorales de la oposición indica que su principal rival, Edmundo González, recibió más del doble de votos en las elecciones del 28 de julio .

Según los abogados de derechos humanos, todos los niños han sido acusados ​​de terrorismo y más de 100 siguen detenidos.

El Post entrevistó a cinco familias que afirman que sus hijos adolescentes fueron arrestados. El Post no ha podido verificar sus afirmaciones de forma independiente.

Según afirman, todos fueron recluidos en centros de detención juvenil bajo un estricto control de tipo militar. Algunos fueron obligados a saludar una imagen de Maduro y a corear “Chávez vive” en homenaje a Hugo Chávez, el fallecido fundador del estado socialista de Venezuela.

Todos los adolescentes dijeron a sus familias que los sometían a abusos físicos y que, si se portaban mal, les restringían las visitas y la comida.

Las familias, a las que The Post encontró a través de organizaciones de derechos humanos y la cobertura de los medios de comunicación, hablaron bajo condición de anonimato por preocupación por su seguridad.

Al día siguiente de que el consejo electoral controlado por Maduro declarara su victoria, Venezuela estalló en protestas. Maduro, que había amenazado al país con un “baño de sangre” si no ganaba, respondió deteniendo a miembros de la oposición y a cualquier sospechoso de protestar. Al menos dos docenas de personas fueron asesinadas a tiros; una de ellas tenía 15 años.

El fiscal general Tarek William Saab, principal funcionario encargado de hacer cumplir la ley en Venezuela, no respondió a una solicitud de comentarios.

Venezuela ha vivido en el pasado oleadas de disturbios y detenciones masivas; Maduro ya estaba siendo investigado por la Corte Penal Internacional por presunta tortura y ejecución extrajudicial de opositores políticos. Pero grupos de derechos humanos afirman que se trata del mayor número de presos políticos registrados en una sola campaña.

El número de niños detenidos ha superado incluso al de las campañas de represión más notorias de la región. La dictadura militar argentina de los años 70 y 80 detuvo a 151 en siete años. El régimen del dictador chileno Augusto Pinochet detuvo a 956 niños entre 1974 y 1990, es decir, unos 56 al año.

Maduro ha arrestado al menos a 120 personas en menos de un mes.

La mayoría proviene de barrios obreros, bastiones históricos de apoyo a Chávez y Maduro que parecen haberse pasado a la oposición el mes pasado. Ninguno ha tenido acceso a un abogado privado, según el grupo de asistencia jurídica pro bono Foro Penal. Muchos estuvieron detenidos al menos una semana antes de que se les permitiera ponerse en contacto con sus familias.

“Antes, al menos, teníamos acceso a las personas detenidas y estábamos presentes si había alguna denuncia de tortura”, dijo Alfredo Romero, presidente del Foro Penal. “Todo el mundo tiene miedo de hablar”.

«Nunca lo volverás a ver»

Después de que se llevaron al joven de 15 años, su madre y su hermano menor fueron llevados a una casa propiedad del gobierno en Barinas, un estado ganadero del noroeste, dijo.

Hombres enmascarados y armados amenazaron con llevarse también a la niña de cinco años si ella hablaba. «Nunca más lo volverás a ver», le advirtieron, dijo la mujer.

Según dijo, la interrogaron durante cinco horas y la dejaron en libertad, pero su hija de 15 años fue detenida y acusada de terrorismo, sin que estuviera presente un abogado privado.

Su padre, que huyó de Venezuela hacia Estados Unidos y vive en Nevada, dijo que su hijo podría haber sido un objetivo porque publicó una foto de él mismo en las redes sociales empuñando una pistola de juguete y usando las gafas de motociclista de su padre, con una tela cubriendo parte de su rostro. Había estado jugando a los vaqueros con un amigo, dijo su padre.

El niño nunca ha estado cerca de una protesta, dijo su padre. No solo es demasiado joven —“su voz ni siquiera ha cambiado”— sino que la familia ya ha sufrido la represión del gobierno: en 2017, su hijo mayor fue asesinado a tiros en una manifestación; otro resultó herido.

El joven de 15 años fue presentado a distancia ante un juez en Caracas y acusado de terrorismo, según contó a The Post. Lo presionaron para que grabara un video en el que admitiera haber protestado. “Me negué”, dijo, “y me golpearon más fuerte”.

Durante su detención, dijo, lo mantuvieron en una habitación calurosa y abarrotada con un solo baño abierto.

“Mis amigos allí se enfermaron todos por la comida. Pasaban noches vomitando”, dijo. “Los guardias de seguridad decían que no había médicos ni medicinas”.

Según su familia, los golpes y el estrés hicieron que el niño sufriera una emergencia médica. Fue llevado esposado a un hospital, pero no se notificó a su familia.

Los abogados de derechos humanos han tenido dificultades para seguir el ritmo de la carga de trabajo. Decenas de familias se ponen en contacto con Foro Penal a diario.

Los abogados del grupo de asistencia Fundehullan trabajaban con al menos cinco menores cuando comenzaron a recibir amenazas, según dijeron. Ahora, escondidos, están asesorando a las familias a través de llamadas cifradas de WhatsApp.

“Hay una acción selectiva contra los defensores de derechos humanos”, dijo Luis Armando Betancourt, abogado del estado Carabobo, donde al menos 23 adolescentes han sido detenidos. “Incluso con la autorización expresa de las familias, no nos están permitiendo el acceso a nadie”.

Extorsión y miedo

Después de que el joven de 15 años fue arrestado, su padre dijo que recibió un mensaje de texto de un oficial de seguridad exigiéndole 10.000 dólares por su liberación. Luego, un miembro de la Guardia Nacional le dijo que podía ayudar a borrar sus antecedentes por 500 dólares.

“Movería cielo y tierra por mi hijo”, dijo el padre. “Pero ¿cómo puedo permitirme eso si gano 1.800 dólares al mes en el restaurante de Las Vegas en el que trabajo?”

Cuando una pareja de La Guaira intentó visitar a su hijo en una prisión de Caracas, los guardias les dijeron que tendrían que pagar 3 dólares por su comida y 5 dólares por una visita de una hora. “Teníamos que elegir”, dijo el padre del niño. “O un abrazo o su comida, y le conseguimos algo de comer. No podemos permitirnos más”.

Un chico de 15 años le dijo a su madre que él y sus compañeros de detención duermen por turnos para cuidarse unos a otros. “No quiere decir por qué tienen tanto miedo”, dijo a The Post.

Otro muchacho de 15 años dijo que los detenidos estaban siendo obligados a decir “Chávez vive”. Su madre dijo que se negaba a hacerlo. Chávez no vive, le dijo. Está muerto. ¿Por qué iba a decir eso?

El niño, que ya estaba débil por la brutal paliza que había recibido, según contó su madre, fue obligado a hacer 100 flexiones. “Me dijo que le dolía todo el cuerpo, pero los guardias no me dejaron mirar debajo de su camisa”, afirmó.

Varias familias dijeron que planeaban abandonar el país tan pronto como liberaran a sus hijos.

“Sólo quiero ir a vivir donde vive mi papá”, dijo el niño cuyo padre vive en Nevada. “Ya no estoy seguro aquí”.

En los próximos días, el presidente estadounidense, Joe Biden, podría volver a hablar por teléfono de la crisis venezolana con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Sería la segunda llamada telefónica después de la del 30 de julio que, de hecho, no condujo a ningún cambio en la situación de Venezuela, que está trabada en un tira y afloje entre el régimen de Maduro y la oposición liderada por María Carina Machado, que reivindica la victoria. Fuentes diplomáticas revelaron a Infobae que el llamado telefónico ya debería haber tenido lugar antes de la Convención Demócrata que se realizó en Chicago, donde Kamala Harris fue investida oficialmente como candidata para las próximas elecciones presidenciales. Problemas de agenda la postergaron. Sin embargo, debería tener lugar en los próximos días, si no en horas, ya que hoy mismo la Fiscalía General de Venezuela podría emitir una orden de detención si Edmundo González Urrutia, candidato de la coalición opositora Plataforma de la Unidad Democrática, no se presenta a la citación del fiscal Tarek William Saab.

Por: Maria Zuppello – Infobae

La única certeza es que el viernes Brasil se negó a firmar el comunicado conjunto de Estados Unidos y otros diez países latinoamericanos, entre ellos Argentina y Chile, que condenaron la sentencia emitida este mismo viernes por el Tribunal Supremo venezolano que ratificó la victoria de Maduro. En la lectura del fallo, Caryslia Rodríguez también había citado al Tribunal Superior Electoral de Brasil y su conducta durante las elecciones presidenciales de 2022. “Otras naciones en el ejercicio soberano de sus funciones se han pronunciado sobre controversias derivadas de elecciones. Este es el caso del proceso electoral que tuvo lugar en Brasil en octubre de 2022, cuando se presentaron denuncias sobre un supuesto fraude electoral, lo que motivó una intervención del Tribunal que tomó decisiones para recuperar la tranquilidad social”, dijo Rodríguez.

A la luz también de esta provocación del establishment de Maduro, no está claro qué impidió a Lula firmar el documento de los otros 10 países latinoamericanos el pasado viernes. El texto cuestiona “la supuesta verificación de los resultados del proceso electoral emitida por el Consejo Nacional Electoral, que pretende validar los datos infundados emitidos po rel órgano electoral”. Asimismo, reitera que “sólo una auditoría imparcial e independiente de los votos que analice todas las actas garantizará el respeto a la voluntad soberana del pueblo venezolano”. Por último, expresa su profunda preocupación por “las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo contra ciudadanos que exigen pacíficamen te el respeto a sus votos”.

Por otra parte, el sábado, Lula y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, emitieron un comunicado en el que pedían por enésima vez, casi un mes después de las elecciones, la publicación de los resultados, una petición que hasta ahora Maduro ha hecho caer en saco roto, agravando aún más la represión, definida ya por ONG locales como mayor en número de afectados que la del dictador chileno Augusto Pinochet. Según el sitio de noticias G1, “Lula tiene ahora que fijar una fecha” en la que anunciará “que no reconocerá la victoria de Nicolás Maduro” y probablemente lo hará con el Petro. Y tal vez éste sea también el propósito de la próxima llamada telefónica de Biden, que probablemente también quiera presionar sobre esta cuestión. Pero, ¿aceptará Lula ir tan lejos? ¿O por el contrario seguirá en su impasse para no poner en riesgo las relaciones con Maduro, que conoce todos los pormenores de las operaciones de la brasileña Odebrecht en su país y que gracias a Lula ha hecho negocios en la venta de energía al estado brasileño de Roraima a través de los hermanos Joesley y Wesley Batista, otrora afectados por Lava Jato y ahora resucitados por el gobierno de Lula?

Mientras tanto, los venezolanos presionan a las puertas de Brasil. Y si Ecuador en los últimos días les ha concedido una amnistía extraordinaria en vista también de futuros flujos migratorios, Brasil en los últimos días ha lanzado un apretón migratorio que de momento afecta sobre todo a migrantes de Asia como vietnamitas y chinos procedentes de países para los que Brasil exige visado pero no si están en tránsito. Muchos de ellos, gracias a verdaderas rutas de tráfico de personas, utilizaron esta estratagema para llegar a Brasil sin problemas, desembarcar sin tomar el vuelo de conexión y solicitar el estatuto de refugiado en el gigante latinoamericano.

Actualmente, los venezolanos no están incluidos en esta medida. Sin embargo, un informe publicado por la ONUDC titulado Informe Situacional Brasil: Trata de personas en flujos migratorios mixtos, especialmente venezolanos; alertaba ya en 2021 de lo ocurrido con datos que hacen aún más preocupantes los escenarios futuros, en caso de que Maduro continúe en el poder. El informe denunciaba cómo es, sobre todo, la vulnerabilidad de estos migrantes lo que les convierte en víctimas del tráfico de personas y del crimen organizado. Entre las dificultades para llegar a Brasil, a través del estado de Roraima, los migrantes venezolanos siguen sufriendo la falta de agua potable, aseos y alojamiento para dormir, falta de dinero y documentación. Muchos, cuando llegan a Brasil, quinto entre los países que más los acogen, piden comida durante días. Según un estudio de la Cáritas regional, desde 2022, el número de venezolanos que entran en el gigante latinoamericano ha aumentado. Roraima recibió el mayor número de solicitudes de asilo el año pasado: 71.198 de ellas, 67.914 o el 95%, eran de migrantes venezolanos. Desde enero de 2017, cuando el gobierno comenzó a monitorear el flujo migratorio, 1.092.467 migrantes venezolanos habrían transitado por Brasil.

Hasta la fecha, el flujo diario de entrada a través de la frontera es de unas 400 personas, es decir, al menos 12.000 migrantes al mes. Se estima que normalmente entre el 10 y el 12% abandona el país, pero con las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos podría crearse un éxodo masivo hacia Brasil que se quedará. Hasta ahora, según datos del gobierno, hay 510 mil venezolanos viviendo en Brasil, de los cuales 5.200 están en la ciudad de San Pablo. Simbólico es el caso de una favela creada en 2021 por unas 40 familias venezolanas que ocuparon un terreno en un área de preservación ambiental en el barrio de San Pablo, Fazenda da Juta. La han rebautizado “Veneza City”. Estos emigrantes desesperados se han construido chabolas con materiales improvisados y ahora corren el riesgo de ser expulsados por el ayuntamiento, que quiere recuperar la posesión del terreno.

En cuanto a Lula, según los analistas políticos, la única certeza es que la crisis venezolana ha sancionado definitivamente el fracaso de su proyecto de revitalización del bloque latinoamericano, iniciativa para la que se había propuesto como líder. Basta pensar en toda una serie de proyectos para la región que se encuentran actualmente estancados, como el llamado “Consenso de Brasilia”, lanzado en mayo de 2023 en la capital brasileña. En la primera reunión, organizada por Brasil, estuvieron presentes 12 presidentes de la región, entre ellos Maduro. Luego, la presidencia del grupo pasó a Colombia en julio, tras seis meses en manos del Chile de Gabriel Boric. Hasta ahora, esta iniciativa no ha producido nada. “Con propuestas vacías”, comenta el semanario Veja en un editorial, “no ha habido ningún grado de institucionalización de la integración regional, quedándose sólo en los deseos y reafirmaciones de la visión común de que América del Sur constituye una región de paz y cooperación, basada en el diálogo y el respeto a la diversidad de nuestros pueblos, comprometida con la democracia y los derechos humanos”. Luego, cuando la realidad con la crisis venezolana exigió una defensa valiente de la democracia, el gobierno de Lula prefirió distanciarse.

Incluso la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), de la que Brasil ha sido un gran defensor, está en realidad paralizada. Además del problema causado por la presencia de Venezuela, lleva más de un año sin poder nombrar un nuevo secretario general debido a desacuerdos entre Colombia y Perú. Por no hablar de Unasur, la Unión de Naciones Suramericanas, que por el mero hecho de haber sido creada en 2008 a instancias de Hugo Chávez, sólo puede hacer temblar hoy en día a la vista del desastre venezolano. Sin embargo, Lula, desde el principio de su tercer mandato, había apostado por la reactivación de la Unasur sin ir, no obstante, más allá del anuncio. Andrea Hoffmann, profesora de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, declaró al diario O Globo que “hoy no hay espacio para la integración regional. El proyecto de Lula empezó bien, pero no prosperó. Es difícil pensar en integración si Brasil y Argentina no están juntos; mirar a Asia es casi natural”.

Y Asia para Lula significa China. Muchos analistas creen que el impasse de la crisis venezolana y su impacto en América Latina empujarán al presidente brasileño a echarse más en los brazos de Xi Jinping. No en vano, si durante meses fue tabú decir que Brasil se sumaría a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, fue el propio Lula quien lo rompió a finales de julio. “Quiero saber dónde es que podemos entrar, en qué posición vamos a jugar, porque no queremos ser reservas, queremos ser titulares”, sobre la adhesión al proyecto que permite a los chinos expandirse en países que consideran estratégicos para ellos. “Brasil nunca ha sido invitado, pero esta vez sí. China quiere discutir la Ruta de la Seda conmigo. Y yo quiero discutir la Ruta de la Seda con China”, afirmó.

Con el regreso de Lula al poder y su visita a Xi Jinping, China ha irrumpido con fuerza en Brasil. Controla minas de minerales estratégicos como el niobio, redes de transmisión eléctrica en casi todo el país y quiere invertir en energías limpias. El riesgo es que si Brasil no activa el “Golden Power” que permite a cualquier país prohibir la compra por extranjeros de bienes considerados estratégicos para la seguridad nacional, pronto se verá aplastado por el gigante chino. El enrevesado camino de la crisis venezolana y la negativa de Brasil a alinearse con las posiciones de los países democráticos de la región en la gestión de la crisis desatada por Maduro corre ahora el riesgo de llevar a Brasil a sentirse líder por una temporada con China, que sin embargo tiene todo el interés en saquear los inmensos recursos del gigante latinoamericano. Un precio que el país se arriesga entonces a pagar durante años, si no décadas, como le ocurrió, en aquel caso por culpa del chavismo, a Venezuela.